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Salvador García Soto
Salvador García Soto
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Salvador García Soto es periodista. Nació en Guadalajara Jalisco, donde cursó la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad del Valle de Atemajac. En Guadalajara colaboró en varios medios locales y en oficinas de los gobiernos estatal y federal. Fue reportero de la fuente política en El Heraldo de México y en el diario La Crónica de Hoy. Desde 1998 escribe la columna política Serpientes y Escaleras que se ha publicado en los periódicos La Crónica, El Independiente y actualmente en el Universal Gráfico. Fue director general de Crónica y ha colaborado en revistas como Vértigo y Cambio. Durante dos años fue conductor del programa Cambio y Poder que se transmite por Cadena Raza y desde noviembre 2003 colabora en W Radio como comentarista del noticiario Hoy por Hoy tercera emisión y en el programa El Weso.

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26 Noviembre 2020 04:00:00
La Consulta, la Constitución y la apatía de la 4T
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Con la dichosa Consulta Popular para Enjuiciar a Expresidentes, que tanto promovió y presionó el presidente López Obrador –al grado de revivir muertos para que firmaran y de someter a la Suprema Corte– están pasando cosas muy extrañas una vez que este ejercicio fue aprobado por el Congreso y que comenzó oficialmente el proceso constitucional para su realización. La primera cosa inexplicable es que, habiendo sido una propuesta presidencial, ni el Ejecutivo ni la mayoría de diputados de Morena se acordaron de incluirla en el Presupuesto de Egresos federales 2021, en donde no hay ningún apartado o partida para costearla y ni siquiera se menciona a la consulta popular.

La otra cosa aún más extraña y que representa una violación a la Constitución, fue lo que hicieron las cámaras de Diputados y Senadores al modificar el decreto original por el que se expidió la convocatoria para la consulta popular y cambiar la fecha de entrada en vigor de dicho decreto. El Congreso de la Unión publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de octubre de 2020, el decreto con la convocatoria a la consulta con la redacción de un Artículo Primero Transitorio que a la letra decía: “El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

Eso significaba que a partir del 28 de octubre, arrancó el proceso para la consulta popular, pero siete días después, el 5 de noviembre, las mismas mayorías de Morena en ambas cámaras modificaron ese transitorio y le cambiaron la redacción y la fecha de entrada en vigor: “El presente decreto y la convocatoria de consulta popular que se expide, entrarán en vigor el jueves 15 de julio de 2021, sin perjuicio de que el INE ejecute las acciones preparatorias para la realización de consulta popular”, dice la nueva redacción aprobada por los morenistas.

Lo que ocurrió fue que, después de que habían publicado el decreto con la primera fecha de entrada en vigor el 28 de octubre, las bancadas de Morena se dieron cuenta de que habían cometido un error, pues el Ar-

tículo 35 de la Constitución, que regula las consultas populares, establece claramente que “durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental, de cualquier orden de Gobierno, salvo aquellas que tengan como fin difundir campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia”.

Es decir, que al entrar el vigor la convocatoria de la consulta el 28 de octubre, desde ese momento el Gobierno federal no podía difundir ninguna campaña de propaganda ni publicidad gubernamental, incluidas las conferencias mañaneras del presidente López Obrador, porque la Constitución lo prohíbe tajantemente para que las autoridades federales no puedan influir en los ciudadanos y sus respuestas a la pregunta de la consulta popular. Cuando alguien en Palacio Nacional, seguramente en las áreas jurídicas, puso el grito en el cielo y les señaló su error a los diputados y senadores morenistas, estos trataron de resolver su yerro que hubiera molestado mucho al Presidente.

Así es que veremos cómo termina todo este asunto de una Consulta que primero fue un capricho presidencial, que los llevó a presionar y someter a ministros de la Corte para que la declararan constitucional, y que luego el mismo Gobierno y su mayoría legislativa le negaron los recursos para llevarla a cabo.

Pareciera que luego de la redacción confusa y pantanosa que aprobó la mayoría de la Corte, en la que incluso se abre la puerta no solo a enjuiciar a los expresidentes, sino al

actual Presidente de la República o a sus funcionarios, López Obrador perdió interés por este ejercicio que tanto promovió y que, tal y como quedó planteada su redacción, podría ser un arma que utilizara la oposición en contra de su propio Gobierno.

¿Ya no gustó la consulta y por eso ahora la quieren sabotear? Es pregunta. Se baten los dados... Escalera doble.
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