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Sergio Sarmiento
Sergio Sarmiento
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Empezó su carrera profesional en la revista Siempre! a los 17 años, cuando era todavía estudiante de preparatoria. Obtuvo la licenciatura en filosofía con honores de la Universidad York de Toronto, Canadá. A los 22 años entró a trabajar como redactor en Encyclopaedia Británica Publishers, Inc. y dos años más tarde fue nombrado director editorial de las obras en español de la empresa.

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17 Diciembre 2018 04:02:00
Un paquete sensato
Cumplió Carlos Urzúa, el secretario de Hacienda, y entregó un paquete presupuestario sensato. No es muy diferente de los que sometían los gobiernos “neoliberales”. La única gran diferencia es el dinero que el Gobierno dedicará a los proyectos prioritarios de Andrés Manuel López Obrador. La gran duda que prevalece, por supuesto, es si las cifras se respetarán.

El paquete prevé un gasto de 5 billones 814 mil millones de pesos con ingresos de 5 billones 274 mil millones. Esto significa que el Gobierno continuará endeudándose y contratará 540 mil millones de pesos de financiamiento. No es poca cosa. La deuda pública rebasará los 11 billones de pesos en 2019, pero por lo menos se mantendrá estable en términos del Producto Interno Bruto (45.6 por ciento). El déficit de presupuesto en su sentido más amplio (requerimientos financieros del sector público) será de 2.5 por ciento del PIB, sólo un poco más que el 2.4 por ciento presupuestado para 2018.

No hay un intento de forzar un crecimiento económico artificial a través del gasto público. El presupuesto supone que la economía mexicana tendrá un crecimiento de 2 por ciento en 2019, un poco menos que el 2.1 por ciento anual de los nueve primeros meses de 2018. Algunas de las premisas macroeconómicas, sin embargo, pecan de optimistas. El precio de la mezcla de petróleo crudo de exportación, a 55 dólares por barril, parece exagerado (este viernes 14 de diciembre estaba en 51.83). La inflación de 3.4 por ciento se antoja inalcanzable (en noviembre estaba en 4.7 por ciento). El tipo de cambio a 20 pesos por dólar parece también demasiado bajo, considerando que el tipo fix del 14 de diciembre era de 20.3337 y que hay un creciente temor entre los inversionistas por las políticas del nuevo régimen.

El presidente López Obrador está proponiendo nuevos gastos en una serie de “proyectos prioritarios del sector central”. En los Criterios General de Política Económica se presentan 18 proyectos por un total de 251 mil 600 millones de pesos, menos que los 500 mil millones que prometió en campaña. Los rubros más importantes son 100 mil millones para adultos mayores (más bajo que los 120 mil prometidos), 44 mil 300 millones para los ninis (menos que los 108 mil millones que ofreció la secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde), 18 mil millones para aeropuertos y conectividad (sin decir para qué aeropuertos) y 15 mil millones para Sembrando Vidas (árboles frutales).

El paquete, sin embargo, deja capítulos abiertos. Los Criterios Generales señalan que en 2019 se introducirá un estímulo fiscal en la zona fronteriza, el cual se justifica extrañamente por la mayor tasa de homicidios, pero en la Ley de Ingresos no se menciona. Si el estímulo realmente implica una disminución a 8 por ciento del IVA y a 20 por ciento del impuesto sobre la renta, el costo y las distorsiones económicas serían enormes y no están consideradas en el paquete.

Esperemos que este presupuesto no sea, como tantos otros del pasado, una simple promesa que no impida que el Gobierno gaste lo que quiera en lo que se le antoje. El de 2019 no es un mal presupuesto. Si el Gobierno se atiene a él, se reducirá el temor generado entre los inversionistas por la cancelación del aeropuerto de Texcoco y las promesas de que Pemex dejará de exportar petróleo crudo.

Sueldos reales

Resulta que el sueldo mensual del Presidente no será de 108 mil pesos sino de 156 mil 891. Los secretarios ganarán 135 mil 488, los subsecretarios y oficiales mayores 134, mil 392, los jefes de unidad 130 mil 972 y los directores generales 116 mil 546. A esto hay que descontar impuestos, cierto, pero estos los debemos pagar todos.
14 Diciembre 2018 04:03:00
Necio aeropuerto
La cancelación del aeropuerto de Texcoco no es suficiente para descarrilar la economía nacional. El NAIM es una obra de 13 mil millones de dólares, mientras que el producto interno bruto en este 2018 será de un billón 213 mil millones de dólares (FMI).

Desde un principio, sin embargo, la decisión sobre el aeropuerto ha sido vista como un indicador de la manera en que el nuevo gobierno toma sus decisiones. A los inversionistas les preocupa un gobernante que aplique medidas irracionales y costosas. Por eso el “error de octubre”, la cancelación del aeropuerto, provocó una caída en la Bolsa Mexicana y una depreciación del peso frente al dólar, sin que hasta el momento haya una recuperación.

Hay buenas razones para pensar que la cancelación resultará más costosa que concluir la obra. Del proyecto se ha construido más de un 3%, pero además ya está financiado el 70%.

Nada más los bonos MexCAT, que está tratando de recomprar en parte el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, representan 6 mil millones de dólares y tienen penalizaciones que podrían elevar y quizá duplicar el costo de retirarlos. Por eso la urgencia de llegar a un acuerdo con los tenedores.

Estos 6 mil millones de dólares de bonos son sólo una parte del dinero ya comprometido. La Fibra E ha levantado mil 600 millones de dólares. Una cancelación obligaría también a un pago adelantado y a una penalización. Muchos fondos de inversión y de pensiones han comprado esta Fibra. Por otra parte, Banobras ha hecho un préstamo por mil millones de dólares, contra la garantía del derecho de uso de aeropuerto o TUA. El préstamo habría que pagarlo tras la cancelación. La aportación directa del Gobierno al aeropuerto, de mil 250 millones de dólares, simplemente se perdería.

Se necesitan 3 mil 450 millones de dólares para concluir el financiamiento. El monto lo puede aportar el Gobierno o inversionistas privados. También es posible colocar en los mercados nuevos bonos de deuda pública o privada. La razón es que el proyecto será rentable y muchos fondos necesitan proyectos de largo plazo para invertir.

Es difícil estimar cuál será el costo total de la simple cancelación de instrumentos financieros. Mucho dependerá de los acuerdos que el nuevo Gobierno logre con los acreedores. Podríamos estar hablando, sin embargo, de pagos adelantados y penalizaciones por más de los 13 mil 300 millones de dólares que costaría todo el aeropuerto.

Pero esto es antes de poner la primera piedra en Santa Lucía. A lo financiero hay que sumar el costo de tirar a la basura alrededor de 3 mil 500 millones de dólares de estructura ya construida, y quizá mil o 2 mil millones adicionales para derrumbar lo edificado y retirar el cascajo. Estos montos no son recuperables.

Los mexicanos pagaremos más, mucho más, por cancelar el aeropuerto de Texcoco que por terminarlo, sólo que al final no tendremos un centro de conexiones internacionales, sino dos aeropuertos sin conectividad y quizá sin certificación para vuelos internacionales.

Tal vez por eso el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, dijo este 12 de diciembre en una entrevista improvisada: “Los inversionistas, con toda razón, pueden pensar, todavía no sabemos si va a seguir el de Texcoco o el de Santa Lucía”.

¿Todavía no? ¿Aún se le mueve la patita al aeropuerto de Texcoco? Es una buena pregunta para un ganso necio que está buscando dónde aterrizar.

Sin autonomía


En la contrarreforma educativa se elimina el párrafo constitucional que otorga autonomía a las universidades. ¿Error o medida para concentrar en el Ejecutivo federal las decisiones de educación superior? No sabemos, pero en las universidades hay preocupación.

13 Diciembre 2018 04:08:00
Educación regresiva
Hay políticas regresivas que se presentan como progresistas. Es el caso de las medidas en materia de educación del nuevo gobierno. Ayer el presidente López Obrador firmó una iniciativa para derogar la reforma educativa, eliminar el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación e impulsar una educación superior gratuita y universal. A pesar de la apariencia progresista, las medidas son de carácter regresivo.

El Presidente afirmó ayer que la reforma educativa, que siempre califica de “mal llamada”, fue aplicada contra los deseos de los maestros. Es cierto que algunos líderes rechazaban una reforma que les quitaba el control de la educación, y en particular la posibilidad de poner o quitar maestros, pero muchos docentes estuvieron de acuerdo en un censo de maestros, en los exámenes de oposición para contratar a nuevos maestros y en las evaluaciones para quienes daban ya clases. Hubo cuestionamientos a las evaluaciones mismas, que seguramente podían mejorarse, pero no necesariamente al hecho de que hubiera evaluaciones ni a que se retirara de las aulas a quienes tuvieran deficiencias en su trabajo.

Un buen sistema educativo, sin embargo, no debe tratar de favorecer a los líderes sindicales sino de satisfacer las necesidades de los alumnos. Si los nuevos maestros no son seleccionados en concursos de oposición, y si los maestros en funciones no son evaluados, los alumnos seguirán pagando los costos de una mala preparación. Reemplazar el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación por un Instituto Nacional para la Revaloración del Magisterio parece un simple cambio de nombre, pero busca enfatizar un cambio de filosofía de las evaluaciones, que dejarán de ser “punitivas” para volverse “revaloradoras”. Si estas nuevas evaluaciones no ayudan a tener mejores maestros, sin embargo, disminuirá aún más la calidad de la educación pública. Los alumnos de las escuelas privadas, donde sí hay evaluaciones y sí se busca contratar y retener a los mejores maestros, tendrán ventajas adicionales.

Preocupa también la decisión de hacer la educación superior no sólo universal sino gratuita. La universidad gratuita es socialmente regresiva porque beneficia más a las clases más prósperas. Los recursos públicos disponibles, que no son infinitos, deben usarse para apoyar la educación preescolar y básica, que genera una mayor igualdad de oportunidad y un más eficaz efecto redistributivo. Una buena política educativa ofrecerá becas a estudiantes universitarios con talento y en situación de pobreza, porque nadie debería tener que abandonar una educación por falta de recursos; lo que no tiene sentido es dar universidad gratuita a alumnos que sí pueden pagarla.

También es cuestionable hacerla universal. Una sociedad no puede prosperar sólo con abogados, ingenieros y médicos. Una educación superior universal y gratuita generará un mayor excedente de graduados en el mercado laboral. Ya hemos visto una caída en los sueldos y oportunidades de trabajo para quienes tienen estudios universitarios. La nueva política educativa deteriorará todavía más las perspectivas laborales de los graduados.

La educación puede ser el camino a una mayor prosperidad para todos. Sin embargo, para que cumpla su magia debe ser de calidad y eficiente. Un sistema educativo sin exigencias, que dedica grandes recursos a subsidiar la educación universitaria de quienes sí pueden pagar por ella, no nos permitirá construir ni una mejor instrucción ni un mejor país.


Sube el TUA

Una primera consecuencia de la cancelación del aeropuerto de Texcoco es el aumento de 26.9% en la tarifa de uso del AICM. El nuevo gobierno está comprometiendo este impuesto durante años, pero no para construir un nuevo aeropuerto sino para destruir lo ya construido.

12 Diciembre 2018 04:02:00
Veinte años de Chávez
El 6 de diciembre de 1998, hace poco más de 20 años, Hugo Chávez logró su primer triunfo en una elección presidencial en Venezuela. El triunfo del teniente coronel en retiro sorprendió a muchos, pues en febrero de 1992 había encabezado un intento de golpe militar contra el presidente Carlos Andrés Pérez.

Chávez fue perdonado por el propio Mandatario, pero utilizó su libertad para buscar nuevamente el poder, ahora a través de las urnas. El que los electores hayan elegido a un golpista sorprendió a los demócratas, aunque esto era consecuencia del desprestigio al que habían caído los partidos que habían dominado la vida democrática del país.

Una vez que llegó a la Presidencia el 2 de febrero de 1999, Chávez empezó a tomar medidas para mantenerse en el poder. En el mismo 1999 modificó la Constitución para garantizarlo y para darse nuevas facultades. De hecho, habría de ser Presidente hasta su muerte, en 2013, y fue sucedido por un delfín que él mismo designó, Nicolás Maduro, quien hasta la fecha es Presidente. En 2016, los partidos del régimen perdieron las elecciones legislativas, pero la respuesta de Maduro fue despojar de poderes a la Asamblea Nacional y crear una nueva Asamblea Constituyente, la cual actúa bajo las órdenes del Presidente.

Muchos demócratas y empresarios apoyaron la elección original de Chávez porque consideraron que este ofrecía un nuevo camino para construir un país más próspero. Algunos inversionistas se congratulaban en un principio de todo el dinero que estaban ganando en el nuevo régimen, ante el acelerado crecimiento de la economía.

Chávez compraba lealtades con dádivas a las personas de escasos recursos y con contratos gubernamentales a los empresarios. Los altos precios del petróleo durante buena parte de su Gobierno ayudaron a generar la idea de que el Presidente había encontrado un camino fácil para la prosperidad que los gobiernos anteriores, por su corrupción e ineptitud, no habían seguido.

Chávez también demostró que no estaba dispuesto a aceptar críticas. Censuró a los medios y a los periodistas que lo criticaron. En 2007, canceló las concesiones y confiscó los activos de Radio Caracas Televisión, la principal televisora del país. Castigó y censuró también a otros medios críticos, hasta lograr una casi absoluta unanimidad. Las expropiaciones que empezó a hacer a diestra y siniestra de empresas que no hacían lo que él quería provocaron un desplome de la inversión privada. Pronto empezó la escasez de productos y el deterioro del nivel de vida. Cuando las cosas empeoraron, el Gobierno dejó de dar a conocer información económica o abiertamente manipuló las cifras.

Venezuela fue en un momento, gracias al petróleo, uno de los países más prósperos de Latinoamérica. Hoy es uno de los más pobres, aunque no sabemos cuánto por la falta de estadísticas fiables. Se piensa que nada más en 2017 la economía se desplomó 16.6% (tradingeconomics.com), lo cual se suma a caídas muy fuertes en años anteriores. La inflación alcanzó en noviembre de este 2018 la cifra de 1,299,724% anual, según la Asamblea Nacional, que ofrece cifras ante la falta de estadísticas oficiales.

Maduro culpa a Estados Unidos del desplome. Muchos venezolanos responsabilizan a Maduro, pero siguen adorando a Chávez. Los economistas entienden, sin embargo, que las políticas de Chávez estaban destinadas a producir este desenlace.

Chavistas

El presidente López Obrador ha dicho muchas veces que no busca imitar ni a Chávez ni a Maduro. Pero hay políticos a su alrededor, como Yeidckol Polevnsky y Héctor Díaz Polanco, de Morena, o el diputado del PT Gerardo Fernández Noroña, que consideran a Venezuela como un ejemplo a seguir.

11 Diciembre 2018 04:02:00
Vuelta en U
Si bien el presidente López Obrador no ha ordenado la cancelación de la reforma energética, está dando una clara vuelta en U. El Mandatario anunció que invertirá 75 mil millones de pesos adicionales en Pemex en 2019 y que buena parte de la inversión se enfocará a la refinación de gasolina. Su visión de las políticas energéticas anteriores quedó plasmada en la afirmación: “No es que haya faltado dinero, es que ha sobrado corrupción”.

Si hubo corrupción, lo cual debe demostrarse con pruebas y procesos penales y no con declaraciones políticas, hay que castigar a los responsables. El perdón en estos casos es inaceptable. Sin embargo, la decisión de impulsar la producción de crudo a través de la apertura a la inversión privada se tomó por razones válidas que tienen que ver con la alta rentabilidad del petróleo frente a la gasolina.

Cuando Petróleos Mexicanos daba todavía información de sus subsidiarias, Pemex Refinación tenía enormes y sistemáticas pérdidas. Su única refinería que no perdía dinero era la de Deer Park, en Texas, que maneja su socia Shell y que no sufre ni la burocracia de Pemex ni los abusos del Sindicato Petrolero.

El Presidente ha decidido no derogar la reforma energética, pero ha declarado que fue un fracaso porque no ha elevado la producción. Sin embargo, la reforma energética apenas se concluyó en 2014 y las subastas por campos de exploración o producción empezaron en 2015. Nadie que conozca la industria podría esperar que en ese tiempo empezaran a producir los campos licitados.

Aunque no ha querido modificar las leyes energéticas, López Obrador está cambiando el rumbo de manera radical. Ha suspendido, para empezar, las nuevas subastas. Las siguientes perforaciones las hará directamente Pemex. Los campos ya licitados se mantendrán en operación, pero solo hay garantía por 3 años: “El compromiso nuestro –dice– es dar una tregua de 3 años para que haya resultados”.

Al impulsar la producción de gasolina y no ofrecer más subastas de campos, el Presidente está dando marcha atrás a la reforma en términos prácticos. Sus ataques contra los organismos reguladores, como la Comisión Nacional de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos perfilan también un regreso a los tiempos en que el Gobierno era juez y parte en el negocio petrolero a través de la Secretaría de Energía y Pemex.

No sorprende que las calificadoras internacionales hayan mostrado preocupación. Ante la fuerte deuda petrolera, el que la política energética se dedique a un producto poco rentable, la gasolina, y no se hagan nuevas subastas de campos de crudo, significa que hay una mayor posibilidad de que Pemex no pueda continuar dando en el futuro un servicio adecuado a sus pasivos. Hasta el momento, las calificadoras solo han bajado la perspectiva de Pemex de estable a negativa, pero podrían quitarle el grado de inversión si advierten que se mantiene una estrategia sin viabilidad financiera.

Lo peor es que los contratos con empresas privadas están diseñados para dar al Estado mexicano y a Pemex todas las ventajas y quitarles riesgos. En algunos casos recibirán más del 70% de las regalías o del crudo. Si no hay petróleo, las empresas privadas se quedan con las pérdidas. Son condiciones inmejorables. En cambio, con la vuelta en U, Pemex y el Gobierno tendrán que cargar nuevamente con todos los riesgos. Es una apuesta que sólo puede resultar perdedora.


ANTIDEMOCRÁTICA

“Fue una decisión equivocada, diría antidemocrática”. Así se expresó López Obrador de la decisión del Tribunal Electoral sobre la elección de Puebla, pero no la que le dio el triunfo a él en la presidencial, sino la que no se lo dio a Miguel Barbosa en la estatal.
10 Diciembre 2018 04:04:00
Mexicanos de segunda
Este pasado domingo Beata Wojna, exembajadora de Polonia en México, casada con un mexicano y que se ha quedado en nuestro país para continuar con una labor académica que antes realizaba en Polonia, dio a conocer un mensaje de Twitter: “Hace poco me preguntaron si voy a ser mexicana. Dije que no pq según Constitución hay mexicanos de primera y de segunda. Los naturalizados: no pueden tener doble nacionalidad, ni ocupar ciertos cargos. Si viven 5 años fuera pierden nac. mexicana. Todo ello más allá del caso @Taibo2”.

Esta discriminación a quienes asumen la nacionalidad mexicana por voluntad propia ha quedado de manifiesto, en efecto, en el caso de Paco Ignacio Taibo II, el escritor nacido en España que ha sido perfilado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador como próximo director del Fondo de Cultura Económica, una editorial propiedad del
Gobierno.

México siempre ha tenido una política migratoria xenófoba. Protestamos contra la discriminación a los mexicanos en Estados Unidos, pero tenemos leyes mucho más restrictivas. Llegamos a tener legislación que prohibía no sólo a los naturalizados sino a sus hijos nacidos en México llegar a la Presidencia de la República, lo cual se modificó apenas en la década de 1990. Hoy, sin embargo, seguimos viendo restricciones absurdas como las que señala la exembajadora Wojna. Los naturalizados son mexicanos de segunda.

Una de estas restricciones, que impide a un naturalizado ser director de una empresa paraestatal, como el Fondo de Cultura Económica, tomó por sorpresa a Taibo, quien dijo que no estaba consciente de que un mexicano por naturalización no podía dirigir la editorial emblemática de México en el mundo de habla española.

Taibo no ha tenido que preocuparse mucho. En el nuevo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador las leyes se cambian a modo. Ya Morena ha presentado en el Senado una iniciativa que modificará la Ley Federal de Entidades Paraestatales para que las direcciones generales puedan ser ejercidas por ciudadanos mexicanos a secas y no sólo por “ciudadanos mexicanos por nacimiento”. Estoy de acuerdo en el cambio, ya que es absurdo que se discrimine a los mexicanos por adopción, aunque la modificación de la ley en el caso de Taibo va más allá todavía, ya que se está eliminando también el requisito de tener “experiencia administrativa” para que Taibo, que no la tiene, pueda asumir el cargo.

Más que hacer leyes a modo de los políticos, sin embargo, lo mejor sería reconsiderar las medidas xenófobas de nuestro Gobierno. No hay ninguna razón para que los ciudadanos por naturalización, los cuales se hacen mexicanos por una decisión consciente en vez de por la casualidad de haber nacido en territorio nacional, sean discriminados. Son mexicanos y deben por lo tanto tener todos los derechos de cualquier mexicano.

Debemos cambiar la política migratoria. La experiencia en México y en el extranjero señala que la inmigración promueve inversiones, crecimiento económico y una visión más liberal. Debemos poner fin a la hipocresía de los políticos mexicanos que por un lado se quejan de la xenofobia de los estadunidenses y por el otro mantienen en México restricciones más radicales sobre los inmigrantes, e incluso sobre los mexicanos que injustamente consideran de segunda.


Los costos

Si bien las acciones de la Bolsa Mexicana subieron 2.1% el viernes pasado, la pérdida acumulada en el último mes fue de 12.19% (NYT). El tipo de cambio al mayoreo pasó de 19.2827 el 19 de octubre a 20.3661 ayer a las 14:00 horas (Bloomberg). La cancelación del aeropuerto de Texcoco y las amenazas económicas de Ricardo Monreal han tenido un costo importante. Significarán menor crecimiento y menor creación de empleos.

07 Diciembre 2018 04:03:00
Domésticas
Nadie puede cuestionar la lógica jurídica del ministro Alberto Pérez Dayán en su dictamen sobre el amparo directo 9/2018. “No existe alguna razón constitucionalmente válida por la cual la Ley Federal del Trabajo y la Ley del IMSS excluyan el trabajo doméstico del régimen obligatorio de seguridad social, lo cual provoca una discriminación injusta contra dichas trabajadoras”, explica el comunicado de la Suprema Corte. A nadie sorprende que los demás ministros de la Segunda Sala hayan ratificado el fallo por unanimidad, ni que el nuevo director general del IMSS, Germán Martínez, haya señalado que acatará el fallo y lanzará un plan piloto para que las empleadas domésticas puedan ser dadas de alta.

La decisión no es solo jurídicamente impecable, sino persuasiva en lo moral. Viridiana Ríos, doctora en Harvard y comentarista política, envió un tuit este 5 de diciembre: “Me emocioné y se me salieron las lágrimas por mi mamá que es trabajadora del hogar y estudiante”. La única duda, que no es políticamente correcta, pero sí realista, es si el fallo terminará por perjudicar más que beneficiar a las empleadas domésticas.

Dar de alta a una empleada doméstica en el IMSS no es tarea fácil. Cuando yo traté de hacerlo me di cuenta de que tenía que hacer colas y trámites en el IMSS durante horas o mandar a alguien con una carta notariada a perder ese tiempo. Dar de alta a alguien en el Seguro implica, por otra parte, mantener una compleja contabilidad de sueldos, retenciones y pagos al IMSS. Muchas amas de casa o familias se enfrentarán a una pesadilla burocrática si tratan de hacerlo.

El costo del trabajo doméstico se elevará, pero el ingreso de las trabajadoras podría reducirse. Al sueldo que hoy se entrega en efectivo, habrá que restar los pagos al IMSS, el impuesto sobre la renta, el Infonavit y el impuesto sobre nóminas. Al final, es muy posible que se reduzca el número de puestos de trabajo o que millones de familias honestas se conviertan en delincuentes por no poder llevar a cabo el frustrante trámite burocrático de registrar a una empleada doméstica en el IMSS.

Las mujeres trabajadoras –maestras, empleadas de oficina, vendedoras– dependen de las empleadas domésticas para llevar a cabo sus actividades. Muchas de ellas son el único sostén de su hogar. Una situación que les impida contratar a empleadas en el hogar les significará tener que abandonar ellas mismas el trabajo remunerado o convertirse en delincuentes.

La demanda por servicios domésticos y la disminución de las personas dispuestas a realizar el trabajo han hecho que los sueldos se hayan elevado de forma significativa en los últimos años. En las décadas de 1960 y 1970 las trabajadoras domésticas ganaban salario mínimo o menos. Hoy es imposible encontrar una por el mínimo de 88 pesos al día. En la Ciudad de México, la remuneración promedio es de alrededor de 350 pesos diarios por un tiempo menor a las ocho horas de la jornada de ley.

Jurídicamente, el fallo de la Segunda Sala es inobjetable. Reconocer la obligación de registrar a las trabajadoras domésticas en el IMSS, sin embargo, puede eliminar empleos, reducir los ingresos de las propias empleadas y dar un golpe brutal a las madres trabajadoras que necesitan apoyo en el hogar. La solución no radica en hacer excepciones a la ley, sino en simplificar los trámites del IMSS y de Hacienda.


TERNA PARTIDISTA

Los candidatos a la Corte son todos cercanos al presidente o a Morena. Loretta Ortiz fue diputada por este partido, Celia Maya contendió como candidata al Gobierno de Querétaro, Juan Luis González Alcántara fue presidente del Tribunal Superior del Distrito Federal con López Obrador. Otros mandatarios también propusieron ternas a modo, es cierto, pero es evidente que el cambio no ha llegado.
06 Diciembre 2018 04:02:00
Dogma o ciencia
El presidente López Obrador declaró desde su campaña que quiere construir un país autosuficiente. Es una mala idea en el mundo actual, pero es su convicción: “En mi gobierno –ha dicho– vamos a producir en México todo lo que consumimos”.

En distintos momentos Andrés Manuel ha hablado de la necesidad de aumentar la producción de petróleo y de maíz; pero en su discurso inaugural frente al Congreso, tras apuntar que su Gobierno evitará “afectaciones al medio ambiente”, añadió: “Aprovecho para reiterar que no se permitirá el fracking ni transgénicos”.

Prohibir la fractura hidráulica o los transgénicos, sin embargo, no sólo no ayudará a evitar afectaciones al ambiente, sino que las incrementará. Será, además, un obstáculo para el logro de los objetivos productivos del Presidente. La afirmación, por otra parte, revela una inquietante falta de conocimiento científico.

La caída de la producción de petróleo de los últimos años no ha sido culpa del neoliberalismo, como lo ha afirmado López Obrador, sino del gradual agotamiento de Cantarell, el yacimiento que ha aportado la mayor parte de la producción petrolera nacional desde los años 70. Tampoco es una falta de la reforma energética, que sí ha generado inversiones cuantiosas, las cuales requieren, sin embargo, de varios años para madurar.

Quizá veamos en el futuro un aumento en la producción de crudo en aguas someras y profundas del golfo de México.

Se han anunciado ya hallazgos significativos en los últimos meses, producto de la reforma energética; pero es poco probable que tengamos un aumento tan importante como el que promueve López Obrador sin recurrir al fracking, el cual ha permitido a Estados Unidos aumentar su extracción de manera espectacular hasta convertirse nuevamente en el principal productor de petróleo en el mundo.

En el caso del gas natural, tan importante para la generación de electricidad y para usos industriales, la necesidad de la fractura hidráulica es todavía mayor. Tenemos enormes cantidades de gas en la cuenca de Burgos, pero requerimos del fracking para extraerlo.

La fractura hidráulica no tiene por qué generar contaminación. Toda extracción de hidrocarburos implica riesgos, pero la tecnología del fracking ha mejorado a pasos gigantes. La extracción de petróleo de aguas profundas es, en realidad, más riesgosa para el ambiente.

En el caso de los transgénicos, la situación es similar. La información científica disponible señala de manera contundente que los productos modificados genéticamente no dañan ni la salud ni el ambiente.

El rechazo promovido por algunos grupos de interés se basa en prejuicios sin fundamento científico. Los transgénicos no necesariamente aumentan la producción agrícola, pero sí reducen el uso de plaguicidas, lo cual baja costos y daños al ambiente.

La prohibición al maíz transgénico en México sólo ha beneficiado a los agricultores estadunidenses, que han exportado a México millones de toneladas anuales de maíz amarillo transgénico.

Es muy importante que un presidente tome decisiones sobre bases técnicas y científicas y no por dogmas y prejuicios. Prohibir el fracking y los transgénicos no protegerá el ambiente, sino que lo pondrá en riesgo. Colocará además a los productores mexicanos de gas, petróleo y bienes agrícolas en una enorme desventaja frente a sus rivales extranjeros.



CONSTITUCIÓN

Se cumplen hoy 40 años del referéndum que aprobó la Constitución española el 6 de diciembre de 1978. El 58.97% del electorado participó y el 87.78% votó a favor. Las cuatro provincias de Cataluña aprobaron la Constitución con mayorías de más del 90% de los votos. La Constitución española fue el sustento de una de las transiciones democráticas más exitosas de la historia.
05 Diciembre 2018 04:05:00
Desplumar al ganzo
El Gobierno francés de Emmanuel Macron anunció ayer la suspensión del alza en el impuesto a la gasolina y al diésel. Si bien la medida es temporal, nadie piensa realmente que en la primavera revivirá el gravamen. La explosión de protestas violentas de los chalecos amarillos, gilets jaunes, conmocionó al país. Si bien la violencia incomoda, la mayor parte de los franceses apoyan el movimiento contra el aumento del impuesto. La popularidad del presidente Macron, por otra parte, está en niveles mínimos, con 23% de aprobación y 76 de rechazo.

Los precios de los combustibles son políticamente muy sensibles y no sólo en Francia. Las encuestas en México sugieren que la derrota electoral del PRI del 2018 se fraguó con el aumento de los precios de la gasolina de 2017. La medida provocó protestas generalizadas aprovechadas, como en Francia, por grupos que saquearon comercios y realizaron destrozos. La popularidad del presidente Peña Nieto tuvo una caída importante, de la que nunca se recuperó. El fantasma del gasolinazo persiguió al candidato del PRI José Antonio Meade en campaña y la promesa de Andrés Manuel López Obrador de revertirlo facilitó su triunfo en las urnas.

Al llegar al poder, sin embargo, López Obrador no bajó por decreto los precios de la gasolina. Sabe que hacerlo tendría un fuerte costo para el erario y beneficiaría principalmente a los ricos. La promesa queda para el futuro, cuando se concluya la refinería de Dos Bocas y se reacondicionen las otras seis en el país, lo que supuestamente permitiría bajar el precio. Los especialistas opinan lo contrario, ya que consideran que estas inversiones incrementarán las pérdidas de Pemex en el negocio de la gasolina, pero prometer no cuesta.

En las comparaciones internacionales, México tiene precios de gasolina de media tabla. El promedio en el mundo es de 1.12 dólares por litro (globalpetrolprices.com) o 23.24 pesos a una tasa de 20.75 por dólar. Venezuela tiene el precio más barato del mundo, sólo un centavo de dólar por litro, pero el subsidio que esto representa ha sido un factor importante en la quiebra del país. En México la Magna promediaba ayer 19.33 pesos por litro en el país (gasolina.mx) o 93 centavos de dólar. En Francia el precio está en 1.63 dólares.

En términos generales, los países ricos tienen mayores precios de gasolina, porque no sólo no subsidian a los automovilistas sino que les cobran el privilegio de usar un vehículo. La grandes excepciones son Estados Unidos, donde el precio promedio es de 0.74 dólares por litro, menor que el de México, y Canadá, con un precio de 0.93 por litro, igual al mexicano.

El aumento del impuesto en Francia es parte de un esfuerzo de Macron para combatir el calentamiento global. La buena intención, sin embargo, no ha tranquilizado a los franceses, que ya soportan una de las cargas fiscales más elevadas del mundo, la cual se ha traducido en estancamiento económico y en un alto desempleo de más de 9 por ciento. Elevar el impuesto a la gasolina para reducir las emisiones de carbono quizá alegre a los ambientalistas, pero ha enfurecido a la gente común y corriente.

En México la reacción ha sido similar. El gasolinazo puso de rodillas al PRI. López Obrador lo aprovechó, aunque ahora ha decidido no bajar por el momento ni el impuesto ni el precio. Quizá es hipócrita, pero es saludable.


Impuestos a la gasolina

Los impuestos a la gasolina son, a mi juicio, bastante razonables. Afectan más a los ricos, se recaudan con facilidad y tienen poca evasión. Reducen además las emisiones contaminantes. Sus costos políticos son enormes, sin embargo, porque irritan al consumidor cada vez que carga gasolina.
04 Diciembre 2018 04:02:00
Ganso cansado
Las obras del nuevo aeropuerto de Texcoco continúan. Los miles de trabajadores no han sido despedidos todavía y continúan laborando. Si bien algunos comentaristas interpretaron el anuncio como una señal de que la racionalidad prevalecería y se reviviría el proyecto, la realidad es otra.

El propósito de continuar las obras, dijo ayer el presidente López Obrador, “es mantener el fideicomiso, según entiendo, para respaldar los bonos, para que el Gobierno cumpla, es nuestra palabra, y que los inversionistas no pierdan, que estas inversiones se garanticen”. Reiteró, sin embargo, que la cancelación del aeropuerto es “la decisión que se tomó”.

Por lo pronto, el nuevo Gobierno no cumplió con su promesa de frenar las obras el primer día. Una cancelación así de drástica, no obstante, habría violado los contratos y provocado una suspensión de pagos, la cual habría detonado demandas multimillonarias de los tenedores de los bonos con los que se ha financiado el proyecto. El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y el Gobierno mexicano habrían sido llevados a los tribunales de Nueva York. La calificación de todos los bonos del Gobierno mexicano, y de muchos privados también, se habría desplomado, lo cual habría provocado mayores pagos de intereses.

Para evitar lo anterior, el Gobierno de López Obrador ha lanzado una oferta de recompra de mil 800 millones de dólares de bonos del aeropuerto, de los 6 mil millones en el mercado, con la idea de reducir el pasivo y tener una cancelación ordenada. No se ha explicado de dónde saldrán los mil 800 millones de dólares con los que se comprarán los bonos.

Mientras tanto, las obras del nuevo aeropuerto continúan a pesar de que no hay ninguna intención de continuar el proyecto. Lo que se está construyendo tendrá que ser destruido después. Es un triste símbolo del inicio de un gobierno.

La decisión política parece inamovible. No se trata solo de una promesa de campaña, sino de una vieja convicción de López Obrador, que desde siempre se ha opuesto al aeropuerto de Texcoco. La consulta ciudadana de octubre, en la que solo participó el 1% de los ciudadanos, buscó justificar la decisión, pero significó también un compromiso político. López Obrador no podrá ya desistirse porque hizo del aeropuerto un símbolo del viejo régimen y de su presunta corrupción.

La cancelación del aeropuerto, sin embargo, tendrá un costo enorme para México y para los mexicanos. Habrá que reembolsar no solo las inversiones ya realizadas y las que están financiadas, sino pagar el costo, que nadie ha calculado, de devolver el terreno a su condición original, como lo exige la ley. También hay trabajos de remediación ecológica que habrá que continuar aunque se cancele el proyecto.

Todo este esfuerzo solo servirá para dejarnos un sistema de tres aeropuertos que no tendrán conectividad, que no contribuirán al desarrollo de la industria turística o aeronáutica, que no podrán concluirse en 3 años –aunque se canse el ganso–sin violar o enmendar la ley y que tendrán un costo quizá superior al de terminar de construir un aeropuerto en Texcoco, que sí sería un importante centro de conexiones.

Yo no sé si los contratos del aeropuerto eran corruptos, pero el propio López Obrador parece negarlo al declarar que dará nuevos proyectos a los mismos contratistas. Lo que sí sé es que las malas decisiones pueden costar más que la corrupción.

¡BAJAN HOMICIDIOS!

La Cuarta Transformación ya está teniendo resultados. En su conferencia de prensa de ayer el Presidente declaró que el número de homicidios bajó de 68 a 50 diarios en sus 2 primeros días de gobierno, “con la aclaración –dijo– que estamos verificando la fuente”.
03 Diciembre 2018 04:04:00
El antiliberal
“La política económica neoliberal ha sido un desastre, una calamidad para la vida pública del país”. Andrés Manuel López Obrador

Las palabras cuentan y revelan ideas e intenciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador pronunció 16 veces el término “neoliberal” en su discurso de toma de posesión. En cambio, usó “economía” cuatro veces, “revolución” dos, “democracia” y “pobreza” dos también.

El énfasis no es tan común. Cuando López Obrador habla al “pueblo” no usa el término con tanta frecuencia. En el Zócalo lo hizo sólo dos veces. El mensaje del Congreso estaba dirigido, en cambio, a la clase política, para la que “neoliberal” es una descalificación.

Pero, ¿qué significa “neoliberal”? Según la Real Academia es el partidario de una “teoría política o económica que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado”. No hay realmente diferencia con el liberal, que propugna “la libertad y la tolerancia en la vida de la sociedad” o que postula “la libertad individual y social en lo político y la iniciativa privada en lo económico y cultural, limitando la intervención del Estado y de los poderes públicos”.

Para López Obrador, sin embargo, “nuestros liberales del siglo 19” son admirables, mientras que los del siglo 21, que buscan también una vida libre de la intervención del Estado, resultan despreciables. Los “neoliberales” que tomaron el poder en 1983 son los culpables de todos los males de México: la pobreza, la falta de crecimiento, la corrupción, incluso la diabetes. Por eso, en la Cuarta Transformación, “Haremos a un lado la hipocresía neoliberal.”

López Obrador quiere regresar al pasado, al viejo PRI, pero no al de 1970 a 1982, el de Luis Echeverría y José López Portillo, cuando la economía “creció a una tasa de 6% anual pero con graves desequilibrios macroeconómicos”, sino al de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, a los años dorados de 1958 a 1970, “cuando fue ministro de hacienda Antonio Ortiz Mena” y “la economía del país no solo creció al 6 por ciento anual sino que este avance se obtuvo sin inflación y sin incremento de la deuda pública. Por cierto, Ortiz Mena no era economista sino abogado”.

El desarrollo estabilizador fue un periodo de avance, sin duda, pero no podemos idealizarlo. Para empezar, el mundo entero crecía a un ritmo mayor, lo que ayudó a la expansión mexicana. La población aumentaba 3.5% anual, por lo que el PIB per cápita lo hacía a sólo 2.5%. Hubo disciplina financiera, porque los presidentes dejaron trabajar a Ortiz Mena (que cuando era estudiante no podía haber estudiado economía porque la carrera no existía); ni López Mateos ni Díaz Ordaz habrían cancelado el aeropuerto de Texcoco, porque Ortiz Mena les habría advertido de las consecuencias.

La economía mexicana no cargaba los lastres de hoy. Los programas sociales eran pequeños y no desviaban tantos recursos de propósitos productivos. Los niveles de bienestar eran más bajos; la economía crecía, pero el proteccionismo comercial elevaba los precios y hacía que el dinero alcanzara menos. La izquierda cuestionaba las políticas económicas de Ortiz Mena porque afirmaba que los frutos no llegaban a los más pobres.

México ha crecido menos que su potencial en las últimas décadas, pero esto no se arregla con descalificaciones ideológicas. La inversión productiva enfrenta mil y un obstáculos, que son los que debemos derribar. Pretender regresar a un paraíso dorado que nunca existió es equivocar el camino.

Cultura neoliberal

Tabaré Vázquez, presidente de izquierda de Uruguay, ha entendido el neoliberalismo de forma distinta: “La izquierda –ha señalado– no ha sido impermeable a la revolución cultural neoliberal y ha incorporado algunos de sus elementos, como la necesidad del equilibrio fiscal, el libre comercio y la competitividad”.
29 Noviembre 2018 04:04:00
Gobiernos de izquierda
Hemos visto buenos y malos gobiernos de izquierda. y de centro y de derecha. No tiene mucho sentido juzgar a los gobiernos por su orientación política, sólo por su capacidad para gobernar.

El socialista Felipe González hizo en la España de los 80 reformas de mercado que mejoraron el nivel de vida de los ciudadanos; liberalizó la economía, privatizó empresas paraestatales e integró a España a la Comunidad Económica Europea. Ricardo Lagos, igualmente socialista, fue también un magnífico presidente de Chile; mantuvo el presupuesto equilibrado y la apertura económica que impulsaron sus predecesores, lo cual se tradujo en altas tasas de crecimiento con baja inflación.

En cambio, Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, han sido terribles gobernantes para Venezuela. No sólo han empobrecido al país, sino que han limitado las libertades individuales y encabezado un régimen corrupto e inepto. Decir que sus acciones se justifican porque son de izquierda es de una hipocresía absoluta.


Andrés Manuel López Obrador, quien asumirá la Presidencia de México este 1 de diciembre, se ha presentado a veces como un político de izquierda, aunque otras como liberal, que no es lo mismo. ¿Será buen o mal presidente? Los ideólogos de uno u otro lado tienen ya opiniones definidas, a pesar de que no ha empezado siquiera su gobierno, pero el verdadero juicio no se podrá hacer sino hasta dentro de seis años o quizá más.

Hay muchas formas de distinguir entre un buen gobierno y uno malo, pero la ideología no es buen instrumento para ello. Las políticas públicas pueden tener las mejores intenciones y ofrecer los peores resultados. Mao Zedong quería construir una mejor China, pero su ignorancia económica y su autoritarismo mataron por hambre y ejecuciones a 45 millones de chinos (Frank Dikötter). El también comunista Deng Xiaoping fue, en cambio, un excelente gobernante, que lanzó las reformas de mercado que han permitido rescatar a casi mil millones de chinos de la pobreza extrema. Lo curioso es que Mao es el personaje que la historia realza, en parte por el culto a la personalidad que él mismo se construyó.

¿Qué tipo de gobernante será López Obrador? En un momento en que Ricardo Monreal desde el Senado manda amenazas a los bancos y se queja de la mano invisible del mercado, provocando desplomes de la bolsa y depreciaciones del peso, López Obrador se muestra respetuoso de los mercados. Ésta es una buena señal. Ningún gobernante ha tenido buenos resultados cuando ha tratado de ir en contra de las leyes de la economía. Según López Obrador, “Los que invierten en empresas, en acciones, en el mercado financiero, van a tener aseguradas esas inversiones y van a obtener buenos rendimientos, porque va a haber un auténtico estado de derecho. No van a haber (sic) expropiaciones, actos arbitrarios. Vamos a terminar con la corrupción, con la impunidad”.

El respeto a la ley es muy importante. Ninguna economía prosperará sin él. Por eso la cancelación del aeropuerto de Texcoco, con cientos de contratos firmados, generó tanta incertidumbre. Ningún gobernante puede garantizar las inversiones ni los rendimientos, pero sí dar certeza de que la ley se aplicará de manera justa. Si López Obrador cumple, todos nos veremos beneficiados. Si se une a las amenazas contra la mano invisible del mercado, la crisis financiera será inevitable.
28 Noviembre 2018 04:05:00
A mí no me afecta
En 1982, cuando el peso empezó a desplomarse al final del sexenio de José López Portillo, una persona me hizo el comentario que no tenía nada que perder: “A mí ni me perjudica ni me beneficia. Ni tengo dólares ni gasto en dólares. La devaluación no me afecta.”

Esta actitud la comparten Ricardo Monreal y otros políticos de la alianza en el poder que menosprecian el desplome de los mercados. Para ellos, la bolsa es una institución que manipulan unos cuantos y que realmente no afecta la vida de la mayoría de la gente. El mercado es, a su juicio, una representación del poder económico que no puede oponerse a los deseos del pueblo.

La persona que me hizo ese comentario en 1982 reconoció después que la devaluación de ese año sí terminó por afectarlo. El desplome del peso fue, en efecto, el inicio de una crisis económica que se traduciría en una década perdida para la economía mexicana y para las de otros países de América Latina. Muchas empresas quebraron en esos difíciles años, la mayoría de los mexicanos sufrimos una baja en nuestros ingresos, el desempleo se expandió a niveles antes insospechados y millones se hundieron en la pobreza. Virtualmente nadie quedó exento de la crisis, aunque no tuvieran ni gastaran en dólares, aunque no tuvieran acciones en la bolsa.

Los inversionistas no mostraron preocupación por las propuestas de Andrés Manuel López Obrador durante la campaña de este 2018. A la mayoría no le inquietan los triunfos de los candidatos de izquierda, porque saben muy bien que puede haber buenos y malos gobiernos de cualquier tendencia política. López Obrador prometió aumentar el gasto social y la inversión pública, pero sin subir los impuestos ni el déficit de gasto público. Los mercados se preocupaban mucho más por las amenazas de Donald Trump al Tratado de Libre Comercio que por las promesas del candidato de Morena.

Las cosas cambiaron con el anuncio de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, una decisión considerada irracional y enormemente costosa por muchos inversionistas. Las amenazas de los legisladores de Morena y del Partido del Trabajo de confiscar el dinero de las Afores o las reservas del Banco de México, o de expropiar o cancelar las concesiones de minas o de prohibir las comisiones bancarias, generaron los temores que las promesas de campaña no habían provocado.

Tanto el presidente electo como el secretario de hacienda designado, Carlos Urzúa, han salido al paso en los peores momentos y han logrado estabilizar los mercados, pero no antes de que estos registraran pérdidas importantes. Pese al repunte de ayer, la Bolsa Mexicana de Valores había perdido 13.09% en el mes concluido este 27 de noviembre (NYT). El tipo de cambio pasó de 18.7523 pesos por dólar el 16 de octubre a 20.47 ayer a las 18:00 horas en el mercado interbancario (Bloomberg). La pérdida de valor es enorme.

Varios operadores de fondos y empresarios me dicen que la cancelación del aeropuerto y las destructivas propuestas de los legisladores de Morena y el PT han generado una enorme incertidumbre. Casi nadie está invirtiendo en bonos o acciones mexicanas.

Pese a lo que sostienen nuestros políticos, esta inestabilidad en los mercados sí afecta a la gente común y corriente. Provoca aumentos en las tasas de interés, inhibe la inversión, reduce la creación de empleos y genera mayor pobreza. Todo por la estupidez de unos políticos que no entienden cómo funciona la economía.

Pena por estudiantes

Los maestros de secundaria de la CNTE están nuevamente en paro en Oaxaca. Exigen nuevas contrataciones y rechazan el modelo educativo. Las promesas de López Obrador han revivido la confianza de los líderes, que por eso suspenden nuevamente labores. Qué pena por los estudiantes.
27 Noviembre 2018 04:04:00
Regresan los líderes
La Cuarta Transformación todavía no empieza formalmente, pero ya vemos una de sus consecuencias: el retorno de los líderes sindicales del viejo PRI.

Elba Esther Gordillo ha logrado la renuncia de Juan Díaz de la Torre a la Presidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Es el primer paso para recuperar el cargo que ocupó desde 1989 hasta 2013, cuando fue detenida por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, acusada de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de asociación delictuosa. La maestra fue encarcelada durante 5 años, pero las acusaciones fueron desechadas por los tribunales, en buena medida porque el sindicato nunca presentó una denuncia por desvío de sus fondos. El proceso, sin embargo, dejó en claro que el SNTE entregaba cientos o miles de millones de pesos a su dirigente para gastos personales. La maestra nunca pagó impuestos por estos ingresos.

Napoleón Gómez Urrutia ha regresado a México desde Canadá y se mantiene a la cabeza del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Siderúrgicos y Similares, ahora con la influencia y el poder que le proporciona su escaño como senador por Morena. Su posición se ve fortalecida porque algunos de sus aliados políticos en Morena han exigido la expropiación de minas como la de Taxco, cuya operación Gómez Urrutia ha detenido desde 2007 como parte de los chantajes a los que somete constantemente a las empresas. Las acciones de las mineras se han desplomado en los mercados en consecuencia.

Una entrevista del periódico Reforma con Juan Luis Zúñiga, exvocal del consejo de vigilancia del sindicato, ratificaba que Gómez Urrutia chantajeaba a las mineras con amagos de huelga para exigirles 20 millones de dólares a cada una. Zúñiga también habla de cómo él y otros empleados del sindicato le llevaban dinero a Napoleón a Canadá en montos de 9 mil 900 dólares cada uno, para no violar el límite legal de traslado en efectivo de 10 mil dólares. El propósito era darle al líder dinero para sus gastos en ese país. Gómez Urrutia permaneció en Canadá durante años para escapar a las acusaciones que enfrentó por haberse apropiado de 55 millones de dólares de dinero de los mineros. Los tribunales lo exoneraron porque consideraron que el sindicato sí tenía derecho de quedarse con ese dinero, a pesar de que el fideicomiso fue creado para beneficiar a los mineros.

El viejo sistema sindical no ha desaparecido. Los gobiernos de distintos partidos no han tenido el valor o el poder para promulgar leyes que obliguen a los sindicatos a tener elecciones democráticas, a suspender los chantajes a las empresas o a dejar de apropiarse del dinero de los trabajadores. Los esfuerzos por castigar actos de corrupción han sido rechazados por los tribunales debido a que las leyes están hechas para favorecer a los líderes sindicales. Hoy las esperanzas se desvanecen todavía más.

Luisa María Alcalde, la nueva secretaria del trabajo, quien tiene solo 31 años, es hija del abogado laborista Arturo Alcalde y ha prometido una nueva era en la vida sindical de México. Las alianzas políticas de López Obrador con líderes como Elba Esther y con Napoleón sugieren, sin embargo, un retorno del sistema sindical del viejo PRI. No deja de ser paradójico que un Presidente que hizo campaña en contra de la corrupción perfile un fortalecimiento de la corrupción de los líderes sindicales.


CRISIS FINANCIERA

La Bolsa Mexicana cae 4.17% a pesar de que el Dow Jones sube 1.46 por ciento. Es el menor nivel desde 2014. El peso se ubica en 20.90 en ventanillas bancarias. Morena, el PT y AMLO parecen empeñados en provocar una crisis financiera. Siguen pensando que los mercados no importan. Lo mismo pensaron José López Portillo y Hugo Chávez.
26 Noviembre 2018 04:00:00
Confiscar pensiones
Pero qué necesidad de seguir atentando contra la estabilidad financiera en un momento de transición. La última de las ocurrencias de los legisladores de la Cuarta Transformación es confiscar las pensiones de los trabajadores.

“Para resolver la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones en México se requiere terminar con el sistema de cuentas individualizadas de capitalización –reza la iniciativa presentada por los diputados del Partido del Trabajo–, y que el Estado regrese a un sistema de pensiones único, donde una institución pública administre todos los fondos de pensión, invirtiéndolos en el sector industrial, con el objetivo doble de propiciar el crecimiento y la capitalización de la industria nacional, la generación de empleos y la garantía de mejores rendimientos para los trabajadores a la hora de concluir su vida laboral”.

Sobre los fondos de pensiones de los empleados de organismos, empresas y universidades públicas, la iniciativa señala: “Si bien es cierto que estamos a favor del derecho de los trabajadores, en el caso que nos ocupa no debe pasar desapercibido que constituyen un exceso porque fueron pactados con representantes del Estado que no tuvieron en cuenta la prevalencia del interés superior de la mayoría de los mexicanos”.

Es indudable que se requiere una nueva reforma del sistema de pensiones. Los montos que se están acumulando en las Afores no son suficientes para otorgar un ingreso razonable a los jubilados. Pero la solución no radica en que el Gobierno confisque el dinero de los trabajadores y lo maneje en régimen de monopolio, sino en aumentar las aportaciones y la competencia entre las Afores.

Los partidos aliados con Andrés Manuel López Obrador están lanzando iniciativas que debilitan a los mercados. Lo hacen en aras de una supuesta independencia del Poder Legislativo ante la Presidencia, pero el resultado es acercar al país a una crisis financiera.

El presidente electo no puede fingir inocencia. Si bien los inversionistas no se preocuparon ante sus propuestas de campaña, porque prometía respetar la economía de mercado y no incurrir en un mayor déficit de presupuesto, la cancelación del aeropuerto de Texcoco fue la primera señal de que gobernaría como populista. Las acciones de la bolsa y el peso empezaron entonces su caída.

Después vinieron los legisladores. Benjamín Robles Montoya, del Partido del Trabajo, propuso tomar las reservas internacionales del Banco de México para financiar gasto público. La iniciativa fue descalificada como un “absurdo” por el próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, pero igual afectó a los mercados. Después Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, presentó una iniciativa para prohibir las comisiones bancarias, también descartada por el nuevo gobierno, pese a lo cual Monreal insistió en mantenerla. Paco Ignacio Taibo II, futuro director del Fondo de Cultura Económica, propuso expropiar minas y generó un desplome de las acciones mineras. Ahora tenemos la iniciativa de confiscar el dinero de las Afores.

López Obrador y su equipo económico pueden seguir declarando que estas iniciativas no representan su agenda legislativa, que no quieren llevar al país por el camino de Venezuela; pero la insistencia en presentar propuestas destructivas está debilitando a los mercados nacionales. Parecería que los políticos de la Cuarta Transformación quieren provocar una crisis financiera.

Linchamientos

Dice López Obrador que someterá a consulta popular si somete a juicio a los expresidentes por “impulsar las políticas neoliberales”. Pero ¿es ilegal aplicar políticas liberales? Y ¿debe la justicia aplicarse por consulta popular, como en los linchamientos?
23 Noviembre 2018 04:01:00
La conciliación
Es bueno ser agradecido. Este jueves se festejó el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, una celebración entrañable que surge del agradecimiento por la terminación de la cosecha en las viejas sociedades agrícolas.

Un día antes el presidente electo Andrés Manuel López Obrador compartió el pan con el todavía mandatario Enrique Peña Nieto. El supuesto propósito de la comida era puntualizar detalles de la inauguración, pero en su cuenta de Twitter López Obrador añadió que la reunión se realizaba “en plan amistoso porque le agradezco sus atenciones”.

Quizá sorprenda esta actitud amigable. Durante años López Obrador ha acusado a Peña Nieto de corrupción y de ser parte de una mafia del poder que no tenía más propósito que saquear al país. Hoy el discurso ha cambiado. No solamente ya no escuchamos descalificaciones o insultos, sino que hay un compromiso para no investigar posibles actos de corrupción.

La política debe ser conflicto, pero también conciliación. A final de cuentas todos somos mexicanos y, a pesar de nuestras diferencias, debemos cooperar en la búsqueda de políticas que permitan la construcción de un México más próspero y más justo. Pero la política no puede ser nunca garante de impunidad. No podemos aceptar una cacería de brujas, como muchas que hemos visto en el pasado, pero tampoco el perdón por actos de corrupción.

López Obrador le dijo este 21 de noviembre a Carmen Aristegui: “Mi idea de punto final es: han abusado, han habido (sic) latrocinios, ha sufrido mucho nuestro pueblo, predomina la corrupción, lo que veas tiene que ver con la corrupción.”

Su argumento para no emprender acciones por estos supuestos actos de corrupción, sin embargo, es que habría que “enjuiciar a Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón, a Peña Nieto. Habría demasiado escándalo, demasiado”.

El escándalo no debería ser razón para no aplicar la ley, tampoco el deseo de impedir una presunta inestabilidad política. Si hay actos comprobados de corrupción, nadie puede oponerse a la aplicación de la ley. López Obrador, sin embargo, sabe que la retórica de corrupción que usó en la campaña, y que mantiene hasta el momento, no tiene más sustento que la conveniencia política. Mucho se argumentó, por ejemplo, que había que cancelar la construcción del aeropuerto de Texcoco porque este había sido un verdadero templo de corrupción, pero sólo para que el presidente electo haya prometido después entregar nueva obra pública a las mismas empresas.

López Obrador no puede simplemente perdonar a criminales, a personas que hayan cometido actos de corrupción. Esto lo convertiría legalmente en cómplice y, por lo tanto, en corresponsable. Él mismo se incorporaría a esa supuesta mafia del poder que tanto ha denunciado. Sin embargo, el presidente electo tampoco puede reconocer políticamente que mintió en su campaña al sostener que todos sus predecesores, y todos los funcionarios públicos de alto nivel de los últimos 30 años, fueron corruptos.

Se entiende el afán de conciliación en este momento. El presidente electo sería la primera víctima política de un período de inestabilidad. Pero la aplicación justa de la ley no es nunca una razón de inestabilidad. Como lo hemos visto en los últimos días, ésta surge cuando se gobierna con ocurrencias en lugar de con estrategias sensatas apegadas a la ley que generen certidumbre.

Más niebla

Este 21 de noviembre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sufrió uno de sus comunes cierres por niebla, que generó un desastre logístico a todo lo largo del día. Me dicen varios pilotos que Santa Lucía tiene peores condiciones de niebla debido a la cercanía del lago Zumpango. ¿Dónde están los estudios?
22 Noviembre 2018 04:02:00
Sin licitación
Cuando estuvieron reunidos los principales contratistas del nuevo aeropuerto de Texcoco, quienes habían sido previamente convocados por Javier Jiménez Espriú, Andrés Manuel López Obrador les dijo, palabras más, palabras menos: el aeropuerto es importante, pero México es todavía más importante.

El encuentro se llevó a cabo en el restaurante Corazón de Alcachofa de Polanco, en la Ciudad de México, el pasado 5 de noviembre. Asistían los presidentes o directores generales de las principales empresas que siguen trabajando en la construcción del aeropuerto. El objetivo era tranquilizarlos tras el anuncio de la cancelación del proyecto.

López Obrador no justificó la decisión por los supuestos actos de corrupción que en campaña dijo se habían cometido en el proyecto. Explicó, más bien, que los contratistas no perderían dinero, ya que el nuevo Gobierno los compensaría. Habrá mucha obra pública, dijo, y la podrán llevar a cabo las empresas que están realizando los trabajos del aeropuerto.

Cuando se le señaló que la Ley de Obras Públicas impide que los proyectos sean asignados de manera discrecional, López Obrador respondió: Sí, ya me han dicho eso. Pero tenemos mayoría en el Congreso. Ya veremos cómo lo arreglamos.

Los contratistas reunidos agacharon la cabeza y aceptaron. Sus empresas dependen en mayor o menor medida de la obra pública. Por eso nadie ha protestado públicamente y ninguno ha anunciado que acudirá a los tribunales para obtener las indemnizaciones que corresponderían por ley y por contrato. Conocen a López Obrador y saben que, seguramente, sí les dará obras para compensarlos, aunque viole la ley o aunque la cambie para evitarse la molestia de licitar las obras.

Ya vimos un ejemplo en Tabasco. El Congreso local, dominado por Morena, modificó la Ley de Obras Públicas del estado para eliminar el requisito de las licitaciones en “proyectos estratégicos” o cuando “las obras o servicios sean convenidos con la Federación o con las empresas productivas del Estado para la realización de proyectos estratégicos en materia energética”. López Obrador está ya preparando el terreno para evitar las licitaciones públicas de la refinería que quiere construir en Dos Bocas.

Esto, sin embargo, representa un enorme retroceso para el país. Las licitaciones públicas han sido uno de los logros más relevantes en la lucha contra la corrupción. La obligación de licitar está incluso plasmada en el Artículo 134 de la Constitución: “Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes y servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes” (pésima redacción, buen propósito).

Sería lamentable que el nuevo Gobierno abandonara las licitaciones y regresara a la práctica de la asignación directa y discrecional. El costo para México sería muy elevado. López Obrador ha cuestionado, y con razón, la corrupción de los gobiernos anteriores, pero eliminar las licitaciones simplemente abriría las puertas a una nueva era de corrupción.

Ley Taibo

Eliminar la discriminación legal contra los mexicanos naturalizados es positivo, pero para eso hay que enmendar muchos ordenamientos. Cambiar sólo la Ley de Entidades Paraestatales para que Paco Ignacio Taibo II pueda ser director general del Fondo de Cultura Económica es éticamente incorrecto. Las leyes no deben modificarse para beneficiar a una persona en particular.

21 Noviembre 2018 04:05:00
Vencer la corrupcion
Andrés Manuel López Obrador ganó la elección de este 2018 porque supo promover la idea de que él representaba la mejor opción en la lucha contra la corrupción. Todos los candidatos afirmaban que la combatirían, pero los electores pensaron que sólo él podía cumplir. Su promesa era no solamente disminuirla sino erradicarla; además, de forma constante, cuestionaba a los políticos del “PRIAN” porque, según él, “no tienen llenadera”, “no se cansan de robar”.

Fue tan grande la expectativa generada por las promesas de campaña que el riesgo de decepción ahora se vuelve enorme. No tengo dudas de la honestidad personal de Andrés Manuel, pero su visión de la corrupción es muy parcial, mientras que las medidas que ha anunciado para combatirla no sólo no le harán mella sino que podrían agravarla.

El presidente electo ha impulsado una serie de acciones que ni siquiera parecen entender la naturaleza de la corrupción. El que el futuro presidente se baje el sueldo a la mitad no lo hace ni más ni menos corrupto que sus predecesores. El presidente de Suiza gana más de 500 mil dólares al año y el de Venezuela menos de 50 mil, pero todo indica que Nicolás Maduro es mucho más corrupto que su contraparte en Suiza.
Bajar a la mitad los sueldos de los altos funcionarios tampoco es una medida contra la corrupción. Recibir un sueldo por la realización de un trabajo no es un acto de deshonestidad. La reducción en los salarios de los funcionarios ordenada por el presidente electo, por el contrario, puede provocar la pérdida de personal calificado y honesto y aumentar los incentivos para la corrupción. Por lo pronto, ya ha habido una serie de renuncias y retiros anticipados en el Banco de México y en otras instituciones y dependencias en las que se realizan labores especializadas. Al final tendremos funcionarios menos calificados, más ineficientes y, quizá, menos honestos.

Otras acciones anunciadas por López Obrador también podrían crear nuevas barreras para cumplir su promesa de eliminar la corrupción. El presidente electo, por ejemplo, acusó a las empresas contratistas del nuevo aeropuerto de Texcoco de ser corruptas sin presentar ninguna prueba de ello, lo cual es de por sí un acto de corrupción. Después que canceló el proyecto, sin embargo, anunció que compensaría a estas firmas con contratos en otros proyectos. Esto sería un triple acto de corrupción: por no tomar medidas para sancionar a las empresas que hayan cometido actos ilegales, por entregar a estas mismas firmas nuevos contratos de obra pública y por hacerlo a través de asignaciones personales del presidente en lugar de a través de licitaciones públicas como ordena la ley.
López Obrador ha dicho que él combatirá la corrupción con el ejemplo. La experiencia nos dice, sin embargo, que la forma real de reducir esta conducta es a través de buenas prácticas, como sancionar a las empresas y a los funcionarios que cometan actos ilícitos o como otorgar contratos gubernamentales solamente a través de licitaciones públicas y transparentes.

Ningún presidente, por honesto que haya sido, ni siquiera Benito Juárez, eliminó la corrupción sólo con su ejemplo. Los países del mundo que han tenido éxito en la lucha contra la corrupción lo han logrado por medio de buenas prácticas institucionales, las cuales acotan las decisiones discrecionales de todos los funcionarios, empezando por el gobernante.

Crimen ambiental

Cualquier empresa que desmonte 300 hectáreas de terreno para un proyecto productivo antes de tener el manifiesto de impacto ambiental está violando la ley. El que lo haga un gobierno para una refinería que todavía no tiene autorización, como la de Dos Bocas, es un crimen ambiental.
20 Noviembre 2018 04:09:00
Mexicanos de segunda
Este pasado domingo Beata Wojna, exembajadora de Polonia en México, casada con un mexicano y que se ha quedado en nuestro país para continuar con una labor académica que antes realizaba en Polonia, dio a conocer un mensaje de Twitter: “Hace poco me preguntaron si voy a ser mexicana. Dije que no pq según Constitución hay mexicanos de primera y de segunda. Los naturalizados: no pueden tener doble nacionalidad, ni ocupar ciertos cargos. Si viven 5 años fuera pierden nac. mexicana. Todo ello más allá del caso @Taibo2”.

Esta discriminación a quienes asumen la nacionalidad mexicana por voluntad propia ha quedado de manifiesto, en efecto, en el caso de Paco Ignacio Taibo II, el escritor nacido en España que ha sido perfilado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador como próximo director del Fondo de Cultura Económica, una editorial propiedad del Gobierno.

México siempre ha tenido una política migratoria xenófoba. Protestamos contra la discriminación a los mexicanos en Estados Unidos, pero tenemos leyes mucho más restrictivas. Llegamos a tener legislación que prohibía no sólo a los naturalizados sino a sus hijos nacidos en México llegar a la Presidencia de la República, lo cual se modificó apenas en la década de 1990. Hoy, sin embargo, seguimos viendo restricciones absurdas como las que señala la exembajadora Wojna. Los naturalizados son mexicanos de segunda.

Una de estas restricciones, que impide a un naturalizado ser director de una empresa paraestatal, como el Fondo de Cultura de Económica, tomó por sorpresa a Taibo, quien dijo que no estaba consciente de que un mexicano por naturalización no podía dirigir la editorial emblemática de México en el mundo de habla española.

Taibo no ha tenido que preocuparse mucho. En el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador las leyes se cambian a modo. Ya Morena ha presentado en el Senado una iniciativa que modificará la Ley Federal de Entidades Paraestatales para que las direcciones generales puedan ser ejercidas por ciudadanos mexicanos a secas y no sólo por “ciudadanos mexicanos por nacimiento”. Estoy de acuerdo en el cambio, ya que es absurdo que se discrimine a los mexicanos por adopción, aunque la modificación de la ley en el caso de Taibo va más allá todavía, ya que se está eliminando también el requisito de tener “experiencia administrativa” para que Taibo, que no la tiene, pueda asumir el cargo.

Más que hacer leyes a modo de los políticos, sin embargo, lo mejor sería reconsiderar las medidas xenófobas de nuestro gobierno. No hay ninguna razón para que los ciudadanos por naturalización, los cuales se hacen mexicanos por una decisión consciente en vez de por la casualidad de haber nacido en territorio nacional, sean discriminados. Son mexicanos y deben por lo tanto tener todos los derechos de cualquier mexicano.

Debemos cambiar la política migratoria. La experiencia en México y en el extranjero señala que la inmigración promueve inversiones, crecimiento económico y una visión más liberal. Debemos poner fin a la hipocresía de los políticos mexicanos que por un lado se quejan de la xenofobia de los estadunidenses y por el otro mantienen en México restricciones más radicales sobre los inmigrantes, e incluso sobre los mexicanos que injustamente consideran de segunda.



Los costos

Si bien las acciones de la Bolsa Mexicana subieron 2.1% el viernes pasado, la pérdida acumulada en el último mes fue de 12.19% (NYT). El tipo de cambio al mayoreo pasó de 19.2827 el 19 de octubre a 20.3661 ayer a las 14:00 horas (Bloomberg). La cancelación del aeropuerto de Texcoco y las amenazas económicas de Ricardo Monreal han tenido un costo importante. Significarán menor crecimiento y menor creación de empleos.
19 Noviembre 2018 04:00:00
Bancos para pobres
Una de las presentaciones que más me impresionó este pasado fin de semana en la Ciudad de las Ideas, el festival de mentes brillantes que dirige Andrés Roemer, fue la de Chetna Sinha. Esta mujer originaria de la India, de origen muy humilde, que llegó a ser copresidenta del Foro Económico Mundial de Davos en este 2018, fundó y dirige el Mann Deshi Bank, una cooperativa que abre cuentas de ahorro y otorga préstamos a las mujeres más pobres de la India.

Los servicios bancarios son cruciales para que las mujeres puedan rescatarse a sí mismas, y a sus familias, de la pobreza. Para operar, sin embargo, Mann Deshi ha tenido que enfrentar la incomprensión y conservadurismo de los funcionarios y políticos que establecen las reglas de operación bancaria en la India.

El Banco de la Reserva de la India negó originalmente a Mann Deshi la licencia para operar porque las mujeres que integraban el banco no sabían leer ni escribir y, por lo tanto, según el regulador, no podían firmar documentos ni entender los términos de los contratos. Chetna Sinha pensó darse por vencida, pero las propias mujeres a las que había entusiasmado lo impidieron y aprendieron a leer y escribir para que el regulador bancario no tuviera ya ese pretexto para negar la licencia.

Hoy el Mann Deshi Bank recibe depósitos y otorga créditos a cientos de miles de mujeres pobres de la India, las cuales solamente pueden ahorrar en muy pequeñas cantidades. Cuando se le pregunta a la fundadora cómo puede el banco sobrevivir con un capital exiguo, su respuesta es: “Nuestro valor es nuestro capital”.

Es muy probable que en México Mann Deshi nunca habría podido surgir, ni mucho menos prosperar. El ánimo regulatorio de nuestros políticos lo habría asfixiado antes de nacer. Una medida como la que pretende el senador Ricardo Monreal, de prohibir las comisiones bancarias, impediría el establecimiento de bancos para los pobres. Los políticos de derecha que dicen ser de izquierda, como Monreal, piensan que los bancos sólo deben ser para los ricos.

La banca de los ricos puede vivir sin comisiones y con bajos diferenciales entre las tasas pasiva y activa de interés. Los costos administrativos en cuentas o créditos multimillonarios son relativamente pequeños, en cambio los de una cuenta o un préstamo pequeños representan un porcentaje mucho más alto del capital. Por eso la banca de los pobres tiene tasas de interés o comisiones relativamente altas.

Mann Deshi, como otros bancos que dan servicio a los más pobres, se ha sostenido gracias a que recurre con libertad a una mezcla de comisiones y tasas de interés. De otra manera el servicio no se podría otorgar y las usuarias se quedarían sin servicios, o tendrían que recurrir a los prestamistas no regulados, cuyas condiciones son mucho peores. Supongo que esto último es lo que pretende Monreal, quien cuando fue jefe delegacional en Cuauhtémoc permitió que se mantuviera el comercio informal.

Si Monreal realmente quisiera que los pobres tuvieran servicios financieros, debería impulsar medidas para que más instituciones pudieran ingresar al mercado. En lugar de prohibir comisiones o controlar precios, liberalizaría las reglas para que pudieran crearse más bancos para los pobres que compitieran libre e intensamente entre sí. El problema es que los populistas necesitan a los pobres para votar por ellos; y si los pobres dejan de ser pobres, ya no podrán ser manipulados.

¿No importa?

Quienes dicen que no importa que caigan la bolsa y el tipo de cambio por las ocurrencias de Monreal, no saben que las crisis económicas suelen empezar por desplomes bursátiles y devaluaciones. Por eso López Obrador está tan interesado en distanciarse de la prohibición de las comisiones bancarias de Monreal.

16 Noviembre 2018 04:05:00
Una guardia militar
Los grupos de izquierda cuestionaron insistentemente a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por militarizar la seguridad pública. Llevaron la Ley de Seguridad Interior a la Suprema Corte de Justicia para que fuera declarada inconstitucional.

Había un gran interés, por lo tanto, para ver el Plan Nacional de Seguridad de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo reemplazaría al Ejército y a la Marina en las funciones de policía? Hoy tenemos la respuesta: militarizándola de manera formal y definitiva.

La propuesta de López Obrador es integrar una nueva guardia nacional con contingentes de la policía militar, la policía naval y la Policía Federal. Esta nueva corporación tendrá entre 120 mil y 150 mil elementos, contra 40 mil de la actual Policía Federal. El mando lo tendrá la Secretaría de la Defensa.

No sorprende que López Obrador haya decidido militarizar formalmente a la policía. A pesar de lo “inconveniente” de la solución, quizá no hay otra opción en la actualidad para enfrentar al crimen organizado. Pero hay dos problemas. Uno es que la militarización será permanente, cuando lo recomendable es usar a las fuerzas armadas de forma temporal mientas se crea una policía federal eficaz. El otro es que la solución es inconstitucional, lo cual no arredra a López Obrador, quien pidió a los líderes del Congreso que enmienden la Constitución para dar cabida al proyecto.

Otros de los ejes del Plan de Seguridad no tendrán un impacto significativo en la delincuencia. Los programas de desarrollo y bienestar pueden ser muy positivos, pero no disminuyen la inseguridad. La idea de que los pobres cometen más crímenes es falsa. Varios estados pobres, como Chiapas, Oaxaca y Yucatán, tienen índices de inseguridad inferiores a entidades más prósperas, como Sinaloa, Tamaulipas o Quintana Roo.

Regenerar la ética de la sociedad a través de una constitución moral es un ejemplo más de cómo las expresiones de buena voluntad reemplazan al sentido común. La ética de la sociedad no se recupera a través de una constitución sin fuerza de ley.

Erradicar la corrupción es un objetivo importante y válido, aunque no está muy claro que las medidas que se han anunciado sean las mejores para lograrlo. El que haya un Presidente honesto no garantiza que no haya corrupción, tampoco el que se bajen los ingresos de los altos funcionarios. Pero la corrupción y la inseguridad son temas distintos, excepto por la facilidad con la que los delincuentes han podido sobornar a los encargados de la seguridad. El nuevo programa, sin embargo, no dice cómo se evitará.

Otros ejes del programa son más positivos. Se propone, por ejemplo, reformular el combate a las drogas. Esta es una medida indispensable para eliminar los incentivos que la prohibición ha generado no sólo para el mercado negro sino para la expansión de la violencia. Una política que considere el consumo de drogas como un problema de salud pública, que debe enfrentarse con educación, sería mucho más eficaz que el uso de la fuerza.

La inseguridad es una de las razones principales del triunfo electoral de López Obrador. Los dos gobiernos anteriores encontraron en este tema sus mayores derrotas. A todos nos conviene que el nuevo régimen tenga éxito donde fallaron los anteriores. Pero no se ven en el nuevo plan elementos que nos den certeza de que el nuevo Gobierno tiene una visión más clara en este tema que los anteriores.

OCURRENCIAS

Siguen las ocurrencias de Ricardo Monreal. Ayer anunció una iniciativa para prohibir al Gobierno contratar asesorías privadas, porque en cinco años se pagaron más de 280 mil millones de pesos por ello. Supongo que hay asesorías buenas y malas, pero prohibirlas todas puede volver mucho más ineficiente al Gobierno.
15 Noviembre 2018 04:02:00
¿Quién manda aquí?
Andrés Manuel López Obrador afirmó este 12 de noviembre, en vísperas de su cumpleaños, que esperaba vivir seis años más porque es el tiempo que piensa permanecer en el poder. La declaración es significativa porque, aun antes de rendir protesta, se ha advertido en redes sociales que el presidente electo podría modificar la Constitución para reelegirse como Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia o Daniel Ortega en Nicaragua.

Supongo que López Obrador tiene el suficiente conocimiento de nuestra historia como para no pretender reelegirse, pero es evidente que está dando a la Presidencia poderes que esta no tenía desde los tiempos del viejo PRI. “Yo no voy a ser florero –dijo en un video el 30 de octubre–, no estoy de adorno, yo traigo un mandato de los mexicanos”. En ese video el tabasqueño tenía al lado, ¿casualmente?, una pila de libros sobre los que destacaba ¿Quién manda aquí?, un volumen de ensayos sobre la crisis de la democracia representativa, entre ellos uno del expresidente del Gobierno español, Felipe González, quien señala ahí: “Quizá parte de la crisis de gobernanza de la democracia representativa sea una crisis del fundamento de la vida en democracia, que es el diálogo. No monólogos sucesivos, sino el esfuerzo para comprender al otro”.

No parece que López Obrador haya leído con demasiada atención las palabras del estadista español. Cada vez parece más empeñado en acabar con el diálogo que la democracia impuso sobre los grupos políticos del país para volver a los monólogos sucesivos.

La nueva Ley de Administración Pública es un paso en esa dirección. Morena violó los reglamentos internos de la Cámara de Diputados para aprobar la legislación que, entre otras cosas, crea los nuevos superdelegados federales, los cuales ya no tendrán que cumplir requisitos como contar con títulos profesionales o experiencia, ni siquiera un certificado de falta de antecedentes penales. El presidente los nombrará a discreción y manejarán los programas sociales federales, sin sujetarse a las reglas institucionales que hoy existen, además de que serán secretarios técnicos de las reuniones estatales de seguridad. Serán verdaderos procónsules del presidente en los estados, con tanto poder como los gobernadores, quizá en violación del pacto federal.

El trato entre el nuevo presidente y los empresarios ya quedó delineado con la cancelación unilateral del aeropuerto de Texcoco y su oferta de compensar a los contratistas con nuevas obras. La Ley de Obras Públicas prohíbe al Ejecutivo entregar proyectos sin licitarlos, pero cuando el presidente controla el Congreso puede modificar cualquier ley que le estorbe.

El presidente electo está también tratando de debilitar al Instituto Nacional Electoral, la institución que desde sus tiempos como IFE permitió a México tener una verdadera democracia e hizo posible acabar con la hegemonía del PRI. La consulta sobre el aeropuerto y las que hará sobre otros proyectos buscan mandar el mensaje de que el INE no es indispensable, que Morena podrá ser juez y parte de consultas dentro de un sistema de democracia directa.

López Obrador no quiere ser florero ni gobernar como los presidentes acotados de los últimos tiempos. Está buscando construir un sistema sin contrapesos en el que nadie pueda preguntarle: ¿Quién manda aquí?

Renuncias

Roberto del Cueto anunció su renuncia como subgobernador del Banco de México por supuestos motivos de salud, pero la decisión parece provocada por la reducción de sueldos ordenada por AMLO. Renunció también de manera anticipada Juan Carlos Zepeda a la presidencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. ¿Es el principio del fin de las instituciones
autónomas?
14 Noviembre 2018 04:00:00
Aflojado en terracería
Ayer Andrés Manuel López Obrador cumplió 65 años. La verdad es que se le ve joven y con mucho entusiasmo de asumir la Presidencia, a pesar de haber sufrido un infarto en 2013. Este pasado 12 de noviembre declaró, “Que la naturaleza, el creador, la suerte me dé cuando menos seis años de vida, los que aspiro a estar en el Gobierno. Yo ya no me pertenezco, estoy al servicio de la nación.”

López Obrador será el presidente de más edad en el país en más de un siglo de historia. Cuando se peleaba la sucesión de Miguel Alemán Valdés se decía que “hasta el viejito de Ruiz Cortines” quiere ser presidente, pero no sólo quiso, sino que lo logró en 1952. Don Adolfo, sin embargo, tenía entonces 62 años, tres menos que López Obrador.

Venustiano Carranza, por su amplia y blanca barba, parecía un hombre de avanzada edad, pero contaba sólo con 54 años cuando asumió la Presidencia en 1914. Para encontrar a un mandatario de mayor edad que López Obrador habría que remontarse a 1913, cuando el golpista Victoriano Huerta, de 67 años, tomó el poder tras derrocar y asesinar a Francisco I. Madero. En el siglo 19 hubo otros sexagenarios: Valentín Gómez Farías fue presidente a los 65 en 1846 y Juan N. Álvarez a la misma edad en 1855. José Ignacio Pavón juró el cargo en 1860 a los 69; ha sido el presidente mexicano de mayor edad al tomar la Presidencia.

En otros países son comunes los gobernantes con edades bastante más avanzadas. El primer ministro malasio Mahathir Mohamad tiene 93, la reina Isabel de Inglaterra 92, el presidente Beji Caid Essebsi de Túnez 91 y el presidente Paul Biya de Camerún 85. El estadunidense Donald Trump no está entre los más viejos, pero tiene 72 años.

Los presidentes mexicanos han sido sorprendentemente jóvenes. Lázaro Cárdenas tenía 39 años al jurar el cargo; Carlos Salinas 40; Ernesto Zedillo 42; Felipe Calderón 44 y Enrique Peña Nieto 46. El Presidente más viejo de los últimos sexenios ha sido Vicente Fox con apenas 58. Algunos gobernantes del siglo 19 eran todavía más jóvenes. Miguel Miramón, el presidente conservador, tenía sólo 27 cuando ocupó el cargo por primera vez en 1859 (su oponente Benito Juárez lo hizo en 1858 a los 51). Iturbide fue emperador en 1821 a los 38; Antonio López de Santa Ana presidente a los 39, Maximiliano de Habsburgo emperador a los 31 años.

En el turbulento período revolucionario, las edades de los presidentes eran muy bajas. Madero tenía 38 años al jurar en 1911; Eulalio Gutiérrez 33; Roque González Garza 29; Francisco Lagos Cházaro 36 y Adolfo de la Huerta 39. Incluso Álvaro Obregón, que aparentaba mayor edad, contaba con 40 años en 1920.

El mismo López Obrador ha hecho con frecuencia bromas sobre su edad. En la campaña de 2012, cuando la panista Josefina Vázquez Mota lo cuestionó por haber pertenecido al PRI en los primeros años de su trayectoria política, a pesar de las matanzas de 1968 y 1971, respondió, “En 1971, yo estaba en primero de preparatoria, estaba yo muy jovencito. Aparento más edad. Tengo sólo 58 años, lo que pasa es que estoy aflojado en terracería.”

A los 65, López Obrador será el presidente de más edad desde 1913, pero no se le ve cansado. Al contrario, está llegando a la Presidencia con un ímpetu arrollador, el cual le genera popularidad entre sus seguidores. Es verdad que a muchos preocupan sus medidas, como la cancelación del aeropuerto, pero no es culpa de la edad, sino de su ideología y de la manera en que toma sus decisiones.

Incertidumbre

Siguen bajando los mercados por la incertidumbre sobre las políticas económicas del nuevo gobierno. Ayer la Bolsa cayó 2.05% y el peso se cotizó a 20.80 en ventanillas bancarias. Se espera que el Banco de México anuncie hoy una nueva alza en la tasa de interés.
13 Noviembre 2018 04:02:00
Un bloqueo más
Miles de personas no pudieron llegar ayer a sus clases o trabajos en la Ciudad de México. Todo el día estuvo bloqueada la autopista México-Pachuca, uno de los principales accesos a la capital. En redes sociales la gente expresaba su angustia. Muchos perdieron su día de trabajo, sus clases o sus citas médicas. Los más afectados fueron los trabajadores de escasos recursos a los que se les descontó el día por no haber llegado a laborar.

En los reportes informativos se hablaba de que la población de San Juan Ixhuatepec, o San Juanico, en Tlalnepantla, Estado de México, se había volcado a la autopista para bloquearla en protesta por un operativo de la policía capitalina. En realidad, sólo un centenar de personas participó en el bloqueo, muchos encapuchados que actuaron con gran violencia. Quemaron una patrulla y una motocicleta. Cuando algún grupo de policías se acercaba, lo recibían con piedras y palos. Los bloqueadores no tenían ni escuelas ni trabajos a los que acudir, por eso pudieron quedarse tanto tiempo resguardando sus
barricadas.

Los manifestantes exigían hablar con el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Raymundo Collins. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México difundió un comunicado en el que señalaba que la SSP capitalina se había comprometido a realizar una investigación sobre el operativo, que afirmaba, fue producto de la persecución de un grupo delictivo que acababa de asaltar una gasolinera en los límites entre la Ciudad de México y Tlalnepantla.

No sorprendería que, efectivamente, se hubiera realizado este asalto. Es muy común que los delincuentes realicen acciones ilegales en la Ciudad de México y huyan al vecino estado. Esto les garantiza impunidad. Hay videos, sin embargo, que muestran a un contingente de granaderos, que no son los policías que participarían en una persecución en flagrancia, golpeando a aparentes residentes de San Juanico, uno de ellos en el suelo, a quien le roban un celular.

Aun cuando el operativo haya sido incorrecto, el bloqueo hizo un daño enorme a miles de personas que no han cometido más delito que tratar de trabajar o estudiar. Estos bloqueos se han convertido en una forma cada vez más común de protestar o de extorsionar. Lo hemos visto en estados como Chiapas, Oaxaca y Michoacán. Las autoridades se muestran cada vez más reticentes a intervenir. Los policías arriesgan la vida cuando lo hacen, pero además corren el riesgo de ser destituidos o sancionados por liberar las vías de comunicación. Las comisiones de derechos humanos protegen a los activistas, pero no se preocupan por los policías ni por la gente común y corriente afectada por estas acciones.

Los bloqueos serán cada vez más comunes debido a que gozan de impunidad y son muy rentables. El resultado, sin embargo, es una incertidumbre cada vez mayor de la gente que quiere trabar.

El Estado mexicano se debilita cada vez más. Si alguien piensa que está triunfando una justicia popular, está equivocado. Quienes se benefician de los bloqueos son siempre los corruptos líderes de grupos de choque. Los funcionarios simplemente dejan pasar la tormenta, pero a ellos no se les descuentan los días de trabajo. Las víctimas son quienes sí tienen necesidad de trabajar. Pero esa gente no les interesa ni a los caciques ni a los funcionarios ni a las comisiones de derechos humanos.

Monreal y la crisis

El viernes 9 de noviembre la Bolsa se recuperó cuando López Obrador dijo que no se harían cambios en la ley bancaria en sus primeros tres años de gobierno. Pero Ricardo Monreal insiste en prohibir las comisiones bancarias. Ayer volvió a tirar la Bolsa, que perdió 2.15 por ciento, y el peso, que se ubicó en 20.65 en ventanillas bancarias. Le urge provocar una crisis financiera.
12 Noviembre 2018 04:02:00
Prohibir comisiones
Este viernes pasado se publicó un anuncio en algunos periódicos: “Invertir mi aguinaldo ahora es posible desde 2 mil 500 pesos. Invierte en Pagaré Citibanamex a un plazo de 90 días y recibe hasta un 8.5% de rendimiento”.

El banco mexicano que colocó el anuncio es filial de Citi, una institución que ofrece términos muy distintos en sus depósitos en Estados Unidos. Para empezar, los 2 mil 500 pesos de la oferta equivalen a 122.55 dólares (a 20.40 por dólar, aunque el peso se está depreciando a una velocidad cada vez mayor), lo cual no alcanza para un certificado de depósito (CD), el equivalente del pagaré. En estados como Texas el monto mínimo es de 500 dólares, en California mil y en la ciudad de Washington 2 mil 500 dólares (mybanktracker.com). Pero suponiendo que uno tenga la cantidad mínima para el CD, ¿qué rendimiento daría? Por 90 días, 0.5%, sin importar el monto, aunque fuera más de un millón de dólares.

Por lo menos, me dicen, no se cobran comisiones bancarias en Estados Unidos, ¿verdad? Falso. Una cuenta básica de cheques o de ahorro, que sí permite depósitos a partir de 100 dólares, tiene una comisión de 12 dólares mensuales, a menos que se mantenga un saldo superior a los mil 500 dólares. El retiro de efectivo en cajeros automáticos que no son del banco emisor genera comisiones que van de 1.50 hasta 10 dólares.

Quizá el coordinador de los senadores de Morena debería convencer a sus colegas en Estados Unidos, si no le molesta que se rían un poco de él, que promulguen leyes que den a los usuarios bancarios en Estados Unidos el mismo trato que en México. Un depósito de 122.55 dólares a 90 días en Nueva York o California debería dar también un rendimiento del 8.5% anual por decreto gubernamental. Se reirían de él porque, quizá con excepción de los más fervientes seguidores de Trump, los legisladores estadunidenses entienden que cada mercado tiene sus características. Es posible que se cobren más comisiones bancarias en México que en Estados Unidos, aunque no estoy tan seguro, pero las condiciones de mercado son muy distintas.

La tasa básica de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos es de 2.25% anual, mientras que la tasa objetivo del Banco de México está en 7.75%. En la Unión Americana, un banco puede recuperar en 3 o 4 meses un automóvil o una vivienda que sirvan de garantía a un préstamo no pagado, pero en México el juicio puede llevarse años y en ese tiempo la garantía puede perder su valor. Una de las razones de que los bancos en México dependen más de las comisiones es, en efecto, la dificultad de recuperar garantías de préstamos.

Deben ser los bancos y los clientes los que determinen, en un sistema de libertad, los precios de los servicios. Un Gobierno que pretende fijar precios de manera discrecional generará distorsiones de mercado. Si se prohíbe cobrar por retiros en cajeros automáticos, desaparecerán los cajeros de las zonas más pobres y se elevará el precio de otros servicios, como los créditos.

Si algo han demostrado las iniciativas financieras de Morena en el Congreso, como prohibir las comisiones bancarias o confiscar las reservas internacionales del Banco de México, es la ignorancia económica. Hasta ahora el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y el futuro secretario de hacienda, Carlos Urzúa, han salido a paso y descartado las medidas. Pero a nadie tranquiliza que los legisladores de la mayoría sean tan ignorantes.

¿Nueva crisis?

Los inversionistas no se preocuparon en la campaña por AMLO, quien sostenía que aumentaría el gasto sin elevar impuestos ni el déficit. La cancelación del NAIM y la amenaza de prohibir las comisiones bancarias, sin embargo, empiezan a empujar al país a una nueva crisis financiera.
09 Noviembre 2018 04:02:00
Prensa enemiga
Donald Trump ha dicho que la prensa que lo cuestiona, aquella que, según él, miente para afectarlo, o sea, toda menos Fox News, es el “verdadero enemigo del pueblo”. Jair Bolsonaro, el ultraderechista presidente electo de Brasil, ha cuestionado a la prensa que dice que quiere perjudicarlo y ha señalado que Folha de São Paulo, el principal periódico del país, “se acabó”, porque le aplicará un boicot de publicidad gubernamental. Andrés Manuel López Obrador usa el término “prensa fifí” porque afirma que los escritores y columnistas que lo critican tienen un pensamiento conservador y proceden de la prensa servil del régimen porfirista; “se los voy a seguir diciendo porque son herederos de este pensamiento y proceder”.

Las diferencias entre la prensa y los gobernantes son no solo naturales, sino sanas. Los medios de comunicación tienen la obligación de ofrecer una visión crítica de cualquier gobierno. Cuando se pierde esa distancia, la crítica se convierte en complicidad y la prensa pierde su razón de ser. Los reporteros y los políticos necesitan convivir y dependen unos de otros, pero la convivencia es siempre incómoda. “Ya sé que no aplauden”, dijo un molesto Enrique Peña Nieto, cuando pensaba que nadie lo escuchaba, en 2015, ante los reporteros de Los Pinos que, efectivamente, no aplauden ante los discursos de los mandatarios.

Los gobiernos en México han mantenido por un lado un discurso de respeto al derecho a la libertad de expresión, incluso con celebraciones en fechas conmemorativas, pero lo han acompañado de políticas destinadas a premiar a algunos medios que consideran favorables y a castigar a los que ven como críticos. Una nueva Ley de Comunicación Social promulgada este año obligaría a los medios a inscribirse en un padrón para recibir publicidad oficial, pero deja todavía, a ojo de muchos, una excesiva discrecionalidad en la forma en que se pueden usar los presupuestos de promoción del Estado. El presidente electo López Obrador ha anunciado que reducirá a la mitad los presupuestos de publicidad oficial, pero no ha señalado que piense hacer cambios a los criterios con los que se aplican estos recursos.

En Estados Unidos los gobiernos gastan muy poco en publicidad oficial, por lo que el tema no ha sido materia de debate. La libertad de prensa, sin embargo, es un derecho valorado por la ley y por la tradición política del país. La primera enmienda a la Constitución estadunidense establece que “El Congreso no hará leyes. que restrinjan la libertad de expresión o de prensa”, lo cual ha sido uno de los pilares fundamentales de toda la estructura política y jurídica del país.

Muchos presidentes de los Estados Unidos y de México se han sentido molestos con la cobertura de los medios o los comentarios de los editorialistas, pero muy rara vez han abandonado el discurso oficial de defensa del derecho a la libertad de prensa. Un caso notable fue el de José López Portillo, quien dijo, como el Bolsonaro del Brasil de hoy, “no pago para que me peguen”. Los ataques constantes de Trump a los medios de fake news o los de López Obrador a la prensa fifí son inusitados y preocupantes.

Estamos viviendo tiempos complicados para la libertad de prensa. Los tres países más populosos de América tendrán pronto gobernantes populistas que han expresado su incomodidad ante la crítica. El que un gobernante exprese sus puntos de vista, y descalifique a quienes piensan diferente, no debería causar preocupación, pero el temor es que suframos nuevos períodos de censura y represión.

PEGAR A MERCADOS

Parece que los legisladores de Morena querían empezar el sexenio golpeando a los mercados nacionales. La iniciativa para restringir las comisiones bancarias tiró ayer las acciones de la BMV.
08 Noviembre 2018 04:02:00
El empate
El resultado final es lo más cercano a un empate que pueda haber. El Partido Demócrata arrebató el control de la Cámara de Representantes a los republicanos y también ganó 23 gobiernos estatales, siete más que antes; pero los republicanos no sólo mantuvieron el Senado, sino que ampliaron su mayoría, y obtuvieron 25 gobiernos estatales. El partido en el poder no sufrió la derrota contundente que algunos habían previsto. Por eso el presidente Donald Trump pudo festejar este 7 de noviembre: “Ayer fue una gran victoria y todo bajo la presión de unos medios sucios y hostiles.”

El partido del Presidente suele ceder terreno en las elecciones intermedias en Estados Unidos. Entre 1910 y 2014 la pérdida fue en promedio de 30 escaños en la Cámara de Representantes y cuatro en el Senado. Los presidentes con una aprobación menor al 50% han tenido golpes todavía mayores: 37 representantes desde 1946 (Gallup). Los demócratas de Barack Obama cedieron 63 asientos en 2010 y los de Bill Clinton 53 en 1994.

Si consideramos que Trump tiene una aprobación de 40%, y que ha promediado 39% en su gobierno (Gallup), era de esperarse una derrota contundente. Con las cifras todavía incompletas disponibles al escribir este artículo, los demócratas han aumentado en 26 sus representantes y en siete sus gobernadores, pero los republicanos han sumado dos nuevos senadores. No es una gran victoria, como dice Trump, quien está acostumbrado a mentir, pero sí una derrota menos contundente de la que podía esperarse.

En términos prácticos, el resultado debilita a Trump. Un Presidente populista con mayoría en ambas cámaras del Congreso resultaba realmente peligroso para la Unión Americana y para el mundo. A partir de 2019, sin embargo, la Cámara de Representantes será un contrapeso al Mandatario. Este nuevo cuerpo legislativo, por ejemplo, no le aprobará a Trump su soñado muro en la frontera con México. Por otra parte, la nueva mayoría puede oponerse a la aprobación del nuevo tratado comercial con México y Canadá, lo cual tendría la ventaja de mantener en vigor, cuando menos de manera temporal, el actual, que es bastante mejor, pero generaría incertidumbre y reduciría la inversión de largo plazo.

La Cámara de Representantes puede iniciar una investigación sobre el presidente Trump y promover un juicio político en su contra, pero sería imposible obtener la mayoría de dos terceras partes en el Senado para condenarlo y destituirlo.

Trump considera los resultados de este 6 de noviembre como un triunfo porque el simple hecho de que no fue derrotado, a pesar de su baja aprobación personal, lo pone en camino de la reelección en 2020. Los presidentes estadunidenses en funciones suelen sufrir derrotas en las votaciones intermedias, pero es muy difícil vencerlos en los intentos de reelección. El empate se convierte así en el lanzamiento de la campaña de Trump para 2024.

El resultado ratifica que estamos viviendo tiempos en que los populistas tienen mejores posibilidades que nunca de ganar y mantener el poder. Las posiciones moderadas ya no atraen la atención de los electores, ni en Estados Unidos, ni en México, ni en muchos otros países. La gente quiere soluciones mágicas; y los ciudadanos que se vuelven adictos a las promesas de los populistas están dispuestos a salir a votar en mayor número, por lo que pueden derrotar a quienes sufragan a favor de los candidatos moderados.

ENEMIGO DEL PUEBLO

Ayer Trump acusó al reportero Jim Acosta de grosero y añadió: “Cuando reportas noticias falsas, cosa que CNN hace mucho, eres un enemigo del pueblo”. No es, sin embargo, el único populista que dice que sólo él representa al pueblo.
07 Noviembre 2018 04:01:00
Sueldos por decreto
Andrés Manuel López Obrador ha encontrado la clave para hacer de México un país rico sin esfuerzo. “Los aumentos al salario nunca serán inferiores a la inflación”, afirmó el 5 de noviembre. No será el primer gobernante mexicano que trate de hacerlo. Luis Echeverría ordenó aumentos a los salarios mínimos superiores a la inflación a lo largo de su sexenio, pero en lugar de inaugurar una nueva era de prosperidad provocó una crisis económica y una escalada inflacionaria que provocaron mayor pobreza.

López Obrador ha pedido a los legisladores de Morena que plasmen en una nueva ley los aumentos de los salarios por arriba de la inflación: “Quiero que cuando menos se ponga un renglón que diga: los aumentos al salario nunca serán inferiores a la inflación. Lo voy a decir porque aquí no nos escuchan, aquí no nos ven: que entre todos le demos una cachetada con guante blanco a la política neoliberal”.

No hay certeza acerca de si López Obrador se refiere a los sueldos mínimos o a los generales. Hasta ahora los mínimos han sido definidos por una organización cuasi gubernamental, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pero los demás han quedado sometidos a la ley de la oferta y la demanda. En su Proyecto de Nación 2018-2024 López Obrador prometía un aumento anual del sueldo mínimo de “15.6% más inflación, para llegar al fin de sexenio a la cifra de 171 pesos diarios más la inflación que se haya generado en el proceso”. En la actualidad, el mínimo se ubica en 88.36 pesos por lo que estaríamos hablando de una virtual duplicación.

En cuanto a los demás sueldos, el Proyecto de Nación “propone establecer una certificación de trabajo justo que permita reconocer de manera pública a las empresas y empleadores que cubran salarios dignos a sus trabajadores, a partir de estándares previamente fijados por un grupo de especialistas que esté integrado por académicos y sociedad civil, tomando en consideración la rama de industria o actividad, la región y el tamaño de la empresa”. Suena a una pesadilla burocrática.

López Obrador está convencido que los salarios se pueden elevar por decreto o por presiones del Gobierno a las empresas. La experiencia nos dice, sin embargo, que estas medidas no sólo no producen prosperidad por arte de magia, sino que pueden tener consecuencias negativas. Echeverría llevó el salario mínimo en 1976 a su nivel más alto de la historia, un equivalente de 340 pesos diarios de la actualidad, lo cual sólo sirvió para generar una explosión inflacionaria e iniciar un largo descenso del poder de compra, no sólo del mínimo sino de los salarios generales.

Ante una creciente inflación en los años setenta y ochenta, que devastaba el poder de compra de los salarios y amenazaba con volverse endémica, se optó por aumentar el salario mínimo menos que la inflación. Las consecuencias fueron positivas después de algún tiempo. Por una parte, se controló la inflación, la cual se redujo gradualmente a niveles similares a los de los países desarrollados; pero, además, los sueldos promedio se despegaron de los mínimos. Hoy el sueldo promedio registrado en el IMSS, de 351.80 pesos diarios en septiembre, es cuatro veces superior al mínimo.

Una ley que obligue a que los aumentos salariales sean superiores a la inflación no generará prosperidad. Reinstaurará una inflación alta y la hará endémica. Al final saldrán perjudicados quienes menos tienen.

K fallida

Lo peor del corte de agua de 150 horas en el sistema Cutzamala es que el esfuerzo no sirvió de nada. La pieza de conexión, la K invertida, tuvo que ser retirada para dejar funcionando sólo la línea 1. Conagua no ha revelado qué falló, pero lo sucedido es símbolo de un sexenio precedido por una campaña que decía que los priistas sí sabían gobernar.
06 Noviembre 2018 04:02:00
Prensa progre o fifí
No es inusitado que el semanario Proceso haya dedicado una portada editorializada a cuestionar a un político. El titular de esta semana, “AMLO se aísla: El fantasma del fracaso”, es típico de la revista, solo que no ataca a un presidente del PRI o del PAN, sino a Andrés Manuel López Obrador.

La portada refleja una opinión de Diego Valadés, el constitucionalista, expresada en una entrevista con Álvaro Delgado. La revista no hace ningún esfuerzo por aclararlo: simplemente presenta una fotografía de un preocupado López Obrador acompañada de esa cabeza.

Los simpatizantes de la izquierda aplaudían las golpeadoras portadas de Proceso cuando etiquetaban a otros mandatarios, pero no consideran hoy aceptable cuestionar a un presidente electo de su misma ideología. La revista, lectura de cabecera de la izquierda durante 42 años, se convierte así en una traidora a la causa, especialmente porque Julio Scherer Ibarra, hijo del fallecido fundador y gran patriarca de Proceso, Julio Scherer García, será consejero jurídico de la Presidencia en el gobierno de López Obrador.

Yeidckol Polevnsky, presidenta de Morena, comentó en Twitter: “El problema no es convertir una disparatada opinión personal en una desafortunada frase de portada, ni hay ningún ataque a la libertad de expresión, el problema es que una revista que fue progresista desató el repudio y la indignación popular.” Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador, opinó: “Todavía no toma posesión y ya está ‘solo’ y a punto del ‘fracaso’. El conservadurismo, de izquierda o de derecha, nubla el juicio y da pie a conjeturas fantasiosas. Los extremos pueden tocarse y abrazarse. Bienvenida la pluralidad y el debate. Lo bueno es el desenmascaramiento.”

Rafael Rodríguez Castañeda, director de Proceso, escribió en 2017 con motivo de los 40 años de fundación del semanario: “Quiero establecer el compromiso de Proceso de seguir siendo lo que al poder molesta y obsesiona: una parte sustancial de la conciencia crítica de nuestro país.” Supongo que la negativa portada sobre López Obrador buscaba mandar precisamente ese mensaje al nuevo gobierno, el cual se vuelve más significativo porque La Jornada, la otra gran publicación de la izquierda, se unió a las alabanzas a Enrique Peña Nieto debido a que este Gobierno la rescató de la quiebra.

La portada de Proceso es cuestionable. Tomar una frase de una opinión y colocarla como titular sin ninguna atribución no es una buena práctica periodística, aunque es lo que ha acostumbrado la revista durante décadas. Pero no se puede cuestionar la práctica solo cuando afecta a un presidente “progresista”.

El propio López Obrador ha declarado que los editores de Proceso “están en su derecho de opinar”. También ha buscado conciliar con otros medios. En una entrevista privada con Denise Maerker declaró que Televisa “es extraordinaria para el país”. En distintas ocasiones, en cambio, se ha quejado de la prensa “fifí”, en la que incluye con particular frecuencia al Reforma. “Ya chole con las críticas” dijo recientemente, haciendo referencia a los cuestionamientos al Tren Maya.

A pesar de las críticas, los simpatizantes de la izquierda no creen que el semanario se vaya a hacer “fifí”. “Proceso siempre ha sido progresista –me dijo ayer Polevnsky–. Siempre nos ha apoyado.” No creo, sin embargo, que la función de la prensa sea apoyar a un partido político.

Beneficiados

Los republicanos en Estados Unidos se verán beneficiados en las elecciones intermedias de hoy por la caravana migrante, que infunde terror a muchos electores, y por el crecimiento económico de 3.5%, que mucho debe al recorte de impuestos de Trump. Quizá conserven el Senado.
05 Noviembre 2018 04:01:00
¡Legalizar ya!
La Suprema Corte de Justicia ya estableció jurisprudencia. El Gobierno no puede limitar el “autoconsumo” de mariguana “con fines lúdicos o recreativos” porque la prohibición provoca “una afectación innecesaria y desproporcionada en el derecho al libre desarrollo de la personalidad. en comparación con el grado mínimo de protección a la salud y al orden público que alcanza esa medida”.

La decisión la tomó la primera sala de la Suprema Corte el 4 de noviembre de 2015 en el amparo en revisión 237/2014. El ponente fue Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien contó con el respaldo de otros tres ministros, entre ellos la hoy senadora y futura secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero. El único voto en contra fue de Jorge Pardo Rebolledo, quien, sin embargo, objetaba no el fondo del fallo, sino la falta de claridad en temas secundarios, como las reglas para la lícita adquisición de la mariguana.

La decisión sentó ya jurisprudencia tras una serie de fallos concurrentes, pero persisten las dudas prácticas planteadas por el ministro Pardo. De nada sirve que la Corte declare inconstitucional la prohibición al consumo, si se mantienen la del comercio y la del cultivo, transporte o posesión para propósitos comerciales. En este momento, quienes han ganado juicios de amparo pueden consumir mariguana, “pero nosotros –dice la senadora Sánchez Cordero– vamos a caminar en la normativa que pueda implicar ya la producción, la comercialización y la distribución de la mariguana”.

La prohibición ha sido una de esas medidas que los gobiernos toman con el argumento paternalista de que saben más lo que conviene a los gobernados que ellos mismos. No ha sido ni la primera ni la última. La prostitución, el sexo fuera del matrimonio, el alcohol, la homosexualidad o la creencia en “dioses falsos” han sido prohibidos por gobiernos en distintos momentos. En la Inglaterra del siglo 19 el intento de suicidio se castigaba con la muerte por horca.

La prohibición de la mariguana no ha producido una disminución en el consumo, pero sí ha generado un mercado negro que se ha traducido en crimen y violencia. Dos de los últimos presidentes del país, Ernesto Zedillo y Vicente Fox, han reconocido que se equivocaron al combatir la mariguana a través de la fuerza. Incluso Felipe Calderón dijo el 26 de septiembre de 2012, casi al final de su mandato, que la Organización de las Naciones Unidas debe hacer “una valoración profunda de los alcances y de los límites del actual enfoque prohibicionista en materia drogas”.

La ONU no ha actuado, son demasiados los intereses que buscan mantener la prohibición. Sin embargo, hay un movimiento internacional hacia la legalización, cuando menos de la mariguana. Nueve estados de la Unión Americana ya la han despenalizado para uso recreativo y 30 para fines médicos. Uruguay y Canadá la han legalizado también, aunque con tantas restricciones que el mercado negro no ha desaparecido.

En México el fallo de la Suprema Corte abre las puertas para la legalización, pero hay mucho que cambiar en las leyes. Lo que no debemos olvidar es que el Estado no tiene derecho a prohibir nada a la persona por su propio bien. “La Constitución –ha señalado el ministro Zaldívar– permite que cada individuo elija su plan de vida y adopte el modelo de virtud personal que considere válido, en tanto no afecte a los demás.”

Encuestas

En vísperas de elecciones en Estados Unidos, la encuesta de ABC/Washington Post muestra a los demócratas adelante con 52% contra 44% de los republicanos. La de NBC/Wall Street Journal ofrece cifras de 50 contra 43%. Pero como en otras elecciones intermedias, el resultado será definido por la población que salga a votar.
02 Noviembre 2018 04:02:00
El pueblo manda
El presidente electo no tenía por qué inventar una falsa consulta popular. La construcción del aeropuerto de Texcoco empezó por una orden del Ejecutivo y puede detenerse por una orden similar. El propio Enrique Peña Nieto canceló la refinería de Tula iniciada por Felipe Calderón sin recurrir a una consulta y sin hacer ruido en los mercados.

Sin embargo, una de las características de los gobernantes populistas es que “afirman que tienen una conexión carismática directa con ‘el pueblo’. No les gustan las instituciones y buscan debilitar los equilibrios que limitan el poder personal de un líder en la democracia liberal moderna”, según apunta Francis Fukuyama (Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment).

Fukuyama se refería a Donald Trump, pero los populistas de todo el mundo actúan igual, al margen de las instituciones democráticas. Reciben órdenes directamente del pueblo. “Los mexicanos –dice Andrés Manuel– quieren que se les consulte, quieren que se les pregunte y lo mejor para no equivocarnos es preguntar”. No es López Obrador el único que manda obedeciendo. Hugo Chávez decía: “Mándeme el pueblo, que yo sabré obedecer”; el subcomandante Marcos declaró: “Que manden los que mandan obedeciendo”; incluso Gustavo Díaz Ordaz afirmaba: “Quien supo obedecer, sabrá mandar”.

Cuando los populistas enfrentan problemas no los resuelven en los tribunales, negocian personalmente con los afectados. Trump amenaza a las empresas que toman medidas con las que no está de acuerdo, como las que mudan plantas a México, y alaba a las que lo obedecen. López Obrador acusa de corrupción a las compañías que han participado en la construcción del aeropuerto de Texcoco, pero se reúne con sus directivos para tranquilizarlos, como Alberto Pérez Jácome de Hermes y Guadalupe Philips de ICA. Al igual que los ejecutivos de las firmas estadunidenses con los que Trump se sienta a hablar, los mexicanos se ven obligados a expresar públicamente su apoyo al “Señor Presidente”. Sus empresas dependen de los contratos del Gobierno; no tienen más opción que aceptar la garantía personal del futuro mandatario que los compensará por sus pérdidas, quizá con otros contratos.

Los contratos cancelados, sin embargo, deben compensarse en los términos del propio contrato, como en el caso del tren interurbano de Querétaro. Si bien el nuevo presidente tiene la facultad de cancelar la construcción del aeropuerto, no puede compensar las pérdidas otorgando contratos de manera discrecional. Lo que se construya en Santa Lucía tendrá que ser licitado, porque así lo ordena la ley.

Los gobernantes populistas afirman que son necesariamente buenos y sus enemigos serán siempre perversos. Trump lo reitera en cada tweet y en cada discurso. López Obrador, también, afirma que los gobernantes anteriores no “tienen llevadera”, pero él, con su ejemplo de hombre honesto, hará que la corrupción desaparezca.

Esta semana afirmó que había encontrado un proyecto para convertir los terrenos del actual aeropuerto en un nuevo Santa Fe, lo cual explicaría por qué las empresas se oponen a la cancelación de Texcoco. No explicó que los terrenos son federales y el uso de suelo lo decide el Gobierno capitalino, por lo que los únicos que podrían hacer negocio ahí serían él y Claudia Sheinbaum.

La cancelación del aeropuerto es importante, pero la forma lo ha sido más. El presidente electo nos está diciendo cómo va a gobernar. Y no es precisamente que el pueblo vaya a mandar.

Mariguana legal

Ya hay jurisprudencia. Los fallos de la Suprema Corte han sentado los precedentes necesarios para que no se pueda castigar a nadie por usar mariguana para propósitos recreativos. Es un paso en la dirección correcta.
01 Noviembre 2018 04:01:00
Vivir sin agua
Ayer se quedó sin agua una parte importante del valle de México. La razón fue un corte total de la provisión del sistema Cutzamala. El corte se realiza para llevar a cabo un mantenimiento mayor en la planta número 5 de origen del Cutzamala: “Esta planta de bombeo –dice Roberto Ramírez de la Parra, director general de Conagua– tiene 30 años de funcionamiento y nunca ha tenido un mantenimiento mayor, y eso es lo que vamos a hacer, porque si falla, pararíamos totalmente el sistema Cutzamala”.

Podríamos estar tranquilos con esta información y pensar que el recorte no es más que una simple pausa indispensable para mantener un buen servicio en el futuro, pero sería engañarnos. El simple hecho de que una planta de bombeo no haya tenido mantenimiento mayor en 30 años es señal de lo que está mal con la forma en que nos estamos preparando para un futuro de escasez. En todo el mundo hay constantes trabajos de mantenimiento en los sistemas de agua, pero no se deja sin líquido durante varios días a una ciudad.

En los últimos años, los gobiernos federales y locales han desviado una parte creciente del gasto público a obras de relumbrón, como distribuidores viales y segundos pisos, y a programas sociales, como los subsidios a personas de la tercera edad, que fomentan la lealtad política y compran votos. Se han abandonado, en cambio, los servicios públicos a los que no se les puede poner una placa del gobierno, como el bacheo, o la infraestructura subterránea, como la del agua, que no se puede ver.

En la Ciudad de México y en muchos otros lugares del país los cobros no alcanzan a cubrir el costo real de extraer y distribuir el líquido. Los políticos establecen precios artificiales con el argumento de que el agua es un derecho humano y prometen que compensarán la pérdida de recursos con subsidios, los cuales nunca se materializan, por lo menos no en los montos necesarios para mantener las inversiones en los niveles adecuados para preservar y ampliar el servicio. Ésta es la razón por la cual la provisión de agua se ha venido deteriorando de manera constante en los últimos años en la Ciudad de México y en otros lugares del país.

No hay visos de que las cosas vayan a mejorar; por el contrario, todo parece indicar que empeorarán. El calentamiento global probablemente hará que sea más difícil obtener agua para la agricultura y para consumo humano, pero la falta de inversión hará que los equipos de bombeo, las redes de irrigación, las potabilizadoras, las tuberías y las plantas de tratamiento pierdan capacidad y se descompongan con mayor frecuencia. Ya las fugas desperdician 40% del agua en la Ciudad de México.

Las malas políticas públicas acelerarán el proceso. La nueva Constitución de la Ciudad de México ha prohibido la inversión privada en el manejo y mantenimiento de las redes de agua. El resultado ha sido la cancelación de obras de reparación, prevención y mejora que iban a ser realizadas por empresas privadas. Martí Batres de Morena, hoy presidente del Senado, ha presentado una iniciativa para extender esta prohibición a todo el país e impedir la inversión privada en cualquier trabajo que tenga que ver con el agua, como si tuviera sentido evitar la inversión en el producto más necesario de todos. Parecería que la nueva clase política tiene un interés especial en aumentar el problema de la falta de agua en nuestro país.

Negativa

Fitch Ratings bajó ayer la perspectiva de la economía mexicana de estable a negativa. La promesa de invertir en refinerías y dejar de exportar crudo de Pemex y la cancelación del aeropuerto de Texcoco han incidido en la decisión. La medida se reflejará en mayores pagos de interés por las deudas del Gobierno y las empresas de nuestro país.
31 Octubre 2018 04:00:00
Pecado de orgullo
Para los antiguos griegos el pecado de orgullo era la fuente de la tragedia. Prometeo fue encadenado y torturado por robar el fuego para entregarlo a los hombres. A Edipo se le castigó por matar a su padre y yacer con su madre, aunque lo haya hecho sin darse cuenta. Orestes fue perseguido por matar a su madre, Clitemnestra, quien a su vez asesinó a Agamenón, su esposo, por sacrificar a su hija Ifigenia.

Quizá el presidente electo de México debería revisar las viejas historias griegas. Una parte del problema que está enfrentado en el aeropuerto de Texcoco surge de esa hybris, el pecado de orgullo en que incurrían los personajes de las tragedias.

Esto puede sorprender porque Andrés Manuel López Obrador se ha presentado siempre como un político humilde. Al cancelar el aeropuerto afirmó que no había sido él, sino el pueblo sabio, el que tomó la decisión y añadió que va a gobernar siempre obedeciendo. A todo lo largo del proceso, sin embargo, ha mostrado el orgullo que los dioses castigaban en la literatura de la Grecia antigua.

Vicente Fox canceló ya una vez el aeropuerto de Texcoco, en 2002, sin que se hayan registrado turbulencias financieras o pérdida de confianza. También buscó reemplazar ese aeropuerto con el actual AICM suplementado por otros, como el de Toluca, el de Cuernavaca y el de Puebla. Toluca llegó a tener 5 millones de pasajeros en 2005, cuando en 2017 apenas manejó 789 mil. Varias razones explican por qué la primera cancelación de Texcoco no provocó daños financieros. La principal, por supuesto, es que la obra apenas comenzaba. Pero Fox no cometió el pecado de orgullo que ha afectado a la actual toma de decisión: reconoció simplemente una humillante derrota política ante los machetes de San Salvador Atenco.

López Obrador se ha opuesto al aeropuerto de Texcoco desde que gobernaba la Ciudad de México. Prometió en campaña que lo cancelaría sin importar el costo, aunque al percibir la enorme inquietud que causaba moderó su posición. Dijo entonces que estaría dispuesto a privatizarlo, para que su gobierno no tuviera que gastar dinero público, pero después afirmó que lo sometería a consulta popular. Al final no hizo ni una cosa ni la otra. Su consulta fue una simulación, con los dados cargados a favor de la cancelación, y después echó al pueblo la culpa de la decisión. Ahí radica el pecado de orgullo.

Como tantos protagonistas de tragedias griegas, López Obrador actúa con la arrogancia de quien se siente más allá de toda advertencia, como Agamenón al sacrificar a su hija Ifigenia. Quienes cuestionan sus dogmas son descalificados, mientras que aquellos que lo apoyan siempre tienen la razón, aun cuando él mismo falsee sus posiciones, como ocurrió con la empresa francesa NavBlue. La ceguera del orgullo lo lleva a llamar contratistas inmorales a quienes se oponen a sus designios, pero él sienta a su contratista de cabecera, José María Riobóo, en la conferencia de prensa en la que anuncia la cancelación de Texcoco.

El error de octubre no destruirá a México: cancelar un aeropuerto de 16 mil millones de dólares no borrará una economía de 1.1 billones de dólares anuales. El pecado de orgullo, empero, sí puede provocar crisis económicas. Lo ha hecho una y otra vez en la historia de México, cuando los presidentes han pensado que sus órdenes deben ser obedecidas, aunque violen las leyes de la economía, los preceptos de la sensatez o los dictados de la aeronáutica.

Tres ‘aereopuertos’

López Obrador prometió este 29 de octubre tener “tres aereopuertos [sic] en tres años”. Sin embargo, nada más el manifiesto de impacto ambiental y el proyecto ejecutivo de Santa Lucía se pueden llevar dos o tres años. ¿O acaso piensa hacer el trabajo sin el proyecto ejecutivo, como en la Línea 12 del Metro?
31 Octubre 2018 02:01:00
Pecado de orgullo
Para los antiguos griegos el pecado de orgullo era la fuente de la tragedia. Prometeo fue encadenado y torturado por robar el fuego para entregarlo a los hombres. A Edipo se le castigó por matar a su padre y yacer con su madre, aunque lo haya hecho sin darse cuenta. Orestes fue perseguido por matar a su madre, Clitemnestra, quien a su vez asesinó a Agamenón, su esposo, por sacrificar a su hija Ifigenia.

Quizá el presidente electo de México debería revisar las viejas historias griegas. Una parte del problema que está enfrentado en el aeropuerto de Texcoco surge de esa hybris, el pecado de orgullo en que incurrían los personajes de las tragedias.

Esto puede sorprender porque Andrés Manuel López Obrador se ha presentado siempre como un político humilde. Al cancelar el aeropuerto afirmó que no había sido él, sino el pueblo sabio, el que tomó la decisión y añadió que va a gobernar siempre obedeciendo. A todo lo largo del proceso, sin embargo, ha mostrado el orgullo que los dioses castigaban en la literatura de la Grecia antigua.

Vicente Fox canceló ya una vez el aeropuerto de Texcoco, en 2002, sin que se hayan registrado turbulencias financieras o pérdida de confianza. También buscó reemplazar ese aeropuerto con el actual AICM suplementado por otros, como el de Toluca, el de Cuernavaca y el de Puebla. Toluca llegó a tener 5 millones de pasajeros en 2005, cuando en 2017 apenas manejó 789 mil.

Varias razones explican por qué la primera cancelación de Texcoco no provocó daños financieros. La principal, por supuesto, es que la obra apenas comenzaba. Pero Fox no cometió el pecado de orgullo que ha afectado a la actual toma de decisión: reconoció simplemente una humillante derrota política ante los machetes de San Salvador Atenco.

López Obrador se ha opuesto al aeropuerto de Texcoco desde que gobernaba la Ciudad de México. Prometió en campaña que lo cancelaría sin importar el costo, aunque al percibir la enorme inquietud que causaba moderó su posición. Dijo entonces que estaría dispuesto a privatizarlo, para que su gobierno no tuviera que gastar dinero público, pero después afirmó que lo sometería a consulta popular. Al final no hizo ni una cosa ni la otra. Su consulta fue una simulación, con los dados cargados a favor de la cancelación, y después echó al pueblo la culpa de la decisión. Ahí radica el pecado de orgullo.

Como tantos protagonistas de tragedias griegas, López Obrador actúa con la arrogancia de quien se siente más allá de toda advertencia, como Agamenón al sacrificar a su hija Ifigenia. Quienes cuestionan sus dogmas son descalificados, mientras que aquellos que lo apoyan siempre tienen la razón, aun cuando él mismo falsee sus posiciones, como ocurrió con la empresa francesa NavBlue. La ceguera del orgullo lo lleva a llamar contratistas inmorales a quienes se oponen a sus designios, pero él sienta a su contratista de cabecera, José María Riobóo, en la conferencia de prensa en la que anuncia la cancelación de Texcoco.

El error de octubre no destruirá a México: cancelar un aeropuerto de 16 mil millones de dólares no borrará una economía de 1.1 billones de dólares anuales. El pecado de orgullo, empero, sí puede provocar crisis económicas. Lo ha hecho una y otra vez en la historia de México, cuando los presidentes han pensado que sus órdenes deben ser obedecidas, aunque violen las leyes de la economía, los preceptos de la sensatez o los dictados de la aeronáutica.

TRES 'AEROPUERTOS'

López Obrador prometió este 29 de octubre tener “tres aereopuertos [sic] en tres años”. Sin embargo, nada más el manifiesto de impacto ambiental y el proyecto ejecutivo de Santa Lucía se pueden llevar dos o tres años. ¿O acaso piensa hacer el trabajo sin el proyecto ejecutivo, como en la Línea 12 del Metro?


30 Octubre 2018 04:01:00
Habló la democracia
“Ganó la democracia y ganó el pueblo de México, y viva México”. Así cerró ayer Andrés Manuel López Obrador la conferencia en la que ratificó la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco. Es una paradoja ante una consulta organizada por simpatizantes de Morena en la que participó apenas 1% de los ciudadanos con reglas sesgadas para favorecer a Santa Lucía.

“Deben entender que se acabó el contratismo, el influyentismo, se acabó la corrupción”, afirmó. “Lo que le[s] diría a esos empresarios y contratistas corruptos es que se vayan acostumbrando... Les molesta mucho, les irrita”. Sentado junto a él estaba José María Riobóo, el contratista al que le asignó de forma directa el proyecto del segundo piso del Periférico en la Ciudad de México.

“No tiene nada que ver el ingeniero Riobóo –dijo–. No va a ser contratista. Él siempre me ha apoyado y lo considero uno de los mejores técnicos de este país y uno de los mejores ingenieros del mundo en esta materia. Claro que no lo ven con buenos ojos los que tienen intereses”. Debe ser un gran consultor: es el mismo que afirmó, ante una pregunta sobre la compatibilidad de Santa Lucía y el AICM, que “los aviones no pueden chocar. automáticamente se repelen, por los mismos radares”.

Cancelar el nuevo aeropuerto no va a costar nada, afirmó López Obrador. Por el contrario, “vamos a ahorrar 100 mil millones de pesos”. ¿Cómo? “Vamos a hablar... con los empresarios, con los contratistas, para llegar a un acuerdo. Hay la posibilidad de que sigan con los contratos haciendo la obra en Santa Lucía, el mismo volumen de obra en Santa Lucía, o llegar a arreglos y, en todo caso, se va a actuar con apego a la legalidad”. Pero, ¿no se había terminado el contratismo y no eran corruptos los contratistas de Texcoco? ¿Qué pasa con la ley que obliga a la licitación de obras públicas? ¿No habrá licitaciones en Santa Lucía?

Las empresas que están construyendo el aeropuerto de Texcoco afirman que cuesta más cancelarlo que terminarlo, con el problema adicional que los tres aeropuertos que quiere el Presidente electo no tendrán la conectividad para un centro de conexiones internacionales, un hub, que necesitan la industria aeronáutica y la turística. López Obrador dice que el aeropuerto de Santa Lucía, para el que no hay manifestación de impacto ambiental ni proyecto ejecutivo, costará solo 70 mil millones de pesos, aunque el Colegio de Ingenieros señala que no serían menos de 217 mil millones.

Hasta los patos estarán más tranquilos, declaró ayer López Obrador, y quedará a salvo el lago Nabor Carrillo. En realidad, este lago artificial no solo no iba a ser afectado por el aeropuerto, sino que se beneficiaría de las obras de mitigación hídrica, que la cancelación dejará sin realizar.

¿Qué se hará en el espacio del aeropuerto cancelado? “Hay muchas opciones –dice López Obrador–. Un parque ecológico, un parque para lo ambiental, agregando lo deportivo”. En realidad, la ley obliga a demoler las estructuras levantadas y a quitar los pilotes enterrados, pero nadie ha calculado el costo.

Lo que más preocupa no es el aeropuerto, pese al dispendio y lo absurdo de cancelar una obra avanzada e indispensable, sino el mensaje de que esta será la forma en que tomará decisiones el próximo Gobierno: con ocurrencias avaladas no por especialistas, sino por consultas amañadas con participación del 1% del electorado.

DESPLOMES

El peso se depreció fuerte ayer. El tipo de cambio al mayoreo subió de 19.3609 a 20.0306 a las 14:30 de ayer, 3.46% (Bloomberg). En ventanillas bancarias pasó de 19.75 a 20.30 (Citibanamex). La Bolsa Mexicana de Valores se desplomó 4.2 por ciento. AMLO dijo que no hay nada que temer.

29 Octubre 2018 04:02:00
Precios sin garantía
Si alguna propuesta de Andrés Manuel López Obrador deja en claro que busca regresar a los tiempos del viejo PRI es la reimplantación de los precios de garantía. La ilusión es que estos precios artificialmente fijados por políticos generarán autosuficiencia alimentaria; la experiencia sugiere que redundarán en costosos subsidios, pobreza rural y corrupción.

La promesa de regresar a los precios de garantía que se abandonaron en 1994 la hizo López Obrador desde la campaña electoral. Los nuevos precios de garantía se aplicarán a cultivos de maíz, frijol, trigo panificable y arroz, así como a la producción de leche fresca. La Oficina de Transición de Agricultura y Desarrollo Rural anunció este 25 de octubre que el nuevo gobierno fijará precios muy superiores a los de mercado. La tonelada de maíz, por ejemplo, la pagará a 5 mil 610 pesos mientras que en el mercado internacional se ubica en 2 mil 770 pesos. El requisito es que los productores tengan parcelas de menos de 5 hectáreas, mientras que las compras se limitarán a 20 toneladas por vendedor.

Para que los precios de garantía no lleven a una escalada en los precios de los alimentos, el Gobierno tendrá que dedicar una cantidad de recursos no especificada a subsidiar las compras. El monto puede aumentar en el futuro si bajan los precios de los productos agrícolas.

La enorme diferencia entre el precio oficial y el de mercado generará corrupción. La limitación del subsidio a los productores con predios de hasta 5 hectáreas creará un incentivo para mantener la actual fragmentación de la tierra. La producción se volverá más ineficiente. El maíz y el trigo requieren de grandes extensiones de tierra para ser competitivos, pero los precios de garantía atarán a los productores a pequeñas parcelas que los condenan a vivir en la pobreza e inhibirá la inversión en productos con mayor futuro, como el aguacate o las hortalizas.

A Conasupo, la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, la creó Gustavo Díaz Ordaz (ese presidente que los políticos de hoy quieren borrar de la historia), en 1965 y se convirtió en la institución insignia de la política alimentaria del viejo PRI. Fue un foco de corrupción y de pérdidas enormes. Sus actividades y subsidios se recortaron de manera gradual a partir de la crisis financiera de los 80 y la compañía fue extinguida finalmente en 1999, al final del Gobierno de Ernesto Zedillo.

Ignacio Ovalle, secretario particular de Luis Echeverría y director del Instituto Nacional Indigenista con José López Portillo, donde conoció a un joven Andrés Manuel López Obrador, fue director de Conasupo en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Desde ese cargo lanzó los “tortivales”, bonos para entregar tortillas a familias pobres y asegurar su lealtad al PRI. Hoy Ovalle regresa a la política con López Obrador como titular de Seguridad Alimentaria Mexicana, una institución que asumirá las responsabilidades de Diconsa y Liconsa, y que busca convertirse en una nueva Conasupo. Junto con los precios de garantía, este Segalmex, que recuerda el viejo SAM, el Sistema Alimentario Mexicano, de José López Portillo, marca el retorno a un sistema de subsidios y precios de garantía que pretendió hacer a México autosuficiente en alimentos, pero que sólo sirvió para comprar votos, generar corrupción y empobrecer el campo mexicano.

Nostalgia del pasado

Para quienes sienten nostalgia por el viejo sistema alimentario mexicano, habría que invitarlos a releer a Arturo Warman, el fallecido autor de El campo mexicano en el siglo XX: “Un campo pobre, avejentado y conservador, que se repite a sí mismo en vano intento para ser lo que no fue, no es la tierra prometida.”
26 Octubre 2018 04:00:00
Salir a votar
Es una consulta sin ninguna garantía de fiabilidad. Quienes la organizan, los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, son los mismos que manejan como voluntarios las mesas de votación y quienes contarán los votos.

No hay mamparas que garanticen la secrecía del sufragio. No hay seguridad sobre el resguardo de las urnas. No hay padrón de electores. Ayer por la mañana, la aplicación electrónica que supuestamente garantizaría que no se pudiera votar varias veces no funcionaba en la mesa del Zócalo de la Ciudad de México, por lo que los funcionarios anotaban el nombre y el número de la credencial de elector en una libreta. Tampoco se podía entrar a la página mexicodecide.com.mx para encontrar la ubicación de las casillas. Las boletas no estaban foliadas. La tinta para marcar el pulgar sí se aplicaba, pero sin certeza de que se mantendría los cuatro días de la
votación.

López Obrador, en un desplante de supuesta imparcialidad, dobló su boleta y la depositó sin cruzar ninguna de las opciones. Había más reporteros que electores en la explanada de la alcaldía de Tlalpan cuando se presentó a votar.

No hay que tener miedo a la consulta, dijo. No va a haber problemas económicos si se cancela el nuevo aeropuerto. “Voy a buscar a Carlos Slim, es uno de los contratistas. Voy a buscar a Jerónimo Gerard, otro de los contratistas.. Voy a buscar a Olegario Vázquez. Voy a buscar a los empresarios de ICA. Son como cinco grandes empresas las que están trabajando. De ellos, lo que he sabido, es que no hay ningún problema.” Así se arreglan las cosas en el México corporativista.

La consulta se ha hecho para justificar la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco. Todas las reglas están hechas para conducir a ese resultado. El proselitismo del nuevo gobierno en contra del proyecto parece haber funcionado. Las encuestas sugieren que hasta hace algunas semanas la mayoría de los mexicanos estaban a favor de continuar el aeropuerto de Texcoco, pero en las últimas semanas, con la campaña de López Obrador, las opiniones se han equilibrado o incluso favorecen ya la cancelación. En una consulta como ésta, sin embargo, en que se espera vote menos del 1% de los ciudadanos inscritos en el padrón, la capacidad de acarreo de votantes asume el papel más importante.

Yo, por lo pronto, me presenté a votar ayer frente al edificio de la CFE en Reforma e Insurgentes, mientras un grupo de manifestantes bloqueaba (como tantas veces) la entrada principal del edificio. Lo hice con relativa facilidad y sin problemas. Había una treintena de personas formadas. Supongo que mi voto no contará para nada, especialmente por la forma en que se ha manejado esta consulta, pero no me arrepiento de haber perdido mi tiempo.

Ayer por la mañana, por otra parte, lancé un sondeo en mi cuenta de Twitter con una pregunta muy sencilla: “Y usted por cuál vota: Santa Lucia o Texcoco”. Recibí miles de votos. La votación está abierta hasta hoy en la mañana, pero las últimas cifras que vi antes de redactar este artículo señalaban que 13% de los participantes se pronunciaba por Santa Lucía y 87% por Texcoco.

No faltó quien comentara que mi pequeño ejercicio en Twitter no es una encuesta representativa con participación de todos los grupos de la sociedad. Es verdad, lo reconozco. Tampoco la consulta de Andrés Manuel.

Medios mentirosos

Donald Trump dijo ayer en Twitter que “una gran parte del enojo que vemos hoy en día es causado por el reporteo falso e incorrecto de los medios tradicionales, lo que yo llamo fake news”. Andrés Manuel López Obrador también se quejó ayer de los medios y los comentaristas que lo critican: “El problema –dijo– es que hay medios de comunicación que también se dedican al contratismo”.
25 Octubre 2018 04:02:00
¿Ir a votar?
Un amigo, abogado, me pregunta: “Hola querido Sergio. ¿Tiene algún caso ir a votar o es perder el tiempo?”. Mi respuesta: “Seguramente es perder el tiempo, pero yo voy a ir a perderlo”.

No me hago ilusiones. La consulta no está diseñada para ofrecer una oportunidad equitativa para que la población exprese su punto de vista sobre un tema de importancia nacional. Está hecha para favorecer la posición del futuro presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien desde que era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México rechazó Texcoco como posible sede del nuevo aeropuerto.

Reforma publicó el 18 de octubre un estudio, elaborado por Lorena Becerra y Joaquín Zambrano, que muestra que la selección de lugares para colocar las mesas de votación se concentra en municipios que votaron de manera más cuantiosa por López Obrador. El Financiero dio a conocer el 23 de octubre un trabajo que señala que, aun cuando el 53% de la gente apoya continuar la construcción del aeropuerto de Texcoco, la redacción de la consulta promueve un resultado favorable a la preferencia del presidente electo: reacondicionar el actual AICM y el aeropuerto de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía.

Isaac Katz, el economista del ITAM, comentaba en Twitter, “Curioso, pero no van a poner ninguna mesa en Polanco, Lomas de Chapultepec, Tecamachalco e Interlomas, colonias donde habitan individuos que son intensivos usuarios del aeropuerto. ¿Por qué será?”. El periodista Pascal Beltrán del Río respondió “Y 18 mesas de votación en Tabasco contra 16 en la Ciudad de México. ¿Cómo se puede justificar eso?”

López Obrador ha impulsado la polémica sobre el aeropuerto con el propósito de generar una mayor participación en la consulta. Por eso el ejercicio se alargará cuatro días, desde este 25 hasta el domingo 28 de octubre. Aun así, el número de ciudadanos que acudir a votar será muy pequeño en comparación con el padrón de electores. Se van a imprimir entre 500 mil y un millón de boletas; no se ha dado a conocer un número exacto, ni algún mecanismo para evitar falsificaciones, pero son muy pocas boletas para un padrón de más de 90 millones de electores. Habrá, por otra parte, mil 73 mesas de recepción de votos, contra 156 mil en una elección general. Esto hará mucho más vulnerable la consulta a los acarreos de votantes. El ejercicio es organizado y los votos serán contados por simpatizantes de Morena. Si un Gobierno del PRI o del PAN hubiera organizado una votación tan cuestionable, López Obrador habría protestado, y con razón.

La consulta busca justificar la opción del presidente electo. Por eso la cancelación del aeropuerto de Texcoco es la única decisión gubernamental hasta ahora sometida a una consulta. Ni el Tren Maya ni la desconcentración de la Administración pública lo serán. La cancelación del nuevo aeropuerto es también la promesa de campaña de López Obrador más cuestionada por los ciudadanos. Por eso esta consulta amañada.

¿Para qué perder el tiempo, entonces, yendo a votar? Quizá porque es importante reducir al máximo posible la manipulación. La decisión de un nuevo aeropuerto no se debería tomar en una consulta; pero como ya nos encontramos en medio de esta maniobra política, lo mejor es expresar nuestro punto de vista para reducir la influencia de los activistas y acarreados que buscarán convertir el proceso en respaldo a una decisión política para un tema técnico.

Sin crisis

La cancelación del aeropuerto de Texcoco no va a provocar una devaluación del peso ni una crisis financiera, pero sí introducirá un factor de incertidumbre a los inversionistas de México y el mundo ante el nuevo Gobierno y puede subir las tasas de interés.
24 Octubre 2018 04:01:00
¿Lago o aeropuerto?
Queremos un lago y no un aeropuerto. La frase ha sido una de las más convincentes en la batalla política por el nuevo aeropuerto. “La vocación de Texcoco es ser lago y la prioridad de la Ciudad de México debería ser tener agua –afirma el arquitecto Jorge Ponce Amezcua–. Por ello, una de las preguntas en la consulta con la que se pretende decidir el futuro del NAIM debería ser: ¿prefieres tener aeropuerto o agua?”.

Pero no todo el mundo está convencido. El senador por Morena Higinio Martínez se ha pronunciado a favor de continuar el aeropuerto de Texcoco, aprovechando que Andrés Manuel López Obrador dijo “que podíamos opinar con libertad”. El político texcocano apunta: “Se dice que con el aeropuerto va a desaparecer el lago de Texcoco y eso no es cierto. El lago desapareció desde hace 200 años. Lo que queda es un lago de aguas grises, el Nabor Carrillo, que se alimenta del drenaje y de los ríos de Texcoco, Teotihuacán y Chicoloapan, que han sido contaminados por decenas de años”.

La Academia Mexicana de Impacto Ambiental, A.C. (AMIA), ha divulgado un documento sobre el tema y “concluye que se debe continuar con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en el sitio Texcoco”.

El proyecto de Santa Lucía no tiene manifestación de impacto ambiental; la opción de Texcoco, a pesar de que no carece de problemas, porque toda gran obra de infraestructura los tiene, sí permite un desarrollo sustentable, según la AMIA.

Es falso que se haya desecado el exlago de Texcoco para la construcción del aeropuerto. Al igual que el senador Martínez, la AMIA señala que la zona “se había transformado en pastizales salados” desde hace mucho tiempo. Los principales cuerpos de agua, como el Nabor Carrillo, no son naturales y se construyeron para la regulación hídrica. El proyecto del NAIM, sin embargo, incluye una serie de obras de mejoramiento de los cuerpos de agua que “incidirán en una mejor calidad ambiental para las aves residentes y migratorias” y que permitirán una mejor regulación hídrica.

Se ha argumentado que el terreno del aeropuerto está más abajo que el Valle de México, por lo que estaría sometido a posibles inundaciones, pero en realidad se encuentra dos metros arriba. La construcción del aeropuerto, se dice, ha hecho que se abran minas de piedra en la zona, cuando las minas han venido operando en el lugar desde hace mucho tiempo.

En realidad, el ambiente de Texcoco se vería deteriorado si no continúa la obra. Ya se ha construido una parte significativa del proyecto. El impacto que iba a tener lugar, me dice Gabriel Quadri, consultor en temas ambientales, ya sucedió. Si se cancela el aeropuerto, no se concluirán las obras de mitigación; en cambio, habría que demoler y excavar todo lo ya construido, lo cual sería extraordinariamente caro y difícil.

Cancelar el aeropuerto, por otra parte, dejaría la zona abierta a las invasiones de tierra que han extendido la mancha urbana en el oriente de la Ciudad de México desde hace décadas.

Más que preguntar si queremos un lago o un aeropuerto, hay que considerar cuál es el mejor proyecto para mejorar el ambiente de una zona profundamente deteriorada. El nuevo aeropuerto protege el lugar e incluye mejoras hídricas significativas. Más que cancelarlo, hay que transformarlo en punta de lanza para la recuperación ecológica de todo Texcoco.

SIN DOGMAS

Un enojado Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que el anuncio de que Pemex compró 1.4 millones de barriles de petróleo ligero al extranjero “es una muestra más del gran fracaso de la política neoliberal o neoporfirista de los últimos 30 años”. Pero hay muchas razones para comprar crudo. Pemex debe poder decidir sin dogmas qué conviene más en un momento dado: comprar o vender, de qué tipo y para qué.
23 Octubre 2018 04:00:00
El dedito sabio
El Presidente electo ha querido dejar nuevamente a su dedito una decisión importante, pero ha querido disfrazarla de consulta popular. Ha sido cuidadoso, sin embargo, para que el pueblo sabio no contradiga la decisión de su dedo.

Como candidato, López Obrador propuso primero la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Después ofreció que continuaría la construcción, pero como una concesión privada y sin inversión pública. Más tarde afirmó que haría una consulta popular para decidir.

La idea de la consulta tranquilizó a empresarios e inversionistas. Si bien la gente común y corriente no tiene los conocimientos técnicos para elegir la mejor ubicación de un aeropuerto, las encuestas de opinión señalan que Texcoco es la opción favorecida por los ciudadanos.

La forma en que se ha diseñado la consulta, sin embargo, sugiere que no hay ninguna intención de que la decisión quede fuera del control del dedito de López Obrador.

Una buena consulta popular, realizada por una institución imparcial y profesional, como el Instituto Nacional Electoral, habría tenido credibilidad; pero en la de López Obrador solo hay boletas para menos del 1% de los votantes y se colocarán urnas principalmente en municipios que favorecieron a López Obrador en las elecciones de julio.

Si bien López Obrador pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto retirar un promocional que ofrecía una visión positiva del aeropuerto de Texcoco, el propio López Obrador declaró: “Yo no quiero dejar de ser imparcial. Si me lo permiten nada más esta vez, si se hacen esas pistas en Santa Lucía hay un ahorro de más de 100 mil millones de pesos”. No mencionó que la cancelación del aeropuerto de Texcoco implicará tirar a la basura 120 mil millones de pesos o más.

El Consejo Coordinador Empresarial afirma que la consulta “no ofrece garantías claras de imparcialidad, objetividad y seguridad”; su sesgo la “deslegitima como instrumento neutral de consulta efectiva a la ciudadanía”.

Un documento de Citi, el grupo financiero, “Mexico City’s New Airport: An ‘October Mistake’ in the Making?”, advierte: “El impacto económico y financiero será significativo en el corto y largo plazos. Nuestro pronóstico macroeconómico se deterioraría”.

López Obrador ha perdido muchas elecciones, pero nunca una consulta. Como jefe de gobierno del Distrito Federal realizó cinco. En 2001 preguntó por vía telefónica si la capital aceptaba el horario de verano adoptado en la República y 75% de los consultados coincidió con él que era mejor que la ciudad tuviera su propio horario, lo cual descartó la Suprema Corte que le reconoció la facultad de fijar el horario al Congreso. Más tarde ese año preguntó si debía subir el precio del Metro de 1.50 a 2 pesos, propuesta que aceptó el pueblo sabio. En 2002 consultó si debía construir el segundo piso del Periférico y una vez más el resultado favoreció a su proyecto. En 2002 y 2004 hizo dos consultas telefónicas sobre si debería quedarse como jefe de gobierno y en ambos casos recibió un respaldo de 95 por ciento.

López Obrador sabe cómo manipular las consultas. La clave radica en tener ejercicios en que no participe toda la población, sino solo sus simpatizantes. En la del aeropuerto quiere aplicar la misma técnica y cargar los dados. Así, la responsabilidad de la decisión no será de él, sino del pueblo sabio.

Trump gana

El gran ganador de la caravana migrante es Donald Trump, quien ya ha anunciado que ante el fracaso del Gobierno mexicano para detenerla va a desplegar al Ejército en la frontera. Esto fortalecerá su imagen ante las elecciones del 6 de noviembre.
22 Octubre 2018 04:02:00
Votar con los pies
Cuando los discursos de los políticos o de los generales se agotan, el pueblo vota con los pies. Lo dijo supuestamente Lenin cuando en 1917 los soldados rusos empezaron a desertar de una guerra que no comprendían. Lo hemos visto cuando quienes no encuentran oportunidades emigran para buscar mejores condiciones de vida. Ahí están los trágicos ejemplos de Honduras y Venezuela.

Hay mucho de teatro político en la caravana migrante que ingresó a México el 19 de octubre. Quien busca emigrar para mejorar su vida lo hace de manera callada y no en una marcha rodeada de policías y reporteros. Los organizadores de la caravana buscan mandar un mensaje político y por eso irrumpieron violentamente por la frontera mexicana, mandando a las mujeres, los niños y los ancianos por delante. Querían mártires antes que llegar a salvo a Estados Unidos.

Algo hubo de dramático, pero también de paradójico, cuando estas 4 mil personas cantaron con lágrimas el Himno Nacional de Honduras antes de lanzarse con sus arietes humanos a romper las rejas del cruce fronterizo entre Tecún Umán, Guatemala, y Ciudad Hidalgo, México. El desplante de patriotismo contrasta con el hecho de que Honduras es el país que quieren dejar atrás.

Otra paradoja es que el destino soñado por este grupo, y por millones más, es un país en el que prevalece ese sistema de libre empresa que sus líderes políticos deploran. La Unión Americana tiene un perverso sistema económico, dicen los dirigentes. pero es el destino al que quieren llegar los migrantes. Estos escuchan discursos que promueven una economía estatista, pero sueñan con vivir en un país con libertad económica y empleos bien pagados.

“Votar con los pies –afirma Ilya Somin, académico nacido en Rusia que llegó de niño a los Estados Unidos– es una herramienta para ampliar la libertad política, la habilidad de la gente para escoger el régimen político en el que quiere vivir”. Siempre hay una mayor migración de países pobres a ricos, pero otras consideraciones pesan también sobre el ánimo de los migrantes. A pesar de las buenas estadísticas de educación y de salud en Cuba, la emigración en los tiempos de la revolución ha sido enorme y la inmigración, en cambio, inexistente. A pesar de que Venezuela vive hoy un paraíso socialista, los flujos migratorios se han revertido: cuando el país vivía la explotación del capitalismo, era un receptor neto de inmigrantes; hoy, alrededor de 2.3 millones de venezolanos, de una población de 32 millones, han salido del país.

México, nos dicen, vive una bancarrota desde que empezó el período neoliberal. Quizá, pero las cifras señalan que el flujo migratorio se ha revertido. Hoy son más los mexicanos que regresan a México que los que se mudan a Estados Unidos. Tal vez el endurecimiento de la frontera ha tenido algo que ver, pero este no ha hecho que se revierta el flujo de centroamericanos.

Cuando no hay barreras migratorias, el voto con los pies se vuelve más claro. En el interior de Estados Unidos la gente se ha mudado siempre en busca de las oportunidades de empleo. En México, los jornaleros dejan Oaxaca para ir a trabajar a Sonora y Baja California, a pesar de que sus líderes políticos dicen que los explotan. Incluso cuando hay barreras, la gente arriesga todo para incorporarse a los sistemas económicos más exitosos. Votar con los pies es la señal más clara de las aspiraciones de un pueblo.

Fitch y Nahle

Dice Rocío Nahle que no entiende por qué Fitch ha bajado a negativa la perspectiva de Pemex cuando AMLO ha prometido grandes inversiones y una nueva refinería. Esa es precisamente la razón. Prometer inversiones en gasolina, un producto con pérdidas, para dejar de exportar crudo, pese a su rentabilidad, genera dudas sobre la futura solidez de la empresa.
19 Octubre 2018 04:01:00
Amenazas y visas
Donald Trump amenazó ayer en Twitter que si México no detiene “el asalto” de migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador, “llamaré al ejército de los Estados Unidos y CERRARÉ NUESTRA FRONTERA SUR” [sus mayúsculas]. El asalto a nuestro país por nuestra frontera sur, incluyendo elementos Criminales y DROGAS [más mayúsculas] que entran torrencialmente, es mucho más importante para mí, como Presidente, que el Comercio o el USMCA”.

Esta advertencia llega tres semanas antes de las elecciones del 6 de noviembre y se dirige más a los votantes estadunidenses que al Gobierno mexicano. Es una respuesta a la llamada “caravana migrante” que un grupo de hondureños empezó el 13 de octubre desde San Pedro Sula y que pretende atravesar México para llegar a
Estados Unidos.

La caravana no va a abrumar a las autoridades migratorias de México o de Estados Unidos. Miles de personas cruzan diariamente las fronteras de manera ilegal. Unos centenares que señalan de antemano su ruta para mandar un mensaje político no son un riesgo. Quienes realmente quieren cruzar de forma ilegal hacen todo lo posible para no llamar la atención.

Para Trump, sin embargo, la caravana es una magnífica oportunidad para promover una agenda antiinmigrante y proteccionista, y para atacar a sus rivales demócratas, a quienes acusa de haber promovido leyes migratorias débiles y de favorecer una política de fronteras abiertas.

Trump sabe que la inmigración de centroamericanos y mexicanos es muy impopular. Cerrar totalmente la frontera tendría un costo de miles de millones de dólares diarios, y quizá sea ilegal, pero la amenaza le permite a Trump mandar a los electores el doble mensaje de que él se opone a la inmigración y al comercio internacional.

La caravana está generando también respuestas políticas en nuestro país. El Instituto Nacional de Migración señaló que los miembros de la caravana tendrán que cumplir con los requisitos migratorios, como cualquier extranjero. No hay nada que objetar ante una institución gubernamental que dice que va a aplicar las leyes, solo que vivimos tiempos políticos; por eso Manuel Velasco, el muy político gobernador de Chiapas y senador con licencia, ha afirmado que ofrecerá una bienvenida de “puertas abiertas” a la caravana. Poco importa que la migración no competa a un gobierno estatal.

Andrés Manuel López Obrador, a su vez, ha ofrecido una promesa que podría cambiar la política migratoria de nuestro país. “Nosotros, a partir del 1 de diciembre, vamos a dar trabajo, empleo, a centroamericanos. Es un plan que tenemos, que el que quiera trabajar en México va a tener una visa de trabajo”.

El presidente electo no ha dicho cuántas visas de trabajo extenderá ni durante cuánto tiempo. Tampoco ha señalado si el programa se aplicará sólo a centroamericanos o también a migrantes de otras regiones, como los venezolanos.

Una apertura de la política migratoria, siempre más restrictiva en México que en Estados Unidos, sería una buena decisión de largo plazo. La inmigración suele ser positiva para un país, pero las resistencias políticas son enormes. Lo sabe bien Angela Merkel, quien permitió la entrada a Alemania de un millón de refugiados en 2015 en una medida que fue aplaudida por grupos humanitarios, pero rechazada por los electores.

Yo, en lo personal, estoy de acuerdo con Andrés Manuel: hay que abrir la política migratoria, pero no sólo para otorgar unas cuantas visas de trabajo a centroamericanos, sino para liberalizar todo un sistema que en su cerrazón ha disminuido el potencial de crecimiento de México.

Tienen razón

El 74.9% de los mexicanos considera insegura la ciudad en que vive. En Ecatepec la cifra sube a 96.3%. Lo peor es que tienen razón. Con razón el partido gobernante perdió las elecciones.
17 Octubre 2018 04:02:00
Una consulta extraña
Es una consulta popular, aunque no la que estableció el Artículo 35 de la Constitución como un derecho de los ciudadanos. Se ha tomado la decisión política, quizá para definir de antemano el resultado, de que la consulta no alcance a toda la población y que no cuente con garantías de equidad.

México tiene una población de 128 millones de habitantes, pero para esta consulta solo se imprimirán entre 500 mil y un millón de boletas. Habrá mesas de votación en solo 538 municipios de los 2 mil 464 y 16 alcaldías del país. Las mesas de votación serán mil 73 en vez de las 156 mil 899 casillas de la elección del 1 de julio. Junto con la consulta se llevará a cabo una encuesta, sin que se sepa qué se hará si ofrecen resultados distintos.

Andrés Manuel López Obrador y sus principales colaboradores, entre ellos Javier Jiménez Espriú, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, están en contra del aeropuerto de Texcoco. Son conscientes, sin embargo, de las connotaciones negativas para los inversionistas de la cancelación. Por eso estamos viendo esta extraña consulta.

No creo que este tipo de decisiones deban tomarse en consultas o por encuestas. Son decisiones que debe asumir un gobernante después de escuchar con atención a los especialistas. Eso piensa una parte importante de la población mexicana, que además parece apoyar que continúe la construcción del nuevo aeropuerto. Así lo sugieren, por lo menos, las encuestas que sobre el tema se han dado a conocer hasta este momento.

Según el último estudio de Consulta Mitofsky, dado a conocer el 3 de octubre, el 39% de los entrevistados está a favor de que se concluya el nuevo aeropuerto, mientras que el 17% está en contra. A pesar del fuerte debate sobre el tema, el interés en participar en la consulta bajó en casi un mes de 45 a 31 por ciento. Tanto quienes dicen estar a favor como quienes rechazan la opción son menos hoy que en la encuesta anterior. El debate no está generando más información, sino más escepticismo.

La oposición de López Obrador al proyecto queda de manifiesto en el hecho de que ninguna otra obra pública, empezando por el tren maya, ni alguna otra medida de gobierno, como la dispersión de oficinas gubernamentales en todo el país o la destitución del 70% del personal de confianza del Gobierno están siendo sometidas a un proceso similar.

Quizá el Presidente electo sea un firme creyente en la sabiduría del pueblo, pero no está arriesgando en consultas ninguna otra decisión entre las muchas que tiene que hacer. Tampoco se está molestando en organizar una consulta que cumpla con los criterios del Artículo 35 de la Constitución que están hechos para generar equidad.

La cancelación del nuevo aeropuerto traería consigo una pérdida del dinero ya invertido y del comprometido en contratos firmados. El golpe presupuestario podría alcanzar los 120 mil millones de pesos, casi el costo del tren maya, que se calcula en 150 mil millones, o incluso más si los contratistas exigen indemnizaciones en los tribunales. Lo peor, sin embargo, sería perder la oportunidad de tener un centro de conexiones internacionales, un hub, que generaría decenas de miles de empleos y representaría un fuerte impulso a la industria turística nacional.

El Presidente electo parece haber ya decidido cancelar el aeropuerto que le resultaba antipático desde que era jefe de Gobierno de la Ciudad de México. La extraña consulta que ha diseñado no busca más que justificar la decisión.

¿SIN PRUEBAS?

Rosario Robles dijo ayer que no hay pruebas que vinculen a la Sedatu y la Sedesol en peculado. En el caso de la “Estafa Maestra”, dice, las universidades públicas fueron las que desviaron los recursos entregados por las dependencias a su cargo.

Un comentario aparte con unas cuantas palabras acerca del silencio y de callar antes de cometer injusticias, lastimar a alguien o levantar falsos: siempre debemos recordar que jamás va a pesarnos mantener la boca cerrada.
16 Octubre 2018 04:02:00
Gansos desplumados
Andrés Manuel López Obrador pidió a sus seguidores en Tabasco en 1995 que dejaran de pagar la electricidad en protesta por lo que consideró un fraude electoral tras su derrota en los comicios estatales de 1994, en los cuales el priista Roberto Madrazo fue declarado ganador. Muchos de sus simpatizantes estuvieron más que dispuestos a suspender sus pagos de luz; y cuando tanto ellos como sus vecinos se dieron cuenta que la Comisión Federal de Electricidad no les dejaba de proporcionar el servicio, el boicot se generalizó.

La morosidad ha tenido un costo enorme para la CFE, una empresa pública, y para el país. Lo que dejan de pagar algunos, lo cubrimos los demás, a través de mayores impuestos y precios de la luz, de un peor servicio o de menores inversiones. Las ventas de electricidad en Tabasco representaban a principios de 2014 el 1.62% del total nacional, pero la cartera vencida en la entidad ascendía a 18.28%. No hay duda que el llamado de López Obrador a no pagar la electricidad sí tuvo éxito.

La morosidad que afecta a la CFE a nivel nacional alcanza los 43 mil millones de pesos. No es poca cosa. Equivale al presupuesto anual de la UNAM, que ascendió en 2018 a 43 mil196 millones de pesos.

La CFE tendrá ahora que absorber el costo de esa deuda que ya no podrá cobrar. López Obrador ya había prometido en campaña a sus simpatizantes morosos que si ganaba la elección no les cobraría el dinero. Era una promesa de cuestionable ética porque implicaba una oferta de compra de votos en que el costo final recaería sobre los usuarios cumplidos y los contribuyentes puesto que, como sabemos, nada en la vida es gratis. Ahora como presidente electo ha ratificado que cumplirá esa cuestionable promesa.

En Villahermosa, Tabasco, este 15 de octubre, López Obrador declaró ante sus simpatizantes: “Borrón y cuenta nueva en el caso de la luz. No va a haber deuda, pero sí les pido que para adelante hay que cumplir, ¿de acuerdo? Porque si no, nos desacompletamos y ¿de dónde va a salir el dinero para el programa social? ¿Qué les dejo en garantía? Que todo ese dinero que van a pagar por los servicios de luz, nadie se lo va a robar. Se va a acabar la corrupción, me canso ganso. Nadie se va a robar los impuestos de los contribuyentes. Es un cambio de verdad.”

El mismo político que promovió el boicot perdonará ahora la deuda que provocó. Lo bueno es que ahora López Obrador si invita a sus simpatizantes a pagar, para no “desacompletar” las finanzas del nuevo gobierno. Antes no importaba, ahora sí.

El precedente es negativo. Se está generando un incentivo perverso para que los políticos promuevan boicots en el pago de impuestos o servicios públicos, perdonen a los morosos al llegar al poder y los inviten a pagar solo si ganan la elección. Esta estrategia solo ha funcionado, sin embargo, porque ha habido tolerancia ante la falta de respeto a la ley, como la que mostraron la CFE y los gobiernos federales que no se atrevieron o no pudieron cortar el servicio de quienes no pagaban.

López Obrador dice que los adeudos pasados se borrarán, pero que ahora sí todo el mundo tendrá que pagar la luz. Ya nadie se va a robar el dinero del pueblo, se cansa ganso. Yo no sé qué vendrá después; pero, por lo pronto, a los mexicanos ya nos desplumaron como gansos 43 mil millones de pesos.

PRODUCTIVIDAD PERDIDA

Una vez más se registraron ayer una serie de manifestaciones y bloqueos en la Ciudad de México. Ahora fueron organizaciones campesinas que, como siempre, exigieron dinero al Gobierno federal. Esta forma de extorsión se ha convertido en una práctica habitual en nuestro país. Tiene un costo de miles de millones de pesos en productividad perdida, pero es muy rentable para los líderes de organizaciones políticas.
15 Octubre 2018 04:02:00
Ya chole
Andrés Manuel López Obrador se muestra muy seguro: “¿Saben cuánta gente está de acuerdo en el sureste en que se construya el Tren Maya? El 80%, según una encuesta que me acaban de entregar.” El estudio se lo entregó el Gobierno de Campeche, es telefónico y lo realizó De las Heras Demotecnia con 2 mil 500 encuestados

Es altamente cuestionable que las obras públicas sean decididas por encuestas de popularidad en vez de por estudios de necesidad y factibilidad, pero este es el camino que ha tomado López Obrador con el aeropuerto de Texcoco. Sólo que el camino se vuelve cada vez más tortuoso.

La idea de que el tema del aeropuerto se definiría en una consulta popular, que la ley prevé desde 2014, cayó por tierra porque el nuevo gobierno tendría que esperar cuando menos hasta 2021 para realizarla y el ejercicio tendría que ser organizado por el INE, una institución autónoma. Por eso se decidió por una consulta popular que no es la que prevé la ley, y no en todo el país, sino solo en 538 municipios. La consulta, además, será acompañada por una encuesta. Nadie ha dicho qué pasará si la encuesta y la consulta tienen resultados discrepantes, aunque al final importa poco, porque si los nuevos estudios demuestran que el actual AICM y Santa Lucía no son compatibles, el proyecto favorecido por AMLO no se realizará.

La opción de Santa Lucía se está considerando a pesar de que no hay un proyecto ejecutivo o siquiera alguna idea de cuánto costará. Un documento titulado “Plan maestro + Edificio terminal” divulgado por el próximo gobierno señala que el costo será de 70 mil 342 millones de pesos, pero el Colegio de Ingenieros Civiles advierte que, si nada más se considera el número de metros cuadrados, el costo no podría ser inferior a 215 mil millones de pesos. Un especialista no podría tomar una decisión con información tan incompleta, pero ésta es la que tendrá el pueblo sabio para la suya.

Ninguna consulta se necesita en cambio para el Tren Maya. “No es que no hay consulta en este caso –advierte el presidente electo–, es todo el pueblo que está opinando.” Quienes cuestionan la necesidad o a viabilidad del tren son “conservadores” o parte de la “prensa fifí” por lo que su opinión no es seria. “Ya chole” con las críticas.

El tren tendrá una longitud “aproximada”, según un “proyecto” en la página de internet de López Obrador, de 1,525 kilómetros. Si la longitud es aproximada es porque el documento presenta solo dibujos del trazado general. El presidente electo y su gente han declarado que el tren costaría 150 mil millones de pesos, pero no hay información sobre las bases de este cálculo. Al igual que en el aeropuerto de Santa Lucia, no hay proyecto ejecutivo que permita definir los costos. López Obrador, además, dice de forma increíble que no se va a expropiar ningún terreno ni se va a tirar ningún árbol.

No hay tampoco un estudio que justifique el flujo de pasajeros, los niveles de ocupación o los precios de los pasajes. Los integrantes del equipo de López Obrador señalan que se trata de un proyecto “hermoso”, pero esto no es una base muy sólida para justificar una inversión de 150 mil millones de pesos.

A pesar de que al presidente electo le parece obvio que el aeropuerto de Texcoco debe someterse a una consulta popular pero el tren no, el razonamiento no es claro. Si sólo la prensa fifí tiene dudas, algo malo está pasando con el resto de la prensa y con los especialistas.

Interurbano

El tren interurbano Toluca-México de Peña Nieto sólo tendrá 57.7 kilómetros, pero en marzo ya el costo final se estimaba, no en los 39 mil millones de pesos presupuestados, sino en 59 mil millones. Son 1,022 millones por kilómetro. López Obrador nos dice, en cambio, que su Tren Maya costará 98 millones por kilómetro.
12 Octubre 2018 04:00:00
Gasoducto y extorsión
Ha detenido desde 2015 el gasoducto Ramal-Tula, al que le faltan solo 1.6 kilómetros, lo cual ha duplicado su costo a 100 millones de dólares. Exigió dinero a la empresa canadiense ATCO para permitirle concluir el trabajo, pero como la firma se negó, el ducto sigue detenido. Ha sido procesado dos veces por peculado. Hoy se le ha premiado no solo con una curul federal, sino con una de las secretarías de la comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

Julio César Ángeles Mendoza trabajó en la industria automotriz, primero como empleado, pero después se convirtió en dueño de empresas proveedoras. Ha sido dos veces presidente municipal de Atotonilco de Tula, Hidalgo, de 2009 a 2012 y de 2016 a 2018, cuando dejó la responsabilidad por una diputación federal. De Encuentro Social pasó a Morena.

Dos veces ha sido encarcelado. La primera, en 2009, por no haber aclarado gastos por 1 millón 127 mil pesos como alcalde. La segunda, en 2016, por transacciones indebidas con el Consorcio Aguas Tratadas del Valle de México por 202 millones de pesos, también en su primer gobierno. En el primer caso fue exonerado por falta de pruebas, en el segundo por prescripción del delito.

Desde 2015 Ángeles Mendoza ha detenido la conclusión de un gasoducto de ATCO para proveer combustible a la Comisión Federal de Electricidad. En un principio buscó bloquearlo a través del Sindicato Nacional de Trabajadores, Empleados, Choferes, Transportistas y Obreros de la Construcción en General (Sinatrec), del que fue representante y con el que exigía una parte de los contratos de construcción. Después lo hizo, como es común en México, a través de amparos de ejidatarios, que tienen un trato especial en el sistema jurídico nacional.

En una entrevista con Reforma publicada el 5 de agosto, cuando ya era diputado electo, pero había regresado a ocupar la alcaldía de Atotonilco de Tula, Ángeles Mendoza argumentó que la empresa sólo paga “10 metros de derechos de vía, cuando en realidad la afectación es de 180 metros”. Reconoció que los ejidatarios “ya habían recibido su pago de lo acordado”, pero añadió que “para mí fue absurdo”. Por eso, dijo, “Si quieren pasar por estos terrenos, me los pagan todos”.

ATCO ha señalado que Ángeles Mendoza pidió dinero a cambio de permitir la finalización del ducto, pero la ley canadiense convierte en un crimen el pago de un soborno en el extranjero por lo que los ejecutivos involucrados podrían haber sido procesados en Canadá. El diputado ha negado la acusación: “Nunca acordamos ninguna cantidad. Ellos inventaron que pidieron 60 millones. Nunca les pedí ninguna cantidad”.

No es éste el único gasoducto frenado por litigios o extorsiones. Por lo menos cuatro están siendo litigados por la Secretaría de Energía. El costo es muy alto para porque el gas natural es tres o cuatro veces más barato, y mucho más limpio, que el combustóleo o el diésel.

Ángeles Mendoza ya no podrá cuidar su negocio desde la Presidencia Municipal de Atotonilco de Tula. Si bien regresó a la alcaldía después de ser electo diputado federal, la sala regional del Tribunal Electoral le quitó la curul por eso, aunque la sala superior se la devolvió después. Hoy, sin embargo, podrá hacerse cargo de su negocio desde la Cámara de Diputados. El premio por haber parado el gasoducto ha sido su nombramiento como secretario de la comisión de Energía. Qué mejor lugar para seguir deteniendo las inversiones.

Sin calidad

Irán Santiago, exdirigente de la CNTE y hoy diputado, ha firmado la iniciativa de Morena para derogar la reforma educativa. Elimina, entre otras cosas, la obligación del Estado de garantizar la calidad de la educación y, por supuesto, las evaluaciones.
11 Octubre 2018 04:02:00
Los 1.5 grados
Si el mundo no reduce de manera radical las emisiones de carbono, el alza en la temperatura del planeta alcanzará 1.5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales entre 2030 y 2050. Las consecuencias podrían ser dramáticas, según un informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas que se dio a conocer el 8 de octubre en Incheon, Corea del sur. La temperatura ya se encuentra un grado arriba del nivel de mediados del siglo 19.

Evitar que se supere el límite de 1.5 grados que fija el Acuerdo de París de 2015 requiere de “cambios rápidos, extensos y sin precedentes”. El informe señala que habría que reducir las emisiones de dióxido de carbono en 45% para 2030 en comparación con los niveles de 2010, mientras que las emisiones netas deberían de ser de 0 para mediados del siglo 21 (NYT).

Bjorn Lomborg, autor de El Ambientalista Escéptico y presidente del Centro de Consenso de Copenhague, responde que el objetivo de 1.5 grados es “económica y prácticamente imposible” (WSJ, 10.10.18). Lomborg cita trabajos de William D. Nordhaus, anunciado como ganador del Premio Nobel de economía este lunes, para mostrar que mantener el calentamiento global por debajo de 1.5 grados llevaría a un desplome económico monumental.

“El informe del IPCC subestima de manera significativa los costos de lograr una emisión cero –señala Lomborg–. Los modelos muestran que para alcanzar el objetivo de 2.7 Fahrenheit [1.5 Celsius], el mundo debería dejar de usar combustibles fósiles en menos de cuatro años. Y, sin embargo, la Agencia Internacional de Energía estima que para el año 2040 los combustibles fósiles seguirán representando tres cuartas partes del uso de energía del mundo, aun si el Acuerdo de París se aplica por completo”.

“Si todos los países cumplen con sus compromisos para el 2030, las emisiones de CO2 se reducirían en 60 mil millones de toneladas para el 2030. Eso es menos del 1 por ciento de lo que se necesitaría para mantener la temperatura debajo de [1.5 grados]. Y conseguir incluso esta fracción sería costosísimo: reduciría el crecimiento económico del mundo entre 1 y 2 billones de dólares al año para el 2030”. Habría un brutal aumento de la pobreza.

El calentamiento del planeta es una realidad preocupante, pero la idea de que se puede limitar a 1.5 grados es falsa. Lo más probable es que la temperatura se eleve de 3 a 4 grados al finalizar este siglo.

El nuevo informe del IPCC no pondera los costos y beneficios de las posibles medidas para limitar el aumento de temperatura, aunque sí señala que 60 años de calentamiento global sin mitigación le costarían al planeta entre 0.2 y 2 % del producto interno bruto. “Esto no sería –dice Lomborg– el fin del mundo”.

Los trabajos de Nordhaus sugieren que el resultado “óptimo”, con un impuesto moderado a las emisiones, sería un incremento de 3.5 grados Celsius para fines del siglo 21. “Reducir más los aumentos de temperatura –apunta Lomborg– resultaría en mayores costos que beneficios y causaría pérdidas potenciales de 50 billones de dólares”. Eso sí sería un desastre para miles de millones de personas.

Algunos grupos sostienen que el calentamiento global es la puerta del apocalipsis. Pero no solo no lo es, sino que no hay ya realmente manera de impedir un incremento superior al de 1.5 grados que el Acuerdo de París puso como límite.

MÁS PETRÓLEO

El hallazgo de siete nuevos yacimientos de petróleo en aguas someras del golfo de México ha generado festejos. Es un regalo para el Gobierno de López Obrador. Pero la misma celebración es indicio de que el mundo no dejará de usar combustibles fósiles en un futuro inmediato.
10 Octubre 2018 04:01:00
Sembrar árboles
¿Qué programa puede ser más noble que plantar árboles? Cuando un gobernante quiere generar una imagen positiva, siembra árboles frente a las cámaras. Así lo hacía Felipe Calderón, con su programa favorito, ProÁrbol. Hoy el proyecto está siendo recuperado por Andrés Manuel López Obrador.

Con el lema de que “el campo es la fábrica más importante del país”, el presidente electo presentó el 8 de octubre Sembrando Vida, uno de “los 25 proyectos prioritarios nacionales” de su próximo gobierno. El objetivo, dijo, es plantar un millón de hectáreas de árboles frutales en el sur y sureste del territorio nacional, mezclándolos con cultivos de ciclo corto, como frijol o calabaza, “como se ha hecho desde hace siglos en el campo, con esa tecnología tradicional que le ha dado de comer por muchos siglos a los mexicanos”.

Calderón lanzó ProÁrbol y en 2007 su gobierno sembró 251 millones de árboles. El presupuesto de la Comisión Nacional Forestal, la Conafor, pasó de 2 mil millones de pesos en 2006 a 4 mil 500 millones en 2007 y 2008. Una parte importante del recurso se dedicaba, como hoy propone López Obrador, a pagar a la gente del campo para cuidar los árboles.

En 2011 Calderón declaraba que ya habían sido sembrados mil 150 millones de árboles y añadía: “El Gobierno paga a los campesinos, comuneros y ejidatarios entre 700 y 5 mil pesos por hectárea al año para cuidar aproximadamente 2 millones de hectáreas de selvas y bosques en los que habitan a cambio de que no talen, lo que, según el Banco Mundial, ubica a México como el país con el programa de servicios ambientales más grande del mundo”.

El programa de Calderón fue cuestionado severamente por Greenpeace, que advirtió que un 90% de los árboles perecerían. La Conafor argumentaba que el porcentaje de sobrevivencia era de 54.9%, pero la verdad es que la información disponible no permite saber qué tan bueno fue ProÁrbol. Las cifras oficiales señalan que entre 2000 y 2005 se perdieron 250 mil hectáreas de selvas y bosques por año en el país, pero para 2006-2010 la cifra aparentemente se redujo a 155 mil. Greenpeace, sin embargo, cuestionaba estos datos y afirmaba que las pérdidas anuales eran de 500 mil hectáreas.

ProÁrbol no ha desaparecido, pero sí se le han recortado recursos. Ahora López Obrador busca redimensionarlo con un nombre diferente. El programa ha sido presentado por la futura secretaria de bienestar (hoy Desarrollo Social), María Luisa Albores, lo que significa que el énfasis cambiará de ecológico (Conafor está en Semarnat) a subsidio social. Pero el tema de fondo sigue siendo el mismo: qué tan costoso y útil es el programa.

En la presentación de Sembrando Vida se señaló que la inversión sería superior a los 12 mil millones de pesos, pero no hubo siquiera cuidado en cuadrar las cifras. Nos dijeron que se pagarán jornales de 5 mil pesos mensuales (casi dos veces el mínimo) a 500 mil campesinos, lo cual suma cuando menos 30 mil millones de pesos al año, sin considerar gastos administrativos. Es una cantidad enorme para un programa que no garantiza resultados.

Nos han enseñado que sembrar árboles es bueno, por eso lo hacen los políticos. Sin embargo, hemos visto tantos esquemas que al final fallan que sería bueno evaluar primero los logros y fracasos de ProÁrbol, ya que Sembrando Vida no hace más que multiplicar sus gastos.

Autismo y educación

La segunda sala de la Suprema Corte respaldó un proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán que impide excluir del sistema educativo general a alumnos con discapacidad, en particular autismo. La decisión ha generado cuestionamientos, pero desde el punto de vista legal es inevitable. La Constitución prohíbe la discriminación. De ahí la unanimidad del fallo.
09 Octubre 2018 04:02:00
Otro populista
Una vez más, un candidato populista obtiene el triunfo. Se trata de Jair Bolsonaro, quien terminó en primer lugar en los comicios presidenciales de Brasil que se llevaron a cabo el domingo pasado. Con el 46% de los votos emitidos, Bolsonaro rebasó por mucho a Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, el partido del encarcelado expresidente Lula da Silva, que quedó en segundo lugar con el 29 por ciento.

En el sistema electoral mexicano, Bolsonaro ya sería presidente electo, pero en el de Brasil tendrá que enfrentar a Haddad en una segunda vuelta. Si bien se espera que los votantes de opciones moderadas respalden a Haddad, lo cerca que Bolsonaro ha quedado de la mayoría absoluta en la primera vuelta lo ha convertido en favorito para convertirse en próximo presidente del país.

Como otros populistas, Jair Messias Bolsonaro mantiene posiciones extremas que generan atención popular. Defiende las políticas de la dictadura militar brasileña de los años setenta y ha sostenido que “el error de la dictadura fue torturar y no matar”. Dice que como presidente impulsará una mayor dureza contra los criminales y afirma que “los policías que no matan no son policías”. Ha cuestionado que se dé el mismo pago a las mujeres que a los hombres, porque “las mujeres se embarazan”. Cuando una diputada lo llamó violador, él respondió que no valía la pena violarla porque era “muy fea”. Bolsonaro rechaza que se reconozcan los derechos de los homosexuales y afirma que la homosexualidad es una enfermedad producto del uso de drogas. Defiende la pena de muerte a vendedores y consumidores de droga.

Bolsonaro reconoció siempre su ignorancia en el campo económico, pero en esta campaña electoral ha reclutado al economista liberal, Paulo Guedes, quien tiene un doctorado de la Universidad de Chicago y ha preparado un programa de liberalización de la economía y privatización de empresas paraestatales. La propuesta de Guedes es revertir algunas de las medidas de los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff que se saldaron con una fuerte recesión económica en 2015 y cuyas consecuencias aún se sienten en el país.

Brasil no es el único país que ha optado por un populista en los últimos tiempos. Naciones tan diversas como Filipinas, Estados Unidos, Italia y México han elegido a nuevos gobernantes que son considerados populistas, ya sean de izquierda o de derecha. Los políticos que han ganado las elecciones en esos países han llamado la atención de los electores por su capacidad de hacer promesas extravagantes, muchas veces incumplibles.

El auge de los populismos parece consecuencia no solo de la decepción con las acciones de los gobiernos tradicionales, sino de la actitud cada vez más crítica de los medios de comunicación ante los gobiernos y del impacto de las redes sociales. La percepción de que los políticos tradicionales son corruptos ha tenido un peso enorme en las decisiones de los electores.

Algunos populistas en campaña se transforman en políticos responsables cuando asumen el poder. Este fue el caso, por ejemplo, de Ollanta Humala, presidente del Perú de 2011 a 2016. Otros, sin embargo, llevan a su país al desastre, como Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela. Si bien Bolsonaro aún tendrá que ganar la segunda vuelta electoral, parece encaminado al triunfo en Brasil, un ejemplo más de que el populismo ha encontrado en estos tiempos de incertidumbre un campo fértil para florecer.

LEGALIZAR

Olga Sánchez Cordero está promoviendo la legalización de la mariguana para usos medicinales y lúdicos, pero también el cultivo de amapola para propósitos medicinales. La ministra en retiro ha entendido la importancia de eliminar o matizar la prohibición de las drogas para combatir la violencia.
08 Octubre 2018 04:02:00
De segunda
Uno de los principios fundamentales del liberalismo que Andrés Manuel López Obrador dice admirar es que la ley debe aplicarse a todos por igual. No puede haber ni los fueros especiales ni los tratos preferenciales que los conservadores favorecían para preservar sus privilegios. Las políticas que está anunciando el presidente electo, sin embargo, se distancian radicalmente de ese principio.

López Obrador anunció en septiembre una propuesta para dar un trato preferencial en los impuestos al valor agregado y a la renta a la frontera norte. Reduciría el IVA de 16 a 8% y el ISR corporativo de 30 a 20%, pero solamente en una franja de 30 kilómetros de la línea internacional.

Es positivo que un gobierno de izquierda baje los impuestos, pero el problema es que se trata de una reducción que sólo beneficiará a unos cuantos, como si hubiera mexicanos de primera y de segunda.

Desde un punto de vista práctico, la baja del IVA daría a los negocios de la frontera norte una mejor posibilidad de competir con los del otro lado. Los consumidores pagan hoy un IVA de 16% en Tijuana, pero sólo de 7.25% en California. El resultado es que mucha gente que puede cruzar la frontera prefiere comprar del otro lado.

Durante mucho tiempo, por otra parte, Estados Unidos tuvo un impuesto sobre la renta para las empresas muy superior al mexicano. El gravamen federal estadunidense era de 35%, al que había que sumar impuestos estatales que iban de 0% en Wyoming y Dakota del Sur hasta 12% en Iowa. Donald Trump, sin embargo, bajó el impuesto federal a 21%, una tasa más en línea con las que cobran otros países desarrollados, pero muy inferior al 30% mexicano. Por eso la presión para bajar el ISR empresarial mexicano.

Gerardo Esquivel, subsecretario de Egresos del próximo Gobierno, ha calculado que Hacienda perderá unos 40 mil millones de pesos al año por la disminución de impuestos en la frontera. Adrián García, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, estima, en contraste, que nada más la baja del IVA podría tener un costo de 110 mil millones de pesos anuales. En comparación, el ahorro por la reducción a la mitad de los sueldos de los altos funcionarios públicos solo representaría unos 2 mil 500 millones de pesos cada año.

Las reducciones de impuestos representarán un gran beneficio para los mexicanos de primera. El comercio en Tijuana, por ejemplo, tendrá un gran impulso por la baja de IVA. Los mexicanos de segunda, sin embargo, serán perjudicados. En Ensenada, a 100 kilómetros de la frontera, se seguirá pagando 16% de IVA, por lo que la gente preferirá ir a Tijuana a hacer sus compras. El golpe al comercio ensenadense será muy fuerte.

En cuanto al ISR, muchas empresas preferirán establecer sus cuarteles generales en la franja fronteriza. La diferencia entre permanecer en Ensenada y pagar 30% o establecerse en Tijuana y cubrir 20 será enorme. Habrá una fuerte pérdida para los estados y ciudades que no estén en la frontera.

Quizá López Obrador debería recordar el principio fundamental de ese liberalismo que dice defender: todos somos iguales ante la ley. Cobrar altos impuestos a los mexicanos de segunda y sólo la mitad a los de primera es injusto y generará enormes distorsiones económicas. Hay que bajar impuestos, sí, pero en todo el país.

SIN LICITAR

Si un congreso priista hubiera eliminado la obligación de licitar obras públicas estratégicas se le habría cuestionado por preparar actos de corrupción. Pero como es el congreso morenista de Tabasco, que prepara una asignación directa de la nueva refinería de AMLO, la medida se defiende como justa y necesaria.
05 Octubre 2018 04:00:00
Madrazo y el 2006
Doce años después, el candidato que quedó en tercer lugar en la elección presidencial de 2006 ha tratado de pegar un madrazo. “En mis actas, Andrés Manuel [López Obrador] estaba arriba de Calderón, en mis actas, en las del PRI no sé – declaró Roberto Madrazo a un programa radiofónico en Tabasco–. Si el IFE hubiera tomado la decisión de hacer recuento, como exigía una parte de la oposición que contendía, casilla por casilla y voto por voto, yo sabía que podía ser un recuento favorable a López Obrador, pero esa no era mi lucha, no era mi lucha entrar a ese debate porque yo tampoco tenía todas las actas”.

El expresidente Felipe Calderón me dijo ayer: “En ningún conjunto de actas [López Obrador] iba arriba, ni siquiera en las del PRD. Andrés Manuel nunca fue arriba”. Por eso López Obrador “no alegaba que se recontaran las actas, sino que se recontaran los votos”.

“En las encuestas de salida yo había ganado –afirma Calderón–. Lo mismo en los conteos rápidos, incluso en el del IFE”, que no anunció el resultado por lo cerrado. “Andrés Manuel dijo que él tenía una encuesta en la que iba 10 puntos adelante, pero nunca la presentó. Incluso la encuesta de Covarrubias, que era su encuestadora, dijo que yo había ganado la elección: Felipe 37, AMLO 36. Gané la elección limpiamente por un margen muy estrecho”.

Ni siquiera la Coalición por el Bien de Todos, que postuló a López Obrador, pidió un recuento de todos los votos en todas las casillas. Luis Carlos Ugalde, presidente del IFE en 2006, apunta que la coalición pidió el recuento del 16.6% de las urnas. El Tribunal Electoral aceptó abrir alrededor de 11%, cuyos votos se recontaron uno a uno sin que se registrara ninguna diferencia significativa sobre los resultados originales.

López Obrador sí insistía en todos sus actos públicos que debía hacerse un recuento voto por voto, casilla por casilla; pero abrir las urnas sin una causa dispuesta por la ley era ilegal y la sanción era la anulación de la elección. Quizá eso era lo que buscaba López Obrador: la anulación.

Hoy Madrazo afirma que sus actas, no las del PRI, ponían adelante a Andrés Manuel. ¿Tendría él actas distintas a las de su partido? Dice que no le dio sus actas a López Obrador porque este no se las pidió. No ha dicho, sin embargo, qué pasó con ellas. Si las tiene todavía, y supongo que uno no destruiría documentos tan importantes, hoy tendría que mostrarlas.

Madrazo afirma que como se negó a avalar el triunfo de Calderón, este se vengó inventando la mentira de que había hecho trampa en el maratón de Berlín de 2007. Solo que Calderón no participó en la publicación de la historia. Un reportero maratonista del Reforma vio el tiempo de Madrazo, 2 horas con 29 minutos, y supo que era imposible lograrlo para un corredor de 55 años que había promediado 3:40 en otros maratones. Ahí empezó la investigación del periódico. Los registros parciales de la carrera, disponibles públicamente, mostraron que Madrazo se había saltado dos etapas.

Doce años después de la elección de 2006, en un momento en que Andrés Manuel es presidente electo, Madrazo quiere al parecer acercarse al otro tabasqueño. En la elección de 1994, sin embargo, López Obrador acusó a Madrazo de hacerle trampa y de haber gastado 241 millones de pesos en una campaña cuyo tope era de 3 millones. ¿Logrará incluso así el perdón de su paisano?

DICTADORES

Un grupo de manifestantes bloqueó ayer el edificio de la Rectoría de la UNAM e impidió que los trabajadores pudieran salir y entrar. El rector Enrique Graue tuvo que regresar del aeropuerto para recibir personalmente su pliego petitorio. Nuestros nuevos activistas se han convertido en verdaderos dictadores.
04 Octubre 2018 04:02:00
Héroes y villanos
Nuestros políticos siguen insistiendo en construir una historia maniquea, una narrativa de héroes y villanos que pretende ser políticamente correcta pero que al final se vuelve unidimensional e infantil. La decisión del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, de retirar placas con más de medio siglo de existencia que hacían notar que distintas líneas del Metro fueron inauguradas por el presidente Gustavo Díaz Ordaz forma parte de este esfuerzo.

No es nada nuevo. Nuestra historia oficial ha querido borrar de la memoria no sólo a Hernán Cortés sino a todo el periodo colonial, que con 300 años es más prolongado que el imperio azteca o el México independiente; ha ensalzado la figura de Miguel Hidalgo, a pesar de que no proclamó la independencia y ordenó o permitió matanzas inaceptables, mientras que ha tratado de ocultar la de Agustín de Iturbide, el verdadero consumador del movimiento; ha buscado también eliminar las tres décadas de gobierno de Porfirio Díaz. Tenemos muchos más casos de esta miopía selectiva.

Hoy los políticos han enfocado sus miras al sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. De ahí surge la decisión del Gobierno capitalino de retirar unas placas con medio siglo de existencia que no dicen ninguna mentira, sino que registran que algunas de las obras construidas e inauguradas durante su gestión.

Los abusos y la represión del movimiento estudiantil de Díaz Ordaz son hechos históricos documentados, al igual que el hecho de que el propio Presidente asumió toda la responsabilidad por las acciones de su Gobierno ante los estudiantes. Eso no significa, sin embargo, que su Gobierno no haya tenido logros importantes, particularmente en el campo económico y en obra pública. De hecho, Díaz Ordaz fue parte de esos gobiernos nacionalistas revolucionarios que el actual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, considera como ejemplo al cual regresar después lo que él considera ha sido el período neoliberal.

Porfirio Muñoz Ledo, hoy presidente de la mesa directiva de una Cámara de Diputados dominada por Morena, se precia de ser militante de izquierda, pero en su momento alabó a Díaz Ordaz y al PRI. En 1969, cuando era un joven secretario general del IMSS, aplaudió el “rumbo señalado” por el presidente Díaz Ordaz y añadió que, “en todo el mundo existe la convicción de que los últimos movimientos de rebeldía y de protesta han dejado como secuela inmediata el aumento de poder de los enemigos del cambio social”. Sin embargo, “los conflictos sociales que tuvieron lugar en la Ciudad de México, no dejaron como saldo el más mínimo incremento del poder o de influencia a favor de quienes se oponen a la transformación social y a la autonomía del país”. En otras palabras, para el Muñoz Ledo de 1969, Díaz Ordaz era el impulsor de la transformación social y la autonomía nacional, mientras que el movimiento estudiantil se oponía a estos valores.

La historia siempre es compleja. El primer paso para entenderla, y aprender de ella, es conocerla bien con todos sus matices y contradicciones. Los intentos por simplificarla y convertirla en un simple desfile de héroes impolutos y villanos impresentables no nos traerán ningún conocimiento. Lo que buscan los políticos es presentarnos una historia que sólo refleje su visión.

Cancelaciones

La próxima directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, pidió al actual titular, Enrique Cabrero, suspenda todas las convocatorias que puedan afectar recursos del 2019, lo cual representa un fuerte golpe a científicos y estudiantes que ya se han comprometido a realizar estudios o investigaciones el año que viene. Álvarez-Buylla ahora ha pedido una investigación interna del Conacyt para saber quién filtró su memorándum.
03 Octubre 2018 04:01:00
De NAFTA a USMCA
EN ALGÚN LUGAR DEL CIELO.- De considerar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte el “peor acuerdo comercial” en la historia, Donald Trump ha pasado a afirmar que sus modificaciones son “históricas” y representan “el más importante acuerdo comercial que hemos logrado hasta ahora”. ¿Son tan diferentes el acuerdo original y la modificación? No, pero eso importa poco para un presidente de Estados Unidos que quiere demostrar que todo lo que toca se convierte en oro.

Por lo pronto, Trump ha insistido en cambiar el nombre del acuerdo. En vez de NAFTA o TLCAN, ahora tendremos el Acuerdo de Estados Unidos, Canadá y México, AEUCM en español o USCMA en inglés. Con este cambio, Trump se deshace de la expresión “libre comercio” que tanto aborrece, aunque se queda con un nombre difícil de recordar y pronunciar. El propósito es decir a sus electores que ha cumplido con su promesa de acabar con NAFTA y el libre comercio.

La mayor parte del TLCAN original, sin embargo, se mantiene en vigor. Han cambiado algunas reglas del sector automotor y se han establecido mayores trámites burocráticos en algunos procedimientos. Sí hay barreras adicionales, pero no se espera un cambio radical en el comercio exterior de ninguno de los tres países. El nuevo acuerdo es peor que el original, pero no tanto que haya que rechazarlo.

El contenido de origen del sector automotor ha aumentado de 62.5 a 75%, lo cual obliga a producir en Norteamérica un porcentaje mayor de los autos que pueden beneficiarse del arancel 0. Mientras Estados Unidos no aumente su arancel a los automóviles de todo el mundo a 25%, como ha amenazado Trump, los vehículos producidos en México que no cumplan la regla de origen podrán entrar al mercado estadunidense con un arancel de apenas 2.5 por ciento. Si se aplican ese nuevo 25%, lo cual sería probablemente ilegal bajo las reglas de la Organización Mundial de Comercio, los productores de vehículos sí se verían obligados a hacer algunas modificaciones a sus cadenas de producción.

Otra nueva regla es que un porcentaje creciente de los autos que se beneficien del arancel 0, el cual llegará a 40% en 2023, tendrá que provenir de operaciones con un sueldo promedio superior a 16 dólares por hora. La idea es castigar la producción de México y favorecer a Estados Unidos y Canadá. La medida no cuadruplicará los salarios en México, como algunos sostienen, pero tampoco generará una mudanza mayor de actividades productivas. Quizá algunas partes de las cadenas de producción cambien de lugar, pero la mayor consecuencia práctica será un aumento de la burocracia, ya que las empresas tendrán que documentar qué partes de cada vehículo se realizan con qué salario.

Trump ha afirmado que el nuevo AEUCM generará una recuperación de la actividad y el empleo en las manufacturas en Estados Unidos y reducirá el déficit comercial de su país, pero no hay razones para pensarlo. La industria manufacturera estadunidense ha aumentado su producción en los últimos años, pero el empleo ha caído como consecuencia de la automatización. No se prevé cambio en esta tendencia. El déficit comercial, por otra parte, es producto de factores como el bajo nivel de ahorro, que no dependen de los aranceles.

Lo que le importa a Trump no son las reglas, sino demostrar que él sí cumple sus promesas de campaña. Que haya impulsado un acuerdo menos eficiente, y con un nombre más feo, es lo de menos. Lo importante es cómo ejercerán el voto los electores el próximo 6 de noviembre.

A 11,583 METROS

Escribo este artículo en un avión a 11 mil 583 metros de altitud que se mueve a 703 kilómetros por hora con acceso a internet. Para bien o para mal, cada vez estamos más conectados. Nadie puede detener la globalización.
02 Octubre 2018 04:00:00
Rebelión de jóvenes
El movimiento estudiantil de 1968 fue en buena medida producto de la intolerancia. Los enfrentamientos del 22 y 23 de julio entre alumnos de las vocacionales 2 y 5 del Politécnico con estudiantes de la preparatoria privada Isaac Ochoterena provocaron una explosión de inconformidad por la violencia de la intervención de la policía. La represión de las manifestaciones del 26 de julio, las detenciones de miembros del Partido Comunista y, sobre todo, el bazukazo en la puerta labrada de madera de la Preparatoria 1, el antiguo Colegio de San Ildefonso, el 30 de julio, fueron detonantes adicionales de un movimiento que reflejaba también el espíritu de rebelión de una nueva generación, no solo en México, sino en el mundo.

Yo tenía 14 años y asistía apenas a tercero de secundaria, pero participé en la manifestación del 1 de agosto encabezada por el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, quien enfureció al presidente Gustavo Díaz Ordaz por su decisión de izar a media asta la bandera de rectoría. Me uní también a la marcha del silencio del 13 de septiembre, un río de jóvenes que en su silencio ofrecía una condena más contundente al Gobierno que la de los más airados lemas políticos. Fui miembro de la Brigada Carlos Marx, un grupo de niños de secundaria que le reportaba a “El Búho”, Eduardo Valle, en la Facultad de Economía de la UNAM.

El movimiento no tenía una ideología clara. Algunos simplemente se oponían al régimen autoritario del PRI. Otros querían encabezar una revolución socialista. Algunos eran trotskistas, otros maoístas, otros comunistas. Para muchos la simple rebelión era más importante que saber qué había qué construir.

He escuchado muchas teorías de la conspiración sobre el movimiento. Las primeras las ofreció el propio presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien argumentaba que había un plan comunista para desestabilizar al país en vísperas de los Juegos Olímpicos de 1968. Ha sido muy popular la tesis de que Luis Echeverría, entonces secretario de Gobernación, manipuló el movimiento para generar incertidumbre política y convertirse en el sucesor inevitable de Díaz Ordaz. No falta quien diga que simplemente sufrimos una muy mexicana falta de coordinación entre las autoridades.

El 2 de octubre en Tlatelolco las tropas que ingresaron a la plaza de las Tres Culturas fueron recibidas por balas de francotiradores, pero quienes disparaban no eran miembros del movimiento, sino militares vestidos de civil, que algunos han identificado como el Batallón Olimpia y otros como elementos del Estado Mayor Presidencial. Ellos, al parecer, hirieron desde las alturas al general José Hernández Toledo cuando entró a la plaza. Los jóvenes, que no llevaron armas al mitin, fueron quizá simples peones en una lucha que ellos no entendían.

Nuevos jóvenes salen cada año a las calles para corear que el 2 de octubre no se olvida; pero en 2016 Luis González de Alba, uno de los protagonistas del movimiento, escribía que “los participantes, entrevistados por diversos medios y a lo largo de años, son prueba de que se ha olvidado: nadie sabe qué es lo que no se olvida, qué ocurrió ese 2 de octubre”.

Lo que sí sabemos es que el recuerdo se ha convertido en uno de los mitos nacionales que obliga a los políticos a hacer pronunciamientos. Nadie puede estar en el poder si no asume una posición políticamente correcta ante un movimiento que, 50 años después, deja más dudas que certezas.

ACUERDOS

Canadá ha logrado mantener el capítulo 19 del TLCAN sobre resolución de controversias, lo cual beneficiará también a México. Además, ha reducido sus barreras a los lácteos, lo cual beneficiará a los consumidores canadienses, pero irritará a los productores de lácteos de Québec, provincia que ayer tuvo elecciones.
01 Octubre 2018 04:00:00
¿Sin Canadá?
Para México ha sido mejor preservar un tratado comercial con Estados Unidos, aunque sea peor que el anterior. Para Canadá, por lo menos hasta el momento de escribir este artículo, ha sido mejor perder NAFTA que aceptar un deterioro.

Cada país tiene sus prioridades. México sería el país más afectado por la desaparición del TLCAN. Nuestros productores envían a Estados Unidos 81.03% de sus exportaciones (2016, WITS/World Bank). Canadá ocupa el segundo puesto entre los destinos, pero sólo con 2.79%. Muchas de las exportaciones de México a otros países, por otra parte, dependen de la red de producción que NAFTA ha creado en Norteamérica.

Canadá manda a Estados Unidos 76.23% de sus ventas al exterior, pero no depende tanto del comercio exterior como México. El comercio internacional de Canadá representa 52.2% de su PIB, mientras que en México la cifra es de 73.2%(Banco Mundial). Una alta dependencia del comercio internacional no es necesariamente mala: el comercio exterior representa el 148.4% del PIB de los Países Bajos, el 216.4% de Singapur y el 83.7% de Suiza. El problema de México es la fragilidad de su economía.

Alicia Bárcena, de la Cepal ,señalaba en octubre de 2017 que la cancelación total del TLCAN traería consigo una caída de 6.3% en las exportaciones mexicanas y de 8.5% en las importaciones. El PIB mexicano podría tener una baja de 1.9%. Por eso era tan importante preservar lo que fuera del acuerdo. En contraste, el Conference Board de Canadá, una asociación de grandes empresas, calculaba en marzo de 2018 que la terminación del acuerdo le costaría a Canadá un 0.5% del PIB y la pérdida de 85 mil empleos en el primer año para llegar a 91 mil en total en el segundo. Es malo, pero no un desastre.

También Estados Unidos sufriría un golpe por el fin del TLCAN, pero el comercio internacional sólo representa 11.89% de la economía de Estados Unidos (Statista). En enero de este 2018 Oxford Economics, una consultora afiliada a la universidad inglesa del mismo nombre, calculaba la pérdida de 300 mil empleos en Estados Unidos y una desaceleración económica de medio punto porcentual. Pero la Unión Americana tenía a fines de agosto 149 millones de empleos (bls.gov), lo cual hace que esos 300 mil no le preocupen ni al presidente Donald Trump ni a los votantes que culpan de sus problemas al comercio internacional.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha hablado con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, con quien Trump dice tener una cercanía mayor que con el “capitalista” Enrique Peña Nieto, para pedirle su intercesión para el logro de un acuerdo con Canadá. López Obrador ha aceptado, pero sin abandonar el convenio ya logrado entre México y Estados Unidos. El presidente electo de México está convencido de que es mejor tener un peor acuerdo con Washington que nada, porque nada podría llevar a una depreciación del peso mexicano, un aumento en las tasas de interés y quizá una nueva crisis económica. “No vamos a revisar lo acordado –ha declarado– porque no queremos poner en riesgo el futuro económico, la estabilidad financiera de nuestro país”.

¡Cómo ha cambiado el mundo! Un presidente republicano estadunidense promueve el proteccionismo, mientras que un nuevo presidente mexicano que viene de la izquierda nacionalista defiende las ventajas de preservar tanto libre comercio con Estados Unidos como se pueda.

Crecimiento

Hasta ahora la economía canadiense sigue creciendo a buen paso. Se espera que cierre 2018 con 2.3%, pero en buena medida remolcada por el 2.9 por ciento de Estados Unidos (Economist).
28 Septiembre 2018 02:09:00
Duarte culpable
Por supuesto que decepciona que Javier Duarte haya sido condenado a solo nueve años de cárcel por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La multa de 58,890.60 pesos parece, incluso, un insulto. Si se considera el tiempo que ya lleva en la cárcel, el exgobernador de Veracruz podría alcanzar la libertad provisional en apenas 3 años.

Duarte ha sido el rostro de la corrupción en México desde hace años. Las acusaciones por presuntos desvíos en su contra han alcanzado cifras de hasta 75 mil millones de pesos. La Procuraduría General de la República, sin embargo, solo acreditó el desvío de mil 650 millones de pesos y la propiedad por él o por prestanombres de 21 terrenos y otras 20 propiedades, que serán devueltos al erario.

Duarte consiguió la imposición de la pena mínima al declararse culpable en los términos que permite el nuevo sistema penal. Esta declaración formal, sin embargo, no quiere decir que él mismo se considere culpable. Ricardo Sánchez Reyes Retana, su abogado, ha señalado que el defendido se declaró culpable para lograr un procedimiento abreviado, sin el cual el juicio podría haberse prolongado durante años. No hay constancias en el expediente, afirma, que acrediten que “algún recurso proveniente del Gobierno del estado de Veracruz hubiera ingresado al patrimonio de Duarte de Ochoa de manera ilegal”.

El nuevo sistema penal acusatorio con el que se juzgó a Duarte está hecho para facilitar este resultado. El procedimiento abreviado implica un beneficio para el inculpado, al darle una sentencia más ligera, pero les ahorra a él y a la sociedad un juicio prolongado y costoso, durante el cual el acusado habría tenido que permanecer en la cárcel, aunque no hubiera sentencia definitiva en su contra. “La ley mandata beneficios –declaró el subprocurador Felipe de Jesús Muñoz Vázquez– y la ley no puede ser a modo”.

Los casos federales por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, sin embargo, no son el final de los procesos contra Duarte y sus allegados. La Auditoría Superior de la Federación ha presentado un centenar de acusaciones por presunto peculado. También hay numerosas acusaciones promovidas por el actual Gobierno de Veracruz, que se ventilarán en el fuero estatal.

También a Elba Esther Gordillo, recordemos, se le acusó de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, por las que quedó exonerada después de casi 5 años de proceso. La maestra, sin embargo, no enfrentó denuncias por peculado, que debió haber presentado el SNTE, mientras que Duarte sí las tiene.

Sin duda, las primeras sentencias contra Duarte tienen castigos decepcionantes, pero cuando menos el exgobernador ya no ha quedado oficialmente impune, como tantos otros políticos. Otras acusaciones pueden llevar a castigos más severos, pero los procesos serán prolongados. Si no nos gusta este sistema, tendremos que modificar las leyes. Lo que no podemos es tener unas leyes para algunos y otras distintas para los demás.

La corrupción es una de las principales preocupaciones de nuestro país y explica en buena medida el triunfo de Andrés Manuel López Obrador el 1 de julio. El nuevo sistema anticorrupción parece ser un avance importante para impedir casos como el de Duarte. Es importante, por lo tanto, que se complete el sistema y que se nombre al nuevo fiscal anticorrupción. Hasta ahora no ha habido prisa.

GUERREROS LIBRES

Un juez federal ha absuelto a ocho miembros de la banda Guerreros Unidos que confesaron su participación directa en la ejecución y quema de los normalistas de Ayotzinapa. La campaña del movimiento de Ayotzinapa está resultando, terrible y paradójicamente, en la liberación de los presuntos asesinos de los normalistas.
27 Septiembre 2018 04:00:00
El legado de Mao
El 1 de octubre de 1949 Mao Zedong (Mao Tse-tung en la vieja transliteración Wade-Giles) declaró la República Popular de China. Concluía así una guerra civil que empezó en la década de 1920, se interrumpió durante la Segunda Guerra Mundial mientras comunistas y nacionalistas se enfrentaban a los invasores japoneses, y se renovó después con enorme violencia hasta la victoria comunista y la salida de los nacionalistas de la China continental para refugiarse en la isla de Taiwán.

Mao encabezó desde entonces y hasta su muerte no solo un gobierno desastroso sino criminal. Su “gran salto hacia adelante”, de 1958 a 1961, fue un enorme retroceso que empobreció de manera brutal al país. Las políticas de colectivización del campo y las directrices que dictaba desde el aislamiento del poder produjeron un desplome de la producción de alimentos y llevaron a la muerte por hambre de 45 millones de chinos (Frank Dikötter, Mao’s Great Famine; Walker & Co., 2010). Su posterior revolución cultural, de 1966 a 1976, significó un golpe brutal a la cultura del país y llevó a la purga de millones de chinos por delitos como tener una educación formal.

La economía de China no empezó a despegar sino hasta después de la muerte de Mao en 1976, cuando Deng Xiaoping impulsó una política de apertura económica y reintrodujo el capitalismo con el argumento: “No importa que el gato sea blanco o negro, sino que sepa cazar ratones”. Deng, sin embargo, mantuvo el culto a la personalidad de Mao, quizá con la idea de que esto le permitiría controlar mejor el país, donde los fanáticos del ex “gran timonel”, entre ellos la propia viuda de Mao, Jiang Qing, seguían teniendo mucho poder, o quizá con el placer perverso de usar la imagen del fallecido líder comunista para impulsar el capitalismo.

Mao habría estado feliz, sin duda, con la continuación del culto a su personalidad. Era un hombre enamorado de sí mismo que dijo en una ocasión: “¿Qué hay de malo con el culto? La verdad está en nuestras manos, ¿por qué no habríamos de adorarla?”.

A Mao poco o nada le importaban las muertes provocadas por sus políticas. En una ocasión reflexionó sobre la posibilidad de una guerra entre países capitalistas y comunistas. “Imaginemos cuánta gente puede morir si estalla la guerra. Hay 2 mil 700 millones de personas en el mundo y se podría perder un tercio. Si fuera más alto, podría ser la mitad. Yo digo que, si lo peor llegara a ocurrir y muriera la mitad, todavía sobreviviría la mitad, pero el imperialismo sería borrado y todo el mundo sería socialista. Después de algunos años, otra vez habría 2 mil 700 millones de personas”.

Este 1 de octubre el Gobierno chino celebrará el 69º aniversario del triunfo de la Revolución comunista. Lo hará, como siempre, con homenajes a Mao. Hace ya mucho tiempo que las autoridades chinas abandonaron las políticas comunistas que causaron tanta muerte y sufrimiento, pero mantienen el autoritarismo político que también promovió Mao. Preservan de igual manera el culto a Mao, cuyo supuesto cuerpo embalsamado se exhibe en un mausoleo en la plaza de Tiananmen de Beijing.

La verdad, sin embargo, es que Mao fue un gobernante autoritario y genocida, que debe ser colocado en los libros de historia al lado de Adolf Hitler y Stalin. A pesar de eso se le sigue reverenciando tanto en China como en otros países. Los gobernantes chinos lo hacen porque saben que en algunos casos es conveniente mantener ciertos mitos históricos. Mucha otra gente en el mundo lo hace por ignorancia.

PANCHO VILLA

En Chihuahua, donde me encuentro, hay una actitud similar. Los registros históricos nos dicen que Francisco Villa fue un asaltante, asesino y violador, pero su nombre se preserva como el de uno de los grandes héroes del estado.
26 Septiembre 2018 04:00:00
Iguala, cuatro años
Es difícil pensar que un viernes en la noche hace cuatro años el presidente Enrique Peña Nieto decidió ordenar el secuestro de un grupo de normalistas de Ayotzinapa porque le estaban causando molestias a José Luis Abarca, presidente municipal perredista de Iguala.

Al mandatario se le pueden cuestionar muchas cosas. Quizá su lentitud de reacción, con la idea de que la investigación correspondía a las autoridades de Guerrero, o la falta de explicaciones claras de sus portavoces. El problema de fondo es que el Gobierno federal parece haber perdido el control de ciertas zonas del país ante el avance del crimen organizado. Entre los errores del Presidente, sin embargo, no parece estar el haber dado la orden de secuestrar a los estudiantes.

Las investigaciones de la PGR sugieren que los jóvenes fueron atacados y secuestrados por elementos de la Policía Municipal de Iguala y entregados a integrantes de Guerreros Unidos, un grupo de narcotraficantes que los ejecutaron y quemaron –o cuando menos a algunos– en el basurero municipal de Cocula. ¿Cuál habría sido el motivo? Los propios delincuentes detenidos han declarado que sus jefes pensaron que los jóvenes eran miembros de una organización rival, llamada Los Rojos.

El movimiento de Ayotzinapa –un grupo de activistas que ha reclutado a algunos padres de los normalistas desaparecidos y mantiene movilizaciones de tiempo completo– ha rechazado la investigación y sostiene que el responsable “fue el Estado”. Según su visión, el Gobierno secuestró a los normalistas y quizá los mantienen privados de la libertad en algún cuartel militar o en otro lugar no identificado.

Jesús Murillo Karam, procurador general en los primeros tiempos de la investigación, se refirió a las conclusiones de la PGR como la “verdad histórica”. Yo no creo en las verdades históricas, sino en las hipótesis sustentadas por pruebas. La información disponible sugiere que la versión de la PGR es sólida. La avalan no sólo declaraciones de los policías y los delincuentes, sino comunicaciones entre los participantes y testimonios de testigos. Unos mensajes de Blackberry de líderes de Guerreros Unidos surgidos en un juicio en Chicago confirman también esta hipótesis.

Esto no es aceptable para el movimiento y su intención de culpar al Estado. Por eso buscó el apoyo de un llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que llegó a México con la consigna de avalar la tesis de Ayotzinapa. José Torero, uno de los integrantes del GIEI, sostuvo que era imposible quemar los cuerpos en el basurero; cuando un estudio de seis especialistas determinó que sí era posible, Torero fue el único que votó en contra.

La PGR afirma haber encontrado una bolsa con cenizas y restos humanos en el río San Juan. Dos normalistas fueron identificados entre estos restos en estudios genéticos realizados en Austria. El movimiento argumenta que la bolsa y los restos fueron plantados por la PGR.

Reitero que no puede haber una verdad histórica. Si hay información contraria a una hipótesis, ya sea la que sostiene la PGR o la de Ayotzinapa, debe ser modificada. Hasta este momento la visión de la PGR parece tener más sustento que la de quienes buscan demostrar que el Estado mandó secuestrar a los normalistas y los mantiene presos en alguna mazmorra militar; pero como no es políticamente correcta, no prevalecerá.

Dejar de trabajar

La enorme mayoría de los campesinos de nuestro país no tienen la posibilidad de dejar de trabajar durante cuatro años para unirse a un movimiento político de tiempo completo. Quienes participan en el movimiento de Ayotzinapa, sí lo han podido hacer. Al parecer, alguien les está pagando un sueldo.
25 Septiembre 2018 04:00:00
Producir y no soñar
Andrés Manuel López Obrador ha señalado su intención de subir la producción petrolera de nuestro país, pero para eso es importante que no se establezcan nuevos obstáculos a la actividad.

“Nosotros lo que queremos es llegar a fines de sexenio a una producción de cuando menos 2.6 millones de barriles al día”, dijo el presidente electo el pasado 8 de septiembre en Tabasco. La producción de petróleo crudo en los siete primeros meses de 2018 fue de 1.9 millones de barriles diarios, por lo que la meta de López Obrador implicaría subir la producción 37% para 2024. La meta de 2.6 millones de barriles nos regresaría a un nivel apenas superior a los 2.5 millones de fin del sexenio de Felipe Calderón y sería todavía muy inferior a la producción de 3.4 millones de 2004.

La necesidad de subir la producción de petróleo es la razón por la que López Obrador ha decidido mantener la apertura a la inversión privada en petróleo, a pesar de sus cuestionamientos a la reforma energética. Si se cancelan estas inversiones privadas no hay duda de que no se logrará la meta.

La inversión privada, sin embargo, no es suficiente. Es importante también recurrir a nuevas tecnologías; y la fractura hidráulica, o fracking, es la que ofrece mejores perspectivas en este momento. El problema es que López Obrador y otros políticos se niegan a considerar siquiera la posibilidad. “No vamos a usar ese método ya para extraer petróleo”, dijo el presidente electo el 31 de julio. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, ha dicho que se va a revisar a fondo la práctica del fracking por sus supuestos daños ambientales. Movimiento Ciudadano ha propuesto una prohibición a la tecnología en el Artículo 27 de la Constitución.

Estos políticos se han dejado engañar por la publicidad negativa de algunos grupos de interés. Toda producción de petróleo conlleva riesgos ambientales, pero los mayores no son en la fractura hidráulica sino en la perforación de aguas profundas, que sí está manteniendo el nuevo gobierno. El mayor derrame petrolero en la historia fue el de la plataforma Deepwater Horizon de BP en 2010, cuando 779 mil toneladas de petróleo crudo fueron vertidas en las aguas del golfo de México. Ha habido algunos registros de contaminación de gas metano de acuíferos por producción de fracking, pero son pocos y aislados. Ninguno se aproxima ni remotamente a los daños generados por los derrames petroleros. Una de las razones es que los pozos de fractura hidráulica son mucho más pequeños; la otra, es que la tecnología ha mejorado de forma importante.

La producción petrolera de Estados Unidos aumentó de 5 millones de barriles diarios en 2008 a 9.3 millones en 2017. La razón es la producción por fractura hidráulica. En 2016, de los 977 mil pozos en Estados Unidos, 670 mil eran ya de fracking, sin que haya reportes de problemas ambientales significativos. En México, fuera de unos cuantos pozos experimentales, no hay producción con esta tecnología.

México puede ser un importante productor de petróleo por fractura hidráulica. La cuenca de Burgos de Coahuila tiene la misma estructura geológica que el sur de Texas, donde los campos de Eagle Ford se cuentan entre los principales productores de Estados Unidos. Pero si los políticos deciden prohibir la tecnología, a pesar de que implica menores riesgos ambientales que la extracción marina, tendremos que seguir perdiendo terreno.

Gas por fracking

La producción de gas natural, un combustible más limpio que el petróleo, requiere también del fracking. Si no aplicamos la tecnología, estaremos condenados a seguir importando este combustible de Estados Unidos, donde esta técnica se usa sin más restricción que la aplicación de buenas prácticas ambientales.
24 Septiembre 2018 04:00:00
Ver lo que se siente
Una de las promesas de Andrés Manuel López Obrador como candidato fue eliminar los seguros de gastos médicos privados de altos funcionarios y legisladores. No hay nada más irritante para los ciudadanos que enfrentar las deficiencias de la salud pública cuando los políticos se atienden en los más caros hospitales privados.

López Obrador presentó su propuesta con ánimo vengativo: “Va a haber austeridad republicana –dijo el 2 de mayo–. Por eso vamos a ahorrar. No va a haber atención médica privada para los altos funcionarios públicos. Se gastan 5 mil millones de pesos al año nada más en atención médica privada para la burocracia dorada. Eso va a terminar, van a ir al ISSSTE, van a ir al Seguro, van a ir al Seguro Popular, para que vean que lo que se siente”.

Quizá por ese ánimo, hubo una lluvia de cuestionamientos a López Obrador cuando se supo que su hijo de 11 años fue llevado la semana pasada por su madre, Beatriz Gutiérrez Müller, a un hospital privado después de sufrir una fractura mientras jugaba en un parque. El propio López Obrador se encontraba de gira.

Es lógico que Gutiérrez Müller haya llevado a su hijo a Médica Sur. El hospital se encontraba cerca del parque, aun cuando también estaba próxima la zona de hospitales públicos de Tlalpan. La madre sabía que en el hospital privado tendría un servicio rápido y eficiente, mientras que en muchos nosocomios públicos se vive una situación de saturación. Cuando una madre escucha el llanto de su hijo fracturado, no hay consideración política que valga.

Para muchos, lo relevante fue que la esposa del presidente electo no llevó al pequeño a un hospital público para “ver lo que se siente”. El propio López Obrador tampoco acudió a un hospital público, sino a Médica Sur, cuando sufrió un infarto en 2013. En ambos casos los López Obrador pagaron de su bolsillo. Lo importante, sin embargo, no es castigar a los funcionarios para que vean lo que se siente, sino tener mejores hospitales públicos.

Nuestros hospitales públicos cuentan con grandes médicos. En el IMSS, el ISSSTE y los institutos nacionales de salud colaboran las mayores eminencias de México. Los médicos del Rubén Leñero, Xoco o el Gea González tratan cientos de casos cada día y con una impresionante habilidad. El hijo del presidente electo habría tenido en ellos un tratamiento excelente para su fractura. Los problemas del sistema de salud pública son, sobre todo, la saturación, la falta de recursos y la burocratización. Un paciente no sabe cuánto esperará para que se le trate.

Santiago Levy, director general del IMSS de 2000 al 2005 y hoy vicepresidente del BID, ha propuesto financiar los servicios médicos públicos con un IVA generalizado para no depender de cuotas al trabajo que castigan el empleo formal. Canadá, por otra parte, tiene un sistema de salud universal pagado en un 70% por fondos públicos, pero proporcionado por médicos privados y hospitales que operan como empresas independientes; el sistema parece más eficiente que los servicios completamente públicos, como el mexicano, o el seguro privado estadunidense.

Obligar a los altos funcionarios a acudir a servicios médicos deficientes para que vean lo que se siente me parece una pésima política pública, sobre todo cuando quien la lanza no acude a esos servicios públicos. Más que castigar a los funcionarios, hay que mejorar los servicios para todos.

Al IMSS

Cuando José Antonio González Anaya era director general del IMSS sufrió un accidente de bicicleta en Ixtapa, pero no acudió a una clínica privada sino a la del Seguro. En un principio no lo querían atender porque no llevaba su credencial y él no se quería identificar como director. Después el servicio fue bueno.
21 Septiembre 2018 04:00:00
Varado como Obama
Andrés Manuel López Obrador y su séquito quedaron varados 5 horas el miércoles en el aeropuerto de Huatulco. Su salida en VivaAerobús estaba programada para las 17:20, pero una fuerte tormenta y la saturación de tránsito aéreo en la Ciudad de México la demoraron 5 horas.

“No por esto voy a cambiar de opinión –dijo el presidente electo–. No me voy a subir al avión presidencial. Me daría pena, se me caería la cara de vergüenza de subirme a un avión lujoso en un país con tanta pobreza”.

Efectivamente, López Obrador ya no puede echarse para atrás. El rechazo al avión presidencial que no tiene ni Obama fue una parte relevante, aunque mentirosa, de su campaña. Si bien los dos aviones de Obama eran mejores que el mexicano, Andrés Manuel logró promover su imagen de honestidad personal. El golpe político que sufriría en caso de usar el avión ahora sería brutal.

Nunca he estado en el nuevo TP–01, por lo que no sé si sea tan “lujoso” que resulte inaceptable “en un país con tanta pobreza”, pero quienes sí han viajado en él me dicen que no es diferente de cualquier avión presidencial o, si acaso, resulta más modesto que otros.

El Embraer del presidente venezolano Nicolás Maduro, decorado por su esposa Cilia Flores, sí es digno de un jeque árabe. Cuenta con acabados de caoba y oro, 32 asientos de cuero con controles de temperatura individualizados, una ducha tipo spa con siete niveles de agua para masaje, dos habitaciones con cama King, dos cocinas, 12 televisores y wifi disponible en vuelo y en cualquier país. La decoración de la recámara presidencial la hizo Gucci (peru.com).

López Obrador tiene una visión muy tabasqueña del tiempo y no le preocupa quedarse varado en un aeropuerto. Cuando Adriana Pérez Cañedo le preguntó en una reunión de la American Chamber en abril qué pasaría si se retrasa un vuelo y no puede llegar a la Asamblea General de las Naciones Unidas, su respuesta fue muy sencilla: “Pues ya no llegué”.

Hay quien ve las cosas de otra manera. Virtualmente, todos los presidentes o primeros ministros cuentan con su propio avión o tienen acceso a uno de la fuerza aérea de su país. José Mújica, el ex presidente de Uruguay, famoso por su austeridad personal, se negó a adquirir uno a pesar de que el Congreso había aprobado la compra, pero pedía “aventón” a otros mandatarios, cargando el costo a los contribuyentes de otros países, como ocurrió en enero del 2013 cuando el presidente Enrique Peña Nieto lo trasladó de Santiago de Chile a Montevideo. Después de que Mújica dejó el mando, su sucesor, Tabaré Vázquez, también de izquierda, compró el necesario avión, un modesto C–29 Hawker, multipropósito, que puede usarse para varios objetivos y no solo para trasladar al Presidente.

Yo tengo la impresión de que la labor de un presidente es importante. No me siento tan cómodo con un mandatario que se queda varado en un aeropuerto 5 horas o que no llega a una reunión internacional. Me preocupa, también, que esté incomunicado mientras vuela en aviones comerciales, cuando puede haber una crisis nacional. Supongo que a él no lo afectará la sobreventa, tan usual en las aerolíneas, y es muy posible que a sus vuelos se les dé prioridad. De hecho, por protocolo los vuelos con un Mandatario reciben prioridad en las operaciones de los aeropuertos. Pero esto no resuelve los problemas de fondo.

López Obrador ya no se puede echar para atrás por razones políticas. Lo lamento por el país. Supongo que su sucesor tendrá que comprar un nuevo avión presidencial.

AVIÓN CON AMLO

“Yo no quiero subirme en un avión en que vaya AMLO –me dice Bertha Pantoja, investigadora–. Además de aguantar al séquito, es un peligro para el resto de los pasajeros. Aunque él ame a todo el pueblo bueno, no todos lo aman”.
20 Septiembre 2018 04:07:00
Razones del aeropuerto
A veces se olvidan las razones por las que estamos construyendo un nuevo aeropuerto. La primera es que el actual no solo está saturado, sino rebasado; fue diseñado para manejar 32 millones de pasajeros al año, pero en 2017 registró 44 millones y este 2018 alcanzará 48 millones. La segunda es que un nuevo aeropuerto con mayor capacidad puede convertirse en un hub internacional, un centro de conexiones que aumente la competitividad de la industria aeronáutica nacional y del país en general. Esto significaría la creación de miles de empleos, no solo en el aeropuerto, sino también en las aerolíneas y otros campos de actividad.

El aeropuerto de Texcoco cumple ampliamente con el objetivo de ampliar la capacidad. En su primera etapa podría manejar 70 millones de pasajeros. Cuando esté completamente desarrollado, llegará a 125 millones. Llenará las necesidades previsibles de la industria aeronáutica durante buena parte de este siglo 21.

¿Y la combinación de Santa Lucía con el actual aeropuerto de la Ciudad de México? No sabemos. La corporación Mitre ha señalado que habría interferencias en las rutas de vuelo, pero no queda claro qué tan graves serían. He escuchado opiniones que señalan que la suma de los dos aeropuertos no podría manejar ni siquiera los 32 millones de pasajeros para los que está diseñado el AICM; estaríamos invirtiendo en un nuevo aeropuerto para disminuir la capacidad total. Otros afirman que la capacidad combinada sí sería superior a la actual, aunque no por mucho. Habrá que esperar al estudio que el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, ha pedido a la Organización de Aviación Civil Internacional.

El objetivo que no puede cumplir el uso conjunto de dos aeropuertos es el de conectividad. Será difícil que un pasajero de Torreón o Guatemala vuele al actual AICM para tomar un autobús que lo lleve a Santa Lucía, en dos o más horas, y tome después un vuelo a Nueva York o París. Las conexiones se harán a través de Houston, Miami o Panamá, pero no de un sistema de aeropuertos sin conectividad.

Los centros de conexiones son un excelente negocio. Por eso los aeropuertos de Heathrow en Londres, Schiphol en Amsterdam, Charles de Gaulle en París o Francfort se pelean el privilegio de manejar los vuelos de conexión que pasan por Europa. En Panamá, el aeropuerto internacional de Tocumen registró 15.6 millones de pasajeros en 2017, casi cuatro veces la población total del país de 4 millones, y busca ampliar el número a 25 millones con una ampliación ya en proceso. La conectividad que ofrece Tocumen ha permitido que Copa Airlines, la aerolínea panameña, haya transportado 13.5 millones de pasajeros en 2017, un crecimiento de 7.1% sobre el año anterior, con 100 aviones y 8 mil 69 empleados, cifras impresionantes para una aerolínea de un país tan pequeño como Panamá.

El aeropuerto de Texcoco ofrecería la conectividad que permitiría detonar un aumento significativo del tráfico aéreo con la creación de empleos en tierra y en las aerolíneas. Tener dos aeropuertos eliminaría la posibilidad de generar un hub, lo que significaría una pérdida importante de conectividad, competitividad y generación de nuevos empleos. No se está discutiendo la simple ubicación de un aeropuerto, sino la eliminación de un cuello de botella para el desarrollo del país. La decisión no solo afectará a quienes vuelan, sino a toda la economía.

SOLO INDÍGENAS

La Organización Pueblos Unidos contra el Nuevo Aeropuerto sí quiere una consulta, pero no con toda la población. César Sandino Rivero dice que solo deben ser consultadas las comunidades indígenas. Tenemos leyes, dice, que dan derecho a la consulta solo a los pueblos originarios.
19 Septiembre 2018 04:00:00
La gran recesión
La quiebra de Lehman Brothers, el 15 de septiembre de 2008, marcó el inicio de lo que se ha llamado la gran recesión. Se ha dicho que fue la crisis que nadie previó; pero, si bien es verdad que muy pocos lo hicieron, el economista neerlandés Dirk Bezemer señala, en No One Saw This Coming, que 12 individuos (académicos, asesores gubernamentales, consultores, comentaristas bursátiles y un estudiante de postgrado) previeron la recesión e identificaron que sería provocada por una crisis en el sector de la vivienda. Entre ellos se contaban los economistas Nouriel Roubini, Peter Schiff y Robert Shiller.

Algunos políticos y comentaristas han tratado de hacer de la gran recesión una lección ideológica. Dicen que la crisis demostró los males del capitalismo, la desregulación bancaria y la globalización financiera. Ignoran que la crisis surgió de una mala política pública del Gobierno de George W. Bush en los Estados Unidos, que utilizó a dos bancos paraestatales, Fannie Mae y Freddie Mack, para promover créditos hipotecarios. El desplome de las hipotecas basura, sub-prime mortgages, muestra no una falla del sistema de libre empresa, sino más bien el daño que pueden ocasionar a un mercado las malas decisiones de un gobernante.

Bush estaba convencido de que para volver conservadora a la población estadunidense era importante que todas las familias tuvieran casa propia. Por eso inyectó una enorme cantidad de recursos gubernamentales a préstamos hipotecarios. La presión política para dar estos créditos era tan fuerte que no importaba si las familias no tenían empleo, ingresos o activos.

La burbuja creada por esta inyección artificial de dinero al mercado inmobiliario tenía que estallar tarde o temprano. Pero hubo otros factores en la crisis. Uno de ellos fue la política monetaria expansiva que la Reserva Federal mantuvo desde los años 90, con la idea de que así podía evitar las recesiones de forma definitiva. Economistas como John Quiggin y Ben Bernanke afirmaron, en efecto, que la “gran moderación” era prueba de que con políticas financieras intervencionistas los bancos centrales podían eliminar las recesiones. No sorprende que no hayan previsto la crisis de 2008. La política expansiva de los banqueros centrales infló la burbuja e hizo que la ruptura se hiciera más violenta.

La crisis se expandió a todo el mundo, en parte porque muchos de los créditos impagables fueron ocultados en paquetes de bonos hipotecarios que daban rendimientos muy altos y parecían sumamente atractivos en un ambiente de bajas tasas de interés. Al final resultaron tóxicos. Los políticos se equivocaron tanto como los financieros.

El 1 de septiembre de 2008, el actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, declaró: “No veo los riesgos de una verdadera recesión europea”. La recesión tuvo lugar, sin embargo, tanto por contagio de la crisis estadunidense como por problemas internos, como una burbuja inmobiliaria en España y un excesivo déficit de presupuesto en Grecia.

La historia económica sugiere que las recesiones son inevitables, ya que forman parte de los ciclos económicos.

Son tan indispensables en estos ciclos como las fases de crecimiento. Como las bancarrotas, son dolorosas, pero necesarias para la depuración y renovación de los mercados.

La gran recesión fue consecuencia de malas políticas públicas: créditos impulsados desde el Gobierno y el intento de lograr una gran moderación imposible de mantener. Preocupa que las lecciones no se han aprendido.

POR APRENDER

Por un tiempo pareció que los sismos de 1985 nos habían dado las lecciones que necesitábamos para construir mejor. Los de 2017, con su nuevo saldo mortal, ratificaron que aún nos falta mucho por aprender.
18 Septiembre 2018 04:00:00
País en bancarrota
Andrés Manuel López Obrador cambió de opinión en un tiempo muy corto. Apenas el 4 de septiembre declaró en Monterrey: “Hay problemas, es público, es notorio de que hay una crisis en el país, pero no hay crisis política, no tenemos una crisis financiera; no está sucediendo lo que desgraciadamente está sucediendo en Argentina”.

En cambio, este 16 de septiembre en Nayarit afirmó: “Lleva 30 años en bancarrota el país desde que se está aplicando la política neoliberal. Estamos produciendo petróleo como hace 40 años. En pobreza, hay muchos más pobres que antes. En inseguridad, está peor: 80 homicidios diarios”.

¿Está México en bancarrota? No lo parece. El crecimiento económico del país en este 2018 será de alrededor de 2 por ciento. ¿Escaso? Sí. ¿Crítico? No. Simplemente señala que Enrique Peña Nieto no pudo romper el techo de crecimiento que durante décadas ha tenido la economía.

Muchas de las reformas, me parece, han sido positivas, pero tardarán en promover un mayor crecimiento. Es significativo que fuera de la reforma educativa, que rechaza por razones políticas, López Obrador se ha comprometido a mantener las demás, empezando por la energética. Alfonso Romo, futuro jefe de la Oficina de la Presidencia, ha dicho que continuarán las licitaciones de campos petroleros a empresas privadas.

En 2004 la producción de petróleo fue de 3.4 millones de barriles diarios, mientras que en este 2018 ha registrado apenas 2.1 millones. ¿Por qué cayó? El enorme yacimiento de Cantarell ha venido declinando en tanto que no ha habido suficiente inversión productiva. La reforma energética busca aumentar esa inversión, al permitir la del sector privado, pero los campos tardan muchos años en desarrollarse. Solo se han licitado, sin embargo, campos en el mar, cuando el gran avance en la producción petrolera en los últimos años en Estados Unidos ha sido en tierra, en roca de esquistos que han producido petróleo por el método de fractura hidráulica que en México no se ha empezado a usar y que sería quizá la mejor manera de regresar a los niveles de producción del pasado.

Otras reformas han funcionado bien. La financiera ha hecho que el crédito al sector privado crezca de cuatro a cinco veces más que la economía. La laboral ha generado un número mayor de empleos formales. La de telecomunicaciones ha permitido también una expansión del sector. La reforma fiscal significó un golpe a los causantes cautivos, pero le dio más dinero al Gobierno para enfrentar la caída de los ingresos petroleros.

En cuanto a la inseguridad, está en los niveles más altos de las últimas décadas. Sin embargo, las cifras de homicidios siguen siendo inferiores a las de los años cuarenta, cincuenta y sesenta, cuando gobernaba el viejo PRI, mucho antes de lo que López Obrador llama “la política neoliberal”.

México no está en bancarrota. Los bonos de deuda mexicana siguen manteniendo el grado de inversión de las calificadoras internacionales. Otros países de Latinoamérica, en cambio, sí están en bancarrota. En Venezuela la economía se ha contraído en casi 50% en los últimos tres años y su inflación puede alcanzar un millón por ciento en este 2018. Argentina ha sufrido una fuerte devaluación este año y ha tenido que recurrir a medidas de emergencia.

López Obrador está heredando un país con muchos retos, pero no en bancarrota. Es un país que, si se maneja con honestidad y eficiencia, podría despegar.

DIFICULTADES EN CDMX

No solo Andrés Manuel. Ayer Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, la más rica del país, afirmó que recibe una entidad con “muchas dificultades económicas”. Supongo que es la forma de curarse en salud.
17 Septiembre 2018 04:00:00
Cura sanguinario
Miguel Hidalgo comandaba un ejército irregular de unas 20 mil personas cuando llegó a Guanajuato el 28 de septiembre de 1810. El intendente Juan Antonio Riaño, gobernante ilustrado y amigo del propio Hidalgo, se negó a rendir la plaza. Unos 300 españoles y criollos se refugiaron, con la escasa guardia de la ciudad, en la alhóndiga de Granaditas, una bodega de granos. La puerta fue quemada (aunque no por El Pípila, quien probablemente no existió) y de inmediato se desató una matanza indiscriminada. Hombres y mujeres fueron degollados en un frenesí de sangre; un niño fue lanzado desde un tercer piso para estrellarse en el patio. Guanajuato sufrió pillajes y desmanes durante 3 días.

La matanza y el saqueo provocaron las primeras diferencias entre Hidalgo e Ignacio Allende, quien, horrorizado, responsabilizó al cura de no haber hecho nada para detener los desmanes. Algunos han querido justificar la matanza por el calor del combate, pero semanas después en Valladolid, sin mediar hostilidades, las tropas de Hidalgo asesinaron a unos 40 miembros de familias españolas.

Hidalgo tomó también de manera pacífica Guadalajara y, sin embargo, del 12 de diciembre de 1810 al 13 de enero de 1811, cientos de civiles españoles fueron ejecutados. Se habían rendido sin luchar e Hidalgo había prometido respetarlos, pero cada noche, entre 30 y 50 eran llevados a un campo cercano a Guadalajara, donde bajo el mando de Agustín Marroquín, “capitán de bandoleros, torero y amigo personal del cura”, se les mataba “como toros en corrida” (Isabel Revuelta).

“Los ejecutados de Guadalajara ascenderían a 350”, declaró Hidalgo. Cuando en el juicio tras su captura se le preguntó por qué no los había procesado, respondió: “Es cierto que a ninguno de los que se mataron se les formó proceso, ni habría a sobre por qué, porque bien se conocía que estaban inocentes”.

Hidalgo tenía un gran carisma que le permitió convertir una masa desorganizada de 600 que asistieron al grito de Dolores en un ejército de casi 100 mil. Era, sin embargo, un pésimo militar.

Sus pocas victorias fueron pírricas. Miles de insurgentes murieron en el asalto a la alhóndiga con 300 defensores. En la batalla del Monte de las Cruces, el 30 de octubre de 1810, alrededor de 80 mil insurgentes obligaron al repliegue de un contingente realista de 5 mil, pero los rebeldes sufrieron decenas de miles de bajas entre muertos, heridos y desertores. Quizá esto decidió a Hidalgo de no seguir a México, que estaba sin protección.

Allende llamó desde entonces a Hidalgo “el cura bribón” o incluso el “cabrón del cura”. Era tanto el daño que le ocasionaba al movimiento, que consideró envenenarlo. Pero después de que los rebeldes fueron derrotados el 17 de enero de 1811 en puente de Calderón por un pequeño contingente realista, los jefes insurgentes lo despojaron del mando en la hacienda de San Blas, en Pabellón, Aguascalientes. La rebelión ya estaba derrotada.

Hidalgo se dejó cegar por la soberbia y la crueldad. Si bien se le nombró generalísimo cuando se le dio el mando insurgente, él mismo se hacía llamar “su alteza serenísima”. Sus matanzas no solo fueron deplorables en lo moral, sino que despojaron al movimiento del importante respaldo de la clase criolla que simpatizaba con la independencia. A Hidalgo se le debe atribuir el fracaso inicial de la guerra de Independencia, que solo se consumaría una década después con Agustín de Iturbide.

CHIVO EXPIATORIO

Dice López Obrador que Rosario Robles es un chivo expiatorio. No lo sé. Lo importante es profundizar las investigaciones y castigar a quien ordenó, solapó o se benefició de la entrega de cientos de millones de pesos a empresas fantasma.
14 Septiembre 2018 04:00:00
Abrirse al mundo
Después de un período en el que los gobernantes globalizadores tuvieron un éxito muy importante, en que estadistas de la talla de Bill Clinton, Tony Blair o Felipe González afirmaban que la mejor forma de construir prosperidad era integrar las economías de sus naciones al mundo, hemos visto en los últimos tiempos un renacimiento de las posiciones nacionalistas. Los políticos se han dado cuenta nuevamente que el odio y el temor a los extranjeros ofrecen una enorme rentabilidad política.

En las elecciones de Suecia del pasado 9 de septiembre Demócratas de Suecia, un partido opuesto a la inmigración y a la permanencia de su país en la Unión Europea, tuvo avances significativos. En Francia el Frente Nacional ha logrado un porcentaje importante del voto desde hace décadas. Los nacionalistas catalanes han llegado al poder gracias a sus promesas de independencia de España. Donald Trump llegó al poder en Estados Unidos con una propuesta resumida en la frase “America First”. Andrés Manuel López Obrador ha prometido políticas nacionalistas para lograr la autosuficiencia en algunos productos agrícolas y en gasolina.

El nacionalismo se asienta sobre uno de los instintos más fuertes del género humano. Somos animales gregarios, necesitamos de otros para sobrevivir, pero desde los primeros tiempos constituimos grupos que luchaban contra otros para tener acceso a recursos escasos. Los grupos muy pequeños, como clanes y tribus, fueron reemplazados con el tiempo por ciudades y posteriormente por naciones y países, pero el instinto de rechazo al extraño se mantuvo siempre.

El nacionalismo de los otros nos resulta odioso, pero el nuestro nos parece natural. Los mexicanos cuestionamos el rechazo de Trump a los mexicanos, que fue uno de los factores más importantes en su triunfo electoral de 2016, pero al mismo tiempo rechazamos a los gringos, argentinos, colombianos o guatemaltecos que han llegado a nuestro país.

En Estados Unidos los ciudadanos pueden argumentar que el número de personas nacidas en el exterior es muy alto. La cifra llegó a 13.7% de la población en 2017, lo cual equivale a 44.5 millones de personas. En México, sin embargo, la situación es muy distinta. Si bien se calcula que 12 millones de mexicanos viven en el exterior, en México residen menos de un millón de extranjeros. Esto se debe en buena medida a que nuestro país tiene reglas migratorias mucho más restrictivas que las estadunidenses, a pesar de lo mucho que nos quejamos del trato a los mexicanos en Estados Unidos.

El nacionalismo consigue votos, pero empobrece. La migración ha sido en buena medida responsable del desarrollo de la Unión Americana. En México los grupos de inmigrantes del siglo 20, como los españoles, los judíos y los libaneses, han fortalecido la vida intelectual y económica de nuestro país. Los guatemaltecos han ayudado a recoger cosechas y hacer trabajos importantes en Chiapas. Aun así, los ánimos de rechazo a los extranjeros se fortalecen. El prejuicio puede más que el beneficio a la sociedad.

López Obrador, como Trump, se ha preciado siempre de ser nacionalista. Quizá por eso Trump ha dicho que le cae mejor, al contrario del “capitalista” Peña Nieto. Pero si Andrés Manuel quiere construir un país más próspero, y no sólo agradarle a Trump, deberá entender que las naciones que más se han desarrollado son las que han hecho a un lado el nacionalismo y se han abierto al mundo.

PARA DEPORTAR

Trump ha pedido al Congreso de Estados Unidos que apruebe un monto de 20 millones de dólares de ayuda exterior al Gobierno de México para financiar las deportaciones de centroamericanos de nuestro país. No hay indicación de si estos recursos fueron acordados previamente con el gobierno mexicano.
13 Septiembre 2018 04:02:00
Cuadrar las cifras
¿Lo bueno de Andrés Manuel López Obrador? Sin duda, su honestidad personal, especialmente en un país en que la Sedesol y la Sedatu pueden entregar 700 millones de pesos en costales de efectivo a empresas fantasma. ¿Lo malo de López Obrador? Sus cifras que no cuadran. Ayer, el diputado de Morena Manuel Rodríguez González describía una iniciativa de “ley de austeridad republicana” que logrará ahorros por “450 mil millones de pesos” con los recortes a sueldos, prestaciones y gastos de los altos funcionarios. Es una cifra enorme, de 8.6% de los 5.2 billones de gasto presupuestados en 2018.

El problema es que, según Hacienda, los salarios de todos los altos funcionarios, de director de área a presidente, suman apenas unos 5 mil millones de pesos. Ningún recorte que no toque a los trabajadores de base y a muchos programas gubernamentales se acercará a la meta.

Las propuestas del presidente electo, sin embargo, no sugieren una disminución sino más bien un aumento del gasto. Tan solo la dispersión de dependencias gubernamentales en el país tendrá un costo conservador de 125 mil a 135 mil millones de pesos. Además, el Gobierno ha ofrecido una amplia serie de nuevos subsidios que representan cientos de miles de millones de pesos al año.

Tampoco cuadran las cifras del Nuevo Aeropuerto de México, para el que López Obrador ha pedido un debate que de-semboque en una consulta popular. Un buen debate, sin embargo, requiere información precisa. El próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, ha afirmado que el avance del aeropuerto de Texcoco es de solo 20%, pero el director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Federico Patiño, dice que, a julio pasado, el avance era de 31.5% y señala toda una serie de indicadores técnicos que así lo señalan. Yo no soy un especialista, pero sería importante cuadrar las cifras.

Lo mismo pasa con el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Nos dijeron que sería una ganga de apenas 70 mil millones de pesos, contra más de 200 mil millones del nuevo aeropuerto. Pero al parecer la cifra es falsa. Si bien el Gobierno entrante no ha proporcionado información detallada sobre el proyecto, el Colegio de Ingenieros Civiles ha señalado que, considerando simplemente los metros cuadrados de construcción con el presupuesto más bajo posible, el costo sería de 217 mil millones de pesos.

Esta cifra no considera las vías de acceso, que tendrían una factura adicional de 63 mil millones de pesos. Otros rubros podrían elevar el proyecto a 385 mil millones de pesos. El mismo Colegio de Ingenieros Civiles, por otra parte, considera que el nuevo aeropuerto de Texcoco costaría 232 mil millones de pesos y no los 285 mil millones calculados hasta el momento.

Está ahí también el caso de la nueva refinería de Dos Bocas. Rocío Nahle, la futura secretaria de Energía, dice que costará 6 mil millones de dólares. Cuando algunos especialistas han señalado que, debido a que sería una refinería de crudo pesado, el costo sería más bien de 20 mil millones de dólares, la respuesta ha sido que quizá le costaría 20 mil millones a Peña Nieto, pero serán solo 6 mil millones con Andrés Manuel. No es un argumento convincente.

Es positivo que esté a punto de comenzar un Gobierno con un presidente honesto en un momento en que el país se despierta todos los días con información sobre presuntos actos de corrupción. Pero yo me sentiría más tranquilo si sus cifras cuadraran mejor. La corrupción tiene un costo importante, los errores de cálculo también.

EN COSTALES

No sé qué me preocupa más: que Rosario Robles haya ordenado entregar 700 millones de pesos en costales de efectivo a empresas fantasma o que no se haya dado cuenta.
12 Septiembre 2018 04:01:00
Publicidad oficial
No es un secreto que La Jornada está enfrentando problemas financieros. Este 10 de septiembre publicó un editorial de primera plana, Una Sentencia Irracional, en que cuestionaba a los magistrados que ordenaron la restitución del contrato colectivo del periódico, con “prestaciones mucho más amplias de las que establece la Ley Federal del Trabajo”, a pesar de que esto hace “inviable el sostenimiento de La Jornada”.

Tampoco es un secreto que ese diario, que durante largo tiempo ha expresado los puntos de vista de la izquierda y en particular de Andrés Manuel López Obrador, ha recibido un apoyo especial del Gobierno de Enrique Peña Nieto. Ese mismo 10 de septiembre el periódico llevaba tres anuncios de página completa del Gobierno federal (SCT, Servicio Geológico Mexicano y Semarnat), dos “robaplanas” (casi la página completa, de la Secretaría del Trabajo y Bancomext), otro robaplanas del Gobierno priista de Hidalgo y un cuarto de plana del de Colima.

No sorprende que el periódico haya tenido una actitud benigna hacia el gobierno priista en los últimos años.

La asignación de publicidad gubernamental se maneja con criterios políticos.

El pasado 7 de septiembre, el periódico El Heraldo, de reciente creación y escasa circulación, tenía cinco planas de publicidad gubernamental; el Reforma (aclaro interés, yo colaboro con este periódico), ninguna.

Los recuentos físicos de las planas de publicidad gubernamental en periódicos revelan compras muy sesgadas.

Entre enero y agosto de este 2018, El Universal tenía 683; Excélsior, 669; Milenio, 343; Récord, 247, y Reforma, 65. En los 12 meses de 2017 El Universal acumulaba 905; Excélsior, 715; Milenio, 436, y Reforma, 162.

El gasto de publicidad oficial del Gobierno de Peña Nieto se duplicó de 5 mil 736 millones de pesos en 2013 a 10 mil 310 millones en 2017. Este monto fue siempre mayor a lo presupuestado, que en 2017 fue de apenas 3 mil 268 millones de pesos. Los gobiernos estatales gastaron otros 9 mil 529 millones en 2016 (María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde, Dinero bajo la Mesa, Mexicanos contra la Corrupción e Integralia, 2018).

La mayor parte de la publicidad oficial se va a las televisoras; en 2016, Televisa recibió 18.75% y TV Azteca (con la que también colaboro) 10.67 por ciento. Excélsior obtuvo 3.6%, Starcom Worldwide, Inc. (Promotour), 3.32; Radio Fórmula, 2.52; Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, 2.35; Starcom Worldwide (que se registra por separado), 2.05; Estudios Churubusco, 1.97, y Organización Editorial Mexicana (El Sol de México), 1.78.

En internet, SDP Noticias recibió 22.8 millones de pesos; laprimeraplana.com.mx, 14.5 millones; culturacolectiva.com, 11.4 millones; oscarmariobeteta.com, 10.6 millones, y laotraopinion,com.mx (Ricardo Alemán), 5.9 millones. El portal lopezdoriga.com obtuvo 9.7 millones a través de una empresa y 4 millones por otra.

El presidente electo López Obrador ha prometido disminuir la publicidad gubernamental en 50%, pero no ha indicado que vaya a cambiar la forma discrecional de asignarla. Mi posición personal es que debe eliminarse toda; el Gobierno puede difundir los mensajes necesarios a través de comunicados y de sus portales de internet. Si se mantiene el gasto, sin embargo, los criterios de asignación deben racionalizarse y transparentarse. Hoy esta publicidad solo sirve para premiar a ciertos medios.

EN EFECTIVO

La entrega de 700 millones de pesos en efectivo de Sedesol y Sedatu a empresas con domicilios falsos entre 2014 y 2017 parece una muestra más de la corrupción del Gobierno. Rosario Robles respondió ayer que las auditorías no han hallado ninguna prueba, ningún elemento, que la vincule a los presuntos desvíos.
11 Septiembre 2018 04:00:00
Allende, mártir
Salvador Allende es un mártir para la izquierda, que sostiene que pagó con la vida su intento de realizar una revolución pacífica. A 45 años de su muerte, nadie parece recordar el daño que le hizo a la economía chilena.

Salvador Allende, un médico proveniente de una familia acomodada, fue electo Presidente de Chile en su cuarto intento en 1970, tras una reñida votación en la que recibió 36.6% de los sufragios, contra 35.3% del expresidente Jorge Alessandri y 28.1% de Radomiro Tomic del Partido Democracia Cristiana. La elección fue decidida por el Congreso, donde los democratacristianos lo respaldaron por haber ganado el primer lugar, a pesar de los temores que generaba su abierto marxismo.

Allende consideró su precaria victoria electoral como un mandato para construir un sistema socialista. Con Pedro Vuskovic, economista de la Cepal, como ministro de economía, anunció un programa que incluía la estatización de áreas clave de la economía, la nacionalización de las mineras de cobre, la aceleración de la reforma agraria, la congelación de precios y el aumento de salarios a todos los trabajadores.

Allende recibió en 1970 un país con un crecimiento decepcionante, de 1.9% y una inflación de 35%, lo que explicaba en parte su triunfo electoral. Tras asumir el poder el 10 de diciembre, decretó aumentos de sueldo y congeló precios, con lo que provocó pérdidas a las empresas, algunas de las cuales detuvieron su producción. Utilizó estas suspensiones como justificación para expropiarlas. En 1971 decretó la nacionalización de las grandes empresas mineras, entre ellas las estadunidenses Anaconda y Kenecott. Emitió también una ley que determinaba que una utilidad de más de 10% era ilegal; aplicó la ley de forma retroactiva y determinó que las mineras debían dinero al Gobierno, en lugar de que se les debiera por indemnización. La medida llevó al Gobierno norteamericano a decretar un embargo al cobre chileno.

Si bien la reforma agraria había sido impulsada por su predecesor, el democratacristiano Eduardo Frei, Allende la aplicó de manera más agresiva. Grupos organizados llevaron a cabo invasiones de predios que después eran expropiados por el Gobierno. Las invasiones se hicieron violentas. Rolando Matus, un joven granjero que quiso defender una pequeña propiedad, fue asesinado por invasores; su nombre fue utilizado para identificar a grupos de choque que los granjeros crearon para repeler las invasiones.

La economía chilena creció 9.4% en 1971, en parte como consecuencia de los aumentos de sueldos y las inyecciones de dinero del Gobierno. El déficit de presupuesto subió de 1.4% del PIB en 1970 a 8.1% en 1971. La inflación se mantuvo en un principio en 35%, en parte por los controles de precios, pero se disparó en 1972 a 170%, un récord en el país. La economía se contrajo 1.2 por ciento. En 1973, con un déficit de presupuesto de 23%, la inflación se ubicó en 606% y la economía se desplomó 5.6 por ciento. Cuando vino el golpe, muchos chilenos moderados estaban dispuestos a aceptarlo ante el colapso de la economía.

El golpe y los crímenes de lesa humanidad de los militares fueron injustificables, pero esto no borra los abusos y la mala administración del Gobierno de Allende. Lejos de ser un mártir, Allende fue un pésimo gobernante que polarizó y empobreció a la sociedad chilena.

Suicidio

Durante mucho tiempo la izquierda mantuvo que Allende había sido asesinado porque consideraba indigno que un mártir se hubiera suicidado. El cuerpo fue exhumado en 2011 y una necropsia confirmó su muerte por propia mano.
10 Septiembre 2018 04:01:00
Acabar con el agua
Los políticos nunca descansan en su esfuerzo por deteriorar la calidad de vida de la población. Lo vemos en la iniciativa de Morena para prohibir la “privatización del agua”. La propuesta la presentó el propio presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Batres, quien al parecer quiere dejar sin agua a grandes masas de la población.

Dice Batres que pretende impedir la “privatización del agua”, pero la Constitución federal ya establece que la propiedad de “las aguas. corresponde originalmente a la Nación”. Su propuesta no se limita a repetir lo que dice el Artículo 27, sino que establece que “el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica serán públicos” y “sin fines de lucro”. Prohíbe “la celebración de contratos con particulares, así como el otorgamiento de concesiones totales o parciales para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura y la prestación de los servicios asociados a esta”.

La iniciativa no impide la “privatización del agua”, sino las inversiones privadas en infraestructura o administración del agua. Ni siquiera un financiamiento privado sería aceptable, porque tendría fines de lucro. ¿Beneficia esto a los gobernados? Para nada. Más bien crea obstáculos para proporcionar un buen servicio de agua.

La propuesta abreva de los mismos prejuicios ideológicos que se plasmaron en la Constitución de la Ciudad de México, que estableció que “la gestión del agua será pública y sin fines de lucro”. Los daños de un monopolio tardan usualmente años en manifestarse, pero la Ciudad de México ya está sufriendo las consecuencias en el caso del agua.

El Sistema de Aguas iba a recibir una inversión de 8 mil 125 millones de pesos, pero, en palabras del director Ramón Aguirre Díaz, “Redactaron en la Constitución: ‘Este servicio no podrá ser privatizado’ y ya no puedes contratar el servicio. Se acabó el proyecto”. El plan Eficiencia Física y Comercial preveía la contratación de empresas especializadas para construir 22 plantas potabilizadoras e instalar controles automatizados y de telemetría en 430 pozos, entre otras tareas. ¿Qué estrategia queda para enfrentar la creciente escasez de agua? “No hay estrategia. La que se iba a hacer estaba basada en el proyecto de un contrato contra resultados, pero como se redactó la Constitución ya no se pudo implementar”. La jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, dice que entregará 7 mil millones de pesos adicionales al sistema, pero no dice de dónde los sacará.

Batres no está satisfecho con la escasez de agua en la Ciudad de México, quiere extenderla al resto del país. En varias ciudades se han hecho trabajos de reparación, mantenimiento y construcción de redes y plantas de tratamiento con inversión privada. Empresas privadas han realizado también cobros de manera eficiente y en algunos casos han asumido la administración de sistemas de agua completos con resultados positivos. La Ley Batres haría que incluso los sistemas más exitosos tuvieran que suspender su operación para entregarla a burocracias gubernamentales.

Batres actúa bajo el prejuicio de que la iniciativa privada es por definición más ineficiente y corrupta que el Gobierno. Está convencido de que el “lucro” es malo por definición. Son simples prejuicios ideológicos, pero al prohibir la inversión privada en agua puede provocar una escasez permanente en el país. Quizá sea por ignorancia, pero también puede ser su objetivo político.

Pero en petróleo.

Batres prohíbe la inversión privada en agua, pero Andrés Manuel López Obrador dice que en diciembre reanudará las licitaciones de concesiones petroleras. No todos en Morena son tan cerrados.
07 Septiembre 2018 04:02:00
Historia de porros
No son nada nuevo. Los porros estaban ya presentes en la Preparatoria 8 cuando ingresé en 1969. Mi primer contacto con ellos fue cuando me raparon junto a los demás “perros”, alumnos de primer año, en un acto de violencia que buscaba atemorizar a los nuevos estudiantes y hacerlos entender que los dueños de la escuela eran ellos.

Los grupos de choque siempre han existido en la Universidad Nacional. El profesor Hugo Sánchez Gudiño, autor de Génesis, Desarrollo y Consolidación de los Grupos de Choque de la UNAM, señala que operaban ya en la década de 1920. Quizá el primero fue el de Los Gorilas, reclutado por el rector Alfonso Pruneda para mantener la disciplina. En los 30 otro grupo se llamaba Los Pistolos, o Los Pistoleros de la Rectoría, porque iban armados. Según Salvador Novo, Aurelio Vallardo, “El Fóforo”, recibía un sueldo de investigador para trabajar como cabeza de este grupo de choque.

En los 50 se crearon los grupos de animación deportiva de la UNAM para apoyar al equipo de futbol americano. Las autoridades universitarias les dieron presupuesto, primero para comprar chamarras y camisetas y después para otros gastos. Con el paso del tiempo se convirtieron en grupos de choque.

El porro más importante de la Prepa 8 en mis tiempos, de 1969 a 1971, era “El Mame”. Se le llamaba así por “mamado” y se había ganado su puesto como líder de la porra a la vieja usanza, con la fuerza de sus puños. Otros de menor jerarquía, como “El Jarocho”, “El Fish” y “El Chac”, actuaban al amparo del Mame y se dedicaban a extorsionar a los estudiantes o a vender mariguana.

Es difícil saber qué tanto había de verdad y cuánto de leyenda en las historias que circulaban sobre los porros de aquel entonces. Se hablaba de asesinatos y de violaciones de chicas, pero nunca conocí personalmente a una víctima de estos delitos graves. Me constaron, sin embargo, sus agresiones a estudiantes por razones de todo tipo. La porra agredió en varias ocasiones a los grupos políticos, particularmente de izquierda, que operaban en la prepa. A mí me tocó ser golpeado salvajemente por cinco por haber empezado una relación con una exnovia de un porro.

El 10 de junio de 1971, “Los Halcones”, otro grupo de choque, agredió una manifestación en el casco de Santo Tomás y mataron a varios estudiantes. Nunca se supo quién los financiaba y por qué los habían mandado a atacar esa manifestación.

Esa misma duda la tenemos hoy al respecto de los grupos que agredieron la manifestación de alumnos del CCH Azcapotzalco el pasado 3 de septiembre en la explanada de la Rectoría. El propio rector, Enrique Graue, ha señalado a grupos llamados Treinta y Dos del CCH Azcapotzalco, 3 de Marzo del CCH Vallejo y Federación de Estudiantes de Naucalpan, que tilda de “estar al servicio de intereses externos a nuestra universidad”.

La UNAM no tuvo problemas para identificar y expulsar a 18 presuntos integrantes de estos grupos. Esto sugiere que los tenían identificados. No se entiende entonces por qué no habían sido aislados o expulsados antes. Es posible, por otra parte, que estos grupos estén al servicio de intereses externos, pero en el pasado ha sido la propia universidad la que los ha subsidiado y protegido. Muchos rectores y autoridades universitarias han prometido desde hace décadas acabar con estos grupos; pero a casi un siglo de distancia de la creación de los primeros, los porros siguen agrediendo a estudiantes.

MEJOR OPCIÓN

No es sólo el Colegio de Ingeniero Civiles, también el Instituto Mexicano de Competitividad señala que lo mejor es continuar la construcción del nuevo aeropuerto. Pero no hay que preocuparse: el pueblo sabio podrá descartar estas ideas locas de los especialistas en una consulta popular.
06 Septiembre 2018 04:02:00
Cambiar de bancada
¿Se acuerda usted de los tiempos en que los militantes de Morena repudiaban al Partido Verde porque lo consideraban corrupto y vendido al poder? Bueno, pues esos tiempos han quedado atrás. Uno de los aspectos mágicos del poder es que puede cambiar conceptos tan aparentemente enraizados.

El PVEM todavía participó en la elección del pasado 1 de julio en una alianza con el PRI. Una vez que la votación quedó atrás, y el rompecabezas del poder se recompuso, los dirigentes encontraron pasturas más verdes.

Una alianza entre Morena y el Verde habría parecido imposible hace apenas unos meses. Súbitamente, sin embargo, los dos se han metido en la misma cama.

El acuerdo es muy sencillo. El PVEM aporta a Morena un número suficiente de diputados para que este último obtenga la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. A cambio, Morena acepta modificar una votación ya realizada por el Senado que negaba la licencia como senador a Manuel Velasco para que este pudiera terminar su mandato como gobernador de Chiapas.

Quienes participaron en la negociación hoy la niegan, pero eso no sorprende en la política. Arturo Escobar, coordinador de los diputados del Verde, afirma que sí hubo un acuerdo, el cual salió “baratísimo”, pero que el Verde cedió los diputados a cambio de un programa de apoyo a los niños con cáncer. No se entiende por qué una causa tan noble requeriría la transferencia de estos legisladores a otra bancada. Velasco afirma que no hubo ninguna relación entre su licencia y la decisión de su partido de mandar a sus diputados a Morena. Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, afirma que no hay ninguna traición porque los nuevos diputados acatarán la línea de Morena.

En todo este intercambio de favores, nadie sabe dónde quedan los ciudadanos. Algunos votaron a favor de estos diputados postulados por el Verde, que estaba en alianza con el PRI, porque consideraron que era la mejor opción. Hoy los partidos les dicen que, quizá ellos no lo sabían, pero en realidad estaban votando por Morena.

Las maniobras que estamos viendo nos recalcan algo que sabemos: la política es sucia. Lo que importa es el poder. Morena quería darle la vuelta a una legislación hecha para impedir que un solo partido tuviera control absoluto de la Legislatura. Las reglas fueron hechas por muchos que hoy militan en Morena y que buscaban limitar el poder del PRI. Pero una vez que Morena se ha convertido en el partido hegemónico, todo se vale para darle un poder absoluto. Por lo pronto, Morena controlará tanto la mesa directiva como la Junta de Coordinación Política.

Velasco dice que para él lo más cómodo, lo más fácil, sería quedarse a disfrutar de su escaño en el Senado. Pero no. Ha decidido sacrificarse para regresar a gobernar unos meses más a los ciudadanos del empobrecido estado que ha regido en los últimos años. No dice que hizo todo lo que pudo, hasta cambiar la ley local para poder asegurarse tanto los últimos meses como gobernador como los próximos 6 años como senador.

Con su nueva bancada Morena se asegura el control de la Legislatura. Con sus nuevos aliados, los que aún permanecen en el PVEM y los demás que se sientan atraídos por el poder, tendrá seguramente muy pronto las dos terceras partes que necesita para cambiar la Constitución sin consultar a nadie. Un sistema político-electoral creado para equilibrar poderes e impedir abusos de un solo partido, o de un solo gobernante, regresa peligrosamente a la concentración de poder de los años 70 y 80.

PORROS EXPULSADOS

Qué bien que la UNAM haya expulsado a los porros que participaron en el ataque contra los manifestantes del CCH Azcapotzalco en la explanada de rectoría. Pero si los tenían ya identificados, ¿por qué no los habían expulsado antes?
05 Septiembre 2018 04:01:00
Noroña y Morena
No tengo duda de que Porfirio Muñoz Ledo y Martí Batres, presidentes morenistas de la Cámara de Diputados y del Senado, así como Yeidckol Polevnsky, presidenta de Morena, acudieron a la ceremonia del mensaje de Enrique Peña Nieto el 3 de septiembre con el aval o la instrucción de Andrés Manuel López Obrador. El Presidente electo, después de todo, quiere completar una transición republicana e institucional.

Gerardo Fernández Noroña iba por la libre. El diputado morenista trató de ingresar a Palacio Nacional, donde seguramente buscaría interrumpir el mensaje, pero le fue vedada la entrada por elementos del Estado Mayor Presidencial. Fernández Noroña argumentaba que la ceremonia era ilegal porque el informe, según el Artículo 69 de la Constitución, solo puede rendirse ante el Congreso. Después de que se le impidió el acceso, Fernández Noroña trató de impedir la entrada de Muñoz Ledo y Batres. Como estos siguieron su camino, Fernández Noroña los llamó “lacayos” y “traidores”. Si bien Morena ha dicho que eliminará el fuero de los legisladores, el diputado se quejaba: “Mira cómo están violentando el fuero”.

Fernández Noroña es un especialista en promoverse en los medios y redes sociales. Mantiene posiciones muy radicales, que contrastan con la nueva moderación de López Obrador, pero habrá que ver si la relación entre el diputado y el presidente electo se mantiene cordial con el tiempo.

Mientras que Andrés Manuel ha hecho esfuerzos muy importantes para distanciarse de los esfuerzos de sus enemigos para marcarlo como un nuevo Hugo Chávez o Nicolás Maduro, Fernández Noroña sostiene que Venezuela es el modelo que México debe seguir. Ningún empresario, dice, puede ser rico si no ha robado. Recientemente persiguió con un teléfono celular grabando video a un pasajero en el aeropuerto de Tijuana que se atrevió a cuestionarlo por estar en un salón VIP. Lo que le preguntaba insistentemente, pensando que era empresario, era que a quién explotaba.

Fernández Noroña fue uno de los protagonistas más notables de las protestas por el resultado de las elecciones presidenciales de 2006. En distintas ocasiones durante el sexenio de Felipe Calderón exhibió mantas en la Cámara de Diputados en las que acusaba al Presidente de ser un borracho o un alcohólico. En el actual sexenio ha exigido la renuncia de Enrique Peña Nieto.

Para algunos analistas, Fernández Noroña representa una simple distracción, un bufón que busca obsesivamente la atención de los medios y de las redes sociales. Pero ahora que las descalificaciones dejaron de ser contra panistas o priistas, y se han dirigido a Muñoz Ledo y Batres, genera preocupación entre sus compañeros. El diputado no ha sido nunca un militante obediente, pero algunas de las posiciones que mantiene pueden dañar al nuevo presidente y sus estrategias políticas.

Fernández Noroña no es el único morenista que piensa que la verdadera izquierda no es la socialdemocracia europea o la chilena, sino el socialismo del siglo 21 de Venezuela. Estas posiciones solo pueden resultar incómodas para López Obrador cuando está tratando de convencer a los grupos más moderados de la sociedad y a los empresarios que México seguirá siendo una opción para invertir y no se convertirá en una nueva Venezuela. Fernández Noroña está empeñado en convencernos de lo contrario.

SIN CONECTIVIDAD

Mantener el actual aeropuerto no impediría el uso de un aeropuerto comercial en Santa Lucía, aunque sí reduciría sus operaciones, dice Javier Jiménez Espriú. Pero lo que no considera es que una de las razones primordiales de un nuevo aeropuerto es crear un hub de conexión. Santa Lucía no resuelve el problema. Para eso es mejor mantener Toluca y el AICM.
04 Septiembre 2018 04:00:00
Fin de época
En el aire se percibía un ambiente de fin de época mientras cientos de invitados convergían en el patio central de Palacio Nacional para escuchar el mensaje que con motivo del sexto informe ofrecería el presidente Enrique Peña Nieto.

No hubo sorpresas. La visión de las reformas y de los logros del sexenio la ha ofrecido ya el Mandatario en anuncios y cadenas nacionales de radio y televisión. Ya habíamos escuchado su defensa de las reformas estructurales, de la creación de empleos, de los beneficios de su política social.

El presidente modificó una vez más el formato del mensaje. Sus intervenciones verbales fueron punteadas con videos que enfatizaban los logros de su gestión. Si la idea era volver más ligera la presentación, el resultado fue el opuesto. Los videos estaban bien hechos, con rápidas sucesiones de datos e imágenes, pero eran largos y se volvían pesados y repetitivos; le quitaron solemnidad al discurso e hicieron que la ceremonia se alargara más de una hora y media.

Faltó un mayor toque de emotividad ante el que los asistentes estaban preparados. Era, después de todo, un fin de sexenio frente a un público cercano que aplaudía con entusiasmo e insistencia.

Peña Nieto estuvo flanqueado en la escena por dos personajes distintivos del movimiento lopezobradorista: Porfirio Muños Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, y Martí Batres, cabeza del Senado. Ambos, acompañados por el presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, entonaron el Himno Nacional junto a Peña Nieto. En los asientos inferiores, al lado de los presidentes de los demás partidos, se encontraba Yeidckol Polevnsky, jefa de Morena. Es la primera vez, que yo recuerde, que acuden a este informe alterno los principales representantes del lopezobradorismo.

En las filas del alargado podio se notaba un vacío. Seis de los asientos reservados para los gobernadores se encontraban desocupados. No estaban los panistas Javier Corral de Chihuahua ni Francisco de la Vega de Baja California; tampoco Manuel Velasco, el verde de Chiapas. Más sorprendió la ausencia de Claudia Pavlóvich, la gobernadora priista de Sonora, quien aparentemente tenía una hija enferma. Uno que sí llegó, pero al que no dejaron entrar, fue el flamante diputado de Morena Gerardo Fernández Noroña, quien cuestionó a Muñoz Ledo y a Batres por haber participado en la reunión.

Entre los asistentes estaban los empresarios más importantes, como Valentín Díez Morodo, Alberto Bailleres, Emilio Azcárraga, Carlos Slim y Germán Larrea. En otro punto, separado de ellos, se encontraba Juan Armando Hinojosa, el dueño de Grupo Higa, cuya “casa blanca” derrumbó la reputación de Peña Nieto.

Al presidente se le llenaron los ojos de lágrimas antes de empezar a hablar. Angélica Rivera y sus hijas lloraron después. El Presidente afirmó que dejaba al siguiente gobierno un buen “punto de partida”: “Hoy somos un mejor país del que éramos hace seis años”. Esta visión no coincide con la de los futuros funcionarios que afirman que reciben un México destrozado.

Quizá habrá que buscar la verdad en ese justo medio que pregonaba Aristóteles. Por lo pronto, las instituciones mexicanas que cuestionó López Obrador en 2006 han sido suficientemente sólidas como para permitir esta transición democrática que huele a fin de época.

Ante el parlamento

El que por un lado se entregue un informe escrito al Congreso y por el otro el presidente lea su mensaje a la nación es un absurdo. En todos los países democráticos el gobernante rinde cuentas al parlamento. Supongo que el próximo 1 de septiembre se acabará esta anomalía y López Obrador rendirá su informe ante el Congreso.
03 Septiembre 2018 04:00:00
¿TLC sin Canadá?
Era un plazo artificial, pero era un plazo. y no se cumplió. El Gobierno de Donald Trump había fijado el viernes como fecha para lograr un acuerdo con Canadá para la renovación del TLCAN. La idea era notificar al Congreso el 31 de agosto para que el tratado se aprobara y firmara a fines de noviembre. Para Trump es importante ratificar el tratado antes del inicio de la nueva legislatura estadounidense, que probablemente tendrá más demócratas y podría rechazarlo; Enrique Peña Nieto quiere firmar él, mientras que Andrés Manuel López Obrador prefiere no hacerlo.

El día llegó y se fue sin el acuerdo entre Washington y Ottawa. Trump sí notificó al Congreso, pero no acerca de la renovación del TLCAN, sino de la creación de un nuevo tratado: “Es mi intención firmar un acuerdo comercial con México, y con Canadá si quiere, de manera oportuna.”

Las negociaciones con Canadá no están muertas todavía; se espera una nueva ronda a partir del miércoles. En nada ayudan, sin embargo, las constantes pullas de Trump a Canadá. Si Ottawa no firma, quedará fuera de un acuerdo con su principal socio comercial en un momento en que Trump está elevando los aranceles de manera desproporcionada. La economía de Estados Unidos sufrirá daños, pero los de Canadá serán mucho mayores.

No todas las demandas de Trump son injustas. Washington, por ejemplo, exige que Canadá elimine un arancel de 300% a la importación de productos lácteos, medida que se introdujo al TLCAN en un principio a exigencias de los productores de Quebec que temían ser avasallados por los estadunidenses.

La verdad es que la medida no tiene ningún sentido. Daña a los consumidores canadienses al subir los precios y no hay razón por la que los productores canadienses no puedan competir con los estadunidenses, como lo han hecho los mexicanos.

Otra medida que cuestiona Trump es la excepción cultural canadiense que establece barreras a la importación de productos culturales estadunidenses, como películas o programas de televisión. Estas barreras, que pretenden frenar uno de los sectores más competitivos de la economía estadounidense, son injustas para los consumidores canadienses, que no pueden ver lo que quieren, pero resultan además absurdas en un mundo en el que hay, gracias a la tecnología, accesos de mil formas a los productos culturales.

Del otro lado, preocupa la insistencia de Estados Unidos de eliminar los paneles de resolución de controversias del artículo 19 del TLCAN en casos de dumping. De poco sirve un tratado en el que una de las partes pueda violar las reglas sin que una autoridad tenga facultades para ordenar que no lo haga.

Es verdad que los países agraviados pueden acudir a la Organización Mundial de Comercio, pero el procedimiento es largo e incierto. Ante la presión de Washington, México ya aceptó la desaparición de estos paneles; es importante que Canadá se niegue a hacerlo.

El TLCAN ha sido uno de los acuerdos comerciales más exitosos de la historia. Llevó el comercio entre los tres países de 290 mil millones de dólares en 1993 a 1.1 billones en 2016. Ha creado millones de empleos y ha hecho que la economía norteamericana sea más competitiva y pueda enfrentar a las potencias comerciales de Asia y Europa.

Sólo la ignorancia económica de Trump nos ha metido a esta renegociación. que puede dejar algunos avances, pero está teniendo demasiados retrocesos.

Cambio de horario

AMLO perdió hace años la batalla para impedir el cambio de horario, pero ahora la puede ganar de una manera inesperada. La Comisión Europea está considerando eliminar el cambio de horario porque los ciudadanos no lo quieren, porque genera problemas y porque ¡no hay indicios de que reduzca el consumo de electricidad!

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