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Carlos Ramírez
Carlos Ramírez
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Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país.

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26 Marzo 2019 04:00:00
Migrantes hispanos como invasión; en 2060 serán el 30% de población
Aunque la polarización del discurso racista de Donald Trump contra los hispanos y el tema recurrente del muro en la frontera de México seguirá latente hasta las elecciones presidenciales del 2020, en el corto plazo los demócratas podrían perder la batalla por el temor a una invasión de legales e ilegales del sur de sus fronteras.

Los datos proyectados representan una preocupación de estadounidenses que le dan apoyo a los temores de Trump: En el 2060, dentro de 40 años, los hispanos podrían ser casi 130 millones de personas, de un total estimado de 420 millones de estadounidense. En porcentaje de población, los hispanos podrían saltar de, 16% de hoy en día a más de 30% en cuatro decenios, un aumento de más 140%.

En el corto plazo, las cifras oficiales de oficinas de gobierno revelan que el gobierno de Trump tampoco ha podido establecer un control estricto de los migrantes ilegales. Con la frontera de México presionando el cruce de centroamericanos en busca de asilo económico y social, el control de los que cruzan la frontera de manera ilegal hace tiempo que rebasó las posibilidades de administración.

Los últimos datos de oficinas migratorias han revelado la existencia de 1.7 millones de extranjeros hispanos ilegales que cruzaron la frontera sin papeles y fueron atrapados por las autoridades fronterizas, pero sin encontrar fluidez en las cortes que deben de fijar la condición de su aceptación/rechazo con algunas de las visas humanitarias. Los mecanismos de revisión de los expedientes señalan que esos ilegales son llevados a las Cortés y ahí analizan sus condiciones para decidir si son aceptados o deportados. Como los juicios son tardados, los jueces determinan que los ilegales sean liberados porque no hay espacio en las prisiones.

Y ahí salta la primera sorpresa: en los EE. UU. existen alrededor de 1.7 millones de personas encarceladas y los ilegales que debieran esperar procesos en prisiones son, hasta ahora, de 1.7 millones de indocumentados en espera de dictamen judicial. Como no hay capacidad en las cárceles, sueltan a los ilegales a condición de que cumplan con las reglas judiciales, pero muchos de ellos se escapan en busca de trabajo y otros se la juegan apostándole al asilo.

Otras cifras revelan que en los EE. UU. existen más de 11 millones de inmigrantes ilegales y aproximadamente 32.4 millones legales. Ante la incapacidad física para evitar el cruce ilegal, miles de migrantes ilegales siguen cruzando la frontera para que la Migra los atrape para quedar dentro del proceso judicial que los deja en libertad condicionada en procesos que podrían tardar hasta más de dos años.

Sectores conservadores y hasta progresistas que tienen la preocupación de que los migrantes hispanos no se integren a la sociedad estadunidense y crean parcelas nacionalistas están apoyando a Trump en su propuesta de frenar la migración ilegal, dejar a los aspirantes en México y construir un muro.

Los demócratas que están defendiendo a los migrantes quedarán atrapados en la trituradora de la ilegalidad migratoria, porque ven a los migrantes como votantes y no como aspirantes a una ciudadanía sin cumplir con los requisitos de una nueva patria.

La declaratoria de emergencia nacional para sacar fondos para el muro ha sido politizada por los demócratas como una forma de disminuir el apoyo a Trump, pero inclusive en sectores hispanos ya incorporados a la sociedad estadounidense hay bastante apoyo a Trump porque esos hispanos ven con temor el alto nivel de violencia criminal que llega con los ilegales.

El mejor aliado de Trump es el gobierno mexicano de López Obrador, porque ha aceptado colaborar con la Casa Blanca para evitar el ingreso de ilegales que se pueden beneficiar con las lentas revisiones de los expedientes y la liberación condicionada de ilegales. Para Trump ha sido preferible que México haya aceptado formalmente --aunque lo niegue en público-- asumir la condición de “tercer país seguro” y de país colchón de ilegales dañándoles empleo y beneficios sociales que no tendrán en los EE. UU. y de esta forma evitar que haya más decenas de miles de ilegales liberados dentro de los EE. UU a la espera de un juicio.

Si Trump gana la batalla de los migrantes, su campaña en el 2020 tendrá beneficios.

El Padrino reciclado. El miércoles 13 de marzo fue asesinado a balazos Frank Cali, jefe de la famosísima familia de mafiosos de los Gambino. Las primeras preocupaciones de la policía fueron en el sentido de que pudiera reiniciarse una guerra de mafias como la de los cincuenta y los sesenta. Pero el dato mayor revela que en NY existen todavía cinco familias de mafiosas que controlan el crimen organizado. Con escenas como salidas de películas de gangsters, el sepelio vio desfilar a jefes mafiosos cargando el féretro.

Política para dummies: La política debe ser la capacidad de entender los sentimientos de la gente y no esperar que las masas piensen como los líderes.

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25 Marzo 2019 04:00:00
Trump y Televisa: Privatización de la diplomacia, Ebrard-SRE, ujier
WASHINGTON, D.C.- Es probable que a Mike Pompeo, secretario de Estado de la Casa Blanca, no le preocupe mucho su cargo, pues hace unos días declaró, ¿en broma?, que algún día de estos el presidente Trump lo podría despedir vía Twitter. Pero el canciller mexicano Marcelo Ebrard debería estar preocupado porque la política exterior estratégica del Estado mexicano con los Estados Unidos se trasladó a Televisa.

Pueden decir que en esa cena en casa del ejecutivo televisivo Bernardo Gómez no se tocó ningún asunto delicado, pero la negociación de la estrategia de seguridad de los Estados Unidos en el Río Bravo y de México en el Río Suchiate tiene aristas que tocan asuntos de Estado.

A Pompeo no parece preocuparle el activismo diplomático de Jared Kushner, el first son in law (primer yerno) del imperio, en temas de seguridad nacional como la agenda judía-israelí --dos comunidades de poder que exigen atención particular-- y la mexicana desde Peña Nieto, pero en México el eje de la seguridad nacional, la seguridad del Estado y las relaciones internacionales se fija vis a vis la relación total con los Estados Unidos.

El problema número uno de seguridad nacional de México es la Casa Blanca. Por eso existe desorientación en las oficinas de inteligencia, seguridad nacional y política militar de Estados Unidos por el desplazamiento de Pompeo de la relación con México en la agenda de seguridad estratégica de Washington, porque los resultados de los contactos personales-familiares de Trump no trasminan a los grupos de análisis que explican y definen políticas coyunturales. La molestia en algunos analistas consiste en la ausencia de pensamiento estratégico del presidente Trump y sus agendas anímicas en el mapa de riesgos estadunidense.

La cumbre de seguridad México-EU se realizó en la casa particular del principal funcionario de Televisa, con la circunstancia agravante de que Televisa tiene intereses estratégicos en EU que pasan por decisiones de la Casa Blanca, La mezcla de intereses particulares-intereses de Estado ocurre de manera pública por primera vez en la historia.

El TCL-2 y México como país colchón de la migración a EU forman parte de la agenda de inteligencia y seguridad nacional de México; y al tratarse en casa de uno de los principales consorcios privados mexicanos con relaciones estadunidenses, esa cumbre representó una fractura muy seria en las exigencias de seguridad de la diplomacia y dejaron al canciller Ebrard en un mero ujier del anfitrión Bernardo Gómez.

En su columna del jueves, el embajador en retiro Agustín Gutiérrez Canet fue muy cuidadoso en referirse a la “Diplomacia Televisiva”: “llama la atención que una visita oficial a México de un alto funcionario extranjero se lleve a cabo en la residencia privada de un connotado empresario mexicano, como lo es Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa. Se rompió la forma de celebrar reuniones en recintos oficiales o particulares de un funcionario para impedir conflictos de interés”.

Además de ser diplomático, Gutiérrez Canet es esposo de la embajadora de México en EU, Martha Bárcena Coqui, y además tío de la esposa del presidente López Obrador. La embajadora fue marginada de la reunión por el canciller Ebrard y por tanto disminuida en sus funciones a meros actos protocolarios intrascendentes y asuntos sin importancia. La relación estratégica y de seguridad de México en EU se manejará ahora en Televisa.

Si se aplica la doctrina López Obrador de que una buena política exterior se basa en una buena política interior, entonces estamos asistiendo a la privatización de los intereses del Estado mexicano. Lo malo es que la agenda interior de los intereses de México con EU pasan por el filtro de la seguridad nacional. Lo que se habló en la cumbre México-EU en Televisa tuvo que haber manejado información de inteligencia civil y militar entre Kushner y el presidente mexicano y de modo natural fue conocida por el empresario de Televisa que carece de algún juramento de confidencialidad del Estado, a menos de que Bernardo Gómez hubiese cenado en la cocina para dejar a solas al presidente mexicano, al first son in law y al canciller mexicano reducido a modesto traductor pasivo.

El ganador de esa reunión no fue México, sino Televisa, pues Gómez se convirtió en un momento mágico en lobista de negocios bilaterales que nada tienen que ver con los intereses de seguridad nacional del Estado mexicano. La relación México-EU no se llevará en la cancillería, ni en la embajada mexicana en Washington, sino en las oficinas de Bernardo Gómez, el nuevo soldado del presidente, soldado de Morena.

Por lo pronto, Bernardo Gómez se convirtió ya en el objetivo de las agencias de inteligencia de EU y del mundo y en sujeto de espionaje para encontrar sus lados vulnerables para explotar. Y como Gómez no se ha destacado por su discreción, muchas de las frases sueltas en esas cena circulan en el mundo del espionaje

Política para dummies: La política es, en esencia, la seguridad nacional del Estado.


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@carlosramirezh
24 Marzo 2019 04:00:00
EE. UU. la política como lucha por el poder
WASHINGTON, D.C.- La estrategia de la oposición demócrata y el stablishment liberal ha estado perdiendo el tiempo más de dos años en su lucha contra Donald Trump: Su argumentación es ideológica en una sociedad del consumismo y el confort, con votantes rencorosos contra el Estado y con el uso de fondos públicos para instituciones progresistas que solo benefician a unos pocos.

En el 2016, como para explicar el ascenso y victoria casi segura de Trump, la socióloga Katherine Kramer publicó su investigación The Politics of resentment o La política del resentimiento: Los votantes de condado estaban irritados con el abuso de gasto de los funcionarios liberales usando los recursos fiscales del pueblo. A esos votantes apeló Trump y todavía esos votantes podrían responderle en el 2020, sí sobre todo los demócratas y liberales siguen combatiendo a Trump por conservador.

La vida política cotidiana en la capital de la nación en nada ha cambiado de los tiempos de Clinton, Bush y Obama. Como que hay dos niveles: El de los que viven/discuten/padecen la política y el del ciudadano que mide sus simpatías por su empleo y poder de compra y por su lectura tangencial sobre la lucha por el poder. Hasta ahora Trump se ha visto beneficiado con un crecimiento sostenido de la economía.

Hay un curioso escenario que solo puede leerse con frialdad y desapasionamiento: Los ardores que despierta Trump en una parte de la sociedad, sobre todo porque no se ciñe a los viejos protocolos de la estabilidad política; y la realidad de los equilibrios de poder que tienen que ver como una política vista a distancia. Trump ha perdido batallas, pero no votos; y ha ganado posiciones, pero no votos. Trump puede ganar la candidatura republicana para la reelección y volver a dar el campanazo en las votaciones, sin que se deba a su proyecto político e ideológico, sino a su tenaz capacidad de supervivencia que no se había visto desde Ronald Reagan (1981-1989).

Las recientes afirmaciones en el sentido de que el dictamen final del investigador Robert Mueller o las de la líder demócrata Nancy Pelosi de que no se iba a juzgar la destitución de Trump sino el uso del poder para obstaculizar investigaciones ha desencantado a los sectores duros de los demócratas y de los libérales que ya veían a Trump siendo destituido por el Congreso o por la 25 Enmienda Constitucional que permite que la mayoría del gabinete declare incompetente al presidente.

Los equilibrios políticos tradicionales, pendulares, de la política estadounidense han sido destruidos por Trump, seguidores y adversarios. A Trump le han tundido con todo, quizá como punto culminante el libro Full Disclousure --Toda la revelación, en traducción libre-- de la actriz porno Stormy Daniels, que había tenido sexo pagado por Trump y que nunca se pudo colocar como tema de debate político. Pero es ese libro la actriz --que ha ido perdiendo sus demandas contra Trump-- “revelaba” el supuesto tamaño del miembro sexual del presidente.

O el reciente caso de la publicación de fotos que indicarían que en algunos eventos Trump no asiste con su esposa Melania sino con una doble llegó a provocar ya aclaraciones de fuentes de la Casa Blanca.

La estrategia de polarización social y política promovida por los demócratas y liberales ha fallado porque los estados de ánimo de la sociedad son otros y no afectan simpatías políticas. Trump ha visto sostener sus bonos políticos al enfrentar él solo --bueno: él y su twitter-- a la guerra de declaraciones con los demócratas y liberales. En el fondo, esa batalla nada tiene que ver con proyectos de nación o estrategias de desarrollo.

Trump es un político astuto, sin límites en su defensa; sabe del poder mediático de la Casa Blanca. Solo él se importa y no ser tienta el corazón en sacrificar a quien sea. Al final, comprende que para los otros es más importante el poder de la Casa Blanca que los pruritos morales; mucha gente ha aceptado las humillaciones de Trump o se ha ido convirtiendo al estilo atrabancado de Trump para ejercer el poder.

Lo que antes definía triunfos y derrotas políticas --la política exterior y la política de defensa-- sigue sin modificarse, salvo por ajustes de la circunstancia: Afganistán, Irán e Irak van como siempre, Corea del Norte en un platillo que hubieran querido los demócratas Obama y Clinton, Venezuela ha aglutinado a los republicanos, el repliegue en Cuba reconstruyó el lobby cubano, la defensa de Israel como aliado quitó el juguetito a los demócratas.

Trump es lo que es: racista, supremacista, puritano de siglo XVII, ultraderechista, reaccionario, anti derechos civiles y lo que quieran agregarle. Pero tiene adversarios liberales que insisten en esos valores como crítica, cuando se trata justamente de productos políticos que tienen muchos seguidores en los EE. UU. El problema lo detectó muy bien Trump: El liberalismo se construyó con gasto público social. Y con astucia Trump no liquidó leyes sociales --el aborto, por ejemplo--, sino que le quitó subsidios públicos.

Y aquí se está dando otra batalla radical: El debate a favor del socialismo como confrontación a Trump --los demócratas Bernie Sanders y Ocasio-Cortez--, lo que ha provocado el pánico en la derecha conservadora no radical que ha tenido que irse alineando a Trump. Se trata, claro, de un socialismo social, no comunista, eso sí contra los ricos, con mayores programas sociales y gasto, mayor Estado, justo los puntos que han centrado el conservadurismo de Trump.

Este año será de guerra de posiciones. Y la batalla real estará en el 2020: Candidatura, campañas y elecciones. Ahora sí, la madre de todas las batallas.


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@carlosramirezh
22 Marzo 2019 04:00:00
Colosio: En política no hay asesinos solitarios; Zedillo, beneficiario del 94
Como cada año, los días 23 de marzo se recuerda el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI en 1994. Y no faltan las dudas sobre la investigación oficial. Para abonar a la tesis de que no se sostiene el argumento del asesino solitario, aquí enumeraremos cuando menos tres puntos que debieron de tener una investigación más exhaustiva:

1.- El 16 de marzo, Colosio tuvo un desayuno con un grupo de columnistas políticos en casa de Raúl Cremoux. Entre otros, estaban el autor de Indicador Político, Miguel Ángel Granados Chapa y José Agustín Ortiz Pinchetti, además, claro, del anfitrión. Colosio estaba tenso, medio desencantado, desanimado. Granados Chapa lo percibió y le hizo la pregunta de por qué la campaña no prendía y por qué el contexto de violencia estaba opacando la campaña.

La respuesta de Colosio fue una frase que circuló bien en el ambiente político, pero que no preocupó a las autoridades ni se contextualizó en el asesinato. “Soy victima de las perversidades del sistema”. Granados, incisivo, le pidió nombres. Colosio, en silencio, cerró el puño con el pulgar hacia arriba señalando; los asistentes concluimos lo mismo: el presidente Salinas de Gortari tenía a Colosio atado de manos.

El contexto fue de cada uno. Colosio no era un candidato con movilidad; después del discurso del 6 de marzo, Salinas cerró el cerco. Una semana antes del asesinato habían arreciado las versiones de querían quitarle a Colosio la candidatura presidencial. La versión más consolidada señalaba que Salinas ya no confiaba en Colosio para sucederlo en la presidencia.

2.- El 19 de marzo, al regresar de una gira, Colosio vio venir hacia el avión a Ernesto Zedillo Ponce de León, impuesto por Joseph-Marie Córdova Montoya como jefe de campaña --Colosio quería a otro--. Al bajar del avión, Colosio endureció el rostro. Zedillo se le acercó y le entrego una carta; le dijo que la leyera y platicaban después. Luego se publicó el texto íntegro de la Carta y ahí estaban dos puntos muy precisos: Zedillo le pedía a Colosio insertar la campaña en la presidencia de Salinas; y otra muy enigmática: “tal como te lo propuse desde enero, debe establecerse clara y precisamente una alianza política con el Señor Presidente”.

¿Por que era necesario una alianza con el presidente si Colosio había sido el candidato de Salinas? En enero, mes y medio después del destape, Colosio estaba harto del control de Salinas, Córdova y Zedillo no sólo sobre la campaña, sino sobre su propia persona. Zedillo usó la palabra pacto: “celebrar este pacto es independiente de mi admiración y agradecimiento por el Señor Presidente. Es una recomendación elemental, yo diría de libro de texto, de estrategia política”. Zedillo era visto por Colosio y su equipo como un candado de Salinas.

Salinas estaba más que preocupado del alejamiento de Colosio, con mayor intensidad después del discurso del 4 de marzo. Colosio, diría la lógica política del poder salinista, ya no era el candidato de Salinas, otra línea de investigación nunca explorada. Y al final, el candidato real de Salinas y de Córdova fue Zedillo, quien a apareció como el beneficiario del crimen.

3.- La gira a Tijuana le iba a permitir pasar de regreso a Sonora, donde el gobernador Manlio Fabio Beltrones le había preparado varias concentraciones masivas que, en análisis de columnistas, iban a ser el verdadero destape de Colosio como candidato de si mismo y ya no de Salinas. Luego de Sonora, Colosio sólo haría campaña para Colosio; es decir, después de Sonora ya no habría punto de retorno: Colosio nunca iba a traicionar a Salinas, pero sí tenía entre sus planes marcar su independencia.

Un de ellas fue adelantada a cuando menos tres columnistas: si le preguntaban sobre Córdova, iba a responder que “el doctor Córdova colaboraría con el gobierno hasta el 30 de noviembre”. El superasesor salinista no estaría en el gobierno de Colosio. En Los Pinos tomaron nota.

Por eso era clave Sonora. Beltrones le dijo a Colosio que suspendiera Tijuana, pero todo estaba arreglado. El evento en Lomas Taurinas careció de estrategia de seguridad, pusieron al candidato al fondo de un callejón de gente, la aglomeración no fue controlada y el candidato Colosio perdió a sus guardias de seguridad. Ahí apareció Mario Aburto y su pistola.

Estos tres datos, entre otros, pueden hacer dudar la tesis del asesino solitario. Pero la PGR y sus funcionarios salinistas realizaron una investigación para probar la tesis del asesino único. Pero la importancia de rehacer la investigación deja sólo tres caminos; reabrir las pesquisas con un investigador autónomo, crear una Comisión de la Verdad o crear un tribunal civil con un investigador no oficial con calidad moral.

Carlos Salinas, su hermano Raúl, Zedillo, Córdova, los ex CISEN Eduardo Pontones y Jorge Tello Peón, el líder priísta en 94 Fernando Ortiz Arana, el presidente de la Fundación Siglo XXI José Narro siguen vigentes y algún pedazo de la verdad pudieran tener u ocultar. El particular de Colosio en 1994, Alfonso Durazo Montaño, ya habló: no cree en el asesino solitario.

Por eso el caso Colosio, en la realidad, sigue abierto.


Política para dummies: La política en crisis depende de hechos, no de palabras.

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@carlosramirezh
21 Marzo 2019 04:00:00
PRI 2019-2024: disputa neoliberales-Narro contra generación Z-Alito
La elección de nuevos dirigentes del PRI será la ultima oportunidad --y dicen que ahora sí: la ultima-- para que la generación de Salinas de Gortari y su modelo neoliberal que impuso desde 1982 mantenga el control del partido. Ahora que el presidente López Obrador decretó el fin histórico del neoliberalismo mexicano, el PRI está obligado a buscar un opción progresista y sobre todo generacional.

Por eso la disputa por la dirección del PRI estará entre el Narro salinista-peñista que hundió al PRI de 71% de votos en 1982 a 13.5% (7.6 millones de votos, sin alianzas) y la nueva generación de políticos priístas no dependientes del neoliberalismo salinista que representa Alejandro Alito Moreno Cárdenas, gobernador de Campeche por esfuerzo propio y nacido a la política en 2003, después de la debacle del 2000.

La disputa no es ociosa. Surgido del fondo del viejo PRI populista, López Obrador ganó la presidencia con su propuesta de programas sociales, populares y asistencialistas, los que el PRI liquidó para ofrecer solo la estabilidad macro que produjo, de 1982 a 2018, 2.2% promedio anual del PIB y 80% de mexicanos viviendo con una a cinco carencias sociales.

El escenario falso del PRI radica en imponer una dirigencia en función de grupos de interés o entregar el partido a las bases militantes, porque el PRI nunca ha tenido bases sociales, se ha confundido base militante con priístas del sector corporativo de clases que fundó Cárdenas en 1938. Las bases son hoy priístas que se quedaron sin acceso a empleos o cargos públicos y que quieren una dirigencia que realice un reparto de posiciones que Salinas cerró desde 1987 para entregar candidaturas sólo a simpatizantes del neoliberalismo.

Narro nació a la vida publica durante el salinismo y se forjó con Jorge Carpizo MacGregor en posiciones salinistas: Rectoría de la UNAM y Gobernación. En el PRI le tocó de 1993-1995 estar como presidente de la Fundación Siglo XXI que sustituyó al Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (IEPES), justo en los años en que dentro del PRI se libró la gran batalla política para impedir el regreso de los populistas, un escenario no investigado del asesinato en 1994 del candidato Luis Donaldo Colosio que había roto con el neoliberalismo el 6 de marzo y al que sustituyó Ernesto Zedillo como candidato real del ideólogo del neoliberalismo salinista, Joseph Marie Córdova Montoya.

Veinticinco años después de esa fractura de 1994, el PRI encara de nueva cuenta un dilema: mantener el neoliberalismo que prohijó a López Obrador y lo llevó a Palacio Nacional o buscar un replanteamiento del discurso social histórico que ya lo tiene Morena-AMLO. Si Alito define un discurso social realista, el PRI tendría posibilidades de recuperar espacios; si Narro mantiene el proyecto neoliberal salinista, el PRI podría no repetir la hazaña de Peña Nieto de recuperar la presidencia luego de dos sexenios panistas y se iría extinguiendo como el PRD porque los priístas sociales terminarían por pasarse a Morena.

El escenario estratégico del PRI no parece ser entendido por Salinas-Peña, ni por los priístas que buscan el voto de la militancia que nunca existió sin control. Y a Alito le falta definir su proyecto que aísle a López Obrador en el populismo asistencialista que suele tener plazos cortos por crisis en las variables macroeconómicas.

La candidatura de Narro representa a los priístas que hundieron al PRI en el altísimo costo social de las políticas neoliberales y que echaron a las bases sociales del PRI a los brazos de Morena. La próxima dirigencia del PRI se moverá en un escenario de recuperación de lo perdido o la disminución a su mínima expresión. La base morenista es de 15 millones de votos; los 15 que sumó en el 2018 fueron de priístas desencantados con la figura de José Antonio Meade Kuribreña como garante de la continuidad neoliberal. Recuperar una buena parte de esos 15 millones sería --o debería serlo-- la meta de la próxima dirección del PRI y no la de mantener el control del partido por Salinas de Gortari y Peña Nieto.

De ahí que en la elección del PRI no haya más que dos propuestas reales: el neoliberalismo salinista-peñista con Narro o la generación de políticos no-neoliberales posterior al 2000 con Alito.

Noticias desde Estados Unidos. 1) El investigador especial contra Trump, Robert Mueller, la está haciendo cardiaca. Debe entregar ya su reporte, pero acaba de informe que esta “muy ocupado”. Todos indica, que el informe será un “parto de los montes”. 2) El líder laborista de Gran Bretaña, Jeremy Corbyn, casado con una mexicana, ha entrada de lleno en la llamada “izquierda” demócrata estadunidense, sólo que lo atacan por antisemita. Una revista publicó la portada de un diario inglés en donde Corbyn rinde homenaje al comando terrorista palestino que asesino a atletas judíos en las Olimpiadas en Munich en 1972.

Política para dummies: La política se nutre de la realidad, lo demás es… ilusión.


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@carlosramirezh
20 Marzo 2019 04:00:00
Más allá de AMLO-Berlín 245: Intelectuales críticos del poder
Aún en el hipotético caso de que todo lo publicado sobre la Operación Berlín contra López Obrador en la campaña presidencial del 2018 fuera verdad, nada hay en esos hechos que configure un delito. Lo importante, en verdad, radica más bien en el nuevo papel de los intelectuales ante la crisis de las ideas, el colapso de los partidos y el resurgimiento de los políticos providenciales.

La parte más importante de la participación de Enrique Krauze en el debate electoral no fue --si acaso tuvo alguna-- en la Operación Berlín, sino en sus posicionamientos intelectuales como historiador: Los ensayos El mesías tropical y El presidente historiador, una extensión más militante, por cierto, de su ensayo-venero Por una democracia sin adjetivos de enero de 1984.

Aunque pueda negarlo, Krauze podría localizarse en el escenario del intelectual orgánico que definió Gramsci vis a vis la sociedad en procesos de cambio. El intelectual orgánico es el que participa en la reconfiguración de la sociedad desde su espacio cultural llamado superestructura, aliada a la estructura de las clases sociales. Sólo que desde hace tiempo intelectuales activos, críticos y se quedaron sin estructura porque las clases sociales fueron borradas del mapa por la burocracia de los partidos.

El activismo intelectual de Krauze va más allá de sus ensayos y lo condujeron a la participación en el debate de opciones. Intelectuales como Octavio Paz o Gabriel Zaid han escrito ensayos sobre temas de coyuntura, pero los dejan en el circuito de los lectores. Krauze ha potenciado sus ensayos con conferencias, declaraciones y activismo en las zonas de combate político-electoral, solo que sin la existencia de una base social liberal. Se trataría, por tanto, de un intelectual orgánico carente de estructura, Gramsci señalaba que la suma de estructura de clases sociales y superestructura cultural con intelectuales orgánicos creaban un bloque histórico para el cambio de sistema.

El tema central de la Operación Berlín se localiza en la evidencia de que la dinámica de las clases y los partidos entró en una zona de dominación institucional --antes fue el PRI y hoy Morena, con el mismo presidencialismo dominante y absolutista-- que ha llevado a algunos intelectuales a entrarle al debate de trincheras de poder. Ya no se trata del intelectual y el poder --diría Paz-- como una “pasión desdichada”, sino del intelectual activo en el debate de las coyunturas sin perder su distancia del poder.

En 1996, antes de la debacle del PRI 1997-2000, Krauze escribió un ensayo en Proceso: Los intelectuales y el Estado: La engañosa fascinación del poder, y su último párrafo fue una definición propia:

“La clave –como escribió Cosío Villegas– está en “rehusarnos a participar en un juego cuya primera ‘regla de caballeros’ es renunciar a ser intelectual”. Ni príncipes poetas, ni avatares del cihuacóatl, ni letrados de la corte, ni teólogos del dogma revolucionario, ni consejeros áulicos, ni gallos que quieran máiz, ni agarrados de las tripas, ni firmantes de pactos tácitos, ni becarios del presupuesto, ni embajadores de lujo, ni ministros sin (o con) cartera, ni viajeros de primera clase en “aviones de redilas”, ni tinterillos a sueldo, ni ideólogos, ni voceros, ni asiduos. La misión de los intelectuales no es gobernar, sino criticar”.

Y ahora llegó el paso adelante: hacer activa su crítica, porque los ensayos de los intelectuales suelen ser botellas echadas al mar. Ahora no, ahora se trata de un activismo crítico, ante la ausencia de partidos reales, la carencia de una sociedad liberal activa y el alejamiento de los ciudadanos de la política a la mexicana. Y se ha tratado de un activismo sin partido, en nombre del pensamiento liberal democrático, o jugando con sus propias palabras, un activismo sin adjetivos.

Octavio paz escribió al final de Posdata: “En nuestra época la imaginación es crítica. Cierto, la crítica no es el sueño pero ella nos enseña a soñar y a distinguir entre los espectros de las pesadillas y las verdaderas visiones, La crítica es el aprendizaje de la imaginación en su segunda vuelta, la imaginación curada de fantasía y decidida a afrontar la realidad del mundo. La crítica nos dice que debemos aprender a disolver los ídolos: aprender a disolverlos dentro de nosotros mismos. Tenemos que aprender a ser aire, sueño en libertad”.

Krauze ha ejercido la crítica al PRI, al viejo PRI, al ancien régime, al modelo autoritario priísta; ahora endereza esa crítica al modelo político de Andrés Manuel López Obrador y su proyecto de poder, el cual, desde el punto de vista del historiador, reproduce los viejos de ese PRI que se niega a morir. En este punto pone énfasis Krauze como critico del poder, no un posicionamiento como presunto candidato presidencial en el 2024, algo que negó con fuerza en elecciones presidenciales anteriores.

La campaña mediática contra la conspiración de la Operación Berlín 245 quiere distraer el debate sobre el proyecto político de López Obrador. Los intelectuales tienen la función de agitar conciencias y desperezar realidades. Ahí es donde hay que analizar --no juzgar-- a Krauze: sus ensayos críticos reabrieron el debate sobre el corto plazo mexicano, pero ahora se quieren tapar esos espacios.

Política para dummies: Muchas veces la política puede ser la inteligencia.


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@carlosramirezh
19 Marzo 2019 04:00:00
Morena: Sabandijas, coalición, contrapeso interno o cristalería
La nominación del candidato de Morena a la gubernatura de Puebla ha reventado la crisis interna de crecimiento del partido-movimiento de López Obrador. O con mayor precisión, el movimiento-prepartido del nuevo grupo dominante.

El choque Yeidckol Polevnsky-Ricardo Monreal por Puebla tiene un dato que forma parte del análisis: la élite política de Morena está conformada por muchos ex del viejo PRI que dieron el salto de la muerte del PRI-PRD-PAN a Morena y no el salto cualitativo a proyecto político aún inexistente y nuevas formas de hacer política que son las mismas del PRI.

Polevnsky colaboró como empresaria del priísmo, Monreal militó en el PRI y pasó por el PRD priísta, Mario Delgado se formó con el expriísta-exsalinista-experredista Marcelo Ebrard y Porfirio Muñoz Ledo atravesó por toda la gama de partidos. El dato mayor es el que aparece hoy: Morena todavía no cuaja como partido político formal y sigue como alianza oportunista de movimientos sociales y personalidades aisladas, sin que su máximo líder López Obrador quiera consolidarlo como partido político formal.

La imprudencia y falta de tacto de la presidenta de Morena llevó al Presidente López Obrador a formalizar por la vía jurídica su deslindamiento de la precandidatura de Miguel Barbosa en Puebla que ya había destapado Polevnsky, mientras Monreal movió piezas con tacto para perfilar la precandidatura de Alejandro Armenta. El problema radica en que Puebla es una pieza menor en el tablero de Morena porque la victoria estaría asegurada, pero la disputa entre las élites podría reducirle votos.

La rebatinga de la candidatura para Puebla ha develado la crisis interna de organización de Morena: No es un partido formal, la suma de movimientos carece de cohesión interna en una idea-programa, López Obrador quisiera un partido sin dependencia pública del presidente de la República y la falta de unidad interna estaría afectando la estabilidad política.

López Obrador aspiraría a un partido político real para que funcionara como el espacio de negociaciones del reparto del poder y de beneficios. Es decir, un PRI con otro nombre. El modelo parece ser imposible: El PRI nació desde el poder, con la propuesta ideológica --demagógica pero funcional-- de la Revolución Mexicana y con el propósito de ceder entre todos para mantener el poder. Y la estructura real del poder priísta la creó Cárdenas: La corporativización de las clases productivas como sectores-pilares del partido, trasladando la lucha de clases en la sociedad al interior del PRI con la autoridad distributiva del Presidente de la República.

Morena es un ring de lucha libre sin reglas. Monreal y Delgado han mantenido la disciplina legislativa con habilidad y apoyo presidencial. En cambio, Morena no ha podido cohesionar a movimientos y personalidades y Polevnsky ha violado una de las reglas de oro de las direcciones partidistas: La parcialidad, pues ha manejado a la organización como si fuera una pequeña y mediana empresa y no como un partido político. Y su irritabilidad la llevó a decir que el partido había sido infiltrado por sabandijas.

El error estratégico de López Obrador fue crear a Morena como partido solo para su candidatura, dándole espacio a todas las defecciones en busca de cargos públicos. El problema radica en la falta de una idea-fuerza que centre la cohesión interna, pues hasta ahora el factor de unidad es el mando lopezobradorista.

Si no hay una reorganización de Morena para consolidarlo como un verdadero partido, las elecciones legislativas del 2021 serán un terremoto interno. Por la descomposición de los demás partidos --sobre todo el PRI, el PAN y el PRD--, Morena podría tener garantizada la mayoría absoluta, aunque las disputas internas bajarían sufragios, el desaliento normal de las elecciones legislativas de mediados de sexenio no lleva votantes a las urnas y nuevas afiliaciones terminarían de profundizar las contradicciones.

Lo que se ve en Morena es que el Presidente López Obrador no quisiera en Morena a una nueva figura política que brillara en el horizonte de poder, pero mantener a Polevnsky o alguien similar obligaría al Presidente de la República a desgastarse apagando conflictos y que Morena no sea el pivote político de su programa de gobierno.

Inteligencia o policía china. La denuncia adelantada del investigador de delitos financieros Santiago Nieto pudo haber sido precipitada: O el expediente está tan sólido que podría saltarse el escándalo mediático que viola debido proceso o son solo sospechas que atienden el apetito denunciador sin proceso penal o solo quieren quemar a algunos adversarios del 2018. O, también, la Unidad de Inteligencia Financiera será la policía china del sexenio.

Política para dummies: La política es la lectura racional de la realidad y no las pasiones maquiavélicas que quieren pasar por astucias maquiavelianas.

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17 Marzo 2019 04:00:00
28-A desde Méxco… y el PRISOE
Una revisión de los medios españoles con miras a las elecciones generales del 28 de abril arrojó en los últimos días informaciones interesantes: el presidente socialista Pedro Sánchez está utilizando las estructuras de la presidencia a favor del PSOE y en contra de la oposición. No será la primera vez ni la ultima, pero sí llama la atención que una democracia madura y consolidada como la española sufra de tentaciones de utilización del poder a favor del grupo en la presidencia.

La primera referencia desde México es la que recuerda que en los tiempos de la presidencia de Felipe González hubo alguna misión del PSOE para estudiar los secretos del PRI para permanecer en el poder. Nacido en 1929 como Partido Nacional Revolucionario y reformado como Partido de la Revolución Mexicana, el PRI comenzó en 1947, gobernó en directo hasta el 2000, cogobernó desde el parlamento con el conservador PAN 2000-2012, hizo el milagro de regresar a la presidencia en el 2012 y en el 2018 fue aplastado por López Obrador y Morena.

A pesar de sus derrotas, el PRI tiene una doble aspiración: sobrevivir y reconstruirse para tomar otra vez la presidencia en el 2024 o en el 2030 o algún día o ser el partido bisagra de Morena para cogobernar desde la minoría. Como en México no hay nada escrito, aquí se dejan sólo los indicios que se perciben en el ambiente de los actuales acuerdos políticos de sobrevivencia.

El PRI siempre ha sido visto como un fenómeno político, en la doble acepción: fenomenología filosófica y/o como un aparato contrahecho de poder tipo Frankenstein que ha logrado vivir después de sus creadores. Allá por 1975 Santiago Carrillo conversó con el entonces líder del PRI, el historiador Jesús Reyes Heroles, y sugirió que el PRI debería encabeza una transición a la democracia como la española. Luego, años después, vinieron a México estrategas del PSOE para estudiar al PRI, uno supondría que con ganas de reproducir en España una estructura partidista que rompiera las oscilaciones parlamentarias. Nunca se supieron qué enseñanzas se llevaron, pero las notas sobre el uso del poder para su partido en tiempos electorales por parte del presidente Sánchez recuerda los modos políticos del PRI.

Lo más lógico es decir que el PRI es irrepetible porque fue producto de condiciones históricas y políticas muy precisas que sólo se han dado --y no todas-- en países salidos de una revolución. Del PRI llaman la atención varias cosas: Su estructura de partido, sus liderazgos presidenciales sexenales, su facilidad para usar las estructuras de poder y del gobierno a su favor y si su inmoribilidad --que no inmortalidad-- en casi un siglo, dentro y fuera del poder.

El PRI es irrepetible por varias cosas:

1.- Nació desde el Estado y con la fuerza de los funcionarios del Estado.

2.- Se apropió de la ideología histórica de las tres fases de Estado: independencia, la reforma liberal de mediados de siglo y la revolución. La historia como ideología oficial le pertenece --bueno: pertenecía--al PRI.

3.- El PRI se convirtió en un partido-sistema en el modelo de David Easton (1953): una caja negra en cuyo seno se distribuían de manera autoritaria valores y beneficios. Toda la política se atendía y resolvía dentro del PRI, toda la economía, todas las demandas sociales. Todo, absolutamente todo, estaba dentro del PRI.

4.- La fuerza central del partido-sistema ha sido el PRI. Los presidentes han sido dictadores sexenales, absolutistas perentorios para evitar dictadores perpetuos. El presidente saliente siempre escogía como sucesor al más leal, pero en el poder el nuevo le debía lealtad sólo a su partido… y así sucesivamente. La ruptura sexenal en las élites impidió caudillismos eternos. El propio Cárdenas fue desdeñado apenas dejando la presidencia.

5.- La estructura interna del PRI esa la misma del Estado; éste había sido el secreto de la fuerza del partido. Los sindicatos, organizaciones campesinas y grupos populares del PRI estaban en estructuras de funcionamiento del Estado. Por eso el PRI fue el Partido-Estado, el PRI-gobierno. Todo el gobierno era el PRI y todo el PRI era el gobierno. El PRI se apropió de la ideología oficial y de los colores de la bandera, lo que el presidente López Portillo llamó de manera cáustica “democracia cromática”: Los pobres y analfabetas votaban por el PRIO porque era la bandera y la patria.

Estos cinco perfiles de funcionamiento del PRI sólo se han repetido en las dictaduras comunistas y en las dinastías chinas, no en las democracias. Por eso creo que los intentos del presidente Sánchez de usar estructuras del gobierno para su partido no serán eficaces, contaminarán el proceso democrático y sólo desgastarán al PSOE. Funcionarios del gobierno pueden hacer campaña por su partido dentro de las reglas parlamentarias, pero las estructuras no serán las mismas.

Si en algún momento los sindicatos, las organizaciones empresariales y los movimientos populares españoles se meten al PSOE y al mismo tiempo se configuran en estructuras del Estado, entonces sí pondría hablarse de un PRISOE o partido-sistema y sólo podríamos decirles a los españoles, quienes estamos padeciendo el PRI desde hace tres generaciones, que tengan suerte. Pero como sólo se trata de uso coyuntural y tramposo, entonces la izquierda estará perdiendo calidad democrática.

Y además, hay que recordarlo, hubo un tiempo en España en que las estructuras de partido y las estructuras de gobierno eran las mismas y los resultados políticos profundizaron las contradicciones en gobierno y partido. En México la academia politológica nos debe análisis sobre referentes mutuos entre franquismo y priísmo como sistemas políticos y de poder.

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15 Marzo 2019 04:00:00
A Manuel Bartlett lo tocan archivos del CISEN: Narco, política y crimen
La decisión del presidente López Obrador se ciñe a liberar archivos del CISEN (1989-2018), pero de muchas maneras esos papeles se engarzan con las tres oficinas dedicadas al espionaje de Estado: la Dirección Federal de Seguridad sobre todo en su fase de poder 1965-1985, la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales (DIPS) 1967-1985 y la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional (DISEN) de Gobernación 1985-1989.

De la etapa con actividad política, el CISEN sólo funcionó en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, sobre todo porque estuvo subordinado a la oficina de la presidencia de Joseph-Marie Córdoba Montoya como la antesala del poder salinista y su temática fue espionaje de alcoba; Zedillo desactivó el CISEN, Fox abrió archivos de la DFS sin causar ningún efecto y en el 2001 hubo una venta de garaje de documentos secretos sustraídos por agentes despedidos.

Los archivos del CISEN sí tienen una relación directa con Manuel Bartlett Díaz, secretario de Gobernación y jefe de los dos servicios de espionaje 1982-1988: la DFS y la DIPS y luego DISEN. El CISEN capitalizó los archivos secretos-secretos de la DFS-DIPS-DISEN y en el periodo 1982-1988 hubo cuando menos tres temas que vincularon esos servicios de inteligencia con temas negativos que involucraron a Bartlett.

1.- El espionaje político. En el sexenio de De la Madrid hubo una ruptura en el sistema priísta entre políticos y tecnócratas, Bartlett provenía del primero y luego derivó en guardia pretoriano del segundo. De 1985 a 1988 el grupo DFS-DIPS-DISEN espió negativamente a Cárdenas y seguidores, entre ellos López Obrador, para favorecer el asalto al PRI por Salinas y los salinistas, entre ellos Bartlett. Las oficinas de espionaje de Gobernación tuvieron papel clave en la selección de candidatos legislativos en 1985, la elección fraudulenta en Chihuahua en 1986 y en el secuestro de la elección presidencial de 1988. El salinismo-panismo-peñismo-lopezobradorismo no se entiende sin el espionaje de la DFS-DIPS-DISEN.

2.- El narcotráfico como estructura de poder no se entiende hoy sin el papel activo protector de la Federal de Seguridad sobre todo en el periodo 1982-1985, años en que Bartlett fue el jefe real de la DFS y del jefe de esa oficina José Antonio Zorrilla Pérez. Derrotados los disidentes por el manotazo represivo de la Brigada Blanca, las oficinas de inteligencia dieron un salto cualitativo a políticos y ya no policías. Zorrilla fue del equipo de Fernando Gutiérrez Barrios, pero se ajustó al mando de Bartlett.

En ese lapso 1982-1985 la DFS protegió a las primeras organizaciones criminales como la de Rafael Caro Quintero, quien portaba credencial de policía de la DFS que Zorrilla proveyó, pero con el aval del secretario de Gobernación. Las credenciales fueron decomisadas y luego extraviadas. El asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar en febrero de 1985 develó el papel de la DFS en la protección de narcos. Y hay otro dato no explorado: en 1985-1986 ser abrió una ventanilla negra gubernamental para captar narcodólares que estabilizaran balanza de pagos y al peso.

3.- Los servicios de espionaje político también operaron para crímenes políticos, entre ellos el del columnista Manuel Buendía en mayo de 1984 cuando se disponía a publicar en Excélsior nombres de funcionarios detrás de los narcotraficantes. La acusación única de ese crimen fue contra Zorrilla Pérez, pero cono indicios de que él no fue el asesino y sí el enviado del secretario de Gobernación para tapar las investigaciones y desvirarlas. En base a documentos de la DFS, la DISEN y el CISEN, el presidente Salinas de Gortari ordenó el arresto de Zorrilla en junio de 1989 y su encarcelamiento, sólo que sin incriminar a los jefes políticos de Gobernación. Bartlett era en 1989 secretario de Educación Pública del gabinete salinista y luego sería, por una operación político electoral de Córdoba Montoya, gobernador de Puebla. El CISEN le sirvió a Salinas de Gortari para perseguir a funcionarios adversos a sus planes de relevo de clase dirigente.

Por lo tanto, la parte anecdótica de los archivos del CISEN consiste en revisar tarjetas y fichas morbosas, pero no para instrumentar investigaciones sobre muchos de los delitos que se realizaron desde las policías políticas, no sólo en funciones de seguimiento de personas sino en acciones represivas criminales. La DFS-DIPS-DISEN-CISEN fue el ejército privado de los presidentes de la república para acciones ilegales que mantuvieran a los grupos políticos coyunturales en el poder.

Una comisión de la verdad podría elaborar carpetas de investigación contra los funcionarios superiores --presidentes y secretarios de Gobernación-- que usaron a la DFS-DIPS-DISEN-CISEN para cometer crímenes contra la democracia. Quedarse sólo en los archivos es crear una maniobra de distracción y divertimento sobre una de las herencias más deleznables del viejo PRI.

Política para dummies: La política se compone de la ética del discurso y el horror de los servicios de inteligencia.

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@carlosramirezh
14 Marzo 2019 04:00:00
Barbosa, beneficiario de muerte de gobernadora; Armenta, sin conflictos
El principal problema que tienen Morena y el presidente López Obrador en Puebla no radica en una victoria garantizada de antemano, sino en la calidad de la victoria. Miguel Barbosa, por su lenguaje agresivo, sería el beneficiario de la muerta violenta y aún no aclarada de la gobernadora Martha Érika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle.

El mensaje de la Consejería Jurídica de Palacio Nacional prohibiéndole a Barbosa el uso de la imagen del presidente López Obrador junto a él no quiere poner un alto al modelo político de candidatos a cargos que aparecieron durante las elecciones del 2018 en fotografías con el candidato López Obrador, ni mandar el adelanto de que ello no ocurrirá en las legislativas del 2021, sino sólo quitarle a Barbosa el supuesto aval presidencial a su principal mensaje de campaña por la candidatura.

La nueva elección a gobernador de Puebla por la muerte de la gobernadora en funciones Martha Érika Alonso será una prueba no explícita del estilo personal de hacer política del presidente de la república. El punto central radica en la descomposición del escenario local: ante la fractura del PAN local y la inexistencia política del PRI, Morena tiene ya garantizada la gubernatura. Por tanto, el mensaje lopezobradorista no sería de fuerza o de victoria, sino de calidad.

La aparición de Alejandro Armenta en el escenario poblano de Morena no fue nueva. Forjado en el PRI y funcionario del gobierno de Mario Marín Torres, de todos modos el valido de éste en la sucesión local de 2010 fue Javier López Zavala, quien fue derrotado por el candidato panista Rafael Moreno Valle por 10 puntos de ventaja y le hizo perder al PRI por dos sexenios y un tercio --incompleto el periodo de la gobernadora Alonso-- la plaza poblana por el dominio del PAN de Moreno Valle; Zavala y Armenta están hoy en Morena, el primero ya adherido a Barbosa y Armenta por sí mismo y con el apoyo de buena parte de la bancada de Morena en el Senado.

La elección de gobernador de Puebla será una prueba para el presidente López Obrador. A lo largo del nuevo proceso, el presidente de la república ha mantenido distancia y la designación del candidato ha visto el choque de trenes del senador morenista Ricardo Monreal y la dirigente morenista Yeidckol Polevnsky, aunque en el fondo no se trata de una distancia real sino de usar el caso Puebla como una prueba en tiempo real del papel presidencial --como en el viejo PRI-- en la imposición de candidaturas.

Después de la muerte violenta de la gobernadora Alonso, Barbosa entró en una dinámica de falta de sensibilidad, inclusive violando las reglas del juego de Morena de no garantizar candidaturas ni aceptar presiones. A favor de Barbosa está la declaración formal de la dirigente morenista Polevnsky, envenenando el clima de por sí muy sensible en Puebla por la falta de resultados concretos en la investigación del hasta ahora accidente en el helicóptero el pasado 24 de diciembre.

Si Barbosa se ha dedicado a cobrarle favores a López Obrador por su traición artera al PRD, Armenta ha tejido una figura política alejada de la confrontación; y si Barbosa obedece más a los grupos de poder de la capital de la república, Armenta ha explotado con habilidad su papel como dirigente del PRI estatal y su cargo de secretario de Desarrollo Social en el gobierno priísta de 2010 y ha eludido las provocaciones de Barbosa.

La carta de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la república prohibiéndole a Barbosa explotar una foto en la que aparece con el entonces candidato López Obrador puede ser leída como una señal de que el jefe político real de Morena en Palacio Nacional no apoya a Barbosa. Son señales al estilo del viejo PRI, como cuando Reyes Heroles como secretario de Gobernación en 1974 dijo que “como veracruzano” no votaría por el precandidato Manuel Carbonell y al final la nominación la ganó Rafael Hernández Ochoa.

Y el otro conflicto que tiene Barbosa, además de su ambición desmedida por el poder, es que ya ha fijado una larga lista de enemigos que lo convertirían en un problema para el gobierno presidencial de López Obrador.

Trump-narcos. La amenaza del presiente Trump de declarar como organizaciones terroristas a las bandas criminales de narcos mexicanos que tienen presencia en Estados Unidos, es un paso más para forzar los fondos para su muro. El problema es que los narcos no causan terror, ni ponen bombas, ni representan una ideología violenta, sino sólo atienden la demanda de los consumidores estadunidenses. Lo malo es que Trump sí tiene poder para dar ese paso, con lo cual pondría una bomba política en México por la incapacidad para atrapar traficantes de droga a gran escala. El otro inconveniente radica en que el canciller mexicano Marcelo Ebrard carece de atención en Washington.

Política para dummies: La política es el lenguaje de las interpretaciones y no siempre las mejores.

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@carlosramirezh
13 Marzo 2019 04:00:00
El limitado proyecto político de AMLO sin 100 días ni encuestas
Todos los análisis de los primeros 100 días efectivos de gobierno del presidente López Obrador se quedaron en la superficie. Con fortalezas y debilidades, ese arranque formal de gobierno de un candidato que comenzó a tomar decisiones a partir de enero del 2018 debería contextualizarse en el escenario de largo plazo de su proyecto político de gobierno.

Y en el proyecto político no alcanzan los aplausos, los abrazos, los selfies y las encuestas de aprobación por expectativas.

El proyecto político de López Obrador se resume en la propuesta de 4ª Transformación vis a vis las tres anteriores: la revolución de independencia, la revolución de reforma y la revolución antiporfirista. Al ser revoluciones, sus avances significaron un cambio de sistema/régimen/Estado, una ruptura de modelo de desarrollo/política económica/bienestar y una nueva correlación de fuerzas sociales de producción.

Sin embargo, agotado en la superficie de la popularidad, las tres salidas de la crisis de sistema/régimen/Estado aún no se perfilan en las decisiones presidenciales:

1.- Abatir la desigualdad social. La desigualdad no se mide por los mexicanos en situación de pobreza, sino la pobreza como producto de una estructura desigual de distribución de la riqueza. Por tanto, la pobreza no se disminuye con programas asistencialistas limitados, sino con un modelo de desarrollo con distribución de la riqueza nacional. Los programas de López Obrador no califican para afectar la estructura de apropiación privada de la riqueza. El populismo 1934-1982 de 6% de PIB tampoco abatió la pobreza: El 10% de las familias mexicanas en ese periodo se quedaron con el 1.5% del ingreso nacional, y el 10% de las familias más ricas llegaron al 40%.

2.- La inseguridad puede asumirse como una forma productiva capitalista: con delincuentes, con el apoyo del Estado, acaparando riqueza. Por tanto, la verdadera lucha contra la inseguridad no puede lograrse con una seguridad represiva. La tesis de López Obrador es válida: La inseguridad es producto de la pobreza; por tanto, la violencia solo puede disminuir con desarrollo y distribución social de la riqueza. La Guardia Nacional, la Estrategia de Seguridad, la pacificación y la seguridad pública apenas podrían bajar la incidencia criminal, pero no sus mecanismos de funcionamiento. Y la seguridad obliga a un replanteamiento del Estado como el monopolio de la fuerza ante bandas que le disputan poder.

3.- La recuperación de la gobernabilidad solo se disminuye cuando las ofertas de transformación social, económica y política exigidas por la sociedad son adaptadas por los gobernantes. La ingobernabilidad ocurre cuando las reformas institucionales son más lentas que las demandas sociales, cosa que ocurre desde 1958 cuando la sociedad ha exigido democracia, bienestar y seguridad y los gobiernos han respondido con propuestas parciales.

El proyecto político de López Obrador no considera dos grandes reformas:

1.- La reforma del Estado para hacerlo compatible a una pluralidad democrática con la sociedad. Al contrario, las iniciativas lopezobradoristas están tendiendo a reconstruir la presidencia centralista del Estado como en los tiempos de Elías Calles, Cárdenas, Alemán, Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo y Salinas de Gortari.

2.- La reforma del sistema político. Ante la imposibilidad de que Morena reproduzca el modelo del PRI como el espacio central del sistema en cuyo seno el presidencialismo distribuía bienes y valores porque Morena no tiene una estructura corporativa de representación de las clase sociales, entonces la salida será centralizar todo el poder en la presidencia, incluyendo las contradicciones que llevan a la figura presidencial --como en los casos de crisis del presidencialismo con Juárez, Díaz, Obregón, Calles, Cárdenas, Echeverría y Salinas de Gortari-- a enredarse en liderazgos y distribución de beneficios cruzados, como se ve cuando le tienen que reclamar al presidente López Obrador efectos negativos de decisiones como la desprotección de mujeres y niños, el recorte de personal y la disminución de salarios.

En este contexto, el proyecto de gobierno lopezobradorista se agota en el presidencialismo personal y carece de una propuesta de reforma integral del proyecto nacional priísta vigente para encarar la crisis.

Sinaloa se posiciona en la república. En una encuesta de México Elige realizada vía Facebook a casi 10 mil personas en toda la república, un resultado ha sorprendido a los analistas: López Obrador sale con 67.4% de aprobación, en tanto que el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, quedó en primer sitio con una calificación de 72.1%. Es la primera vez que un sondeo realizado con técnicas calificadas posiciona en redes sociales --las “benditas redes sociales”-- a un gobernador y ajusta a la baja la popularidad del presidente de la república. Y el dato adicional es que el gobernador sinaloense --priísta para más señas-- también ocupa primer lugar en aprobación en otras encuestas.

Política para dummies: La política se mide por proyectos, no por popularidades efímeras.
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@carlosramirezh
12 Marzo 2019 04:00:00
¿Dónde están los verdaderos archivos de la DFS y el Cisen?
La liberación de documentos de la Dirección Federal de Seguridad que ordenó el presidente Vicente Fox se reproduce ahora con la apertura de tarjetas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) ordenada por el presidente López Obrador: se trata de la información primaria y no de los verdaderos documentos de inteligencia que ayudaron a la toma de decisiones del poder.

Las notas que ha publicado El Universal son apenas tarjetas informativas que tienen poco valor si no se les explica. Y aún el expediente de López Obrador está armado con información recopilada en nivel primario, cuando la parte más valiosa radica en su expediente de inteligencia que parece estar desaparecido.

Los agentes de la DFS y el CISEN informaban, por ejemplo, que el entonces representante mexicano en la ONU Porfirio Muñoz Ledo había abordado un avión hacia Nueva York, pero lo importante fue el seguimiento del diplomático por sus intenciones de construir una diplomacia propia y tratar de meter a México en el juego geopolítico de poder de las grandes potencias a veces con intervenciones contrarias a las instrucciones presidenciales.

Desdeñar y hasta burlase del trabajo de campo de agentes de la DFS y el CISEN por funcionarios panistas y ahora morenistas en nada abona a la construcción de un verdadero servicio de inteligencia. Y el punto más importante no radica en que el presidente López Obrador haya abierto los “archivos” del CISEN, sino en que ya inicio los primeros movimientos para construir un Sistema Nacional de Inteligencia (SNI) que debe partir de la DFS y el CISEN, porque en esa especialidad no hay novedades ni inventos repentinos.

En este sentido, el principal problema del nuevo SNI estará en definir desde ahora sus métodos de trabajo, comenzando del principio central de que toda inteligencia se inicia con labores de espionaje de campo. Y ante ello, desde ahora el SNI tendrá que dejar claro qué ocurrirá el próximo sexenio o el que le va a seguir cuando el presiente en turno ordene abrir los archivos de la nueva oficina y se encuentren con reportes de espionaje similares a los de los tiempos de la DSF y el CISEN.

Pero hay otro punto central: Los archivos abiertos de la DFS y del CISEN no contienen los verdaderos reportes de inteligencia o información procesada sobre las personas vigiladas y sus actividades. Esos documentos deben estar en alguna parte y algunas copias existen en los archivos secretos de las oficinas de inteligencia y seguridad nacional de los EU. Dice la leyenda urbana que todo presidente mexicano a punto de tomar posesión exige ver su archivo de inteligencia y luego pide otros y los guarda en un lugar secreto.

Lo más importante del CISEN no está en las tarjetas de información primaria, sino en sus estrategias de seguridad nacional. Por ejemplo, el CISEN tiene un mapa de riesgos ya con información delicada de los personajes que serían peligros para la seguridad del Estado y el documento es conocido como Agenda Nacional de Riesgos. Ahí se incluyen informes de campo, pero también escenarios, circunstancias y personas como potenciales peligros de seguridad, todo ello a partir de la información de campo que comienza con el espionaje de movimientos.

En octubre de 2016 la revista Contralínea de Miguel Badillo --espiado por el CISEN y con una recomendación del presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, contra el organismo de espionaje-- publicó la Agenda Nacional de Riesgos y delineó los diez más importantes riesgos de seguridad nacional: Narcotráfico, movimientos sociales, terroristas antiestadounidenses, corrupción e impunidad, ciberataques, tráfico ilícito de mercancías, sistema de salud, flujos migratorios, células anarquistas y grupos guerrilleros y violaciones a los derechos humanos.

El mapa de riesgos y la agenda de riesgos serían dos de los documentos fundamentales del CISEN que no aparecen en los archivos liberados y cuya información acumulada sería fundamental para la seguridad del estado en el sexenio de López Obrador. En este sentido, el CISEN cumplió su función de vigilar la seguridad del estado ante el embate de grupos contrarios al estado. Y será la información vital para que el nuevo organismo y sistema de inteligencia del gobierno actual pueda asentar sus funciones.

El gobierno actual ha cometido cuando menos hasta ahora dos errores estratégicos referidos a la inteligencia para la seguridad del Estado: Chacotear y desprestigiar a las oficinas de inteligencia y sus funciones y reducir el tema de la inteligencia del Estado a una mera oficina de información criminal adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Como se ven las cosas, el estado de López Obrador carece de una oficina para la seguridad del Estado.

Los archivos liberados de la DFS y el CISEN son irrelevantes, porque la verdadera información de inteligencia está en algún otro lado o se perdió y el Estado quedó a ciegas.

Política para dummies: La política es lo que se encuentra detrás del espejo de Alicia.

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@carlosramirezh
11 Marzo 2019 04:00:00
100-D: Trampa de expectativas, curva de aprendizaje - experiencia y sistema
Los primeros cien días como periodo de análisis sirve sólo para fijar las nuevas coordenadas de un gobierno que plantea un punto de quiebre. El liderazgo de López Obrador, la 4ª Transformación y el nuevo eje sistémico han fijado en el escenario sexenal las posibilidades y limitaciones para los próximos seis-doce-dieciocho años políticos.

Los cinco puntos importantes para evaluar los 100-D del gobierno de López Obrador son los siguientes:

1.- La trampa de las expectativas. A lo largo de sus treinta años como disidente en pos de la presidencia López Obrador construyó una respuesta-madre utilizable para todas las demandas: sí a todo. Una vez en el poder, el recorte de plazas, la disminución salarial, la sustitución de servicio civil por morenistas, el reacomodo de programas sociales para sus aliados y su continuidad populista del neoliberalismo han provocado decepciones entre los que votaron por él y han perdido, los que esperaban una reactivación de las esperanzas y los que no encontraron un nuevo pensamiento político-económico-social. Al final, las expectativas suelen dirimir sus conflictos en las urnas, no en las encuestas.

2.- La curva del aprendizaje es el tiempo en que los nuevos funcionarios pueden entender el funcionamiento del sistema/régimen/Estado que solo vieron desde la oposición o en el que los viejos funcionarios reciclados comprenden las nuevas dinámicas de los consensos sociales. Los tiempos políticos de esta curva son cortos por el efecto social de las políticas de gobierno y exigen que los nuevos y viejos funcionarios aprendan el funcionamiento de las instituciones vis a vis las expectativas sociales. A diferencia de los procesos productivos, la curva de aprendizaje no repite sino que obliga a entender la lógica social del conflicto porque cada problema es particular.

‘3.- La curva política de la experiencia también difiere de los procesos productivos porque no se trata de encontrar el ritmo de producción en cadena con trabajadores que operan como máquinas, sino de responder a exigencias diferenciadas. Y esta curva se basa en el planteamiento claro de las ofertas de gobierno vis a vis las demandas sociales para evitar que la inexperiencia de los funcionarios derive en conflictos sociales en momentos actuales de tensión y desequilibrios que se agitan en expresiones de acción directa.

4.- El partido-sistema. La clave secreta de la hegemonía del PRI durante 89 años --de la fundación del Partido Nacional Revolucionario a la victoria de Morena-- estuvo en la configuración del PRI como el sistema político en cuyo seno el presidente de la república distribuía los valores y beneficios políticos, sociales y de poder. En el modelo de sistema de David Easton (1953), el sistema era una caja negra dentro de la cual se repartía el poder y se resolvían los problemas. El PRI funcionó como sistema hasta 1968 y durante 50 años fue capeando los conflictos y las nuevas demandas y grupos. Morena viene a sustituir al PRI, pero hasta ahora el partido-movimiento de López Obrador no es el nuevo sistema y todo indica que no lo será. El partido-sistema garantizó la estabilidad política y por tanto social. Morena es apenas una Torre de Babel de pedacería de personas y grupos políticos, con un presidente de la república que gobierna en solitario y sin su partido. Trasladar el sistema del partido dominante a la presidencia de la república sólo va a inutilizar el poder de la presidencia y no resolverá las inestabilidades sociales y políticas.

5.- Sin un partido como factor estabilizador de contradicciones, luchas y conflictos, entonces la presidencia de la república asumiría esa función y dejaría las labores institucionales de un sistema institucional de pesos y contrapesos para convertirse en una presidencia caudillista. El gobierno lopezobradorista no funciona porque todo se centra en la figura personal y liderazgo individual de López Obrador como caudillo, igual que Juárez, Díaz, Carranza, Obregón, Calles y Cárdenas y caudillismos institucionales en Echeverría y López Portillo. El caudillismo toma el modelo Weber del liderazgo personal y vive y muere con la figura del caudillo. El PRI creó el caudillismo de partido y sobrevivió por reglas de continuidad institucional; como Zedillo no pudo poner un sucesor a modo y prefirió entregar el poder al PAN. Y Peña Nieto impuso un sucesor a modo, pero el priísmo y el electorado ya se habían dispersado. El lopezobradorismo vivirá con López Obrador: o se reelige o se va con el caudillo, dice la lógica de las contradicciones del poder personal. Y si Morena se reproduce como partido-sistema tipo PRI, su permanencia será corta porque el lopezobradorismo no ha construido una circulación de sus élites como lo hizo el PRI durante 47 años, del PNR a la candidatura no priista de López Portillo.

Detrás de la retórica exaltadora de los caudillos-héroes se encuentra la necia dialéctica de la realidad.

Política para dummies: La política es percepción… y ahí comienzan todos los problemas.
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@carlosramirezh
10 Marzo 2019 04:00:00
México: La autodestrucción de la oposición
México ha entrado en una crisis política sin precedente que no va a llevar a una reforma de sistema político/régimen de gobierno/Estado constitucional, sino a la refundación del modelo político del PRI, con la circunstancia inocultable de que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido-movimiento Morena no pueden reproducir el experimento priísta porque nadie se baña dos veces en la misma agua del río y la historia se presenta como tragedia y se repite como farsa.

La responsabilidad no es toda de López Obrador. A lo largo de treinta años has definido una propuesta de forma de gobierno sustentado en relación directa con bases sociales beneficiadas de programas direccionados. En ese largo tiempo, el PRI pasó del proyecto social de la Revolución Mexicana a una propuesta de neoliberalismo de mercado y Estado autónomo, el PAN perdió su origen social cristiano y también se hundió en un pragmatismo sin idea moral, el PRD nació de una mezcla rara de militantes del Partido Comunista Mexicano y ex priístas cardenistas-pospopulistas y las pequeñas organizaciones como partidos-rémora se venden al mejor postor.

El propio partido-movimiento Morena no ha definido su estructura-ideología-relaciones de clase. Es la suma de todo aquel que quiera un empleo, a cambio de abandonar sus organizaciones en declinación. Su objetivo es sólo apoyar a López Obrador y de distribuir el poder sin ninguna construcción de una red real de dominio político. A diferencia del modelo PRI, aún no existe una relación orgánica entre el presidente de la república y su partido; y hasta ahora, las bancadas de Morena en las dos Cámaras sólo obedecen la instrucción general de aprobar leyes que le importen al presidente.

El presidente de la república ha asumido las funciones directas del viejo modelo priísta, pero las ha llevado a un liderazgo personal avasallante. Las conferencias de prensa diarias del presidente de 7 a 9 de la mañana no fijan agenda, sino que imponen temas, anatemas y voluntarismos. Y a lo largo del día no hay espacio para el debate ni para la confrontación de proyectos, sino que todos los críticos opositores tienen que defenderse de las acusaciones generales.

Los simbólicos primeros cien días de gobierno de López Obrador han prefigurado la característica de su forma de gobernar. Y no hay ningún secreto: busca la imposición de su figura personal como dominante en la gestión de un gobierno sin funcionalidad y su legitimidad --la clave de su estilo-- depende de la apertura de las exclusas de la corrupción de gobiernos anteriores para culparlos de la falta de resultados de su propia administración.

En las leyendas políticas del priísmo mexicano hay una anécdota muy difundida: todo presidente saliente le entrega a su sucesor el día de la asunción tres sobres con tres tarjetas escritas; el nuevo mandatario debe irlas abriendo en función de las crisis. La primera dice: cúlpame a mi de la crisis; la segunda: cambia tu gabinete; la tercera: escribe tus tres sobres.

Hasta ahora, casi todos los días el presidente López Obrador se queja de que le dejaron un país desarmado, corrupto, disfuncional, y primero dijo que a los cuatro meses lo echaría a andar y luego afirmó que después de octubre comenzaría a funcionar. Pero en los cien días de gobierno se ha ido metiendo en problemas propios muy serios por recorte de subsidios a organizaciones civiles; y si bien sus acusaciones de corrupción pueden ser ciertas porque el gobierno de Peña Nieto fue un gobierno de corrupción total, los afectados son niños, mujeres golpeadas, estancias infantiles, entre muchos otros. Su propuesta de entregar en lo individual el subsidio choca con el hecho de que las anteriores asignaciones iban a estructuras de protección y no a dinero en efectivo.

El modelo de presupuesto social busca reorganizar los subsidios quitándoselos a sectores sociales no partidistas ni clientelares y entregárselo a sectores sociales clientelares que garanticen su voto. En julio del 2021 se realizarán las elecciones legislativas federales para renovar la Cámara de 500 Diputados y Morena llega con el 53% de legisladores y su meta es lograr el 60% porque por mandato constitucional ningún partido por sí mismo puede tener más de ese porcentaje. Este candado se puso para evitar el regreso del viejo PRI que podía ganar hasta el 95% de la Cámara, cuando se podía cambiar la Constitución con el 67% de legisladores.

Los primeros cien días de gobierno de López Obrador debieran analizarse no en función de sus avances, retrocesos o desviaciones, sino a partir del hecho real de que la oposición está --en términos de tienda de carnes-- descuartizada: el PRI bajó a 13% de voto presidencial, 11% de senadores y 9% de diputados; el PAN anda corriendo como pollo sin cabeza; y el PRD ha sido desfondado por Morena, y como se ha visto en elecciones de leyes, cada uno va por sus propios intereses y los tres son incapaces de construir una alianza opositora.

Si los primeros cien días se miden por fuerza presidencial, han sido un éxito; si se cuantifican por resultados, todo está a medias y casi nada va a cerrarse en este año; si se analiza por el tema central de la economía, el PIB de 2019-2020 será de 1.5%-2% promedio anual o menos, muy lejos del 4% prometido y además con éste 4% insuficiente para el tamaño de la crisis social derivada de un crecimiento promedio de 2.2% promedio anual en el largo periodo 1983-2018.

El sistema/régimen/Estado es el mismo del PRI, el modelo de desarrollo/política económica/ bienestar también es el del PRI. El voluntarismo presidencial ha subido la aprobación popular, pero al final todo se debe medir en función del PIB y el bienestar. Sin partido, sin proyecto de desarrollo y sin estructura de poder, México regresó al caudillismo personal que siempre es limitado en tiempo y espacio y no crea bienestar social.

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08 Marzo 2019 04:00:00
100 días de 2,190 y de un proyecto transexenal; si se pude y lo dejan
En unos primeros cien días que se han vivido con intensidad segundo a segundo, con todos los frentes abiertos y ninguno cerrado y de la mano de un proyecto de transfiguración --y no de transformación--, el Presidente López Obrador parece estar pensado muy adelante.

El regaño a sus colaboradores hace unos días reveló el estado de ánimo presidencial alterado porque nada se ha aterrizado, todo se ha retrasado en el pantano de la burocracia y la novatez y existe ya el temor de que llegue a su primer informe de gobierno en septiembre sin resultados y ya sin eficacia su discurso de culpar al pasado de los problemas del presente.

Sin embargo, el modelo político de gobierno presidencial de López Obrador tiene la mira puesta en el largo plazo. José Agustín Ortiz Pinchetti, uno de sus principales asesores, corresponsable de la redacción de la Constitución Moral y ahora fiscal contra delitos electorales, ha corrido el velo en el texto “La oportunidad de una nueva Constitución” que parece que pasó desapercibido: Explica qué quiso decir el Presidente López Obrador en su discurso de aniversario de la Constitución el pasado 5 de febrero.

En su artículo del 10 de febrero pasado en La Jornada Ortiz Pinchetti toma dos críticos del parchado a la Constitución --Daniel Cosío Villegas y Diego Valadés-- y dice que en efecto “existe la obligación urgente de meterle mano a la Constitución”. Y revela la estrategia de López Obrador de rehacer la Constitución:

“¿Cuál sería el momento apropiado? Sin duda no sería el actual, sino después de las elecciones intermedias de 2021. Se renovará entonces la Cámara de Diputados federal y se convocará a un referéndum para que se ratifique o revoque el nombramiento del Presidente. La población decidirá a favor de la Cuarta Transformación o en contra, replegándose hacia una posición más conservadora. Si vota por AMLO/Morena podría convocarse a una Asamblea Constituyente que tendría tres vías: a) revisar el texto actual para eliminar sus inconsistencias y redundancias; b) reorganizar la Constitución para quitarle textos que deberían estar en leyes secundarias, como propone Valadés; c) o, redactar una nueva Constitución que incorpore las propuestas de la Cuarta Transformación y los principios históricos del Estado mexicano.

“¿En qué fecha podrían programarse los trabajos en cualquiera de estas líneas? Me gustaría que fuera el 5 de febrero de 2022. Una vez asimilado el resultado electoral del verano de 2021. Si el voto hubiera sido negativo habría que esperar otro momento histórico, quizás en 2024”.

El análisis de Ortiz Pinchetti acomoda todas las piezas del rompecabezas lopezobradorista, piezas sueltas por ineficacia, por ir paso a paso o por tratar de crear una sensación de desorden del sistema político actual. En este sentido, Ortiz Pinchetti le da sentido, orientación y rostro real a la 4ª Transformación: Rehacer el sistema político priísta/régimen de gobierno priísta/Estado constitucional priísta, pero no para consolidar un modelo populista porque el populismo no es un sistema/régimen/Estado, sino que solo constituye una forma de organización del poder presidencial y su base social dependiente.

A partir de las consideraciones de Ortiz Pinchetti, el nuevo sistema/régimen/Estado sumará las propuestas sociales lopezobradoristas y su reacomodo de dependencia de fases de la 4ª Transformación y “los principios históricos del Estado mexicano”. Hasta donde se tienen indicios, se tratará de restaurar el Estado priísta asistencialista de compromisos sociales, una mezcla de cardenismo radical de lucha de clases sin lucha de clases, del desarrollo estabilizador de López Mateos y Díaz Ordaz y del Estado intervencionista de Echeverría y López Portillo.

La 4ª Transformación seguiría a la primera callista, la segunda cardenista y la tercera alemanista, cada una definida por la construcción de un partido funcional a esas metas. Hasta ahora se había tratado del mismo partido como PNR-PRM-PRI; la 4ª, por lo tanto, dependería de la construcción de Morena como nueva sigla, pero con la misma estructura sistémica de control de masas y de administración de intereses empresariales del PNR-PRM-PRI. Por ello, sin duda, Morena se ha engrosado con priístas-priístas, panistas-priístas, perredistas-priístas y funcionarios-priístas.

La primera pista de la tarea del sexenio transexenal lopezobradorista la ofreció Ortiz Pinchetti, con fechas, estrategias y metas.

SNTE cruza frontera. En un evento de significado muy importante por los tiempos de exclusión que viven los EU el secretario general de SNTE mexicano, Alfonso Cepeda Salas, y Eric Heins, presidente de la Asociación de Maestros de California, suscribieron en San Diego un programa de colaboración para atender a niños y jóvenes migrantes en ambos lados de la frontera, independientemente de su nacionalidad y garantizare condiciones laborales. California le sigue enmendando la plana al racismo antimexicano de Trump.

Política para dummies: La política es, dice Pablo Simón en El Príncipe moderno, una actividad muy gratificante, pero ingrata.

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@carlosramirezh
07 Marzo 2019 04:00:00
Jorge Ramos, Maduro, Trump, estilo Bozzo: “¡Que pase el desgraciado!”
El ascenso de Donald Trump y su agenda racista, supremacista, fundamentalista y puritana trastocó el ejercicio del periodismo: Atacar al presidente estadounidense forzando la información ha logrado sobrevivir a la prensa del establishment liberal-conservador (síntesis neoclásica). La exdirectora del The New York Times, Jill Abramson, acaba de publicar un libro acusatorio contra los medios que usan a Trump para subir ventas: “Mercaderes de la verdad”, les dijo.

El caso de Jorge Ramos es de sobra conocido. Su periodismo personalista y agresivo lo convierte en el centro de la noticia, no en lo que quiere informar. En el caso de su frustrada entrevista con el dictador chavista Nicolás Maduro, confundió el periodismo de opinión con el periodismo de indagación y exposición. La pregunta de si debería llamarlo dictador fue provocadora e infantil para que ocurriera lo que pasó. Solo que Ramos fue más activista que periodista.

Los casos de algunas de las entrevistas de Ramos han servido para clases de periodismo. En una columna de opinión es normal el uso de adjetivos: En efecto, Maduro, los hermanos Castro, Daniel Ortega y Kim Jong-un, entre otros, son dictadores. Pero suena hasta ingenuo preguntarle Maduro: “¿Debo llamarlo dictador?” En todo caso, el periodismo de Ramos es activista porque estalla escándalos --como el que actuó con Trump en una conferencia de prensa-- para exponer a sus entrevistados. Pero eso sencillamente no es periodismo.

La veta de la entrevista provocadora la agotó Oriana Fallaci en otro contexto periodístico. Aún se recuerda aquella primera pregunta al exdirector de la CIA, William Colby, pidiéndole “los nombres de esos bastardos que han aceptado, en Italia, dinero de la CIA. Italia no es una república bananera de la United Fruit”. Colby sonrió y le dijo que su congreso le prohibía revelar nombres de agentes de seguridad. Y caso cerrado. Hoy en día el desnudamiento de dictadores y asesinos se ejerce con el periodismo de investigación, con el reportaje de largo aliento en que se exponen las personalidades dictatoriales sin necesidad de un reality show. El periodismo de denuncia lo hizo 60 Minutos con investigación, no sólo provocando una respuestas violenta.

El periodismo de Ramos se acercó más al estilo de Laura Bozzo y su programa como tribunal popular sin posibilidades de defensa. Su frase “¡que pase el desgraciado!” ha sido puesta en exhibición en el debate sobre el periodismo al señalar culpabilidades antes del enjuiciamiento. Al final de cuentas, a Ramos se le escapó la información de mostrar, con las técnicas del periodismo televisivo de investigación, la realidad de Venezuela.

Un video de gente comiendo de la basura se puede conseguir en cualquier parte del mundo, inclusive de la tierra adoptiva de Ramos: Los EU, y no es concluyente del fracaso de un gobierno o de un sistema político. Ramos no ha grabado esas escenas en los EU, --y otras de zonas de consumo de droga-- para hacerlo dudar de que vive en una democracia y que el malo es Trump y no el sistema capitalista de explotación y concentración de la riqueza. Al final, Ramos ha derivado en un defensor del american way of life que prohijó a Trump.

El uso del periodismo acusatorio ha servido a los intereses de Univisión como parte del bloque de poder liberal-conservador --hay otro bloque conservador-liberal-- en los EU, sobre todo cuando el dueño de esa cadena fue de los principales aportadores de recursos a la campaña de Hillary Clinton y la hija de Ramos trabajó para la campaña de esa candidata; por ello la política informativa de Univisión fue favorable a Hillary y agresiva contra Trump.

The New York Times ha sabido potenciar su batalla periodística contra Trump violando los códigos del equilibrio informativo y apenas consiguió por esa vía subir el precio de su acción en Wall Street de 4 dólares en 2010 a 32 dólares esta semana, aunque sin llegar a los 50 dólares que tuvo en el 2002. Y The Washington Post se recuperó del tropiezo de ingresos batallando contra Trump y poniendo el periódico al servicio de los intereses de sus dueños Jeff Bezos y Amazon. A eso se refría justamente Abramson: Los grandes medios estadounidenses que viven de sus ventas han radicalizado el periodismo de denuncia para recuperar ingresos, no para mostrar la realidad. En el caso de Ramos nos quedamos esperando el gran reportaje sobre Venezuela, no su show con Maduro.

A Ramos sOlo faltó gritar como Bozzo: “¡que pase el desgraciado!”.

Peña contamina al PRI. Como todo indica que José Narro es el candidato del expresidente Enrique Peña Nieto para dirigir el PRI, hay que dar ese contexto a la decisión del Presidente López Obrador de abrir la cloaca de corrupción en el sector salud que dirigió Narro de febrero del 2016 a noviembre del 2018. Narro representa los intereses peñistas que destruyeron al PRI en 2014-2018, con la pérdida de siete gubernaturas bajo el mandato priísta-peñista de Manlio Fabio Beltrones en 2016.

Política para dummies: La política es la vía para comunicar pasiones individuales disfrazadas de preocupaciones sociales.


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@carlosramirezh
06 Marzo 2019 04:00:00
DFS y CISEN en Gobernación: Los secretos de Bartlett y Moctezuma
En ese afán de abrir cloacas sin reflexionar no sólo en los efectos, sino los afectos, la liberación pública de los archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) va a ser un boomerang que afectará a la Presidencia de la República.

Las oficinas de inteligencia del estado fueron parte de la estructura de la Presidencia de la República y funcionaban en el área de la Secretaría de Gobernación. Por lo pronto, dos extitulares de la Segob tendrán que ser investigados por el espionaje del CISEN que tanto ha denunciado el presidente López Obrador y que tuvieron a su cargo la supervisión directa del espionaje del gobierno: Manuel Bartlett Díaz 1982-1988 y Esteban Moctezuma Barragán 1994-1995. Los dos fueron jefes políticos del espionaje y son piezas clave del gobierno de López Obrador.

El más afectado será, sin duda, Bartlett, porque le tocó manejar la Dirección Federal de Seguridad de diciembre de 1982 a mediados de 1985 y luego transitar hacia la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional 1985-1988, como Centro desde 1989.

La DFS reventó en 1985 por las denuncias periodísticas de que su titular José Antonio Zorrilla Pérez había sido el responsable del asesinato del columnista Manuel Buendía en mayo de 1984, pero sobre todo por las revelaciones del embajador estadounidense John Gavin en 1985 de que la DFS protegía a las bandas de narcos más importantes, sobre todo la de Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Don Neto y Rafael Caro Quintero, sentenciados por el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar. En esos años de 1984 y 1985 el secretario de Gobernación y jefe de Zorrilla fue Bartlett Díaz.

La DFS fue base del DISEN-CISEN y sirvió para defender intereses personales de funcionarios de Gobernación. En diciembre de 1983 Zorrilla Pérez acudió a las oficinas de Proceso, por instrucciones directas de Bartlett Díaz, para amenazar de muerte al director de la revista si se atrevía a publicar un reportaje sobre el uso de policías mexicanos para rescatar, por instrucciones del propio Bartlett Díaz, a una sobrina del secretario retenida por una secta religiosa en Venezuela. Por el tono de las amenazas, Scherer censuró la publicación. La historia más a fondo la sabe el actual director jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, hijo del director de Proceso.

Y la apertura de archivos del DISEN- CISEN podría aclarar el asesinato de Buendía en 1984, por el cual fue acusado Zorrilla Pérez, cuando las evidencias señalaban que él no había sido el operador, pero sí fue comisionado por Bartlett para desvirtuar la investigación. Salinas en 1989 encarceló a Zorrilla del crimen del columnista sin revelar autorías; en 1989, por cierto, Bartlett era secretario de Educación del gabinete salinista y mantenía con él los secretos del fraude electoral de 1988.

Pero el espionaje político no sólo ha sido de la DFS y DISEN-CISEN, sino que hubo otra oficina que medio escondió sus archivos: la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, extendida a temas económicos por el propio Bartlett Díaz. Zorrilla no fue una decisión de Bartlett, pero al final los dos se entendieron. En la DIPS estuvo uno de los funcionarios más cercanos a Bartlett Díaz, Óscar de Lassé; esta oficina hacía el espionaje político para el gobierno y para el PRI, en el entendido de que el PRI estaba controlado por Gobernación.

En el medio año que funcionó como secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán operó el espionaje y el director del CISEN fue Jorge Tello Peón, un funcionario cincelado por el general Jorge Carrillo Olea, aunque el canal de información de inteligencia para el presidente Zedillo fue el secretario particular Liébano Sáenz sólo para entregar la carpeta diaria.

Los directores del CISEN tienen mucho que explicar con la apertura de los archivos: Carrillo Olea (1989-1990), Fernando del Villar (1990-1993), Eduardo Pontones (1993-1994), Tello Peón (1994-1999), Alejandro Alegre (1999-2000), el actual ministro de la Corte Eduardo Medina Mora (2005-2006), Juan Domingo López Buitrón (2005-2006), Guillermo Valdés Castellanos (2006-2011), Alejandro Poiré (2011), López Buitrón otra vez (2011-2012), Eugenio Imaz (23012-2018) y Alberto Bazbaz (2018).

Las estrategias, decisiones de espionaje, procesamiento de información y operación fueron responsabilidad de los secretarios de Gobernación en tiempos reales y los presidentes de la república desde Lázaro Cárdenas (fundó el Departamento Confidencial de Gobernación para espionaje político). Lo importante no es el reporte, sino quién ordenó espiar.

Columna. A partir de esta semana, lunes y viernes se publicará en el periódico 24 Horas la columna agenda de Seguridad y Defensa, promovida por el Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad, que dirige el columnista Carlos Ramírez. Será especializada a partir de criterio de que la seguridad pública-interior-nacional es política pura.

Política para dummies: La política depende, como uno de sus pilares fundamentales, del espionaje, porque la política es una guerra por el poder, no un día de campo ni domingo de misa.

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@carlosramirezh
05 Marzo 2019 04:00:00
Tabasco: De la debacle de Arturo Núñez al desdén de Adán (Morena)
Muy mal ha arrancado el gobierno morenista de Adán López Hernández en Tabasco, la tierra del presidente López Obrador, porque parece estar reproduciendo los vicios políticos del madracismo priísta en el cual se formó. Sus primeros días al frente del gobierno de Tabasco en nada presentan una diferencia del atrabiliario y personalista gobierno perredista de su antecesor y también expriísta Arturo Núñez Jiménez.

El primer efecto negativo fue su declaración de bienes por 41 millones de pesos, todos ellos producto de su trabajo en el sector público y sus beneficios colaterales, entre ellos una jugosa notaría por servicios prestados al priísmo. Todavía en el 2001 militaba en el PRI madracista como secretario del gobierno interino de Tabasco, debido a la licencia al gobernador Madrazo para competir por la candidatura presidencial del PRI en el 2001 y luego pasar a la presidencia del PRI para lograr la candidatura presidencial en el 2006.

Del PRI López Hernández saltó al PRD y ahí militó y escaló cargos importantes como diputado y senador, pero siempre como parte de la facción lopezobradorista; en el 2014 se afilió a Morena. En su biografía registra que fue representante del “gobierno legítimo” de López Obrador después de la derrota del 2006.

En toda su militancia priísta y perredista acumuló, como pocos, doce propiedades en Tabasco y Estado de México, diez cuentas bancarias y tres automóviles. Pero lo que más sorprendió a los tabasqueños fue la acreditación de ingresos por 10 millones de pesos por actividades empresariales y profesionales como notario público. Lo que extrañó a los tabasqueños es la forma en que mezcló su militancia perredista y morenista de austeridad con la riqueza acumulada de manera simultánea a sus actividades empresariales.

La victoria electoral de López Hernández en la gubernatura de Tabasco en las pasadas elecciones de julio de 2018 fue producto de la locomotora López Obrador, además de la debacle del gobierno perredista de Núñez Jiménez, con quien parece haber tenido un pacto de impunidad porque el nuevo gobernador morenista no ha movido ni una oficina de gobierno para responder a las denuncias de corrupción de su antecesor.

Tabasco fue parte de la ola lopezobradorista en el sur-sureste de la república, junto con Chiapas y Veracruz. Pero los tres fueron también parte de los compromisos lopezobradoristas de impedir la impunidad de los gobiernos salientes. Los más significativos fueron Tabasco y Veracruz, por la pugna y el desdén de Núñez Jiménez y de Miguel Ángel Yunes Linares a la candidatura de López Obrador, sin que hasta ahora haya investigaciones abiertas.

El caso de Núñez ha sido significativo para medir los alcances del nuevo gobierno de López Hernández. Como priísta, Núñez fue de los más irónicos contra López Obrador, porque lo acusó de encabezar la industria de la protesta y convertirla en un negocio político por traficar con las movilizaciones. En el modelo de que un tabasqueño contuviera el activismo de otro tabasqueño, Núñez fue el operador del acotamiento institucional de López Obrador de 1989 a 1993 en Gobernación.

En esos años el actual gobernador morenista de Tabasco fue aliado y compañero de partido de Núñez, quien sólo renunció al PRI en 2005, luego de 36 años de militancia tricolor, para conseguir el gobierno de Tabasco como gobernador del PRD. En las polémicas elecciones de 1988, Núñez fue un combativo representante del PRI en la Comisión Federal Electoral de Manuel Bartlett Díaz como secretario de Gobernación y fue el más duro crítico de Cuauhtémoc Cárdenas y el más leal defensor de la polémica victoria oficial de Carlos Salinas de Gortari.

En este contexto, el papel de López Hernández como gobernador de Tabasco estaba en el enjuiciamiento del gobierno de Núñez Jiménez y todas las acusaciones de corrupción. Pero al final de cuentas, las labores empresariales de López Hernández tuvieron un entreveramiento con el gobierno estatal de Núñez Jiménez. El asunto de fondo radica en el manejo de los recursos del petróleo que no llegaron al bienestar de los tabasqueños.

Los primeros datos revelan que el gobierno de López Hernández en Tabasco será de tipo empresarial, pero con una economía local colapsada por la crisis de los precios del petróleo y la disminución en las participaciones a Tabasco como importante zona de asentamiento de oficinas petroleras. Al final, el gobierno de Morena podría ser igual al del PRD y a los priístas de la era madracista.

Trump. El anti trumpismo de los medios está generando, ante la ineficacia de su decisión de atacar al presidente, costos muy altos. El The Washington Post enfrenta una demanda de 250 millones de dólares de un joven señalado por el Post como instigador de la violencia en un evento en el Lincoln Memorial y el diario ya no sabe cómo salirse del problema, porque no se quiere disculpar de su falla de línea informativa. Como dato adicional, al multimillonario Jeff Bezos pagó justamente 250 millones para comprar el Post en agosto de 2013.

Política para dummies: La política es una factura que se tiene que pagar más temprano que tarde.


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@carlosramirezh
04 Marzo 2019 04:00:00
PRI 90 aniversario: entre AMLO y Peña; puede acabar como PRD o PARM
La elección de nuevos dirigentes en el PRI luego del colapso 2016-2018 no podrá construir un nuevo liderazgo político para las presidenciales del 2024, pero sí podría frenar al morenismo en las legislativas federales del 2021. La única condición es que haya un acuerdo de unidad.

El PRI nació en 1929 de pugnas internas entre la élite revolucionaria, perdió la presidencia por la disputa entre neoliberales y estatistas, recuperó el poder en el 2012 porque Peña Nieto pudo reconstruir el mando único presidencial y perdió de nueva cuenta la presidencia en el 2018 cuando Morena y López Obrador reprodujeron el modelo priísta-presidencialista-populista frente al neoliberalismo de Peña Nieto y el candidato priísta-no priísta José Antonio Meade Kuribreña.

La principal característica del relevo de la dirigencia priísta radica en la configuración de tres perfiles: un relevo generacional con el gobernador campechano Alejandro Moreno Alito que podría reactivar al partido con jóvenes, un nuevo dedazo del expresidente Enrique Peña Nieto a favor del sobre calificado ex rector unamita y político ortodoxo y disciplinado José Narro y la figura solitaria del precandidato derrotado Miguel Ángel Osorio Chong sin recursos, ni bases, ni liderazgo.

Por su cuenta y prácticamente sin posibilidad real aparecen el ex gobernador oaxaqueño Ulises Ruiz Ortiz, víctima de los intereses de los grupos de poder del PRI, tratando en solitario de reactivar las bases priístas que quedan, que nunca han sido tomadas en cuenta y que al final se disciplinan a la cargada oficialista; y sólo por presencia mediática, la ex gobernadora yucateca Ivonne Ortega Pacheco, sin propuesta real, convocando desde el internet a las bases y con una historia política conservadora e ineficaz.

Con el PRD en proceso de extremaunción y con el PAN corriendo como pollo sin cabeza, la única posibilidad de crear una oposición formal está en el PRI. Pero el pecado original del PRI es que nació desde el poder y fue conducido desde la presidencia de la república, lo que quiere decir que no fue capacitado para la democracia interna. Su viabilidad externa se sustentó el representar un proyecto social que se desinfló en proyecto populista y quedó en un aguado proyecto neoliberal-mercantilista que sólo aumentó el número de pobres.

El relevo generacional del PRI podría ser la única salida; Narro y Osorio Chong traen el sello del Peña Nieto que desbarrancó al PRI a una base electoral presidencial de 13% sin el Verde hoy morenista y sin Nueva Alianza que perdió el registro, 14 senadores de 128 (un vergonzoso 10.9%) y apenas 47 diputados de 500 (un más vergonzoso 9.4%). Y el independiente Ruiz Ortiz carece de bloque de poder para construir un partido opositor.

Desde la irrupción de los neoliberales en el poder económico-político en 1979 y en la presidencia en diciembre de 1982, el PRI disminuyó su clave de dominación presidencial al romper con el equilibrio en la distribución de las posiciones de poder. El autoritarismo presidencial en el periodo 1982-2018 llevó al PRI a tener 26 presidentes nacionales en 36 años, casi todos sin carrera partidista real, el político Roberto Madrazo Pintado se apropió del PRI para su candidatura presidencial y provocó la primera debacle en el 2000 y el sonorense Manlio Fabio Beltrones nunca impuso su fuerza política personal sobre los hilos titiriteros de Peña Nieto.

Si el PRI (Daniel Cosío Villegas en El sistema político Mexicano, 1972) nació para contener el desgajamiento del grupo revolucionario, instaurar un sistema civilizado de dirimir las luchas por el poder y dar una alianza nacional al proyecto social de la Revolución Mexicana, hoy el PRI carece de ese escenario porque se ha pasado a Morena y al ex priísta López Obrador y ninguna figura priísta posee la capacidad de liderazgo, además de que las presidencias debilitadas de Zedillo y Peña Nieto nunca se preocuparon por reconstruir consensos internos. Hoy el PRI se maneja como coalición dominante ante diversos y enfrentados grupos de poder: caciques, jefes corporativos, expresidentes autoritarios, gobernadores, senadores, diputados, alcaldes, ex políticos con recursos; en estas condiciones, el PRI puede seguir el camino de la disolución del PRD.

Alito Moreno ha aglutinado a los gobernadores, Narro sólo depende del Peña Nieto repudiado en las bases priístas del PRI, porque lo manejó a su antojo como agencia de colocaciones y les impuso a los priístas a un candidato fuera del PRI y Osorio Chong no tiene alianzas de poder porque Peña Nieto nunca confió en él y Osorio nunca se autonomizó.

El gran dilema del PRI es reconstruir una opción nueva, porque la vieja la tienen Morena y López Obrador y el neoliberalismo carece de sentido histórico. O quedar en un PARM simbólico o en un PRD fundido.

Aclaración. Una carta comedida aclaró a esta columna que los evangélicos sí respetan los símbolos patrios y el himno nacional y que son los Testigos de Jehová los que no saludan a la bandera ni cantan el himno. Para ajustar caracterizaciones de funcionarios que en público violan las leyes de símbolos patrios.

Política para dummies: La política es el arte de sobrevivir, como sea, pero seguir en la brega.

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@carlosramirezh
03 Marzo 2019 04:00:00
México: 90 años del PRI y sigue sin morir
El sistema político mexicano ha sido estudiado en el extranjero, pero es un fenómeno irrepetible porque se construyó sobre bases históricas. El 4 de marzo el PRI cumplirá 90 años de existencia, setenta y siete en la presidencia, dieciocho como oposición --sumando doce del PAN y los seis de Morena y López Obrador-- y sigue vigente.

En los años noventa del siglo pasado, antes de morir, el todopoderoso líder obrero priísta Fidel Velázquez hizo dos invocaciones casi como maldición gitana: “a balazos ganamos el poder, y a balazos nos lo tendrán que quitar”; bueno, el PRI perdió la presidencia en las urnas en el 2000, pero siguió en el poder y regresó a la presidencia a la vuelta de dos sexenios.

La otra fue tergiversándose hasta quedar así: “el PRI no es inmortal, sino inmorible”. Las interpretaciones son muchas; la más convincente dice que el inmortal siempre vive, en tanto que el inmorible nunca muere, un matiz posible; el primero sería casi una santificación; la segunda es el mundo de los no-muertos, una República priísta Zombi.

Sea como sea, el PRI llegará a los noventa años: 1929-1938, Partido de la Revolución Mexicana 1938-1946 y Partido Revolucionario Institucional 1946 a la fecha. Cada derrota presidencial habla de reformar al PRI y hasta cambiarle de nombre, pero al final se evita esa decisión porque el PRI es parte de la historia política del México posterior a la Revolución Mexicana 1910-1917, del estallamiento de la guerra civil hasta la Constitución que fundó el régimen.

El PRI nació después del régimen constitucional de 1917, pero lo hizo como una forma de mantener el poder. En 1928 el general Álvaro Obregón violó el principio de no reelección que había llevado a la revolución contra el dictador Porfirio Díaz por sus reelecciones de 1876 a 1910 y ganó las elecciones en 1928, pero fue asesinado a un mes de su victoria. El presidente saliente Plutarco Elías Calles construyó el régimen político con tres decisiones: convertir al presidente de la república en el centro del poder, crear un partido para regular el reparto del poder y mantener la presidencia con programas sociales populares.

La pérdida de la presidencia por el PRI en el 2000 estuvo precedida por el debilitamiento de esos tres pilares: el presidente diluyó su poder y autoridad, el sistema electoral pasó del control del gobierno a un organismo autónomo y México dejó de crecer a 6% del PIB anual y bajó a 2% promedio de 1983 al 2000. La democracia, en efecto, dio cuenta del PRI.

En el 2012 el PRI regresó a la presidencia ya sin el poder absoluto de antes, pero sí por el deterioro del PAN en el periodo 2000-2012 y por el temor populista a López Obrador. Sin embargo, el gobierno de Peña Nieto hizo proliferar la corrupción, aumentó el número de pobres y no tomó en serio el avance político y social de López Obrador. Las elecciones presidenciales de julio del 2018 posicionaron a López Obrador y su partido Morena con el 53% de voto presidencial y el 53% de voto legislativo.

El PRI se hundió en el 2018: 16% de voto presidencial, 9.4% de diputados y 11% de senadores.

A pesar de este deterioro, el PRI no se da por muerto y los priístas tienen confianza en recuperar posiciones y, como en el 2012, regresar a la presidencia. A su favor tiene el sistema de partidos: Morena es una Torre de Babel de pedacería de otros partidos y muchos priístas en sus filas, el PAN quedó sin liderazgo por la muerte del senador Rafael Moreno Valle y el PRD ha sido desfondado por Morena y corre el riesgo de perder el registro en las próximas elecciones si no gana 3% de votos.

El optimismo del PRI es infundado. Más que ganar la presidencia en el 2024, su principal objetivo es el de sobrevivir a la ola lopezobradorista, a la fuga de militantes hacia Morena y a la guerra interna de facciones. En octubre se debe cambiar la dirección nacional del partido y en su ceremonia de aniversario el 4 de marzo arrancará el proceso. No se prevé una decisión fácil porque el PRI dependía de la fuerza presidencial autoritaria y vertical que hoy no tiene. De partido unipersonal ha pasado a un modelo de coalición dominante formado por grupos de poder: gobernadores, ex presidentes de la república, senadores, diputados, alcaldes, líderes empresariales del partido, facciones de militantes, jefes de las corporaciones obrera, campesina y popular y viejos políticos que quieren ejercer sus patriarcados.

El PRI es un cascarón; su papel estabilizador radica en la negociación de sus pocos votos legislativos y de gobernadores. De 1980 a 2018 aplicó una política económica neoliberal de mercado que le hizo perder bases sociales y populares, y éstas fueron asimiladas por Morena. Por primera vez son menos los cargos públicos ante los grupos de poder que quieren sus cuotas, dejando fuera a nuevos liderazgos sociales. Sólo la vieja élite priísta que exige posiciones legislativas ocuparían los pocos espacios con posibilidades de ganar.

El PRI como oposición ha dependido del fracaso del PAN, del PRD y ahora de Morena. Pero López Obrador no es Fox ni Calderón, ni Morena es el PAN en el poder. La estrategia política de López Obrador busca cuando menos tres sexenios en el poder, dieciocho años, seis para él y los otros doce para sus relevos ya más o menos perfilados. La base social, el carisma y su forma de gobernar con conferencias de prensa todos los días para acusar a todos de todos los males le garantizan cuando menos otros seis años; los otros seis dependerán de su sucesor.

El mediano plazo --dieciocho años-- no se ven bien para el PRI. Pero su aspiración no será no-morir, sino evitar la condición de partido-Zombi, inmorible, no-muerto. No hay indicios de que pueda lograrlo, pero lo único cierto es que el PRI no regresará a la presidencia. Lo demás es lo de menos.

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@carlosramirezh
01 Marzo 2019 04:00:00
Guardia Frankenstein; mando supranacional de la ONU-DH
Como para terminar de enredar sobre lo que cada uno de los funcionarios federales quiere de la Guardia Nacional, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón se hizo bolas con sus acuerdos secretos con la ONU; los medios escritos registraron cuando menos cuatro versiones de lo que está cediendo México en soberanía en el tema de la Guardia Nacional:

1.- La Guardia será capacitada en derechos humanos por la ONU.

2.- La Guardia será capacitada en uso de la fuerza.

3.- La ONU participará en la formación de la Guardia Nacional.

4.- La ONU apoyará en contenidos de la Guardia Nacional.

El enredo tiene que ver con el hecho de que Ebrard se reunió con Michelle Bachelet, pero no en su condición de alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sino por sus funciones en dos ocasiones como presidenta de Chile, y por tanto responsable de los Carabineros chilenos.

Pero lo que Ebrard sabe, pero esconde, es el hecho de que los Carabineros son un cuerpo represivo, con el pasado no resuelto de haber sido pieza clave en el golpe de Estado contra el presidente constitucional Salvador Allende en 1973, y exhibido muchas veces durante las presidencias de Bachelet como represores de estudiantes que exigían educación gratuita y por usar sin decoro toletes para golpear a jóvenes y sobre todo abusar de las tanquetas con chorros de agua a presión para reprimir ciudadanos.

Pero lo peor de todo es que la ONU no tiene facultades para capacitar o entrenar o avalar cuerpos represivos nacionales, sino que su función es la de denunciar e investigar violaciones a los derechos humanos. Sería un contrasentido que la ONU avalara un cuerpo represivo legal que luego violara los derechos humanos, porque entonces ese cuerpo represivo se convierte en oficina de relaciones públicas o culpará de complicidad a la ONU por haberlo capacitado mal.

De lograrse lo que Ebrard ha dicho hasta ahora sin desmentido de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos (OACDH)--, entonces la Guardia Nacional mexicana tendría un mando supranacional o una intervención supranacional de sus funciones. El problema radicaría si el jefe de la GN tendería que solicitar la aprobación del Alto Comisionado en cada operativo, con la complicación adicional de que la GN mexicana enfrentaría al crimen organizado con alta capacidad de violencia, agresión y armamento.

En realidad, la ONU no se meterá con la Guardia porque es un organismo de las estructuras de represión del Estado, sino que operará en la periferia. Las funciones en ese punto de la OACDH nada tienen que ver con lo que supone Ebrard. En sus documentos, esa oficina dice:

“Puesto que los gobiernos tienen la responsabilidad primordial de proteger los derechos humanos, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos presta asistencia a los gobiernos, a través por ejemplo del aporte de conocimientos especializados y capacitación técnica en las esferas de la administración de justicia, la reforma legislativa y el proceso electoral, para facilitar la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos en el terreno. Apoyamos asimismo a otras entidades encargadas de proteger los derechos humanos para que puedan cumplir con sus obligaciones, y a particulares para que puedan ejercer sus derechos.

En todo caso, la ONU sí podría firmar convenios con la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación y con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero no con un cuerpo represivo. Los acuerdos para aceptar las exigencias de la ONU sobre uso de la fuerza no son obligatorios de cumplir y someterían a los cuerpos de seguridad de México a un mando supranacional bajo el control de organismos sin autoridad operativa.

Por si fuera poco, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Policía Federal tienen en vigencia reglamentos para el uso de la fuerza. Y de hecho, en las reformas y sobre todo en sus transitorios de la Guardia ya se incluyeron los supuestos del Artículo 5 de los principios básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego de la ONU. En todo caso, Ebrard busca bendecir las armas de los guardias nacionales con el agua bendita de la ONU.

Y Ebrard sería el menos calificado para acudir a la protección de oficinas de los Derechos Humanos, cuando sus tareas como secretario de Seguridad Pública del DF en el gobierno de López Obrador y luego él mismo como jefe de gobierno avaló abusos de fuerza de granaderos y policías preventivas sin atender a los entonces vigentes reglamentos para el uso de la fuerza.

La organización operativa en la construcción de la Guardia Nacional tendrá tantas manos metidas que al final podría quedar como un Frankenstein sin capacidad para cumplir su función de luchar contra delitos del fuero federal ahora dominados por las bandas criminales nacionales y transnacionalizadas y casi todas ellas en fase superior de violencia para mantener el control de los espacios expropiados por la fuerza a la soberanía del Estado.

Política para dummies: La política es el arte de prometer todo, a sabiendas de que no se va a cumplir nada.


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28 Febrero 2019 04:00:00
Minuta: Transitorios subordinan GN a doctrina militar de seguridad
Los tres puntos clave que contiene la nueva Minuta del Senado ya habían sido acogidas por la Minuta de la Cámara de Diputados, estaban contenidas con mayor profundidad en la iniciativa presidencial de Guardia Nacional, se asumen en los documentos sobre seguridad pública para el sexenio actual y vienen desde la crisis de cuerpos de seguridad-crimen organizado de 1982-1985;

1.- La única doctrina de Estado que asume la seguridad en términos de soberanía externa a interna es la militar. Y en tanto que existan grupos criminales que traten de suplantar al Estado, esa doctrina determinará los principios y operaciones de seguridad. Lo entendió a posteriori el presidente López Obrador.

2.- La doctrina civil de seguridad está diseñada para combatir a delincuentes que afectan a los ciudadanos porque se mueve por la riqueza individual y esas pandillas o delincuentes desorganizados sólo quieren obtener riqueza y no poder.

3.- Por tanto, toda doctrina de seguridad del Estado --y la Guardia y la Estrategia AMLO se mueven dentro del Estado-- tiene inevitablemente que definir sus parámetros en la lógica de la doctrina militar de seguridad interior. Por expansión, los espacios que recupere el Estado de los grupos criminales anti Estado quedarán de alguna manera vacunados contra la delincuencia común como círculos concéntricos de efectos.

Los puntos clave de los Transitorios de la Minuta del Senado son muy claros:

1.- La Guardia tendrá como eje a las policías militar y naval y este personal conservará su dependencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina.

2.- Las fuerzas armadas tendrán participación prioritaria en la estructura de la Guardia y en la organización del personal no militar y estos “podrán estar homologados en lo conducente a las disposiciones aplicables en el ámbito de la fuerza armada permanente”. Es decir, educación y preparación de toda la Guardia será en función de la doctrina militar.

4.- El Cuarto Transitorio de la Minuta del Senado ordena que la ley de la Guardia Nacional deberá homologar su funcionamiento a “las disposiciones aplicables en el ámbito de la fuerza armada permanente”: disciplina, faltas, delitos, sanciones, responsabilidades y servicios, ascensos, prestaciones, ingreso educación, capacitación, profesionalización y cumplimiento de responsabilidades.

5.- Por tanto, se infiere que el único mando real sobre los efectivos de la Guardia tendrá que ser militar o marino, porque un civil carecería de capacidad, fuerza jerárquica y don de mando disciplinario.

6.- El Cuarto Transitorio que borraron los diputados morenistas Pablo Gómez Álvarez y Mario Delgado en la Minuta de enero de la Cámara de Diputados al Senado se restaura como parte del Quinto Transitorio del Senado: la participación de las fuerzas armadas en labores de apoyo a la seguridad pública adquiere rango constitucional, aunque ahora se agregan adjetivos condicionantes que de hecho ya existían: extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. El hecho real es que se revive el aval constitucional a las fuerzas armadas.

7.- El quinto Transitorio fija una temporalidad estricta a la Guardia de cinco años a partir de la entrada en vigor del Decreto para tener desarrollada su funcionalidad; solo cumpliendo con esa meta las fuerzas armadas regulares se retirarán a sus cuarteles. Sin embargo, la Guardia necesitará cuando menos diez años para cumplir con los objetivos específicos establecidos en el Decreto: Estructura, capacidades e implantación territorial.

8.- Y uno de los vacíos que tiene toda la estrategia general de seguridad pública/interior/nacional del gobierno de López Obrador radica en lo que puede ocurrir o vaya a ocurrir con el crimen organizado/desorganizado por contradicciones internas, relevo de liderazgos, aprovechamiento del repliegue oficial contra las bandas y apoyo social. Si la violencia crece, la Guardia con sus limitaciones políticas carecerá de viabilidad y la seguridad deberá seguir estando en las fuerzas armadas apoyando a la Guardia.

La Minuta del Senado podrá ser aprobada hoy por el pleno de la Cámara de Diputados en medio de aplausos, abrazos y el himno nacional, pero al final de cuentas sus pasivos mostrarán que las decisiones fueron políticas y mediáticas y que nunca pensaron en definir una estrategia real contra la inseguridad ciudadana.

LEY II PARA TAIBO II. La indignación que provocó la falta de saludo a la bandera por parte de Paco Ignacio Taibo II, hoy director del Fondo de Cultura por una ley a modo y naturalizado mexicano, tiene una explicación: la izquierda socialista y comunista no reconoce las instituciones como el ejército. Una vez en el poder, esa izquierda inventó el brazo izquierdo levantado para protestar un cargo. Y el presidente López Obrador tampoco ha cumplido con el requisito legal de saludar a la bandera como militar y comandante supremo de las fuerzas armadas porque sólo los Testigos de Jehová y los evangélicos no respetan los símbolos patrios y sus protestas hay llegado a la CNDH y la Suprema Corte.
Política para dummies: La política se resume en la letra chiquita.


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@carlosramirezh
27 Febrero 2019 04:00:00
Meade: Otro político forjado en el Estado para servir a trasnacionales
El nombramiento del candidato presidencial priísta-no priísta José Antonio Meade Kuribreña como director-no-ejecutivo-independiente de HSBC es un acto de inmoralidad política. Aunque el extraño cargo fue inventado y diseñado ex profeso para eludir las leyes mexicanas, de todos modos demuestra que el candidato priísta derrotado fue un personero de los intereses financieros y bancarios extranjeros y que así hubiera sido su gobierno.

Lo chistoso del caso es que su nombramiento en el banco HSBC tiene la misma noción de su candidatura priísta sin ser priísta; hoy será banquero sin ser banquero. Lo grave, sin embargo, es que como secretario de Hacienda, de Desarrollo Social y Relaciones Exteriores de Peña Nieto y de Hacienda y Energía de Calderón consolidó el modelo neoliberal de mercado salvaje.

Pero hay cosas más graves aún, el banco HSBC ha sido encontrado culpable de lavado de dinero de políticos corruptos y del narcotráfico en sucesos revelados en 2012, 2015 y 2016. En 2012 Meade era secretario de Hacienda y por tanto supervisor gubernamental de los bancos, en el 2015 funcionaba como secretario de Relaciones Exteriores y desde ahí operaba los acuerdos de vigilancia financiera de bancos y en el 2016 otra vez estuvo en Hacienda encargado del sistema bancario.

En el 2015 un exempleado del HSBC, Hervé Falciani, reveló a la Policía que el banco había manejado 100 mil millones de dólares ilegales de 100 mil personas con reputaciones dudosas para eludir pago de impuestos en sus respectivos países. Entre ellos aparecieron los nombres de empresarios mexicanos reconocidos, entre ellos Carlos Hank Rhon. Las autoridades hacendarias y diplomáticas nada hicieron por iniciar carpetas de investigación y el caso se enterró en México. Meade, por cierto, fue secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, en los años del escándalo Odebrecht 2010-2014 y con sus cargos tuvo funciones en Pemex.

En 2016 el banco HSBC fue señalado por funcionarios de Aduanas y Migración de Estados Unidos de haber lavado mil 100 millones de dólares de bandas del crimen organizado, aunque esta acusación nunca condujo a investigaciones oficiales. Ahora el HSBC es uno de los más importantes bancos mexicanos.

Los funcionarios mexicanos tienen prohibido durante un año trabajar en empresas privadas con negocios vinculados a su última asignación gubernamental. Meade renunció al cargo de secretario de Hacienda en noviembre de 2017 para asumir la candidatura del PRI --cargo no gubernamental-- sin ser militante del partido, por lo que su plazo de veda laboral terminó en noviembre de 2018. Como candidato priísta-no priísta Meade llevó al PRI de una votación de 19.1 millones (38.2%) de votos en 2012 a 9.2 millones (16.4%) en 2018.

A raíz de la denuncia no bien fundada del director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, de funcionarios de electricidad que hoy tienen intereses en compañías extranjeras de venta de energía, el presidente López Obrador abrió un debate en torno a posiciones laborales que son legales en cuanto al cumplimiento de la ley, pero inmorales en cuanto al hecho de que esos funcionarios acumularon como secretarios información estatal privilegiada y ahora sirven a intereses privados.

Un caso similar fue el del secretario de Hacienda del gobierno de Salinas, Pedro Aspe Armella, quien dejó el cargo y luego apareció, con el plazo legal, en empresas que tuvieron que ver con Hacienda. Y para amarrar el tráfico de intereses, Aspe creó una empresa para asesorar a gobiernos estatales y municipales en manejo de finanzas y deuda interna, aprovechando sus contactos con el sistema financiero nacional e internacional.

El cargo de Meade en HSBC sí será ejecutivo y sus relaciones políticas y de poder le permitirán consolidar al banco en el sistema bancario mexicano, de suyo trasnacionalizado. La información privilegiada de Meade sobre las reglas gubernamentales. En los hechos sí hay un conflicto de intereses, pero las reglas mexicanas permiten eludirlas.

Meade se incorpora a la nada grata lista de funcionarios y expresidentes formados por el Estado, pero para servir como empleados de consorcios trasnacionales al servicio del capital mundial.

RAMOS, ALIADO DE TRUMP. La estridencia periodista del periodista Jorge Ramos se convirtió en el instrumento que le faltaba al presidente Trump para reventar a Nicolás Maduro y completar su estrategia imperialista de invasión, derrocamiento y, si se puede, arresto. Se trata del periodismo imperialista crítico como parte de estrategias desestabilizadoras externas diseñadas por la CIA. Ramos puso otro clavo en el ataúd político de Maduro con un periodismo que ayudó a la Casa Blanca y sirvió al vicepresidente Pence para presionar a México y meterlo en la guerra venezolana. Ramos fue precisamente a eso: mostrar al Maduro troglodita que ha pintado la Casa Blanca. Y lo peor es que Ramos ganará otro premio de periodismo en los EU por sus estándares de seguridad nacional.

Política para dummies: La política es la responsabilidad de evitar servir a dos amos.



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@carlosramirezh
26 Febrero 2019 04:00:00
GN, Policía, no seguridad interior; acatará a la CNDH y no a SSPC
Por culpa de los diputados morenistas Pablo Gómez Álvarez y Mario Delgado que mutilaron la primera Minuta, la Guardia Nacional aprobada en el Senado desinfló la intención real de crear un cuerpo adscrito a la seguridad interior y quedó en otro cuerpo policiaco más que tendrá la prioridad de respetar los derechos humanos y no combatir al crimen organizado que tiene presencia territorial en toda la República y ha corrompido a funcionarios, políticos, policías, ministerios públicos, jueces y custodios de prisiones.

En el debate de aprobación de la Guardia el jueves 21 de febrero, la obligación de someterse a los derechos humanos se repitió nada menos que 37 veces. Y el uso de la fuerza estará determinado no por la intensidad del fuego de los delincuentes, sino por una ley reglamentaria que definirá cinco limitantes cuyo incumplimiento derivará en procesamiento de los guardias: Legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y oportunidad.

SOlo dos detalles operativos: a la hora de enfrentar en campo de batalla de delincuentes los nuevos guardias tendrán que medir la proporcionalidad; si les disparan una ráfaga de cien tiros, responderá igual, pero con la necesidad de primero contar las balas recibidas y contar las de respuesta; y racionalidad implica el uso de la razón frente a delincuentes que carecen de ella, por lo que la proporcionalidad a aplicar también sería el mismo grado de irracionalidad.

Al final, las reglas de operación de la Guardia Nacional parecen sacadas de los boys scouts y no de las evidencias de una criminalidad que hace tiempo rebasó la capacidad de fuego de las policías y que apenas ha podido ser respondida por la logística armada de los militares. Pero ninguno de los legisladores que aprobó la Guardia Nacional tuvo la preocupación de presenciar en la línea de batalla un enfrentamiento real con delincuentes, en donde han sido asesinados decenas de militares, marinos y policías para medir la intensidad del problema.

De acuerdo con la ley aprobada, la Guardia Nacional “y las demás corporaciones policiales se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley y al mando superior y en lo conducente a la perspectiva de género (?)”.

Por tanto, la GN será otra corporación policiaca, no una institución que se esperaba que cayera en el territorio de la seguridad interior; y si iba a ser otra policía más, entonces debió dejarse el modelo actual de Policía Federal y Gendarmería. La doctrina policial implica tratar a los cárteles y bandas como delincuentes comunes y no como organizaciones armadas que quieren destruir al Estado y erigirse en autoridad.

El principal principio de la Guardia Nacional será, según consta en la Minuta del Senado enviada a la Cámara de Diputados, el de operar bajo los principios del respeto a los derechos humanos. Es decir, la GN dependerá más de la CNDH que de la Secretaría de Seguridad. Pero al defender los derechos humanos de los delincuentes, habrá de pasar a segundo término los derechos humanos de la sociedad agraviada por la delincuencia.

Los delincuentes tienen derechos, pero no por encima de los ciudadanos afectados. Y a la hora del combate o de la persecución o de operativos basados en inteligencia confirmada la Guardia tendrá que preocuparse por los derechos humanos y no por la violación de la ley. La doctrina policiaca real se basa en el ejercicio de la fuerza institucional para reprimir la violación de los derechos ciudadanos de las mayorías. Como quedó aprobada, el Guardia será un cuerpo atado de manos porque los delincuentes podrán invocar con efectividad la violación de sus derechos humanos y la desproporcionalidad en el uso de la fuerza.

Si la Guardia tiene “la obligación de promover, respetar y proteger, pero sobre todo garantizar en todo momento los derechos humanos”, en un choque físico con delincuentes lo legal sería que la Guardia acepte que los ataquen porque si no estarían violando los derechos humanos de los delincuentes. Y eso debe ocurrir, de acuerdo con la reforma constitucional, “en todo momento”. Y la Guardia podrá ejercer sus atribuciones bajo los principios de “legalidad, objetividad, eficacia, honradez, universalidad (?), interdependencia y progresividad”. Todo guardia tendrá que llevar consigo una tarjetita para ir palomeando, en medio de las balaceras, el cumplimiento de estos condicionantes.

Para colmo, la senadora morenista Ana Lilia Rivera ilustró el sentido de la Guardia Nacional con un poema de Javier Sicilia:

Como en el fondo de la vieja ruta, perdida en el riñón de la montaña, desde hace siglos silenciosamente cae una gota de agua.

Así, aquí en mi corazón obscuro y solo, en lo más escondido de la entraña oigo caer desde hace mucho tiempo lentamente una lágrima.

¿Por qué resquicio oculto se me oculta?

¿De cuáles fuentes misteriosas mana?

¿De qué raudal fecundo se desprende?

¿Qué remoto venero me la manda?

Porque siento que cae así, lágrima a lágrima. 

Tan fuente inagotable de ternura, tan vena de dolor que no se acaba.

Política para dummies: La política es el arte de lo deseable, no de lo posible.


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@carlosramirezh
25 Febrero 2019 04:00:00
Civiles de GN tendrán fuero de guerra por homologación
Este texto es el resultado de la confluencia de varias opiniones de especialistas en seguridad pública/interior/nacional sobre la Guardia Nacional aprobada en el Senado el jueves 21:
La creación de la GN es un buen esfuerzo; sin embargo, el debate nuevamente se contaminó por dos factores, los intereses ocultos que financian las campañas de las Organizaciones de la Sociedad Civil para evitar la creación de ese cuerpo, y el interés político de quienes desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana encontraron en esa oposición el pretexto y fuerza para apoderarse de la nueva institución.

La reforma constitucional resultante de lo anterior es muy mala; de las 250 páginas, el 80 % es la versión estenográfica de lo que dijeron en los foros, que en su mayoría fueron una serie de denostaciones, dogmas y supuestas reflexiones de cómo y por qué las fuerzas armadas son violadores de derechos humanos, es decir parecen una sentencia contra las instituciones castrenses.

Lo realmente preocupante es la contradicción entre el párrafo que se adiciona al Artículo 13 con el que prevé la subsistencia del fuero de guerra, que categóricamente refiere que no puede ejercer jurisdicción sobre personas que no pertenezcan a las fuerzas armadas y con los párrafos décimo y décimo primero del Artículo 21 que señalan que la GN es de carácter civil.

No pasa desapercibido que en el párrafo décimo segundo prevé que tengan un régimen homologado al de las fuerzas armadas, pero ello no es suficiente para decir que pertenecen a ellas y que por tanto sujetos al fuero de guerra, por eso es por lo que el diseño legislativo es muy malo, máxime que no señala que se entiende por régimen homologado.

En ese sentido, el hecho de que le haya quitado a la Secretaría de la Defensa Nacional toda injerencia en el manejo y operación de la GN y sólo sea responsable de que la estructura jerárquica, disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones ingreso, educación, capacitación, profesionalización y el cumplimiento de las responsabilidades y que tareas de la Guardia Nacional estén homologadas a los que se aplican en el ámbito de la fuerza armada permanente, se puede traducir en que los resultados positivos de su acción se atribuyan a la SSPC y los negativos, por corrupción, infiltración o excesos del personal se le carguen a la SEDENA.

El párrafo que se adiciona al Artículo 13 es incomprensible, tratándose de los miembros de la GN de origen militar más o menos podría entenderse, pero no dice que pasa con los civiles de la PF ni con los de nuevo ingreso. Además, ese párrafo modifica lo que hasta ahora se ha preservado en la jurisdicción militar, que solo los delitos que tengan victima civil no puedan juzgarse en esta jurisdicción, pero todos los demás aún del fuero común o federal, si se comenten en actos servicio o con motivo de éste, son competencia militar: por ejemplo, la malversación de los recursos de la GN ya no seria competencia militar.

El mayor riesgo es que este párrafo termine por contaminar toda la jurisdicción militar, incluso para el resto de las fuerzas armadas; hubiera bastado con adicionar en el párrafo existente lo siguiente: que “... los tribunales militares en ningún caso extenderán su jurisdicción sobre individuos que no pertenezcan al ejército o la Guardia Nacional...”

El párrafo décimo del Artículo 21, al señalar que la GN es responsable de las tareas de “la seguridad pública para la salvaguarda de la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, así como de la  preservación de la paz pública, el orden...”, pareciera que le deja a dicha institución toda la seguridad publica del país: por ello, sería necesario agregarle en el ámbito de competencia que le señale la ley, pues de lo contrario, se le podrá responsabilizar de que también se ocupe de todos los delitos del orden común sin ninguna limitación.

El último párrafo que le adicionan al Artículo 21 impone a los estados y municipios proporcionar información para el Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública, pero solo por medio de sus policías, dejando fuera a las Fiscalías o equivalentes y a los sistemas penitenciarios, los cuales también tienen información relevante; debería decir instituciones de seguridad pública en lugar de policías, ya que la ley señala como tales también al ministerio público y al sistema penitenciario.

La actual fracción VII del Artículo 89 Constitucional faculta al presidente de la república para disponer de la GN para la seguridad nacional, seguridad interior y defensa exterior de la federación en casos de urgencia, lo cual es inadecuado, porque no es lo mismo urgencia que emergencia; además, aún sin que hubiere urgencia, la GN debería formar parte de las instituciones de seguridad nacional que participen en esas tareas.

Las prisas por aprobar por consigna una legislación presidencial, la negociación de cualquier cosa para el apoyo opositor y la ausencia de un enfoque real de seguridad interior pudieron haber creado una Guardia Nacional igual a la Policía Federal y a la Gendarmería.

Política para dummies: La política es la habilidad para ganar ganando, no para perder perdiendo.

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@carlosramirezh
24 Febrero 2019 04:00:00
Una pesadilla llamada Trump
Luego de un año de proceso electoral y dos años de gobierno, el mundo y los vecinos de los Estados Unidos siguen padeciendo los comportamientos y trastornos de personalidad de Donald Trump. El año de 2019 arrancó con el cierre del gobierno por restricciones presupuestales y ahora declaró emergencia de seguridad en la frontera con México para sacar fondos y construir el muro.

A Trump hay que analizarlo con frialdad. En efecto, se trata de una personalidad con trastornos de estabilidad emocional derivada de su alimentación a base de refresco de cola y comida chatarra. Sin embargo, esa percepción no debe apartarnos de un enfoque racional: detrás de la ansiedad del poder se localiza un modelo ideológico puritano, anti Estado y sostenido por los resortes ultraconservadores de los estadunidenses de condado.

La agenda de Trump se puede enmarcar en una revolución conservadora, anti liberal y restriccionista de derechos civiles. Detesta al Estado no por ideología sino por funcionalidad: el norteamericano medio y bajo sostiene al aparato público y a sus privilegios a burócratas con los impuestos de los ciudadanos sin militancia. El discurso de campaña de Trump fue definido por la socióloga Katherine J. Cramer como “la política del resentimiento”.

El eje de la campaña de Trump en el 2016 fue el de la migración sobre todo mexicana y ahora potenciada por la migración centro y sudamericana. El muro es el factor simbólico de un perfil racial excluyente que ha tenido su base social. El cierre del gobierno y el muro le ha dado nada menos que siete puntos porcentuales en aprobación en apenas quince días, pasando, según el tracking diario de la empresa Rasmussen, de 43% el 31 de enero a 50% el 15 de febrero, mientras en el mundo Trump es el personaje mas odiado del mundo.

En la lógica política estadounidense, Trump está construyendo su personalidad, agenda y propuesta para la reelección en noviembre del 2020. Los datos de su base electoral señalan que sigue siendo la misma y que los demócratas carecen de un liderazgo real y las personalidades que se asumen como socialistas no podrían lograr los votos del establishment. Al final de cuentas, la derecha empresarial ha salido beneficiada con la política económica expansionista de Trump.

A Trump lo han fusilado con todo. La actriz porno Stormy Daniels, que denunció relaciones sexuales con Trump como empresario, publicó un libro en el que se mofaba del órgano sexual presidencial…, y nada bajó en las encuestas; al contrario, subió unos puntos. Y la próxima decepción no tarda: algunos medios han filtrado el dato de que la investigación de Mueller no llegará a acusaciones concretas y también van a desencantar.

Las percepciones sobre Trump sólo revelan el verdadero funcionamiento del sistema político estadunidense y de algunos presidentes que han abusado del poder sin problemas. Hoy se analiza el caso Watergate y se cree que Richard Nixon reaccionó como persona y no como político cínico y que el enjuiciamiento por negarse a entregar las citas que lo hubieran involucrado en el asalto al cuartel demócrata no hubiera terminado en un enjuiciamiento. Clinton se salvó de la picota cuando definió las relaciones sexuales y dijo que con Mónica Lewinsky no las hubo; y de todos modos Hillary Clinton lo perdonó porque su relación no era de pareja sino de sociedad de poder.

Si algo ha sostenido a Trump en la presidencia es su voluntad de poder y el ejercicio de los hilos de mando. Los principales medios lo han bombardeado con ataques sin hacer mella a su blindaje. Un dato debe analizarse con frialdad: a Trump le han detectado algo así como ocho mil 500 mentiras --y muchas realmente espeluznantes--, pero sus reacciones han revelado que sabe que los estadunidenses no lo juzgan por las mentiras sino por los resultados.

La propuesta de “hagamos América grande otra vez” es una de las frases de campaña más sólidas y profundas en años, si tomamos en cuenta aquella vacía de “gran sociedad” de Johnson o la de la mayoría silenciosa de Nixon. Los destinatarios de ese mensaje han visto cómo EU se ha deteriorado por el liberalismo. Pero Trump ha sido astuto al no retroceder en derechos, sino en dejarlos pero sin financiamiento público. El norteamericano de condado podría darle una segunda victoria a Trump si su oponente enarbola la bandera del liberalismo.

El tema migratorio es vital para EU. Medios conservadores han difundido fotos de las caravanas de miles de centro y sudamericanos tratando de cruzar la frontera sin cumplir con las leyes y enarbolando las banderas de sus países. No hay cifras precisas, pero se han calculado como doce mil personas aglomerando la frontera con México y ahogando los mecanismos legales de solicitud de asilo o permiso de trabajo. Casi ninguno va a pasar legalmente y los ilegales serán deportados a México, trasladando el conflicto social a un México sin capacidad e oferta de empleo, con un 60% de mano de obra con subempleo y 80% de mexicanos con una a cinco carencias sociales.

El tema de los migrantes sudamericanos calan hondo en los sentimientos racistas reactivados por Trump. Y las informaciones sobre delitos cometidos por ilegales han llegado a protestas ruidosas a las puertas de la oficina de la jefa de la mayoría demócrata Nancy Pelosi. El pánico social en los condados del sur de EU es un factor político detonador de simpatías a quien quiere alejar la aglomeración de extranjeros pobres y sin capacidad de trabajo. Ahí Trump ha sabido apretar los botones sociales.

Trump es todo lo malo que dicen de él, pero es un político que se nutre de esos pecados. Si los demócratas quieren evitar la reelección, necesitan un candidato diferente a los conocidos y más cercano al perfil de Trump; y parece que no lo tienen.

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@carlosramirezh
21 Febrero 2019 04:00:00
Militares en seguridad, pasivo de PAN y PRI-Osorio Chong
El inicio del modelo de participación de fuerzas armadas regulares y operativas en asuntos de seguridad pública para perseguir delincuentes y deshacer cárteles comenzó el 11 de diciembre de 2006 en Michoacán. Y si la orden fue dada por el presidente Felipe Calderón invocando facultades constitucionales de “seguridad interior”, la petición de militarizar la seguridad pública fue del gobernador perredista Lázaro Cárdenas Batel.

A un mes de iniciado el gobierno del presidente Peña Nieto, el nuevo secretario de Gobernación, Osorio Chong, disolvió la Secretaría de Seguridad Pública y subordinó toda la estructura de seguridad en la Secretaría de Gobernación, con el argumento de que la seguridad era en esencia política y poder.

El eje de las dos gestiones presidenciales y sus estrategias de seguridad fue la militarización de la seguridad pública, sin ofrecer ninguna reorganización, profesionalización policiaca o plazos de terminación de ese apoyo castrense. Inclusive, Calderón, apoyado por el PAN como partido, aprobó en agosto de 2008 un Acuerdo de Seguridad y Justicia que estableció metas precisas en tiempo para profesionalizar policías estatales y nacionales, mejorar ministerio publico y limpiar cárceles, pero ninguna se cumplió.

Los militares en labores de apoyo a la seguridad pública, por tanto, fueron decisiones civiles del PRI y del PAN, con el compromiso de mejorar las estructuras de seguridad e impartición de justicia. En el sexenio de Calderón-PAN se registraron 133 mil 939 homicidios dolosos y en el gobierno de Peña Nieto-PRI-Osorio se contabilizaron 228 mil 932 homicidios criminales, un total de 362 mil 871.

Hoy en el Senado se decidirá si el PAN que apoyó a Calderón y el PRI que avaló a Peña Nieto cada una en estrategias de seguridad basadas en la participación de militares de tropa operativa tendrán la honestidad política de hacer una evaluación de sus errores y a partir de ahí posicionar su voto sobre la Guardia Nacional. El rechazo del PRI y del PAN a la Guardia y la participación temporal --ahora sí-- de las fuerzas armadas en seguridad reconocerán el papel de militares y marinos o le darán una bofetada final a su repudio --ahora también sí-- a la militarización de la seguridad pública que sostuvo sus respectivos gobiernos panista y priísta.

En lugar de construir un puente de plata para la finalización de la participación de tropa operativa en seguridad y de abrir bien las puertas al ingreso a la Guardia de policías militares y navales que no están preparados para la guerra sino para vigilar que los soldados cumplan con las leyes constitucionales y militares, el PAN y el PRI podrían ofender a los militares con su voto en contra de la Guardia, cuando sus sexenios 2006-2012 y 2012-2018 fueron sostenidos por la participación sin reparos de militares a los fracasados y fallidos cuerpos civiles de seguridad pública.

Si la militarización de la seguridad fue responsabilidad del PRI y el PAN, hoy jueves 20 las bancadas del PAN y del PRI en el Senado estarían obligadas, de manera moral y política, a aceptar su propio fracaso en seguridad, analizar las razones de su ineficacia y sacar del debate el tema de la militarización porque los resultados negativos no fueron de policías y tropas, sino de funcionarios responsables de las tácticas, estrategias y políticas de seguridad. Sólo con esa autocrítica podría entenderse su voto sobre la Guardia.

La participación de militares en seguridad pública fue decisión de los presidentes Calderón y Peña Nieto y los apoyos de sus partidos y ninguno de los dos hizo esfuerzos reales para darles un marco jurídico. Al final de su sexenio y sin fuerza institucional, Peña Nieto promovió una ley de seguridad interior que pareció redactada sólo para abrir el debate y ser condenada a la anulación en la Suprema Corte. Hoy el PAN y el PRI aparecen sin memoria política ni responsabilidad de funciones. Y quieren perder la oportunidad para fijar un relevo institucional de las fuerzas armadas en seguridad con un plazo sensato para su retiro y sustituir tropas de combate regular por policías militares y navales.

El voto negativo del PAN y del PRI a la Guardia no será un ajuste de cuentas contra la apabullante mayoría de López Obrador, sino un voto de censura a los militares que fueron a combatir delincuentes por órdenes del PAN y del PRI y hoy son desdeñados por políticos y partidos que los metieron en ese berenjenal.

PRI, realineamiento. El debate nacional en torno a la Guardia Nacional ha tenido un efecto colateral: el reacomodo de grupos de poder. El centro de decisiones en el PRI, con miras también a su cambio de dirección, se consolidó en los gobernadores y se alejó de la bancada tricolor en el Senado: el gobernador campechano Alejandro Alito Moreno emergió con un acuerdo de gobernadores, en tanto que el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no pudo asumir el liderazgo. ¿Se reproduce fenómeno priísta 2006-2011 que consolidó al gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto como el poder real del PRI sin presidente de la república?

Política para dummies: La política es lo que tenemos. Y punto.

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@carlosramirezh
20 Febrero 2019 04:00:00
Guardia Nacional: La guerra de las minutas y las fallas de Olga, Monreal y Morena
La negociación de la nueva minuta sobre la Guardia Nacional en el Senado se salió de carril por el cruce fallido de negociaciones: La secretaria de Gobernación apretó por el lado de gobernadores para que ordenaran a sus legisladores el aval al documento y el senador Monreal se encargó de sus colegas.

Pero el resultado fue negativo: Los gobernadores del PAN plantaron a la secretaria y a los titulares de las fuerzas armadas y la bancada priísta desautorizó el acuerdo de los mandatarios tricolores en Gobernación.

La parte más lamentable fue para la ministra, notaria y secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, porque citó a los secretarios de Defensa Nacional y de Marina, general Luis Cresencio Sandoval González y el almirante José Rafael Ojeda Durán, para dar el charolazo a los gobernadores panistas, pero fue desdeñada y afectó la figura de las fuerzas armadas.

Hasta ahora, la existencia de dos bloques políticos retrasa la aprobación de la Minuta #2: el PAN cerró filas en sus tres niveles --presidente del partido, gobernadores y bancada-- y el PRI se dividió porque los gobernadores priístas resultaron más morenistas que Morena y cedieron en todas las exigencias de Gobernación y la bancada en el Senado tuvo que criticarlos por facilones.

La negociación de la segunda minuta amenaza con desbarrancar toda la estrategia de seguridad del gobierno de López Obrador porque depende de tres decisiones: la Guardia Nacional, policías militares y navales como piezas fundamentales del nuevo cuerpo y acreditación legal para que las fuerzas armadas tengan garantías constitucionales para seguir apoyando labores de seguridad pública.

Y si existen indicios de que finalmente sí saldrá la minuta, en Palacio Nacional hay irritación por el costo político y social que tendrá que pactarse con el PAN y con el PRI por una maniobra paradójicamente del diputado morenista Pablo Gómez Álvarez y el líder morenista en la Cámara de Diputados Mario Delgado, quienes quitaron el Cuarto Transitorio de la Minuta enviada al Senado.

Y queda, una vez salvada la valla senatorial, lo que vote la Cámara de Diputados porque Gómez y Delgado estarían obligados a votar otra vez contra la nueva Minuta porque le habrían reinsertado lo que los dos le quitaron.

Más que novatada, la crisis de las Minutas sobre la Guardia Nacional han reflejado más bien la falta de unidad política legislativa de Morena en torno a los objetivos de gobierno del presidente López Obrador. El Cuarto Transitorio ya había sido avalado por la oposición, pero PAN, PRD y PRI aprovecharon el radicalismo de Gómez y Delgado.

El PAN y el PRI están buscando concesiones en algunas de las decisiones radicales del presidente López Obrador, pero falta por ver hasta dónde se tensaría la cuerda antes de romperse. En Palacio Nacional están analizando opciones intermedias que garanticen el funcionamiento de la Guardia sin cederle nada a la oposición legislativa y sí apretándole las condicionalidades a los gobernadores. El presidente de la república tiene a su favor la caja de resonancia de las conferencias mañaneras para exhibir a los legisladores de la oposición.

La que sacó la peor parte fue la ministra Sánchez Cordero porque se fue con la finta de que los gobernadores panistas estarían en Gobernación a desayunar y ahí los estaban esperando los secretarios de Defensa, Marina y Seguridad para ejercer presiones institucionales. Esa falla no sólo fue de manejo político, sino de sensibilidad al invitar a los jefes de las fuerzas armadas a una reunión sin plancharla con acuerdos. Por ese error, Sánchez Cordero dejó de ser interlocutora del PAN en su grupo de gobernadores.

La solución se buscará en el Senado, donde el PRI sí va a votar con ciertas condiciones no radicales, aunque sí muy complicadas de atender: Cuatro años de presencia militar en seguridad, pero en escenarios en que la conformación de una Guardia necesitaría cuando menos de siete años. Además, el problema de la temporalidad es imposible de aprobar: ¿qué pasaría con la Guardia si en cuatro años el crimen organizado sigue latente y la Guardia no lograra profesionalizarse al 100%? La sugerencia de que las policías militares y navales se sumaran a la Policía Federal y a la Gendarmería es inoperativa. De ahí quizá la propuesta de dejar la temporalidad en cuatro años, pero con la salida condicionante de que pudieran ser más en función de las circunstancias de inseguridad.

Por lo pronto, como indicio a registrar, el presidente López Obrador comisionó a su consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, a apoyar en la negociación con el PAN y con el PRI para darle rango presidencial a los acuerdos.

ENCUESTA, La encuesta mensual de Arias Consultores sobre desempeño de gobernadores está mandando algunos guiños al PRI y a Morena: los nuevos gobernadores arrancaron con buena calificación arrastrados por la locomotora AMLO, pero el único gobernador colocado entre los cinco primeros lugares ha sido el sinaloense Quirino Ordaz. El campechano Alejando Alito Moreno que busca la presidencia del PRI quedó en noveno lugar.

Política para dummies: La política es el juego del poder, no de las lealtades.

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19 Febrero 2019 04:00:00
Día del Ejército: Lealtad y falacia de la militarización
Cuenta una de las leyendas urbanas del sistema priísta que en la parte más complicada del movimiento estudiantil del 68 un día se presentaron al despacho presidencial, sin avisar, el secretario de la Defensa Nacional y los jefes de zonas militares y solicitaron ver al presidente de la república. Díaz Ordaz sólo endureció su ya endurecido rostro, pidió unos segundos.

Casi de manera instintiva, Díaz Ordaz se colocó la banda presidencial que tenía en su oficina, los hizo pasar y sólo les dijo:

--A sus órdenes, señores.
El secretario de la Defensa, Marcelino García Barragán, nada más le dijo que todo el mando castrense quería refrendar su lealtad al presidente y comandante supremo y que querían decírselo en persona.

Desde el cuartelazo del alcohólico Victoriano Huerta en febrero de 1913, los mandos militares nunca rebasaron la línea civil, y eso que por temor e intenciones de fuerza el presidente y general Lázaro Cárdenas creó en 1938 el militar como el cuarto sector del Partido de la Revolución Mexicana, politizando de manera peligrosa a los militares. Con mano suave, el presidente y general Manuel Ávila Camacho disolvió ese cuarto sector y los militares fueron garantes apartidistas de la estabilidad política de la república, pasando institucional y lealmente por dos gobiernos panistas y ahora un gobierno morenista.

La acusación de militarización de la vida política nacional que han esgrimido organizaciones sociales e internacionales por la incorporación a la Guardia Nacional de policías militares y navales no sólo es una falacia sino una intriga absurda que ofende la institucionalización y lealtad de las fuerzas armadas con el mando civil. El saldo de doce años de participación de las fuerzas armadas en apoyo de las fuerzas de seguridad pública por el escalamiento de poder de bandas y cárteles del crimen debe reconocerse hoy 19 de febrero que se celebra el Día del Ejército y 106 años de fundación del ejército federal institucional después de Huerta.

Y, entre otras cosas, reconocer puntos concretos:

1.- En ninguno de esos dos sexenios hubo alguna posición política cedida o exigida a los militares.

2.- Las fuerzas armadas sólo se dedicaron a combatir al crimen organizado por la incapacidad, ineficiencia y corrupción de las fuerzas policiacas.

3.- Los casos de presunta violación de derechos humanos por militares sumaron 10 mil 637 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero condujeron sólo a 133 recomendaciones formales --el 1.2% del total-- y todas atendidas. Todas las quejas se resolvieron en tribunales civiles.

4.- Una investigación del Instituto Belisario Domínguez del Senado concluyó que el 88% de las quejas y el 85% de las recomendaciones por violaciones de derechos humanos fueron contra autoridades civiles y que las quejas contra las fuerzas armadas disminuyeron casi 60%.

5.- De la totalidad de 93 mil 713 delincuentes fallecidos de 2001 a 2018, sólo 3 mil 166 fueron en enfrentamientos con las fuerzas armadas, el 3.3% del total; el resto fuer responsabilidad de fuerzas civiles de seguridad.

6.- El saldo en actividades militares para “garantizar la seguridad interior” fue significativo en el periodo 2013-2018: 126 operaciones coordinadas, 106 operaciones para reducir la violencia, 151 bases de operaciones mixtas desplegadas, erradicadas 28 mil 417 hectáreas de cultivo de marihuana y 133 mil 430 hectáreas de amapola, fumigación de 85 mil 551 plantíos de marihuana y 25 mil 948 de amapola, aseguramiento de 42 mil 276 armas cortas y 31 mil 877 armas largas, destrucción de 137 mil 294 armas cortas y 107 mil 167 armas largas.

La categoría de militarización ha sido esgrimida como acusación, pero sin reconocer que el entrenamiento de las fuerzas civiles de seguridad es una derivación de las formas de capacitación y entrenamiento de las fuerzas armadas porque ambas usan armas de fuego letales. Sin embargo, la militarización se ha entendido como la toma del control militar de las fuerzas civiles de seguridad. Si bien se trataría de una necesidad porque la flojedad en las organizaciones policiacas lleva a la complicidad con los criminales, la Guardia Nacional asume a policías militares y navales con entrenamiento policiaco para labores policiacas civiles en el nuevo cuerpo.

Los titulares de las áreas de seguridad son civiles: presidente de la república, secretaria de Gobernación, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscal General de la República y comisionado general de la Guardia Nacional, y los cuerpos legislativos que diseñan las leyes de seguridad son civiles, con la única excepción de que el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados es general retirado y todos los miembros de esta comisión son civiles.

Y los policías militares y navales forman parte del sistema educativo de las fuerzas armadas con aprendizaje en leyes, derechos humanos y procedimientos penales.

En conclusión, la participación de policías militares y navales en la GN no representa una militarización de la república.

Política para dummies: La política es el arte de la persuasión; la fuerza es el manotazo de la incompetencia.

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18 Febrero 2019 04:00:00
Trump: El muro, narcoalianza con Cártel del Golfo y Ebrard-Hillary
Las definiciones geopolíticas del gobierno de Donald Trump en los próximos tres meses van a obligar a México a tomar una posición de confrontación contra la Casa Blanca. El problema radica en que Washington tiene muy claros sus intereses estratégicos y de seguridad nacional imperial con México, pero la diplomacia de Marcelo Ebrard tiene la esperanza de que Hillary Clinton sea la candidata en el 2020 e impida la reelección de Trump.

Ebrard no es visto con buenos ojos en la Casa Blanca porque tuvo un posicionamiento claro a favor de Hillary y llegó inclusive a grabar spots para difundirse en los EE. UU. pidiendo el voto para la candidata demócrata. Por ello el canciller mexicano ha visto muy complicada su gestión en la casa presidencial de Trump.

El muro de Trump no es un capricho, sino que obedece a tres realidades: asume el sentimiento racista de la mayoría silenciosa estadunidense, se adelanta a los intentos de penetración masiva de latinoamericanos huyendo de sus países en busca de empleo y no de inserción en el american way of life --estilo de vida americano-- y eleva a la categoría de problema transnacional el cruce de drogas, cárteles y de paso terroristas por la frontera sur.

En la campaña del 2016 Trump ascendió a candidato competitivo cuando se apropió de la agenda de la migración, del muro, de los ilegales en los EE. UU. y del consumo de drogas provenientes del oro lado del sur de su frontera. El problema no tiene que ver con el hecho de que ilegales y droga hayan crecido por el aumento en la corrupción de funcionarios estadunidenses fronterizos, ni que hasta ahora no haya habido más de un terrorista atrapado entre los ilegales. La realidad alternativa de Trump ha sido impuesta, por la vía de las redes sociales, como un factor y de los temores desatados en la zona de confort del estadunidense medio.

El presidente Peña Nieto y su canciller Luis Videgaray nunca fijaron una estrategia de seguridad nacional respecto a Trump y sus acercamientos no formaron parte de alguna táctica de previsión electoral. Videgaray se conformó con la puerta abierta del yerno Jared Kushner, pero sin entender que se trataba de una puerta giratoria por el hecho de que Trump es el poder absoluto y sus consejeros, asesores y secretarios son empleados menores.

El muro será la bandera de campaña de Trump en el 2020, con la realidad de decenas de miles de latinoamericanos tratando de entrar legales o ilegales. Y mientras más el congreso estadunidense bloquee el muro, más será agenda de Trump.

La parte más conflictiva del muro y la frontera mexicana es la percepción en algunos medios de una alianza de condados estadunidenses con el cártel del Golfo en la zona de Texas-Tamaulipas para bloquear la construcción del muro o de vallas. Esa zona, de Ciudad Juárez a Matamoros es la más caliente en materia de tráfico de ilegales y cruce de droga. Una versión del sitio conservador Breitbar News revela que los tres condados donde se prevé la construcción de barreras --Starr, Hidalgo y Cameron-- tienen funcionarios policiales encarcelados por recibir sobornos del cartel del Golfo. La ley de Trump permite la aprobación de condados para construcción del muro.

El problema con el muro de Trump no radica en la construcción de vallas para impedir el cruce físico de personas sin documentos legales, sino en su inserción en el concepto de seguridad fronteriza como una vertiente de la seguridad nacional, una fase que domina cualquier intento de vecindad o amistad. El único lenguaje que maneja Trump en su relación con México es el de la seguridad nacional, en tanto que del lado mexicano hay una preocupante carencia de funcionarios especialistas en el tema.

Venezuela será una prueba para la cancillería mexicana, pero todo indica que el canciller Ebrard será una mala copia del canciller salinista Fernando Solana que arrojó a la basura los principios geopolíticos y de seguridad nacional de la política exterior mexicana al avalar la invasión estadunidense a Panamá en diciembre de 1989 para que el presidente George Bush Sr. pudiera arrestar al jefe de gobierno panameño Manuel Antonio Noriega, por cierto reclutado para la CIA por el propio BUSH cuando fue directos de la CIA el año de 1976.

La estrategia de seguridad fronteriza de Trump como parte de su política de seguridad nacional imperial buscará anular a México en el tema del muro y sobre el muro colocar su candidatura presidencial para el 2020. Hasta ahora, la política de seguridad nacional de México es local, carece de criterios geopolíticos y se ha alejado de su participación en los litigios internacionales. Los casos de Cuba y Venezuela son ejemplos de una no-política exterior y de los no-principios de la diplomacia de seguridad.

A lo largo de dos siglos de vecindad, México ha sido el problema uno de seguridad nacional de la Casa Blanca, en tanto que los EE. UU. no aparecen en la seguridad nacional de México.
Política para dummies: La política es la relación incestuosa con el poder.

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@carlosramirezh
17 Febrero 2019 04:00:00
Colapso del bolivarismo regional
La crisis del gobierno venezolano de Nicolás Maduro ha colapsado el modelo regional de alianza de gobiernos progresistas-populistas apadrinados por el gobierno cubano a través del activismo en 2004 del presidente Hugo Chávez. La idea central fue construir un mercado común económico y comercial sin Estados Unidos, aunque trabajó más el discurso ideológico que los tratados exportadores.

Este movimiento tuvo intenciones de oposición a EU. Su nombre político fue Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA, nuevo amanecer. El pivote lo significó el entonces presidente venezolano Hugo Chávez, apadrinado por el líder cubano Fidel Castro. Venezuela tenía a su favor, entonces, el poder político del petróleo y la entrega de crudo como subsidio a Cuba para su reventa en los mercados libres.

Venezuela logró en el periodo de Chávez un posicionamiento privilegiado por el petróleo: 551 mil millones de dólares de exportaciones en los once años de 1999-2014, justo los que gobernó Chávez. El PIB, con altibajos, en ese periodo tuvo un sorprendente promedio anual de 5%. Maduro, por la muerte de Chávez en marzo del 2013, tomó el poder y la economía se desplomó a partir de 2014. Sin petróleo y con un presidente sin liderazgo ni inteligencia estratégica. Fidel Castro, el padrino de Cuba, murió en noviembre de 2016 y su lugar lo ocupó su hermano Raúl, un burócrata de la estructura militar, sin enfoque estratégico ni geopolítico.

Como proyecto de integración ideológica entre el capitalismo de EU y el comunismo de Cuba, el populismo ha oscilado en Iberoamérica. La muerte de Chávez en marco del 2013 abrió la incertidumbre en el ALBA por la mediocridad de Maduro y la ausencia de un liderazgo de relevo a Chávez; los gobiernos populistas fueron perdiendo elecciones: Cristina Kirchner en 2015, la brasileña Dilma Rousseff en 2016, el ecuatoriano Rafael Correa en 2017, la chilena Michel Bachelet en 2018 y el cubano Raúl Castro (relevo sin elecciones democráticas) en 2018. La crisis de Venezuela estalló en el 2017 con el desplome de las exportaciones petroleras.

El ALBA fue un impulso derivado del ascenso de gobernantes populistas y en medio del abandono de Iberoamérica por el abandono de la región desde Bill Clinton en 1993. El motor de la alianza fue Chávez y su enfoque de liderazgo continental. México nunca ha tenido una propuesta de liderazgo regional, salvo el activismo del presidente Luis Echeverría (1970-1976) con Chile y los No Alienados y el presidente López Portillo (1976-1982) con su apoyo a Cuba y su activismo a favor de la revolución sandinista en su fase romántica y juvenil. El presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se alió a EU con el Tratado de Comercio Libre e inclusive apoyó la invasión de Bush padre a Panamá en 1989 para arrestar a su antiguo aliado Manuel Antonio Noriega, agente de la CIA durante el año en que Bush padre fue director de esa agencia de espionaje.

La crisis que viene estará en Bolivia, pues en octubre de este año habrá elecciones presidenciales y el presidente en turno Evo Morales --que modificó la Constitución para reelecciones indefinidas y con una oposición jurídica el intento por reelegirse por tercera ocasión-- ya no tiene la aureola del gran líder indígena, por la sencilla razón que el poder desgasta y el poder absoluto desgasta absolutamente, para parafrasear a Lord Acton. Un líder de la izquierda moderada, Carlos Mesa, que ya fue presidente interino, le está quitando votos a Morales. La caída de Morales no sería tanto efecto dominó, sino la comprobación empírica que el desarrollo político no puede estancarse por el desgaste del poder, con la excepción de dictaduras militares opresivas como la cubana.

Lo que queda en el mapa iberoamericano es el caso de Nicaragua, donde la crisis interna en la élite sandinista está llegando a su fin. El presidente Daniel Ortega, uno de los legendarios guerrilleros del Frente Sandinista, fue jefe de la junta de gobierno de 1979 a 1985, ganó las elecciones presidenciales en 1985, las perdió en noventa ante la conservadora Violeta Chamorro, regresó al poder por la vía electoral en el 2007 y ahí se mantiene por razón de modificaciones constitucionales de carácter dictatorial. Las protestas masivas que produjeron decenas de muertes y una represión brutal ha mostrado al régimen de Ortega como el más cruel y criminal que el de Somoza que derrocaron los sandinistas en 1979 por la vía de la guerrilla. El propósito de Ortega es que su sucesora, en caso de que tenga que se termine su periodo y no pueda otro, sea su esposa.

La crisis de Maduro, Ortega y Morales no explica la crisis de Iberoamérica. La nueva sentencia de ortos doce años de prisión por corrupción contra el brasileño Inácio Lula da Silva forma parte de la crisis de las instituciones políticas y del principal problema de los gobernantes radicales: llegar al poder al frente de una oleada de indignación contra la corrupción, pero caer en las tentaciones de la acumulación de riquezas personales, desde Fidel Castro hasta Maduro y Ortega.

Los países de Iberoamérica cargan con sus crisis, no tienen ningún destino para potenciar su crecimiento económico por carecer de un modelo de desarrollo moderno y los liderazgos populistas ahogan los intentos de reactivación económica. El drama de Iberoamérica lo refleja Centroamérica, donde la capacidad de creación y distribución de riqueza es mínima y en los últimos meses alrededor de cien mil centroamericanos han salido de sus países para invadir otros también sin capacidad de empleo y bienestar y cuando menos unos veinte mil hacen fila para entrar de una manera u otra a EU.

Lo que queda es la lección de que los liderazgos ideológicos y personales son cortos y sólo sobreviven por la fuerza de la dictadura dejando una estela grande de represión y muertes. Chávez y Maduro serán otro intento perdido de personalismos fracasados.

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@carlosramirezh
15 Febrero 2019 04:00:00
La Guardia Nacional representa el 10% de la crisis de seguridad
Si el debate sobre la Guardia Nacional debiera profundizar el diagnóstico de la crisis de la seguridad pública/interior/nacional, en las dos cámaras del C-Congreso y en la sociedad activista, se olvida que el tema del nuevo cuerpo policiaco es apenas el 10% del problema y que una verdadera estrategia necesita de manera urgente resolver sobre los otros nueve elementos.

La Guardia es la fuerza operativa a nivel de tierra y de cara a la violencia criminal. Pero la seguridad pública es una estructura mucho más integral que abarcaría cuando menos diez puntos que hasta ahora no se han abordado. El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad de 2008 sí asumió compromisos de temporalidad de operación, pero los 74 puntos concretos nunca se cumplieron y la nueva estrategia del gobierno de López Obrador no los tomó en cuenta y solo ha centrado el tema en la Guardia Nacional.

Los diez puntos mínimos de una estrategia son los siguientes:

1.- Las leyes sobre delitos, seguridad interior, seguridad nacional, inteligencia nacional

2.- Los ministerios públicos.

3.- Los jueces.

4.- Las cárceles.

5.- Las policías a nivel de estados y municipios.

6.- El compromiso de la sociedad.

7.- La educación contra el delito.

8.- El bienestar social de corto plazo.

9.- La restauración de instituciones del Estado en plazas tomadas por la delincuencia.

10.- La Guardia Nacional.

En la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2019-2024 se roza de manera tangencial algunos de estos puntos, pero no existe un compromiso real de atenderlos. El desgaste político y legislativo sobre la Guardia Nacional en la vertiente de la participación de efectivos de las policías militar y naval y el Cuarto Transitorio para mantener a las fuerzas armadas en labores de apoyo a la seguridad pública/interior ha dejado al gobierno con poco margen de maniobra.

Sin embargo, se debe tener claro que la Guardia Nacional es una parte de la estrategia y que tendrá pocos efectos de corto plazo si no se asumen los otros puntos de toda política integral de seguridad pública. Ahí la tarea será de los legisladores y de la sociedad activa.

La crisis de seguridad pública tiene cuando menos tres contextos esenciales sobre los que tampoco se ha querido incidir: La falta de respeto a la ley por parte de los delincuentes, la corrupción de toda la estructura de seguridad y justicia y el papel de la sociedad civil protegiendo los derechos de los delincuentes a partir de posiciones antisistema/régimen/Estado.

Y la parte esencial de todo programa de seguridad pública radica en los fondos presupuestales que se deben invertir en reformas, capacitaciones y reorganizaciones. De nueva cuenta la ENSP del gobierno de López Obrador se compromete a la formación de cuadros policiacos y a mejoras en el sistema de impartición de justicia, pero en los hechos carece de presupuesto específico.

Este tema de creación --ahora sí-- de un cuerpo policiaco profesional va a depender de un compromiso con datos, fechas y fondos de policía y justicia. El plazo de cuatro años para la participación militar en seguridad pública/interior va a depender de que en ese periodo se configure una nueva estructura de formación policial y modernización de la impartición de justicia y para ello se requiere desde ahora un presupuesto etiquetado.

Los legisladores que se oponen a la Guardia tienen la oportunidad de incidir sobre el problema con fondos para la nueva policía, un calendario institucional preciso, la construcción de las primeras instalaciones y la supervisión político-legislativa. Y a ello se agrega el problema más grave aún del compromiso y responsabilidad de los gobiernos estatales y municipales en la creación de cuerpos policiacos adecuados, cuando desde la crisis del 2006-2008 se han desentendido del problema, exigen presencia federal y mantienen la mediocridad y corrupción en sus cuerpos de seguridad.

A pesar de que la crisis de seguridad amenaza la existencia del sistema/régimen/Estado, la oposición en el Congreso solo está negociando beneficios para sus partidos y sigue sin ver la complejidad integral de la inseguridad pública.

En el caso de la Guardia, el problema no radica en la incorporación de policías militares y navales, sino en el hecho de que el país exige un cuerpo policiaco sólido, capaz de enfrentar la logística criminal que tiene armas y recursos que superan las de los cuerpos policiacos tradicionales.

La Guardia Nacional será la última oportunidad para definir una estrategia real y funcional de lucha contra la inseguridad y prueba que el problema no está en los militares sino el hecho real de que las bandas del crimen organizado/desorganizado son protegidas en los hechos por la sociedad civil que acota los cuerpos policiacos y por la sociedad política que solo busca ventajas para sus partidos.

Política para dummies: La política es la capital del Estado de Derecho.

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@carlosramirezh
14 Febrero 2019 04:00:00
GN: Seguridad interior y policías militares que no son soldados
En la fase final de debate de la Guardia Nacional en el Senado y en el contexto de sus dos objeciones --el Cuarto Transitorio y la militarización--, el alegato debe tomar en cuentas puntos concretos:

1.- La Guardia Nacional será la última oportunidad del Estado para construir un cuerpo de seguridad funcional a la sofisticación, peligrosidad y agresividad de la delincuencia organizada/desorganizada que ha rebasado a todas las policías existentes.

2.- La nueva estrategia de seguridad pública se basa en el concepto legal y constitucional de seguridad interior. El que se haya retrasado y frustrado la reglamentación de la seguridad interior no debiera frenar al nuevo cuerpo de seguridad.

3.- La GN debió haber sido precedida por la ley reglamentaria de la Fracción VI del 89 Constitucional que faculta al presidente de la república a movilizar tropas directamente en caso de seguridad interior. El concepto viene desde la Constitución de Cádiz de 1812 como “orden interior” y en las tres constituciones federales --1824, 1857 y 1917-- ya como “seguridad interior”.

4.- La fracción II del artículo 1 de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea de 1986 señala que el ejército tiene la “misión general” de “garantizar la seguridad interior”.

5.- El artículo 2 de la Ley de Seguridad Nacional vigente dice que “por seguridad nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano” y que conlleven a enfrentar “amenazas y riesgos”, la defensa del territorio, “el orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas” y “la preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes”. El crimen organizado/desorganizado ha atentando contra el Estado.

El otro dato fundamental también ha sido soslayado: una militarización real de la seguridad pública sería la transformación del ejército federal en una policía formal. A lo largo de los dos últimos sexenios, muchos mandos policiacos estatales y municipales fueron entregados a militares con licencia y las policías no se militarizaron a pesar de los estilos castrenses de los jefes policiacos.

La Guardia Nacional no se va a militarizar porque los militares que formarán parte de sus efectivos no son soldados en el estricto sentido del término, sino policías militares. Un policía militar no es un soldado --aunque se rige por la disciplina militar-- porque su función es la de hacer cumplir los reglamentos militares y no hacer la guerra contra enemigos. El mantenimiento de la disciplina militar es una de las actividades más delicadas y estrictas porque se obliga a los soldados armados a cumplir con las reglas y leyes militares.

Los policías militares y policías navales nunca van a la guerra y se dedican a proteger instalaciones y hacer cumplir las leyes militares. Por tanto, su mentalidad es policiaca. En los debates sobre la Guardia no se han tomado la molestia de analizar los documentos que dieron forma a la Policía Militar y los saldos de su funcionamiento.

Eso sí, la disciplina de un policía militar es aún más estricta que la de los soldados porque su tarea es aplicar el respeto a la ley. La formación educativa de un policía militar es mucho más formal que la de un soldado, porque los policías deben tener conocimiento profundo de las leyes militares y los soldados sólo se preparan para atacar al enemigo y defender a la nación.

La Policía Federal se reorganizó con la incorporación de la Brigada Antimotines del ejército y no hubo ni oposiciones ni casos de abusos de fuerza. Ahora se quiere incorporar a la Guardia Nacional a policías militares y no a tropa formal. El mando operativo militar, bajo el control de la Guardia en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y dirección civil, se encargará de la parte fundamental de todo cuerpo policiaco en donde radica justamente sus fracasos: la disciplina, los valores y la organización operativa.

SI no hay Guardia Nacional, la seguridad pública seguirá en manos de la Gendarmería y la Policía Federal, dos de las organizaciones de seguridad que han sido rebasadas por el desorden interno, marcadas por la ineficacia debido la escasa capacidad de lucha contra la delincuencia e incapaces de luchar contra una delincuencia que los rebasa en armamento, violencia y personal delictivo.

Las objeciones a la organización de la Guardia Nacional con personal de las policías militar y naval ignoran la necesidad de darle al nuevo cuerpo de seguridad pública-seguridad interior una formación adicional a la de policía, una disciplina superior a la de los demás policías y un marco jurídico indispensable de seguridad interior. Aún hay tiempo, pero parece que el gobierno lopezobradorista tiene los votos pero no las argumentaciones.

Política para dummies: La política es la claridad de las ideas, no la confusión de pasiones metidas en conflictos de interés.

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13 Febrero 2019 04:00:00
Guardia Nacional: ¿Qué hacer con Pablo Gómez y Mario Delgado?
Si se da por sentado que la Minuta sobre la Guardia Nacional saldrá planchadita de la negociación del senado morenista con el Cuarto Transitorio, las dudas en Palacio Nacional están focalizadas en la Cámara de Diputados por lo que decidan el diputado excomunista-experredista-neomorenista Pablo Gómez Álvarez y el diputado ebradista Mario Delgado, los responsables de borrar transitorio en la Minuta que los diputados mandaron al Senado.

El voto de Gómez es previsible por su filiación de izquierda marxista-leninista a veces refrescante ante tanto neoliberalismo y populismo, metido en lides parlamentarias desde 1988 por el Partido Socialista Unificado de México (ex PCM) y preso político de 1968 a 1971. Su posicionamiento antimilitarista es de sobra conocido, pero aún más reconocido es su autonomía de grupos y partidos.

Gómez fue el que borró de la Minuta de diputados al Senado del 16 de enero el Cuarto Transitorio con el argumento de que su contenido no sería aprobado por los demás partidos, aunque hay indicios que señalan que los demás partidos ya habían avalado ese texto que permitía la permanencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública hasta que la Guardia Nacional estuviera ya profesionalizada y capacitada, es decir, cuando menos los próximos cinco años.

El diputado priísta Enrique Ochoa Reza, presidente del PRI en la primera parte de la campaña presidencial del 2018, se extrañó que Gómez hubiera borrado con tanta facilidad ese artículo y fue el que reveló la responsabilidad del diputado morenista. En todo caso, el corresponsable de ese desaguisado que rompió con el ritmo legislativo morenista a favor del Cuarto Transitorio fue el diputado morenista Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara.

Algunas suspicacias ven en el conflicto alrededor del Cuarto Transitorio un adelanto del choque de precandidatos presidenciales morenistas Ricardo Monreal Ávila y Marcelo Ebrard Casaubón. El primero ha logrado consolidar en el Senado las principales iniciativas del presidente López Obrador, en tanto que el canciller solo ha tenido en sus manos el caso Venezuela y las quejas diplomáticas por la austeridad, ambas mal encaminadas y resueltas.

El problema alrededor de la reinserción del Cuarto Transitorio en la nueva Minuta que se cocina en el Senado y luego en su debate posterior en la Cámara de Diputados no radica, por cierto, en la oposición, porque los votos del PRI y algunos panistas --ambos promotores de la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto-- estarían garantizados.

El problema radica en el voto de Gómez y en la posición que adopte Delgado a la hora de votar la nueva Minuta. Es posible que Delgado regrese al voto lopezobradorista a favor del Cuarto Transitorio después del regaño público del Presidente López Obrador en una conferencia de prensa en Palacio Nacional al declararse insatisfecho con la Minuta mutilada.

Si los datos se confirman, Gómez cometió una indisciplina, pero la mayor preocupación radica en la posibilidad de que el legislador morenista hubiera realizado una falta mayor en las prácticas parlamentarias al mutilar en secreto un documento ya aprobado y enviarlo así, sin el apoyo de todos los partidos y legisladores, al Senado. El descuido involucra a las instancias parlamentarias que deben vigilar la inviolabilidad de los documentos del proceso constitucional de formación de leyes.

Hasta ahora no hay ninguna información sobre el posible voto del diputado Gómez sobre la Minuta corregida en el Senado, pero la lógica política diría que tendría que ir en contra. Y aunque es posible que la nueva Minuta tenga votos suficientes como para garantizar su aprobación, hay indicios de que algunos otros diputados de oposición e inclusive algunos de Morena voten en conciencia y por tanto en contra de la Minuta. Los datos recientes dejan entrever que han fracasado algunos intentos por “convencer” a Gómez de que vote a favor o, en el peor de los casos, se abstenga, pero que no lo haga en contra por los efectos políticos previsibles. Pero la memoria del 68 le ha regresado a Gómez medio siglo después.

Si Gómez abre el debate sobre el nuevo Cuarto Transitorio, salpicaría al diputado expriísta, experredista, expanista y morenista Porfirio Muñoz Ledo, quien aplaudió la represión del 68 de Díaz Ordaz contra estudiantes, entre los que se encontraba el hoy diputado Gómez.

No olvidar a Trump. Las informaciones llegadas de los EU después del cierre parcial del Congreso, del choque del presidente Trump con la líder legislativa demócrata Nancy Pelosi, el retraso en el informe a la nación y la negativa a financiar el muro han tenido un efecto contrario al esperado. El tracking de encuestas diarias de la empresa Rasmussen muestra que la aprobación total de Trump subió de 43% el 1 de febrero a 52% el 11 de febrero. Y que es mayor a la de Obama.

Política para dummies: La política es el arte de la conciliación de contrarios, pero el oficio de imponer el presidencialismo cuando las circunstancias lo ameriten.

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12 Febrero 2019 04:00:00
Seguridad: AMLO, Guardia, sociedad, comandante supremo, lealtad, Estado
El debate sobre la Guardia Nacional ante el argumento opositor de militarización tiene varios elementos:

1.- El presidente de la República, como lo refrendó López Obrador el sábado 9 al encabezar la ceremonia del Día de la Lealtad, reconfirmó su cargo de comandante supremo de las fuerzas armadas por ministerio de ley y ostenta una quinta estrella en las graduaciones castrenses.

2.- Los tres poderes de la república están encabezados por civiles. Toda la estructura política de las instituciones del Estado es civil. Los militares tienen muy estrictas reglamentaciones para sus funciones. Su participación en labores de apoyo a la seguridad pública se basa en el concepto constitucional de seguridad interior que los políticos civiles han temido reglamentar.

3.- La Guardia Nacional tendrá mando máximo civil y mando operativo militar; los militares cumplen con las exigencias de capacidad logística y entrenamiento para combatir a delincuentes con capacidad superior a la de las policías.

4.- La capacidad delictiva del crimen organizado/desorganizado se puede percibir en el caso de las 40 mil personas desaparecidas, la abrumadora mayoría por acciones de los criminales y algunas de autoridades del Estado en función de cómplices de los delincuentes o sin capacidad de ejercicio democrático del poder.

5.- La crisis de seguridad fue revelada en diciembre de 2006 con la decisión del presidente Calderón de incorporar a las fuerzas armadas a apoyo a la seguridad pública, pero en base a cifras oficiales potenciada desde 1994 con el alzamiento zapatista, los secuestros de personajes del poder y los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu; esa crisis de seguridad mostró las tres perversiones del trabajo policiaco: La ineficacia, la complicidad con los delincuentes y la incomprensión de la nueva sociología del delito.

6.- Las fuerzas armadas no son una institución ajena a la república, al Estado y a la historia, como se recordó el pasado 9 de febrero con la ceremonia que revivió la lealtad de jóvenes cadentes del Heroico Colegio Militar con el presidente constitucional Francisco I. Madero ante el cuartelazo del general Victoriano Huerta.

7.- Ante la ausencia de guerras, los militares desde los sesenta se involucraron en actividades sociales de apoyo a la comunidad: médicas, desastres, reforestaciones, construcciones, entre otras. El ejército, sobre todo, ha sido formado por ciudadanos salidos de la civilidad. Los casos de abuso de autoridad de militares fueron producto de órdenes de las autoridades civiles y política y nunca por decisión propia.

8.- Como nunca, las fuerzas armadas están sometidas a una estricta observación social, política e institucional, como se percibe a veces en las acusaciones sin fundamento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de activistas civiles. Inclusive, la sobrerregulación de las actividades de las fuerzas armadas podrían ser un problema de funcionalidad en caso de invasión extranjera o de violación de la seguridad nacional.

9.- Los militares son los guardianes de la soberanía nacional en los aspectos de seguridad nacional (frontera geopolítica estratégica) y de la seguridad interior (territorio de la soberanía del Estado ante grupos criminales y políticos anti institucionales); en este sentido, los militares son una fuerza para mantener y defender la soberanía interna y externa del Estado y de la sociedad, no un vistoso uniforme de gala para desfiles y fiestas.

10.- La participación de las fuerzas armadas en labores de apoyo a la seguridad publica se decidió cuando la criminalidad rebasó y corrompió a las autoridades civiles y se apoderó de territorios de la soberanía territorial y política del Estado. En estos doce años, los militares han estado bajo el mando de las autoridades civiles. Por tanto, el concepto de militarización se entiende como la participación castrense en labores civiles por la incapacidad civil para combatir a la criminalidad y no la toma del poder social, civil y político por los militares. La estridencia de grupos anti Estado contra los militares es, en todo caso, una exhibición del fracaso de la capacidad civil para conducir el Estado.

11.- Si los militares son excluidos de la Guardia Nacional o carecen de un mando operativo castrense, entonces el nuevo cuerpo de seguridad será otra policía más sin disciplina, sin valores y sobre todo sin entrega a las nuevas funciones.

12.- La crisis de seguridad se percibe en la existencia de viejos y nuevas organizaciones criminales, su transnacionalidad que implica un problema de seguridad nacional y las cifras de muertos que revelan la disputa violenta de territorios sin preocuparse por la vida civil.

Lo que está en juego es la existencia del Estado ante el embate criminal, violento y corruptor del crimen organizado/desorganizado. Es el Estado y todas sus instituciones contra la delincuencia.

Política para dummies: La política, en su máxima expresión, es la razón de Estado.

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11 Febrero 2019 04:00:00
Guerrero: Fertilizantes y becas, antídotos contra narcosiembras
En medio de una redefinición no sólo de la política de seguridad sino de nuevas formas sociales de enfrentar el flagelo de la violencia asociada a la siembra de drogas, Guerrero de nueva cuenta podría ser el laboratorio que andaba buscando el gobierno de López Obrador para darle la vuelta a la violencia y trabajar en uno de los orígenes claros de la criminalidad: la falta de opciones para los ciudadanos.

Los dos primeros pasos son pequeños, pero podrían ser el comienzo del rescate del tejido social: Entrega de fertilizante gratuito a campesinos para disminuir los costos de producción de productos alimenticios y las becas para el bienestar “Benito Juárez”.

Como todo gobernador priísta con un presidente de la república opositor, el guerrerense Héctor Astudillo Flores había padecido el asilamiento no sólo del Morena, sino del propio PRI en proceso de descomposición interna. A ello se agregaba la herencia perredista 2005-2015 en la gubernatura y los principales municipios de una entidad penetrada por el dominio y los intereses del crimen organizado, sobre todo de los sembradores de amapola.

Guerrero ocupa el tercer sitio en pobreza social en uno de los estados de mayor riqueza turística y de asentamiento de fortunas sociales y políticas, una contradicción hasta ahora no asumida. Su tasa de pobreza es de 64.4%, según el INEGI, debajo de Chiapas con 77.1% y Oaxaca con 70.4%, Pero a diferencia de estas dos entidades, Guerrero ha padecido la ruptura social con el surgimiento de la guerrilla más famosa (antes del EZLN) de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas.

Al tomar posesión como gobernador, Astudillo se encontró con diez cárteles que tenían el dominio criminal del Estado con la complicidad perredista y con auto defensas vinculadas al crimen organizado. La crisis en Iguala en el 2014 con el secuestro y asesinato de 43 normalistas fue el punto máximo de descomposición de la entidad que antes del PRD había padecido la parte violenta de los cacicazgos priístas de los Figueroa.

De los estados gobernador por priístas, Guerrero le preocupa al presidente López Obrador por su pobreza, por su riqueza acumulada en pocas manos y por la violencia producto de la desigualdad social. La gestión de Astudillo ha tenido que lidiar en la presencia caciquil del PRD, muchos de cuyos liderazgos se pasaron a Morena con la intención --como ocurre en Puebla-- de apropiarse del gobierno estatal en las próximas elecciones.

Las dos visitas de López Obrador a Guerrero han sido aprovechadas por el gobernador Astudillo para posicionar su agenda de atención social como complementaria a la de seguridad. Se trata, bien aprovechada localmente, de la agenda social del presidente López Obrador: Apoyos directos a la población marginada.

Y revela la selección del municipio de Iguala para echar a andar el programa de becas, porque ahí se encuentra uno de los principales pasivos del sistema político por el caso de los 43 normalistas secuestrados y asesinados. El apoyo con becas ayudaría a una mejor capacitación de los jóvenes ante el espejismo de los grandes ingresos económicos como parte de los cárteles del crimen organizado. La agenda de los 43, que le tocó al PRD con el gobernador Angel Aguirre Rivero y con el alcalde José Luis Abarca por complicidad en el secuestro y ambos con señalamientos de apoyar a los narcos, ya está en manos de una Comisión de la Verdad que podría llegar a revelar las relaciones PRD-narco en Guerrero.

El gobernador priísta Astudillo ha logrado jalar el interés de López Obrador hacia Guerrero, cuya crisis de seguridad está en la prioridad gubernamental precisamente por la voluntad del mandatario estatal por colaborar con las autoridades nacionales, a diferencia de Michoacán y Chihuahua en donde los gobernadores le han cerrado las puertas a López Obrador.

El propio presidente mandó un guiño cuando dijo, en su reciente visita, que el fertilizante gratuito se enviará a solicitud directa del gobernador Astudillo. Las becas y el fertilizante formarían parte del aspecto social de la estrategia de seguridad y mandaría la señal de que no todo serán fuerzas de seguridad, sino que se buscará restaurar el tejido social. Ahí es donde Guerrero podría ser el laboratorio social y político de la nueva estrategia lopezobradorista de seguridad.

Guardia en vilo. Las negociaciones de última hora llevarán la votación sobre la Guardia Nacional en el Senado al 19 de febrero. Pero en realidad, la preocupación en Palacio Nacional es la votación sobre la Minuta del Senado en la Cámara de Diputados, y no por falta de votos sino porque la restauración del Cuarto Transitorio podría tener votos en contra de diputados de Morena.

Fuego amigo. Y donde hay una verdadera guerra civil es en el gabinete presidencial, hasta ahora con la secretaría de la Función Pública, Eréndira Sandoval, contra la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Y el ring es el periódico Reforma, el diario calificado por López Obrador como fifí. Las dos secretarias se están dando con todo.

Política para dummies: La política reditúa más cuando se basa en la búsqueda de soluciones, que cuando se privilegia la confrontación.

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@carlosramirezh
10 Febrero 2019 04:00:00
Sánchez en América: Turismo político, no geopolítica
Con diez viajes a Iberoamérica en un año, el presidente español Pedro Sánchez ha aumentado la presencia española en la región, pero sin incidir en la geopolítica internacional; así, esas visitas podrían caer en el rubro del turismo político tradicional. Desde la transición de 1978, España no ha tenido la habilidad para construir en Iberoamérica una influencia geopolítica que pudiera colocar a la Unión Europa como un contrapeso al imperialismo monroísta de la Casa Blanca.

La visita la semana pasada de Sánchez a México para un encuentro de Estado con el nuevo presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se redujo a la presentación del enfoque español sobre la crisis en Venezuela, pero con un presidente mexicano más aliado de Maduro que de los países en contra. El problema mayor, en todo caso se localiza en la agenda reducida de Europa para la celebración de nuevas elecciones, cuando la crisis es de estructura de poder.

Hay una coincidencia histórica en la relación España-México: a mediados del 2001 visitó México el presidente José María Aznar y le tocó atestiguar la alternancia partidista en México del PRI al conservador PAN (dentro de la Internacional Democristiana) con el presidente Vicente Fox; hoy llega a México el socialista Sánchez y en México gobierna un populista más cercano a la socialdemocracia que el PRI.

La presencia de España en México y América ha tenido más indicios de negocios que de geopolítica; en México, por ejemplo, los principales bancos españoles tienen el control del sector y hoy esos bancos están padeciendo el acoso regulatorio del gobierno de López Obrador que quiere aumentar el control institucional sobre comisiones y manejo de dinero. Para la distribución de fondos sociales directos a los beneficiarios de los sectores más pobres, López Obrador escogió a un banco mexicano, Banco Azteca, que por lo demás está aliado al poderoso consorcio televisivo TV Azteca. Y la decisión se dio con una iniciativa legislativa, congelada casi de inmediato, de bajar por decisión del congreso el cobro de comisiones bancarias.

Iberoamérica sigue siendo un territorio importante de la geopolítica española y europea. Bueno, debería serlo. En la crisis de Venezuela está imponiéndose la Doctrina Monroe que señala, en síntesis, que América debe ser para los americanos, entendiendo que América es los EU y los americanos son los estadounidenses. Y lo mismo ha ocurrido con demócratas que con republicanos, con mayor amplitud política con los primeros.

Los gobiernos de Iberoamérica, por su parte, han carecido de un enfoque geopolítico para buscar acercamientos estratégicos con Europa. Irán, China y Corea del Norte están penetrando América por el lado sur y del Caribe, pero más con la doctrina de la guerra fría ideológica que para romper el dominio económico de Washington. Los estrategas estadounidenses han encontrado ahí la justificación de las presiones imperiales de la Casa Blanca de Donald Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro.

La verdadera disputa en Venezuela se localiza entre el modelo electoral que exige Trump y al que se ha sumado la Unión Europea y la necesidad de que en ese país haya una reorganización de sistema político/régimen de gobierno/Estado. El presidente legítimo Juan Guaidó, por más razones políticas y de oposición que haya, quedó contaminado con la bendición política de Trump. Los sectores anti imperialistas de América, en declinación pero con presencia, están ensuciando el cargo de Guaidó con el argumento de que sería un Procónsul de la Casa Blanca.

La geopolítica de la Unión Europea en América es endeble, con poca intensidad y sin tener un enviado especial ante la crisis en Venezuela para evitar la victoria de la estrategia de Trump. De lo poco que se ha filtrado de las conversaciones privadas de Sánchez con López Obrador se desprende una falta mayor de argumentos más allá del reconocimiento a Guaidó, porque en términos de legitimidad constitucional existen conflictos de presentación de poderes. Es decir, que Guaidó se precipitó al declararse presidente legítimo sin argumentos constitucionales probados. Estos datos sobre la falta de argumentos formales fueron dichos por López Obrador.

Venezuela podría ser una oportunidad para que la Unión Europea organice una globalización geopolítica en torno a intensificación de la democracia. Inclusive, la UE cuenta con clausulas democráticas que debieran de actualizarse a las nuevas circunstancias de los cambios políticos en América. Los gobiernos de Iberoamérica han tenido oscilaciones radicales que se agotan en victorias ideológicas, pero con un sistema productivo dependiente de las importaciones de los EU y sin explorar otros mercados. La globalización en Iberoamérica fue dictada por el Consenso de Washington de diciembre de 1989: la apertura al capitalismo depredador de Washington.

La visita de Sánchez a México careció de resultados porque se centró sólo en el reconocimiento de Guaidó y no en un replanteamiento del escenario geopolítico y el papel que podría jugar la UE en la promoción de la democracia. Luego de esa visita, la iniciativa geopolítica sigue siendo la de la Casa Blanca de Trump. De ahí la importancia de que la UE deba designar a un enviado especial a Iberoamérica para recopilar información sobre las otras opciones para Venezuela, con el fin de disminuir el fundamentalismo ideológico de Trump.

Por lo demás, fue muy significativo que el viaje de Sánchez a México hubiera pasado de noche en la prensa española, un poco por el tradicional desdén de ignorar el valor geopolítico de Iberoamérica, otro poco por el agobio de la crisis interna en España y algo más por la falta de estrategia mediática en el viaje de turismo político del presidente del gobierno español.

Pero Iberoamérica sigue a la espera de que exista una visión geopolítica de Europa a una región explotada por los intereses geopolíticos de los EU.


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@carlosramirezh
08 Febrero 2019 04:00:00
Guardia, Chapo, fuerzas armadas y de lo criminógeno a lo criminal
Si alguna falla tiene el manejo gubernamental del tema de la Guardia Nacional, habría que buscarla en tres errores: Carece de una política de comunicación social, cayó en la trampa del concepto de militarización y ha desdeñado el avance en las estrategias de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto.

Sin entender el modelo de creación de un grupo ciudadano en el 2004 que acompañó y le dio base social a la Ley de Seguridad Nacional que habría de ser necesariamente coercitiva, la forma de operar la creación de la Guardia Nacional no tuvo una verdadera estrategia política y de seguridad nacional.

A ello se ha agregado la falta de habilidad para centrar el tema en lo sustancial: el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán en Brooklyn ha revelado la profundidad del problema de seguridad en los temas de criminalidad, recursos financieros, armamento sofisticado y sobre todo corrupción política y civil.

El dato oficial de más de 93 mil delincuentes fallecidos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en ocho años habla del tamaño de la criminalidad. ¿Qué número de delincuentes podrían calcularse si murieron casi 100 mil en ocho años? ¿Esos 100 mil delincuentes muertos podrían ser el 10% --más, menos-- del total del crimen organizado? ¿Son cientos de miles o millones los delincuentes si sacrificaron casi 100 mil sin perder su fuerza operativa?

Y lo más grave que ilustra la necesidad de un nuevo cuerpo de seguridad diseñado de manera directa para combatir a esa realidad criminal: ¿Qué sistema político, social, de seguridad y de gobierno ha permitido la existencia de una estructura criminal de bandas, cárteles, federaciones, pandillas y bandidos en solitario sin que se haya sometido a control a los criminales y delincuentes?

La llamada militarización fue una decisión de Estado para incorporar desde diciembre del 2006 a las fuerzas armadas en apoyo a las fuerzas civiles de seguridad pública que habían sido rebasadas por la organización, armas y criminalidad de los delincuentes. Esa participación de las fuerzas armadas no implicó el desplazamiento civil de las instituciones políticas, de gobierno y sociales.

A la estrategia de seguridad del gobierno de López Obrador le falta un modelo de debate político y social que reconozca que las estrategias anteriores fueron criminógenas --no resolvieron el problema del crimen y provocaron mayores formas de criminalidad-- y que ahora ha llegado la hora de una estrategia integral de seguridad criminal. Los funcionarios del área de seguridad han perdido la batalla conceptual de seguridad y justicia porque no han creado una narrativa sobre los éxitos logrados --95% de capos detenidos o muertos-- ni sobre los desafíos de la nueva criminalidad.

La falla de comunicación del gobierno de López Obrador radica en la centralidad del tema de la Guardia Nacional como cuerpo de seguridad formado con cuadros militares y marinos bajo directrices civiles de seguridad: el presidente de la república, el secretario de Seguridad, la secretaria de Gobernación, el fiscal general, todos los gobernadores, todos los alcaldes, los mandos en las dos cámaras son civiles y los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina han demostrado estar sometidos a la lealtad a las instituciones republicanas.

Los temores a la participación de militares y marinos en la GN se centran en abusos denunciados y en procesos judiciales, pero a partir de la contabilidad de que la gran represión social en la historia reciente de 1958 a la fecha fue ordenada y perpetrada por civiles y policías. Es paradójico que se frene a los militares que dieron resultados en la lucha contra los cárteles y no se condene a los policías cuya ineficacia, corrupción e incapacidad llevaron al país a una República de Cárteles.

Los responsables de la estrategia de seguridad se han ahogado en el tema organizacional de la Guardia y no les han dado mayor interés a las tareas sociales, políticas y de políticas criminales. El gran reto de la política de seguridad del gobierno de López Obrador radica en el paso de una estrategia criminógena que no terminó con la delincuencia y sí permitió mayores bandas y delincuentes a una estrategia propiamente de seguridad interior, a partir del hecho de que la seguridad interior no es sólo policiaca sino de recuperación de la tranquilidad social en la república con bienestar asociado al combate a la delincuencia.

La nueva política de seguridad ha perdido la batalla de las percepciones sociales por la falta de una política de comunicación estratégica, por la centralización del tema en el tratamiento incoherente y sin objetivos políticos en las conferencias presidenciales mañaneras y por la ausencia de articulaciones sociales de las metas policiacas con organizaciones sociales. Una revisión de medios escritos podría revelar que la crítica hacia la GN y la estrategia en general ha carecido de respuesta comunicacional.

La batalla por la GN se puede ganar en el Congreso, pero perder en la sociedad civil.

Política para dummies: La política bien entendida es lo que no se ve, pero se siente.


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@carlosramirezh
07 Febrero 2019 04:00:00
Largo camino de la GN, militares en seguridad y Cuarto Transitorio
El debate en el Senado y la Cámara de Diputados sobre el Cuarto Transitorio y la nueva Estrategia Nacional de Seguridad Pública dependen de los tiempos reales en la construcción de un cuerpo específico: la Guardia Nacional. Y si la mayoría absoluta no le alcanza a Morena, la mayoría calificada abre la posibilidad de un acuerdo sensato con la oposición.

El problema detrás de la Guardia Nacional se localiza en la construcción de un cuerpo nuevo, con nuevos efectivos, aún cuando buena parte sea de la Policía Militar y de la Policía Naval. Los errores de la Policía Federal Preventiva, la Policía Federal y la Gendarmería radicaron en asumir el entrenamiento de los efectivos policiacos existentes y por tanto el traslado de viejos vicios a las nuevas funciones de seguridad.

La crisis de seguridad --interior/nacional y ahora más de seguridad pública-- necesita evitar ese error y la clave se localiza en la construcción de mandos funcionales a las nuevas tareas. Y ahí la GN necesita tiempo y cuadros. Por tanto, el interés presidencial y de la Secretaría de Seguridad radica en eludir efectivos con vicios de la vieja seguridad pública.

Si la GN necesitará cuando menos un sexenio para comenzar operar con efectividad, la inseguridad sigue afectando a la sociedad. Por eso el Cuarto Transitorio --borrado por el diputado morenista Pablo Gómez Álvarez y la novatez del coordinador morenista Mario Delgado-- van a dejar la seguridad en un vacío: La PF y la Gendarmería ya no podrían operar y los militares y marinos tendrían que regresar a sus cuarteles. EL Cuarto Transitorio garantizaba el regreso de los militares a sus cuarteles hasta después de consolidada la GN.

El problema adicional radica en la formación de cuadros policiacos. Los mandos para la GN necesitan transitar por la ruta profesional de la capacitación. Los mandos militares, por ejemplo, basan su efectividad en el entrenamiento educativo militar escalafonario. Un subteniente se forma en cuatro años, un teniente en siete, un capitán en ocho, un capitán primero en once, un mayor en quince y un general brigadier en veintiocho.

Los cuadros básicos de oficiales con capacidad para comandar efectivos requieren mínimo de siete años para formar un oficial teniente y diez para grado de capitán. Mientras más se tarden los legisladores en aprobar a la GN, más tiempo necesitarán sus efectivos, mandos, oficiales y dirigentes. El problema real con el retraso no se localiza en los temores a una militarización de un cuerpo de seguridad pública, sino en el hecho de que no hay otro camino que la aprobación, pero la oposición solo está negociando ventajas.

Sin embargo, el retraso estaría también posponiendo los ajustes necesarios en leyes y reglamentos para pasar de las reglamentaciones legales de los militares a las nuevas reglas civiles de la GN y sobre todo para el reclutamiento y la capacitación. Los entrenamientos son estrictos en función de las responsabilidades de los soldados. Ahí es donde se localiza la decisión de darle una noción militar a capacitación y disciplina.

La participación de militares y marinos en labores de apoyo a la seguridad pública ha padecido más campañas de desprestigio que a resultados reales; un dato puede ayudar a entender el saldo de las fuerzas armadas en seguridad: De 2011 a 2018, los delincuentes fallecidos en ataques de delincuentes a partidas militares y marinas fueron de 3 mil 166, pero de un total de 93 mil 713 fallecidos en enfrentamientos contra la totalidad de las fuerzas policiacas; es decir, apenas el 3.3% de delincuentes cayeron en choques contra fuerzas militares y marinas; en todo caso, el enfoque mediático ha potenciado las cifras reales.

Las cifras anteriores tienen un contrapunto casi siempre soslayado: Del 2011 al 2018 se registraron 100 mil 694 homicidios vinculados a la delincuencia organizada. Ello quiere decir que la actividad policiaca y de las fuerzas armadas con resultados trágicos ha sido consecuencia de la acción ofensiva de los grupos criminales, casi todos ellos con capacidad armada y letal superior a las de las fuerzas policiacas regulares y solo superados por las fuerzas militares. El dato que luego se esconde es el que refiere que los muertos en enfrentamientos con militares y marinos fueron delincuentes armados y no raterillos de carteras.

La otra clave que se oculta de la GN radica en que nacerá como una institución del Estado y no de gobierno y que los militares y marinos forman parte de cuerpos especializados en seguridad nacional y seguridad interior al servicio del estado ya en operación y no de un grupo secreto. La seguridad nacional y la seguridad interior seguirán como facultades exclusivas del Ejército y la Marina y el cuerpo mixto de la GN se encargará de la seguridad pública con las disciplinas castrenses que representan efectividad e impermeabilidad a la corrupción.

Política para dummies: La política se mueve en los tiempos reales, la demagogia en nanosegundos.

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@carlosramirezh
06 Febrero 2019 04:00:00
Nueva estrategia de seguridad, por un Estado de Seguridad Nacional
Luego de que las estrategias de seguridad de Calderón y Peña Nieto descabezaron los cárteles del narco y del crimen organizado y dejaron solo a Ismael El Mayo Zambada, la nueva Estrategia Nacional de Seguridad Pública del presidente López Obrador reorganizará las prioridades en función de dos objetivos centrales:

1.- Poner en primer lugar la seguridad pública. Siete de los ocho objetivos y las nueve estrategias específicas tratarán de cumplir lo prometido por las estrategias de Calderón y Peña Nieto: Ordenar policías, impartición de justicia, penales y bienestar social.

2.- Pasar a segundo sitio las otras dos seguridades: Interior y nacional, pero ahora sí dotándolas de marco jurídico y doctrinas que se le había negado a la participación de las fuerzas armadas en apoyo a labores de seguridad pública por la capacidad de violencia de los cárteles por encima de las policías.

En la nueva Estrategia hay una reiteración de las dos anteriores, aunque ahora sin la precisión de tiempos de cumplimiento que tuvo el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad del 25 de agosto de 2008. La parte doctrinaria de la nueva estrategia tenderá a confundir políticas públicas porque el razonamiento hoy parte de la explicación de que inseguridad e incapacidad del Estado fueron producto del modelo neoliberal.

A pesar de que da por concluida la fase de participación de fuerzas armadas en seguridad con el descabezamiento de los cárteles, la nueva Estrategia aprovecha el impulso para entrarle a la regularización del marco jurídico y funcional de la seguridad interior, Por ello el punto 8 de los objetivos enfatiza en el modelo de enfoque de seguridad nacional del Estado mexicano y se compromete a que su “visión de la seguridad nacional” cuente a finales de sexenio “con todas las capacidades institucionales, los instrumentos operativos, los sistemas de coordinación y los fundamentos de una doctrina y estrategia únicas, destinadas a establecer y preservar condiciones que garanticen la integridad y la soberanía nacional”. No lo dice el documento, pero este párrafo es la esencia de una doctrina de seguridad interior, más allá de la pública y en consonancia con la nacional.

Los compromisos concretos para fortalecer las seguridades interior y nacional son siete:

1.- Coordinar la ejecución del Programa para la Seguridad Nacional. Tampoco lo dice, pero este programa será oficializado con el Plan Nacional de Desarrollo de mayo. El Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 de Peña Nieto terminó el 30 de noviembre de 2018

2.- Establecer un Sistema Nacional de Inteligencia para toma de decisiones en materia de seguridad nacional.

3.- Actualizar el catálogo y clasificación de instalaciones estratégicas, en previsión a sabotajes.

4.- Fortalecer y mantener la seguridad interior con la participación de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional.

5.- Promover el concepto de cultura de seguridad nacional postulado por el Gobierno de México, para contribuir al conocimiento colectivo sobre el tema y fortalecer la toma de conciencia sobre los principales riesgos y amenazas, así como su posible impacto en la forma de vida de los mexicanos.

6.- Mejorar las capacidades tecnológicas de investigación científica en los ámbitos de la seguridad pública, seguridad interior, generación de inteligencia estratégica e impartición de justicia.

7.- Construir las bases para un documento único de identificación nacional biometrizado.

Estos objetivos no son nuevos y han estado en mayor o menor medida en las estrategias de Fox, Calderón y Peña, pero nunca pudieron operarse por la presión de grupos opositores en nombre de los derechos humanos. Inclusive, el presidente Peña propuso, aprobó en el Congreso y promulgó la Ley de Seguridad Interior, pero primero la congeló y luego la Suprema Corte la anuló por controversias constitucionales. Hoy el presidente López Obrador, apoyado por esos grupos opositores y muchos de ellos con posiciones legislativas, regresa a proponer ese marco jurídico para las seguridades pública, interior y nacional.

La viabilidad de la nueva Estrategia de Seguridad Pública de López Obrador dependerá de tres variables caprichosas: recursos presupuestales, disponibilidad de la estructura actual de la seguridad pública marcada por intereses y apoyo de grupos anti Estado en cuanto al marco jurídico y los nuevos instrumentos de vigilancia.

El fondo de todas las estrategias de seguridad --y de manera sobresaliente la de López Obrador porque definirá el rumbo de seguridad para seis años-- radica en la voluntad indispensable y urgente de definir un Estado de Seguridad Nacional que garantice el Estado de Bienestar Social, a partir del criterio de que la inseguridad, la violencia y los grupos criminales obstaculizan el desarrollo social.

Política para dummies: La política tiene como objetivo final la seguridad de los ciudadanos; lo demás es demagogia.

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@carlosramirezh
05 Febrero 2019 04:00:00
AMLO: Estrategia de seguridad, la misma pero táctica diferente
En la guerra como en la política, la mejor posición es la que no se revela. De manera sorpresiva, el presidente López Obrador anunció una nueva estrategia de seguridad basada en los efectos sociales y no en la persecución de capos. Pero si se revisan bien sus palabras, sólo habrá un cambio de prioridades, aunque la lucha contra jefes narcos va a seguir.

El primer destinatario de la nueva estrategia fue el grupo de la oposición en el Congreso, que está buscando doblegar al gobierno federal con la reinserción del Cuarto Transitorio que ponía a nivel constitucional el papel de las fuerzas armadas como apoyo a labores de seguridad pública. Con la nueva definición presidencial, la tarea castrense pasa a niveles secundarios de prioridades, aunque continúe con sus funciones vitales para el Estado.

El segundo mensaje fue más claro: sin dejar de combatir a los grupos criminales, la nueva prioridad es la social: reconstruir los tejidos comunitarios con obras de gobierno, objetivo, por cierto, que no sólo se agota en más programas o salarios de subsidio sucedáneo al crimen, sino que exige la reconstrucción de las instituciones del Estado como factores de socialización: partidos, educación, iglesia, salud y presencia militar social.

El tercero no ha sido fácil de dilucidar: el descabezamiento de grupos criminales provocó una fragmentación de cárteles en bandas más pequeña muy difíciles de controlar. Ahí la tarea pasará a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Guardia Nacional como institución de presencia abierta en territorios del Estado. En el punto de reconstrucción urgente de las policías dedicará la atención el gobierno y la GN. Hasta ahora, el tema de los huachicoleros es más de seguridad pública que de seguridad interior.

El cuarto mensaje fue para los Estados Unidos, a pesar de las revelaciones amañadas y poco serias procesalmente hablando en el juicio contra El Chapo Guzmán Loera en Brooklyn, Nueva York. Al dar por terminada de manera formal la existencia de cárteles con implicaciones transnacionales, el asunto de las drogas pasa a tema nacional y le deja a los Estados Unidos la lidia de los grupos de cárteles mexicanos en las 3 mil ciudades estadunidenses donde el problema es de mercado al menudeo y de lavado de dinero. México baja un grado en la prioridad de los cárteles como un asunto de seguridad nacional México-EU.

El quinto mensaje va a la sociedad por la intención de disminuir la intensidad en la lucha a veces sin reglas contra las bandas, lo que provocó víctimas colaterales. Ello querría decir, cuando menos en la interpretación, que se acabaron los operativos espectaculares que violentaban las calles de las ciudades. Los operativos serán más selectivos contra la tercera generación de capos y, se espera, con menos efectos sociales colaterales.

El sexto mensaje fue dirigido contra los cárteles sobrevivientes que mantienen liderazgos endebles, sin fuerza política, sin la tranquilidad del tráfico y metidos en guerras intestinas para mantener los mandos improvisados que dejaron los arrestos de los grandes jefes. La guerra por el control del cártel de Sinaloa de El Chapo, por ejemplo, está depurando las jefaturas y los hijos de El chapo carecen de astucia.

En resumen: hay una nueva estrategia de seguridad que reacomodará los objetivos, pero será la misma que ha buscado quitarles espacios territoriales, sociales y políticos a los grupos delincuenciales. Sólo que ahora la intención es reducir la estridencia de la guerra que usaron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto como parte de la estrategia y centrarse en objetivos más concretos.

El primer efecto se deberá notar en el debate en el periodo ordinario iniciado el viernes pasado en el Senado y cuyo tema central será la reintegración del Cuarto Transitorio de la Minuta sobre la reforma constitucional por la Guardia Nacional que borró el diputado excomunista-experredista-morenista Pablo Gómez Álvarez con la complicidad timorata del coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado.

Si el Senado de Ricardo Monreal reinserta el Cuarto Transitorio en la Minuta, el documento tendrá que ser ratificado en la Cámara de Diputados. Sin la prioridad del combate frontal y violento contra las bandas criminales y la instalación de la GN, la participación de las fuerzas armadas en tareas de apoyo a la seguridad pública como parte de la seguridad interior dejará de ocupar todo el espacio mediático de preocupación.

En una comparación de tensiones, violencia e impacto social, los cárteles estarían llegando a una fase de acuerdo para mantener territorios y no conquistar más. Y el calentamiento de plazas territoriales se da por la lucha entre bandas de delincuentes sin riesgo de seguridad nacional y mucho del aumento de la inseguridad está en este activismo delincuencial que ha rebasado con facilidad a las endebles policías federal, estatales y municipales.

De ahí que haya que analizar más a fondo el cambio de prioridades en la misma estrategia de seguridad.

Política para dummies: La política es el arte de confundir al adversario.

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03 Febrero 2019 04:00:00
Venezuela: Fin del castrismo
Como la historia se vive por ciclos, el largo periodo ideológico del socialismo cubano estaría escribiéndose en Venezuela. Del intento de Ernesto Ché Guevara por crear varios Vietnam en América Latina en l segunda mitad de los años sesenta se pasó a la ola reciente impulsada por Fidel Castro desde la revolución sandinista de 1979 con su punto culminante en la operación política del líder cubano en el 2002 para frenar el golpe de Estado contra el venezolano Hugo Chávez.

Al final, el ciclo cubano que comenzó en 1953 con el ascenso de la guerrilla estará llegando a su fin: El destino político de Nicolás Maduro es insostenible, la descomposición criminal del gobierno sandinista nicaragüense de Daniel Ortega no tarda en estallar y las reelecciones del boliviano Evo Morales no resisten la institucionalidad constitucional.

Ninguno de los regímenes socialistas ha sobrevivido porque al final de cuentas padecieron el síndrome Fidel Castro: Revoluciones sociales que derivaron en dictaduras personales estalinistas, directas o indirectas, sin liderazgos carismáticos como el del cubano. Los países que tomaron el poder en nombre del pueblo no supieron construir una institucionalidad socialista. Ni siquiera Salvador Allende en Chile porque su gobierno fue tomado por los comunistas y radicales.

El problema ha radicado en que los gobiernos socialistas latinoamericanos posteriores a la definición comunista del régimen de Fidel Castro en 1962 nunca pudieron construir una doctrina socialista real. Las versiones socialistas quedaron en meras caricaturas sin construcción de una base de clase obrera y la clase media careció de ideología. Y el propio Fidel lo supo al aceptar las limitaciones de los liderazgos limitados de los caudillos aunque nunca lo reconoció: El socialismo como dominación proletaria necesita de una clase obrera sólida. Fidel nunca fue obrero, sino que, a la manera de Gramsci, construyó su superestructura de dominación cultural. El fracaso socialista de Cuba radicó en la domesticación de la incipiente clase obrera.

En el poder, el comandante Hugo Chávez diseñó un socialismo financiado con dinero del petróleo y con lucha de clases administrada con concesiones a grandes empresarios. Fue un socialismo de programas sociales asistencialistas. Cuando el dinero petrolero se terminó, Venezuela entró en una crisis social y política interna. La muerte prematura de Chávez a los 58 años impidió la construcción de un escalafón político. Maduro fue un sucesor improvisado, con un Fidel Castro en 2013 ya cansado y retirado del poder (murió en 2016) y sin capacidad para construir el liderazgo de Maduro.

La caída de gobiernos autodenominados de izquierda en Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay y la inminente terminación de la dictadura de Ortega en Nicaragua han tenido en el relevo en el poder cubano una disociación continental. Fidel murió en 2016 y heredó principescamente el poder a su hermano Raúl y este se retiró del cargo dejando a un regente civil sin liderazgo, ni ideas propias, ni proyecto de transición. Sin un Castro en el poder cubano, la influencia de la Revolución Cubana en la ideología latinoamericana llegó a su fin.

El mapa político de Iberoamérica ha sido oscilante, tomando en cuenta el ciclo de las dictaduras militares represoras de los setentas. La crisis centroamericana, ilustrada por las caravanas de migrantes de Honduras, El Salvador, Guatemala y Haití podrían precipitar más cambios de gobierno. La ideología socialista ya no alcanza para mover a las masas y todo queda en programas asistencialistas como en Brasil para cohesionar bases electorales. Pero en países pobres como Nicaragua, el uso de la represión sustituye las ideas sociales.

Los giros a la derecha en Iberoamérica han revelado la existencia de masas que asumen la consciencia de su poder electoral. Y el giro al populismo en México carece de ideología y se basó solo en el repudio a la corrupción priísta y el liderazgo de López Obrador fundado en programas asistencialistas. Brasil fue un caso aún no estudiado: El liderazgo personal de Ignacio Lula Da Silva no fue suficiente para mantener a los progresistas en la presidencia y el voto giró al país a la ultraderecha. En los casos de Brasil y México se puede observar la dinámica del resentimiento social: Contra los populistas y a favor de los populistas, dos casos extremos.

Venezuela no tiene salida. La crisis económica con inflaciones increíbles de tasas de millones por ciento, la hambruna y el autoexilio de millones de personas no pude durar para siempre. El problema para Venezuela radica en la intromisión de Donald Trump al reconocer al autodenominado presidente legítimo Juan Guaidó contaminó el proceso de descomposición por lo intereses imperiales y encareció el apoyo. La geopolítica imperial de la Casa Blanca tiene su enfoque estratégico en la dominación del adversario.

De todos modos, Maduro es insostenible: La crisis económica, la crisis social, el empobrecimiento radical y sobre todo el escalamiento en el uso de la fuerza represiva militar y de fascios civiles no podrán capitalizar el apoyo de Rusia, China y países árabes aliados. En los términos de la guerra fría revividos por Trump, Washington no aceptará un gobierno pro Rusia, China e Irán en la puerta este de Centroamérica.

Lo malo de este escenario en Sudamérica radica en el hecho real de que no hay fuerzas sociales y políticas que encabecen una democracia de relevo, como ocurrió en los ochenta cuando movilizaciones ciudadanas democráticas echaron del poder a militares represores. La derecha antisocial ganó en Chile, Argentina y Brasil. Y el populismo mexicano en el poder no va a gastar su declinante capital político en un apoyo total a Maduro.

Iberoamérica entra en un ciclo de conservadurismo político con pobreza económica y social.

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@carlosramirezh
31 Enero 2019 04:00:00
AMLO-maestros: Gordillo y lucha neoinstitucionales Vs. radicales
De todos los grupos lopezobradoristas que podrían convertirse en obstáculos al gobierno de López Obrador, los maestros son el más importante porque estaría aglutinando a un amplio grupo desestabilizador de un millón y medio: La SNTE que se le va a regresar a la maestra Elba Esther Gordillo, el nuevo partido magisterial gordillista y la Coordinadora disidente nacida de las entrañas del gordillismo, todos ellos con aliados, satélites y rémoras.

La radicalización provocadora antiinstituciones de los maestros de Michoacán, la reactivación de la 22 de Oaxaca y sus tácticas violentas contra la sociedad y pronto los de Chiapas, Guerrero y Estado de México van a ser el principal test al proyecto institucionalizador del gobierno de López Obrador en su transición de grupo de presión a gobierno institucional.

De todos los grupos de trabajadores al servicio del Estado, el de los maestros es el más importante porque incide en tres esferas: El número de militantes, el control ideológico vía la educación como aparato de dominación intelectual del régimen (PRI, PAN, Morena) y su papel dominante en las casillas electorales y como votantes.

Los maestros como factor de poder fueron una de las más astutas propuestas de la maestra Elba Esther Gordillo cuando el presidente Salinas de Gortari en 1989 la impuso al frente del sindicato magisterial. Aunque la CNTE había nacido en 1978 alrededor de una lucha salarial, Gordillo utilizó al sindicato como una catapulta hacia su ambición de ser presidenta de la República. Pero al prevalecer el modelo Lázaro Cárdenas-Fidel Velázquez de que los maestros se organizaban como masa y no como clase proletaria socialista, la maestra Gordillo convirtió a la masa magisterial en el factor real de poder para ganar elecciones: Zedillo, Fox, Calderón y el candidato Peña Nieto pactaron la escrituración del sindicato a Gordillo a cambio de apoyo electoral.

La ruptura Peña Nieto-Gordillo ocurrió cuando la líder sindical magisterial quiso imponer su voluntad al nuevo Presidente de la República buscando ser el poder detrás de la Silla del Águila. López Obrador pactó con la maestra Gordillo encarcelada y ahora ya en libertad viene por la recuperación de su poder sindical.

Tres hechos confluyen --en política donde no existen las coincidencias-- en el conflicto material en el proceso más delicado y frágil del arranque del gobierno de López Obrador: Los intentos de Gordillo de reapropiarse del SNTE, su iniciativa para fundar un partido político magisterial de masas y la dependencia de los maestros radicales de la CNTE de negociaciones oscuras con Gordillo.

Gordillo fue el origen de la CNTE y de la iniciativa salinista de descentralizar la educación a los estados, pero dejando un sindicato nacional. El poderío como líder impuesta por Salinas, Manuel Camacho y la fuerza policiaca de Fernando Gutiérrez Barrios radicó en cederles a los grupos radicales estatales el control de las secciones sindicales y --obvio-- el manejo directo de las cuotas, a cambio de mantenerse como secciones de la SNTE. Si el sindicato nacional se hubiera fragmentado en treinta y dos sindicatos estatales, el poder de Gordillo habría terminado.

La maestra Gordillo ha usado las secciones sindicales radicales de la CNTE como aparato de choque de sus intereses contra gobernadores, teniendo como caso a estudiar el de Oaxaca 2006 cuando la Sección 22 quiso tumbar al gobernador priísta Ulises Ruiz Ortiz, apropiarse del gobierno estatal y comenzar la ruta de control de gubernaturas. Ante las presiones del gobernador mexiquense y jefe político priísta Enrique Peña Nieto para que renunciara, el gobernador Ruiz Ortiz respondió con la amenaza de pasarse al lado del PAN y Calderón.

La lucha de la CNTE en Oaxaca, Guerrero y Michoacán forma parte de la disputa por el poder de la maestra Gordillo y no de la agenda del Presidente López Obrador. Ahí se explica el papel pasivo y en ocasiones torpe del secretario gordillista de Educación Esteban Moctezuma Barragán, una pieza irrelevante en el escenario político de los grupos de poder. Si continúa el papel de Moctezuma en la burocracia, su nivel secundario hoy beneficia al proyecto de la maestra Gordillo de usar la educación para restaurar su poder personal, pactar en secreto con la CNTE protegiendo sus cuotas y beneficios a cambio de mantenerla a ella como interlocutora y buscar que el partido magisterial nuevo sea protagonista en el 2024.

En este contexto, el problema magisterial en Michoacán y Oaxaca no es del Presidente López Obrador, sino que forma parte de la agenda restauradora de la maestra Gordillo, cuya intención es venderse como la única capaz de someter a sus pupilos radicales y colocarse como la pieza negociadora por encima de la limitada secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, mientras el nuevo presidente quiere institucionalizar a los radicales que siguieron su escuela de protesta.

Política para dummies: La política se mide por la capacidad para controlar a los aliados, antes que vencer a los adversarios.


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@carlosramirezh
30 Enero 2019 04:00:00
Popularidad o eficacia, gran dilema hamletiano de AMLO
Una aguada marcha de apoyo el domingo pasado puso en un brete al gobierno de López Obrador: una cosa son los puntos de popularidad y otro la realidad de los efectos negativos de las principales decisiones de cinco meses de labor legislativa y dos meses de ejercicio de la presidencia.

En Palacio Nacional hay euforia porque la estrategia huachicolera --con muertos, desabasto y protestas-- logró en una encuesta el 89% de apoyo, aunque uno de sus peores resultados haya sido la explosión en Tlahuelilpan y hasta ahora 114 muertos por la imprudencia de la población, la falta de decisión para mover a las fuerzas de seguridad y los pretextos de siempre.

Si el presidente López Obrador se va a mover por la popularidad en las encuestas, entonces tendrá que pagar pronto la fragilidad de los sentimientos populares. A la larga, lo que certifica a los gobernantes es la eficacia de los resultados. Y a final de cuentas, la popularidad es un sentimiento de las circunstancias. Los liderazgos populistas en Cuba, Venezuela y hasta los Estados Unidos dependen de las encuestas.

El primer año de gobierno de López Obrador se medirá por los resultados económicos del PIB, sociales de la pobreza y políticos de sus decisiones. La popularidad en encuestas, por ejemplo, no va a lograr el apoyo legislativo para su estrategia de seguridad, porque el paquete de reformas requiere el voto hasta ahora reticente de la oposición. La aprobación para la Guardia Nacional no debe partir de la popularidad, sino de la eficacia de sus objetivos.

Hasta ahora, en dos meses de gobierno, el presidente López Obrador ha tomado muchas decisiones que se han quedado a medias o han provocado efectos sociales negativos: el despido de trabajadores, la reducción de salarios en una coyuntura de deterioro del poder de compra, las vacilaciones respecto a Venezuela que indican hasta ahora un apoyo al dictador Nicolás Maduro, los 200 mil millones de pesos de pérdidas por la cancelación del aeropuerto en Texcoco, el retraso en los trabajos para la remodelación de Santa Lucía, los mensajes internacionales que indican baja de vuelos por la inseguridad en Santa Lucía, las cifras de muertos mayores a las de los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto, los mensajes de preocupación de la bolsa de valores, las críticas por asignación de compras de manera directa y el demérito de los organismos de comunicación del Estado para convertirlos en voceros presidenciales.

Y hay más: 131 mil millones de pesos de pérdidas de Afores por cancelar aeropuerto, investigación superficial de muerte del senador panista Rafael Moreno Valle y la gobernadora de puebla Marta Érika Alonso, pérdidas de 14 mil millones de pesos por bloqueo de vías férreas en Michoacán por los aliados presidenciales de la CNTE, abandono de la comunidad financiera internacional por la ausencia total de México en la reunión de Davos, pérdida de 137 millones de dólares por mantener parado el avión presidencial sin posibilidad de venta, salario de 8 mil pesos mensuales a jóvenes huachicoleros para que dejen de robar gasolina, buques petroleros parados, fracaso de la reunión del director de Pemex con la comunidad inversionista en Nueva York, compra de 571 pipas sin licitación, distracción de militares en cuidados de los ductos de gasolina, pérdidas por 173 mil millones de dólares en cancelación de proyectos de energías limpias y un Tren Maya que tiene oposición nacional e internacional.

Los dos meses de conferencias presidenciales matutinas son una buena contabilidad de las justificaciones, culpas a sus antecesores y pretextos por falta de resultados que ya le corresponden al gobierno actual. Los efectos sociales de esa forma de comunicar son circunstanciales, de corto plazo, y dependen del bono político de una candidatura forjada sobre la crítica a los últimos gobiernos priístas y panistas.

Los consensos políticos basados en popularidad pueden ser contraproducentes porque justificarían errores, malos resultados y pésimos gobiernos en tanto que el titular del poder represente sentimientos de algún tipo: los cubanos han cumplido sesenta años de yugo familiar castrista y pobreza generalizada a cambio de un liderazgo anti estadunidense; las bases de apoyo de Maduro en Venezuela son sólidas al grado del deterioro de la calidad de vida. Y hasta Donald Trump mantiene una base electoral fuerte, a pesar de los errores garrafales y de su agenda racista, agresora sexual e imperialista.

El otro problema de los liderazgos caudillistas radica en los costos de las popularidades: los cubanos, los venezolanos y muchos estadunidenses pagan cualquier costo por mantener a sus líderes, aun cuando ese costo sea de empobrecimiento creciente. Los cubanos y venezolanos son hoy más pobres que cuando comenzaron los Castro y Hugo Chávez y Maduro, pero los siguen sosteniendo en el poder.

El riesgo político y social en México radica en mantener popularidad a pesar de la ineficacia.

Política para dummies: La política se mide por resultados, no por sentimientos.

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@carlosramirezh
29 Enero 2019 04:00:00
AMLO: El tiradero heredado y los tres sobres del viejo régimen
En tiempos no tan lejanos del viejo régimen priísta, los presidentes que llegaban con nuevas formas estilísticas de ejercer el poder solían culpar a sus antecesores cuando el arranque de la nueva administración se dificultaba. Al emerger de lo profundo del régimen priísta, el presidente López Obrador ha seguido el guión: Intensifica el reparto de culpas de su falta de resultados entre sus antecesores y lo ha hecho al mas puro estilo priísta.

Inclusive, López Obrador va a someter a consulta ciudadana si abre expedientes penales de investigación sobre irregularidades cometidas, como si el cumplimiento de las leyes fuera a contentillo del pueblo.

En el fondo, el nuevo presidente quiere ganar tiempo para que sus programas tengan resultados concretos y para ello ha creado maniobras de distracción. De tener pruebas concretas de violaciones a la ley cometidas por presidentes anteriores, estaría obligado por el Estado de derecho a meterlas a procedimientos penales o ser cómplice. Por tanto, lo más seguro es que no tenga ninguna prueba contra sus antecesores, pero enlodarlos sin pruebas le daría apenas un respiro por la ineficacia de sus principales decisiones en dos meses de gobierno.

El modelo de trato a los antecesores viene del PRI. Todo presidente de la república a punto de entregar la banda presidencial le dejaba a su sucesor tres sobres que debería abrir en situaciones de crisis. El primer sobre decía: échame la culpa a mí de la crisis; si la crisis persistía, entonces tendría que abrir el segundo sobre donde estaba escrita la segunda recomendación: cambia tu gabinete; y si las crisis no se resolvían, el tercer sobre terminaba con un consejo peculiar: escribe tus tres sobres.

El presidente López Obrador quiere explicar el fracaso de muchas de sus medidas a gobiernos anteriores. El caso del huachicoleo es un ejemplo explícito: los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto fueron pasivos ante el crecimiento del robo de combustibles; sin embargo, poco gana el actual presidente lanzándoles dardos inofensivos que ni siquiera generan linchamientos en las redes sociales.

De tener elementos sobre responsabilidades oficiales en casos de corrupción en el caso del huachicoleo, el presidente López Obrador ganaría más puntos si procede legal y penalmente contra sus antecesores, sin estarlos cuchileando con frases superficiales.

La estrategia de enfrentamiento del ducto de Tlahuelilpan debió haber sido mucho más integral. Pero el gobierno actual sólo cerró los ductos, sin tener información de inteligencia de comportamientos violentos, de complicidades sociales y de recursos reales producto del robo de combustibles.

Ante la falta de información sobre el problema del huachicoleo, la ofensiva gubernamental fue atrabancada, irresponsable y sobre todo a ciegas. El caso de Tlahuelilpan debe analizarse como una falla gravísima de la estrategia de seguridad del gobierno lopezobradorista, porque hubo pasividad y negligencia ante la fuga de combustible y falta de previsión sobre el comportamiento de los pobladores del municipio y otros aledaños que durante años han vivido del robo de combustibles.

La ausencia de un protocolo de seguridad no fue culpa de Fox, Calderón y Peña Nieto; los expresidentes probablemente fueron responsables de no haber aplicado la ley y de permitir tomas clandestinas para revender gasolinas, pero el gobierno de López Obrador fue más responsable por no prever una crisis ni reaccionar ante la llegada de cientos de personas con bidones a cagar con la gasolina fugada.

Los señalamientos de que le dejaron un tiradero y que tardará cuando menos seis meses en “echar a andar” el gobierno son una forma de ganar un poco de tiempo. Pero revela la falta de investigación que debió haber emprendido en los cinco meses de interregno entre la victoria y la toma de posesión. Además, un gobernante no puede tomar una decisión sin conocimiento estratégico de las implicaciones, de los costos y de las realidades heredadas.

Así que el gobierno actual debe emprender acciones penales contra sus antecesores o asumir sus propias responsabilidades en decisiones que potenciaron crisis y no las resolvieron.

Auto rescatarse. Ante la dimensión de la crisis presupuestal y con un nuevo gobierno federal preocupado por no ahogarse y salvarse primero a sí mismo, gobernadores y presidentes municipales han tenido que moverse para buscar recursos y explotar posibilidades. El alcalde de Cosoleacaque, Veracruz, Cirilo Vázquez, por ejemplo, fue a la Feria Internacional de Turismo de Madrid a vender proyectos de inversión y de exportación. Y encontró un buen mercado para las artesanías de su municipio, sobre todo de productos con técnica prehispánica de telar de cintura. Y de paso, firmó hermandad con Castellón. Si los alcaldes no ayudan a salvar a sus municipios, nadie en el gobierno federa se preocupará por ellos.

Política para dummies: La política es el ejercicio de la responsabilidad propia, no culpar a sus antecesores de sus propias ineficacias.


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@carlosramirezh
28 Enero 2019 04:00:00
Gabriel Zaid, el último intelectual en el PRIncipado de PRI-MORena
En la historia del PRI ahora rediviva en la transfiguración del PRIMOR hubo siempre un punto de fricción: La relación del poder con los intelectuales, es decir, del Príncipe con el filósofo.

Desde la República de las Letras de Ignacio Ramírez --forma de gobierno intelectual establecida por el intelectual porfirista Salvador Díaz Mirón, abuelo de Manuel Bartlett Díaz--, los hombres de pensamiento oscilaron entre la sumisión, el empleo o la confrontación. Solo uno ha destacado por su distancia del poder y del conflicto: El poeta, ensayista e ingeniero Gabriel Zaid, quien cumplió 85 el pasado viernes 24 de enero.

Zaid es un intelectual socrático, en términos de Aristóteles sobre Sócrates: Amicus Plato sed magis amica veritas, que en traducción libre diría: Platón es mi amigo, pero soy más amigo de la verdad. Se trataría de intelectuales absolutos, sin compromisos. Sócrates pudo salvarse, cuenta Platón, pero sabía que su verdad debía pagarse con la cicuta.

Pocos intelectuales que han dicho su verdad han tenido que pagar las consecuencias: José Revueltas, Octavio Paz y Zaid. La decisión del intelectual de ser más amigo de la verdad que de sus amigos fue racionalizada por Foucault como el modelo griego de la parresia o parrhesía: Sócrates fue reprimido por Dionisos en Siracusa (nuestro PRIracusa y hoy PRIMORcusa) solo por decirle la verdad al tirano. Revueltas, Paz y Zaid han sido literalmente quemados en hogueras simbólicas por decir la verdad desnuda. (Ver La parresia de Zaid, en
http://www.indicadorpolitico.mx/?p=88719)

A lo largo de su vida visible como escritor --desde 1971--, Zaid ha provocado las iras intelectuales: En una carta criticó el apoyo de Carlos Fuentes a Echeverría, su nota que decía que “el único criminal histórico es Luis Echeverría” fue censurada por Carlos Monsiváis y no la publicó en La Cultura en México, agitó el avispero de Nexos cuando hizo un recuento de las contradicciones intelectuales con la guerrilla salvadoreña en Colegas enemigos, desató las furias del presidente Echeverría con su ensayo El dieciocho brumario de Luis Echeverría jugando con el encumbramiento caudillista de Luis Napoleón Bonaparte y sacó de quicio al PRI con su texto en 1985 Escenarios sobre el fin del PRI.

Zaid ha sido el único intelectual, también, en huir de la civilización del espectáculo --categoría de Mario Vargas Llosa--: Rehúye el protagonismo, no permite fotografías y no participa en eventos públicos, Eso sí, ha tenido vigencia a través de sus ensayos no poéticos. Como ingeniero ha sabido potenciar propuestas empresariales y criticar el estatismo económico que en México bautizo como Grupo Industrial Los Pinos con el Presidente de la República como CEO --chief executive officer-- al servicio de la élite burocrática del grupo gobernante como accionistas.

Los ensayos políticos y económicos de Zaid son críticos, pero no estridentes; a pesar de su manejo poético del lenguaje, ha sabido separar la poesía de la prosa. Sus razonamientos son fríos, basados en las contradicciones de las verdades políticas. Se ha negado a construir un grupo intelectual, no aspira subsidios o becas. Y como poeta Zaid es el más creativo después de Paz, pero también ha rechazado andar a la búsqueda de premios y por lo tanto lanza sus libros de poemas como botellas al mar en busca de lectores.

Por ser estricto con su verdad, Zaid no comulga con el objetivo de los intelectuales según Platón en su Carta VII: gobernar; “el género humano no pondrá fin a sus males hasta que el colecticio de los que filosofan recta y verdaderamente no alcance el poder político”. Y no por falta de voluntad, sino porque Zaid ha demostrado que el poder carece de la más mínima relación con la filosofía por el valor máximo de la verdad; el poder es el ejercicio de la mentira.

Por la inflexibilidad de su parresia, Zaid estará lejos del reconocimiento a su obra porque el ambiente intelectual mexicano es más espectáculo que ideas.

Sinaloa. En reposicionamientos locales ante el avasallamiento de López Obrador sobre gobernadores --los coopta o los castiga--, en los pocos priístas que quedan destaca el sinaloense Quirino Ordaz. Los gobernadores que no busquen directamente inversiones dependerán de las participaciones federales envenenadas. De ahí la importancia política y económica de la inversión de 40 millones de dólares del Grupo RIU en hotelería que firmó Ordaz. Y el tema es más importante cuando el nuevo gobierno federal desapareció oficinas de promoción turística.

Fiscalización. El pasado 23 de enero el auditor superior de la Federación de México, David Colmenares Paramo, entregó la presidencia de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores al contralor general de Perú. En su discurso, Colmenares destacó que la autonomía de los auditores y la transversalidad de sus funciones consolidan el equilibrio de poderes. El mensaje es importante ahora que el nuevo gobierno quiere desautonomizar a los organismos autónomos y regresar al centralismo presidencialista que conduce inevitablemente a la corrupción del poder.

Política para dummies: La política es --debe, debería-- ser un acto de la inteligencia, no una dominación de la barbarie.

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27 Enero 2019 04:00:00
Roma, la nostalgia por el PRI de Cuarón
La película Roma del cineasta mexicano oscarizado Alfonso Cuarón está arrasando premios en los festivales. Después de la frustración por la vacuidad de La forma del agua de Guillermo del Toro, la cinematografía mexicana se internacionaliza --globaliza, mejor dicho-- a lomo de los vaivenes de consciencia de directores en la era Trump.

Roma se puede resumir en pocas palabras: Una visión de neorrealismo italiano tardío con una anécdota impresionista que se sostiene con largos planos-secuencia en los que no ocurre nada; el enfoque se completa con la percepción mexicana: una nostalgia pequeño-burguesa del México de los setenta, el de la clase media en ascenso, la última generación antes de la gran crisis de 1976.

Se trata de presentar en plena globalización del siglo XXI una versión sentimental de cuando el sistema político del PRI vivía su etapa de oro: Un médico del sector público tenía ingresos que le permitían una casa de dos pisos, chofer, cuatro hijos, dos personas de servicio doméstico y una amante… y todos vivían contentos. Al ofrecer una imagen nostálgica acrítica, el México de los años setenta queda como recuerdo de cuando las cosas iban bien.

La película Roma atraviesa sin problemas la crisis económica, el autoritarismo de 1971 y la represión a estudiantes por un grupo paramilitar producto del conflicto entre facciones del poder, pero de lejos, sin que el ojo cinematográfico de Cuarón asuma un sentido crítico.

El eje de la película lo sostiene la actriz indígena Yalitza Aparicio, pero su personaje se presenta como el conformismo de marginación de clase; sí, en efecto, es personal del servicio doméstico subsumido en los sentimentalismos pequeño burgueses de la esposa del jefe de la casa que apenas aparece, pero sin enfoques críticos: La explotación del servicio doméstico en México ha sido una forma de explotación de clase. El tratamiento casi familiar a las dos personas del servicio doméstico en la película configura una resignación que se convierte en base de la explotación de clase: salarios directos bajos, salarios indirectos pagados con cama y alimentación, horarios de explotación y hasta la utilización del personal doméstico como paño de lágrimas de la señora de la casa cuando descubre que su marido tiene otra mujer.

El enfoque social de Roma es responsabilidad del director y guionista. La película de Cuarón refiere a ese cine del conformismo clasemediero de los setenta que se usaban para reforzar la lucha de clases a favor de los patrones explotadores: te trato como de la familia, aunque vivas en las zonas de exclusión separada de la casa, con mucho menos comodidades de igualdad social, y entonces el papel de sumisión del personal doméstico queda atado a las funciones marginales en la familia.

En este sentido, Roma le permite a Cuarón reproducir puntualmente el escenario idílico de explotación social de clase del México de los sesentas, setentas y parte de los ochentas. Pero se trata de un enfoque acrítico que al final cumple la función de reforzadora de la nostalgia pequeño-burguesa. No hay una rebelión del director respecto a esa realidad; más aún, la refuerza.

El neorrealismo del cine mexicano tiene puntos referenciales: Los olvidados de Buñuel en 1950, una historia dramática que expone la criminalidad de las clases bajas; Los caifanes de Juan Ibáñez en 1967 para exponer las pandillas de desarraigados de los cinturones urbanos de miseria y su choque con las clases burguesas; antes estuvo México de mis recuerdos de Juan Bustillos Oro de 1943 como una nostalgia del porfirismo a través de un pianista que compone el vals Carmen a la esposa del dictador Porfirio Díaz y que sirve en la película para recodar al Díaz bueno.

En el extranjero Roma deslumbra por el uso del blanco y negro, los personajes sorprendentes del México indígena-semiurbano-burgués, una mujer del servicio doméstico que arriesga la vida para salvar la de uno de los hijos de la patrona pero ella, la sirviente, sin saber nadar, mostrando su espíritu aguerrido en un mar embravecido, la pasividad de la protagonista que sale embarazada de un joven desclasado que formaba parte del ejército paramilitar de represión de estudiantes, y todo en medio de un ritmo de anticlimático de conformismo generalizado en el que las relaciones de clases y la explotación de los ricos a los pobres no se mueve porque la resignación autoritaria era uno de los mecanismos de legitimación del PRI.

Y sí, Roma es una película nostálgica del viejo PRI, del autoritario en el periodo de 1968 (represión estudiantil en Tlatelolco) a 1971 (represión estudiantil en el Barrio de San Cosme). Los directores pueden darle o no a sus películas enfoques políticos y hasta ideológicos, pero en el caso de Roma hay una percepción de nostalgia del viejo orden represivo del PRI, el tránsito del tiempo de Díaz Ordaz y Tlatelolco al de Luis Echeverría y el populismo.

¿Cómo calificar las películas? La revisión del pasado no puede ser tan pasiva que se agote en la nostalgia de viejos órdenes autoritarios. El México que retrata Cuarón (1970-1971) en uno de los entonces barrios de clase media-media tenía un contexto social, ciertamente sumido en sus coordenadas de tranquilidad y patrones clasistas asumidos, pero rodeado de la efervescencia social, política y estudiantil y escalamiento del autoritarismo gubernamental.

Lo que define y marca a Roma es la relación de clase del personal doméstico bajo condiciones de semiesclavitud humana, sensible y hasta familiar. La protagonista asume su condición de clase explotada, pero en momentos en que saltaba la protesta social violenta en forma de guerrilla urbana y rural que la película excluye para no romper su visión idílica. Roma encapsula al México pequeño-burgués de Cuarón.

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25 Enero 2019 04:00:00
Guardia y estrategia de seguridad reventada al interior de Morena
Por un mal manejo de las piezas legislativas de Morena y el exceso de confianza del presidente López Obrador, la iniciativa de Guardia Nacional y la nueva estrategia de seguridad fueron reventadas al interior de Morena.

Cuando menos tres errores fueron fundamentales y afectarán la estabilidad de seguridad de la república:

1.- La reforma Constitucional aprobada y ahora congelada en una minuta mutilada, reorganiza la responsabilidad en el manejo de las fuerzas armadas y la nueva Guardia Nacional en tres puntos: Saca a la GN de temas de “orden interior”, le quita al Senado la facultad de consentir que el presiente de la república mueva tropas de la GN y centraliza el control de la nueva GN en el ejecutivo federal.

2.- Una maniobra operada por el diputado morenista Pablo Gómez Álvarez --antes del PRD y antes de ahí líder de la Juventud Comunista en 1968-- y con la pasividad incompetente del líder de la bancada morenista Mario Delgado --pieza legislativa de Marcelo Ebrard Casaubón en su carrera por la candidatura presidencial de Morena en el 2024-- borró el Cuarto Transitorio y con ello le quitó a las fuerzas armadas su posibilidad de seguir ayudando a las fuerzas de seguridad pública hasta el funcionamiento óptimo de la GN.

Al borrar el Cuatro Transitorio de la Minuta en automático se tendrán que regresar a las fuerzas armadas a sus cuarteles y dejar la seguridad pública contra los cárteles en manos de una Guardia sin experiencia. El Cuarto señalaba: “de manera excepcional, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, la Fuerza Armada permanente prestará su colaboración para la seguridad pública”. Ahí se formalizaba en la Constitución la participación militar y naval en seguridad pública, sin tener que reglamentar la seguridad interior.

3.- La novatada --otra más-- del diputado morenista-ebrardista Mario Delgado y la jugada sesentaiochera del diputado Pablo Gómez revelaron los problemas de funcionalidad de una bancada de Morena como Torre de Babel de lenguajes, intereses y enfoques y exhibió de paso la incapacidad de imponer la agenda de López Obrador de tres piezas políticas clave del presidente de la república: la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el subsecretario de Gobierno con responsabilidad de enlace legislativo, el exsenador Zoe Robledo, y la presidenta de Morena Yeidckol Polevnsky, quienes desconocen la nueva dinámica parlamentaria y exhiben su candidez y falta de control político sobre los legisladores morenistas.

El reencauzamiento del proceso legislativo para formalizar la Guardia Nacional costará negociaciones, concesiones y sobre todo un nuevo acuerdo con el PRI a costa de mayores concertaciones, además de sufrir el aumento de la presión de organismos y sectores políticos internacionales para bloquear la Guardia Nacional. Las negociaciones en el Senado para reinsertar en la Minuta el Cuarto Transitorio podría ser fácil por la capacidad del senador Ricardo Monreal de arreglar todo a base de concesiones, pero la nueva Minuta tendría que regresarse a la Cámara de Diputados para una nueva aprobación y ahí otra vez enfrentará la fuerza del diputado Gómez Álvarez para impedir el Cuarto Transitorio Versión 2.0 y la incapacidad del coordinador de la bancada morenista Mario Delgado para controlar a su propia bandada y negociar con el PRI y con el PAN.

La Minuta parchada necesitará de la mayoría absoluta --tres cuartas partes de los diputados en el pleno-- y se convertirá en un punto de derrota política para el presidente López Obrador porque de la nueva Minuta depende su estrategia de seguridad a largo plazo con la Guardia Nacional y con las fuerzas armadas en labores de apoyo a la seguridad pública cuando menos hasta 2024. Y de acuerdo con percepciones al interior del equipo lopezobradorista de seguridad pública, la Guardia y el ejército son vitales para obtener resultados en seguridad.

La clave del proceso de nueva aprobación de la Minuta sobre la Guardia Nacional, sin embargo, tendrá que pasar primero por la aduana interna de Morena, sobre todo del diputado Gómez Álvarez, cuya militancia comunista, su participación en el 68, su arresto por militares y su encarcelamiento como preso político ha dominado sus tareas legislativas. Como diputado miembro de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gómez Álvarez sabe que votar por la reinserción del Cuatro Transitorio iría en contra de su biografía política y porque él operó el repudio de otros partidos hacia el Transitorio.

Y los diputados que apoyaron a Gómez Álvarez en contra del primer Cuarto Transitorio tampoco pueden votar por su restauración.

La estrategia de seguridad lopezobradorista en términos de la Minuta tiene solo tres escenarios: o se rechaza toda o se repone depurando la bancada morenista radical de diputados como Gómez Álvarez o se aprueba descafeinada

Política para dummies: La política se mueve por el pensamiento estratégico, no por las pasiones caudillistas autoritarias.


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@carlosramirezh
24 Enero 2019 04:00:00
Huachicol: Ofensiva gubernamental profundizó la crisis de seguridad
La ofensiva del gobierno del presidente López Obrador contra los ladrones de combustible cometió el mismo error del gobierno de Calderón Hinojosa al declararle la guerra a los cárteles del crimen organizado: carecer de seguridad estratégica y de información de inteligencia.

Calderón se fue sobre las cabezas de los cárteles y creó nuevos problemas con la diseminación de narcos en pequeñas bandas dedicadas al tráfico y a otros menesteres criminales. López Obrador operó sobre los ductos de distribución de combustibles para evitar el robo y en respuesta metió al país en sabotajes generalizados de las bandas huachicoleras.

La declaración el martes 22 del presidente López Obrador de que la red de distribución de combustible había sido saboteada --sin mencionar presuntos responsables-- prendió los focos rojos de alarma porque entonces el problema ascendió de meros robos locales sin tener datos concretos de la existencia de un cártel o una Federación de huachicoleros a un asunto de seguridad nacional por el papel que juega las gasolinas en la estabilidad nacional.

Con la intención de tapar los hoyos del robo de combustible con tomas clandestinas en las redes de distribución de gasolina, el gobierno de López Obrador destapó muchos hoyos más sin tener ninguna estrategia de combate a las elites dirigentes del crimen organizado/desorganizado huachicolero.

Por lo pronto, cuando menos tres hoyos quedaron destapados:

1.- La respuesta de sabotaje implica ya una amenaza contra la seguridad nacional del Estado y convierte a los carteles y sus dirigentes en enemigos de la estabilidad. Por tanto, el gobierno lopezobradorista está obligado a una ofensiva de seguridad nacional con la utilización de las fuerzas armadas contra esas bandas criminales.

2.- La crisis en la estrategia de seguridad de López Obrador en dos puntos concretos: la tardanza y dificultades para aprobar la creación de la Guardia Nacional con efectivos militares y el borrado Cuarto Transitorio que permitía que las fuerzas armadas siguieran colaborando con las fuerzas de seguridad pública en tanto se profesionaliza la GN. Los dos objetivos deben ser alcanzados en el cortísimo plazo, pero van a tardar.

3.- La existencia probada de un nuevo modelo de delincuencia: la delincuencia social amparada en la pobreza y legalizada por la tesis del presidente de la república de que no combatirá a la sociedad que delinque por bajo nivel de vida. Lo malo, en el caso de los huachicoleros, radica en el hecho de que la sociedad ha delinquido no por pobreza, sino por forma parte de las redes de crimen organizado de las bandas de robo de combustibles.

La parte más delicada fue la revelación del presidente López Obrador de un sabotaje generalizado a las redes de distribución de combustible por tubos. Lo extraño fue que el día de los supuestos hechos no hubo ninguna señal conocida de ese sabotaje: ni fugas, ni balazos, ni movilizaciones de emergencia; nada. La preocupación en círculos de especialistas en seguridad nacional resaltó la posibilidad de que se hayan magnificado los temores sin que hubiera casos concretos de sabotaje.

La estrategia de seguridad desde la iniciativa de Guardia Nacional hasta la explosión en Tlahuelilpan evidenció una severísima crisis en la fase fundamental de la seguridad: el acopio de información de inteligencia. El nuevo organismo Centro Nacional de Inteligencia, paradójicamente, fue sacado como CISEN de Gobernación y con nuevo nombre se adjunto a la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; al frente del CNI quedó el general retirado Audomaro Martínez, el militar más cercano a López Obrador.

Sin embargo, la ofensiva contra los huachicoleros, la vigilancia de ductos y la falta de control social sobre la sociedad aliada a las bandas de ladrones de combustibles y ahora el sabotaje general contra la red de distribución mostraron la inexistencia de un organismo de inteligencia y seguridad nacional. Y para colmo, el nuevo CNI ha regresado a los delegados del CISEN en el extranjero, a pesar de la declaración del nuevo fiscal general Alejandro Gertz Manero en el sentido de que la delincuencia huachicolera es transnacional.

A partir de los rezagos, contradicciones, efectos adversos, insuficiencias y vacíos en el robo de combustibles, la estrategia de inteligencia y seguridad pública/interior/nacional contra el huachicoleo debe ser replanteada inclusive antes de aprobar la Guardia o en su contexto. Los problemas en desbasto, sabotajes y tragedias fueron producto de la improvisación gubernamental.

Y queda como punto sensible la denuncia presidencial de un sabotaje a toda la red de distribución de combustible, porque revela ya la situación de guerra Estado-huachicoleros, aunque la crisis de inteligencia del aparato público todavía ignore la configuración de cártel del huachicol, sus redes políticas y sobre todo su alianza con la sociedad que ha robado con el beneplácito gubernamental por su condición de pobreza.

Política para dummies: La política es el ejercicio del poder para disminuir problemas, no multiplicarlos.

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@carlosramirezh
23 Enero 2019 04:00:00
Tlahuelilpan será Ayotzinapa 2; oportunismo nefasto de la CNDH
La crisis huachicolera en Tlahuelilpan, Hidalgo, se perfila como el Ayotzinapa del gobierno actual; y no por responsabilidad directa en la tragedia, sino porque reveló la ausencia por segunda ocasión de una verdadera estrategia de seguridad.

Y de nueva cuenta, de manera oportunista, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está distrayendo las primeras indagatorias al involucrar al Ejército por no actuar contra el pueblo, cuando las fuerzas armadas tienen quejas por meterse en asuntos civiles. El Ejército en Tlahuelilpan carecía de facultades legales para intervenir porque no se trataba de un asunto de seguridad nacional directa y en seguridad pública siempre acompaña a la autoridad civil.

Lo grave de la crisis de seguridad se localizó en la ausencia de las autoridades legalmente facultadas para atender el asunto: Las policías municipales y estatal, la Policía Federal y la Gendarmería y la Secretaría Federal de Seguridad y Protección Ciudadana.

La inacción militar que asume la CNDH no existe en las leyes, lo que debería saber el presidente Luis Raúl González Pérez; existe negligencia. Pero las autoridades militares sólo pueden hacer lo que faculta de manera explícita la ley. Y en primer lugar debe concluirse una investigación pericial de la Procuraduría/Fiscalía y sobre los resultados podría la CNDH determinar si hubo violación de derechos y garantías. Paradójicamente, los militares respetaron el derecho lopezobradorista de los habitantes de la zona pobre del país a paliar su pobreza con el robo por necesidad y ahora quieren culparlos de ¡proteger los derechos humanos!

Las autoridades quedaron pasmadas ante el incidente, no activaron los protocolos de seguridad para situaciones de vandalismo delincuencial y tampoco movilizaron a policías de los tres niveles de gobierno ni a la PF ni a la Gendarmería. La zona de la fuga de gasolina fue tierra de nadie. La partida militar actuó con sensatez y ahora la CNDH quiere culparla de no haber reprimido a las personas que danzaban alrededor de la fuga y se robaban el combustible.

Lo que sorprende es la ignorancia oportunista de la CNDH: Su queja o expediente abierto debió haber sido contra las autoridades de Seguridad Pública estatales y federales. Los militares colaboran en acciones de seguridad pública, no son la autoridad in situ. Las quejas en la CNDH contra presuntos abusos militares tienen que ver justamente con la acción ante ataques criminales, en persecución de delincuentes o en apoyos a policías.

En todo caso, el expediente abierto en la CNDH por la supuesta inacción de los militares en la zona de la fuga de gasolina es sencillamente una trampa política que tiene que ver con el tiempo real del debate sobre la Guardia Nacional a la cual se opone ese organismo.

En términos políticos, el caso de Tlahuelilpan será el Ayotzinapa del gobierno del presidente López Obrador: la responsabilidad de los protocolos de seguridad en un incidente que duró cinco horas entre la fuga de gasolina y la explosión. Como en Ayotzinapa, el Estado no fue culpable, pero en el proceso de la crisis y su salida criminal hubo negligencia del Estado. Paradójicamente en Ayotzinapa los militares carecían de facultades para intervenir y siguen siendo señalados como responsables directos. Y también de manera curiosa, el PRD lopezobradorista y Morena lopezobradorista aparecen como autoridades municipales directas en las dos crisis.

Los militares sí tienen capacidad de fuerza, logística y movilización para atender casos de euforias sociales negativas, pero para aplicarlas necesitan de protocolos y reglamentos. De eso justamente se trata en el debate del concepto de seguridad interior en el tema de la inseguridad y de la Guardia Nacional.

Al gobierno actual le falló todo: sensibilidad, operativos, previsión y sobre todo información de inteligencia sobre la configuración, accionar, dominio regional y capacidad de corrupción de los huachicoleros como cártel del crimen organizado. El gobierno actual no puede responsabilizar a gobiernos anteriores porque han tenido 50 días para poner en marcha un plan agresivo de combate. El cierre de ductos fue una decisión errónea; al reabrirlos, las bandas huachicoleras mandaron su mensaje de muerte.

La tragedia de Tlahuelilpan también evidenció que el debate sobre la inseguridad no radica en un Plan de Paz, sino que debe ir acompañado de una estrategia de combate a las bandas criminales. Y que la seguridad cometería el peor de sus errores si sigue subordinándose a contentillos políticos radicales. Calderón y Peña Nieto se lanzaron contra los carteles, pero López Obrador se preocupa por la sociedad. Pero ninguno de los tres ha presentado una estrategia integral.

La falla en la tragedia de Tlahuelilpan no fue de la partida militar, sino de la estrategia de seguridad del gobierno actual. La politización y socialización de la seguridad abandonará a la sociedad en manos de sus propias pasiones y de las bandas criminales.

Política para dummies: La política, bien concebida y diseñada, es el camino para evitar las crisis; mal hecha, las potencia.
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@carlosramirezh
22 Enero 2019 04:00:00
Taibo II despedido de La Cultura en México por corriente y sectario
El cargo intelectual mayor que tuvo Paco Ignacio Taibo II fue la dirección del suplemento La Cultura en México de la revista Siempre a la salida de Carlos Monsiváis en 1987. Sin embargo, duró apenas un año: Del 5 de marzo de 1987 al 1 de abril de 1988. ¿La razón? Confundió “lo intelectual con lo corriente” y escribía “una serie de leperadas”, además de que presentaba recibos de sus seudónimos para cobrar colaboraciones adicionales.

Taibo II había sido escogido por Monsiváis para dirigir el suplemento que había marcado la vida cultural y política del país en dos tiempos: de 1949 a 1961 en Novedades y de 1962 a 1987 en Siempre! La revista Política en los sesenta, las dos versiones de La Cultura en México (con Fernando Benítez y Monsiváis) y Plural de Octavio Paz en Excélsior lograron abrir la concha de la política autoritaria por el lado de la crítica del sistema político desde la cultura.

El suplemento logró un precario equilibrio entre la cultura oficial, la cultura progresista priísta y los escritores que militaban en el Partido Comunista Mexicano. Ante la cerrazón autoritaria de espacios de crítica en medios políticos, la cultura fue una salida sin romper con el institucionalismo priísta. 1987 fue clave: El fin de la clase política priísta tradicional progresista articulada al nacionalismo revolucionario del sector social del PRI y la toma del poder por los tecnócratas vinculados a Carlos Salinas de Gortari.

En el penúltimo suplemento dirigido por Monsiváis apareció un texto de Taibo II sobre su militancia con las organizaciones estudiantiles del CEU. Al tomar la dirección de la publicación, Taibo II se llevó a La Cultura en México a escritores militantes del PCM. El suplemento pasó de la cultura política como espacio para la crítica a la política paulatinamente por encima de la cultura. Los peor fue el espíritu de clan bajo el control férreo de Taibo II, un escritor señalado de excesos autoritarios, personalistas y, paradójicamente, sectarios.

El problema de Taibo II ha sido la subordinación de la cultura como expresión del conocimiento universal a la política. Para él, de acuerdo con su historia, la cultura está subordinada a la política. Y no pasará mucho tiempo en el Fondo de Cultura Económica para que su sectarismo político choque con las exigencias plurales de la cultura.

En su texto de despedida de La Cultura en México el 1 de abril de 1988, Taibo II no ocultó su frustración y culpó a los demás de su propia derrota: “Dichosos los enanos culturales porque de ellos será el reino de los suplementos”, escribió; “les llegarán sobres sin nombre ni remitente con dinero, próvida les dará estampitas de san Juan Bosco y serán jurados de más de un concurso literario”.

Pero luego de echarles lodo a esos intelectuales no identificados, a renglón seguido les dice que ellos no provocaron su caída. “No hubo censura ni auto censura”, “a pesar de las múltiples presiones que existieron y abundaron para que se entregara en un plato nuestra cabeza”.

La historia de los espacios culturales escritos se había abierto hacia 1987: la revista Vuelta de Paz desde 1976, el enfoque de cultura política de Uno Más Uno desde 1977, la revista Nexos de Héctor Aguilar Camín en 1978, los espacios culturales en La Jornada y más tarde en El Financiero, la corta vida de El Machete de Roger Bartra. En 1987 se dirimió la sucesión presidencial del PRI a favor de Salinas de Gortari y el alineamiento ya sin trabas del neoliberalismo económico, ideológico y cultural (este con la alianza Salinas-Aguilar Camín).

Por las declaraciones de Pagés Llergo, las razones no fueron ideológicas, ni políticas, ni de la burocracia en el poder, sino de la asunción del suplemento por Taibo II sin respetar estructuras. El valor de México en la Cultura y La Cultura en México radicó en el espacio casi inventado de una “izquierda cultual” plural y no dogmática, aunque a veces con justificaciones de dictaduras que generaron polémicas intelectuales. Muchos escritores comunistas fueron publicados, pero sin caer en el dogmatismo.

El perfil del suplemento en la fase Taibo II pasó de la cultura como espacio para el debate de la política y las ideologías a una línea editorial anti sistema y anti Estado. Sin el esfuerzo de pasarlos por el ojo de la aguja de la cultura, los movimientos sociales antiEstado atragantaron el suplemento cultural. No fue el rechazo a esos movimientos: Monsiváis hizo crónica sobre la fundación de la CNTE y sobre la crisis política en Juchitán, pero sin ser panfletos, a pesar de sus simpatías.

Para Taibo II, “el proyecto (de su fase en el suplemento) nació con vocación de informar y tomar partido en lo social”, dejando la parte cultural en segundo y tercer plano y a veces sin presencia en un suplemento cultural; así, La Cultura en México fue más un suplemento político en una revista política. Lo reconoció el propio Taibo II: “Si de algo nos arrepentimos es de no haber encontrado la calidad narrativa”.

Este Taibo II es el que ya llegó al Fondo de Cultura Económica.

Política para dummies: La política debe ser una expresión cultural de los ciudadanos.

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@carlosramirezh
21 Enero 2019 04:00:00
Las exageraciones de Tatiana Clouthier y el 2024… que quiere
Como era previsible, el sistema político morenista-lopezobradorista no es más que un palimpsesto del viejo sistema/régimen/Estado del PRI. Y ya desde ahora, apenas a cuarenta y cinco días de iniciado el nuevo gobierno, el escenario político se ajusta a las reglas priístas de la circulación de las élites.

Los debates en torno a la Guardia Nacional, los fiscales general y anticorrupción y la política económica para el periodo 2019-2021 han adelantado la disputa por la candidatura presidencial morenista del 2024 en dos pistas: El estilo priísta de López Obrador de los dedazos que ha expresado en la jefatura de gobierno del CDMX y en las designaciones de funcionarios de su jerarquía presidencial y el de los juegos de poder entre facciones donde el presidente en turno tiene menos facultades metaconstitucionales.

La declaración de la diputada sin partido y vicecoordinadora de la bancada de Morena Tatiana Clouthier de que el mando militar operativo en la nueva Guardia Nacional podría llevar a que los militares decidieran la candidatura presidencial del 2024 fue todo un despropósito absurdo, aunque cargado de lógica: ella quiere ser candidata presidencial en el 2024. Pero a pesar de esos sentimientos que vienen desde los de su padre Maquío en 1988, el asunto es que no existe ningún elemento juicioso que diga que los militares ponen-quitan presidentes.

Tatiana Clouthier, en todo caso, ha demostrado una evidente ignorancia de la política del régimen priísta que ha sido revalidado por el morenismo en la presidencia de la república. En el periodo revolucionario 1917-1928, Álvaro Obregón se auto impuso como presidente sin movilizar al ejército y sí a partir de su liderazgo personal. Y el genio político de Plutarco Elías Calles anuló a los militares como cuerpo político el 5 de septiembre de 1928 en la llamada “Junta de generales”. Elías Calles logró, después del asesinato de Obregón, que todos los generales de división le dieran la facultad a él como presidente de la república de designar al interino y al nuevo candidato presidencial.

Ahí nació el presidencialismo autoritario, unipersonal y absoluto y en esa junta los generales revolucionarios se sometieron al poder civil. Elías Calles no tuvo problemas en designar al abogado Emilio Portes Gil como interino para convocara nuevas elecciones y resistió el enojo de militares cuando impuso a un tibio general como candidato: Pascual Ortiz Rubio. Pero el poder revolucionario había pasado a la institución civil de la presidencia.

En 1938, como efecto de la expropiación petrolera y el acoso contra México por los empresarios petroleros, Cárdenas reformó al Partido Nacional Revolucionario, le dio tres sectores corporativos con clases organizadas como masas subordinadas al poder y creó el sector militar dentro del partido del gobierno-Estado. Su sucesor Manuel Ávila Camacho, de manera discreta, desapareció el sector militar para evitar que los soldados sirvieran a un partido y ahí los militares dieron el paso definitivo hacia la institucionalización.

El torpeza de Tatiana Clouthier de advertir que la Guardia Nacional con mando operativo militar podría sustituir a Morena y al poder institucional del presidente López Obrador no fue sino una argumentación falaz que de manera evidente lastimó la institucionalidad a toda prueba de los militares y ofendió el respeto castrense a las instituciones civiles. Un caso reciente ilustra la disciplina militar: el actual general secretario salió de la decisión del presidente López Obrador y no estaba en la lista informal de aspirantes.

Lo más grave de las opiniones estridentes de Tatiana --muy al estilo agresivo de las su bronco padre-- radica en su desconocimiento de las instituciones nacionales y de los factores de inestabilidad. En niveles castrenses solo fruncieron el ceño cuando leyeron la advertencia de la diputada no morenista-morenista porque introdujo el falaz y provocador argumento político a un debate sobre la estrategia de seguridad del presidente López Obrador en la que el factor militar es el decisivo. Si la rueda de la fortuna o el elevador que funciona en la torre de la capilaridad del poder decidiera la presidencia en 2024 a favor de Tatiana Clouthier, con qué cara asumiría el cargo de comandanta suprema de las fuerzas armadas.

Lo de menos sería una disculpa de la diputada a las fuerzas armadas por introducir la sospecha de golpismo en los militares. Lo importante radica en la escasez de argumentaciones de seguridad para definir el papel de las fuerzas armadas en la seguridad, a partir de que políticos financiados por capos habría impuesto presidentes.

Paradójicamente para Tatiana Clouthier, los militares en seguridad impedirían que el crimen organizado tomara el control del poder político para imponer --ellos sí-- al próximo presidente de la república.

Política para dummies: La política es la mezcla de reglas y sentimientos, pero siempre por la ambición del poder.

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@carlosramirezh
20 Enero 2019 04:00:00
EZLN 25: Hubo una vez una guerrilla en México
Luego de una guerrilla que tambaleó al sistema institucional en 1994, de tres derrotas presidenciales del PRI y de tres victorias presidenciales de la oposición --dos de la derecha y una del populismo--, México parece haberse quedado en el vacío político del mismo sistema político/régimen de gobierno/Estado constitucional de perfil priísta.

Han pasado 25 años, un cuarto de siglo, cuatro gobiernos sexenales, el quinto que comienza… y las cosas siguen igual; o mejor: han empeorado porque precisamente no han cambiado. En 1994 se anunció la peor ruptura institucional, se pugnó por una transición a la democracia tipo España y hasta corrió el rumor de una guerra civil.

Los peores augurios no se cumplieron. El alzamiento guerrillero zapatista el 1 de enero de 1994 de manera paradójica facilitó una alternancia presidencial a la derecha: el PRI perdió la presidencia en el 2000 después de 71 años de regentearla, el PRI regresó a la presidencia en el 2012 luego de dos gobiernos del PAN y en el 2018 ganó las elecciones el candidato populista-expriísta Andrés Manuel López Obrador.

El EZLN zapatista, formado por ex guerrilleros de los setenta asentados en el estado lejano de Chiapas, resultó una fugaz esperanza frustrada. Después de la ruptura en el PRI en 1987 con la salida de Cuauhtémoc Cárdenas --hijo de uno de los presidentes más venerados por el PRI, Lázaro Cárdenas--, las elecciones de 1988 decepcionaron a muchos: el resultado no fue creíble, pero el PRI controlaba las instituciones e impuso la victoria cuestionada de Carlos Salinas de Gortari. Con habilidad, Salinas reconstruyó el PRI y recuperó en las elecciones de 1991 las posiciones legislativas perdidas. En ese sexenio México firmó el tratado comercial con los EE. UU. y Canadá y reactivó la economía.

El pronunciamiento guerrillero del EZLN y su jefe el subcomandante insurgente Marcos el 1 de enero de 1994 sorprendió al país y al mundo, pero no por el hecho de ocurrir porque ya habían surgido muchos otros grupos guerrilleros. Lo que llamó la atención fue la imagen fresca, simpática y humorística de Marcos y la respuesta no autoritaria del gobierno de Salinas.

El EZLN declaró la guerra al ejército federal, anunció que avanzaría desde San Cristóbal de las Casas, a 750 kilómetros, hasta el Palacio Nacional en la capital de la república y exigiría la renuncia del presidente Salinas para imponer un nuevo gobierno popular; hasta aquí la versión castrista-cubana de EZLN.

La guerrilla, sin embargo, avanzó poco: a diez días de la declaración de guerra, los guerrilleros fueron frenados por el ejército en el mercado de Ocosingo, un municipio a 150 kilómetros de la capital estatal Tuxtla Gutiérrez. Luego de una sangrienta batalla, los guerrilleros fueron replegados y el gobierno de Salinas enfrentó la decisión de fuerza: perseguirlos y aplastarlos con más batallas y más muertos o abrir una negociación de paz. La salida fue la paz.

Con esa decisión, el sistema político priísta neutralizó la guerra y le quitó la bandera política a la guerrilla. El EZLN se sentó a negociar una agenda indígena que nada tenía que ver con el cambio de régimen y el gobierno priísta garantizó la institucionalidad. El ambiente se enrareció más con el asesinato del candidato presidencial priísta Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo y en las elecciones presidenciales de agosto ganó el PRI casi sin impugnaciones de fraude; el miedo había regresado al PRI a la sociedad irritada.

El año de 1994 mostró una guerra de estrategias, personalidades y enfoques políticos entre el presidente Salinas de Gortari y el líder guerrillero Marcos, el primero forjado en el ejercicio del poder y el segundo solo en el espacio mediático de los comunicados escritos. Marcos abandonó la reforma de régimen, se centró en la agenda indígena, negoció una paz que le impide a la fecha regresar a las armas, fracasó en su intento de aprobar el concepto de naciones indígenas en la Constitución, perdió su carisma en el 2000 cuando arribó a la Ciudad de México protegido por policías y militares a los que había combatido y decidió defender agendas radicales de lucha por la tierra de grupos minoritarios.

Marcos fue un universitario que pasó a la guerrilla en Chiapas en los ochenta, cuando ya los grupos guerrilleros habían sido aplastados por fuerzas de seguridad. Su formación ideológica fue castrista, cubana, foquista, sin cuadros políticos con formación política, en tiempos en que el Partido Comunista Mexicano había abandonado la línea de ruptura institucional y se había legalizado en 1978 para participar en la lucha partidista, electoral y parlamentaria.

Con un buen impacto de imagen, Marcos potenció su figura individual, no supo liderar los grupos disidentes, nunca se entendió con el PRD como la fuerza partidista fusionada de excomunistas y expriístas, no se interesó por construir un partido y en las elecciones presidenciales de 1994, 2000, 2006, 2012 y 2018 se encerró en la selva chiapaneca repudiando el institucionalismo. A pesar de que nunca entregó las armas, tampoco optó por reactivar la guerra guerrillera.

El escenario político mexicano cambió por Marcos, pero Marcos nunca pudo darle un nuevo sentido político al sistema priísta. Casi de modo autopoiético, el régimen priísta se autorreformó hacia la democratización institucional y controlada, ya sin una izquierda socialista o armada. La última foto en diciembre mostró a un Marcos pasado de peso, ya sin municiones verbales dialécticas en su discurso. La victoria populista de López Obrador lo marginó más de la lucha abierta.

México cambió mucho en 25 años por Marcos pero sin Marcos. El péndulo derecha (PAN)-centro (PRI)-populismo (PRD-Morena) exhibe la institucionalización política que tuvo en la guerrilla de Marcos y el EZLN el detonador definitivo. Pero México sigue siendo el mismo con el priísmo estilístico de López Obrador.


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@carlosramirezh
18 Enero 2019 04:00:00
Estrategia de seguridad y GN, sin memoria de lo prometido en 2008
La revisión de todos los discursos ayer en el periodo extraordinario de la Cámara de Diputados para aprobar la ya aprobada Guardia Nacional fue el tercer déjà vu en clave de dos fracasos anteriores: El Acuerdo de Seguridad del 21 de agosto de 2008 por el caso Martí y las promesas del 14 de octubre del 2011 por el caso del hijo del poeta Javier Sicilia.

Las dos crisis de seguridad que movilizaron a la sociedad mexicana para exigir resultados ocurrieron durante el sexenio panista de Felipe Calderón y sobre todo a lomo de su estrategia de seguridad al lanzar a las fuerzas armadas en apoyo a las fuerzas policiales en contra de los cárteles del crimen organizado. Con Peña Nieto estalló la crisis de Ayotzinapa y denuncias de abuso de fuerza, pero no llevaron a un replanteamiento de su estrategia continuista porque se trataron en ministerio público.

La reunión más importante fue la del 2008 porque marcó dos puntos clave: la aprobación de un plan de modernización de la justicia policial y penal y la maldición del empresario Alejandro Martí, padre del joven asesinado, de que “si la vara está muy alta y no puede, renuncien”.

En el gobierno lopezobradorista, el Plan de Paz y la creación de la GN carecieron de un diagnóstico de crimen y la situación del aparato de justicia y sobre todo sin una evaluación crítica del fracaso del Acuerdo de 2008 en el que estuvieron involucrados muchos de los políticos y funcionarios hoy en el poder. Inclusive, el propio López Obrador, en el 2008 en confrontación contra las instituciones y con el cargo de presidente legítimo, afirmó que las propuestas de Calderón eran cuestionables y agregó que “en esencia prepone un nuevo modelo policiaco”, “es pura faramalla” y para ir a fondo entonces debería “cambiar la política económica” --que hoy es la misma del gobierno de AMLO-- y destituir “cuando menos” al secretario de Gobernación (Juan Camilo Mouriño) y al de Seguridad Pública (Genaro García Luna).

Pero lo interesante y novedoso del Acuerdo del 2008 fue no sólo propuestas de reorganización, sino que se le dieron plazos calendario muy precisos: de los 74 compromisos con fechas de realización, apenas se atendieron los más fáciles; los demás quedaron en el limbo burocrático. Y pese al reclamo del poeta Sicilia por el asesinato de su hijo en un conflicto de cantina que el muchacho no inició pero que enardeció a sicario, Calderón y Peña Nieto se olvidaron de sus promesas.

En acuerdo del 2008 fue exacto:

--4 meses para modelo de control de confianza.

--1 año para centros de control de confianza.

--1 año para evaluación permanente de funcionarios de seguridad.

--6 meses para un sistema nacional de desarrollo policial.

--2 años para un sistema de desarrollo de ministerios públicos locales.

--6 meses para apoyar a estados y municipios con crisis de seguridad.

--6 meses para acabar con narcomenudeo.

--18 meses para fortalecer la Subprocuraduría Especializada contra Delincuencia Organizada.

--6 meses para una estructura contra el lavado de dinero.

18 meses para fortalecer ministerios públicos federales.

--6 meses para red de atención a víctimas.

--6 meses para controlar celulares.

--3 meses para estructura de denuncias contra la corrupción.

--6 meses ara un sistema único de información criminal.

--Y, entre otras, 2 meses para la creación de un observatorio ciudadano para vigilar el cumplimiento de los compromisos.

Nada se hizo y la inseguridad escaló por el fracaso de lo que se prometió arreglar.

El diagnóstico del 2008 reconoció el fracaso del Estado y “el deterioro institucional y estructural, el “alto grado de impunidad” y, lo más grave, “el control territorial” de grupos criminales sobre territorios de la soberanía del Estado.

Este diagnóstico de 2008 y los compromisos asumidos apabullan la estrategia del gobierno entrante de centrar el éxito de su estrategia en la Guardia Nacional con personal de policía militar y policía naval, porque el problema es de estructuras policiales, de seguridad, del Estado y de la sociedad que protege a criminales.

Los compromisos del 2008 revelaron lo inservible de la estructura de seguridad, justicia y penal y la Guardia Nacional será sólo un organismo operativo en vigilancia y persecución de delincuentes. Paradójicamente, el modelo de la GN y el Plan de Paz se parece al que López Obrador en 2008 calificó de modelo policiaco calderonista, sin contenido social, sin reorganización del Estado y sin programas sociales efectivos y no solo asistencialistas.

Peor aún, el Plan de Paz de López Obrador es menor al Acuerdo de Calderón, aunque con las pruebas de que el del 2008 fue demagógico y se abandonó apenas firmado.

Y si la bancada de Moderna llevo la consigna presidencial de aprobar la GN, la oposición resultó mediocre porque un pudo hacer una revisión crítica de lo prometido en 2008 y 2011 ni exigió rendición de cuentas de lo fracasado.

Política para dummies: La política que no revisa sus errores está condenada a… acumular fracasos.

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@carlosramirezh
17 Enero 2019 04:00:00
La Guardia, ineficaz; la clave de seguridad está en la inteligencia
Los debates sobre la configuración real y formal de la Guardia Nacional servirán para la construcción de otro cuerpo operativo contra la inseguridad; sin embargo, la clave para abatir al crimen organizado y desorganizado se encuentra en un territorio abandonado por el Estado o usado para menesteres políticos de facciones: la inteligencia como acopio y procesamiento de información.

El error de todos los gobiernos posteriores a la crisis del 68 e incluyendo al de López Obrador consiste en el enfoque ingenuo sobre los enemigos del Estado: sólo el pueblo salva al pueblo; pero el pueblo, sin el dominio ideológico de los valores sociales de la Revolución Mexicana, se volvió mezquino, para decir lo menos.

El Estado debe seguir siendo el factor de equilibrio social, pero al mismo tiempo prepararse para combatir a organizaciones sin reglas ni escrúpulos en todos los niveles de la criminalidad. La ofensiva contra los huachicoleros es un ejemplo: el gobierno cerró la válvula del producto, pero afectó a la sociedad consumidora de gasolinas y de paso no se ha decidido a procesar a las decenas de bandas y sus protectores políticos y económicos. La razón: el gobierno desconoce esa organización criminal como estructura de poder.

La Guardia Nacional debe ser una cuarta parte de la estructura de seguridad del Estado; otras dos son igualmente importantes: la estructura militar operativa y la estructura civil-política; pero la cuarta es decisiva: la inteligencia como acopio y procesamiento de información criminal, civil y política de los adversarios o enemigos del Estado.

La estrategia de seguridad de López Obrador se ha centrado en la GN y cometió el error de someterla a consenso social y legislativo donde predomina una mayoría antisistema y antiestado. Salga lo que salga esta semana en la Cámara de Diputados sobre la GN, la estructura de la Guardia estará acotada por los remiendos.

La única posibilidad de que el gobierno lopezobradorista logre abatir al crimen organizado y desorganizado será con una estructura de inteligencia. El Centro de Información y Seguridad Nacional (CISEN) fue un organismo maldito del gobierno, todos lo usaban y nadie le daba su utilidad real. El gobierno de López Obrador lo desmanteló y lo redujo a Centro Nacional de Inteligencia (CNI) adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, o sea, a labores policiacas.

Las organizaciones criminales organizadas y desorganizadas son bandas que luchan contra el Estado. Y en el caso de los huachicoleros, el CNI retrocedió del espacio político de Gobernación al policiaco de la Secretaría de Seguridad y se le entregó al general Audomaro Martínez Zapata, un militar ya distante de las doctrinas de seguridad del ejército y del Estado y sometido al control del presidente López Obrador. Su principal contradicción radica en asumir las tareas del CISEN-Gobernación para la seguridad del Estado, pero como CNI-SSPC para acotadas tareas de seguridad pública.

La nueva política de seguridad carece de una estructura de centralización de políticas y decisiones. Es decir, se trata de una estrategia que no es estrategia.

En el fondo, la crisis de seguridad, el debilitamiento del Estado, la complicidad institucional con las bandas criminales, los acotamientos a la respuesta gubernamental de seguridad y los miedos a efectos colaterales civiles han creado limitaciones a la política gubernamental de seguridad y han beneficiado a los criminales.

A México le llegó la hora de profesionalizar su seguridad. Hace falta un Consejo de Seguridad Nacional, una Agencia Central de Inteligencia, una Agencia de Seguridad Nacional y, sobre todo, como en los Estados Unidos, una Dirección Nacional de Inteligencia que coordina a las 17 oficinas civiles y militares que conforman la oficialmente conocida comunidad de inteligencia.

En México existen varias oficinas de inteligencia: la militar, la naval, la aérea, la policiaca, la política y la financiera, pero persiste la carencia de una oficina que centralice la información. Todos los presidentes le han tenido miedo a la centralización de las labores de inteligencia, pero esos temores han llevado a la ausencia de información para la seguridad del Estado. La inteligencia política de Gobernación fue destruida por Manuel Bartlett como secretario de Gobernación, cuando la Federal de Seguridad se vio involucrada en el asesinato del columnista Manuel Buendía y, sobre todo, cuando sus jefes aparecieron protegiendo a los primeros cárteles del narcotráfico con credenciales de la DFS firmadas por el propio secretario de Gobernación.

De poco servirá la GN como Frankenstein civil-militar si no va acompañado de un servicio de inteligencia articulado. La actual Policía Federal y la Gendarmería han demostrado su incapacidad por quedarse en lo operativo por tener servicios ineficaces de inteligencia. Sin inteligencia, la GN será otra policía grandotota.

Política para dummies: La política es inteligencia como reflexión, pero es más inteligencia como acopio de información privilegiada.

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@carlosramirezh
16 Enero 2019 04:00:00
Sin ley de seguridad interior, el Plan de Paz de AMLO fracasará
Los militares fueron llamados a labores de apoyo a la seguridad pública en diciembre de 2006 cuando los civiles habían fracasado: Policías, jueces, funcionarios de los tres niveles y hasta medios formaban parte de la estructura de poder del crimen organizado. López Obrador afirmó primero que los militares regresarían a sus cuarteles y luego propuso la formalización de la participación militar en seguridad pública.

La iniciativa lopezobradorista para la creación de una Guardia Nacional con efectivos y mandos militares se aprobó en las comisiones legislativas y se desaprobó en las audiencias públicas. Estas vacilaciones gubernamentales responden a la falta de una doctrina de seguridad del Estado que debiera ser el principio rector de los gobiernos. El movimiento estudiantil del 68 demostró la disminución de la legitimidad del Estado, sin espacios de apertura democrática para la disidencia y la oposición.

El procedimiento de participación de las fuerzas armadas en labores de apoyo a la seguridad pública (Calderón y Peña Nieto) y ahora con López Obrador se ha hecho sin ningún método. Antes de enviar a militares y marinos a combatir delincuentes, el gobierno como Estado debió haber definido primero tres principios rectores: Una doctrina de seguridad interior, una ley de seguridad interior y una doctrina de defensa nacional.

Las estrategias de seguridad de Calderón, Peña Nieto y López Obrador han sido improvisadas. El punto más sensible fue el repudio del candidato López Obrador a la participación de las fuerzas armadas en labores de apoyo a la seguridad pública y la decisión del presidente López Obrador, luego de recibir de los militares información de inteligencia del tamaño del problema de la inseguridad, de profundizar la militarización de las fuerzas de seguridad. Lo malo del gobierno actual fue su impreparación para defender la iniciativa de la GN y de su Plan de Paz.

López Obrador, la renacida Secretaría de Seguridad y el Plan de Paz no funcionarán si antes no se resuelve el problema conceptual-político-de poder de la seguridad interior, un concepto que viene de la Constitución de Cádiz de 1812 y que se reproduce en las tres constituciones aprobadas en el Congreso. La clave en este concepto radica en que el escalamiento de capacidad ofensiva y de corrupción de los grupos criminales ha convertido la seguridad pública del ciudadano en un tema de seguridad interior del estado.

Si el gobierno de López Obrador no le entra a la reglamentación de la seguridad interior, su plan carecerá de posibilidades de ganar la lucha contra la delincuencia, con o sin GN y con o sin fuerzas armadas. Hay, cuando menos, tres esfuerzos de fijación de los principios de seguridad interior.

1.- EL Glosario de Términos del Colegio de Defensa Nacional de la Sedena, que forma parte del cuerpo doctrinario educativo de los militares, dice:

“Función del Estado, de velar por la seguridad y el orden interno manteniendo así el imperio de la Constitución y demás leyes que de esta emanen, para generar las condiciones necesarias para el desarrollo de la nación; obteniendo y controlando actos antisociales o contra el Estado, llevadas a cabo por personas o grupos transgresores de la ley, cuya actuación delictiva se encuentra previsto por las leyes del fuero común y federal”.

2.- El Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 del gobierno de Peña Nieto asumió los considerandos militares:

“Condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional”.

3.- El Plan de Paz de López Obrador contiene un primer párrafo que podría decirse que asume puntualmente el concepto del Estado-Leviatán de Thomas Hobbes de 1651 que fundó la teoría del Estado-autoridad:

“La seguridad de la gente es un factor esencial del bienestar y la razón primordial de la existencia del poder público: El pacto básico entre este y la población consiste en que la segunda delega su seguridad en autoridades constituidas, las cuales adquieren el compromiso de garantizar la vida, la integridad física y el patrimonio de los individuos. Para ello están dotadas de facultades e instrumentos como leyes y reglamentos, organismos de procuración e impartición de justicia y el uso exclusivo de la fuerza pública. Cuando las instituciones son incapaces de utilizar adecuadamente tales potestades y herramientas y fallan en su responsabilidad de preservar la vida, la integridad y la propiedad de las personas y las poblaciones, entra en crisis su primera razón de ser, se debilita el acuerdo que articula las instituciones a la sociedad, se degrada la calidad de vida y se pone en peligro la existencia misma del Estado”.

Sin doctrina, ley y definiciones legales de seguridad interior, la seguridad pública seguirá al garete.

Política para dummies: La política es el ejercicio del poder legitimado ante poderes ilegítimos.


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@carlosramirezh
15 Enero 2019 04:00:00
La Guardia Nacional será otra PF; su mando, a los civiles que fallaron
1.- Las vacilaciones, los avances y retrocesos y la falta de confianza en su propio proyecto llevaron al presidente López Obrador a fracasar su propuesta-eje de seguridad pública: La Guardia Nacional.

2.- Se dijo desde el principio: Las consultas y audiencias públicas sirven para fortalecer una decisión ya tomada o como pretexto para destruirla.

3.- La decisión presidencial durante las audiencias cambiaron el sentido original. El Gobierno federal cedió en las tres partes fundamentales que le darían al nuevo cuerpo la fortaleza que perdieron las instituciones de seguridad en doce años de lucha contra el crimen organizado y treinta y cinco años desde que estalló la crisis en 1984 con la revelación de los mariguaneros en el campo y el asesinato del columnista Manuel Buendía, cuando se disponía a publicar datos de las complicidades oficiales con los cárteles.

4.- Los cuatro retrocesos dejaron las cosas como estaban antes del compromiso presidencial de la GN: Mando civil de la GN a pesar de que el comisario general actual de la Gendarmería es un marino, fragmentación de competencias institucionales para no quitarles el poder y acceso a recursos presupuestales a gobernadores y alcaldes, demasiados controles que llevarían al nuevo cuerpo a operar evitando recriminaciones y no combatiendo al crimen organizado y exclusión de los superdelegados federales de temas de seguridad, dejándole a gobernadores y alcaldes manos libres en ese tema.

5.- El mando civil a la GN no haría más que regresar al modelo fracasado de policía federal con mando civil.

6.- El problema operativo mayor estará en la incorporación de severos policías militares y navales como parte fundamental de los efectivos de la GN, pero ponerlos ahora bajo el mando de un civil acotado por las restricciones prioritarias y funcionamientos burocráticos.

7.- A pesar de que las quejas, sentencias y recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra las fuerzas de seguridad civiles-militares desde 2007, han sido proporcionalmente menores al total de efectivos desplegados, número de operaciones desarrolladas y desarticulación del crimen organizado con la mayoría de sus cabecillas muertos, presos o extraditados. Con la GN el congreso privilegió el respeto vigente a garantías y derechos por encima de la capacidad criminal de las bandas delincuenciales.

8.- La GN era el eje del Plan de Paz del gobierno del presidente López Obrador porque anunciaba una fase de ofensiva contra la delincuencia en general --carteles de narcos y bandas delictivas en otras especialidades-- aprovechando el entrenamiento de las policías militar y naval en tareas de investigación y confrontación, pero con mando civil el espíritu castrense de disciplina, lealtad y valores no será utilizado porque los efectivos castrenses tendrán que descender a los niveles de policías federales preventivos.

9.- El debate sobre la militarización de la GN fue falaz porque en la conformación de la Policía Federal y en la Gendarmería ya había habido un traslado de policías militares a labores de seguridad civil.

10.- El debate sobre violaciones de derechos humanos por efectivos militares en operaciones del 2006 al 2018 fue menor en cifras con respecto a la estridencia mediática. De 10 mil 637 quejas presentadas en dos sexenios, la CNDH concluyó apenas 133 recomendaciones de casos investigados y probados (1.2%), sobre un total de casi 215 mil efectivos militares y sólo 45 mil asignados a la lucha contra el crimen organizado civil. La estridencia de la CNDH magnificando casos ha servido sólo para posicionar en escalas burocráticas a su presidente Luis Raúl González Pérez --ahora busca la rectoría de la UNAM-- y para ocultar su incapacidad para defender a la sociedad ante el abuso policiaco a costa de debilitar a los organismos de seguridad. Hay una correlación entre las denuncias de la CNDH contra el aparato de seguridad y el aumento de la inseguridad en zonas acotadas por disminución de operatividad.

11.- Del asesinato del columnista Manuel Buendía en mayo de 1984 al 10 de diciembre de 2006 que arrancó la guerra del gobierno de Felipe Calderón contra el narcotráfico usando fuerzas militares en nombre de la seguridad interior, el crimen organizado se había asentado en zonas territoriales de la soberanía del Estado nacional y gobernaba municipios y hasta estados en su totalidad y lo hacía con la complicidad de políticos, funcionarios, policías y la misma sociedad. Hoy, doce años después de esa guerra, el Estado recuperó esos territorios, encarceló y deportó a capos y desarticuló los carteles.

12.- López Obrador tuvo muchas oscilaciones respecto a la seguridad y avanzó-retrocedió en materia de la GN. Su propuesta de nuevo cuerpo con efectivos militares en labores de seguridad policiaca fue audaz y era el paso necesario para una nueva fuerza de seguridad; sin embargo, aceptar el mando civil limitar la acción federal demeritará la autoridad del próximo jefe civil policiaco de la GN.

Política para dummies: La política se mide por sus resultados, y los medios sólo sirven para saber en qué se fracasó.

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@carlosramirezh
14 Enero 2019 04:00:00
Guardia Nacional paga descuidos, errores y contradicciones de AMLO
El presidente López Obrador, la creación de la Guardia Nacional y el papel preponderante en su arranque de mandos militares están pagando los errores, contradicciones, descuidos y costos del discurso de campaña del candidato López Obrador: se comprometió que los militares regresarían a sus cuarteles y acusó a las fuerzas armadas de represoras. Ese discurso ha empedrado el camino de la GN con mando y cuadros militares como el único camino en la nueva estrategia de seguridad,

Los opositores a la GN con mandos militares han usado las argumentaciones del candidato López Obrador. Sin embargo, el presidente López Obrador posee información estratégica que concluye que las fuerzas armadas son las únicas con capacidad, entrenamiento y valores para construir un nuevo cuerpo de seguridad preventivo y operativo contra el crimen organizado.

La organización de las audiencias públicas fue otro error estratégico porque los sectores favorables a la creación de la GN han perdido la batalla semántica y política contra quienes de manera estridente se oponen a ese cuerpo. Lo paradójico es que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados está obligada a aprobar la iniciativa presidencial, pero a la hora de las discusiones serias los morenistas apoyan a los opositores.

La creación de la GN tiene tres puntos inevitables:

1.- No será un cuerpo de adorno, sino que formará parte de una política de Estado. Por tanto, no puede ser sujeto a simpatías. Luego del fracaso de la policía judicial, la policía federal y la gendarmería, la lucha contra el crimen organizado y desorganizado --cárteles, bandas y delincuencia al menudeo--, la única salida será la de la GN. Pero si por esa prioridad de Estado del gobierno de López Obrador carece de apoyo de sus propios aliados, entonces lo que salga de la Cámara de Diputados será un remedo de cuerpo profesional de seguridad. Lo que le queda al gobierno es repetir el numerito de la consulta tramposa sobre el aeropuerto para que la consulta sobre la GN gane sobre sus opositores.

2.- La militarización de la seguridad pública es un discurso tramposo. Los militares que participan en apoyo a labores de seguridad dependen directamente del mando civil superior: el presidente de la república, además de que sus errores y excesos son castigados por la autoridad civil. Lo que aportan los militares es experiencia, enfoques estratégicos, principios de seguridad, disciplina y valores patrióticos. Los militares, por el fracaso de la seguridad civil, representan la última línea de defensa del Estado y de la sociedad ante el poder criminal, armado y corruptor de la delincuencia.

3. La oposición de gobernadores al mando civil en la GN tiene que ver con el hecho de que el nuevo cuerpo de seguridad acabaría con el negocio de los recursos de seguridad, las complicidades con el crimen organizado y el poder absoluto de los mandatarios estatales como verdaderos Califas. El fracaso estatal y municipal de la seguridad se le debe acreditar a los gobernadores y alcaldes. El caso del huachicol, por ejemplo, involucra complicidades de funcionarios, empleados y trabajadores de Pemex y autoridades estatales y municipales. La creación y funcionamiento de la GN implicaría una redistribución del poder a favor de la federación y en contra de los Califas estatales y municipales.

Por más popular que quiera ser un gobierno, hay decisiones de Estado que escapan de la consulta al pueblo. Pero con la circunstancia agravante de que la presencia de militares en labores de seguridad pública ha sido aplaudida, consolidada y apoyada por la sociedad en los territorios ocupados o dominados por las bandas del crimen. La indisciplina, desorganización, actos de corrupción, bajo armamento y escasez de recursos contribuyeron a la ineficacia en las acciones de la policía federal y la gendarmería.

Por tanto, el debate sobre la GN nada tiene que ver con los derechos humanos, sino que su trasfondo afecta inclusive el financiamiento público a organizaciones no gubernamentales que operan como complicidad formal o informal. La exigencia de un mando civil inicial en la GN va a beneficiar a las bandas delincuenciales, a los poderes estatales y municipales y a las propias ONG’s, porque el nuevo cuerpo nacería con un mando débil, politizado e ineficiente, porque en estos doce años de inseguridad creciente el gobierno y el Estado no pudieron crear cuadros policiales directivos civiles con capacidad y liderazgo.

Y al final de cuentas, la GN no será un cuerpo de seguridad como poder autónomo, sino que dependerá en sus funciones de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y en última instancia del Presidente de la República como jefe de gobierno y su funcionamiento tendrá que acatar no sólo la vigilancia crítica de sociedad y medios, sino de los poderes legislativo y judicial.

Si la GN no nace o surge mutilada, habrán ganado los malos.

Política para dummies: La política es el arte de enredar lo sencillo, pero para obtener beneficios y no para perder lo ganado.

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@carlosramirezh
13 Enero 2019 04:00:00
Cuba: Lo que nunca fue
A lo largo de 66 años --desde el asalto al Cuartel Moncada-- y 60 como gobierno Cuba ha sido más bien una nostalgia de lo que no fue; y peor, de lo que siempre se supo que no sería, pero que había que mantener como un contrapeso ideológico de lo que pudiera ser.

Tres datos, entre muchos:

1.- En su famoso discurso “Condenadme, no importa, la historia le absolverá”, el jefe guerrillero Fidel Castro hizo una apología de la lucha por la democracia occidental ante la dictadura de Batista. En enero de 1959 Castro se apoderó del gobierno, se lo heredó a su hermano Raúl en el 2006 y en el 2018 Raúl Castro puso a un regente al frente de la presidencia cubana.

2.- Mientras en la Plaza de la Revolución en julio de 1959 había una fiesta para celebrar desde el poder el aniversario del inicio de la revolución con el asalto al Cuartel Moncada, en el Palacio el guerrillero Camilo Cienfuegos, tímido, avergonzado y disciplinado, arrestaba al comandante Hubert Matos por haber señalado que Fidel Castro iba a instaurar el comunismo en Cuba bajo el discurso de la democracia. Por cierto, en esa fiesta en la Plaza estaba el expresidente mexicano Lázaro Cárdenas, defensor de la revolución cubana.

3.- A mediados de 1961, para justificar un acto de censura cinematográfica que se extendió a la censura literaria, Fidel Castro pronunció su frase más revolucionaria: “Con la revolución, todo; contra la revolución ningún derecho”. Ahí nació el control de la creación intelectual que llevaría a intelectuales pro Castro en 1971 a romper con la revolución por el arresto del escritor Heberto Padilla. Esta historia en 1971 tendría un testimonio histórico: La novela realista Persona non grata, del escritor y diplomático chileno Jorge Edwards.

Cuba pasó de sueño a símbolo y derivó en pesadilla. Por eso sus excesos casi no importaban. Fidel Castro representó la posibilidad tropical de un comunismo diferente al soviético, en América más bailador y sentimental que el burocrático de Moscú, aunque los dos igualmente dañinos como utopía. A Fidel le perdonaron todo: desde su concepción dictatorial de la realidad y las decisiones de gobierno, hasta su negociación secreta con la Casa Blanca para seguir existiendo después del fracaso de la crisis de los misiles en octubre de 1962.

El problema en América radicó en la inexistencia de una alternativa a la lógica capitalismo estadunidense-comunismo soviético. El eurocomunismo de los setenta no pudo consolidarse como proyectos de gobierno y el socialismo de derechos sociales --la verdadera izquierda nacida en la Asamblea Nacional de la Revolución Francesa-- devino en socialdemocracia de mercado. En América el socialismo de instituciones ni siquiera ha llegado a socialdemocracia y se ha ahogado en populismos redentores de caudillos terminales.

Nadie esperaba ya un recuerdo simbólico de Cuba el pasado 1 de enero. En términos institucionales, Cuba perdió el simbolismo como revolución alegre en 1971 con el caso Padilla y la ruptura con intelectuales y medios y se convirtió en el Estado cubano con más vicios que virtudes. En el 2003 la ruptura de José Saramago con el socialismo autoritario cubano fue el último paso hacia la deslegitimación moral de la revolución guerrillera de 1953-1959.

Cuba sigue existiendo como un punto de referencia del comunismo autoritario de Estado, pero ya no como ejemplo de una revolución popular de los pobres para conseguir el bienestar. Cierto: Cuba tiene el más alto índice de salud y educación, pero mantiene vivos y educados a los cubanos para lamentar la falta de empleo, oportunidades y bienestar. La revolución se agotó en la socialización de la pobreza, en la depauperación del pueblo y el aburguesamiento de sus líderes revolucionarios.

Los últimos apadrinamientos de la revolución cubana han terminado en un desastre social, político y económico: Venezuela y Nicaragua, los dos debido a la mano astuta de Fidel Castro. Venezuela se está deshaciendo como sociedad y como nación y Nicaragua se consolida de manera paradójica como una dictadura al estilo somocista; esas dos revoluciones fueron un sueño que terminó en pesadilla. Y aunque Castro no condujo el proceso chileno, sus consejos a Salvador Allende no lograron el experimento de un socialismo por la vía electoral-democrática.

El 66 aniversario del inicio formal de la guerrilla castrista y el 60 aniversario de la conquista del poder mostraron a una Cuba triste, sin futuro, dominada por el discurso castrista de que más vale vivir cubano pobre que cubano capitalista con desigualdades sociales. Lo significativo es que paulatinamente Cuba se abre más a la dinámica de mercado capitalista, aunque de manera vergonzante que más bien pudiera conducir a un capitalismo-comunista --un verdadero oxímoron-- que tampoco solucionaría las exigencias crecientes de libertad, democracia y mercado.

La Cuba de hoy no es la alegre de la guerrilla, del sueño de justicia y bienestar, de una nueva forma de democracia; los testimonios recientes de quienes han viajado a Cuba muestran un país anulado, pobre, cayéndose a pedazos, con una sociedad sumisa ante el poder y violando la ley con negocios individuales que han regresado ese individualismo egoísta que no debió de tener el nuevo hombre que vislumbró El Ché Guevara en 1965.

Lo que queda claro es que Cuba ya no es un referente del socialismo ideal, a pesar de que figuras importantes de la academia y la política sigan exaltando a Cuba como el ejemplo socialista, como tampoco lo son China o Corea del Norte. El 2018 se recordaron en silencio los cien años de nacimiento de Karl Marx. Sin embargo, la crisis general del capitalismo podría sentar las bases del rescate teórico del socialismo como contrapunto del mercado y pudiera alentar los avances en el diseño ideológico de un socialismo democrático, de mercado y de justicia social.


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@carlosramirezh
11 Enero 2019 04:00:00
Censura cuando periodistas atacan a periodistas para defender a políticos
Uno de los indicios que revela elementos de descomposición en los regímenes populistas y de caudillos se percibe en la poca resistencia a la crítica. Pero el asunto entra en los linderos de la censura autoritaria cuando periodistas atacan a periodistas para defender a políticos, sacándoles a éstos las castañas del fuego.

La prensa nada tiene que hacer defendiendo políticos y gobernantes. El uso de la prensa para que los políticos ataquen a periodistas y adversarios es una perversa herencia del sistema político priísta.

En un ensayo provocador de 1932, el comunista Paul Nizan --compañero entrañable de Jean-Paul Sartre-- atacó a los profesores de filosofía que defendían a los regímenes conservadores y los caracterizó como “los perros guardianes”; en los EE.UU. los periodistas que critican al poder se asumen como “perros vigilantes”. Han sido los dos extremos.

El columnista y editor digital Federico Arreola, que fue asesor del candidato López Obrador en las elecciones del 2006, rompió lanzas contra el columnista Ricardo Alemán, conocido como el más severo crítico de López Obrador. Alemán conoció al tabasqueño en los noventa en el edificio de La Jornada donde el tabasqueño tenía unas oficinas sin ser periodista y mantuvo relaciones nada agradables porque sus despachos colindaban.

Lo malo de Arreola, en una columna última publicada en el sitio de El Sendero del Peje, no fue defender al presidente López Obrador, sino atacar sin reglas y a mordidas al columnista Alemán y de paso regañar al periódico El Debate --una cadena de varios diarios en Sinaloa-- por publicar los textos de Alemán. El dato no debe pasar de largo: Ningún periodista tiene la autoridad política o moral para delimitar la sección de colaboradores de los diarios, y menos cuando se trata de diarios prestigiados, con años de lucha contra los abusos del poder y con formación de empresa privada.

El título de la columna de Arreola dibuja al autor: ¿por qué el miserable periodismo de El Debate contra López Obrador?; Arreola ataca al medio y no al columnista crítico. La connotación critica del adjetivo miserable no sólo es desproporcionadamente ofensivo, sino que hace asumir a su autor la defensa apasionada del presidente en turno. Lo que queda por indagar es el papel actual de Arreola con López Obrador, porque el presidente en funciones suele azuzar a sus aliados para criticar a sus críticos como perros de presa, como lo confirman los textos incendiarios del otro asesor funcional: Epigmenio Ibarra.

Toda la historia de credibilidad, lucha contra el poder y papel social responsable frente a sus lectores de los periódicos El Debate fueron desprestigiados por Arreola por el solo hecho de que esa cadena publica, en su derecho como empresa privada, las columnas de Alemán. Pero en lugar de criticar el contenido de las columnas de Alemán, Arreola utiliza el viejo esquema de desprestigiar al autor y al medio que lo hospeda. En realidad, Arreola carece de argumentos analíticos y periodísticos para refutar a Alemán y por eso se lanza contra su credibilidad.

Llamar “miserable periodismo” al que practica El Debate no es en realidad un insulto sino una expresión de impotencia intelectual, política y moral. Y se completa con la cadena, llena de resentimiento apasionado, de insultos del periodista Arreola al periodista Alemán; desquiciado, odiador, enfermo, perverso, lucrados, resentido, loco…, entre otros.

Lo mas grave de la columna Arreola es que está armada para presionar a El Debate para que despida a Alemán de sus páginas, en los mismos estilos que Alemán ha sido despedido de otros medios --El Universal, La Jornada, Milenio--: por el contenido periodístico crítico de sus textos. Es decir, un periodista (ex)asesor de López Obrador sale en defensa de López Obrador y pide que el autor de la crítica contra López Obrador sea corrido --ya no digamos despedido, en términos de ley-- de un periódico.

Los periodistas no deben estar inmunes a las críticas, inclusive con estilos similares a los que usan para criticar; la polémica entre comunicadores es una especie de vacuna contra los excesos y los abusos de la prensa. Pero la columna de Arreola recuerda los estilos usados por el poder en los tiempos priístas para anular, inhibir, cuestionar y acallar a la crítica. Hay que recordar los lenguajes y acciones de Manuel Bartlett Díaz como secretario de Gobernación del presidente De la Madrid para quitarle --una verdadera expropiación por razones de censura-- la revista Impacto a Mario Sojo por el contenido crítico de muchos de sus colaboradores.

Mal comienza el presidente López Obrador si permite abusos autoritarios de sus simpatizantes contra la crítica justo en los momentos en que en El Financiero afirmó que nada haría contra la libertad de expresión. Y aquí no opera el argumento de que Arreola se manda por sí mismo, porque su cercanía a poder lopezobradorista le confiere al columnista facultades plenipotenciarias.

Política para dummies: La política es el territorio del debate para evitar el uso de la fuerza autoritaria.


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@carlosramirezh
10 Enero 2019 04:00:00
Gasolina, huachicol, desabasto, negación y ¿chalecos amarillos?
Un aumento en los impuestos a las gasolinas en Francia inició en octubre del año pasado un masivo movimiento de protesta social contra el presidente Emmanuel Macron, escaló la violencia y tiene a las autoridades contra la pared. La movilización de los chalecos amarillos produjo ya la caída de un ministro y el propio Macron está tambaleándose.

Las gasolinas han sido un punto sensible en la economía y la estabilidad social de México. Se trata de un precio relativo conectado a otros precios por su uso en el transporte de alimentos. El candidato López Obrador hizo de su compromiso de bajar el precio de las gasolinas una de las banderas que le dieron muchos votos, pero el presiente López Obrador entendió la lógica económica y sólo pudo darles a los precios de combustibles una relación inflacionaria.

Cuando todavía no se apagaba en las benditas-malditas redes sociales las quejas amargas por el aumento inflacionario de las gasolinas --subir en el mismo porcentaje que la inflación nacional, una decisión improvisada, mediática, espectacular y sobrevendida en el discurso oficial --cerrar las llaves de ductos de gasolinas para evitar el robo de gasolina-- derivó en un desabasto lógico e inevitable. La negación oficial de derrumbo estrepitosamente cuando la falta de gasolinas ocurrió en la sensible Ciudad de México.

Ni la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, ni el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, salieron a encarar la crisis y el presidente López Obrador cometió el error estratégico en comunicación de centralizar las justificaciones con argumentaciones de la lógica elemental, cuando la crisis requería de la lógica dialéctica. El nuevo gobierno se ha sostenido en sus primeros treinta y cinco días con el nono político del candidato López Obrador. Lo significativo radica en el hecho de que López Obrador sabe muy bien el papel sensible de los energéticos en la vida cotidiana, sobre todo cuando en 1996 apoyó a campesinos a bloquear la entrada a pozos petrolero en Tabasco y provocar desabasto local y alzas de precios. Hoy al tabasqueño le tocó estar al otro lado de la mesa y padecer los efectos de decisiones que afectan la continuidad de los principales insumos nacionales.

Hasta hoy no existen indicios de que se esté gestando una protesta por las gasolinas como el Francia la organizada por los transportistas afectados por el alza en precios, pero de todos modos no tardarán en organizarse movilizaciones que lleven chalecos amarillos como símbolos de otras luchas. Las primeras organizaciones de protestas por decisiones del gobierno de López Obrador se realizaren en torno al aeropuerto internacional en Texcoco, pero todavía sin sumar seguidores.

El error en México no es el mismo que el de Francia, pero sus efectos en la sociedad han sido los similares. El hecho de que la crisis de disponibilidad de gasolinas haya sido motivado por compras adicionales ante el temor del agotamiento del combustible creó situaciones de violencia social urbana, de todo creciente de insultos al gobierno y de temores por los efectos adicionales en precios y disponibilidad de alimentos por escasez de gasolinas en el transporte de bienes.

La psicosis urbana ha formado parte ya de la estabilidad social en grandes conglomerados urbanos fragmentados políticamente. La normalización de la vida cotidiana tardará unos días adicionales al momento en que la gasolina logre en la Ciudad de México una sobre oferta para garantizar el consumo.

En todo caso, queda pendiente el efecto político en la estructura de gobierno. La primera gran decisión de la administración lopezobradorista en Pemex exhibió la incapacidad del director Romero Oropeza y de la secretaria Nahle García, quien se encontraba en un partido de futbol a la hora del estallamiento de la crisis de abasto y se dedico a repetir que no había desbasto ni compra de pánico cuando las gasolineras exhibían colas de kilómetros a la espera de surgir combustible y al llegar a las bombas les racionaron el producto. Las redes se han convertido en factores multiplicadores del pánico social.

En Francia el presidente Macron reculó y anuló los ajustes en precios de las gasolinas y pronto va a hacer una reorganización --otra-- de su gabinete ante la profundización de la crisis social derivada en crisis política. La protesta de los chalecos amarillos se potenció por el aumento en los precios de las gasolinas, pero de manera inmediata se engarzó con el descontento social y político y llevó a la exigencia de renuncia del presidente y a la petición de adelanto de elecciones.

Si el presidente López Obrador sigue centralizando en su figura y sus conferencias matutinas la crisis de abasto de las gasolinas, el efecto será negativo en su bono democrático. Una cosa es que haya ganado las elecciones por encabezar el hartazgo social contra el PRI, el PEN y el PR y otra que no tenga funcionarios capaces de manejar decisiones estratégicas.

Política para dummies: La política se creó para solucionar problemas, no para aumentar los que ya estaban ni crear nuevos.


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@carlosramirezh
09 Enero 2019 04:00:00
Guardia Nacional: La Policía Militar sin violación de derechos humanos
Si el respeto a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad es un candado contra los abusos del poder, también puede ser un indicio de institucionalidad. La Policía Militar que será el eje de la Guardia Nacional no tiene ninguna recomendación en materia de violación a los derechos humanos.

El dato no es menor: Casi 25 mil policías militares forman parte de la totalidad de efectivos militares. El cuerpo especial de la Policía Militar fue una decisión estratégica y con visión de seguridad interior del anterior general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda en noviembre de 2014, como contexto del Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018.

A la distancia, la Policía Militar formó parte de la modernización de las fuerzas armadas y de la construcción de una estructura de control interno del Ejército; a mediados de 2015, la Secretaría de la Defensa Nacional creó su Dirección General de Derechos Humanos para adoctrinamiento de los efectivos en derechos constitucionales y para procesar quejas antes de llegar a los organismos civiles.

De acuerdo con datos reales, de 2007 a finales de 2018, los dos sexenios de la estrategia de lucha frontal contra el crimen organizado, el sector militar acreditó más de 10 mil 600 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos en la CNDH, apenas 151 involucraron a personal de la Policía Militar y ninguna ameritó recomendación de la CNDH por falta de evidencias o por aplicación a tiempo de correctivos militares.

La Policía Militar es uno de los cuerpos castrenses más efectivos en el mantenimiento de las leyes y reglamentos dentro del Ejército. Su profesionalización en 2014 con instalaciones propias fue un paso en la profesionalización del Ejército. El adiestramiento de sus efectivos es un poco diferente al de los soldados porque el orden interno en las fuerzas armadas es muy similar al civil: Respeto a la legalidad. Y no es tarea fácil cuando los soldados manejan armas.

La tarea más difícil en una sociedad organizada es el mantenimiento de la disciplina militar, con reglamentos y leyes aún más estrictas que las civiles. La participación de policías militares en la Guardia Nacional ayudaría a este nuevo cuerpo de seguridad a tener referentes concretos de disciplina interna como cuerpo policiaco, toda vez que los policías del sector civil carecen de entrenamiento en disciplina y son más propensos a la corrupción.

La participación de la Policía Militar en la Guardia Nacional le daría a la seguridad pública un nuevo enfoque estratégico con personal ya capacitado y entrenado en labores de vigilancia del cumplimiento de las leyes, a diferencia de los efectivos normales del Ejército que están capacitados para la confrontación con líneas claras de delimitación de derechos, pero rebasadas a veces en acciones operativas.

La formación educativa de los policías militares es especial, a diferencia de los policías civiles. El reglamento de la Escuela de Policía Militar, promulgado por el presidente panista Vicente Fox en abril del 2001, exige una capacitación de sus elementos mucho más estrictos y a fondos que las escuelas policiales que promueven generaciones al vapor. La calidad educativa en las aulas de la Policía Militar ha sido un ejemplo para otras organizaciones castrenses en el extranjero.

En este sentido, la oposición a la aprobación legal de la Guardia Nacional nada tiene que ver en los hechos con la participación de policías militares. No hay acceso a las cifras exactas de eficacia en la labor de los policías militares, pero el saldo se mide en el reconocimiento a la labor de este cuerpo especial. La Policía Militar es la encargada de hacer cumplir la disciplina militar, los reglamentos y las leyes que tienen que ver con los militares.

Las policías federales, estatales y municipales carecen de una estructura formativa de cuadros lo suficientemente sólida y enérgica como para cuidar la seguridad pública y atender las denuncias de la sociedad y el saldo se mide por las quejas contra sus comportamientos ilegales. Más que una militarización de la Policía, la incorporación de policías militares a la Guardia Nacional proveería al nuevo organismo de una estructura de organización, valores y disciplina que hoy carecen las policías tradicionales.

Al final de cuentas, a pesar de tener una connotación militar, los policías militares en la actualidad no se mueven por los principios militares de defensa de la seguridad interior y la seguridad nacional con armas ante enemigos de la nación, sino que su tarea es el cumplimiento estricto de las leyes y reglamentos militares y civiles por parte de soldados.

Los policías militares, en estricto sentido, no son militares, sino policías forjados en la disciplina militar para vigilar a militares en el cumplimiento estricto de las leyes. Esa garantía no la ha tenido hasta ahora ninguna de las policías creadas desde el 2000, lo que explica su fracaso.

Política para dummies: La política debería ser el esfuerzo de decidir para mejor, no para ganar y que los demás pierdan.

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@carlosramirezh
08 Enero 2019 04:00:00
La causa de la crisis huachicolera, en Transporte de Pemex-Logística
La estrategia gubernamental de seguridad del tema candente del huachicol o robo de gasolina por los ductos de Pemex se ha quedado en la superficie: Atacar el efecto cerrando la llave de ductos; sin embargo, la causa se encuentra en Pemex, la empresa cardenista ocupada por la corrupción.

Varias investigaciones --algunas de legisladores de la oposición-- han localizado el origen del conflicto en Pemex-Logística y sobre todo en la Subdirección de Transporte, cuyo titular Juan Francisco Rivera Cavazos sigue a cargo y sobre quien pesan señalamientos que cuando menos debieran llevar a investigaciones oficiales.

El robo de combustible no es cualquier cosa: Más de 30 mil millones de pesos constituyen un negocio operado con eficiencia: Grupos interceptan ductos, extraen gasolinas y las venden al consumidor o a gasolineras que obtienen producto a menores precios de los oficiales y con ello abaratan insumos y aumentan utilidades.

La decisión gubernamental de cierre de ductos ha impactado en escasez de gasolinas en cuando menos diez entidades de la república, cinco de ellas en situaciones de emergencia. Las protestas sociales podrían hacer ineficaces las medidas porque habrá que abrir las llaves nuevamente, pero sin tener garantizada la desarticulación del cártel del Huachicol.

El funcionamiento de la Subdirección de Transportes de Pemex-Logística, con cuatro años de funcionamiento, ha sido deficiente, pero sobre todo hay quejas de irregularidades que ameritaban investigaciones anticorrupción internas de la empresa Pemex y del Gobierno federal. Los huachicoleros operan en cuando menos 20 entidades de la república, involucrando a trabajadores de Pemex, delegaciones estatales y funcionarios de administraciones municipales y estatales.

Una de las funciones de la Subdirección de Transporte de Pemex-Logística es la vigilancia del robo de combustibles; pero pese a indicios que llevaran a una indagación muy a fondo, Rivera Cavazos fue ratificado por el gobierno lopezobradorista sin mediar pesquisas indispensables y a pesar de que el funcionario se ha negado a dar a conocer su declaración patrimonial.

Pero hasta ahora ninguna investigación oficial ha sido hecha para ir a las causas del robo de combustibles: El negocio del tráfico de combustible-robo no puede hacerse sin la complicidad de funcionarios de Pemex y de funcionarios gubernamentales estatales y municipales.

A pesar del tamaño criminal, social, regional y político del conflicto y de la multiplicación de complicidades por el robo de combustibles, la Subdirección de Transporte de Pemex-Logística decidió ahorrar fondos presupuestales terminando contratos con empresas privadas dedicadas a la investigación de tomas clandestinas y hacerlo con personal propio; el efecto fue obvio: el robo aumentó de manera escandalosa y las denuncias de complicidades de Pemex con los grupos huachicoleros también crecieron. Algunos especialistas han encontrado que el personal de la Subdirección de Transporte realiza reparaciones superficiales -“aparentes”, dicen expertos-- que no impiden el regreso de los ladrones de gasolinas. Una auditoria anticorrupción independiente podría probar que las reparaciones forman parte del negocio del robo de gasolinas.

El PRD en el Senado ha exigido una investigación a fondo del huachicoleo y la corrupción en Pemex, porque hay datos que llevarían al involucramiento de esa oficina en casos sonados de fraude como el de Odebrecht y de la empresa Conjunto de Servicios Industriales (CSI). Lo grave del asunto es que funcionarios de Pemex y miembros del sindicato han construido una verdadera mafia de corrupción y negocios ilegales en la paraestatal, sin que el nuevo gobierno hubiera tomado cartas en el asunto. El nuevo director de Pemex, el ingeniero agrónomo Octavio Romero Oropeza, llegó de fuera y sin tener personal propio experimentado en el manejo de la paraestatal y sólo sostenido por su vieja relación de amistad con el presidente López Obrador. Y si estos datos fueran irrelevantes, la parte más importante radica en su desconocimiento de los pasadizos secretos del petróleo en México.

El problema del huachicoleo está en Pemex, con un dato espectacular: el 70% de empleados detenidos por la ordeña de combustibles laboraba en Pemex-Logística.

GOBERNADORES. De los pendientes de fin de año estuvo la encuesta que repercutió en espacios políticos. Basado en encuestas a más de seis mil personas, la empresa Arias Consultores dio a conocer a finales de año su lista de calificación de gobernadores. Los tres primeros mejor aprobados fueron el yucateco Mauricio Vila, el tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca y el sinaloense Quirino Ordaz, con cifras arriba de 50%. En contraste, los peor calificados fueron el tabasqueño Arturo Núñez con 1.4% y el oaxaqueño Alejandro Murat con 9.7%. Destaca el hecho de que Quirino Ordaz es el único priísta que mantiene altas cifras de aceptación, luego de la debacle electoral del PRI el pasado 1 de julio, algo para analizar.

Política para dummies: La política es la habilidad para administrar los problemas, no para crear otros nuevos sobre los existentes

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@carlosramirezh
07 Enero 2019 04:00:00
AMLO: Qué quiere, qué no quiere; pero qué podrá y qué no podrá
Los cinco meses de interregno, los tres meses de ejercicio legislativo de su mayoría y su primer mes de gobierno han definido ya el perfil real del sexenio de gobierno de Andrés Manuel López Obrador en un dilema:

Si logró asimilar los deseos de cambio de sistema político de una mayoría de mexicanos que se desencantaron de la política priísta de 1970 a 2000, del panismo 2000-2012 y de la nueva oportunidad para el PRI en el 2012-2018, el López Obrador empoderado ha consolidado ya su propio proyecto de nación basado en una síntesis neoclásica --lo viejo y lo nuevo-- del PRI populista cardenista, del PRI presidencialista de Alemán a Echeverría y del neoliberalismo económico salinista.

El bono político de las elecciones perdió tasa de interés en el mercado social de apoyos-rechazos básicamente por el modelo de reorganización del Estado, porque no se ha tratado de rehacer para mejorar sino para desplazar a la clase gobernante del priísmo-panismo 1976-2018 y sustituirla por una amorfa neoburocracia morenista. Los burócratas que han logrado sobrevivir tuvieron que sacrificar salarios, nivel de vida e ideas y afiliarse a Morena.

El problema del proyecto político sexenal-transexenal de López Obrador radica en las leyes del desarrollo de las contradicciones políticas: el populismo asistencialista basado en el consumo no logra configurar un nuevo modelo de desarrollo que incida sobre la oferta y la maquinaria productiva; por tanto, depende de los ingresos y éstos serán limitados por la relación circulante-inflación y sus efectos devaluatorios.

Pero no todo se localiza en el limitado alcance discursivo y no programático de su proyecto, sino en que le ha faltado pensamiento estratégico. El quiebre de modelo decidido por Carlos Salinas en 1983 tuvo una masa de pensamiento intelectual económico, político, social y geoestratégico, encabezado por Joseph-Marie Córdoba Montoya en lo económico, Manuel Camacho Solís en lo político, Luis Donaldo Colosio en lo social, Rogelio Montemayor en lo programático y el propio Salinas en lo geoestratégico. Asimismo, construyó su superestructura política con intelectuales orgánicos.

López Obrador aparece solitario en el escenario del poder-gobierno-burocracia y administra sus propuestas en las caóticas, impreparadas y sin concierto programático conferencias de prensa matutinas. Su modelo económico, político, social y estratégico carece de una estructura intelectual, a pesar de que a lo largo de su lucha por el poder presidencial --1988-2018-- fue sumando intelectuales críticos. La crisis en Hacienda por la negativa de Gerardo Esquivel a profundizar gasto social sin ingreso la resolvió sustituyendo a su subsecretario que lo acompañó de años y poniendo otro más dócil.

Antes de entrar al debate del contenido del proyecto lopezobradorista y su viabilidad determinada por la dinámica de las relaciones sociales de producción y el acotamiento del modelo de estabilidad macroeconómica neoliberal que durará todo el sexenio, la parte más significativa del lopezobradorismo del 1 de julio de 2018 al 2 de enero de 2019 se ha centrado en la estructura de colaboradores. Lo de menos es ver a Manuel Bartlett Díaz del 1988 y copatrocinador del modelo neoliberal salinista ahora denostando al neoliberalismo. Lo importante es que todos los priístas sumados a amloísmo-morenista no representan un nuevo pensamiento político estratégico.

La verdadera lucha del proyecto lopezobradorista se dará en la economía, no en la funcionalidad del poder para cancelar un aeropuerto, imponer un presidente aliado en la Suprema Corte o gobernar a base de consultas --antes era vía decretos o facultades extraordinarias, como Benito Juárez--; el desafío lo presentó en 1977 Carlos Tello Macías y en 1981 el mismo Tello y Rolando Cordera: Construir un modelo de desarrollo integral alternativo al neoliberal que había prefigurado Salinas de Gortari vía Miguel de la Madrid en 1979-1980 con el Plan Global de Desarrollo como quiebra de enfoque económico del populismo al mercado.

Sin una reflexión teórica sobre el nuevo modelo, el saldo del primer año será el de gasto social improductivo, presiones de inflación-devaluación y PIB menor a 2%, en medio de presiones sociales por nuevos sectores incorporados a la demanda y sectores marginados del desarrollo. Ahí se verá que la reactivación de la economía será imposible sin un acuerdo productivo con los sectores empresariales e inversionistas nacionales y extranjeros porque el Estado carecerá de capacidad económica para inversión productiva y tendrá menos con la carga financiera de proyectos cancelados que de todos modos tendrán que pagarse.

El problema del populismo radica en su funcionamiento vía discurso estimulante y gasto social improductivo, cuando en la realidad los gobiernos se legitiman con estabilidad, bienestar y desarrollo. La crisis estará incubándose en un sistema/régimen/Estado que ya no funciona y un proyecto personal que depende de la voluntad de una sola persona.

Política para dummies: La política es, al final del día, el arte del poder, aunque algunos la practican a machetazos.

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@carlosramirezh
06 Enero 2019 04:00:00
México: AMLO y la prueba del tiempo
Todo nuevo gobierno --y más cuando se trata del relevo en el grupo gobernante, de ideas y edades-- tiene una luna de miel. Basta recordar que a mediados del 2017, hace no mucho tiempo, el político casi independiente francés Emmanuel Macron sorprendía con su imagen y llevaba a un entusiasmo en América. En México algunos comenzaron a declarar: “todos somos Macron”. La realidad del poder bajó bonos políticos y hoy nadie quiere poner a Macron de ejemplo.

El entusiasmo que despertó en la campaña el discurso anti sistema de López Obrador tuvo una fugaz luna de miel. Puede decirse, inclusive, que la luna de miel se dio antes de jurar el cargo oficialmente. A la espera de la ceremonia de investidura, la mayoría lopezobradorista en el Congreso aprobó una ley de salarios a la baja y el despido de decenas de miles de trabajadores públicos, además de una austeridad determinada por un presupuesto de gastos limitado con cada vez mayores beneficiarios sociales.

Los más afectados por la reducción de salarios y empleos públicos fueron votantes de López Obrador. Y los simpatizantes dudosos perdieron confianza por el manejo del aeropuerto de Texcoco y algunas obras públicas polémicas. Por eso es que la verdadera prueba de fuego de López Obrador comenzó el 2 de enero, cuando el sector público comenzó sus funciones ya con restricciones y demandas legales.

El peor enemigo de los políticos populistas mexicanos es el tiempo en tres niveles: la no reelección que deja a los presidentes un espacio de seis años, aunque en realidad son cuatro porque el primero se gasta en equilibrios precarios de poder y el último se pierde en la operación desde la oficina presidencial de la designación del candidato del partido en el poder; el relevo total de los 500 diputados en julio del tercer año, el 2021, y ahí siempre el partido en el poder paga el desgaste de las inconformidades con pérdida de asientos y por tanto mayorías debajo de 50% e incluso menor; y la dinámica en la élite gobernante en la disputa por posicionarse en la lista de candidatos presidenciales, desde semanas antes de la toma de posesión y en la distribución de los ministerios.

López Obrador es un político de acción, de liderazgo único y de dominación de grupo. Todo presidente en el cargo sueña con imponer a su candidato, conducirlo en la campaña, hacerlo ganar y quedarse como jefe político tras bambalinas. Quince presidentes violaron las reglas de protocolo del poder para imponer a su candidato para seguir gobernando a trasmano y fracasaron, porque en México el poder presidencial es indivisible.

El proyecto de gobierno de López Obrador requiere --como lo necesitó el de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994)-- de cuando menos cuatro sexenios o un cuarto de siglo. Sin embargo, las leyes de la circulación de las élites y el fuerte poder de la presidencia sólo han permitido, desde la institucionalización con la Constitución de 1917, solo dos sexenios, y no siempre tersos porque han ocurrido magnicidios de por medio o rupturas inevitables.

A ello se agregan los reacomodos naturales entre los grupos de poder del sistema político mexicano. Las guerrillas burocráticas perfilan espacios de dominación con miras a la candidatura presidencial de 2024. López Obrador es un político enérgico, pero su tendencia al liderazgo individual lo debilita ante una burocracia de casi 4 millones de personas. Muchas de sus decisiones han sido personales y no estratégicas o desde una estrategia personal que no mide la administración de rechazos.

La mayoría legislativa de 53% de diputados de su partido-movimiento Morena tendrá un ajuste a la baja en la renovación de la Cámara en el 2021, pero con el dato adicional de que cuando menos un tercio de los votos del pasado 1 de julio de 2018 se irán al voto de repudio por el recorte de salarios y de puestos públicos y de protesta por la forma unilateral de tomar algunas decisiones. El sistema legislativo mexicano es de coaliciones porque por mandato constitucional de 1993 ningún partido puede tener más de 300 diputados (60%), a pesar de acreditar votos, a fin de obligar a coaliciones para alcanzar el 67% de votos (334 diputados) que exige la ley para modificar la Constitución.

El PRI tuvo una votación superior al 67% hasta las elecciones legislativas de 1982; a partir de 1985 sólo lograba la primera minoría debajo de 50%: hoy tiene apenas el 9.5% de diputados, 47 de un total de 500. Morena se estrenó como partido electoral en las elecciones legislativas de 2015 y apenas logró 8.8% de los votos y 35 de 500, pero con la candidatura presidencial dio un salto cualitativo en 2018 al conseguir 256 diputados, el 51.2% de la Cámara; para conseguir la mayoría calificada necesitaría 80 diputados mas que, en efecto, sí podría conseguir con sus aliados electorales y algunos descontentos de partidos de oposición.

El primer mes de gobierno de López Obrador sacudió la estructura del sistema, pero a costa de perder aliados afectados con la austeridad y sin sumar nuevos seguidores. El problema del modelo lopezobradorista radica en su perfil populista: beneficios sociales a cambio de lealtad electoral; si no hay beneficios sino perjuicios, entonces la fórmula se invierte: a más afectados, más votos en contra de López Obrador en el 2021.

Lo que más afecta a la política mexicana es la normalización de las sorpresas y el desgaste del cargo. López Obrador lleva un mes con conferencias de prensa de 7 a 8 de la mañana de lunes a viernes y el interés nacional ha declinado. En cambio, las bajas salariales y de personal han generado mayores críticas que apoyos.

Todo liderazgo populista cotidiano necesita todos los días revalidar las expectativas. Y en México las expectativas comienzan a disminuir simpatías.

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@carlosramirezh
27 Diciembre 2018 04:00:00
Detrás de la Guardia Nacional
El nuevo equipo de seguridad del gobierno de López Obrador tiene que cargar con la responsabilidad de los enredos en la formalización de la Guardia Nacional. El problema no radica en la oposición a crearla, sino en la falta de difusión de argumentos sólidos para crearla.

El asunto de la GN se ha centrado en la militarización del nuevo organismo porque sus cuadros de tropa vienen de la Policía Militar y de la Policía Naval, sus mandos superiores son militares y dependería de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero la razón de fondo radica en que todos los cuerpos civiles en materia de seguridad podrían estar comprados por el crimen organizado.

El segundo punto radica en el hecho de que los militares tienen la disciplina castrense para operar en situaciones extremas, en tanto que los cuerpos civiles viven cómodamente su situación laboral. Las policías federales, estatales y municipales fueron penetradas por el crimen organizado. Por tanto, el nuevo cuerpo de la GN necesita nacer con garantías de blindaje interno mínimo.

Y en tercer lugar la sociedad carece de un diagnóstico de la crisis de seguridad y la capacidad de operación de los cárteles del crimen organizado. El enfoque humanista --por decirlo de algún modo-- basado en la pobreza contrasta con la capacidad de seducción de la delincuencia. Hay indicios de que el gobierno ya entendió que la legalización de las drogas tampoco disminuirá la violencia criminal. Y que el modelo de garantía de plazas por parte del gobierno apenas ha disminuido ciertos grados de violencia, pero a costa de administrar desde el Estado el poder de los cárteles.

El tema de la seguridad fue manoseado por el candidato López Obrador cuando asumió el enfoque social y llegó al punto de primero anunciar una guardia nacional, luego anularla y más tarde revivirla. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, fue instruido por López Obrador desde hace más de dos y medio años para elaborar un programa integral de seguridad. O sea, que el programa no ha sido inventado en unos días.

Los problemas en la elaboración de una verdadera estrategia ocurren por la necesidad de un cuerpo coercitivo y los compromisos de derechos humanos. López Obrador centró su enfoque de seguridad en un asunto de seguridad nacional del Estado después de una reunión que tuvo como presidente electo con el entones general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda. Ahí conoció muchos secretos de la inseguridad, pero sobre todo uno: la penetración del crimen organizado en instituciones del Estado y los nombres de funcionarios presuntamente involucrados en la protección de delincuentes.

El debate sobre la GN en el Congreso tiene que ver con el hecho de haber comenzado con el final. Antes de la guardia, el diagnóstico y la implementación de programas debió de tener una Ley de Seguridad Interior; si la de Peña Nieto fue destruida por la Suprema Corte, el nuevo gobierno debió haber redactado la suya para poner orden en los tiempos del nuevo programa de seguridad.

La militarización de la seguridad pública no significa la militarización de la República y sus instituciones civiles. La disciplina militar es clave en los nuevos cuerpos de seguridad. Los mandos militares en la GN no implican un fuero militar en seguridad civil ni en la capacidad de operación. Inclusive si la GN depende de la Sedena, sus acciones serán vigiladas por cortes civiles. Pero sin una disciplina militar los nuevos cuerpos de seguridad caerían fácilmente en la desidia y la corrupción.

Las nuevas autoridades de seguridad le deben al país un diagnóstico descarnado de la inseguridad, en datos tan indispensables como los cómplices civiles del Chapo o las relaciones de poder que han permitido la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación en entidades de la república o las razones por las que Ismael El Mayo Zambada opera como el gran capo sin ser alcanzado por los brazos de la ley.

O las complicidades institucionales en bandas criminales diezmadas por toda la república.

Por su formación política, Durazo Montaño entiende bien el valor de la información para la toma de decisiones.

Por tanto, los problemas reales alrededor de la GN no están en la militarización de sus cuadros, sino en el diagnóstico que tienen las autoridades de la situación real del crimen organizado en México.

Y falta saber el papel clave que va a jugar EU en la estrategia mexicana contra el crimen organizado, toda vez que la política de seguridad nacional de Washington se basa en el enfoque de organismos criminales transnacionales que extienden las acciones de la Casa Blanca dentro de México. Los cárteles mexicanos, según organismos estadunidenses, dominan la venta al menudeo en tres mil ciudades americanas.

El sentido político de Durazo Montaño puede desenredar la crisis en la GN. Si lo dejan.

Barandilla

•La actriz Kate del Castillo regresó a México con ganas de demandar a todos de su relación secreta con Joaquín El Chapo Guzmán. Culpa al actor Sean Penn de la captura del narco, pero ya quedó claro que las autoridades mexicanas la siguieron a ella y a su abogado. Así que debería tenerle mas miedo al Chapo, aunque sigue sin aclararse la profundidad de las relaciones entre el narco enamoradizo y la bella actriz.

•La desaparición del cuerpo de granaderos dejo al gobierno de CDMX sin un cuero de contención de multitudes. La crisis en el Palacio Legislativo el viernes 21 careció de una policía de atención a eventos masivo.

•El juicio del Chapo en Brooklyn está dejando muchas pistas de mensajes sobre la penetración del crimen organizado en estructuras del Estado, lo suficientemente solidas como para seguir una limpia radical. Y el dato mayor es que las nuevas autoridades de seguridad no confían en nadie en la reorganización de los cuerpos de seguridad porque no saben quiénes siguen a sueldo de los malandrines.
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23 Diciembre 2018 04:00:00
México: Experimento de populismo-neoliberal
Las ciencias sociales sirven para explicar o para enredar. Los enfoques sobre propuestas económicas de gobierno se han encasillado en los extremos: neoliberal o de mercado o populista o de beneficio a las masas. En la realidad, sin embargo, las cosas suelen ser menos estrictas.

El programa de gobierno de Andrés Manuel López Obrador puede ser asumido como un laboratorio político y económico. El ahora presidente mexicano por seis años ha refrendado sin dobleces su fe en el modelo populista de atención a los más pobres; pero desde que perfiló su victoria casi al arrancar el proceso legal de campañas tuvo que rendirse ante las evidencias de los candidatos estabilizadores; lo dijo con claridad desde el comienzo de la contienda: respetará la estabilidad macroeconómica, concepto éste que se reduce sólo a controlar la variable inflación como la determinante de las demás.

El debate sobre la inflación viene de mediados del siglo pasado. La comisión Económica Para América Latina (CEPAL) fue el centro de debate ideológico entre las corrientes progresistas de economía social con las posiciones de mercado. Fueron los tiempos, por cierto, en que la CEPAL era progresista y buscaba revolucionar los modelos de desarrollo en la región sur de América, pues hoy es una oficina de pensamiento neoliberal.

Hacia finales de los cincuenta el economista mexicano Juan F. Noyola estableció la tesis estructuralista de la inflación: que los precios no subían sólo por el circulante monetario (argumento de Friedrich von Hayek y Milton Friedman), sino de manera principal por la estructura productiva desigual. Por tanto, la inflación podría estabilizarse cambiando la estructura y no nada más controlando la demanda. Noyola, lamentablemente, murió en 1862 en un accidente de aviación cuando se dirigía a una reunión de la CEPAL en su condición de asesor económico de la Revolución Cubana.

La inflación en su vertiente monetarista se asentó en México en 1975 cuando el Fondo Monetario Internacional obligó al presidente populista Luis Echeverría a bajar la demanda para controlar la inflación, porque ésta estaba llevando a México a la devaluación, como ocurrió el 30 de agosto de 1976. El periodo 1954-1970 fue conocido como desarrollo estabilizador: aumento del PIB a una tasa promedio anual de 6%, con inflación promedio anual de 3%. La clave no era secreta: primero controlar la inflación y después reasignar el gasto a planes sociales y controlar los salarios.

México entró en un ritmo pendular largo: populismo con estabilidad de precios y salarios de 1934 a 1982 y monetarismo de control de la inflación 1983-2018 bajando salarios, gasto social y PIB promedio anual de 2.2%. El populismo 1970-1976 se dio por la acumulación de rezagos sociales en la etapa del desarrollo estabilizador.

Y ahora llega López Obrador con su discurso populista, pero su reducida capacidad de movilización económica por la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica. El rezago social está cuantificado: PIB promedio anual de 2%, rebote inflacionario de 6% en 2017, 80% de los mexicanos viviendo con una a cinco carencias sociales y 80% de los mexicanos con el 48% del ingreso y el 20% acaparando el 52% restante.

Los primeros indicios del programa económico y social de López Obrador han mostrado el oxímoron de un populismo neoliberal; es decir, gasto social asistencialista improductivo a sectores vulnerables, pero sin romper hasta ahora con la estabilidad macroeconómica de techo inflacionario de 3%. La variable inflacionaria condicionará el PIB a 2%, déficit presupuestal de 2% y gasto público limitado. Para darle recursos a sus promesas sociales ha tenido que bajar salarios burocráticos, disminuir el aparato del Estado y combatir la corrupción oficial porque se comprometió a no aumentar la deuda, ni a aumentar el dinero circulante, ni a subir los impuestos.

Es decir, su modelo populista arranca con el cumplimiento de las restricciones neoliberales, cuando menos en el primer año. Lo malo es que sus primeros programas sociales ayudan a sectores marginados --jóvenes desempleados, amas de casa, tercer edad y campesinos empobrecidos--, pero no rompen su estructura social de marginación. El año 1 de López Obrador será, en los hechos, neoliberal. El candado de la inflación es vital porque las devaluaciones en México son producto del diferencial inflación ario México-EE. UU. En cuarenta y dos años, de 1976 a 2018, el precio del dólar pasó de 12.50 pesos a 21 mil pesos. Y todo por el desorden inflacionario.

Con un enfoque pragmático, López Obrador ha decidido atender las restricciones estabilizadoras, pero el saldo de su primer año será negativo en lo social. Los apoyos a jóvenes, mujeres y ancianos no moverán la estratificación social y sí agotarán los pocos recursos presupuestales. Los programas de infraestructura de el nuevo gobierno exigen recursos que no hay.

Los distintos ciclos de política económica han tenido sus espacios de debate teórico. El siglo XX, por el efecto político, ideológico y moral de la Revolución Mexicana, ha oscilado entre el populismo y el neoliberalismo. Los centros de pensamiento populista han estado en la UNAM y la burocracia económica nacionalista uy los del neoliberalismo se refugiaron sobre todo en el instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) por sus vinculaciones académicas con la escuela de economía de la Universidad de Chicago y el dominio de ese pensamiento conservador en Banco de México por el control del pensamiento neoliberal a través de Francisco Gil Díaz, ex alumno y ex profesor adjunto de Friedman, como jefe de los Chicago boy mexicanos.

El pensamiento económico crítico nacionalista fue lobotomizado por el PRI y ese mismo PRI potenció la vigencia intelectual del neoliberalismo. Y López Obrador carece de una masa de pensamiento critico para reelaborar teorías. El saldo final del populismo neoliberal se verá en las cifras sociales y de inflación, cuya incompatibilidad explica los ciclos populistas cortos.

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21 Diciembre 2018 04:00:00
Payán, la Belisario como en el PRI; y AMLO como la Virgen de Guadalupe
Como primera premiación de la Belisario Domínguez de un nuevo gobierno con siglas diferente al PRI, impulsado por la mal llamada 4ª Transformación y salido de la disidencia priísta, la entrega de la presea al periodista Carlos Payán Velver se debe medir por el discurso de aceptación: el viejo modelo de loas al presidente en turno para significar la sumisión de la prensa crítica y del legislativo.

Como dato anecdótico se debe registrar el hecho de que Payan nació en 1929, año de la fundación formal del Partido Nacional Revolucionario que perfeccionó el presidencialismo santanista-juarista-porfirista-obregonista y cuyos protocolos de poder han dominado no solo la era del PRI 1929-2000 y 2012-2018, sino que fijaron las reglas del juego del poder en el ciclo panista 2000-2012 y por lo visto ya pusieron su sello real en los comportamientos morenistas 2018-2024.

Payán se subió el tren de los iluminismos religiosos pagano-cristianos del bastón de mando indígena y la solicitud de permiso a la Madre Tierra, además de sus referencias a los Cuatro Jinetes del Apocalipsis bíblico:

“Ha llegado al poder un incansable luchador que, con la población a su favor, arrasó en casi todo el país. No ha tenido esta gloria otra nación, como dice el letrero luminoso que corona la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México”. Además de augurarle al nuevo gobierno “buen viento y buen mar”, a nivel de tierra, Payán pidió --con el perdón de don Belisario-- un reparto más equitativo de la publicidad gubernamental.

Y nada, pero nada de nada, en recuerdo de don Belisario y su lucha a muerte contra el usurpador Victoriano Huerta; nada sobre los discursos del chiapaneco pre-EZLN contra el cuartelazo de 1913; nada que recordara aunque fuera de pasada que el discurso de don Belisario fue critico a los abusos del poder y que por ello le cortaron la lengua; nada, pues, que cuando menos justificara el premio a un periodista sin más significancia que su papel como director de La Jornada, un periódico del establishment priísta, un poco a la izquierda, pero dentro, hoy despidiendo trabajadores por luchar por sus derechos como cualquier periódico de derecha, como el viejo Heraldo de México de los Alarcón.

Ni una palabra de Payán al hecho histórico que prohijó la medalla con su nombre para reconocer la lucha contra los poderes opresores. No ha sido, de todos modos, el único: la Medalla Belisario Domínguez ha sido demeritada por los legisladores de todos los partidos hasta llevarla a nivel de mero corcholatazo: la recibió Fidel Velázquez en 1979; Salvador González Blanco (1984), el secretario del Trabajo de los tres presidentes --Ruiz Cortines, López Mateos y Díaz Ordaz-- que reprimieron físicamente a los trabajadores; el empresario Gilberto Borja que recibió contratos del gobierno; el periodista Miguel Ángel Granados Chapa (2008) por imposición perredista; el creador del desarrollo estabilizador que empobreció a los mexicanos Antonio Ortiz Mena (2009); el empresario Alberto Bailleres (2025) sin ninguna significancia social ni de apoyo al país; el gasolinero Gonzalo Miguel Rivas Cámara (2016) que murió tratando de salvar a una persona en un atentado de la CNTE; y la funcionaria Julia Carabias Lillo (2017) con escasa presencia en labores sociales.

Por tanto, la asignación de la Medalla Belisario 2018 a Payán no se salió del guión de usar la presea como premio político al grupo político dominante. De nueva cuenta quedó al margen Rosario Ibarra de Piedra, la mexicana que sin duda representa la verdadera lucha disidente --no meramente institucional-- contra el régimen priísta en sus versiones panista y ahora morenista, quien, como don Belisario, encaró a los gobiernos de Echeverría y López Portillo por el arresto ilegal, secuestro, tortura y desaparición física de su hijo Jesús Piedra Ibarra un luchador guerrillero.

Doña Rosario hizo visible la parte más cruel y criminal del periodo priísta: la represión mortal a disidentes. Su lucha llevo a la cárcel al cancerbero de la temible Dirección Federal de Seguridad y agente al servicio de la CIA, Miguel Nazar Haro, pero el propio sistema lo liberó. Nazar fue señalado con pruebas de haber torturado a Jesús y ordenado su desaparición.

Y con Jesús comenzó la etapa de represión clandestina del régimen priísta: la desaparición de disidentes. Por esa lucha que abrió la cloaca de la política criminal del sistema priísta la Medalla Belisario la debieron de haber recibido doña Rosario y su sacrificado hijo Jesús, y más cuando el candidato López Obrador había afirmado que su voto presidencial el pasado 1 de julio había sido justamente para doña Rosario.

Pero no. El gobierno de Morena prefirió una salida menos conflictiva para el PRI, más de compromiso con un periodista que no se dignó a mencionar a don Belisario, que hizo un discurso internacionalista y que solo pidió más publicidad gubernamental para los medios.
 
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20 Diciembre 2018 04:00:00
AMLO 2024: Construir república chaira con funcionarios chairos
En una de sus conferencias matutinas, el presidente López Obrador contestó la queja de personal del servicio diplomático sobre la baja en salarios y prestaciones en el exterior con un argumento de largo plazo: habrá personas que sí trabajen con los nuevos salarios.

Ahí se localiza una buena parte de la explicación oculta sobre la política salarial a la baja: propiciar un relevo de servicio civil con funcionarios comprometidos con la vocación de trabajar por poco. Los únicos con posibilidad de aceptar salarios bajos serán los seguidores de López Obrador que vendrían de salarios más bajos y el ajuste sería, en la lógica económica, un ascenso con mejor paga.

La nueva burocracia lopezobradorista construiría, como lo hicieron priístas y panistas en su momento, una clase burocrática con nuevos valores de servicio y de permanencia en el poder. No garantiza, eso sí, una mejor burocracia, pero sí una realmente comprometida con el discurso del nuevo jefe en Palacio Nacional.

La nueva burocracia chaira estaría en la lógica de la definición dada por el Diccionario del Español de México de El Colegio de México al concepto chairo: “Persona que defiende causas sociales y políticas en contra de las ideologías de la derecha, pero a la que se atribuye falta de compromiso verdadero con lo que dice defender; persona que se autosatisface con sus actitudes”.

Sin llegar al fondo y como pretexto para relevo de burocracia, el presidente Vicente Fox instauró el servicio civil de carrera para profesionalizar los cargos y establecer una relación directa entre el mercado educativo de capacitación profesional y el mercado de trabajo en el sector público. Al asegurar permanencia en cargos por capacidad, el funcionamiento del Estado habría de ser mejor. A lo mejor sin saberlo, esa propuesta daba un paso adelante a uno de los problemas de la burocracia priísta mexicana y por tanto de la corrupción; el Estado patrimonialista, un concepto acuñado por Max Weber como forma de liderazgo y dominación.

Para México, Octavio Paz, en una carta escrita al historiador trotskista Adolfo Gilly en 1972, centró el problema de la corrupción justamente en el Estado patrimonialista; la burocracia se apropió de las estructuras del Estado y no fue una casta al servicio de la sociedad. El modelo comparado que usó Paz fue el de las dinastías chinas y la contratación de letrados para operar las funciones del aparato de poder ya con relaciones con la sociedad. La nueva casta burocrática se apoderó de la estructura como reflejo del dominio dinástico sobre el poder civil.

Peter Smith, en Los laberintos del poder, estableció la ruta para acceder a los cargos públicos y a funciones de servicio civil y ahí encontró, al revisar miles de biografías de políticos y funcionarios, que el único camino para acceder a posiciones estatales era inscribirse al PRI y adherirse a un grupo político.

Las República Chaira de la 4T está en un proceso apresurado de relevo de funcionarios y políticos para echar a los priístas y panistas y consolidar a los morenistas. Por las circunstancias de haber vivido toda su vida política en la disidencia mal pagada, los salarios bajos del ciclo lopezobradoristas son mayores. La tentación del salario público la mostró el largo periodo perredista en las delegaciones-alcaldías del DF-CDMX con el manejo irresponsable y sin limites de presupuestos para contratación de compañeros de sector y de partido.

Los puestos de miles de funcionarios que renunciaron a sus cargos al anunciarse el periodo de austeridad juarista han comenzado a ser ocupados por militantes de Morena. El efecto será multiplicador porque el siguiente paso seria la toma del control de los sindicatos del sector público olvidados por el PRI y por el PAN y deteriorados por la burocracia sindical tradicional. A López Obrador y Morena le ha ayudado el hecho de que los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado fueron anulados como instancias de representación proletaria. Si el lopezobradorismo se apropia de esos sindicatos, la profundización del relevo de funcionarios y mandos burocráticos medios y bajos ayudará a la construcción de una burocracia chaira a favor de una república chaira.

El gato político-burocrático-proletario encerrado en la austeridad juarista estaría buscando un relevo de cientos de miles de funcionarios profesionales que lamentablemente fueron educados políticamente para oscilar entre el PRI y el PAN y que por la vía salarial estarían siendo expulsados del paraíso terrenal de la casta burocrática que perdió el apoyo social por sus comportamientos de casta privilegiada.

La capacidad operativa de la nueva casta morenista comienza a percibirse con los miles de errores en el funcionamiento del Estado, algunos de los cuales ya metieron en problemas a López Obrador: los bonos buitre del aeropuerto de Texcoco, los subsidios a universidades, la cancelación de la autonomía universitaria y muchos otros que no se conocen.

Política para dummies: La política se sustenta en resultados, no en prefiguraciones.

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19 Diciembre 2018 04:00:00
Presupuesto 2019: No habrá 4T, tampoco nuevo proyecto de nación
El análisis del contenido del ingreso-gasto 2019 y los tiempos políticos sexenales han dejado en claro una certeza: No hay ni habrá 4ª Transformación; la política económica/modelo de desarrollo/Estado de bienestar que se deriva del presupuesto es un híbrido de neoliberalismo con asistencialismo mínimo.

El principal pivote de la estrategia de desarrollo del gobierno de López Obrador es el desarrollo energético, pero en un ciclo largo hacia delante de inestabilidad en el mercado petrolero. A cambio, el proyecto presupuestal hace un recorte al sector público, campo, industria, educación, servicios y turismo. La cuenta no sale: A cambio de beneficiar a jóvenes sin empleo y población vulnerable no productiva, las restricciones afectan a los principales sectores del desarrollo productivo.

El detonador energético solo funcionaría, y no se ve que pudiera ser así por la declinación del sector a nivel internacional, si el Estado tuviera una planta productiva propia; por tanto, la autosuficiencia energética beneficiaría a un sector privado hacia el cual el Estado carece de una propuesta de modernización, reconversión industrial y control fiscal.

En todo caso, el control energético por el Estado dotaría al gobierno --en caso de que el mercado internacional cambiara de nuevo hacia el consumo de combustibles fósiles-- de recursos para financiar sus programas asistencialistas improductivos; mientras ello ocurre, ese gasto social será financiado con recortes de salarios públicos, baja en programas de inversión y desvió de recursos fiscales.

Toda estrategia de desarrollo se basa en tres variables articuladas: Política económica/modelo de desarrollo/Estado de bienestar. Así ha sido con los ciclos del desarrollo nacional: Sustitución de importaciones, desarrollo estabilizador, desarrollo compartido, neoliberalismo de mercado y globalización. La propuesta populista de López Obrador se resume a un compromiso del Estado con sectores vulnerables, apoyos directos sin efecto multiplicador en la economía y acción del Estado en el sector energético.

López Obrador tuvo cuando menos dos años --desde que arrancó su certeza de que ganaría las elecciones-- para redefinir el proyecto nacional; pero sus libros y múltiples listas de propuestas de gobierno resultaron meros voluntarismos políticos de campaña. Sus asesores económicos nunca tuvieron el apoyo necesario para reflexionar el cambio de modelo de desarrollo. Sus ataques al neoliberalismo fueron solo retóricas de campaña, vista ahora su propuesta económica basada en toda la ideología neoliberal.

El único acierto de López Obrador fue su discurso contra el agotamiento del modelo neoliberal, pero lo hizo más por convicción política que por enfoque de estadista sobre los escenarios del desarrollo. La crisis estadounidense del 2008 agotó el periodo de vigencia de la globalización financiera y orilló al mundo capitalista a encontrar un nuevo modelo de desarrollo. La decisión de los principales países fue la de insistir en la globalización.

López Obrador tuvo ante sí el desafío de encontrar un nuevo modelo de desarrollo; pero toda su expectativa de 4T se perdió con el papel activo del equipo lopezobradorista en la renegociación del Tratado de Comercio Libre y darle una salida aún menos benéfica para el desarrollo mexicano.

El problema de López Obrador ha sido su personalismo dominante. A partir del control del escenario político, debió haber reunido a grupos de economistas y politólogos para buscar un nuevo camino para salir de la crisis por el agotamiento de los tres pilares del proyecto nacional: Sistema político/régimen de gobierno/Estado constitucional. Y para redefinir las tres variables del sistema productivo: Estado/sector privado/equidad social.

En este contexto, la propuesta de ingreso-gasto para 2019 demostró que la crisis le quedó grande a López Obrador; y que su objetivo no será buscar un nuevo proyecto nacional sino solo cumplir con sus promesas sociales de campaña. Por eso su primer año se ahogará en la política presupuestal de la cobija encogida: Para cobijar a nuevos beneficiarios del gobierno, tuvo que descobijar a otros.

La ley de ingresos y el presupuesto de egresos representaron la principal pérdida de oportunidad del país para encontrar una alternativa a la crisis de modelo de desarrollo estatista (1934-1982) y neoliberal (1983-2018); la propuesta económica del primer año ofreció la imagen de un híbrido de populismo por el gasto social y de neoliberalismo por la estabilidad macroeconómica antiinflacionaria. Como este modelo se va a mantener un sexenio, entones el paso de López Obrador por la presidencia de la República será irrelevante vis a vis las expectativas que explayó.

Más que transformador, el gobierno de López Obrador será continuador del largo ciclo definido en la Constitución de 1917: Populismo al servicio del capitalismo.

Política para dummies: La política es el instrumento para conciliar intereses, no para polarizarlos.


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@carlosramirezh
18 Diciembre 2018 04:00:00
Presupuesto 2019: Con la novedad de que el neoliberalismo no está muerto
En medio de actos populistas distractores como las críticas contra los ricos y la resurrección de la Madre Tierra, la esencia de todo gobierno se resume en la definición de su política económica. Y esta, a su vez, se concentra en la política antinflacionaria.

En este contexto, el presupuesto del primer año del gobierno del presidente López Obrador no deja lugar a las dudas: El neoliberalismo que se cantó muerto apenas el pasado 1 de diciembre protestar el cargo sigue vivito y coleando. Ingresos y egresos del 2019 no cambian la política económica neoliberal definida en 1983-1993 por Carlos Salinas de Gortari.

La política económica se resume en el manejo de la política estabilizadora de baja inflación y a partir de ahí se desarrolla una política presupuestal que no genere inflación. La estrategia neoliberal salinista-lopezobradorista es la que definió en 1976 Milton Friedman y por la que recibió el premio Nobel de Economía: La inflación es en todo tiempo y en todo lugar un fenómeno monetario.

Los gobiernos populistas suelen aumentar el gasto sin incrementar los ingresos sanos -sobre todo fiscales- y el nuevo dinero en circulación empuja los precios hacia arriba y la inflación, sobre todo en América Latina, ha llevado históricamente a devaluaciones

De ahí que el neoliberalismo monetarista centre su estabilidad en el control de la inflación por el lado del dinero-demanda. En este sentido, el marco macroeconómico del gobierno de López Obrador es exactamente el mismo de los gobiernos neoliberales: PIB de 2%, inflación de 3%, déficit presupuestal de 1% y tipo de cambio de 20 pesos. Lo demás, los discursos pomposos de compromiso social, el primero los pobres, salen sobrando porque el ancla estabilizadora es mantener la inflación compatible con la de los EE. UU.

Lo que hacen los gobiernos neoliberales disfrazados de populistas es descobijar a algunos sectores con recortes de gasto para tapar a los sectores más vulnerables que fortalecen los discursos populistas. El populismo 1982-1984 logró tasas de PIB de 6% por manejos cuidadosos con el gasto y un entorno internacional estable; el ciclo neoliberal logró regresar la inflación a tasas de 3%-4%, pero bajando el PIB, el gasto público y los programas sociales.

El gobierno de López Obrador que anunció el fin del ciclo neoliberal estaba obligado a redefinir la política económica y su escenario de estrategia antiinflacionaria. Pero no: La política económica del Gobierno 2018-2019 es la misma de los Criterios Generales de Política Económica del ciclo neoliberal 1982-2018. En campaña y en el interregno se dijo que las cosas cambiarían, pero al final resultaron iguales.

El estratega presupuestal de López Obrador es el economista ortodoxo Carlos Urzúa, forjado en el pensamiento económico estabilizador. El equipo lopezobradorista tuvo cuando menos dos años para diseñar un cambio, desde que el propio López Obrador fijó en su ánimo la victoria y comenzó a designar a sus encargados de gabinete. Por lo que se ve no hubo en su equipo económico una intención de generar un nuevo pensamiento económico funcional al discurso populista.

El lado populista del presupuesto se nota en la cobertura de sectores vulnerables con programas de asignación directa de dinero, pero sin efectos multiplicadores productivos. Para lograrlo hizo recortes en sectores determinantes para la actividad productiva como las universidades. Es cierta la tesis de que las universidades públicas con un pozo de ineficiencia, gasto corriente y corrupción, pero la SEP de López Obrador carece de un enfoque reorganizador eficiente.

En el tránsito del populismo al neoliberalismo hubo solo un esfuerzo para replantear el pensamiento económico. Carlos Tello Macías en 1977 fue despedido por el presidente López Portillo porque sus propuestas como secretario de Programación y Presupuesto eran contrarias a las pactadas con el FMI. Sin gran análisis de fondo, el presupuesto lopezobradorista de 2019 va a pasar con excelencia la vigilancia del FMI. En efecto, a López Obrador le ha faltado un Carlos Tello Macías para buscar un nuevo enfoque de política económica.

Con un PIB de 2% cuando menos en 2019 y 2020, el PIB promedio anual en el sexenio será de 3%, ante una necesidad de lograr el 6% que aporte los empleos anuales en el sector formal para la población económicamente activa que se incorpora cada año a la fuerza de trabajo. Para lograr la meta lopezobradorista sexenal de 4%, el Gobierno tendrá que impulsar un PIB de 5% en 2021-2024 que será imposible si antes no reorganiza de manera total la política económica en materia de demanda-oferta y desarrollo productivo.

Por lo pronto, el 2019 será igual a los últimos 35 años: Política económica neoliberal basada en control de la inflación por el lado de la demanda y con más marginación social, aunque con discurso populista,

Política para dummies: La política, y López Obrador es la muestra palpable, es el arte de engañar con la verdad.
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@carlosramirezh
17 Diciembre 2018 04:00:00
Ocho días que vivimos el peligro; AMLO y Morena soltaron al tigre
Para que no pueda abusarse del poder es absolutamente preciso que el poder contenga al poder
El espíritu de las leyes, barón de Montesquieu, 1748.

A siete días de haber jurado cumplir la Constitución, el presidente López Obrador metió al país durante otros siete días a una confrontación de poderes que terminó el jueves 13 con el sometimiento al mandato constitucional de división republicana. Sin embargo, el raspón final fue el indicio de la violencia que viene: huestes morenistas al estilo Nicolás Maduro fueron al edificio de la Corte a gritar y terminaron agrediendo a un funcionario de la institución al confundirlo con un ministro.

El otro punto de referencia es local, pero con efectos nacionales: Morena en Puebla movió sus piezas para tratar de impedir, como López Obrador en 2006, la toma de posesión de la gobernadora panista-perredista Marta Érika Alonso, quien fue investida del cargo por el órgano constitucional legal: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y ese acto de venganza política fue el anuncio de que las huestes morenistas van a mantener la inestabilidad violenta en Puebla por haber perdido, legal y legítimamente, la gubernatura.

Cuando se reunió con empresarios en la campaña en año, el candidato López Obrador dijo que impedirle la victoria anunciada por las encuestas iba a “soltar el tigre” de la protesta violenta y a ver quién lo amarraba otra vez. López Obrador ganó, las instituciones se plegaron a la legalidad y ahora resulta que el tigre fue soltado por el presidente López Obrador y su partido Morena para tratar de tomar el control total de las instituciones políticas y de gobierno.

La crisis con la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó el viernes 7 cuando el ministro Pérez Dayán dio entrada a la controversia constitucional por la Ley de Remuneraciones que centralizaba el salario de funcionarios público en la figura del presidente de la república, cuyo cargo trae implícitos ciertos gastos cargados al erario y no a su salario. La mayoría morenista en las dos cámaras se lanzó contra la Corte porque la controversia llevó a la congelación de dicha ley, aunque más con discursos incendiarios de comité de salud pública francesa y amenazas de guillotinazos.

El ambiente se crispó porque muy claro quedó desde el principio que el tema central no era el salario del poder judicial, sino la intención de subordinar al poder judicial autónomo bajo del nuevo poder presidencial. La disputa entre poderes por la jerarquía de los poderes iba a derivar en actos dictatoriales de la presidencia. Al final, López Obrador tuvo que ceder, estuvo presente en el informe anual del presidente de la Corte y enfrió las calenturas revolucionarias de sus mosqueteros legislativos. Eso sí, dejó que las hordas morenistas estallaran la violencia física contra el edificio y funcionarios de la Corte.

El centro del debate López Obrador-Corte fue la fijación de territorios de poder. Es cierto que el poder judicial a ciertos niveles ha abusado de su autonomía, pero la intención presidencial fue subordinar al poder judicial a los mandos del poder ejecutivo. La teoría de la división de poderes nada tiene que ver con el Benito Juárez que asumió de manera simultánea funciones de ejecutivo y legislativo, sino que se relaciona con la tesis de Charles Louis de Secodant, barón de Montesquieu, cuya propuesta de división de poderes hizo pasar a mediados del siglo XVIII del absolutismo monárquico al principio fundador de la democracia: el equilibrio de poderes.

La argumentación del barón de Montesquieu fue sencilla: Para evitar el abuso del poder era necesario que el poder acotara al poder. “No hay poder que no incite al abuso, a la extralimitación. ¡Quién lo diría! Ni la virtud puede ser ilimitada”, escribió en el capitulo IV del libro XI. Y ahí fijó otro de los principios generales del derecho en las democracias: respeto a la Constitución, pues “una Constitución puede ser tal, que no sea obligado a hacer lo que la ley no manda expresamente ni a no hacer lo que expresamente prohíbe”. Estas tesis señalaron los límites del poder absolutista.

Al final, López Obrador y Morena perdieron y la Corte habrá de pagar su arrogancia salarial, pero la ganadora fue la democracia porque la estridencia encendió los focos rojos de alarma absolutista del nuevo presidencialismo totalizador de López Obrador. La mayoría morenista en la Cámara ha seguir amenazando, pero ya como tigre desdentado. A la corte le corresponderá ajustar salarios y prestaciones adicionales.

Pero las preocupaciones siguen vigentes. El presidencialismo de López Obrador quiere retrotraer su poder absolutista a 1982 y derogar la desarticulación del poder presidencial del Estado con la anulación de los organismos autónomos; ya tiene el ejecutivo y el legislativo y le falta controlar al judicial.

Política para dummies: La política es, cuando quiere ser ética, el equilibrio de poderes.

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16 Diciembre 2018 04:00:00
México: AMLO como laboratorio populista
Quizá la principal lección que ofrece el arranque del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador se localiza en la (in)existencia de un puente de plata entre los deseos y la realidad. Y es probable que los primeros días de gobierno sean un laboratorio sociopolítico para analizar el funcionamiento de la relación entre el Estado y la sociedad.

López Obrador ganó el 53% de los votos el pasado 1 de julio, cifra que no se veía en elecciones presidenciales desde 1982. Pero de 1917 a 1982, la votación a favor de candidatos de la élite política de la Revolución Mexicana tuvo un promedio de 90%. Los presidentes de 1988 a 2018 --cinco elecciones en total-- lograron un promedio de 42%.

En materia legislativa, el PRI mantuvo hasta 1982 la mayoría calcificada de dos terceras partes para reformar por sí mismo la Constitución, de 1985 a 1991 afianzó la mayoría absoluta mayor a 50% y de 1997 a 2015 logró la primera minoría con bancada menor a 50% pero con alianzas para sostener mayoría absoluta.

Estos datos refieren el tamaño de la victoria de López Obrador: mayoría absoluta en votación presidencial y su partido con mayoría absoluta de 52% en la Cámara de Diputados.

Pero… El sistema político mexicano no se maneja solo por cifras, sino por una estructura legal que a veces no es correspondiente con las votaciones legislativas. Los presidentes Salinas de Gortari (1988-1994) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) no alcanzaron la mayoría absoluta para su partido en el Congreso, pero con habilidad política construyeron alianzas para tener una mayoría calificada que les permitiera modificar la Constitución en temas delicados como las privatizaciones. Los gobiernos panistas de Fox y Calderón (2000-2006 y 2006-2012) pactaron con la bancada del PRI y también modificaron la Carta Magna.

El problema de López Obrador radica en su condición de caudillo, no de líder político; comenzó a tomar decisiones de gobierno aún antes de haber jurado legalmente el cargo, a costa de crear sobresaltos en la estabilidad de la burocracia. Su bancada asumió la mayoría legislativa desde el pasado 1 de diciembre y aprobó con rapidez leyes complejas que requerían cierta dosis de negociación con la oposición y con la sociedad.

López Obrador está moviéndose como líder de masas en campaña y no como jefe del ejecutivo federal. Tres decisiones le han complicado su comienzo legal: la cancelación del aeropuerto en la zona de Texcoco --goteras de la ciudad de México--, una ley de salarios que coloca el salario nominal presidencial de 108 mil pesos mensuales --algo así como 4 mil 500 euros-- como tope para todos los salarios del sector público, los tres poderes y los funcionarios de organismos autónomos del Estado y la aprobación del presupuesto de egresos para 2019.

Loas tres han generado efectos negativos: la pérdida de confianza de inversionistas que compraron bonos del aeropuerto y que pueden perder 10% de su inversión, una orden de la Suprema Corte para congelar la ley salarial cuando menos 2019 y la preocupación inclusive en su propio gabinete económico por el volumen de gasto que implicaría un déficit presupuestal de 5% o más, con nocivos efectos inflacionarios-devaluatorios.

Lo interesante del caso de López Obrador no radica en la llamada curva del aprendizaje del costo social, político y económico que debe de pagarse para aprender a usar el poder. Lo significativo se localiza en el tránsito de un ciclo de gobiernos neoliberales (1983-2018) a un nuevo periodo populista como mezcla de presidentes que gobernaron --decían-- para el pueblo de 1920 a 1982. En resumen, los gobiernos neoliberales ajustaron sus expectativas a la estabilidad del mercado y los populistas decidieron en función de las necesidades del pueblo. Cada uno de estos dos grandes ciclos del México moderno tuvo sus condiciones, circunstancias y posibilidades.

El punto más sensible del gobierno de López Obrador estará en el manejo macroeconómico. Su encargado de gasto ya fue cesado a siete días de haber tomado posesión porque le dijo al Presidente que el ingreso no alcanzaba para el gasto que quería el nuevo mandatario. El marco macroeconómico estabilizador requiere de mayor control: 2% de PIB, 4% de inflación y 1% de déficit público. Su configuración ha partido de la meta de inflación y se han acomodado las otras variables. López Obrador quiere que México crezca a 4% del PIB y tenga gasto social nuevo de 1% del PIB y que las demás cifras se acomoden. Y su meta está fijada sin cambios en las fuentes del gasto: deuda, impuestos y ganancias de empresas públicas.

El tránsito de una economía estabilizadora a una economía populista definirá el rumbo del modelo populista de López Obrador. Los gobiernos populistas de Cárdenas (1934-1940), Echeverría (1970-1976) y López Portillo (1976-1982) iniciaron con gasto financiado con déficit y a la mitad de su sexenio estaban metidos en problemas inflacionarios y devaluatorios.

El problema ha radicado en el manejo presidencial de las finanzas públicas con criterios políticos y populares y no técnicos. Los populismos latinoamericanos entraron en crisis y colapsos cuando decidieron la economía con razonamientos políticos. Y el problema no radica en que por fuerza la economía deba imponerse sobre la política, sino en la realidad de que la política suele causar estragos económicos.

La función del estadista consiste en equilibrar política y economía. Y en definir modelos de desarrollo en función de políticas económicas especificas. Las crisis económicas prueban el error de cuando la política avasalla a la economía.


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@carlosramirezh
14 Diciembre 2018 04:00:00
Disputa por salarios rompe orden constitucional de división de poderes
Los todopoderosos hombre de la toga y birrete demostraron que nada entienden de política y lucha por el poder, pero lo más grave fue que también demostraron ser ignorantes de los caminos secretos del litigio judicial. La crisis López Obrador-Suprema Corte no fue por salarios, sino por una nueva redistribución del poder real que implica la ruptura del orden constitucional en materia de división de poderes.

Ninguno de los pomposos ministros de la dependencia encargada de resguardar la Constitución entendió la lógica de la disputa por el poder. La controversia constitucional no se localizó en intentar bajar salarios, sino en el hecho de que una ley impuso la figura personal del Presidente de la República en materia salarial como factor de definición de un poder sobre los otros dos poderes.

La ley de remuneraciones no puede estar por encima de la autonomía de los otros dos poderes, el Legislativo y sobre todo el Judicial. La tarea de la Corte, por tanto, no estaba en analizar el contenido salarial de esa ley sino de determinar si era válido que el salario del presidente de la república pudiera determinar funcionamiento autónomo del Poder Judicial.

La intención final de López Obrador en realidad no radica en un asunto de justicia distributiva salarial, sino en dejar claro que el presidente de la república por la vía de los salarios era el poder supremo. Los legisladores lopezobradoristas tuvieron la importunidad de fijar el salario máximo con alguna otra unidad de valor --por ejemplo, los UDIs posteriores a la crisis de tasas de interés bancarias de 1995--; pero al poner el salario del presidente de la república --“nadie puede ganar más que yo”, declaró López Obrador en una variante del luiscatorcesco “el salario soy yo”-- se dejó clara una nueva jerarquía de mando piramidal con dominación presidencial.

El trasfondo de lucha por la supremacía del poder legislativo lo reveló la bancada de Morena con su amenaza a la Corte: o se bajan los salarios o se los bajamos, un acto de destrucción de la autonomía del Poder Judicial al querer dictar el Poder Legislativo el funcionamiento interno del Judicial. La salida institucional es más sencilla: Aprobar un presupuesto bajo y que la Corte se haga bolas ejerciéndolo con restricciones.

Pero la intención de convertir el salario presidencial en el eje de gasto corriente lleva el mensaje de anunciar el regreso del presidencialismo absolutista.

No se trata, por cierto, de la construcción de una dictadura como la de Venezuela. El objetivo, en realidad, es el de reconstruir el viejo modelo presidencialista dominante priísta que funcionó con base electoral de mayoría calificada hasta 1982, con mayoría absoluta hasta 1991 y como primera minoría desde 1997. El modelo presidencialista funcionalizado por base legislativa ha operado siempre.

En los hechos, el sistema presidencialista --que no presidencial-- ha sido el eje de los diferentes sistemas políticos desde el imperio de Agustín I de Iturbide. Pero al paso del tiempo, la maduración de la sociedad civil le fue quitando pedazos de poder de dominación al presidencialismo de Estado absolutista-filantrópico --aportación de Octavio Paz a la ciencia política mexicana en materia de teoría del Estado--. En este escenario, el modelo presidencialista de López Obrador es el totalizador --aportación de José Revueltas desde el marxismo-- y ha de necesitar la reconcentración de los poderes perdidos en un Estado dominante.

La oposición en la Cámara y los barones de la toga y el birrete no han entendido la lógica del poder de López Obrador. La defensa debe centrarse en la protección de la división de poderes, no del salario. Pero la astucia de López Obrador llevó la guerra de poderes al terreno de los abusos salariales del Poder Judicial, beneficiándose inclusive por la defensa salarial de la Corte.

Si la respuesta de la Suprema Corte fue equivocada porque ofreció la imagen mezquina de defender salarios y nivel de vida, la salida política e institucional puede aún ayudar a reorientar las argumentaciones: blindarse hacia dentro, profundizar su independencia del Ejecutivo y revolucionar la sociedad con la aplicación de las leyes. El gobierno mexicano no resistiría un poder judicial estricto porque el modelo de acusaciones que opera el Ejecutivo está más corrompido que la defensa salarial del poder judicial.

El debate está en el terreno de la división de poderes. El hoyo anticonstitucional de la ley de remuneraciones radicó en poner la figura del Presidente de la República o jefe del Poder Ejecutivo federal por encima del autónomo e independiente poder judicial. El Ejecutivo tiene la facultad de entregar el presupuesto al Judicial y no meterse en su distribución. Y el Judicial perdió la oportunidad de autorregularse.
Si quien tiene el dinero tiene el poder, también quien tiene el poder puede dominar al dinero.

Política para dummies: La política es el campo de batalla por la jerarquía del poder.

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13 Diciembre 2018 04:00:00
AMLO: Presidencialismo de sistema priísta o absolutista/autoritario
Sin tener una alternativa al sistema político/régimen de gobierno/Estado priísta, el presidente López Obrador está metiéndose en problemas porque su objetivo se ha reducido a reconstruir la estructura de dominación del régimen priísta anterior para su propio modelo de presidencialismo caudillista, solo que con dos variables negativas: Morena no es un PRI de corporaciones y el presidencialismo lopezobradorista no negocia con nadie.

La clave de la fuerza del Estado mexicano fue descubierta por José Revueltas en dos tiempos, 1958 y 1976: El mexicano es un Estado “total y totalizador”, no totalitario: y depende de dos variables: “El control total de las relaciones sociales” y la dominación a través de la ideología oficial como instrumento de las luchas sociales de Independencia, Reforma y Revolución.

Las partes débiles del proyecto de López Obrador han sido detectadas: Morena es un partido de rescoldos del viejo PRI, no controla las relaciones sociales derivadas del modo de producción capitalista y la presidencia lopezobradorista es más personal que de proyecto ideológico.

El PRI fue el sistema político porque en su seno el presidente de la república ejercía su poder para distribuir bienes y beneficios. López Obrador sacó las protestas sociales del PRI-sistema, las acrecentó con acciones directas en las calles y dejó a su partido como lo que fue el PRI en su decadencia, crisis y descomposición sistema: una agencia de colocaciones, no el espacio de control de las relaciones de poder.

La otra carencia de estructura de dominación se localiza en el Estado. El Estado populista perdió credibilidad en las crisis devaluatorias de 1976, 1982 y 1995 y se quedó sin estructura de poder con las privatizaciones de empresas públicas porque le redujeron ingresos e influencia productiva. El Estado social del ciclo populista 1917-1982 fue sustituido por Carlos Salinas de Gortari en 1983-1993 por el Estado autónomo de las relaciones sociales que derivan en relaciones políticas y le dan al Estado y al presidente el control de hilos de poder.

Ahí se localiza el objetivo del proyecto de López Obrador de regresar al Estado a su intervención directa en la producción; sus primeros pasos han sido dados en la industria energética: suspender concesiones privadas y regresarle al Estado la tarea directa de exploración, explotación, refinación y comercialización para utilidades e impuestos que financien programas sociales. Se trata de la idea original del presidente Cárdenas cuando expropió el petróleo.

El estatismo de López Obrador no es socialista ni pretende proletarizar el modo de producción, pues el Estado lopezobradorista tampoco le entregará el control directo y total del Estado y la producción a los trabajadores; será su burocracia la que se encargue de dirigir el modelo.

El PRI-sistema giraba con cuatro engranes fundamentales: el presidente de la república, el PRI como administrador de las demandas-soluciones, el Estado de bienestar para dotarlo de una base social popular y la ideología de la historia oficial. López Obrador ha avanzado sólo con su presidencialismo verticalista, centralizador y autoritario y el olvidado discurso histórico de Hidalgo, Juárez, Madero y Cárdenas como ideología sin fuerza. Sin un partido que sea el administrador de las demandas-soluciones y sin una disminución sensible y rápida de la desigualdad social y la pobreza (80% de los mexicanos 104 millones de mexicanos, vive con una a cinco carencias sociales), la legitimidad de la presidencia lopezobradorista carecerá de bases.

Y el pivote dinamizador era la fuerza sexenal del presidente en función no de haber llegado sino de decidir su propia sucesión presidencial. Y López Obrador no se va a reelegir y Morena está muy lejos de ser el PRI de las sucesiones ordenadas. La crisis del PRI comenzó en 1988 cuando no pudo administrar la designación del candidato desde Los Pinos.

Y ahí entra la opción absolutista/autoritaria del presidencialismo lopezobradorista. Al carecer de un partido-sistema con liderazgos de clase por su configuración tipo Torre de Babel y sin ninguna posibilidad de revertir la pobreza en cuando menos seis años, entonces al discurso populista sólo le queda la imposición autoritaria. Por eso la confrontación mediática y de credibilidad con los poderes fácticos: empresarios, burocracia priísta, poder judicial, medios críticos.

Los antecedentes del lopezobradorismo están en los líderes caudillistas y populistas que usaron la fuerza del presidencialismo para imponerse: Obregón con su golpe a Carranza, Calles con el control del aparato militar, Cárdenas con la expropiación petrolera, Díaz Ordaz con su presidencialismo paternalista-represor, Echeverría con el poder del Estado, López Portillo con la expropiación de la banca y Salinas con sus golpes contra líderes empresariales y sindicales.

Pro los presidencialismos autoritarios son temporales y terminan en colapsos económicos.

Política para dummies: La política radica en escoger el peor de los caminos para que las cosas más o menos caminen.

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