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Luis Carlos Plata
Luis Carlos Plata
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Luis Carlos Plata (Saltillo, 1984) es abogado (UAdeC), maestro (UPF, Barcelona) y candidato a doctor (URV, Tarragona), pero practica el periodismo desde hace 17 años, y su trabajo de investigación le ha merecido premios estatales e internacionales. Ha sido articulista de catorcenarios, revistas y periódicos del norte del país desde 2002, además de fungir como director editorial de medios de comunicación en Veracruz.

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19 Mayo 2019 04:06:00
Los mismos de siempre, en el negocio del carbón
Luego de paralizar indirectamente la actividad minera en la Región Carbonífera por espacio de cinco meses, la Comisión Federal de Electricidad reactivó en abril pasado los pedidos de carbón para suministrar sus centrales termoeléctricas de Nava.

Y lo hizo –como se ha explicado aquí con anterioridad– dividiendo las 330 mil toneladas que adquirió entre dos: la mitad para Minera y Acarreos Flores, S.A.de C.V., y el 50% restante para Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi) según se consignó en el contrato CFE-0001-CAAAA-0002-2019. Es decir, por primera vez la CFE quitó el monopolio del negocio al Gobierno del Estado.

Sin embargo lo anterior no impidió que ganasen los mismos de siempre.

A través del oficio PRODEMI/DG/83/19, la Promotora informó que son 69 sociedades mercantiles las beneficiadas de su mitad. Extractores, a definir por su actividad, aunque se hacen llamar productores a sí mismos.

Por un lado están los tradicionales, como Los Yutani de Sabinas o Los Kamar de Monclova. Por otro lado, en cambio, participan sociedades de reciente creación (marzo 2019, un mes antes de la subasta) domiciliadas en San Pedro Garza García, Nuevo León. Nuevos mineros que jamás han visitado un tajo, un pocito, o una cueva en su vida.

Allende las fronteras de Coahuila se vende la idea que toda una región depende del ciclo del carbón; que no existen –ni existirán– otras alternativas económicas. Con ello se justifica el atraso que supone la actividad extractiva y se retrasa una posible reconversión a mediano plazo, como se ha hecho en España o Alemania, por citar casos paradigmáticos.

Y en realidad los únicos que sacan dividendos son los políticos metidos en el negocio.

Entre los ganadores del 50% que corresponde a la Prodemi está Rogelio Montemayor García, hijo de Rogelio Montemayor Seguy, exgobernador de Coahuila. Usufructuario del fracking en Nuevo León, por cierto. También Antonio Nerio Maltos, director general de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento. O Luis Alfonso Rodríguez, exsubsecretario de Gobierno en la Región Carbonífera.

Esta vez, en el pedido vigente con duración de cuatro meses, no fueron favorecidos. Pero Melchor Sánchez, exalcalde de Monclova; el lagunero Marcelo Torres, actual presidente del Congreso del Estado; Julio Long, alcalde de San Juan de Sabinas; Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal, alcalde de Sabinas; y Lenin Flores Lucio, exalcalde de Sabinas, tienen participación en sociedades cuya razón de ser es el carbón, como consta en las actas constitutivas de sus respectivas empresas en poder de quien esto escribe.

Ahí la razón de que genere tanta rebatinga el huachicol de piedra.

No es casualidad que las gestiones, arrebatos, protestas y amenazas de judicializar el proceso hayan motivado que, el total de la producción, aún cuando no se pactó así en el “Concurso Abierto Internacional”, se entregue a CFE vía Prodemi. El intermediario y coyote oficial. De tal forma el empresario ganador del 50%, Antonio Flores Guerra, también deberá pasar a dejar su contribución para la caja chica. Un derecho de piso institucionalizado.

Cortita y al pie

Tan sólo de 2012 a 2016 la Prodemi se embolsó 783 millones 971 mil pesos por concepto de retenciones, descuentos y ajustes, de acuerdo con una investigación realizada por quien esto escribe, publicada en marzo de 2017. A juzgar por los recibos de “liquidación para pago” expedidos durante su gestión, Prodemi cobró sistemáticamente 13 impuestos a los productores de carbón, fincando la cuota en el “Fideicomiso de interés público” inscrito el 15 de marzo de 2013 en el Periódico Oficial.

Según ese Fideicomiso (artículos Cuarto y Quinto) por cada tonelada comprada Prodemi descontaría 28 pesos a los productores a fin de invertirlos en infraestructura, programas sociales y seguridad para la Región Carbonífera. En la práctica, no obstante, fueron rebajados 13 rubros que sumaban 73 pesos por tonelada. A ello hay que agregar cálculos desventajosos para los mineros por fórmulas poco claras como “humedad excedente”, “poder calorífico” y “costo de eliminación de agua”; bonificaciones “por manejo y disposición de ceniza” y “por azufre”; y penalizaciones “por carbón en estado de rechazo” sin que exista un control de procesos que permita verificar su legalidad.

La última y nos vamos

Y como Prodemi es un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Finanzas, una vez entra el dinero a la licuadora de recursos no vuelve a conocerse su destino final.

Ahora bien, al estilo del moreirato, ésta cambió de personalidad jurídica en febrero de 2017 cuando –a iniciativa de Rubén Moreira– el Congreso local expidió la Ley que creó la Impulsora Minera del Estado de Coahuila, dependiente de la entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo. No pasó nada con ella. Posteriormente volvieron a revivir la Prodemi en 2018 sin explicación de por medio.

Así como éste hay otros ejemplos de cómo en los últimos años, con ese modus operandi, el grupo en el poder deslocaliza evidencia, rota funcionarios, borra huellas, pierde la pista de auditorías y fiscalización… y vuelve a empezar.

Borrón y cuenta nueva. No hay delito que perseguir. A eso le apuestan.
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