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15 Diciembre 2019 04:05:00
Programas sociales, partidos y dinero
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Por: Gerardo Blanco

La propuesta de reforma presentada por Morena para reducir el 50% del financiamiento público de los partidos políticos fue rechazada esta semana en la Cámara de Diputados. En la narrativa de cierto sector de Morena se platea un diagnóstico que a todas luces resulta superficial, parcial, sesgado.

Aducen que la ciudadanía está descontenta con el desmedido presupuesto que se les otorga a las fuerzas políticas. Por una parte, tal apreciación puede ser correcta, sin embargo, un análisis con mayor rigor dilucida que la ciudadanía verdaderamente se encuentra molesta por la falta de resultados de los partidos políticos y gobernantes, la ineficiencia en la construcción e implementación de políticas públicas que se traduzcan en auténticos beneficios sociales, y por el permanente aumento de los abusos, excesos, impunidad y corrupción de los gobiernos en turno.

Esta semana la presidenta del partido en poder, Yeidckol Polevnsky, mandó una carta al presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, para informarle que su partido decidió renunciar al 75% del financiamiento público ordinario correspondiente al ejercicio 2020, equivalente a mil 240 millones 458 mil 596 de pesos para que sean destinados, según la propia dirigente, al sector salud o a programas sociales.

De bote pronto puede parecer una medida consciente y apegada con el sentir popular, mas esto no es así. Contrario a lo que se podría pensar, esta pérdida no le afecta a Morena para su funcionamiento habitual, contemplando que es el partido en el poder y que desde este controla el espectro social por medio de una fuerte política asistencial.

El problema radica en que los partidos políticos en el poder, en cualquiera de los tres órdenes de Gobierno, en periodo de elecciones implementan los programas sociales con fines electorales, lo que resulta altamente redituable para cooptar un alto número de votos.

Pero cuando además se trata, en este caso, de programas basados en la entrega de dinero en efectivo, algunos de ellos sin reglas de operación ni padrones de beneficiarios, que permite manipularlos para concéntralos en sectores poblacionales que garanticen triunfos en las urnas, más contralorías internas y órganos de auditoría poco independientes, parciales y ineficientes, el caldo de cultivo para entramar una estructura encaminada a controlar el electorado, está garantizado.

Los programas sociales son el reflejo de la incapacidad gubernamental para construir políticas de estado que ataquen de fondo las causas de los problemas políticos, económicos y sociales que agobian al país. Estos solo funcionan como paliativos o calmantes que buscan atenuar, más no erradicar, la precariedad y desigualdad que impera en la sociedad mexicana.

Las reformas en materia electoral se deben consensar con todos los participantes, en este caso los partidos. Importa mucho el contexto en el que se determina cambiar las reglas del juego político. Con esto quiero decir que, eventualmente, se necesita disminuir el financiamiento de los partidos, de acuerdo; sin embargo, en el contexto actual de un partido altamente dominante no es los más recomendable, ya que solo propiciaría que este aumente sus posibilidades de perpetuarse en el poder.

En este sentido, es importante pensar en reformar de manera integral las reglas concernientes al financiamiento de los partidos políticos. Hay que poner la mirada, por ejemplo, en acotar al máximo el uso de dinero en efectivo, tanto en aportaciones a los partidos como en los gastos que estos realizan en las campañas electorales.

A su vez, reducir – incluso eliminar– los montos del financiamiento privado, ya que, en este rubro, suelen participar los grandes empresarios que solo tiene interés en que su apoyo se redi-túe en un beneficio mayor a futuro a costa del dinero público y al margen de la ley. O, incluso, la delincuencia organizada, que busca cooptar a las autoridades para emprender sus actividades con la protección de poder. Aunado a todo esto, sería importante robustecer las facultades de fiscalización del INE.

Por lo pronto, no reducirles el financiamiento a los partidos políticos resulta una muy buena noticia.

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