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Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
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22 Febrero 2019 03:32:00
Mitos y verdades
México genera 1.9 millones de toneladas de residuos industriales peligrosos cada año, de las cuales sólo una cuarta parte se estabiliza y recluye en instalaciones apropiadas bajo la supervisión de autoridades federales y locales competentes; del resto se ignora su destino, pero sea en ríos, arroyos o basureros a cielo abierto donde se viertan, son un riesgo inminente para la población, la flora y la fauna, pues contaminan el suelo, el aire y el acuífero. La industria de Coahuila genera alrededor de 86 mil toneladas, equivalentes al 4.5% del volumen nacional.

El 15 de febrero visité, junto con un grupo compuesto por activistas ambientales independientes, empresarios, académicos y periodistas, el Centro Integral para el Manejo de Residuos Industriales (Cimari) que el Grupo Ecolimpio, fundado hace 25 años, gestiona en General Cepeda desde agosto de 2016 a través de la Sociedad Ecológica Mexicana del Norte. Se ha dicho y publicado que quienes transponen el vallado sufren trastornos, mutaciones, molestias y no sé cuántos efectos más. También, que, para protegerse de las 10 plagas bíblicas, antes de entrar es preciso ingerir compuestos esotéricos, vestir trajes de astronauta y, por si las dudas, cargar con una pata de conejo.

Patrañas para confundir, provocar miedo, lucrar con la ignorancia y llevar agua a molinos políticos, religiosos y económicos. Al Cimari se accede por una carretera cuyo pavimento ya quisiera cualquier colonia residencial; no hay barreras ni limitaciones para preguntar o tomar fotografías. Después de la exposición de Javier Calderón, director de Ecolimpio, sobre el Cimari, y del recorrido, en el cual también participaron Daniel Calvert, presidente del grupo, su esposa Blankis y su hija Sofía (¿quién, en sus cabales, expondría a su familia a contagios o males incurables, en caso de existir?), sentimos el deseo mundano de tomar un buen tequila antes de la comida.

A México le sobran razones para el escepticismo, pues la corrupción lo invade todo. Lo hemos visto en los primeros meses de la cuarta transformación. Dondequiera que se pincha sale pus, incluso en el sistema de guarderías. Los grupos que alucinan armas químicas y monstruos de mil cabezas en el Cimari de General Cepeda deberían preocuparse mejor por las más de 60 mil toneladas de desechos industriales sobre las cuales no existe control alguno.

La actitud del obispo Raúl Vera –químico y dominico–, cuyo trabajo en otros campos es plausible, desconcierta. No así la de politicastros del PRI y del PAN que actúan por consigna de caciques, como el exalcalde de General Cepeda, Rodolfo Zamora, uno de cuyos hijos participó en el bloqueo de la carretera Saltillo-Torreón, para complicarle aún más la vida al gobernador Miguel Riquelme.

Entre técnicos y operarios calificados, el Cimari ocupa a 150 personas, la mayoría de las cuales pertenecen a comunidades vecinas. De acuerdo con la norma federal (Semarnat), un confinamiento necesita estar alejado de la población más próxima un kilómetro, y la población no debe exceder los mil habitantes. Entre las instalaciones del Centro de Residuos de Ecolimpio y el ejido San José de la Noria, donde habitan 90 personas, medían cinco kilómetros en línea recta. Una de las formas de contrarrestar el calentamiento global –ese sí real, no las quimeras mitológicas– consiste en construir más Cimaris, como el de General Cepeda, para lo cual hacen falta empresarios de la talla de Daniel Calvert y de su familia. A Dios los que es de Dios y al César lo que es del César.
20 Febrero 2019 03:38:00
Monólogo del poder
Andrés Manuel López Obrador era olímpicamente ignorado cuando pedía debatir con los presidentes de turno. Fox y Calderón lo retan hoy a discutir sobre cuestiones patrimoniales y obtienen la misma respuesta. Los exmandatarios tiraron por la borda la oportunidad de cumplir el cambio ofrecido por el PAN desde su fundación en 1939. El compromiso consistía en combatir la corrupción, pero hicieron la vista gorda, según lo refleja el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.

El desencanto ciudadano con el PAN sobrevino en 2006. Fox trató de eliminar a López Obrador de la carrera presidencial, e incluso lo desaforó del Gobierno de Ciudad de México, pero en lugar de hundirlo lo catapultó. Calderón ganó por los pelos con la ayuda del Instituto Federal Electoral (hoy INE). Jamás un presidente había alcanzado el poder con un margen tan raquítico, de apenas seis décimas de punto. Tal como Salinas negoció con el PAN 18 años atrás para legitimarse, Calderón hizo lo mismo con el PRI, sin éxito, pues la sombra del fraude siempre les acompañará.

Calderón no resultó tan mal presidente como Peña Nieto y acaso no fue corrupto, como alega. Sin embargo, tampoco utilizó los instrumentos a su alcance para frenar el robo a los erarios estatales (tampoco hizo nada contra el huachicoleo; al contrario, se incrementó en su sexenio) ni encarceló a ningún gobernador, a pesar de haber tenido elementos para hacerlo (la deuda fraudulenta de Coahuila), pero al menos tuvo el valor de afrontar a los caciques locales. La guerra contra la delincuencia organizada también llevaba dedicatoria para ellos, por haberse coludido con el narco e incendiado el país.

Calderón –como Peña– destrozó a su partido y el PAN no pudo conservar el poder otros seis años. La muerte trágica del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, dejó sin carta fuerte al presidente para la sucesión de 2012. Josefina Vázquez no era su candidata y así lo demostró al decantarse por Peña, con tal de cerrarle el paso a López Obrador. El objetivo se logró, pero el país pagó un costo demasiado alto: corrupción escandalosa en los estados y en la Federación, más muertos y desaparecidos con respecto al gobierno calderonista y descrédito internacional.

AMLO tiene hoy la sartén por el mango: apoyo social como ninguno de sus predecesores, excepto Lázaro Cárdenas y tal vez López Mateos; mayoría en el Congreso (desde la segunda mitad del sexenio de Zedillo, el país registraba gobiernos divididos); oposiciones débiles y fragmentadas, y control en los estados a través de los superdelegados, los cuales atraen reflectores y restan autoridad a los gobernadores; excepto, claro, a los de Morena. La situación debe resultar bastante incómoda para los mandatarios locales, después de haber sido absolutos en los 18 últimos años.

El Presidente debate y dialoga consigo mismo… y no siempre está de acuerdo. En su fuerza radica también su principal debilidad. Vuelvo al escritor italiano Baldassare Castiglione, autor del tratado El Cortesano: “Cuando el jefe puede lo que quiere, se corre el gran riesgo de que quiera lo que no debe querer”. Y AMLO empieza a querer cosas que, por bien del país, no debería. Fox y Calderón no pueden hacer, desde el resentimiento, lo que, como presidentes, fueron incapaces de cumplir para evitar el triunfo del populismo. Ellos, junto con Peña, encumbraron a AMLO.
19 Febrero 2019 03:58:00
Los extraditables
El Índice de Estados Frágiles (FSI) del Fondo para la Paz menciona de refilón el caso de 11 gobernadores mexicanos (un tercio del total) investigados por delitos de corrupción. De esa manera significa la expansión del fenómeno y el peligro inherente para la estabilidad del país, junto con la violencia y el déficit creciente de estado de derecho.

El FSI no cita a los políticos, pero son fácilmente identificables. Entre ellos: Javier y César Duarte, de Veracruz y Chihuahua (el primero encarcelado y el segundo prófugo); Guillermo Padrés, de Sonora, en libertad provisional; Roberto Borge, de Quintana Roo, preso; Jorge Torres, de Coahuila, y Eugenio Hernández, de Tamaulipas, en proceso de extradición. Luego de cinco años en cautiverio, Andrés Granier, de Tabasco, terminará de purgar en su domicilio una condena de 12 años por peculado.

Luis Armando Reynoso, exgobernador de Aguascalientes, fue detenido en 2015. Recibió una sentencia de cinco años y 10 meses por peculado y ejercicio indebido de funciones. Además, deberá pagar 32 millones de pesos como reparación del daño al erario. Está libre, pero enfrenta otros cargos.

El 9 de abril de 2017, autoridades de Italia y Estados Unidos, apoyadas por la Interpol, capturaron a Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, en Florencia. Un año después fue extraditado a Texas, bajo cargos de lavado de dinero, contrabando de drogas y delincuencia organizada. El político habría aceptado sobornos de los cárteles del Golfo y de Los Zetas. El caso empezó con la declaración de un testigo protegido de la DEA, quien lo acusó de blanquear dinero para ambas organizaciones.

A Humberto Moreira (HM) lo investigan en España donde estuvo detenido –del 15 al 22 de enero de 2016– a solicitud del Gobierno de Estados Unidos. Se le acusa de lavado de dinero y malversación de fondos. Rolando González, uno de sus prestanombres, se declaró culpable e involucró al exmandatario y a funcionarios de su administración en la compra de estaciones de radio con recursos del estado. Javier Villarreal, exsecretario de Finanzas, lo acusó frente a los fiscales Rusell Leachman y José Grinda, en San Antonio, de haberse apropiado de alrededor de 3 mil millones de pesos (El País, 16.11.18).

De los tres gobernadores que son investigados y figuran en la lista de “los 10 mexicanos más corruptos de 2013” de la revista Forbes, dos están presos: Andrés Granier y Tomás Yarrington. El único en libertad es Moreira.

En la Corte Penal Internacional (CPI) existen demandas contra el Gobierno de los hermanos Moreira por supuestos crímenes de lesa humanidad. Las solicitudes fueron presentadas por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), diversas ONG de México, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, y el ahora senador Armando Guadiana, por los asesinatos y desapariciones ocurridos entre 2009 y 2016 en Allende, el penal de Piedras Negras y otras regiones del estado.

Jimena Reyes, directora para las Américas de la FIDH, acusó a Los Zetas, a autoridades del estado, a las policías municipales y a la Policía Estatal Acreditable de haber cometido “crímenes de lesa humanidad en un contexto de innegable colusión”. Reyes declaró –en rueda de prensa– que en la administración de HM el cártel tuvo el control del territorio, lo cual le permitió cometer las masacres en Allende y en la cárcel de Piedras Negras. También dijo que en el Gobierno de Rubén Moreira se incrementaron los casos de privación de la libertad, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos (Eje Central, 05.07.17).
18 Febrero 2019 04:00:00
La inmunda corrupción
En su discurso de toma de posesión, el presidente López Obrador se escandalizó por el puesto de México en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional: “Ocupamos el lugar 135 en corrupción, entre 176 países evaluados; pasamos a ese sitio luego de estar en el lugar 59 en el 2000, subir al 70 en el 2006, escalar al 106 en 2012 y llegar en 2017 a la vergonzosa posición en que nos encontramos”. Para más inri, el país cayó otros tres lugares en el IPC 2018 y hoy se ubica en el 138 (de un total de 180), de acuerdo con Transparencia Mexicana (TM).

AMLO sentenciaba el 1 de diciembre pasado, desde la tribuna del Congreso: “A partir de ahora se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical, porque se acabará con la corrupción y con la impunidad que impiden el renacimiento de México”. Para el director de la oficina en México de Transparencia Internacional, Eduardo Bohórquez, “Las medidas preventivas tomadas hasta ahora pierden efectividad cuando quienes participan en las redes de corrupción saben bien que no serán sentenciados y que podrán mantener los recursos desviados del erario público”.

El juicio vale para el sexenio de Peña Nieto y los primeros meses del nuevo Gobierno. El Presidente ha preferido mirar hacia otro lado en los grandes casos de corrupción: Odebrecht, “Estafa Maestra” y el robo de combustibles desde Pemex. “(…) nosotros queremos convertir la honestidad y la fraternidad en forma de vida y de gobierno. No se trata de un asunto retórico o propagandístico; estos postulados se sustentan en la convicción de que la crisis de México se originó, no sólo por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años, sino también por el predominio, en este periodo, de la más inmunda corrupción pública y privada”.

El Presidente formulaba un compromiso: mejorar la posición de México en el IPC citado por él. Pero sin enjuiciar a los corruptos por las vías institucionales pertinentes, ¿cómo lograrlo? “Si el país puede o no erradicar la corrupción tendrá un gran impacto en la legitimidad del estado de la nación, y su capacidad para hacer frente a la amenaza de violencia tendrá un impacto similar en su estabilidad”, dice el Fondo para la Paz con respecto a México en el índice 2018. Uno de los países con mayores problemas de gobernabilidad, ingreso y desarrollo humano, según el IPC, es el nuestro.

El descenso de tres sitios en el IPC le restó a México un punto; ahora tiene 28, muy lejos de Canadá (81), Estados Unidos (71), Chile (67), y siete por debajo de Brasil (35). Sus vecinos más próximos en la lista son Guatemala (27) y Nicaragua (25); el primero está en la zona de “alta advertencia” del Índice de Estados Frágiles del Fondo para la Paz, y el segundo en la de “advertencia elevada” junto con México. Entre 35 los socios de la OCDE, ocupamos el último lugar.

TM no se va por las ramas: “México podrá afirmar que está avanzando en el control efectivo de la corrupción cuando inicie el desmantelamiento de las redes de corrupción que han capturado las instituciones públicas y cuando regresen a las arcas de la nación los recursos desviados, mediante una política de recuperación de activos”. Nada de perdón y olvido. AMLO debe activar cuanto antes los mecanismos que permitan enjuiciar a los venales y confiscar el dinero y las propiedades obtenidos ilícitamente. Solo así podrá atacar la “inmunda corrupción pública y privada” y alejar a México de los Estados fallidos.
16 Febrero 2019 03:24:00
Realidad irrefutable
El erudito Jaime Torres Mendoza publica en el número 607 del bisemanario Espacio 4 un texto recomendable, como son todos los suyos, donde relaciona los arcanos de la fotografía y su intemporalidad con la realidad de nuestro país, reflejada a través de la prensa –amarillista, seria y de espectáculos–. Una refutación a la retórica oficial. Comparto a continuación algunas partes.

“Una fotografía trasciende el mero y evidente ámbito de reproducir una imagen; es, más bien, un mapa de la memoria, una guía para transitar en un tiempo que no es el nuestro, un misterio que se intenta desentrañar desde el silencio del documento gráfico que nos interpela. Frente a ese documento iconográfico se abre la duda y después de la duda está la incógnita, idéntica a un abismo, profundo y oscuro.

“A pesar de eso, el documento fotográfico ilumina porque su requisito fundamental es ser un soporte de precisión que permite transmitir y, a la vez, conservar algún tipo de experiencia ocurrida como evento a una persona o a una sociedad en algún momento determinado en el tiempo.

“Una fotografía configura una serie de conexiones, incrustadas, almacenadas, en el conjunto de la historia. Cada papel, cada idea, cada acción, cada pensamiento, modifica sustancialmente las conexiones dentro de esa vasta red. Con todo ello, la historia se fortalece, se debilita, o se forman nuevos hechos. La esencia física del acontecimiento y, digamos, espiritual en el ámbito del contenido y sus alcances, cambia; incluso cuando se ignora la existencia del documento.

“Como todo documento, la fotografía es una metáfora que encierra un gran misterio. Siempre será una incógnita la sonrisa congelada en la imagen; jamás podrá saberse el sentido de la mirada triste y melancólica que sostienen los personajes atrapados ahí; nunca sabremos el grado de profundidad en los campos de significación para los protagonistas respecto de los objetos que logró capturar la cámara y que se encuentran en su entorno inmediato y, por supuesto, nos está vedado el espacio íntimo donde se abisma la emoción. (…)

“Cuando un espectador se acerca a una fotografía, viaja en la memoria muchos años atrás y se instala en un universo que ya no es pero que, paradójicamente, sigue estando ahí, y, por lo tanto, es. Ese es el poder de la imagen atrapada en una fotografía, ese es su misterio. Una fotografía colorea la memoria, tanto individual como colectiva para dar nueva vida a un instante impasible del pasado que impacta de manera contundente en la vorágine del presente porque cuenta el universo completo de una historia.

“El desafío que plantea una fotografía es la realización de un ejercicio hermenéutico donde quizá podamos desentrañar cada historia para escribirla en nuestro tiempo y, tal vez, en ese mismo acto de introspección, simbólicamente podamos también escribir la nuestra y resignificar los eventos que configuran hoy nuestra existencia.

“Por eso invito a los lectores a observar las fotografías de violencia que aparecen en los periódicos amarillistas, las fotografías solemnes que nos venden los diarios serios, las que nos entregan con morbo las revistas de espectáculos. Deténgase un instante en ellas porque ahí está la verdad de este país, no en los discursos vacuos de los políticos”. (Versión completa en la dirección web http:/www.espacio4.com/)
15 Febrero 2019 03:49:00
Más ruido que nueces
México superó el peligro por la elección de Donald Trump y le ha plantado cara en el tema del muro fronterizo, pero “su resistencia a largo plazo todavía será probada por los problemas arraigados de la violencia y la corrupción”, dice el Fondo para la Paz en su Índice de Estados Frágiles 2018. En los primeros meses del Gobierno de López Obrador ha habido más ruido que nueces con respecto a esos y otros temas. Los mexicanos votaron para ver paz en sus calles y a los corruptos entre rejas. En tan corto tiempo no pueden esperarse resultados espectaculares, pero preocupa que el discurso y la estrategia del primer presidente de izquierda vaya ahora en sentido contrario.

La apuesta de AMLO por la Guardia Nacional –pendiente de aprobación en el Senado– genera dudas y rechazo por el riesgo de militarizar el país y vulnerar aún más los derechos humanos. El Presidente no parece dispuesto a cumplir su promesa de castigar a los políticos y funcionarios venales de los últimos sexenios, pero ni la Guardia ni la amnistía han recibido el respaldo que obtuvo en las urnas. Menos la segunda, pues supone premiar a quienes robaron a la nación y a la mayoría de los estados.

AMLO centra la lucha contra la corrupción en el huachicoleo, el cual, sin ser menor, es apenas la punta del iceberg. La mayoría de los agentes políticos apoya la medida, pero el desabasto de combustibles provocó malestar ciudadano y pérdidas millonarias. Además, la explosión en Tlahuelilpan, causante de la muerte de al menos 130 personas, y el cierre posterior de ductos, exhibió fallas de planeación y de respuesta para afrontar la emergencia y la demanda de gasolinas.

En “Estados Fallidos: definiciones conceptuales” (2009), Gabriel Santos Villarreal, investigador parlamentario, apunta: “El término también se utiliza en el sentido de un Estado que se ha vuelto ineficaz. Es decir, un Estado que tiene control nominal militar y policial sobre su territorio, solamente en el sentido de no tener grupos armados desafiando directamente la autoridad del Estado, pero que no puede hacer cumplir sus leyes uniformemente debido a las altas tasas de criminalidad, corrupción extrema, un extenso mercado negro/informal, burocracia impenetrable, ineficacia judicial, interferencia militar en la política, grupos de poder fácticos que imponen sus decisiones sobre la aplicación de la ley, la ley misma y el interés general, situaciones culturales en las cuales los líderes tradicionales gastan más energía que el Estado sobre ciertas áreas, aunque no compitan con el Estado, y otros factores”.

Los niveles de aprobación de López Obrador todavía son elevados, pero declinarán si insiste en polarizar al país y tarda en brindar resultados en seguridad, combate a la corrupción y economía. Máxime porque un sector de la opinión pública se muestra cada vez más escéptico e inquieto por el rumbo del país bajo la nueva administración. En su columna “Llegaste tarde, AMLO”, Jorge Suárez-Vélez enciende la alarma: “El proyecto de López Obrador es ideológico, no político. Pero es su extrema ineptitud en el manejo de la economía lo que hará que su proyecto naufrague. A quienes nos oponemos a él nos toca, además de poner el reflector sobre los graves errores cotidianos, impedir que el daño estructural sea tal que provoque una situación de retroceso irreversible, aun cuando alguien apto tome después la rienda de este Gobierno” (Reforma, 11.01.19).
13 Febrero 2019 03:56:00
La frontera del caos
Después de tres sexenios de alternancias fallidas entre el PRI y el PAN, el presidente Andrés Manuel López Obrador lidia con el país caótico que, desde la oposición, contribuyó a modelar y ahora, en la Presidencia, parece querer continuar.

Desde 2005, cuando el Fondo para la Paz (FFP) empezó a publicar el Índice de Estados Frágiles (FSI, por sus siglas en inglés), México se localiza en la zona de Estados “en peligro”. En 2017 sufrió el peor retroceso en una década, entre otros factores, por la corrupción política, la violencia –el Instituto Internacional de Prensa lo declaró el más peligroso para los periodistas; 66 fueron asesinados en el sexenio de Peña Nieto, según Reporteras en Guardia–, la falta de estado de derecho y la desconfianza en las instituciones.

El FFP evalúa anualmente a 178 países de acuerdo con 12 indicadores. Cada uno se califica del uno al 10; mientras más alta es la puntuación, mayor el riesgo. Con 71.5 puntos, México ocupa el lugar 94 y se ubica en el rango de “advertencia elevada” junto con Perú, El Salvador, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Colombia, Honduras y otros 21 Estados. Canadá tiene 21.5 puntos y es el único de América en la categoría mundial de “sostenible”. Uruguay supera a Estados Unidos entre los “muy estables”; Chile, Costa Rica, Argentina y Panamá son de los “más estables”.

México empeoró en los indicadores de aparato de seguridad (8.5 puntos), agravio de grupo (6.9), desarrollo económico desigual (5.8), legitimidad del Estado (6.2), servicios públicos (6.5) y derechos humanos (6.2). Antes de las elecciones de 2018, el FSI advertía: “Casi 90% de los mexicanos ve al estado y al Gobierno

federal tan profundamente corruptos, que ha erosionado la base del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del presidente Peña Nieto”.

Algunas características de los Estados fallidos son: Pérdida de control físico del territorio, o del monopolio del uso legítimo de la fuerza; erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones; incapacidad para suministrar servicios básicos; e incapacidad para interactuar con otros Estados como miembro de la comunidad internacional. (Wikipedia) Entre los 13 países peor calificados en el FSI de 2018 figuran Sudán del Sur, Somalia, Yemen, Siria y Afganistán.

La corrupción alcanzó en el gobierno de Peña Nieto cotas inéditas y los asesinatos superaron el registro de cualquier otro sexenio incluido el de su predecesor panista, Felipe Calderón. El año pasado fue el más violento con 28 mil 816 homicidios, 15% por encima del anterior, según la organización no gubernamental Semáforo Delictivo. La cifra equivale a 23 muertes por cada 100 mil habitantes; el promedio mundial es de 6.2. Casi el 45% de los casos ocurrieron en Guanajuato, Baja California, Guerrero, Jalisco, Veracruz, Michoacán, Chihuahua, Estado de México, Sinaloa y Quintana Roo. Coahuila figura entre los estados con menores tasas (7.6).

Además de perder el monopolio de la violencia con el crimen organizado y el control de algunas regiones del país, otro de los problemas lo representa la fragilidad de sus instituciones. El Estado ha sido incapaz de erradicar y castigar el robo de combustibles, en Pemex y en la red de ductos.

El fenómeno no es nuevo, pero se agravó en el gobierno de Peña Nieto. Por otra parte, las huelgas en Tamaulipas y los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en Michoacán y Oaxaca, tolerados por el Gobierno de López Obrador, pueden empujar a México a la zona de Estados fallidos.
12 Febrero 2019 03:32:00
Pacto de impunidad
El triunfalismo es pésimo consejero. Peña Nieto llegó al poder no por méritos personales o por tener cualidades de estadista, sino por un pacto con los gobernadores del PRI, que en 2011 eran mayoría y controlaban el Congreso federal, las legislaturas locales y habían cercado, junto con la delincuencia organizada, al presidente Calderón. A cambio recibirían impunidad.

En ese contexto, Humberto Moreira desempeñó un papel relevante. Tanto, que Peña Nieto lo convirtió en líder del PRI, pero no pudo sostenerlo por el escándalo de la deuda contraída con decretos falsos.Moreira salió de escena, pero jamás perdió la protección de Los Pinos.

El Gobierno de Peña Nieto intervino para liberarlo del penal madrileño de Soto del Real, después de haber sido detenido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, el 15 de enero de 2016, “bajo cargos de blanqueo de dinero y malversación de fondos durante su etapa como gobernador del Estado de Coahuila (2005-2011)” (El País, 16-01-16).

La nota, de Pablo de Llano, lo presenta como una “figura sombría de la política mexicana, rodeado de sospechas de corrupción por las que fue defenestrado políticamente tras escalar a las más altas esferas del poder como presidente del Partido Revolucionario Institucional”.

Según la prensa española, la procuradora Arely Gómez fracasó en su intento de obtener información sobre el caso. El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR era entonces Raúl Cervantes, amigo de Peña y excolaborador de Moreira en el CEN del PRI. El PAN solicitó la extradición del exgobernador y la extensión de dominio sobre sus propiedades y cuentas bancarias.

El expresidente del PRI salió libre el 22 de enero y de inmediato regresó al país. En México y Coahuila ha sido absuelto por la deuda irregular y la supuesta compra de radiodifusoras con recursos públicos a través de prestanombres. Pero no en España, donde la Fiscalía Anticorrupción reabrió la investigación por lavado de dinero y otros delitos después de haber tomado declaración al exsecretario de Finanzas, Javier Villarreal y a Rolando González Treviño.

El periódico La Jornada publicó el 19 de enero pasado que un juzgado “negó la suspensión provisional solicitada por el exgobernador (Humberto Moreira)” para no ser extraditado a España donde se le acusa de “lavado de dinero, corrupción y vínculos con el crimen organizado”. La Dirección General de Estadística Criminal registra los acuerdos 35 principal y 36 incidental con el nombre de Humberto Moreira Valdés contra actos del Director General de Procedimientos Internacionales, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría

General de la República.

Tras la captura del exgobernador interino Jorge Torres López, el 6 de febrero, cuya extradición fue solicitada por Estados Unidos, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Marcelo Torres, demandó enjuiciar también a Humberto Moreira.

“El desfalco de la megadeuda es un delito a los ojos de todo el mundo, menos de los cómplices de los Moreira ni del resto de sus secuaces en el estado”, dijo a El Norte (06.01.19). La detención de Torres ha hecho renacer la esperanza de que se castigue a los responsables de la ruina financiera de Coahuila y de la corrupción en los dos últimos sexenios. La pieza principal del entramado es Humberto Moreira; si él cae, Rubén será el siguiente.
11 Febrero 2019 03:40:00
El eslabón más débil
El primer golpe del gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra la corrupción lo asestó en Coahuila con la detención del exgobernador Jorge Torres López (JTL), el 5 de febrero en Puerto Vallarta. Prófugo desde 2014 y uno de los más buscado por la Agencia Antinarcóticos (DEA, por sus siglas en inglés) desde 2016, enfrenta cargos por lavado de dinero y fraude bancario. Estados Unidos investiga a Humberto Moreira (HM) como presunto líder de la conspiración. El exsecretario de Finanzas, Javier Villarreal Hernández, lo acusó frente a fiscales de Estados Unidos y España de apropiarse de 3 mil millones de pesos del erario de Coahuila, según dio a conocer el diario El País, el 16 de noviembre pasado (Espacio 4, 606).

La captura y futura extradición de JTL tendrá efecto dominó por la información que posee y por ser el eslabón más débil de la cadena. En el sexenio de HM ocupó puestos clave: secretario de Finanzas, alcalde interino de Saltillo, secretario de Desarrollo Social y Gobernador interino. A él le estalló el escándalo de la deuda por más de 36 mil millones de pesos, adquirida sin autorización del Congreso pero legalizada por los diputados del PRI en 2011. Sin embargo, el verdadero jefe de Torres era Rubén Moreira. La relación entre JTL y HM entró en crisis cuando, según versiones, el primero se negó a firmar documentos comprometedores de la deuda; incluso habría sido atacado por el exgobernador. Jorge Torres McGregor, sobrino de JTL, fue asesinado el 10 de noviembre de 2011. José Eduardo Moreira, hijo de HM, corrió la misma suerte el 3 de octubre de 2012, en Ciudad Acuña.

La tormenta la desató Janice Ellington, juez federal de Texas. En junio de 2014 declaró prófugo a JTL y le confiscó 2.7 millones de dólares depositados en las Islas Bermudas. De acuerdo con la revista Proceso (07-02-16), “Jorge Torres y Javier Villarreal comenzaron a abrir cuentas de inversión en las Bermudas, a través del banco Butterfield and Son Limited, el cual opera al menos en cinco paraísos fiscales. Las autoridades estiman que a través de operaciones de divisas y transferencias bancarias manejaron más de 35 millones de dólares con las cuales posteriormente adquirieron numerosas propiedades en San Antonio, Brownsville y South Padre Island, según la oficina fiscal de Estados Unidos”.

La revisa cita: “‘Torres y Villarreal abrieron cuentas después de una primera reunión con banqueros de J.P. Morgan Chase en México, donde discutieron la apertura de múltiples cuentas en las Bermudas’, precisa el documento de la Corte del Distrito Sur de Corpus Christi con el número de demanda civil 2:13-CV-294, del cual Proceso tiene una copia. ‘Durante la reunión Torres preguntó a los banqueros si era posible que las transferencias bancarias pudieran ser borradas del sistema para que esas transferencias no aparecieran como enviadas desde México a las Bermudas a través de los Estados Unidos’, precisa el documento oficial”.

El cerco formado por Estados Unidos y España en torno HM y otros funcionarios de su administración, se empezó a estrechar con las declaraciones de culpabilidad de Javier Villarreal y del empresario Rolando González Treviño, hermano de Roberto Casimiro González, dueño de la televisora RCG, quien también ha sido citado en el juicio. La detención de JT es la peor noticia para los Moreira. Y todavía falta la extradición de Juan Manuel Villarreal, “El Mono”, a Estados Unidos. El presunto operador de Los Zetas en Europa se encuentra detenido en España desde marzo de 2016, acusado de blanqueo de dinero y otros delitos.
09 Febrero 2019 04:00:00
Asalto a la nación
En el libro La Era de la Turbulencia: Aventuras en un Mundo Nuevo (2007, Penguin Press), Alan Greenspan, expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, advierte que discrecionalidad es corrupción. Si el sueldo de los ministros de la Corte (388 mil 290 pesos mensuales netos) escandalizó al país, ahora sabemos que el director del Infonavit, David Penchyna, recibía más de 700 mil pesos. ¿Premio por su apoyo a la reforma energética? Este es uno de los temas de la sección de Sombras de la nueva edición de Espacio 4.

I
Mala señal envía el Poder Judicial con la liberación del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías (PAN), quien tras poco más de dos años de prisión abandonó el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, para enfrentar su proceso final en libertad condicional. Padrés, quien el 10 de noviembre de 2016 fue detenido por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal equiparada y delincuencia organizada, pagó una fianza de 140 millones de pesos para recuperar su libertad. Las críticas a favor y en contra de su liberación armaron un revuelo en Twitter. Mientras panistas del estado, incluida la alcaldesa de Hermosillo (encargada del programa CreSer en la Secretaría de Desarrollo Estatal de la administración de Padrés y hoy morenista), festejaron su liberación, la gobernadora Claudia Pavlovic la lamentó y condenó a “quienes traicionaron la confianza de los sonorenses”. Padrés alimentó el fuego con un supuesto audio de Whatsapp donde amenaza: “¡Ya estoy libre, cabrones! ¡Agárrense, hijos de la chingada!”.

II

Mientras el Tribunal Superior de Justicia de Nayarit suspendió al magistrado Jorge Ramón Marmolejo Corona, implicado en un presunto fraude a más de 60 mil derechohabientes del Infonavit, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el exdirector del organismo, el priista David Penchyna, ganaba 700 mil pesos mensuales. “Me enteré que el director del Infonavit ganaba 700 mil pesos mensuales en total. Era mucho el robo, era mucho el saqueo, la corrupción, y mucho también el derroche. Era un Gobierno faraónico, de lujos, de gasto superfluo, improductivo”, dijo AMLO en su conferencia matutina del 30 de enero. El Infonavit está inmerso en un escándalo por el despojo de viviendas a más de 300 mil derechohabientes de varios estados que tenían retrasos en el pago de sus créditos inmobiliarios. Para llevar acabo el megafraude, se inventaron juicios, avisos y edictos, en juzgados de Nayarit y Coahuila (Espacio 4 605). En Coahuila, al menos 6 jueces fueron suspendidos por el caso.

III

Y siguen saliendo números del despilfarro en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). Entre 2013 y 2018, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) gastó al menos 573 millones 501 mil 579 pesos en agua, alimentos, banquetes, eventos y fiestas, lavado de vehículos, ropa (no especializada), toallas de algodón y “aterciopeladas”, entre otros. En “souvenirs” gastó 1.1 millones de pesos (mdp); en medallas, 529 mil pesos: en loncheras, 232 mil pesos; balones, maletas y redes de futbol, 190 mil pesos. El gasto más elevado, 316.5 millones de pesos, fue para la adquisición de prendas de vestir no especializadas (camisas tipo polo, chamarras de piel, gorras, pantalones de mezclilla, uniformes deportivos). De acuerdo con el actual titular de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, urge aplicar un plan de eficiencia, austeridad y anticorrupción, pues la situación financiera “es crítica”. Hasta el tercer trimestre del año pasado, la dependencia federal registró pérdidas por 37 mil 806.3 millones de pesos.

08 Febrero 2019 04:00:00
Corrupción y populismo
La corrupción es un fenómeno mundial. Hablemos primero del continente: Canadá y Estados Unidos la tienen; en Uruguay, Chile, Guyana y Costa Rica –los seis países de América con las mayores calificaciones en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2018 de Transparencia Internacional– también la padecen. A escala global, Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur y Suecia, los mejor puntuados, igual lidian con ella. En México, la hidra ha desgastado a las instituciones públicas y privadas y provocado el empobrecimiento de legiones.

La aplicación del estado de derecho determina la salud política y social de un Estado, así como su viabilidad y progreso. No es casual, entonces, que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, México haya descendido 33 lugares en el IPC (del 105 al 138) y perdido 6 puntos (ahora tiene 28), uno más con respecto a Guatemala, pero muy lejos de Uruguay (70) y Chile (67). La corrupción favorece a las elites: presidentes, gobernadores, legisladores, a los oligarcas y a sus secuaces. Ello explica la reacción de Montescos y Capuletos frente a la decisión del Presidente de “barrer la escalera de arriba para abajo”. En Coahuila, empezó con la detención de Jorge Torres López.

La tesis de Delia Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional, en el sentido de que “La corrupción es mucho más probable que florezca cuando las bases democráticas son débiles y, como hemos visto en muchos países, donde los políticos no democráticos y populistas pueden usarla en su beneficio”, es irrefutable. En Venezuela, los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro utilizaron las urnas como coartada y hundieron al país en una crisis de la cual, una vez terminada la pesadilla, tardará mucho tiempo en superar.

Por su formación social, compromiso con los pobres, honradez y austeridad, López Obrador quizá pretenda equipararse al expresidente de Uruguay, José Mujica, cuyo pasado guerrillero, 15 años de prisión y una carrera política congruente y exitosa le convirtieron en una de las figuras más relevantes y apreciadas del planeta. Sin embargo, el país sudamericano tiene una democracia consolidada, mientras los cimientos de la nuestra, luego de tres alternancias frustradas, no han terminado de fraguar. Además, la deriva populista, en cualquier país del mundo, siempre representará un riesgo para la estabilidad y el futuro.

Hasta hoy México no ha dado muestras claras e inobjetables de querer combatir la corrupción de raíz y sin excepción. Nuestro vecino del sur nos supera por mucho. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), creada en 2006 con la participación de Naciones Unidas y el Gobierno de ese país, para apoyar al Ministerio Público, destituyó y envió a prisión al presidente Otto Pérez, a la vicepresidenta Roxana Baldetti y a otros altos funcionarios por delitos de corrupción. Aun así, Guatemala está seis lugares por debajo de México en el IPC.

Un Estado incapaz de castigar la corrupción y a los principales traficantes de droga, y deja esa responsabilidad a un tercero –en nuestro caso, Estados Unidos– está condenado al fracaso. El presidente López Obrador recibió un país ubicado entre los más corruptos y frágiles del mundo. La tarea de enderezarlo no es sencilla, y menos lo será si incumple su promesa de sanear el servicio público, recuperar –al menos– una parte de los caudales robados y poner entre rejas a quienes se enriquecieron a costa del país y de la mayoría.
06 Febrero 2019 03:54:00
Incongruencias
El diputado Gerardo Aguado le puso el cascabel al gato: la congelación de las denuncias de la Auditoría Superior del Estado (ASE) por la megadeuda y las empresas fantasma obliga a «un profundo análisis» sobre el desempeño de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción «para determinar si es esto lo que necesita Coahuila o debemos transitar a otro modelo». La ciudadanía espera «ver al responsable en la cárcel y, cuando procede, despojado de los bienes mal habidos».

Así lo plantea el punto de acuerdo propuesto por Aguado y el grupo parlamentario del PAN a la diputación permanente, el 15 de enero, para que el fiscal Gerardo Márquez Guevara y el zar anticorrupción Homero Flores Mier informen sobre «las causas por las que no han dado resolución definitiva a las denuncias que la Auditoría Superior del Estado ha presentado desde el año 2013 por delitos relacionados con hechos de corrupción»; en particular «las que llevan más de dos años en proceso».

El documento es especialmente crítico con Flores Mier: «se ha dedicado a cambiar su discurso y afirmaciones sobre las empresas fantasma denunciadas en 2016, hasta el hecho de que los procesos que lleva a cabo en su fiscalía sean opacos, lentos y sin que los ciudadanos puedan conocer nada al respecto. (…) las denuncias por la megadeuda siguen sin ser resueltas a prácticamente siete años de que se documentaron los hechos y se presentaron las primeras de manera formal. Siete años y nada. Sólo silencio, opacidad… y quizá hasta complicidad».

Los nueve diputados del PAN advierten: «Se suponía que, con una Fiscalía Autónoma y un Fiscal Especializado en delitos de corrupción, con autonomía técnica y de gestión, las cosas iban a cambiar. (…) ¿Cuál cambio? ¿Cuáles resultados? Las respuestas todos las conocen, y no podemos argüir falta de tiempo; ya han tenido suficiente, en especial en casos como la megadeuda, y las denuncias que refiere el auditor, correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015».

Sin embargo, la misma bancada panista guardó silencio el 26 de diciembre pasado frente a Homero Ramos Gloria, el muñidor de los Moreira, quien durante seis años mantuvo en la congeladora de la Procuraduría General de Justicia las denuncias de la ASE por la deuda, las empresas fachada y otras irregularidades graves en los dos últimos sexenios. Para más inri: los diputados de Acción Nacional votaron por la designación de Ramos Gloria como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) para un periodo de 15 años. ¿Simulación? ¿Complicidad?

La votación para nombrar a los seis nuevos magistrados, propuestos por el gobernador Miguel Riquelme, se hizo en secreto (por cédula). Había la opción de sufragar por cada uno de los aspirantes, sin faltar a la Ley Orgánica del Congreso, pero se impuso la línea de hacerlo por bloque. ¿Para asegurar el pase de Ramos Gloria y de otros, como él, sin trayectoria en el Poder Judicial? Veintiún diputados —entre ellos Gerardo Aguado— votaron a favor. Juan Antonio García Villa, María Eugenia Cázares (PAN) y otro legislador, lo hicieron en contra; hubo una abstención. La maquinaria PRI-PAN volvió a funcionar para inmunizar al procurador que obstruyó la justicia, no sólo en el caso de la deuda y las empresas fantasma. Acción Nacional obtuvo a cambio un asiento en el TSJE para Ulises Hernández Torres.
05 Febrero 2019 03:51:00
Romper el silencio
Javier Villarreal Hernández, Jorge Torres López y Homero Ramos Gloria fueron piezas clave en el engranaje de la corrupción financiera y en la procuración de justicia en el docenio de los Moreira. El Gobierno de Estados Unidos confiscó cuentas y subastó bienes del primero de ellos por más de 30 millones de dólares, obtenidos mediante el cobro de comisiones por la asignación de contratos y la deuda de Coahuila. Villarreal se declaró culpable de lavado de dinero; este año podría ser sentenciado en San Antonio, Texas. A Torres le decomisaron 2.8 millones de dólares en las Bermudas, y es buscado por la DEA por fraude bancario.

Sobre el caso, proceso.com informó el 6 de diciembre de 2017: “Documentos liberados por la Corte del Distrito de Texas sobre los procesos judiciales contra Torres López y el exsecretario de Finanzas, Javier Villarreal Hernández, confirman que ambos fueron cómplices de Humberto Moreira en la transferencia de unos 35 millones de dólares a Bermudas y bancos de Texas. Moreira Valdez actualmente es investigado por esos delitos. (…)”
“Las investigaciones de los fiscales de Estados Unidos arrojan que Humberto Moreira viajó en febrero de 2009 a San Antonio con miembros de su gabinete y empresarios en vuelos privados. El selecto grupo se reunió el 25 de febrero de ese año en el lujoso Club de Golf Sonterra, junto con cuatro cómplices: Javier Villarreal, Jorge Torres, –en ese momento, secretario de Desarrollo Social–, y los empresarios Rolando y Casimiro González Treviño, dueños de la cadena de Televisión RCG de Coahuila y estaciones de radio”.

Torres renunció a la Secretaría de Finanzas en 2008 para asumir la alcaldía en sustitución de Fernando de las Fuentes, quien tres años después, como presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, dirigió la legalización de la deuda (hoy es diputado federal). “Hizo muy bien su trabajo Jorge Torres: fue dedicado, leal, además de aplicado a su trabajo”, declaró el gobernador. En su primer mensaje como operador financiero, Villarreal ofreció: “Vamos sobre la obra pública, sobre la inversión. Vamos a cuidar el recurso de los ciudadanos y vamos a seguir adelante con la dirección del gobernador Humberto Moreira Valdés”.

Es justamente Villarreal quien ha puesto a su exjefe de nuevo en la picota. Declaraciones del exsecretario de Finanzas, en San Antonio, Texas, frente a la fiscal Rusell Leachman, el fiscal Anticorrupción de España, Juan José Rosa, y funcionarios de la policía de ese país, sobre el desvío de fondos públicos en Coahuila, reabrieron el “caso Moreira” (El País, 16-11-18). De acuerdo con el testimonio de Villarreal, se facturaron “14 mil millones de pesos (610 millones de euros) en los seis años de Gobierno de Humberto. Este a través de Unipolares y Publicidad del Norte (una de sus sociedades) se llevó 600 millones de pesos (26.1 millones de euros)”.

Según Villarreal, las empresas subcontrataban a otras pertenecientes “también de funcionarios de Coahuila, por ejemplo, de David Aguillón, quien fue secretario de Gobierno entre 2011 y 2012, presidente del PRI en Coahuila, desde 2012 al 2015-16, y actualmente (es) presidente de la Fundación Colosio. Se manejaban unos tres mil espectaculares, y Humberto tenía unos 700 espectaculares, postes de publicidad”. (…)

La nota de José María Irujo advierte: “En base a esas declaraciones, los fiscales Anticorrupción españoles José Grinda y Juan José Rosa pidieron al juez Santiago Pedraz la reapertura del caso. Moreira fue detenido en España en 2016 bajo la acusación de blanqueo de capitales y colaboración con el cártel de Los Zetas”.
La justicia, para Coahuila, vendrá de Texas.
04 Febrero 2019 04:00:00
Clamor de justicia
La inconsistencia caracterizó a los gabinetes de Humberto y Rubén Moreira. El juego les permitió identificar y captar complicidades, por un lado, y anular a posibles aspirantes al Gobierno, mantener el control de sus respectivas sucesiones y conservar el poder, por otro. La consecución de tales objetivos favoreció económicamente al clan y a sus más íntimos; mientras, la permanencia de algunos de ellos en puestos clave les garantiza impunidad. El costo para el estado ha sido enorme: deuda impagable, masacres, desapariciones forzadas, violaciones sistemáticas a los derechos humanos y secuestro de las instituciones.

Los desmanes de los Moreira permanecen sin castigo; los responsables de la quiebra financiera y del saqueo de las arcas gozan todavía de protección. Las denuncias de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASEC) relacionadas con la deuda, cuyo monto ronda ya los 40 mil millones de pesos, las empresas fantasma y el manejo anómalo de miles de millones de pesos más, han sido olímpicamente ignoradas; primero por la Procuraduría General del Estado y ahora por la Fiscalía. Frente a la pasividad de las autoridades, la ciudadanía castigó al PRI en las urnas, pero el clamor de justicia sigue vivo. Así lo constató el presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Torreón, el 28 de diciembre.

El malestar por el abandono del Gobierno del Estado, acentuado durante el moreirato, lejos de apagarse, se ha extendido a otras regiones. No en vano las principales cabeceras municipales (Torreón, Monclova, Piedras Negras y Acuña), excepto Saltillo, ahora son gobernadas por el PAN y por Morena. En el caso de La Laguna, el reproche ya no se refiere sólo a la falta de inversión —lo que ha dado nuevo impulso al movimiento para crear el estado 33—, sino la corrupción y la impunidad. AMLO puede ser el mejor aliado de los laguneros para lograr su propósito y dejar de depender de Coahuila y de Durango.

El Presidente dio el primer paso con el Programa de Desarrollo Integral para La Laguna, al cual se dedicarán este año mil 235 millones de pesos en apoyos a adultos mayores, jóvenes y niños con discapacidad. La Comarca, como el país, ha sido castigada severamente por el centralismo —estatal y federal—, así como por una sucesión de gobiernos corruptos. AMLO se comprometió a combatir el flagelo. La sociedad le exige ahora cumplir su palabra, no solo en el robo de combustibles, sino en la contratación de obra pública, la compra de medicamentos y el manejo de las finanzas.

Los gobernadores no han emprendido hasta hoy acciones concretas para atacar la corrupción, como ha empezado a hacerlo el presidente (en principio contra los cárteles del huachicol, uno de ellos arraigado en Coahuila), excepto Javier Corral, de Chihuahua, incluso antes de que AMLO asumiera el poder. El panista se ha mantenido firme y no descansará hasta lograr la extradición de su predecesor César Duarte (PRI), prófugo en los Estados Unidos. Los gobiernos de los Moreira, en Coahuila, y de Jorge Herrera, en Durango, afectaron sobre todo a La Laguna, cuyo rezago contrasta con el progreso de las capitales (Saltillo y Durango). Los laguneros tienden puentes para establecer comunicación directa con Palacio Nacional. A diferencia de los presidentes del PAN y del PRI, López Obrador sí los escucha. En marzo volverá a estar con ellos, pero antes visitará Saltillo.
02 Febrero 2019 03:58:00
Negocio redondo
En los dos últimos años se detectaron en Coahuila 468 reportes de movimientos bancarios «relevantes» y 10 «inusuales» por un monto de 190 millones de pesos, supuestamente relacionados con el robo de combustibles, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera. De ese tamaño es el negocio del huachicol, como lo plantea Gerardo Moyano en Espacio 4 (606).

«Otro frente que ataca el Gobierno federal es el financiero. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha reportado al menos 14 mil operaciones bancarias que podrían estar relacionadas con el robo de hidrocarburos, las cuales sumaron más de 10 mil millones de pesos, entre 2017 y 2018. Entre ellas, se detectaron transacciones internacionales hasta por dos millones de dólares en compra de vehículos de lujo en efectivo, inmuebles a nombre de los involucrados y de sus familiares, boletos de avión, joyas y obras de arte.

»Entre las denuncias interpuestas por lavado de dinero relacionados con el huachicol destacan cinco casos: el de un exdiputado local (por 332 mdp), un exalcalde (124 y 6 mdp), un empresario (80 mdp), una persona física (40 millones) y un funcionario de Pemex (14 millones). Para detectar la sobrefacturación en gasolineras, la UIF analizó reportes del sistema bancario en busca de dos tipos de operaciones: inusuales (que varían significativamente) y relevantes (por más de 10 mil dólares).

»“De ahí se generó un modelo de riesgo (...) encontrando que una gran parte de las gasolineras hacen depósitos que son diferentes a los recursos con los que operan. Es decir, muchas gasolineras compran a Pemex e importan combustibles, sin embargo, sus ventas superan las compras que han desarrollado. ¿Qué significa esto? Que el diferencial no puede ser otra cosa que el suministro de guachicola”, dijo Santiago Nieto, titular de la UIF.

»Ciudad de México encabeza la lista con más sujetos (44) a los que se les detectaron operaciones inusuales o relevantes, seguida de Puebla (30), Jalisco (23), Querétaro (22), Estado de México (22), Morelos (21), Nuevo León (19), Michoacán (19), San Luis Potosí (19) y Baja California (19). Los montos irregulares suman más de 2 mil 400 millones de pesos en el Estado de México, más de 2 mil millones en Ciudad de México y casi mil 500 millones en Nuevo León.

» Las críticas al Gobierno por la metodología de cierre de los ductos no han sido pocas. Entre las más duras, están las de Juan Pardinas, exdirector del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). “Matar al paciente no es el tratamiento más convencional para frenar la propagación de un tumor. No era necesario cerrar

los ductos que mueven la economía nacional para combatir el robo de combustible. (…) Las soluciones de fondo y largo plazo para el robo de combustibles no son del apetito programático del nuevo Gobierno: Estado de derecho y mercados competidos», señala.

»“En medio de la crisis de desabasto, cuando la República demanda un experto en logística, AMLO se refrenda como un genio de la comunicación (…) de nada sirve levantarse temprano, dar una conferencia de prensa y tomarse selfis en la sala de espera del aeropuerto. No tengo ninguna nostalgia por la ineptitud corruptora que marcó el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero en unas semanas, Andrés Manuel López Obrador corroboró la hipótesis pesimista de que las cosas siempre se pueden poner peor”, agrega Pardinas, nuevo director editorial de Reforma.

»Pese a las presiones, AMLO no cede».
01 Febrero 2019 03:58:00
Homero y la justicia
Primero quiso ser fiscal general para cerrar el círculo de impunidad en torno suyo y de sus jefes. Mientras esperaba, montó guardia frente al Congreso, pero la señal nunca llegó. Gerardo Márquez sería el elegido. Después pretendió ser secretario del Ayuntamiento de Saltillo, para tener fuero, y tampoco. Por fin, el 26 de diciembre, el Congreso local aprobó el nombramiento de Homero Ramos Gloria, cancerbero de los Moreira, como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) para un periodo de 15 años. También fueron designados Miguel Mery, excandidato del PRI a alcalde de Torreón y a diputado federal, y el panista Ulises Hernández, suplente del diputado federal Luis Fernando Salazar, nuevo militante de Morena. El Poder Judicial convertido en refugio de emisarios del clan y políticos frustrados.

Ramos era presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) cuando Humberto Moreira ganó la gubernatura, en 2005. El candidato panista Jorge Zermeño impugnó el resultado por múltiples irregularidades, pero el Tribunal Electoral Federal confirmó la victoria del priista. En enero de 2007, Ramos renunció al IEPC para ocupar la Secretaría de Gobierno, en sustitución de Óscar Pimentel, pero cometió un error: empezó a reunirse con empresarios de Torreón para preparar su eventual candidatura al gobierno. El clan lo bajó de la nube y lo confinó en la Dirección de Pensiones.

En el sexenio de Rubén Moreira, Ramos ocupó la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Fiscalía General de Justicia (convertida después en Procuraduría y más tarde nuevamente en Fiscalía) tras la renuncia de Jesús Torres Charles, acusado junto con su hermano de tener vínculos con el crimen organizado. Una de las principales tareas de Ramos, como procurador, consistió en dar carpetazo a las denuncias de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASEC) por la deuda contratada irregularmente en la administración de Humberto Moreira, y por el desvío de 475 millones de pesos a empresas fantasma en el gobierno de Rubén Moreira. Riviera Álamo, una de las firmas fachada, pertenecía al esposo de la secretaria de Infraestructura y Transporte, María Esther Monsiváis.

El 11 de enero, el titular de la ASEC,

Armando Plata, informó en rueda de prensa que 250 denuncias penales, por irregularidades cometidas entre los ejercicios de 2013 a 2016, permanecen congeladas en la Fiscalía General del Estado. En ese periodo, el procurador de Justicia era Ramos Gloria, quien, según el entonces gobernador Rubén Moreira, “tuvo una destacada labor: trabajó de manera incansable en la lucha contra el crimen organizado, en el tema de (los) desaparecidos y en el combate a los delitos de alto impacto”. En abril de 2017, Ramos declaró el “no ejercicio de la acción penal contra Humberto por los delitos de fraude y operaciones con recursos de procedencia ilícita” (Reforma, 19-04-17).

El 10 de diciembre de 2018, dos semanas antes de la designación de Ramos Gloria como magistrado del TSJE, el Juzgado Primero de Primera Instancia en Material Penal resolvió dejar sin efecto la reaprehensión de Javier Villarreal, uno de los principales operadores de la deuda por más de 36 mil millones de pesos. El TSJE atribuyó la publicación del acuerdo a un error. En cualquier caso, Ramos incurrió –como procurador– en responsabilidad política y penal por haber congelado las denuncias contra los responsables de la deuda y las empresas fantasma, así como por no ejecutar la orden para la recaptura de Villarreal.
30 Enero 2019 03:58:00
Fiscales de hierro
Antes de reabrir la investigación contra el exgobernador Humberto Moreira, el fiscal español José Grinda sentó, el 27 de febrero pasado, a casi una veintena de presuntos miembros de la organización criminal rusa Tambovskaya, en el banquillo de la Audiencia Nacional, para responder por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de dinero. Fundada en 1988, la banda se dedica además al contrabando y a la construcción. Algunos de sus líderes tienen conexiones políticas y han sido miembros de la Duma Estatal (Congreso).

Entre los acusados figuraban el diputado y empresario Vladislav Reznik –ligado al presidente Vladimir Putin– y su esposa Diana Gindin. En junio de 2008, la Policía de España detuvo a 20 sospechosos en el marco de la Operación Troika, la cual permitió abrir el mayor juicio contra la mafia rusa (BBC News, 19-02-18). Grinda (frente a quien el exsecretario de Finanzas de Coahuila, Javier Villarreal, acusó a Moreira de desviar dinero del erario a cuentas personales) denunció amenazas contra él y su familia de Ilya Traber, amigo de juventud de Reznik. El mismo Traber fue quien le presentó a Gennadios Petrov, uno de los líderes de Tambovskaya.

El 18 de octubre pasado, Reznik y el grupo acusado de lavar dinero en España a gran escala, fueron absueltos por insuficiencia de pruebas. No se pudo determinar el origen ilícito del dinero, pese a que “las actividades comerciales de los demandados en España parecían ‘extrañas, poco económicas o poco convencionales’” (BBC News, 19-10-18). Haber sentado a un potentado como Rezkin –intocable en Rusia por su relación con Putin– frente a un tribunal, refleja la determinación y el alcance del Ministerio Público de España para combatir la corrupción.

Juan José Rosa, otro de los fiscales que investigan a Humberto Moreira, declaró sobre un escándalo de corrupción en su país: “En los últimos tiempos todos vemos que la gente ingresa a prisión y no se recupera dinero de los fondos públicos”. Uno de los cometidos de la Fiscalía Anticorrupción –advirtió– es “conseguir la satisfacción del interés público”; para la sociedad es fundamental “que se recupere un montante económico muy importante (…) y en eso estamos”.

En México la justicia está al servicio del poder político y económico. Humberto Moreira fue virtualmente rescatado de la prisión española de Soto del Real, donde permaneció del 15 al 22 de enero de 2016, por el Gobierno del presidente Peña Nieto. Sin embargo, los fiscales Grinda y Rosa tienen en su poder información para llevarlo a la Audiencia Nacional. Es cuestión de tiempo. El presidente López Obrador no pretende castigar a los corruptos, pero la presión social e internacional obliga a su gobierno a enjuiciar a quienes desviaron y se apropiaron de caudales públicos.

La atención se ha centrado en Humberto Moreira, pero el nombre de su hermano Rubén, a quien heredó el cargo, también ha sido citado en una corte federal en San Antonio, Texas, en un juicio contra el cártel de Los Zetas. Humberto ocupó la gubernatura entre 2005 y 2011, pero quien realmente ejerció el poder fue Rubén, el verdadero jefe del clan. Los ojos de Coahuila están puestos en España y Estados Unidos en espera de justicia. En ese afán, los fiscales Grinda –quien afrontó a la mafia rusa– y Rosa –quien pugna por la recuperación de caudales públicos– son aliados de los coahuilenses. Debería serlo el Sistema Estatal Anticorrupción, pero su compromiso es con sus jefes: los Moreira.
29 Enero 2019 03:58:00
El brazo de la justicia
Contrario a lo que sucede en México, donde las élites políticas y económicas son intocables, en España hasta la familia real paga sus faltas en prisión. El 17 de febrero de 2017, Iñaki Urdangarin, cuñado del rey Felipe VI, recibió una condena de seis años y tres meses por malversación de caudales públicos, fraude a la administración pública y tráfico de influencias, entre otros delitos. La condena incluye una multa de 513 mil euros. Dos años después de su detención en el aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas, por los supuestos delitos de “blanqueo de capitales y colaboración con el cártel de Los Zetas” (El País, 16-11-18), la justicia española vuelve a tener en el punto de mira al exgobernador de Coahuila Humberto Moreira.

La reapertura del proceso criminal, determinada por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, con base en las declaraciones del exsecretario de Finanzas, Javier Villarreal Hernández, y del empresario Rolando González Treviño, puso en guardia al también expresidente del PRI. Frente al riesgo de ser extraditado, y ya sin la protección de la Presidencia de la República y de la PGR, que en 2016 le permitió salir de la prisión de Soto del Real, Moreira empezó a tramitar un amparo.

El recurso lo presentó el 16 de enero pasado, luego de la negativa de la PGR para “hacer efectiva la garantía de audiencia y derecho de defensa para conocer, responder, controvertir y aportar pruebas, dentro del procedimiento que se sigue en su contra. (…) El juzgado negó la suspensión provisional solicitada (…) con lo cual pueden continuar las investigaciones en su contra por el Ministerio Público Federal y la colaboración de las autoridades españolas» (La Jornada, 19-01-19).

Los testimonios de Villarreal y González frente a los fiscales anticorrupción españoles Juan José Rosa y José Grinda, el 13 de diciembre de 2017, fueron clave para reabrir la causa contra el exmandatario coahuilense. De acuerdo con El País, Villarreal declaró a los fiscales que entre 2005 y 2010 gestionó la economía de Moreira “al margen de su función pública, mantenimiento de casa, viajes, coches, todo lo que necesitara Humberto. Que, en ese ámbito, tuvo conocimiento o consciencia de que Humberto Moreira se apropiaba de dinero público, malversar dinero”.

José María Irujo dice en su nota: “el testigo asegura (a los fiscales) que conserva facturas y fotografías de sus acusaciones y que las aportará si se le requieren”. Si alguien conoce cómo se contrató y gastó la deuda por 36 mil millones de pesos en el Gobierno de Moreira, es Villarreal, quien en el círculo cercano del exmandatario generaba celos por su influencia. Acusar a su exjefe de apropiarse de 130 millones de euros (tres mil millones de pesos) “tanto para él como para su partido” y proporcionar nombres de propietarios de empresas de televisión y de otros supuestos beneficiarios del erario de Coahuila, proporcionó a los fiscales elementos para solicitar la reapertura de la investigación.

Humberto Moreira ha sido exonerado por la PGR y por la Procuraduría General de Justicia del Estado —entonces a cargo de Homero Ramos Gloria— por la compra de medios de comunicación con dinero del erario y por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, la justicia de España y Estados Unidos no han dicho la última palabra. Máxime cuando sigue pendiente la extradición, a Texas, de Juan Manuel Muñoz, presunto operador de Los Zetas. El empresario lagunero fue capturado en Madrid, el 18 de marzo de 2016 —dos meses después de la detención del exgobernador— bajo los cargos de lavado de dinero y organización criminal.
28 Enero 2019 03:58:00
Domar a la bestia
Antes de robar al país combustibles de los ductos y las refinerías de Pemex a los niveles de escándalo ahora conocidos, los consumidores eran esquilmados en las gasolineras, a ciencia y paciencia de las autoridades. Lo mismo ha sucedido históricamente con el suministro de gas domiciliario. Funcionarios de la Secretaría de Economía, encargada de vigilar los precios, pesos y medidas, y de la Procuraduría Federal del Consumidor obtienen cuantiosos sobornos por hacer la vista gorda. Las pérdidas por el huachicoleo se calculan en 60 mil millones de pesos anuales; el robo al público es incuantificable, pero incluso podría ser mayor.

La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de combatir la sustracción de gasolina obtuvo amplio respaldo social, no exento de críticas, pues el cierre de tuberías causó desabasto y malestar en varios estados. Partidos de oposición y sectores de la prensa aprovecharon la coyuntura para señalar, con dedo flamígero, el cumplimiento del apocalipsis: México convertido en Venezuela en los primeros 45 días del nuevo Gobierno. Igual de forzada y disparatada resulta la tesis según la cual el apoyo al Presidente es consecuencia de la lucha de clases. Los de a pie contra los de coche, como si todos poseyeran autos de lujo. El parque vehicular del país está compuesto –en su mayoría– por modelos anteriores y marcas populares.

El desabasto de gasolina no provocó la crisis anunciada por los profetas del desastre –disturbios, protestas callejeras, cierre de negocios y caída de la bolsa– ni disminuyó la aprobación del Presidente; al contrario, mejoró. Ahora se le exigen detenciones, y debe haberlas de peces gordos, como en Brasil por la corrupción en Petrobras. El mercado negro de combustibles no sería posible sin la participación concertada del crimen organizado, políticos, partidos, funcionarios de Pemex y del gobierno federal. Asimismo, intervienen autoridades locales, líderes del sindicato petrolero, dueños de gasolineras, empresarios y bancos donde se lavan cantidades fabulosas de dinero.

Entre los intereses del poder económico y político no existen fronteras. El neoliberalismo subordinó al Estado a las oligarquías, como lo advirtió el presidente López Obrador en su discurso inaugural. El tráfico de combustibles y de droga también se complementa. Espacio 4 publicó en 2007 el caso de una compañía gasera de Torreón –de alcance nacional– a la cual el Ejército le decomisó un camión cisterna cargado de mariguana en San Quintín, Baja California. Las conexiones políticas y judiciales le permitieron a la familia influyente salir del apuro.

La circunstancia y el apoyo ciudadano –volátil como la gasolina– le brindan a AMLO la oportunidad de abatir y castigar el robo de combustibles, tapar el pozo sin fondo de Pemex (caja grande de los últimos presidentes), garantizar una distribución eficiente y sanear el sindicato cuyo cacique, Romero Deschamps, representa uno de los eslabones más fuertes de la corrupción rampante. Si cumple, le demostrará al país y a sus críticos que el cambio propuesto por él, además de asequible, es positivo.

Empero, el esfuerzo será incompleto si las gaseras y las gasolineras no se sujetan a la ley. Es hora de proteger también la economía de millones de ciudadanos y empresas víctimas de políticos, autoridades y expendedores sin escrúpulos. Basta de abusos. Tragedias como la de Tlahuelilpan son consecuencia, también, de la incuria y la falta de justicia.
26 Enero 2019 03:54:00
El señor del huachicol
Las investigaciones de Hacienda y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre el movimiento de dinero por el robo y comercialización de gasolinas han puesto bastante nerviosos a políticos y empresarios de Coahuila, en particular de Saltillo. Máxime a quienes han hecho negocios con Juan Manuel Muñoz Luévano, cuya extradición –de España a Estados Unidos– tendrá los efectos de un tsunami en el estado. El asunto lo trata Gerardo Moyano en la edición de Espacio 4 recién salida de la prensa.

“Si bien las autoridades estatales insisten en que el robo de combustibles no es un problema grave en Coahuila, los hechos sugieren otra cosa. La entidad ha tenido un papel clave en el entramado del huachicol en el noreste de México, en particular a través del lavado de dinero que realizó para los Zetas Juan Manuel ‘El Mono’ Muñoz Luévano, detenido en España, a la espera de ser extraditado a Estados Unidos, por varios delitos relacionados con el narcotráfico. Muñoz podría ser dueño o socio de al menos 20 estaciones gasolineras en Coahuila y Durango.

“Según datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que lo investiga por robo de combustible, Muñoz cuenta con cuatro permisos para operar gasolineras en las zonas de Saltillo, Torreón y Gómez Palacio. Uno de ellos fue expedido el 14 de enero de 2016, dos meses antes de su detención en Madrid, detonada por una escucha telefónica en la que daba instrucciones para asesinar a una funcionaria de la Fiscalía de Coahuila. En marzo pasado, la CRE clausuró una de sus gasolineras en Arteaga, además de otras dos en Saltillo, previamente, por estar relacionadas con el robo de combustibles.

“‘Es una persona que fue muy activo en ambos lados, en México y España, y sabe mucho del Gobierno de Coahuila, de todos los movimientos de dinero que se hicieron y cosas malas que se hicieron’, dijo Art Fontes, exagente del FBI, a la cadena

Telemundo (20-06-18).

“Según la justicia estadunidense, que lo requiere para enfrentar cargos de narcotráfico y lavado de dinero, ‘El Mono’ tiene un capital de cerca de 25 millones de dólares en Coahuila. ‘Se le notaba una posición de jerarquía muy por encima de (…) estamos hablando de personas que ocupaban cargos dentro de la Administración local, como pueden ser alcaldes de determinados pueblos de aquellos estados, congresistas de los estados mexicanos, incluso miembros de los gobiernos estatales’, agrega una fuente anónima a Telemundo.

“Entre los supuestos socios de Muñoz que aparecen en expedientes de la Justicia española figuran: Rosendo Villarreal Dávila, el exalcalde de Saltillo (1991-1993), y Gerardo Garza Melo, quien renunció como secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial –en el Gabinete de Rubén Moreira–, cuando Muñoz fue aprehendido en España. Semanas después elementos de la Secretaría de Marina catearon el domicilio de Garza Melo, en el fraccionamiento Toscana, al norte de Saltillo (Zócalo, 15-01-18). Garza sería socio de Muñoz en una gasolinera llamada La Teresita, donde se vende producto robado

(Proceso, 31-12-18).

“Rosendo Villarreal niega ser quien aparece en los documentos de la Justicia española, pero los expedientes mencionan su nombre completo en al menos tres ocasiones. ‘Los beneficios obtenidos con esos ingresos extras (de la venta de combustible robado en las gasolineras) se destinan al pago a personas de relevancia en la administración pública mejicana (P ej. Rosendo Villarreal Dávila), señalan los documentos del Ministerio del Interior español’. (Puede leer la versión completa en la dirección web http:/www.espacio4.com/)


25 Enero 2019 03:59:00
Prueba de fuego
Tenía que suceder, tarde o temprano, y el momento llegó. La lección de Tlahuelilpan es para todos: sociedad y Gobierno. Nadie puede con todo ni puede hacerlo todo sin la colaboración del otro; mientras no se entienda, el país pagará los costos. La corrección y el oportunismo políticos inducen a culpar al Estado y a exonerar al pueblo. Algunos sectores querían ver en llamas al presidente López Obrador, el 18 de enero, junto con los centenares de personas que robaban gasolina del ducto perforado por manos criminales. Sin embargo, el Gobierno superó la etapa crítica de la prueba.

En circunstancias análogas, Peña Nieto se hubiera atrincherado en Los Pinos, como lo hizo en los sanitarios de la Universidad Iberoamericana, el 12 de mayo de 2012, cuando era candidato. El grito de “¡Atenco no se olvida!” resonaba en el campus. Las porras y los acarreados del aspirante presidencial fracasaron en su intento de acallar al estudiantado. La protesta y el clamor de justicia era por los sucesos del 3 de mayo de 2006, en San Salvador Atenco, donde una manifestación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra fue reprimida por la Policía Federal Preventiva y la Agencia de Seguridad de Estado de México. Así se estrenaba Peña Nieto como Gobernador.

En el enfrentamiento murieron: el estudiante Alexis Benhumea (por lesiones) y Javier Cortés Santiago, de 14 años (por disparo de arma de fuego); hubo alrededor de 70 heridos (33 eran policías) y más de 200 detenciones fuera de la ley, entre ellas las 10 menores de edad. Peña justificó el uso de la fuerza pública con una ironía: “los policías no fueron recibidos con flores, sino con bombas molotov”. Desde ese momento, la sombra de Atenco —a la que después se sumarían las de Tlatlaya y otras masacres— persiguió a Peña dentro y fuera de México.

Tres meses antes de los asesinatos y de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, el Presidente fue reprendido por dos jóvenes en el Foro México en el Siglo XXI, celebrado en Madrid: “¡Asesino, usted es el responsable de la matanza de Atenco! (…) Está vendiendo Atenco, quiere vender todo el país” (Notiamérica, 09-06-14). [Peña visitó Iguala 17 meses después de los acontecimientos].

El 21 de diciembre pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó al Estado mexicano de detenciones ilegales y arbitrarias, torturas físicas, psicológicas y sexuales en Atenco. El organismo determinó que 11 de las mujeres detenidas por la policía “sufrieron violencia sexual, por medio de agresiones verbales y físicas con connotaciones y alusiones sexuales; siete de ellas también fueron víctimas de violaciones sexuales; y todas fueron víctimas de tortura por el conjunto de abusos y agresiones sufridas, incluyendo, pero no limitándose, a las violaciones sexuales”.

Las tragedias ocurren en contextos diferentes y el grado de responsabilidad civil y política también varía, lo mismo que la percepción ciudadana con respecto a la actuación de las autoridades locales y federales. Peña, como antes Fox y Calderón, fue un Presidente distante de la sociedad y ajeno a sus necesidades; prefería evadirse y crear realidades virtuales (la verdad histórica, en el caso de Ayotzinapa) para cerrar expedientes incómodos, lo cual nunca consiguió. La cercanía de López Obrador con la comunidad y la forma como afronta los problemas explica por qué el combate al «huachicoleo», el desabasto de gasolinas y la tragedia en Tlahuelilpan, en lugar de debilitarlo, lo han fortalecido. Al menos hasta ahora.
23 Enero 2019 03:58:00
Reproche secular
La Laguna desempeñó un papel crucial en el Gobierno del presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940). La reforma agraria la convirtió en una de las regiones más prósperas y de mayor influencia política y económica del país. Los gobernadores de Coahuila y Durango estaban supeditados a los mandos federales con sede en Torreón, Gómez Palacio y Lerdo. El Banco Agrario (después Banrural) superaba el presupuesto conjunto de ambas entidades y era cabeza de una sólida estructura político-electoral: financiaba campañas y aseguraba el voto verde para el PRI.

Las cosas empezaron a cambiar con la llegada del neoliberalismo, en el Gobierno de Miguel de la Madrid. El sistema ejidal se había desvirtuado y estaba atrapado en una red de corrupción formada por funcionarios, líderes agrarios, empresarios y banqueros. En la campaña presidencial de 1988, los campesinos pasaron la factura: una lluvia de piedras y otros objetos interrumpió el discurso del candidato Carlos Salinas, en San Pedro. El episodio se repitió en Francisco I. Madero. Una vez en el poder, Salinas se vengó: puso entre rejas a Juan Manuel Grosso Montemayor, exgerente del Banrural, por ventas de algodón en bloque presuntamente fraudulentas.

La reforma salinista al Artículo 27 constitucional privatizó el ejido, desapareció la banca rural y propició el acaparamiento de tierras, no con fines productivos sino de especulación urbana. Para recuperar políticamente la región, donde Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del Frente Democrático Nacional, había obtenido más votos, Salinas implementó el Programa Nueva Laguna, consistente en la ampliación de la carretera Torreón-San Pedro, la extensión de la pista principal del aeropuerto Francisco Sarabia y otras obras. Sin embargo, la falta de un modelo alternativo propició el declive económico de la zona.

Los laguneros reprochan a los gobiernos de Coahuila y Durango el abandono secular. Mientras en Torreón, Gómez Palacio, Lerdo, San Pedro y otras cabeceras los rezagos se acumulan, las capitales (Saltillo y Durango) registran un crecimiento sostenido y captan las mayores inversiones de los sectores público y privado. Tal circunstancia volvió recurrente la demanda de separar a más de una docena de municipios de ambas entidades para crear el Estado de La Laguna.

Hay quienes ven en el presidente López Obrador al Cárdenas moderno. La visita a Torreón, el 28 de diciembre, para anunciar programas sociales y su promesa de regresar en marzo para evaluar avances, se ha interpretado como señal de mejores tiempos. “Vengo a La Laguna a explicarles por qué se va a llevar a cabo una acción integral en esta región, que se une por cuestiones sociales, culturales, históricas, y que esta Comarca Lagunera, aunque geográficamente tiene que ver con dos entidades federativas, con Coahuila, con Durango, es al mismo tiempo esta región una entidad, si no formal, sí realmente es una región con características propias, y por eso se tiene que atender de esa manera”, dijo en el Teatro Nazas, nombre del río que representa el símbolo de identidad de los laguneros.

El Presidente tocó la fibra más sensible de una región severamente castigada y víctima también de su propia incuria. Sin apoyo federal y con gobiernos estatales cuyo afecto e interés está en las capitales, la metrópoli Torreón-Gómez Palacio vivió sus peores años en las administraciones de los Moreira, Ismael Hernández y Jorge Herrera: inseguridad, corrupción, narcotráfico y violencia. El poder económico suplantó los liderazgos políticos y sociales. AMLO representa la esperanza para romper ese círculo perverso y salir del marasmo.
22 Enero 2019 03:56:00
Estado de La Laguna
Andrés Manuel López Obrador es un hombre de símbolos. La imagen institucional de su gobierno, con las figuras de Morelos e Hidalgo (independencia), Juárez (restauración), Madero (revolución) y Cárdenas (reforma social), representa un repaso histórico y la inspiración de su presidencia. Frente a las derivas del poder (entreguismo, abuso, codicia, boato, arrogancia e impunidad), AMLO decidió abrazar el patriotismo y los valores de sus héroes tutelares. Clausurar la residencia de Los Pinos y abrirla al público como recinto cultural, poner a la venta el fastuoso Boeing 787-8 y prescindir del Estado Mayor, cancela tres de los emblemas más ostensibles de la presidencia imperial.

AMLO conoce el país, las necesidades de las mayorías y el sentimiento social hacia la clase política. Para sintonizar con la austeridad presidencial, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas (Morena) convirtió en museo la Casa de Gobierno; y el de Jalisco, Enrique Alfaro (Movimiento Ciudadano), entregó el helicóptero utilizado por su predecesor al Sistema de Salud Médica de Urgencias. Antes, en Nuevo León, Jaime Rodríguez (independiente) había decidido no ocupar la residencia arrendada con recursos del erario.

Coahuila no dispone de casa de gobierno en Saltillo, pero sí en Torreón, la cual permanece ociosa la mayor parte del año –máxime ahora, pues el gobernador Miguel Riquelme tiene vivienda en esa ciudad–. El edificio, localizado en la colonia Torreón Jardín, se adquirió en el sexenio de Óscar Flores Tapia para la Dirección de Desarrollo Regional. En la administración de Eliseo Mendoza Berrueto se habilitó para evitar gastos de hospedaje y oficinas y dedicar más tiempo a La Laguna. La intención era contrarrestar la demanda de crear el estado lagunero.

En junio de 2017, después de las elecciones para gobernador, diversas ONG protestaron frente a la casa de gobierno contra la venalidad, el endeudamiento sin castigo y el autoritarismo. En la fachada se leían carteles como este: “R. Moreira, autócrata. Basta de ucases. La sociedad exige participación en la elaboración de la ley estatal anticorrupción” (demanda ignorada). “#Basta de impunidad. #Megadeuda. #Desaparecidos. #Corrupción”, clamaban los colectivos.

La primera visita de López Obrador a Coahuila, en calidad de presidente, fue a Torreón, el 28 de diciembre. Llegó en vuelo comercial, de Ciudad de México, y después de la asamblea en el Teatro Nazas, donde anunció el Programa Integral de Desarrollo, viajó a Monterrey. El gesto entusiasmó a los laguneros por la expectativa de constituir su propio estado con el apoyo de AMLO. El sueño a veces remite, pero sigue vivo en los meandros del imaginario colectivo, como en los recodos del Nazas, y el más leve movimiento lo reanima.

El Presidente sabe del tema y lo tanteó frente a los gobernadores Miguel Riquelme (PRI) y Rosas Aispuro (PAN), a quienes se exige mayor infraestructura y servicios en La Laguna, pues su atención está centrada en las capitales. “Se requiere de la suma de voluntades, de esfuerzos, y que se acepte que ya hay un despertar ciudadano, que no somos ciudadanos imaginarios, que somos ciudadanos de verdad y que tenemos todos conciencia y criterio para decidir cuando se presenten elecciones, cada quien libremente va a elegir”. ¿Consulta sobre el Estado de La Laguna?
21 Enero 2019 03:58:00
AMLO toma la Laguna
El sentimiento de los laguneros contra el partido gobernante en el estado se expresó frente al presidente López Obrador, el 28 de diciembre, en tres palabras: “¡Fuera el PRI!”. El recuerdo del moreirato –por la deuda, las masacres y la corrupción– es imborrable. Coahuila es la única entidad fronteriza donde no ha habido alternancia. El monopolio del PRI estuvo a punto de terminar en 2017, pero la división de las principales fuerzas opositoras (PAN, Morena y el candidato independiente Javier Guerrero) frustró el intento. Aun así, la coalición Alianza Ciudadana por Coahuila estuvo a menos de tres puntos de la Gubernatura.

AMLO ha puesto la mirada en La Laguna para ganar el estado, tierra de uno de sus próceres: Francisco I. Madero. La única autoridad priista en el Teatro Nazas de Torreón, donde inició el Programa Integral de Desarrollo para La Laguna, era el gobernador Miguel Riquelme. José Rosas Aispuro, de Durango, y el alcalde Jorge Zermeño, son del PAN. Los gritos contra el PRI le dieron al Presidente la oportunidad de mostrar su liderazgo y recibir una tanda de aplausos: “Les quiero pedir algo: respeto a todos. ¿Va a haber respeto? Urbanidad política, ya se acabó la campaña, ahora tenemos que reconciliarnos para sacar adelante (a) La Laguna, a Durango, a Coahuila y a México”.

Sin embargo, López Obrador es un líder en campaña permanente. La pensión mensual por mil 274 pesos a 46 mil adultos mayores y a 4 mil 881 niños con discapacidad, censados en los 16 municipios laguneros, y el pago de 3 mil 600 pesos a 10 mil 600 jóvenes que serán ocupados como aprendices por pequeños empresarios, representa una derrama de mil 235 millones de pesos anuales. El programa lo coordinarán Reyes Flores Hurtado y Enrique Novelo Solís, superdelegados de AMLO en Coahuila y Durango, respectivamente. La nueva estructura restará control político a los gobernadores del PRI y del PAN… y le dará votos a Morena.

Con mayoría en el Congreso federal y en 20 legislaturas locales, y apoyo social todavía sin mengua, el Presidente es dueño de la situación. La fuerza de los gobernadores disminuyó notablemente después de las elecciones del año pasado. López Obrador no necesita afrontarlos; al contrario, infunde confianza e incluso les saca las castañas del fuego, como lo hizo en Torreón, mientras les asesta un nuevo golpe en las urnas. “Por eso es muy importante la unidad y en este tiempo interelectoral, si no hay elecciones, unirnos todos. Ya cuando lleguen las campañas, cada quien a su partido. Pero, como su nombre lo indica, partido es una parte; Gobierno es todo. El Gobierno es del pueblo y para el pueblo y con el pueblo”, expresó frente un auditorio colmado de simpatizantes, dos mandatarios conturbados y un senador en la pista sucesoria.

Antes de la ceremonia en el Nazas, de las rechiflas y del grito repetido: “¡Fuera el PRI!”, los laguneros ya habían expulsado con votos al partido de los Moreira. En julio pasado, el PRI perdió la Presidencia de la República, las senadurías de mayoría y las diputaciones federales y locales. El PAN lo derrotó en Torreón, con Jorge Zermeño, y en San Pedro; y por primera vez perdió Matamoros y Francisco I. Madero (con Morena).

Coahuila no tendrá elecciones este año, pero sí Durango, donde en 2016 hubo alternancia en la Gubernatura. El 2 de junio próximo se renovarán los 39 ayuntamientos. Acción Nacional ocupa la Alcaldía de la capital, y el PRI las de Gómez Palacio y Lerdo. Si el fenómeno de Morena se repite en la antigua Nueva Vizcaya, el partido fundado por Calles habrá dado un paso más hacia la tumba; La Laguna, un salto para ser estado; y los programas de AMLO, obtenido su primera cosecha en las urnas.
19 Enero 2019 03:55:00
Voluntad a prueba
El megafraude cometido en el Infonavit contra decenas de miles de familias (entre 5 y 6 mil son de La Laguna), que involucra al Poder Judicial de Coahuila, pone a prueba la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer justicia, sobre todo a los más débiles. El bisemanario Espacio 4 publica un amplio reportaje de Gerardo Moyano sobre el tema. Así empieza:

» “Una estupidez, una tontería». Así calificaba las acusaciones en su contra el lagunero José Lorenzo Natera, encargado del área de Titulación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), de 2013 a 2016, en un informativo de Multimedios (Tele Diario, 16-10-17).

» El hoy síndico del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango, se refería a las denuncias que acababa de hacer el empresario y abogado chihuahuense Mario Alberto Sánchez Zúñiga sobre un esquema para despojar a miles de personas de sus viviendas, adquiridas con créditos del Infonavit. Esto, a través de juicios hipotecarios falsos e ilegales, emitidos en varios estados, entre ellos Coahuila y Nayarit.

» A poco más de un año de aquella declaración, al menos seis jueces coahuilenses y cuatro nayaritas, así como una veintena de secretarios de juzgado, han sido suspendidos por colaborar en una red de complicidades que involucra a magistrados, notarios, empresarios, gobernadores y funcionarios federales.

» En un cálculo conservador, se estiman en más de 300 mil los despojos realizados de manera ilegal en todo el país, de 2013 a 2018, cuando el Infonavit fue dirigido por el hoy gobernador oaxaqueño Alejandro Murat Hinojosa (2012-2015) y el exdiputado federal David Penchyna Grub (2015-2018), ambos priistas cercanos al entonces presidente Enrique Peña Nieto. Esto supone un fraude de más de 70 mil millones de pesos (calculando un precio promedio de 250 mil pesos por vivienda).

» En el caso de Nayarit, se inventaron juicios hipotecarios para que las escrituras de esas viviendas pasaran a nombre del Infonavit, para luego vender las viviendas en “megapaquetes” a empresas de bienes y raíces. Los precios de reventa bajaban hasta 30 mil pesos por unidad, es decir el 12% de su valor inicial.

» Y lo más grave: no había aviso. Los propietarios, la mayoría de los sectores de bajos recursos, no se enteraban de que habían perdido su vivienda hasta que intentaban transferirlas o al momento de ser desalojados por policías contratados por compañías privadas.

» En aquel noticiero de Multimedios, José Lorenzo Natera reconoció que él mismo era encargado de contratar a despachos de abogados externos para que recuperaran las casas para el Infonavit y aceptó que él firmaba las escrituras. Miles de éstas, sustentadas en juicios que no existieron, con el mismo número de expediente, notificaciones falsas y tiempos de desahogo imposibles, en dos pequeñas jurisdicciones de Nayarit (Xalisco y Compostela). Todo avalado por notario público y firmado por el entonces encargado de Titulaciones del Infonavit. El 21 de diciembre, el Congreso de Nayarit desaforó a los magistrados Pedro Antonio Enríquez Soto y Jorge Ramón Marmolejo Coronado, y suspendió a cuatro jueces locales para ser procesados por el fraude a decenas de miles de derechohabientes del Infonavit.
18 Enero 2019 04:00:00
Hechos, no palabras
En su primera gira por Coahuila, el presidente López Obrador se refirió oblicuamente a tres legados infames del moreirato –sin mencionar a los hermanos; no hacía falta—: a) corrupción en la asignación de obra pública; b) espionaje a opositores políticos, líderes religiosos, empresarios y disidentes del mismo PRI-gobierno; y c) crisis del sistema de salud.

Previo a la visita de AMLO a La Laguna, se destapó un escándalo en el Poder Judicial del estado. Jueces y secretarios de acuerdo y trámite de Torreón, en contubernio con funcionarios del Infonavit, despojaron de sus viviendas a miles de familias con la supuesta aquiescencia del magistrado Jesús Sotomayor Garza.

Tres días después, Reforma informó que la Auditoría Superior del Estado detectó gastos sin comprobar por 116.2 millones de pesos en la cuenta pública de 2017. La cifra, sumada al desvío de recursos a empresas fantasma en los últimos años de la gestión de Rubén Moreira, elevó las irregularidades, tan sólo por esos conceptos, a 591 millones de pesos.

Una de las fuentes de información de AMLO es Reyes Flores Hurtado, quien, como secretario del Ayuntamiento de Torreón en el gobierno de Guillermo Anaya (2003-2005), denunció a funcionarios de la administración panista por actos de corrupción. «(…) la misma gente me dice todo lo que sucede. (...) hay quejas acerca de la construcción de algunas obras, pero vamos a estar ahora pendientes para que no se tarden tanto en realizar las obras y, sobre todo, que no haya corrupción.

Cero corrupción», proclamó el Presidente en la ceremonia donde anunció el Programa Integral de Desarrollo para La Laguna, el 28 de diciembre.

Funcionarios estatales ya habrían buscado acercamiento con el superdelegado Reyes Flores, e incluso con el senador Armando Guadiana, para cubrirse las espaldas.

En mayo de 2014, cinco meses después de iniciada su administración, el alcalde panista de Saltillo, Isidro López Villarreal, acusó al gobernador Rubén Moreira de espionaje. En una carta abierta, López pidió la intervención del presidente Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación, la PGR y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Nadie movió un dedo y las escuchas continuaron. El obispo Raúl Vera, el periodista Armando Fuentes Aguirre y el empresario Armando Guadiana también fueron acosados e incluso recibieron amenazas. A escala nacional, advirtió AMLO ante los gobernadores de Coahuila y de Durango, «ya no existe el Cisen, ya no se espía a nadie, somos libres; ya eso desapareció (…). Pero estoy informado».

Además de la megadeuda, las masacres en Allende y Piedras Negras y la legión de desaparecidos en La Laguna y en otras regiones del estado, el sistema de salud colapsó en el moreirato. «Hay una crisis grave (…) no funcionan los centros de salud, los hospitales; no hay medicinas. Todo esto lo vamos a atender de manera conjunta con los gobiernos de Coahuila y de Durango», ofreció el mandatario.

Según Flores Hurtado, en el gobierno de Rubén Moreira, actual diputado plurinominal, los medicamentos se compraban con sobreprecios de hasta el 300% (Zócalo Saltillo, 03.01.19).

El superdelegado hizo una advertencia retórica: «Que vayan entendiendo todos los funcionarios involucrados: al que cachemos, lo vamos a meter al banquillo de los acusados para que lo procesen las instancias competentes». Sin embargo, la sociedad exige hechos, no palabras.
16 Enero 2019 03:58:00
Poderes cómplices
Transparencia Internacional presentará, en las próximas semanas, el Índice de Percepción de la Corrupción 2018. Nuestro país ocupa actualmente el lugar 135 de 180 evaluados. Felipe Calderón dejó a México en el puesto 105. El mundo nos ve como uno de los países más corruptos. Lo somos.

El problema es institucional, no “cultural” como argüía el expresidente Enrique Peña Nieto.

“Países como Chile o Uruguay, posicionados a más de 100 lugares de distancia de México en el ranking, lo comprueban. Ambos fueron los únicos países de América Latina con calificación mayor a 60, lo cual puede deberse a la presencia de fiscalías independientes, con capacidades reales de investigación y persecución del delito”, advierte Transparencia Mexicana.

En los estados, las fiscalías son satélites de los gobernadores; lo mismo pasa con los zares y los sistemas anticorrupción. Un repaso de los perfiles de esos entes burocráticos conduce al moreirato. Por esa razón la megadeuda, las empresas fantasma y el desvío de recursos permanecen sin castigo.

La calidad de vida de legiones de coahuilenses ha empeorado en los últimos lustros, sin esperanza de mejorar en las próximas décadas debido al pago de intereses a un principal anclado en los 36 mil millones de pesos.

El gobierno de los Moreira actuó en complicidad con cuatro legislaturas, en las cuales las oposiciones fueron virtualmente inexistentes, tanto por su marginalidad como por la falta de compromiso y agallas de sus diputados. Negociar con el partido en el poder resulta más lucrativo que presionar, así sea en desventaja, para abrir expedientes guardados bajo siete llaves.

Ocupar por primera vez la presidencia de la Junta de Gobierno del Congreso le brinda al PAN la oportunidad excepcional de elaborar una agenda ciudadana, sin personalismos ni fines electoralistas. El clamor para investigar y castigar actos de corrupción del moreirato es imprescriptible e igual deberían serlo esos delitos.

Mas no sólo el Poder Legislativo fue cómplice de ese par de gobiernos infaustos y venales; también el Judicial. Una somera revisión del historial de algunos de sus miembros –profanos en la materia– basta para descubrir la marca y los intereses del clan.

Para más inri, Homero Ramos Gloria, muñidor de los Moreira –encargado del Instituto Electoral, la Secretaría de Gobierno y la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde congeló las denuncias por la deuda, las empresas fachada y otras irregularidades–, recibió como premio una sinecura en el Tribunal Superior de Justicia del

Estado (TSJE).

Justo ahora se ha desatado una lucha por el control del Poder Judicial. Miriam Cárdenas, quien durante el moreirato presidió la Comisión de los Derechos Humanos de Coahuila, ocupó una curul federal y fue nombrada magistrada, terminará este año su ejercicio como presidenta del TSJE, pero la Constitución le permite reelegirse para un segundo periodo. La pugna ocurre en el contexto de un megafraude en el Infonavit –de alcance nacional– que involucra a exgobernadores, empresarios, magistrados, jueces y secretarios de estudio y cuenta.

El caso le ha permitido a Cárdenas presentarse como una mujer dispuesta a limpiar una de las instituciones más desprestigiadas, así sea parcial y tardíamente. El escándalo por el despojo de viviendas a millares de derechohabientes del Infonavit pone contra la espada y la pared al polémico magistrado lagunero Jesús Sotomayor Garza, aspirante a la presidencia del TSJE. Una de las aficiones del cacique judicial ha sido el culto a su propia persona. De nada le sirvió: hoy está a un paso de la hoguera, lo cual no garantiza en absoluto el saneamiento

de la judicatura.
15 Enero 2019 03:58:00
Elección de papel
Cuando en México no existían encuestas ni institutos electorales y el PAN no pintaba, el periodista Eduardo Elizalde Escobedo organizó una votación para saber por quién se decantaban los torreonenses para la Alcaldía. Los precandidatos más fuertes eran Mariano López Mercado y Braulio Manuel Fernández Aguirre, cuyos padres habían sido gobernadores de Coahuila. Elizalde, de quien aprendí el rigor, el respeto y el amor por el oficio, publicó en La Opinión boletas con los nombres de los aspirantes. El público debía recortarlas y depositarlas en urnas transparentes instaladas en las oficinas del primer diario del estado, ubicadas entonces en las calles de Matamoros y Falcón.

En esos años (1972) empezaba a cubrir la fuente política. El favorito del gobernador (Eulalio Gutiérrez Treviño) era López Mercado, quien fungía como primer regidor. La “elección de papel”, como se denominó al ejercicio ideado por Elizalde, convocó a legiones. Cada mañana, los simpatizantes de uno y otro pretendiente se formaban para emitir su voto. Era fácil identificar las preferencias, pues quienes apoyaban a Mariano hacían fila por la calle Falcón y los de Braulio por la Matamoros. Cuando una superaba a la otra, llegaban refuerzos en camiones.

El delegado del PRI era el veracruzano Mario Vargas Saldaña, quien más tarde ocupó un puesto en la Secretaría de Educación donde una vez platicamos de Coahuila. La elección causó tal revuelo que el presidente y el secretario general del PRI, Jesús Reyes Heroles y Miguel Ángel Barberena, respectivamente, viajaron a Torreón para apaciguar los ánimos. En el aeropuerto Francisco Sarabia, los tres reporteros de la fuente entrevistamos a don Jesús, cuyo talento y liderazgo nadie ha igualado. (Décadas después asistí a una reunión con Enrique Ochoa, coautor de la debacle del PRI el año pasado. Decepcionante, un tecnócrata arrogante y anodino.)

Reyes Heroles despejó dudas sobre la selección del candidato: “No será un júnior”. Y cumplió. Uno de los aspirantes secundarios en la elección de papel era un modesto profesor y diputado local, sin conexiones económicas ni políticas: José Solís Amaro. Las candidaturas a cargos de elección popular no debían ser sólo para los ricos. El PRI lo postuló y ganó. En Saltillo, bajo el mismo criterio, el elegido fue Luis Horacio Salinas. El partido fundado por Calles buscaba volver a su origen popular y premiar la militancia, pues a la familia revolucionaria ya le había ido bastante bien, sobre todo en términos económicos y patrimoniales.

La gestión de Solís Amaro, quien me confiaba sus penas, fue aceptable, pero no lució, pues siempre tuvo en contra al Gobierno del Estado y a las elites locales; de no haber sido arropado por un grupo de empresarios, quizá lo habrían forzado a renunciar. López Mercado se convirtió en una especie de superdelegado (como ahora lo es Reyes Flores de AMLO). El gobernador acordaba con él y el alcalde era olímpicamente ignorado. La ciudad pagó los costos.

Fernández Aguirre y López Mercado fueron alcaldes después de varios lustros; el segundo, contra la voluntad del gobernador Rogelio Montemayor. Los partidos tradicionales deben revalorar a sus militancias, premiar el mérito, la experiencia y las virtudes ciudadanas, democratizar sus procesos de elección de candidatos y acabar con los cotos de poder. Por no hacerlo, los electores les dieron la espalda y prefirieron a Morena.
14 Enero 2019 03:59:00
Talón de Aquiles
Andrés Manuel López Obrador soportó la artillería del PRI, del PAN, de los medios de comunicación y de los líderes de opinión contrarios a su proyecto –por convicción o por consigna–. Tal es una de las razones por las cuales el líder de Morena despacha hoy en Palacio Nacional. AMLO es el presidente moderno más legitimado y con mayor poder, pues tiene mayoría en el Congreso federal y en las legislaturas locales. De los cinco estados donde gobierna, Ciudad de México y Veracruz son de los más poblados del país; a ellos podría sumarse Puebla en la elección extraordinaria.

López Obrador, igual que Trump en Estados Unidos y otros líderes de América y Europa, ha capitalizado el desprestigio de los partidos, de la clase política y de los medios de comunicación. En 2006 perdió la Presidencia en un final de fotografía trucado para favorecer a Felipe Calderón; y en 2012, el dinero, las televisoras y una alianza de facto con el PAN le permitieron a Peña hacerse con el poder. De tanto presentarlo como un peligro para México, sus detractores lo inmunizaron. Las amenazas resultaron ser Calderón y Peña, por la violencia y la corrupción. La ciudadanía lo comprendió y votó masivamente por un cambio real.

La posición del Presidente con respecto a PRIAN, la oligarquía, la alta burocracia, el Poder Judicial y los medios de comunicación adosados al régimen anterior le ha granjeado amplio respaldo social a pesar de la suspensión del Nuevo Aeropuerto de Internacional de México. Sin embargo, no debe abusar, sino aceptar la crítica en vez de desacreditarla, como lo ha hecho con el diario Reforma por informar sobre el aumento –en un 65%– de homicidios dolosos en el primer mes de su gestión.

AMLO respondió con retórica: “así actúa el conservadurismo, pero no es cierto lo que (Reforma) dice”, declaró el 2 de enero en rueda de prensa. Roberto Zamarripa, en su columna Tolvanera (Contar duele, 07.01.19) escribe sobre la propensión mexicana a hablar de la muerte, y del grabador y caricaturista José Guadalupe Posadas como exponente de esa tradición.

“Grupo Reforma –explica el autor– tuvo la iniciativa de publicar un registro semanal de las ejecuciones del crimen organizado cuando éstas se habían convertido en el signo dominante de la vida pública. No se propuso un estudio académico ni un tratado científico. (…) Fue denominado Ejecutómetro. Una relatoría basada en testimonios periodísticos (…) y otras fuentes periodísticas sobre homicidios cometidos por miembros del crimen organizado. (…) Se difunde con el fin de que los lectores, principales destinatarios de la información, conozcan y diriman del porqué y cómo evoluciona esa guerra sin control. (…)

“De ahí derivó una nota más como las publicadas en dos décadas. La noticia en cuestión dijo que hubo más ejecuciones de la narcoviolencia en diciembre que en noviembre (Reforma, 2/01/19). Nada más ni nada menos. Ello escandalizó al nuevo gobierno que no pudo probar lo contrario por no tener cifras completas. La Secretaría de Seguridad destinó recursos públicos, dinero de los mexicanos, a que sesudos asesores –algunos funcionarios en la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la estrategia fallida que fustiga, el de Enrique Peña– hicieran un “análisis” del Ejecutómetro para exigirle características científicas y metodológicas que, por ejemplo, no mira en sus propios ejercicios de gobierno. Qué más da”.

Los niveles de aprobación de AMLO son elevados, pero su intolerancia y soberbia pueden conseguir lo que las oposiciones y los medios hostiles a su gobierno no han podido: malquistarlo con la sociedad.
12 Enero 2019 04:00:00
Oportunismos político
Si en física toda acción genera una reacción, en política provoca tempestades. El combate al inveterado e impune robo de combustibles, negocio de la delincuencia organizada –dentro y fuera del gobierno, de Pemex y del sindicato petrolero–, ha provocado desabasto de gasolinas en algunos estados y un justificable malestar, exagerado por quienes aprovechan los errores del presidente López Obrador para llevar agua a su molino. Él hizo lo mismo cuando era oposición. Ese es uno de los temas de la sección Luces y Sombras» de la nueva edición del bisemanario, Espacio 4.

I

La cruzada contra el robo de combustibles que ha lanzado la Administración federal ya está dando resultados. Pese a las críticas por el desabasto que se ha generado en estados como Puebla, Querétaro y Estado de México, debido a la cancelación de 103 permisos para el expendio de gasolinas por la venta de combustible robado, la sangría ya ha disminuido en 90%, según datos de la Presidencia. Esto, gracias a la vigilancia que llevan a cabo más de 4 mil elementos de las Fuerzas Armadas en las refinerías del país. El Gobierno federal ya ha presentado una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por lavado de dinero de más de 80 millones de pesos procedentes de la compraventa ilegal de hidrocarburos. La denuncia presentada por la Secretaría de Hacienda es contra “una persona quien realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita”, la cual ya contaba con antecedentes por posesión de droga y armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

II

La costumbre de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de viajar en aviones comerciales podría convertirse en política de Estado. Al menos esa es la intención del Presidente, quien está impulsando la Ley Federal de Austeridad Republicana del Estado en el Congreso, la cual establece, entre otras medidas, que ningún funcionario federal podrá rentar aeronaves para trasladarse. Además, el Mandatario adelantó que su administración venderá 60 aviones y 70 helicópteros oficiales con el fin de canalizar más recursos a programas prioritarios. El 20 de diciembre, Sin Embargo reveló que en el último año, tan solo el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) pagó a dos empresas 11 millones 746 mil 455.04 pesos para el transporte aéreo de sus directivos. AMLO dijo que se realizará una investigación al respecto. México es el segundo país con el mayor número de jets privados (950), solo por detrás de Estados Unidos (12 mil 717), según datos del diario digital Infobae.

III

Mientras el presidente Donald Trump amenaza con declarar una emergencia nacional para acceder a fondos para levantar un muro en la frontera con México, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que se instrumentarán acciones para permitir el acceso ordenado y seguro de migrantes al país. La nueva política migratoria establece que aquellos extranjeros que ingresen a México con la intención de permanecer en el país o dirigirse a Estados Unidos, deberán presentar una solicitud, manifestar el motivo de su ingreso y proporcionar sus datos personales. Las solicitudes presentadas deberán ir acompañadas de un documento de identidad y serán tomadas impresiones de las huellas dactilares y una fotografía. De no querer brindar dichos datos, no presentar la solicitud o querer ingresar de forma ilegal, serán devueltos a su país de origen. A aquellos que acepten las reglas, se les garantizará la respuesta a su solicitud en un plazo no mayor de 72 horas.
11 Enero 2019 04:00:00
El poder y la prensa
Un panista lagunero de la vieja guardia —la mejor del partido fundado por Manuel Gómez Morín—, ya fallecido, decía que la animadversión del PAN hacia la prensa nació en las campañas presidenciales. «Cuando el candidato del PRI visitaba Torreón, se le dedicaban las ocho columnas; en cambio, el de Acción Nacional ocupaba un espacio apenas visible en páginas interiores», recordaba Edmundo Gurza Villarreal en una entrevista para Espacio 4 a raíz del triunfo de Jorge Zermeño en las elecciones municipales de 1996, que 18 años atrás se le había negado a él.

El PRI dominó la escena política nacional durante 71 años. El Gobierno controlaba el papel —era el único importador de la principal materia prima de los periódicos— y una parte de las cuotas del Seguro Social se pagaba con publicidad. Eso terminó. Lo que no acabará es la relación de la prensa con el poder. El Día de la Libertad de Expresión se instituyó en 1951 para homenajear al presidente de turno (en ese momento era Miguel Alemán) más que para celebrar el cumplimiento de ese derecho o exigir su cumplimiento. Eso también es cosa del pasado.

Los conflictos entre el poder y la prensa los detonó la crítica y la denuncia de los abusos de la autoridad. El Excélsior de Julio Scherer provocó la ira del presidente Luis Echeverría, quien respondió con un boicot publicitario y la expulsión de la directiva del hasta entonces diario más influyente del país. Scherer mantuvo en el semanario Proceso la misma línea editorial, y López Portillo recurrió a las mismas armas de su predecesor en Los Pinos. «No pago para que me peguen», amenazó. Echeverría y López Portillo figuran entre los presidentes más odiados; otros lo serían aún más.

Salinas de Gortari también reprimió a los medios críticos y favoreció a los adictos a su Gobierno. Zedillo fue un presidente moderado y no corrompió a la prensa. Vicente Fox y Felipe Calderón, quizá en recuerdo de los tiempos cuando el PAN y sus candidatos eran ignorados e incluso motivo de guerra sucia, marcaron distancia, pero aun así tuvieron filias y fobias. Fox recomendaba no leer periódicos. En los gobiernos panistas el PRI era todavía un partido poderoso: dominaba el Congreso y la mayoría de los estados, las legislaturas locales y los ayuntamientos, por lo cual siempre tuvo de su lado a amplios sectores de los medios de comunicación y a una vasta nómina de columnistas.

Peña Nieto regresó a las viejas formas, pero la realidad ya había cambiado por la irrupción de las redes sociales y la consolidación de medios críticos, al margen del partido en el poder (Proceso y Reforma), y de programas de radio y televisión como los de Carmen Aristegui y Pedro Ferriz, quienes fueron acosados y perdieron sus espacios. La primera, por la investigación de la Casa Blanca del presidente y su esposa Angélica Rivera, y el segundo, por exhibir la incompetencia y venalidad gubernamentales.

Gastar en imagen más que ninguno de sus predecesores y ser Peña el presidente peor calificado, en parte lo explica el hecho de haber canalizado la mayor parte del presupuesto a medios afines y de escasa o nula credibilidad, los cuales eran al mismo tiempo contratistas de la administración federal. La corrupción, la violencia y la impunidad sepultaron al gobierno y al PRI en las elecciones presidenciales del año pasado.
09 Enero 2019 03:58:00
El rescate de Torreón
Jorge Zermeño rindió su informe en el Teatro Nazas, donde 43 años atrás Óscar Flores Tapia –enemigo acérrimo del PAN– inició su campaña para gobernador y, donde hace dos, Miguel Riquelme anunció su separación de la alcaldía para buscar la candidatura al Gobierno que ya tenía como en la bolsa. Nazario Ortiz Garza y Braulio Fernández Aguirre (PRI) ocuparon en dos ocasiones la presidencia de Torreón. Zermeño la ha ganado tres veces: la primera en 1996, la segunda en 2017 (por un año) y la tercera en 2018 (para un periodo de tres).

Ante el secretario de Gobierno, José María Fraustro, quien representó al gobernador Miguel Riquelme, y el líder del PAN, Marko Cortés, Zermeño habló de rezagos heredados, de inversiones en obras por 517 millones de pesos y de la captación del 25% de los nuevos empleos generados en Coahuila en 2018 (equivalente a 12 mil plazas de trabajo). “Lejos quedaron los tiempos del autoritarismo, de los mandos jerárquicos, de los alcaldes autocráticos”, advirtió.

Demandó respeto al federalismo y a la división de poderes. “Esperamos que esta conformación de nuevas mayorías en el Congreso de la Unión no sea pretexto para volver a épocas de hegemonía ya superadas”. Con respeto al Ayuntamiento 2019-2021, dijo que “representa la pluralidad de una sociedad que no es monolítica, que no pensamos todos igual”.

En las elecciones de julio pasado, el exembajador de México en España superó en votos al ahora presidente López Obrador. El triunfo de ambos lo explica, además de su liderazgo, el desencanto de los electores con los políticos jóvenes (Peña Nieto, los Moreira, los Duarte y otros de esa generación rapaz, soberbia e insolente). La experiencia ha terminado por vencer a la mercadotecnia, y el malestar ciudadano a las maquinarias electorales. El PRI desapareció virtualmente en La Laguna: perdió la Presidencia, las senadurías de mayoría, las tres diputaciones federales, las seis locales y las alcaldías de Torreón, San Pedro (con el PAN), Matamoros y Madero (con Morena).

Zermeño, de 69 años, regresó a la Alcaldía después de ocho años de gobiernos priistas. Un año era insuficiente para levantar una ciudad castigada durante 12 por el moreirato. Los cambios se empiezan a apreciar. Saltillo y Torreón ofrecen todavía hoy la visión de dos mundos opuestos. Además de funcional y de tener servicios públicos de calidad, la capital es una de las más seguras del país (Inegi) y de las que mayor inversión extranjera reciben cada año. Mientras algunos sectores de Saltillo compiten con San Pedro Garza García –la ciudad más rica del país, Lamudi–, Torreón apenas empieza a dar signos de recuperación.

Los Moreira no sólo abandonaron la ciudad: se empeñaron en destruirla. No actuaron solos, pues tuvieron de su parte a empresarios complacientes y a actores políticos apocados. La ciudad se rezagó varias décadas. “Ante esta realidad”, observó Zermeño, “decidimos recuperar la deteriorada imagen urbana del municipio, atendiendo la sentida demanda de la ciudadanía por mejorar todos los servicios públicos y el rescate de áreas verdes, canchas deportivas, agua potable, drenaje, pavimentación y seguridad pública”.

Sin embargo, aún falta mucho por hacer. Torreón tiene una sociedad civil más activa y crítica que la de Saltillo. A ella se debe, más que a los partidos, el triunfo del PAN y de Morena en La Laguna. La capital se ha alineado a los intereses del Gobierno. Y no le ha ido mal: el poder y el presupuesto alcanza para todos. Las élites cogobiernan, como a escala nacional lo hicieron con Fox, Calderón y Peña Nieto. AMLO les plantó cara y retomó las riendas del poder. En Torreón, Zermeño ha salvado al PAN.
08 Enero 2019 03:59:00
Venganza política
Torreón no había sido castigado con tanto rigor como lo fue en los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira. Ambos perdieron sus respectivas elecciones y se la cobraron. La ciudad, otrora referente nacional por su desarrollo económico y urbanístico, devino en caos. Durante el sexenio de Moreira I, la metrópoli lagunera se convirtió en una de las más peligrosas del mundo (Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, Aristegui Noticias 02-07-13). Cuando el PRI recuperó la alcaldía empezó a revertir esa tendencia, pero el daño era enorme: la violencia había ahuyentado la inversión y el 80% de los jóvenes de 18 a 29 años quería emigrar a otras ciudades en busca de oportunidades (Encuesta de Percepción Ciudadana, Consejo Cívico de las Instituciones 2013).

El semanario Proceso dio un mentís al triunfalismo del clan, celebrado por empresarios y medios de comunicación afines: “Mientras Rubén Moreira ofrecía su último informe de Gobierno en el que presumía que “los grandes capos que asolaban Coahuila ya no estaban” y que la paz y tranquilidad regresaron al estado, la Universidad de Texas, en Austin, Estados Unidos, presentó un estudio (Control sobre todo el estado de Coahuila: Un análisis de testimonios en juicios en contra de miembros Zetas en San Antonio, Austin y Del Río) en el que revela que Los Zetas pagaron millonarios sobornos a los gobiernos de los hermanos Moreira”.

Las visitas del tándem a Torreón eran frecuentes y Moreira II la convirtió en sede alterna cuando perdió la Alcaldía de Saltillo con Isidro López Villarreal (PAN). Sin embargo, no lo hacía para integrarse a la sociedad, planear inversiones o buscar consensos, sino para lo contrario: urdir intrigas, comprar lealtades y silencios –los organismos empresariales se vendieron por un plato de lentejas– y envilecer la política. En el colmo del descaro, Moreira II se autoproclamó “gobernador lagunero”.

“El gobernador que más hizo por Saltillo fue Braulio Fernández Aguirre; y quien más ha hecho por Torreón es Enrique Martínez y Martínez”, dijo el periodista Armando Fuentes Aguirre, “Catón”, en el marco de una conferencia organizada por Grupo Estéreo Mayrán en el emblemático teatro Isauro Martínez, hace 15 años. El cronista de Saltillo apelaba a la unidad de las principales ciudades del estado cuando el clamor por la creación del Estado de La Laguna cobraba nuevo aliento.

La relación entre la comarca y la capital siempre ha estado marcada por el reproche y el recelo, pero jamás Gobierno alguno había asumido una actitud revanchista y despótica como el de los Moreira. Óscar Flores Tapia, cuyo carácter no le atraía simpatías, satisfizo una demanda añeja: la Ciudad Industrial. También tendió puentes entre las principales cabeceras del estado. El primer supermercado de Soriana, fuera de Torreón, se construyó en Saltillo (en el bulevar Francisco Coss; uno de los más exitosos), por su amistad con Francisco Martín Borque, uno de los fundadores de la empresa y padre de Ricardo Martín Bringas, actual director de la organización.

Flores Tapia tuvo con sus críticos laguneros la misma disposición. En una ceremonia en el Cine Torreón, al empezar su mandato, hizo las paces con Salvador Sánchez y Sánchez, autor de la columna «Azagaya», una de las más leídas e incómodas para el poder. Después de concluido su sexenio, obsequió un retrato a don Antonio de Juambelz donde el director de El Siglo de Torreón vestía un esmoquin de chaqueta blanca. La política de los Moreira fue la de “pan o palo”. Si no compraban, espiaban y enderezaban campañas de descrédito contra medios de comunicación y periodistas insumisos.
07 Enero 2019 04:02:00
El éxito, resbaladizo
“Hace 11 años inicié mi trabajo político y social desde el primer escalón”. Modestia no le falta a Manolo Jiménez Salinas –en ese lapso ha sido representante en la colonia Brisas Poniente, regidor, líder del PRI, diputado local y alcalde de Saltillo–, sino perspectiva. Cuando Óscar Flores Tapia decía entre bromas y veras que una nueva carretera pasaría por su rancho, Gerardo Dávila, su secretario particular, exclamaba: “¡Suerte de gobernador!”. Jiménez también es un político con suerte, pues infinidad de priistas empezaron antes y nunca han subido de peldaño. No por falta de méritos, sino por su condición. “Un político pobre es un pobre político”, sentenció Carlos Hank González.

Legiones de políticos empezaron pobres, pero en el ejercicio del poder –como el profesor– se volvieron ostensiblemente ricos y prósperos empresarios. Una tarascada al presupuesto aquí, un pacto con el narcotráfico allá, asignaciones de contratos y empresas fantasmas acullá, y el futuro de varias generaciones quedaba resuelto. Coahuila está plagado de ejemplos. La deuda fue un meganegocio para políticos y banqueros inescrupulosos y un lastre eterno para millones de coahuilenses. El agravio no ha caído en el olvido y será tema en cada elección mientras permanezca impune.

Jiménez, quien hasta ahora ha tenido un buen desempeño, no cometió el error de atribuir a su gobierno –de apenas 12 meses– el liderazgo de Saltillo en seguridad, bienestar, inversión y otros indicadores, sino al trabajo de varias administraciones (del PRI y del PAN, unas buenas, otras malas). La capital es la segunda mejor ciudad del país para vivir (Gabinete de Comunicación Estratégica). De los 48 mil nuevos empleos generados el año pasado en el estado, 24 mil correspondieron a Saltillo, informó el gobernador Riquelme. Mientras tanto, Torreón no ha podido superar el rezago acumulado en los últimos sexenios.

En la ceremonia del 10 de diciembre, en el Museo del Desierto, hubo ausencias notorias (la de los exalcaldes Jericó Abramo, quien fue nombrado secretario de Vivienda y Ordenamiento Urbano, el 26 de diciembre, e Isidro López Villarreal; en cambio Óscar Pimentel, uno de los damnificados por la derrota del PRI en las elecciones de julio pasado, reapareció como director del Instituto Municipal de Planeación) y concurrencias aún más notables todavía. Con López Obrador en la presidencia y un Congreso dominado por Morena, el contexto político del estado y del país cambió radicalmente.

La presencia del senador Armando Guadiana y del coordinador general del Gobierno federal, Reyes Flores Hurtado, alteró el ambiente festivo y futurista.

El tándem de Morena atrae la atención de políticos de todos los partidos y de los grupos de poder, en especial de la élite económica. A escala nacional, AMLO empieza a poner a raya a la oligarquía, por ser una de las principales beneficiarias de la corrupción, junto con los gobiernos federal y locales, y por invadir funciones del Estado.

En las elecciones estatales, el PRI y el PAN dejaron de estar solos. Morena trabaja para hacerse con la Gubernatura. El Congreso local –donde ahora tiene un diputado (Benito Ramírez Rosas), pues Catalina Villalobos juega con la bancada priista– se renovará en 2020; y las alcaldías, de las cuales ya ocupa las de Piedras Negras, Matamoros, Francisco I. Madero y Parras, un año después. Si el partido del Presidente aumenta su presencia en la próxima legislatura y en los municipios, la distancia que lo separa del Palacio de Gobierno será más corta. Sólo le faltará candidato. Guadiana es el primero en alzar la mano. Jiménez necesita ampliar su perspectiva y administrar el éxito, de suyo resbaladizo.
05 Enero 2019 04:00:00
Lucro y abandono
En su visita del 28 de diciembre a Torreón, el presidente López Obrador se refirió a la crisis del sistema de salud en Coahuila. Desviar recursos del sector es una de las mayores infamias de la clase gobernante, pues condena a muerte a personas de todas las edades. La medicina privada se mercantilizó en exceso y las instituciones públicas fueron abandonadas y saqueadas. La siguiente es una parte del texto de Gerardo Moyano sobre el tema (Espacio 4, 604).

“El chamán dijo que hay que matar un becerro para que doña Rosa se cure”. “El curandero me vendió estas gotitas para que me regrese la vista”. “Me dieron cita para dentro de tres meses”. Las frases se repiten una y otra vez en los pueblos más pobres del sur del país, en su mayoría indígenas, donde el acceso a la salud es inexistente.

Y aun cuando algunos logran la travesía de llegar a los centros de atención de las ciudades –y de esperar incluso días para ser atendidos– se encuentran con que, por su condición de campesinos, no están asegurados o que el Seguro Popular no puede darles las medicinas que necesitan. Entonces, regresan a casa... y vuelven con el chamán.

Consciente de esta situación, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) eligió ocho estados del sur del país para arrancar con un ambicioso Plan Nacional de Salud y Bienestar, el cual propone fusionar las clínicas del IMSS, ISSSTE y Seguro Popular para ofrecer atención y medicamentos gratuitos a todos los mexicanos.

Para lograr tal meta, el Gobierno no sólo aumentará la inversión en el sector (este año, la Secretaría de Salud recibirá 562 millones de pesos más que en 2018) sino que arrebatará el manejo de la salud a los estados, donde el desabasto de medicinas, la falta de equipamientos y la mala atención se han agravado en los últimos años. En muchos casos, debido a los desfalcos cometidos por los gobernadores.

»Para muestra, el botón de Veracruz, donde la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó “un probable daño y perjuicio a la Hacienda Pública federal” por mil 427 millones de pesos pertenecientes al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) durante el gobierno del hoy detenido Javier Duarte. Los recursos estaban etiquetados para compra de medicamentos y tratamientos contra el cáncer de la población sin seguridad social. En Coahuila, el desabasto de medicinas es un problema que se arrastra desde las administraciones de los hermanos Humberto y Rubén Moreira.

»Además de los 123 mil 209.4 millones de pesos asignados al rubro salud en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, AMLO dijo que el Gobierno federal echará mano de un fondo especial de 25 mil millones de pesos, que se canalizarán para implementar la primera etapa del plan en los estados de Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. El objetivo es agregar ocho estados cada seis meses, para estar operando en las 32 entidades federativas, en la segunda mitad de 2020.

El plan también incluye regularizar la situación laboral de cerca de 80 mil empleados que trabajan por honorarios y blindar las licitaciones del sector con ayuda de la Auditoría Superior de la

Federación (ASF). Si bien la centralización de los servicios médicos públicos ha gene-rado preocupación, la mayoría de los expertos coincide en que el éxito o el fracaso del plan dependerá de su aplicación –para que no sea sólo un cambio de siglas– y del manejo de recursos –para que no se premie o castigue a determinados estados por cuestiones políticas–.
04 Enero 2019 04:07:00
Juegos de poder
Saltillo soltó la Gubernatura, pero volvió a recuperarla sin elecciones de por medio y desde ahora se prepara para que el futuro candidato sea uno de los suyos. Por vez primera en décadas, el PRI no postuló a un capitalino para el cargo, sino a un lagunero.

La maquinaria tricolor, cuyos motores son las colonias populares, la burocracia, el magisterio y las élites económicas, cerraron filas en 2017 con Miguel Ángel Riquelme, quien aventajó por 28 mil votos al también exalcalde de Torreón, Guillermo Anaya Llamas, postulado por el PAN.

El empresario y político Manolo Jiménez, de 34 años, apostó por Riquelme –el aspirante saltillense al Gobierno era Jericó Abramo Masso– y como recompensa obtuvo la alcaldía. Originalmente iba a ser presidente por un año, pero el escenario cambió al abrirse la puerta a la reelección y el PRI lo postuló para el periodo 2019-2021.

Hoy, en la cresta de la ola, Jiménez pondera al Gobernador y frente a la oligarquía local lo presenta como “el gran aliado de los saltillenses”.

Hace un año, cuando asistió a la toma de posesión de Jiménez, Riquelme ofreció corresponder con inversión el voto de los capitalinos que le permitió ganar por los pelos. Ya antes había prometido que Saltillo sería el municipio consentido de su gobierno, lo cual cayó como balde de agua fría a los laguneros.

En Torreón, el PRI perdió la elección para gobernador por 14 mil votos, además de la alcaldía y las cuatro diputaciones locales. Humberto y Rubén Moreira también fueron derrotados en sus respectivas elecciones, y la ciudad pagó las consecuencias.

El año pasado, la inversión en infraestructura ascendió a mil millones de pesos en Saltillo, destacó Jiménez en el informe que rindió el 10 de diciembre en el Museo del Desierto. Frente a varios de sus predecesores –entre ellos su abuelo Luis Horacio Salinas– y los exgobernadores Eliseo Mendoza Berrueto y Enrique Martínez, puso de relieve el apoyo, la visión y la experiencia de Riquelme.

“Se comprometió a ser amigo de los saltillenses, y está cumpliendo (…) es nuestro mejor aliado”, dijo exultante. El futuro le sonríe y él le corresponde.

“La asistencia colmó las expectativas”, según uno de los organizadores. “Se esperaban 700 invitados y llegaron mil 200”. El futurismo sucesorio paseó por el auditorio de la galería de los dinosaurios y se instaló en primera fila.

No era cualquier informe, sino el de quien podría ser candidato a gobernador después de haber sido alcalde; Humberto Moreira y el propio Riquelme siguieron la misma ruta.

La mirada está puesta desde ahora en 2023. Sin embargo, como la gestión de Jiménez terminará dos años antes de los comicios, necesitará una plataforma para entrar en la carrera. Podría ser un cargo administrativo o de elección. Si es lo segundo, la alternativa sería una diputación federal en 2021, en tal caso, debería separarse de la alcaldía.

Uno de los efectos de la alternancia en el país fue que las sucesiones se adelantaron. Mientras el PRI ostentó el poder, el Presidente en turno marcaba los tiempos y nombraba candidatos en los estados.

La regla según la cual “quien se mueve no sale en la foto” (Fidel Velázquez) no sólo quedó obsoleta desde entonces, sino que se invirtió: hoy, quien no se mueve, se autoelimina.

La sucesión en Coahuila volvió a empezar temprano. Los poderes fácticos al parecer ya tienen favorito, pero si las circunstancias cambian y surgen otros aspirantes –lo cual sucederá–, también ellos mudarán sus preferencias. La oligarquía está con el ganador. Así ha sido siempre. Arropado por la élite política y económica de la capital, Riquelme se declaró “lagunero por nacimiento y saltillense por adopción”.
02 Enero 2019 04:08:00
Limitar al Presidente
Andrés Manuel López Obrador no ha engañado a nadie: ha emprendido lo que ofreció como candidato, es decir, atender y apoyar a los sectores olvidados por los gobiernos del PRI, el PAN y el neoliberalismo. La ciudadanía votó masivamente por esa opción, acaso sin tener conciencia plena del significado de la cuarta transformación, pero sí persuadida de que las cosas debían cambiar. La mejoría lograda en los últimos sexenios se concentró en los estratos más altos, mientras el acceso a la salud, la educación y el empleo bien remunerado se redujo para la mayoría de los mexicanos.

El AMLO que despacha en Palacio Nacional es el mismo de los debates presidenciales y de las arengas en las plazas; el hombre genuino y el político cercano al pueblo y sus angustias. Sin las ínfulas de los tecnócratas, pero también sin la comprensión completa del país y del mundo, y sin la visión necesaria para afrontar sus complejidades. Presentarse tal cual es y proponer sin ambages un cambio radical lo identificó con un electorado burlado sexenio tras sexenio por una clase gobernante insensible y petulante.

Ganar la Presidencia en menos de cuatro años de fundado, como lo hizo el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), refleja el agotamiento y la crisis de los partidos tradicionales, los cuales, por parecerse tanto entre sí, se anularon. “En el México actual, la vida política e institucional está marcada por la corrupción, la simulación y el autoritarismo. A pesar de ello, millones de mexicanos trabajan a diario honesta y arduamente, practican la solidaridad y se organizan para acabar con este régimen caduco”, dice la declaración de principios de Morena.

En su intento de ser en el Congreso –donde también fueron vencidos– las oposiciones que dejaron de ser, pues el poder los atrofió, el PRI y el PRD exhiben su mediocridad y falta de energía. El PRI tampoco tiene nada que ofrecer después de su fracaso en la Presidencia y en las urnas. Castigados por los electores y sin respuestas para afrontar la nueva realidad política, la partitocracia apuesta a los errores del Gobierno de AMLO –los ha tenido– para crecer y reconciliarse con los ciudadanos después de haberlos abandonado y traicionado su confianza.

“El modelo neoliberal impuesto en los últimos 30 años”, advierte la declaración de Morena, expresada por AMLO en su primer discurso a la nación, “sólo ha beneficiado a una minoría a costa de la pobreza de la mayoría de los mexicanos. La economía está en manos de los monopolios; la planta productiva está destruida; hay millones de jóvenes sin oportunidades de estudio o trabajo; el campo se encuentra abandonado y miles de migrantes cruzan la frontera norte cada día, a pesar de los riesgos y de la persecución”.

México no podía continuar más tiempo por las vías de la injusticia y la corrupción. Morena catalizó el enfado nacional y lo convirtió en votos. El presidente López Obrador recibió un país en crisis. Su principal capital es su honestidad y la esperanza depositada en él por legiones. El cambio iniciado ha provocado reacciones, pues afecta intereses económicos y políticos que se habían apropiado del país y de sus instituciones, lo cual debilitó al Estado.

Una de las formas de apoyar al Presidente consiste en limitarlo desde la ciudadanía. Ella le dio la victoria y a ella debe obedecer para llegar a buen puerto con la cuarta transformación.



01 Enero 2019 04:08:00
El modelo cubano
La pluralidad partidista en el recinto de la UAdeC donde el gobernador Miguel Riquelme dio el mensaje posterior a su primer informe, no reflejó la nueva realidad política del estado, sino una verdad que el moreirato trató de sofocar y ocultar por medio del espionaje, la represión e incluso terror. Humberto y Rubén Moreira viajaron a La Habana en 2007 para ser adoctrinados por Fidel Castro. La idea era importar la revolución cubana e instaurar en Coahuila su propio modelo totalitario.

Si el comandante nombró sucesor a su hermano Raúl, aquí Humberto impuso a Rubén. Para lograrlo eliminaron a sus rivales, suplantaron liderazgos y estructuras con figuras y cuadros incondicionales, y suprimieron todo tipo de disidencia aun dentro del PRI. Los costos para el estado han sido enormes, no solo en términos financieros, sino también humanos y morales. Coahuila se convirtió en referente nacional e internacional de violencia y corrupción.

Entrevistado tras la liberación de Humberto Moreira del penal madrileño de Soto del Real, el 22 de enero de 2016, donde pasó una semana por una investigación de lavado de dinero, el historiador coahuilense Carlos Manuel Valdés declaró al periodista Pablo de Llano, sobre el gobierno del priista: “Fue una época de dispendio. Nos dejó con una deuda imposible de pagar. Empezó siendo un maestro sencillo, pero terminó enfermo de poder, gastando dinero sin límite para comprarse el favor de la gente y con desvaríos como querer implantar en Coahuila la pena de muerte” (El País, 22-02-16).

Humberto no impuso la pena capital, pero sí a su hermano para que la deuda por 36 mil millones de pesos jamás fuera investigada. “Rubén nunca criticó a su hermano por su nombre, pero tampoco evitó –o no pudo evitar– reconocer lo envenenado de su legado: ‘Cuando yo entré a mi gobierno, me di cuenta de que estábamos a punto de que el monopolio de la autoridad no lo tuviera el Gobierno, sino la delincuencia’, afirmó en una entrevista con un diario local”, dice el texto de De Llano.

El 6 de noviembre de 2017 la Universidad de Texas presentó ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el estudio Control sobre todo el estado de Coahuila: un análisis de testimonios en juicios contra miembros Zetas en San Antonio, Austin y Del Río, según el cual “Los Zetas pagaron millonarios sobornos a los gobiernos de los hermanos Moreira” (Proceso, 06-12-17).

Quince días después, El Colegio de México anunció los resultados de la investigación El Yugo Zeta. Norte de Coahuila 2010-2011, elaborado por Sergio Aguayo y Jacobo Dayán, sobre las masacres en el penal de Piedras Negras y en Allende. “La cárcel era un cuartel que jugaba un papel clave en el esquema de negocios y terror Zeta. Aun cuando conocían lo que sucedía, el Gobierno estatal y federal subsidiaron el centro penitenciario (…)”.

El informe advierte que “Entre el 18 y el 22 de marzo de 2011 los Zetas desencadenaron una venganza en toda la región. Desde Allende y Piedras Negras se hicieron en esos cinco días mil 451 llamadas al teléfono de emergencia 089. Esas cifras nos permiten asegurar que la venganza trascendió a Allende. El caso crece en magnitud y complejidad. No está esclarecido o cerrado. Establecer con mayor precisión el número de víctimas ayudará a los familiares de desaparecidos y permitirá establecer responsabilidades”.

Previamente, el 7 de julio de 2017, la Federación Internacional de Derechos Humanos denunció ante la Corte Penal Internacional (CPI) al Gobierno de Coahuila por crímenes de lesa humanidad en complicidad con Los Zetas entre 2009 y 2016. El periodo comprende cuatro años del gobierno de Humberto Moreira y cinco de la gestión de su hermano Rubén.

29 Diciembre 2018 04:01:00
Crisis de salud pública
En una visita a Chihuahua, antes de asumir la Presidencia, López Obrador recorrió, junto con el mandatario panista Javier Corral, un hospital inaugurado por Enrique Peña y el ahora exgobernador prófugo César Duarte. El edificio estaba vacío –sin camas ni equipo–, igual que otros anunciados a bombo y platillo como terminados y en operación. El ejemplo se repite en la mayoría de los estados y Coahuila, en los últimos sexenios, no fue la excepción.

El engaño es criminal, máxime en un país en la frontera de una crisis de salud pública cuyo efecto no lo sienten sólo los pobres, sino la mayoría de los mexicanos. Ese es uno de los temas de la nueva edición de Espacio 4, desarrollado por Gerardo Moyano.

“(En los últimos años) se le dio atención por cuestiones políticas, ideológicas, al problema educativo y se olvidó el grave problema de desatención en el terreno en materia de salud. Todo se orientó al debate en lo educativo y podría decirles que está peor el sistema de salud que el sistema educativo”, dijo López Obrador al lanzar el nuevo plan de salud en Mérida, el 14 de diciembre.

“Imagínense lo que significa el que los niños se enfermen y que no haya médicos y que no haya medicamentos, y que muchos se enfermen, pierden la vida por enfermedades curables, atendibles”, agregó. Los números lo avalan. Según un informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, el presupuesto de la Secretaría de Salud disminuyó más del 20%, lo que obligó a las familias que subsisten con salario promedio a endeudarse para cubrir los tratamientos de enfermedades crónicas.

El informe “Pequeños pasos para transformar al sistema de salud: Propuestas para mejorar los servicios”, publicado en mayo pasado, señala que “México está al borde de una crisis de salud pública”. El 4 de octubre, en su comparecencia ante el Congreso, el entonces secretario de Salud, José Narro Robles, reconoció que su dependencia interpuso ante la Procuraduría General de la República (PGR) 70 denuncias por desvíos del sector que alcanzan los mil 150 millones de pesos.

»Según los datos recabados por el IMCO, la disminución del presupuesto de salud se refleja en que la falta de cobertura para más de 16 millones de mexicanos, que carecen de algún tipo de protección. También destaca que apenas el 61% de las personas con diabetes, hipertensión y dislipidemia (alteración de los niveles de lípidos en la sangre) que acudieron a los servicios estatales de salud lograron conseguir todos los medicamentos que necesitan.

»En consecuencia, concluye el reporte, “los mexicanos buscan atención médica en el sector privado”, lo que se traduce en un mayor gasto de bolsillo. “Si el Gobierno no actúa, estas pérdidas podrían crecer a más de 302 mil millones, como mínimo, en 2030, lo que equivale a 7.3 veces el presupuesto de la UNAM”, señala el IMCO.

“Para resaltar la importancia del acceso a la salud, López Obrador utilizó dos ejemplos concretos: los jóvenes que pasan de las filas del narcotráfico a las minas de Chihuahua para contar con seguro social y el de los cañeros, que, pese a la mala paga, siguen trabajando para que su familia esté asegurada. También destacó que para lograr la centralización total de los servicios de salud se requiere del apoyo de los gobernadores, de lo contrario, se necesitaría reformar la Constitución. “Pero eso es hacer las cosas a la fuerza (...) Afortunadamente los gobernadores son muy sensibles a este tema (…) Y hay el acuerdo de que se unifique todo el sistema de salud. Si logramos esto, va a ser extraordinario”, resaltó.
28 Diciembre 2018 04:04:00
Teorías conspirativas
Rafael Moreno Valle era el panista más fuerte y encumbrado. Su experiencia política y financiera, su posición como coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado y su influencia en el Gobierno de su esposa Marta Érika Alonso, en Puebla, lo convertían en aspirante natural a la Presidencia en 2024, después de su frustrado intento el año pasado. Acción Nacional no tiene figuras con ese empaque; unos son viejos y los cuadros jóvenes no convencen. Ricardo Anaya pudo abrir las puertas a los de su generación, pero la derrota dejó a su partido huérfano de liderazgos.

“Quien hace política pacta con los poderes diabólicos que acechan a todo poder”, advertía Max Weber. Nieto de general (su abuelo y homónimo ocupó los mismos cargos: senador y gobernador de Puebla, además de haber sido secretario de Salud en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, el único presidente de origen poblano en la era del PRI), Moreno ejerció el poder y negoció con mano dura. Una de las perversiones causadas por la alternancia fue la que permitió a gobernadores y alcaldes heredar el puesto a hermanos, hijos y esposas. Paradójicamente, los presidentes perdieron esa facultad; no por voluntad, sino por decisión ciudadana.

El poder cobra según su uso, su abuso o su desuso, pero el castigo suele ser mayor cuando se ejerce en exceso y sin sujeción a las leyes. Mas como en México la norma exenta a sus autores –los políticos– y por extensión a sus socios, el camino de las urnas y el repudio ciudadano es el único transitable. El país, los estados y los municipios tienen a sus villanos favoritos (a escala nacional lo son Salinas de Gortari y Peña Nieto, Fox y Calderón; y en el ámbito local, los Moreira).

México es un país proclive a las teorías de la conspiración y la conjura por tantos casos no resueltos a lo largo de la historia (la muerte de Manuel J. Clouthier y los asesinatos del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, sólo en el sexenio de Salinas). Los accidentes aéreos donde fallecieron Ramón Martín Huerta, secretario de Seguridad Pública con Vicente Fox (2005); Juan Camilo Mouriño (2008) y José Francisco Blake Mora (2011), secretarios de Gobernación con Felipe Calderón, también despertaron sospecha. Mouriño era presidenciable y la guerra contra el narcotráfico estaba en su apogeo.

La muerte de Moreno Valle y de su esposa Marta Érika Alonso, por el desplome e incendio del helicóptero que los trasladaba a Ciudad de México, ha dado pábulo a las teorías de la conjura que atribuyen el accidente a un móvil político. La elección de gobernador la resolvió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en favor de Alonso (PAN), quien rindió protesta el 14 de diciembre en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, ante la imposibilidad de hacerlo en el Congreso local. Morena, cuyo candidato fue Miguel Ángel Barbosa, perdió por cuatro puntos porcentuales e impugnó el resultado. El presidente López Obrador calificó el fallo de equivocado y antidemocrático, “pero se tiene acatar porque ya hay Estado de derecho, que no había en el país”.

Invitar a expertos internacionales a participar en la investigación del accidente y esclarecer sus causas es una decisión sensata. El secretismo del Gobierno, en este tipo de casos, era la principal fuente de sospecha. AMLO ayudaría mucho también si en vez de actuar como de líder de Morena se dedica a gobernar.
26 Diciembre 2018 04:07:00
Pluralismo político
El auditorio del Centro Cultural Universitario de la UAdeC de Arteaga se convirtió en pasarela política. El 30 de noviembre sucedió algo inédito: la presencia de líderes y legisladores de los principales partidos de oposición en un acto oficial. En los 12 años del moreirato, sólo el PRI y sus satélites tenían lugar en las ceremonias donde Humberto y Rubén se llenaban de elogios por los resultados de sus respectivos gobiernos, mientras endeudaban al estado y se cometían las peores villanías. En el Congreso, la aplanadora tricolor asfixiaba toda expresión discordante.

Las cosas cambiaron con votos. El PRI tiene hoy 10 diputados, uno menos que el PAN, y aun cuando Elisa Catalina Villalobos, de Morena, ha bloqueado iniciativas para investigar la megadeuda, el grupo pastoreado por Jaime Bueno no puede imponer los dictados del Palacio de Gobierno. Miguel Riquelme es el primer gobernador que ha informado ante una Legislatura de mayoría opositora, sin que ese peso se aprecie a casi un año de instalada. La falta de resultados de las fracciones del PAN y UDC causa decepción.

La composición del Congreso, el estilo de Riquelme y el manejo de la sesión por el panista Juan Antonio García Villa, presidente de la mesa directiva, le dieron a la sesión del 30 de noviembre el sentido que había perdido en los gobiernos de los Moreira. El gobernador entró y salió del recinto sin las porras ni rabietas de Humberto, ni las actitudes triunfalistas y de perdonavidas de Rubén. Lo tiempos imponen moderación.

En el Centro Cultural de Arteaga el contraste con el pasado resultó más notorio. Los excluidos y perseguidos del moreirato ocuparon asientos de primera fila: el senador Armando Guadiana (expriista) y los diputados Luis Fernando Salazar y José Ángel Pérez (expanistas), de Morena. Marcelo Torres, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso local, figuró también entre los invitados especiales, lo mismo que el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, figura histórica de Acción Nacional.

La representación del PRI la formaron fracasados: Miguel Osorio, frustrado aspirante presidencial y responsable de la fallida estrategia del Gobierno peñista contra la delincuencia; su colega senadora Claudia Ruiz Massieu, presidenta del CEN, y el exlíder Enrique Ochoa, quien dividió y humilló al priismo. El anodino tecnócrata fue relevado por René Juárez antes de las elecciones, pero el daño ya estaba hecho. El PRI perdió todo: presidencia, Congreso, gubernaturas, alcaldías y legislaturas locales. El único senador de mayoría, Carlos Ramírez (Yucatán), vino a saludar a su amigo Jericó Abramo.

En Coahuila empezaron a soplar vientos futuristas. Es prematuro, pero así ha sido siempre. Sin embargo, esta vez la atención está centrada en Morena. El partido del Presidente es la principal fuerza política nacional. Después del informe, Guadiana declaró no tener diferencias con el gobernador Riquelme. Sus problemas son con los Moreira. Por denunciar la deuda lo persiguieron – “querían meterme a la cárcel” (Espacio 4, 597)–, pero al final le convirtieron en víctima. Hoy es el coahuilense más cercano a López Obrador y el principal aspirante al Gobierno del Estado. Sin embargo, estar en el candelero tiene costos. En su edición 2197, Proceso lo presenta como “El viejo del sombrerón”. Desde el Senado, dice la nota, “promueve eventos para beneficiar sus propiedades. Es, el suyo, un círculo perverso de poder”.
24 Diciembre 2018 04:07:00
4T: prueba de fuego
El segundo año de gobierno de Miguel Riquelme inició bajo el signo de la Cuarta Transformación emprendida por Andrés Manuel López Obrador. La circunstancia es propicia para sacudir lacras del pasado, elevar el perfil y mejorar el rendimiento de una administración atenazada por la deuda y un futurismo sucesorio prematuro. El lagunero tiene la ardua tarea de mantener el equilibrio político y financiero. Después de tres sexenios de ejercer el poder sin límites ni contrapesos, los gobernadores cohabitan desde el 1 de diciembre con un representante presidencial en cada estado.

Los supercoordinadores absorberán las funciones de múltiples delegaciones, controlarán el gasto e intervendrán en los gabinetes de seguridad pública. Los mandatarios locales perderán poder, pues en el sexenio pasado los delegados eran nombrados por ellos y no por el Presidente. Sin acceso a los programas sociales y de inversión federal, los gobernadores deberán sujetarse a los presupuestos de sus respectivas entidades, constreñidas por la deuda y el pago de intereses.

Desde el punto de visto operativo, el plan consiste en compactar y sanear la burocracia federal, atacar la corrupción en la contratación de obras y vigilar a los gobernadores; políticamente, la intención es obvia: tomar las riendas de los estados, crear estructura territorial y desarrollar clientelas para los próximos comicios. Morena necesita consolidar y ampliar la base que le permitió captar 30 millones de votos en las elecciones de este año, junto con los partidos del Trabajo y Encuentro Social. AMLO recibió en Coahuila 609 mil sufragios.

El presidente utiliza el poder para beneficiar a su partido, pero lo mismo hicieron sus predecesores del PRI y el PAN. Las delegaciones relacionadas con presupuesto para inversión eran agencias electorales y sus titulares desempeñaban funciones políticas. Sepultados por la ola de Morena, los gobernadores deberán adaptarse a las nuevas circunstancias. En las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto, los ejecutivos locales tenían influencia en el Congreso federal, pero ahora ni eso, pues el partido del Presidente y sus aliados cuenta con mayoría en ambas cámaras y controlan comisiones clave: Presupuesto y Cuenta Pública, Desarrollo Social, Seguridad Pública y Transparencia y Anticorrupción.

Además, los superdelegados son potenciales candidatos a los gobiernos de sus respectivos estados; y si ya lo fueron, volverán a serlo. Son los casos de Delfina Gómez (Estado de México), Carlos Lomelí (Jalisco), Miguel Ángel Navarro (Nayarit) y Joaquín Díaz Mena (Yucatán). Su cercanía con el Presidente, la influencia y la exposición mediática les dará ventaja sobre los favoritos de los gobernadores en los próximos comicios. AMLO no ha dejado nada al azar, pero el éxito de Morena dependerá de su desempeño en la Presidencia.

AMLO y Morena han sumado cuadros y operadores electorales que antes lo fueron del PRI, el PAN, el PRD y otros partidos. En Coahuila, la emigración la iniciaron Armando Guadiana, actual senador, Juan Pablo Rodríguez y Reyes Flores (superdelegado). Javier Guerrero coordinó la campaña de López Obrador. Claudio Bres ganó la presidencia de Piedras Negras. José Ángel Pérez, exalcalde de Torreón, es diputado federal por Encuentro Social, y Luis Fernando Salazar ahora forma parte de la bancada morenista en la Cámara baja. Ellos son los perfiles de Morena para la sucesión del 23.
24 Diciembre 2018 04:07:00
4T: prueba de fuego
El segundo año de gobierno de Miguel Riquelme inició bajo el signo de la Cuarta Transformación emprendida por Andrés Manuel López Obrador. La circunstancia es propicia para sacudir lacras del pasado, elevar el perfil y mejorar el rendimiento de una administración atenazada por la deuda y un futurismo sucesorio prematuro. El lagunero tiene la ardua tarea de mantener el equilibrio político y financiero. Después de tres sexenios de ejercer el poder sin límites ni contrapesos, los gobernadores cohabitan desde el 1 de diciembre con un representante presidencial en cada estado.

Los supercoordinadores absorberán las funciones de múltiples delegaciones, controlarán el gasto e intervendrán en los gabinetes de seguridad pública. Los mandatarios locales perderán poder, pues en el sexenio pasado los delegados eran nombrados por ellos y no por el Presidente. Sin acceso a los programas sociales y de inversión federal, los gobernadores deberán sujetarse a los presupuestos de sus respectivas entidades, constreñidas por la deuda y el pago de intereses.

Desde el punto de visto operativo, el plan consiste en compactar y sanear la burocracia federal, atacar la corrupción en la contratación de obras y vigilar a los gobernadores; políticamente, la intención es obvia: tomar las riendas de los estados, crear estructura territorial y desarrollar clientelas para los próximos comicios. Morena necesita consolidar y ampliar la base que le permitió captar 30 millones de votos en las elecciones de este año, junto con los partidos del Trabajo y Encuentro Social. AMLO recibió en Coahuila 609 mil sufragios.

El presidente utiliza el poder para beneficiar a su partido, pero lo mismo hicieron sus predecesores del PRI y el PAN. Las delegaciones relacionadas con presupuesto para inversión eran agencias electorales y sus titulares desempeñaban funciones políticas. Sepultados por la ola de Morena, los gobernadores deberán adaptarse a las nuevas circunstancias. En las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto, los ejecutivos locales tenían influencia en el Congreso federal, pero ahora ni eso, pues el partido del Presidente y sus aliados cuenta con mayoría en ambas cámaras y controlan comisiones clave: Presupuesto y Cuenta Pública, Desarrollo Social, Seguridad Pública y Transparencia y Anticorrupción.

Además, los superdelegados son potenciales candidatos a los gobiernos de sus respectivos estados; y si ya lo fueron, volverán a serlo. Son los casos de Delfina Gómez (Estado de México), Carlos Lomelí (Jalisco), Miguel Ángel Navarro (Nayarit) y Joaquín Díaz Mena (Yucatán). Su cercanía con el Presidente, la influencia y la exposición mediática les dará ventaja sobre los favoritos de los gobernadores en los próximos comicios. AMLO no ha dejado nada al azar, pero el éxito de Morena dependerá de su desempeño en la Presidencia.

AMLO y Morena han sumado cuadros y operadores electorales que antes lo fueron del PRI, el PAN, el PRD y otros partidos. En Coahuila, la emigración la iniciaron Armando Guadiana, actual senador, Juan Pablo Rodríguez y Reyes Flores (superdelegado). Javier Guerrero coordinó la campaña de López Obrador. Claudio Bres ganó la presidencia de Piedras Negras. José Ángel Pérez, exalcalde de Torreón, es diputado federal por Encuentro Social, y Luis Fernando Salazar ahora forma parte de la bancada morenista en la Cámara baja. Ellos son los perfiles de Morena para la sucesión del 23.
24 Diciembre 2018 04:07:00
AMLO y el dinosaurio
Porfirio Muñoz Ledo entregó la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador ante cuatro expresidentes del PRI, cuya representación en el Congreso general es la más flaca en cantidad y calidad (47 diputados y 15 senadores). Dulce María Sauri, Enrique Ochoa, René Juárez y Claudia Ruiz Massieu tienen en común el signo de la derrota. Sauri era líder cuando el partido fundado por Plutarco Elías Calles perdió por vez primera la presidencia de la República; los otros cubrieron el periodo en el cual se postuló al primer candidato externo (José Antonio Meade) para sufrir su peor fracaso en las urnas.

Muñoz Ledo fue uno de los últimos ideólogos del PRI, después de Jesús Reyes Heroles, y como líder de ese partido ganó las elecciones presidenciales de 1976 con José López Portillo. Nada extraordinario, pues el PAN no presentó candidato. También presidió el PRD; el PARM lo postuló para la presidencia en 2000 y ha sido senador por el PRD y diputado federal por el PT; ahora lo es por Morena. En 1988, interpeló al presidente Miguel de la Madrid, y fue el primer diputado de oposición en responder un informe (a Ernesto Zedillo).

Frente a un personaje de la talla de Muñoz Ledo, quien también ocupó la Secretaría del Trabajo, la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y representó a México ante la Unesco y la Unión Europea (propuesto por Vicente Fox), los últimos líderes del PRI son una caricatura. Sobre todo, Enrique Ochoa, impuesto por el expresidente Peña Nieto, sólo para dividir al priismo y contribuir a la derrota de Meade. En premio recibió una diputación plurinominal.

René Juárez, exgobernador de Guerrero, relevó a Ochoa cuando López Obrador ya tenía medio cuerpo dentro del Palacio Nacional. También es diputado de representación proporcional. Ruiz Massieu, la actual dirigente, es sobrina del expresidente Carlos Salinas de Gortari y senadora plurinominal.

En el Congreso quedan los rescoldos del peñismo: Miguel Osorio, mediocre secretario de Gobernación y aspirante frustrado a la presidencia; Enrique Miranda, el insolente exsecretario de Sedesol; Nuria Mayorga, del grupo de Osorio, y Vanessa Rubio, del equipo de Meade. También los exgobernadores Eruviel Ávila (Estado de México) y Rubén Moreira (Coahuila) en cuyos periodos se cometieron graves violaciones a los derechos humanos.

La nueva aplanadora en las cámaras de Diputados y de Senadores es Morena. En Coahuila, el partido del presidente López Obrador ganó tres diputaciones (de siete) y las dos senadurías de mayoría. Tribuno, polemista y hombre de una vasta cultura, Muñoz Ledo preside a sus 85 años la Cámara de Diputados y da cátedra a los últimos líderes del PRI –vacuos y arrogantes– de cómo hacer política y sobrevivir en sus mares procelosos; pero, sobre todo, de cómo cambiar de partido sin perder figura.

A veces exagera: «Desde la más intensa cercanía confirmé ayer que Andrés Manuel @lopezobrador_ha tenido una transfiguración: se mostró con una convicción profunda, más allá del poder y de la gloria. Se reveló como un personaje místico, un cruzado, un iluminado. (1/2) La entrega que ofreció al pueblo de México es total. Se ha dicho que es un protestante disfrazado. Es un auténtico hijo laico de Dios y un servidor de la patria. Sigámoslo y cuidémoslo todos. (2/2)», publicó el 2 de diciembre en su cuenta de Twitter. Ochoa, Juárez y Ruiz Massieu ni para eso tuvieron gracia.
22 Diciembre 2018 04:07:00
El mal de México
El catálogo de los más ricos del mundo del Almanaque de Gotha incitó al talentoso escritor y cervantista Jaime Torres Mendoza a dedicar su columna en Espacio 4 (603) al mayor mal del país: la corrupción. El texto es bastante recomendable y de él comparto algunas partes:

«Pues bien, en ese gran anuario, que se publica en alemán y en francés, aparecen en los últimos años, algunos mexicanos, lo cual me parece a mí asunto de escándalo no exento de inmoralidad, sobre todo cuando en este país existen millones de pobres que la pasan mal en su vida cotidiana. Me parece que es una cuestión de escándalo porque yo he visto tantos rostros de niños, mujeres y hombres de todas las edades en las páginas de los periódicos. He visto en esos pliegos de papel los retratos de tantos cuerpos heridos o muertos.

»Ante esa visión, como dijera un poeta, mi corazón no puede más, no puede en mundo que deja morir solos a sus héroes. Y me duele porque los héroes de este mundo no son los grandes que aparecen en el Almanaque de Gotha, esos que en todas partes tienen estatuas y reciben homenajes a granel. No, héroes verdaderos son todos aquellos que en todas partes y todos los días del almanaque, que no es el Gotha, mueren por miles de causas, que mueren como si fueran delegados de la humana desdicha con todo su sufrimiento. (…)

»Freud apuntó, quizá como respuesta a esto, a la idea turbadora de que en este mundo el mal es anterior al bien. El gran poeta Rainer María Rilke, que dicen que practicó una religión extraña pero sumamente poética, dijo que Dios estaba por venir y usó una palabra bellísima, un puro tiempo verbal maravilloso: devenir. Dios, dijo, devendrá en nosotros si nos preparamos a su advenimiento.

»Schopenhauer, sin embargo y más contundente, estableció en el mundo como voluntad y como representación, su obra filosófica cumbre, que: “si Dios existe, no me gustaría ser ese Dios, porque la miseria de los hombres me desgarraría el corazón”. Perturbador, ¿no? Quizá la cercanía de la navidad o el cambio de gobierno en mi país me hacen ver que he empezado a envejecer. Sí, soy viejo, y aunque sea sólo por eso, estoy autorizado a decir lo siguiente: aquí estoy, reclamando mi derecho a ser escuchado. Decirles a todos los conciudadanos que estoy dolido y que, como ellos, me carcomen y canceran las penas.

»Estoy así, porque el año que está por acabar, acaba mal. Para unos acaba el año muy arriba, envueltos en pompa y galas; es decir, en el lujo total. Para los demás, el año termina muy abajo, soportando sobre sus espaldas el monumento de la miseria y el descontento. Los granos de arena de cualquier playa mexicana, no alcanzarían para contar sus males.

»Sí, sé que he empezado a envejecer porque he utilizado este espacio para decirles que he apostado y sigo apostando mi alma a favor de las causas populares (dicho sea de paso, sin retórica de por medio), por la simple y sencilla razón de que pertenezco al pueblo. Por lo tanto, el pueblo y sus causas legítimas me pertenecen de forma individual. Por eso las defiendo y adopto en estos artículos de pobre palabra. Sencillamente porque también hablan de mi pobreza espiritual y económica, como la de casi todos los mexicanos. (…)

»Con todo eso, sólo quiero decir que no hacen falta ya programas ni promesas gubernamentales. Simplemente hace falta cumplir con la palabra dada y acabar con la corrupción en México, esa que malversa los fondos públicos a favor de unos cuantos y que tanto cansa y nos hace envejecer porque la hemos tolerado impunemente». (Texto completo en http:/www.espacio4.com/)
21 Diciembre 2018 04:07:00
Chalecos amarillos
El descontento por el fracaso del neoliberalismo, como generador de riqueza, no sólo se expresa en América Latina, donde la corrupción y la pobreza aumentaron desde que la mano invisible del mercado debilitó tanto al Estado que acabó por anular su capacidad para atender demandas básicas y resolver el problema de la inseguridad. El malestar es también por los excesos de la clase gobernante. López Obrador entendió el mensaje y lo convirtió en eje de su campaña. En respuesta, la ciudadanía, cansada de los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN, respaldó su proyecto social con más de 30 millones de votos.

En Francia, el movimiento de los “chalecos amarillos” o “gasolina” puso en jaque al presidente Emmanuel Macron por las políticas neoliberales de su gobierno. Las manifestaciones violentas de principios de diciembre, en París y otras ciudades, ocurrieron mientras Macron participaba en la Cumbre del G-20 en Buenos Aires. La crisis la detonó el aumento, vía impuestos, de los precios de la gasolina y el diésel. (En México los gasolinazos fueron constantes en los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto.)

La periodista María Laura Avignolo describió la situación: “El Arco del Triunfo tomado por asalto, la avenida de los Campos Elíseos, la avenida Foch, Kleber y Friedlan, la plaza de la Opera, la Vêndome, sus calles más elegantes, sus vehículos más sofisticados, los bancos, algunos de sus boutiques más lujosas, y muchos edificios, todos sufrieron incendios o eran atacados por vándalos o ‘casseurs’, en un día en que la cólera de una clase media disminuida se metaforseó, y fue confiscada en una insurrección inmanejable, violenta y sin diálogo” (Clarín, 01-12-18).

Las protestas han provocado centenares de heridos y el arresto de más de medio millar de personas. Macron, de 41 años, es el Presidente más joven de Francia. En 2016 fundó En Marcha y en sólo un año desplazó a los partidos tradicionales: Unión por un Movimiento Popular (en 2015 tomó el nombre de Los Republicanos), Socialista y el ultraconservador Agrupación Nacional, cuya candidata Mari Le-Pen es la versión francesa de Trump. Macron ha perdido popularidad vertiginosamente por conceder privilegios a los más ricos y reducir beneficios a la mayoría. En los tres primeros meses de despachar en el Palacio del Elíseo, gastó 26 mil euros (unos 530 mil pesos) en maquillaje. Las manifestaciones forzaron al Gobierno a posponer el alza al diésel, pero se agregaron nuevas demandas: la derogación de las reformas laboral y educativa e incluso la renuncia del líder galo.

Para el analista Isaac Bigio, los chalecos amarillos “Están pidiendo una mayor democratización de la sociedad francesa, la defensa de la ecología y cuestiones sociales muy importantes que están chocando con la agenda neoliberal de Macron” (HispanTV Noticias, 03-12-18). De acuerdo con una encuesta de Ipsos, el 67% de los franceses opina que la política fiscal del Gobierno de Macron agrava las desigualdades económicas; el 81% piensa que afecta más a los jubilados, el 76%, a las clases medias y el 59%, a los trabajadores en activo.

En México, AMLO conoce el problema. “Lo digo con realismo y sin prejuicios ideológicos: la política económica neoliberal ha sido un desastre, una calamidad para la vida pública del país. Por ejemplo, la reforma energética, que nos dijeron que vendría a salvarnos, sólo ha significado la caída en la producción de petróleo y el aumento desmedido en los precios de la gasolina, el gas y la electricidad”, declaró en su mensaje inaugural. “Hoy no sólo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político”, advirtió.
19 Diciembre 2018 04:06:00
El PRI neoliberal
La historia de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador se empezó a escribir en 1987, cuando el líder del PRI, Jorge de la Vega, abrió las puertas de ese partido a quienes desearan abandonarlo. La dedicatoria era para Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, cabezas de la Corriente Crítica, cuya demanda consistía en democratizar el proceso para nombrar candidato presidencial. La batalla la ganó el ala neoliberal, dirigida por Carlos Salinas, y la perdió el sector de izquierda del cual AMLO, entonces de 34 años, formaba parte.

De la Vega le prometió a Salinas 20 millones de votos, pero el priismo y el país les dieron la espalda y con dificultad consiguieron 9.6 millones. Cárdenas, postulado por el Frente Democrático Nacional (antecedente del PRD), obtuvo 5.9 millones y Manuel Clouthier (PAN) 3.2 millones. El cómputo se suspendió cuando el aspirante de izquierdas llevaba ventaja y la sospecha de fraude adquirió carta de naturalidad. Cárdenas decepcionó a sus seguidores por no defender su presunta victoria; en las dos siguientes elecciones ocupó el tercer lugar. En febrero de 1989, Clouthier formó un gabinete alternativo para vigilar al gobierno de Salinas, integrado por Diego Fernández, Vicente Fox, Carlos Castillo y otros líderes del PAN. El 1 de octubre de ese mismo año, Clouthier murió en un extraño accidente de carretera, prensado por tráileres.

Treinta años después de amputado el brazo socialdemócrata del PRI, AMLO recibió la banda presidencial de un cansado Muñoz Ledo, quien, a sus 85 años, preside la Cámara baja. El acto marcó el fin, al menos temporal, del neoliberalismo implantado en el gobierno de Miguel de la Madrid, profundizado en el de Salinas y seguido a pie juntillas por Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto. «El distintivo del neoliberalismo es la corrupción», acusó el Ejecutivo federal en su primer mensaje.

José López Portillo se autodenominó «el último presidente de la revolución», y lo fue. Después de su sexenio (1976-1982), los gobiernos sucesivos del PRI y del PAN privilegiaron la economía de mercado, olvidaron su compromiso con las mayorías y supeditaron el interés del Estado al de la oligarquía nacional y extranjera. «Suena fuerte, pero privatización ha sido en México sinónimo de corrupción. Desgraciadamente casi siempre ha existido este mal en nuestro país, pero lo sucedido durante el periodo neoliberal no tiene precedente en estos tiempos que el sistema en su conjunto ha operado para la corrupción.

El poder político y el poder económico se han alimentado y nutrido mutuamente y se ha implantado como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación», recalcó AMLO ante un Peña Nieto demudado.

El movimiento antineoliberal y las protestas sociales contra la corrupción se han extendido y propiciado la formación de nuevos partidos frente al agotamiento de las formaciones tradicionales. En marzo de 2017, decenas de intelectuales, artistas, defensores de los derechos humanos, periodistas y referentes políticos y gremiales «del mundo entero», encabezados por el filósofo estadunidense Noam Chomsky, suscribieron una declaración para solidarizarse con el pueblo argentino, «que enfrenta las políticas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri».

En 15 meses –advierten– aumentó en 1.5 millones el número de pobres. «Durante esos meses, además, Argentina tuvo relevancia internacional por diversos casos de corrupción, por los que están siendo investigados el presidente y su entorno: Panamá Papers, Odebrecht (…)», dice el documento. Si el nombre del país se sustituyera por el de México y el de Macri por el de Peña, nadie advertiría la diferencia; salvo porque aquí el expresidente no es investigado.

18 Diciembre 2018 04:07:00
Las riendas del poder
El desmantelamiento del sistema hace crujir las estructuras políticas y económicas, provoca reacciones desmesuradas contra el primer Presidente de izquierda desde Lázaro Cárdenas y augurios catastrofistas. El régimen colapsó después de 71 años de gobiernos del PRI y 18 de alternancia con el PAN. Desaforado de la jefatura de Gobierno de Ciudad de México en 2005, AMLO es hoy el líder más poderoso después de Cárdenas, quien suprimió el maximato, reformó el PRI y consolidó el presidencialismo.

Las cúpulas empresariales y los gobernadores, cuyo poder aumentó en los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto, no salen de su desconcierto y afrontan la nueva realidad sin una postura clara todavía. Frente al discurso de toma de posesión de AMLO, la élites económicas y políticas apuestan más al entendimiento que a la confrontación. Entre los últimos días de noviembre y los primeros de diciembre, corporaciones, organismos empresariales, gobernadores y sindicatos nacionales dieron la bienvenida al nuevo Presidente.

Desde la tribuna del Congreso, AMLO enjuició a los últimos gobiernos: “en estas últimas tres décadas las máximas autoridades se han dedicado, como en el porfiriato, a concesionar el territorio y a transferir empresas y bienes públicos e incluso funciones del Estado a particulares nacionales y extranjeros. No se trata, como antes, de actos delictivos individuales o de una red de complicidades para hacer negocios al amparo del Gobierno. (…) por eso, si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo Gobierno, respondo: acabar con la corrupción y con la impunidad”.

La austeridad republicana, otra de las prioridades de la agenda presidencial, se elevó a rango constitucional. El 5 de noviembre, el Diario Oficial de la Federación publicó la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, según la cual ninguno podrá ganar más que el Presidente. AMLO cobrará 108 mil pesos mensuales, 40% menos que su predecesor. La medida ha sido criticada por su efecto en las áreas más especializadas y sensibles de la Administración. Quien no esté de acuerdo con los nuevos salarios puede mudarse al sector privado, replicó el Presidente el 4 de diciembre en rueda de prensa.

La principal oposición ha surgido del Poder Judicial. A través de un “amparo modelo” se han presentado miles de demandas contra la disminución de sueldos y prestaciones. El ingreso anual bruto de los ministros de la Corte es de 6.9 millones de pesos (presupuesto de egresos 2018), 2.7 veces más que el último sueldo de Peña Nieto. AMLO declaró a los periodistas: “El servicio público no es para hacer dinero (…) en un país con tanta pobreza, si un funcionario quiere ganar 600 mil pesos (mensuales), eso es deshonestidad”.

En su despedida como ministro de la Corte, el 29 de noviembre, José Ramón Cossío previno sobre los vientos autoritarios que soplan en el país: “Creo que la crisis democrática está trastocando la imagen general de la justicia constitucional, y eso me parece peligrosísimo. ¿Por qué? Porque la democracia, en el apoderamiento de los órganos del Estado, está suponiendo que puede hacerse desde los órganos de Estado lo que le venga en gana, porque al final de cuentas se tiene un Gobierno legítimo y mayoritario”.

En 1994, el presidente Ernesto Zedillo reformó el Poder Judicial, reestructuró la Corte y creó el Consejo de la Judicatura. Algunos sectores calificaron la acción de “golpe de Estado”. Sin embargo, para poder gobernar, Zedillo debía cortar los brazos de Salinas de Gortari en el máximo tribunal. ¿El cambio de régimen iniciado por AMLO incluye también a la Corte? Pronto lo sabremos.
17 Diciembre 2018 04:07:00
Corte imperial
La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reformada por la primera legislatura donde las bancadas del PRI y del PAN son secundarias, abrió un debate necesario en un país de privilegios y castas. Los poderes públicos se convirtieron en zonas exclusivas para el lucro, el hurto, la simulación y la impunidad. Funcionarios y autoridades de los tres órdenes de Gobierno amasan fortunas obscenas, en plazos cada vez más cortos, mientras la mayoría empobrece y sufre apremios económicos.

El ingreso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es insultante, pues al salario neto de 269 mil 216 pesos mensuales se agregan prestaciones que lo elevan casi a 7 millones de pesos anuales antes de impuestos, según el Presupuesto de Egresos de este año. Son los mejor pagados de la estructura federal, lo mismo que los consejeros de los organismos autónomos. Hasta principios de la década de los 80 del siglo pasado no lo eran. El presidente De la Madrid mejoró sus retribuciones. Ernesto Zedillo reformó el Poder Judicial para compactarlo y erradicar vicios e influencias políticas de su predecesor.

Sin embargo, en los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto, el Poder Judicial recuperó privilegios al grado de inventar gastos para ejercer los ingentes recursos aprobados por el Congreso. La Corte no está exenta de intereses partidistas. Los salarios altos tampoco garantizan imparcialidad ni inmunizan contra la corrupción. En México el servicio público dejó de considerarse un honor y la oportunidad de servir al país para convertirse en negocio del cual dependen otros más rentables en el mercado libre de la corrupción. A una Presidencia imperial, una Corte real. En el máximo tribunal de justicia las togas protegen el tráfico de influencias, avalan elecciones fraudulentas y si la consigna es otra, las anulan. Y como en el Gobierno y los sindicatos, el nepotismo se practica sin rubor.

Los privilegios en el Poder Judicial indignan a la sociedad. Ese sentimiento, como otros, lo recogió el presidente López Obrador, quien, en un acto de congruencia empezó por rebajarse 40% el salario. Muchos pagarían por ocupar cargos públicos, en lugar de cobrar, por lo redituable que resultan. Sin embargo, AMLO ha acreditado ser un hombre honesto; de lo contrario no habría sobrevivido tres campañas. Repudiados en las urnas por representar la continuidad de un sistema viciado, el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano siguen sin entender los nuevos tiempos.

La acción de inconstitucionalidad interpuesta por las oposiciones, para frenar la aplicación de la Ley de Remuneraciones, es oportunista y los coloca de nuevo de espaldas a la ciudadanía. En este, como en otros casos, la sociedad respalda al Presidente. Ninguna ley está por encima de la Constitución, pero tampoco deben estarlo grupo o interés alguno. Es igualmente improcedente afectar derechos o aplicar retroactivamente normas, excepto si son para mejorar, jamás para afectar. El Poder Judicial protesta por la disminución de sus salarios, pero ha sido insensible al clamor nacional de justicia. La corrupción también pasa por los tribunales. La controversia debe dirimirse de acuerdo con la realidad del país. La cuarta transformación debe reformar el Poder Judicial, no para convertirlo en apéndice del presidente, sino para abolir privilegios y reforzarlo como contrapeso del poder político.
15 Diciembre 2018 04:08:00
Choque inevitable
La cuarta transformación no distingue poderes. El presidente Andrés Manuel López Obrador calcula cada paso. La sociedad le cree y espera cambios radicales, pues por ellos votó el 1 de julio.

El despegue de la Administración ha sido turbulento por las condiciones de un país plagado de corrupción. Espacio 4
publica en su nueva edición un trabajo de Gerardo Moyano sobre el tema.

»¿Hasta dónde puede llegar el choque entre los poderes Judicial y Ejecutivo-Legislativo por la llamada Ley de Salarios Máximos que establece que ningún funcionario federal puede ganar más que el Presidente y la cual los jueces se niegan a acatar?

»Para algunos expertos, como la politóloga Denise Dresser, hay riesgo de “parálisis institucional”, pues los tres poderes tienen facultades para iniciar una guerra judicial que podría incluir destituciones y hasta juicios políticos.

Para otros, como el historiador Lorenzo Meyer, se trata de un choque “casi inevitable que se va a seguir dando” en un periodo de transformaciones como el que propone el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (Aristegui Noticias 11-12-18).

»Por lo pronto, las diferencias continúan su cauce judicial. Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidiera suspender la entrada en vigor de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, el Senado impugnó la resolución concedida por el ministro Alberto Pérez Dayán e instó a la Corte a resolver la impugnación antes de que el Poder Judicial entrara de vacaciones (del 15 de diciembre al 2 de enero) o que bien, “considerando el interés nacional”, habilite días y horas hábiles extra para no interferir en el proceso de elaboración del Presupuesto de Egresos de 2019.

»Sin embargo, el choque ya ha sido llevado al terreno político por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF), que en un inédito pronunciamiento –en el que participaron más de mil 400 servidores públicos arropados por el Sindicato de Trabajadores del PJF– acusó que lo que está en riesgo con la nueva ley es su “independencia”.

»“El conjunto de medidas legislativas que se han emprendido (…) se dirigen de manera frontal y sistemática a establecer mecanismos para facilitar la intromisión indebida en contra de la Judicatura por parte de los otros Poderes de la Unión”, dice el pronunciamiento leído por el presidente de la asociación, Luis Vega Ramírez.

»“Mantener campañas de desprestigio contra los juzgadores, haciéndolos pasar por oportunistas que sólo buscan el beneficio personal, es el debilitamiento de la confianza ciudadana en sus propias instituciones”, acusan los jueces.

Esto, porque según los magistrados, “se ha querido posicionar un falso discurso de que somos privilegiados y que vivimos del abuso del erario señalando cantidades excesivas como que percibimos más de 600 mil pesos que no corresponden ni cercanamente a la realidad, para centralizar como foco de atención un mero asunto de salarios. Nada más falso”, señalan.

»Y tienen razón, nadie cobra más de 600 mil pesos al mes, pero algunos sueldos rozan los 500 mil pesos mensuales, al considerar prestaciones y compensaciones, las cuales son muy superiores a las de cualquier otro trabajador público. (…)

»Consciente de la dimensión del choque de poderes, el presidente López Obrador ha dicho que respeta las “decisiones equivocadas” de la Corte (en este caso y en el de la negativa a anular la elección de Puebla), pero insiste en que los sueldos del Poder Judicial son “ofensivos”. La guerra apenas comienza.



14 Diciembre 2018 04:06:00
El mesié
En días pasados asistí al informe del alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, una de las nuevas figuras en el firmamento político del estado. El acto pareció más un predestape para la sucesión de 2023 (distinto al de Humberto Moreira en 2005, en Parras, pero destape al fin), avalado por el gobernador Miguel Riquelme, saltillense adoptivo, según se declaró en el auditorio del museo de los dinosaurios. A la ceremonia asistieron dos exgobernadores (Eliseo Mendoza y Enrique Martínez), varios expresidentes municipales del PRI y uno del PAN, y la oligarquía local. A escala nacional, AMLO ha empezado a separar el poder público del político, por ser una de las fuentes de mayor corrupción. El tema lo desarrollaré en otro espacio.

Cada vez me sorprende la cantidad de medios de comunicación y periodistas de la fuente política. En mis pininos como reportero (principios de los 70 del siglo pasado), quienes cubríamos las actividades del alcalde Juan Abusaíd Ríos y del gobernador Eulalio Gutiérrez Treviño, éramos: Arturo Cadivich Michelena (La Opinión), Carlos Robles Nava (El Siglo de Torreón) y yo, del vespertino Noticias de Hoy, simiente el tercer diario lagunero (Noticias). Don Eulalio citaba a las 7:00 de la mañana en el hotel Río Nazas; y de ahí al Apolo Palacio, donde se servían los mejores desayunos.

He tenido el privilegio de formarme entre hombres de mayor edad, dentro y fuera del periodismo. Con el gobernador Flores Tapia tuve varios roces, pero después construimos una amistad imperecedera. Una de mis mayores y mejores experiencias fue la de colaborar en la Administración de Eliseo Mendoza Berrueto, cuya calidad humana enaltece la política; más en estos tiempos en los cuales la vocación de servicio ha sido suplantada por la conveniencia y el apetito desordenado de riqueza. Hoy no importa el nombre. La profecía de López Portillo se cumplió con creces: somos un país de cínicos. Y los cínicos, nos recuerda permanentemente Ryszard Kapuscinski, “no sirven para este oficio”.

Una de las características de Carlos Robles (el bueno) en sus 60 años o más de carrera, es su amor, entrega y respeto por el oficio. Ha sido uno de los periodistas más influyentes del estado. En El Siglo fue el hombre de confianza de don Antonio de Juambelz. Entrevistó a presidentes, gobernadores, secretarios de Estado. Es una institución. Después sirvió en el comité estatal del PRI y en el gobierno de José de las Fuentes ocupó la dirección de Comunicación Social. Fundó la agencia SIP y colaboró en la Universidad Autónoma de Coahuila en el área de su especialidad: el trato con los medios.

La adversidad jamás ha arredrado a este mesié –como le digo y me dice por uno de los personajes de Los Polivoces–. Juntos cubrimos giras dentro y fuera del país. Recuerdo una, en Guadalajara, con motivo de la Primera Reunión de Alcaldes Latinoamericanos y del Caribe, en plena efervescencia por la sucesión presidencial de 1976. Tiempos difíciles para el país –¿cuándo no lo han sido?–. La guerrilla estaba en su apogeo. Entre septiembre y octubre de 1973 habían asesinado a los empresarios Eugenio Garza Sada (Monterrey) y Fernando Aranguren (Guadalajara). La capital tapatía estaba virtualmente tomada por el Ejército. Como hoy muchas ciudades del país.

Es un honor ser amigo del mesié, cuya fe y gusto por la vida, “más importante que el miedo” (Ángeles Mastretta dixit) lo revisten de grandeza.
12 Diciembre 2018 04:06:00
Espada de Damocles
El presidente López Obrador puede activar en el Congreso un mecanismo anulado por el sistema de complicidades imperante: el juicio político. El Artículo 110 de la Constitución general sujeta a ese proceso a diputados federales y senadores, ministros de la Corte, secretarios de despacho, consejeros electorales y magistrados del Tribunal Electoral, entre otros. También a gobernadores, legisladores estatales, magistrados y a los consejos de la Judicatura “por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales”.

El texto advierte: “en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las legislaturas locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como correspondan”.

Si la Constitución se hubiera aplicado, decenas de mandatarios locales estarían hoy entre rejas. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y sus equivalentes en los estados denuncian cada año el desvío de miles de millones de pesos.

Sin embargo, el PRI, el PAN y el PRD encubren a los suyos. Por graves que sean las irregularidades y sus riquezas obscenas, los jefes políticos son intocables. La protección del Congreso federal, hasta la anterior legislatura, tiene una explicación: los diputados y senadores fueron nombrados por los gobernadores; por tanto, respondían a sus consignas y no al interés ciudadano.

Los únicos exmandatarios en prisión son los priistas Mario Villanueva Madrid y Roberto Borge (Quintana Roo), Andrés Granier (Tabasco), Javier Duarte (Veracruz), Eugenio Hernández (Tamaulipas) y el panista Guillermo Padrés (Sonora); Hernández es reclamado por Estados Unidos. César Duarte (Chihuahua) continúa prófugo y Tomás Yarrington (PRI), de Tamaulipas, fue extraditado a Estados Unidos, en abril de este año, donde será juzgado por lavado de dinero.

Humberto Moreira podría correr la misma suerte que Hernández y Yarrington. Javier Villarreal Hernández, su exsecretario de Finanzas, lo acusó ante una Corte de Texas de apropiarse de 600 millones de pesos durante su ejercicio como gobernador. España reabrió la investigación contra el exlíder del PRI, quien fue detenido en enero de 2016 en el aeropuerto de Madrid a pedido de la Fiscalía Anticorrupción de España. La situación podría complicarse aún más, pues también se le vincula con Juan Manuel Muñoz Luévano, “El Mono”, operador financiero de los Zetas.

Muñoz se halla internado en el penal de Soto Real (Madrid) por lavado de dinero y delincuencia organizada. El empresario, originario de Matamoros, Coahuila, podría haber financiado campañas de políticos coahuilenses.

El Consejo de Ministros español autorizó en enero de 2017 la extradición del “Mono” a Estados Unidos, donde se le acusa de tráfico de drogas, lavado de dinero y portación de armas.

En uno de sus giros copernicanos, López Obrador ha declarado que no encarcelará a ningún político corrupto. En campaña prometió erradicar el flagelo. Sin embargo, en el caso de Moreira, la presión de España y Estados Unidos podría conducir a la captura y extradición del
exgobernador.

La deuda pública por más de 36 mil millones de pesos es otro tema pendiente. Partidos de oposición y organismos civiles demandan investigar el destino de esos recursos y castigar con cárcel la contratación ilegal de créditos. Humberto Moreira se perfila para ser el primer gobernador en afrontar la justicia nacional y extranjera en el Gobierno de López Obrador.


11 Diciembre 2018 04:06:00
Los superdelegados (II)
En las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, el PRI conservó su condición de fuerza dominante. No controlaba las cámaras de diputados y de senadores, pero sí más estados, municipios y legislaturas locales que el resto de los partidos. Esa circunstancia le permitió imponer condiciones al Presidente de turno a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Las cosas dieron un giro el 1 de julio por efecto AMLO-Morena. Hoy el partido fundado por Calles sólo gobierna 12 entidades.

El estado más fuerte en manos del PRI es el de México. Sin embargo, Alfredo del Mazo, impuesto por el expresidente Peña y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tiene como delegada presidencial a Delfina Gómez, su contrincante en los comicios del año pasado. Del Mazo ganó la Gubernatura por una nariz; la ventaja sobre la candidata de Morena fue de apenas 83 mil votos. Sin su primo en Los Pinos, el mexiquense será un florero, una figura decorativa. El poder real lo ejercerá Delfina.

Acción Nacional gobierna también una docena de estados, pero podría bajar a 11 si pierde Baja California, como apuntan las encuestas. Morena tendrá cinco gobernadores y podría subir a siete, pues es el favorito en esos dos estados. El PRD sólo cuenta con uno (Michoacán) y Movimiento Ciudadano gobierna una de las entidades más importantes del país, Jalisco, donde Enrique Alfaro podría ser el Fox de 2024.

Los superdelegados provocaron la primera rebelión desarticulada y tibia de los mandatarios locales contra la presidencia todopoderosa de AMLO. Con mayoría en el Congreso federal y en casi dos tercios de las legislaturas locales, los gobernadores se lo pensarán más de dos veces antes de confrontarse con el Gobierno federal.

El 22 de noviembre, en una carta dirigida a López Obrador, los gobernadores del PAN fijaron su postura: “Nos sorprende la intención de supeditar el mecanismo de coordinación a la figura de los llamados ‘coordinadores estatales’, el Gobierno federal y colocar a los gobernadores y fiscales de los estados como meros invitados. Ese desdén es inaceptable para nosotros porque no sólo pone en riesgo estos objetivos, sino resulta inconcebible una solución de fondo al problema de la inseguridad y la delincuencia en el país, sin la concurrencia efectiva de los gobiernos estatales”.

Ese mismo día, desde Guadalajara, el gobernador electo Enrique Alfaro¡ plantó cara al Presidente: “Le decimos que aquí en Jalisco no vamos a permitir que se vulnere nuestra soberanía ni mucho menos que se traicione el pacto federal; hacerlo sería tanto como resignarnos a una realidad que pareciera ir tomando forma desde el centro del país sobre el destino político, financiero, administrativo y de la seguridad de nuestro estado”, dijo frente a empresarios y líderes sociales y políticos.

Alfaro, quien rindió protesta el jueves pasado, lideró el movimiento para impedir que los superdelegados asumieran el control de los gabinetes de seguridad en los estados. El representante de AMLO en Jalisco es Carlos Lomelí, quien enfrentó al emecista en los comicios de este año. Sin embargo, contrario a lo ocurrido en Estado de México, Alfaro ganó por una diferencia de casi medio millón de votos. En Coahuila, el gobernador Miguel Riquelme lidia con Reyes Flores Hurtado, el tándem del senador Armando Guadiana para la sucesión de 2023.
10 Diciembre 2018 04:07:00
Los superdelegados (I)
Los gobernadores fueron los amos del país durante los 18 últimos años. A escala local, su poder excedió al de tres presidentes. Las legislaturas, los tribunales de justicia, la mayoría de los órganos supuestamente autónomos y amplios sectores de la prensa estaban a su servicio. Vicente Fox los forró de dinero, les dio carta blanca y después se desentendió de ellos. Deslegitimado por la sospecha de fraude electoral, Felipe Calderón no pudo someterlos y fue sistemáticamente boicoteado desde los estados, donde la delincuencia organizada infiltró a las policías y sobornó a las autoridades. Peña Nieto premió con impunidad los desmanes de quienes le aportaron votos y presupuesto para instalarlo en la silla del águila. Los tres son corresponsables de la crisis de seguridad y de la corrupción en México.

El nuevo escenario obliga a los antiguos virreyes a adaptar planes, políticas y conductas al modelo impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en tres temas prioritarios: seguridad, combate a la corrupción y austeridad. Cada gobernador es vigilado ya por un coordinador general, con línea directa a Palacio Nacional (en Coahuila es Reyes Flores Hurtado) y facultades extraordinarias. Además de ejercer el gasto social, los superdelegados tendrán un asiento en los gabinetes estatales de seguridad, no como cabezas, pero sí con la representación presidencial.

En su primera reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el 4 de diciembre en Palacio Nacional, AMLO cortó uno de los nudos gordianos de su relación con los estados. Los gobernadores presidirán las reuniones de seguridad, con la concurrencia de las fuerzas armadas, pero los secretarios técnicos los nombrará Alfonso Durazo, titular de Seguridad y Protección Ciudadana, de acuerdo con los mandatarios locales. La posición no la ocuparán políticos, sino peritos en la materia. Suplantar a los gobernadores era un exceso centralista riesgoso e
inaceptable.

El presidente ha capitalizado el descrédito de los poderes locales y el enfado ciudadano por la corrupción, el endeudamiento, la inseguridad y el enriquecimiento ilícito de clanes políticos para meter en cintura a los gobernadores. El repudio a ellos y a sus partidos (PRI, PAN y PRD) se reflejó en las elecciones de julio. Morena ganó en todo el país, excepto en Guanajuato, y se hizo con una mayoría abrumadora en el Congreso federal. Por si todo ese poder no bastara para maniatar políticamente a los mandatarios y ponerlos a raya, el partido del presidente tiene mayoría en 20 legislaturas estatales, entre ellas las de Estado de México, Ciudad de México y Veracruz donde se concentra casi el 30% de la lista nominal de electores.

Invadir funciones de las autoridades locales contraviene el pacto federal y vulnera la soberanía de los estados. Pero sin apoyo ciudadano y algunos incluso con déficit de legitimidad, los gobernadores no están en condiciones de afrontar a un presidente cuya fuerza sobrepasa la de cualquiera de sus predecesores; incluido Salinas de Gortari, quien defenestró a 16, en algunos casos por quítame allá estas pajas. Aun sin encabezar los gabinetes de seguridad, los superdelegados son un nuevo poder y la mayor cuña para el jefe político de cada estado. AMLO no cometerá el error de Fox, Calderón y Peña, quienes, por tener manga ancha, perdieron el control del país y al final pagaron las
consecuencias.

08 Diciembre 2018 03:08:00
La cloaca abierta
Los sectores de la construcción e inmobiliario figuran entre los preferidos para lavar dinero, según Georgina Ornelas Esquinca, consultora independiente en temas económicos y de seguridad (El Financiero, 25.11.14). Algunos políticos también sienten apetito por los medios de comunicación. En la nueva edición de Espacio 4, Gerardo Moyano aborda, al respecto, un tema poliédrico y de interés para Coahuila.

«Ni puentes, ni hospitales, ni programas sociales. Miles de millones de pesos de la deuda contraída por la administración de Humberto Moreira (2005-2011) no se invirtieron en obra pública, como asegura el exgobernador; habrían ido a parar a cuentas bancarias personales, de amigos, a campañas electorales y para comprar votos. Así lo reveló el exsecretario de Finanzas, Javier Villarreal, ante autoridades de Estados Unidos y España, en diciembre de 2017, razón por la cual el juez de la Audiencia Nacional española, Santiago Pedraz, reabrió la causa en contra de Humberto Moreira por lavado de dinero, malversación de recursos públicos, cohecho y organización criminal.

»A inicios de 2016, Moreira estuvo preso en Madrid por esos delitos, pero recuperó su libertad tras justificar el origen de cerca de 200 mil euros que transfirió a España, con documentos de empresas a su nombre. Según Villarreal, algunas de esas firmas habrían recibido al menos 600 millones de pesos en contratos de gobierno durante la administración de Moreira. Unipolares y Publicidad del Norte “inflaban” facturas y subcontrataban a otras empresas para proveer servicios al gobierno.

»No eran las únicas. Villarreal asegura que Humberto Moreira utilizaba empresas de amigos, como Construcciones Chavana y Diamante, para triangular recursos obtenidos por contratos de gobierno, por lo cual se llevaban un 8% de “comisión”.

Otros tantos millones se habrían lavado a través de medios comunicación, en particular el llamado “Moreira Channel”, la televisora RCG, propiedad de Roberto Casimiro González. “Se pagaban unos 25, 30 millones al mes, durante seis años, a Casimiro González. (…) El hermano de Roberto Casimiro, Rolando González Treviño, se declaró culpable en Texas de conspirar para transportar dinero robado, a Estados Unidos en 2015.

»Villarreal también menciona al conductor RCG, Marcos Martínez Soriano, así como a políticos priistas como David Aguillón, quienes habrían ayudado a Moreira a triangular dinero a través de sus empresas. El también exdirector del Servicio de Administración Tributaria del Estado (Satec) asegura que en el sexenio de Humberto Moreira se facturaron cerca de 14 mil millones de pesos, de los cuales al menos 3 mil millones se los apropió su exjefe. El dinero habría ido a parar a cuentas de terceros en el exterior y a campañas electorales en otros estados, para comprar lealtades y abrirse camino a la presidencia del PRI.

»No es todo. Interrogado sobre los vínculos de Moreira con el crimen organizado, Villarreal asegura que los Zetas “no tenían problemas, porque podían moverse por todos los lados” y que incluso los vehículos oficiales del gobierno llevaban una calca roja para que fueran identificados por los miembros de esa organización. Villarreal asegura tener constancia de que Moreira se había reunido al menos una vez con Juan Manuel Muñoz Luévano, “El Mono”, detenido en España por lavado de dinero y organización criminal. (…) De ahí que la Fiscalía Anticorrupción española considere que las declaraciones de Villarreal ponen en entredicho la legalidad del dinero transferido por el también expresidente del PRI, “resultando, por tanto, que el patrimonio detectado a Moreira es el afloramiento de los beneficios obtenidos por los actos de corrupción y de vinculación con el crimen organizado”».



07 Diciembre 2018 04:06:00
Antes y después de AMLO
En México habrá un antes y un después de Andrés Manuel López Obrador. Esa es la aspiración del Presidente, y puede cumplirse si la cuarta transformación deviene en éxito o su gobierno resulta peor que el de Peña Nieto; ambos escenarios son posibles. El tabasqueño se asume como un mesías cuya misión consiste en pacificar al país y liberarlo de la corrupción y la pobreza. Perdona a los políticos venales por compasión y espíritu cristiano, más que por falta de cupo en las prisiones.

La amnistía es música para los oídos de gobernadores, alcaldes, secretarios de Estado, legisladores y funcionarios de los tres órdenes de Gobierno convertidos en multimillonarios a costa de los mexicanos.

AMLO ofreció combatir la corrupción, no perdonarla. Además, ¿en nombre de quién y con qué derecho? Legiones lo votaron sólo por ver en la cárcel a las autoridades locales y federales que abusaron del poder, vaciaron las arcas públicas, envilecieron la justicia e incendiaron al país junto con el crimen organizado. No es cuestión de venganza, sino de elemental justicia. Absolver a los Moreira, a los Duarte, a Ruiz Esparza, a Rosario Robles, a Videgaray y al propio Peña Nieto, traiciona la confianza de millones de mexicanos.

No se puede gobernar con marchas y contramarchas. AMLO empieza su gobierno con un desgaste inusual, no por falta de legitimidad, como Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Peña, sino por sus dislates y contradicciones. Ha tomado decisiones que socavan su credibilidad e independencia. Una de las más controvertidas fue aceptar la asesoría de figuras a las que antes fustigó e identificó con la mafia del poder [Ricardo Salinas Pliego (TV Azteca), Bernardo Gómez (Televisa), Olegario Vázquez Aldir (Grupo Imagen Multimedia), Carlos Hank González (Banorte), Miguel Rincón Arredondo (Bio Pappel), compadre de Humberto Moreira; Sergio Gutiérrez Muguerza (De Acero) y Miguel Alemán Magnani (Grupo Alemán), nieto del expresidente e hijo del exgobernador de Veracruz homónimos].

En su toma de posesión ofreció consultar a los mexicanos si están de acuerdo con perdonar a los corruptos. Debe hacerlo, sobre todo con respecto a los gobernadores que endeudaron a sus estados, desviaron miles de millones de pesos a empresas fantasma y permitieron a los cárteles de la droga cometer las peores atrocidades contra la población civil como sucedió en Coahuila durante el moreirato. Sin castigo no puede haber reconciliación ni mucho menos regeneración.

El daño se le causó al país y a los estados, no al patrimonio de López Obrador. Preservar el sistema de impunidad debilita el Estado de derecho, precario o inexistente en México. La figura del presidente Ernesto Zedillo se agiganta frente a la del “Mesías tropical” prefigurado por Enrique Krauze en Letras Libres (2003).

Con la oligarquía humillada y rendida al poder para proteger sus intereses –siempre ha sido así–, un Congreso igualmente sometido al capricho del caudillo y gobernadores maniatados y neutralizados por los coordinadores de AMLO, queda en manos de la sociedad civil y de la prensa independiente ser el contrapeso de un presidente todopoderoso.

Si la democracia representativa fue secuestrada por los partidos y los gobiernos, la participativa, tal como la entienden Morena y su líder, puede provocar males mayores, algunos incluso irremediables. Pues el objetivo no es ciudadanizar las decisiones, sino simular y entregar el país a un solo hombre. Llegó la hora de abrocharse el cinturón.
05 Diciembre 2018 04:07:00
Ruedas de molino
Guatemala, Perú y Brasil defenestraron a sus presidentes por delitos de corrupción, maquillar cuentas públicas y otorgar contratos sin autorización del Senado. Ninguno se desestabilizó, como arguye el presidente López Obrador que sucedería en nuestro país si se enjuicia a los políticos corruptos. Hasta hoy, ningún presidente mexicano ha sido procesado, por más rapaces y violatorias de los derechos humanos que hayan sido sus gestiones. El manto de la impunidad alcanza para todos.

En el Perú, el escándalo Odebrecht forzó la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski (23.03.18). Un año antes, los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y sus respectivas esposas, Elaine Kapr y Nadine Heredia, habían sido sentenciados a 18 meses de prisión preventiva por sus vínculos con la constructora brasileña. Keiko Fujimori, hija del dictador Alberto Fujimori, recibió una condena de 3 años por lavar dinero de la misma empresa.

En México, los involucrados en la red de sobornos de Odebrecht han sido protegidos por la PGR, y tal parece que sucederá lo mismo en el nuevo gobierno. Ejecutivos de la firma declararon ante autoridades judiciales haber entregado 10 millones de dólares al director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, entre 2012 y 2016 a cambio de contratos. La petroquímica Braskem, filial de Odebrecht, canalizó fondos a la campaña presidencial de Peña Nieto. Lozoya era coordinador de Vinculación Internacional.

Peña se reunió con Marcelo Odebrecht, presidente de la multinacional, en 2010, cuando era gobernador de Estado de México; y en noviembre de 2011, antes de asumir la Presidencia. Odebrecht fue acusado de actos de corrupción contra Petrobras, dentro de la investigación Lava Jato. El 8 de marzo de 2016, recibió una sentencia de 19 años por pagar más de 30 millones de dólares en sobornos a funcionarios de la petrolera brasileña (el equivalente a Pemex). El empresario se acogió al acuerdo de “delación premiada” y salió de prisión en diciembre pasado.

En Brasil, Dilma Rousseff fue destituida a la mitad de su segundo mandato por supuestas trampas en las cuentas fiscales y por emitir decretos económicos sin autorización del Congreso. La presidenta “confiaba en parar el proceso en algunas de sus múltiples etapas, pero no contaba con que todo iba a actuar en su contra: los medios, los mercados, la calle, la prensa” (El País, 01-09-16). Luiz Inácio Lula da Silva, mentor y predecesor de Rousseff, purga una condena de nueve años y medio por corrupción pasiva y lavado de dinero (caso Lava Jato).

El 1 de septiembre de 2018, el Congreso de Guatemala desaforó al presidente Otto Pérez por su participación en el caso La Línea, una red de contrabando aduanero. Pérez, la expresidenta Roxana Baldetti y decenas de exfuncionarios se hallan presos por los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y defraudación. La presión social había forzado al Gobierno a firmar un acuerdo con Naciones Unidas para integrar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, cuyo principal resultado ha sido la destitución y encarcelamiento de Pérez.

En Argentina, el ex vicepresidente Amado Boudou recibió una condena de 5 años 10 meses, en agosto pasado, por delitos de corrupción en el rescate de una imprenta en quiebra. En abril de 2017, la expresidenta Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia fueron imputados por “asociación ilícita, lavado de dinero y negociaciones incompatibles”. Ninguno de estos países entró en crisis por combatir la corrupción en los más altos niveles, pero México podría desestabilizarse si lo hace, según AMLO. El país dejó de comulgar con ruedas de molino.
04 Diciembre 2018 04:00:00
Perdón inadmisible
Suplantar a los órganos de justicia y perdonar a los políticos corruptos, en vez de sujetarlos al imperio de la ley, confiscarles propiedades y fondos ilícitos e impedir en el futuro el robo de caudales públicos, como prometió en campaña, es el mayor error de Andrés Manuel López Obrador en su incipiente gobierno. Defraudar la confianza de millones de mexicanos lo iguala a cualquier presidente del PRI o del PAN. Argumentar riesgos de desestabilización y falta de espacio en las prisiones, para evadir su responsabilidad, son sofismas.

López Obrador recibe a México en el lugar 135 del Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional (TI), pero podría empeorar pues falta calificar el último año de Peña Nieto. Entre 2012 y 2017, la caída en IPC fue de 30 puestos; hoy se encuentra en la zona de países «altamente corruptos», con 29 puntos. Venezuela, en el sitio 169, es el peor evaluado de América Latina. En el grupo de los «muy limpios», destacan Uruguay (23) y Chile (26) de una lista de 180 países.

«A pesar de los esfuerzos por combatir la corrupción en el mundo, la mayoría de los países están avanzando con demasiada lentitud. Aunque detener la corrupción lleva tiempo, en los últimos seis años numerosos países han conseguido progresos mínimos o nulos. Un análisis más detenido de los resultados del índice arroja un dato aún más alarmante: los países donde son más frágiles las garantías para la prensa y las organizaciones no gubernamentales (ONG) en general representan también los peores índices de corrupción», dice TI.

Delia Ferreira, presidenta de TI, resume así lo delicado de la situación: «lo que está en juego es la esencia misma de la democracia y la libertad». En otro texto, advierte: «La lucha contra la corrupción no se limita a la reacción oportuna y efectiva cuando se producen los escándalos. Es necesario trabajar en un sistema sólido de ética pública para garantizar que la acción de los funcionarios esté en línea con los principios elementales de integridad y para prevenir la corrupción detectando y eliminando los conflictos de interés».

El triunfo de López Obrador lo predijo Dan Coats, director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos en una audiencia ante el Comité Selecto de Inteligencia del Senado: «Un asunto clave en el ambiente político para este 2018 en América Latina será la frustración popular por el bajo crecimiento económico, los escándalos de corrupción y el espectro de la endémica actividad criminal en algunos países. (…)

»Elecciones presidenciales, incluidas las de Colombia y México, se llevarán a cabo en momentos en que los partidos políticos e instituciones gubernamentales registran récords bajos de apoyo, lo cual podría fortalecer el atractivo de candidatos de oposición. (…) Los mexicanos están concentrados en las elecciones presidenciales y legislativas (…), en las que la corrupción, los altos niveles de violencia y el declive económico serán elementos clave». (13.02.18, Agencia Apro)

Una encuesta de Grupo Reforma, publicada el 25 de julio, confirma qué incitó a los mexicanos a votar por López Obrador: “la corrupción del gobierno disminuirá”, respondió el 55%. El presidente no puede ignorar el clamor social. Si falta a su promesa de castigar el flagelo y poner entre rejas a los políticos venales, perderá la legitimidad obtenida en las urnas.
03 Diciembre 2018 04:08:00
La ley y el Presidente
Andrés Manuel López Obrador sorteó todos los obstáculos y venció cuanta resistencia tuvo enfrente para ganar la presidencia. No es un político brillante y quizá tampoco alcance la talla de estadista. En 2006 se le presentó como “un peligro para México”, pero quienes resultaron serlo fueron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En ambos gobiernos, el país vivió sus peores años de inseguridad, violencia y desprecio por los derechos humanos. La corrupción, la impunidad y el escapismo de la administración recién concluida, ahondaron la crisis y exacerbaron el encono social. AMLO aguardó pacientemente, convirtió sus recorridos por la República en un baño de pueblo perpetuo y esperó a que el sistema terminara de pudrirse. El resto lo hicieron los votantes.

Lo paradójico sería que el Presidente más legitimado en las urnas sea el que más rápido decepcione y pierda, en el ejercicio arbitrario del poder, el apoyo ciudadano, el cual no es inmutable, sino “gloria en calderilla”, como decía Víctor Hugo acerca de la popularidad. AMLO tiene el diagnóstico de los problemas nacionales, pero sus recetas sociales y económicas pueden agravar los males. La corrupción no desaparecerá por voluntad presidencial ni con una constitución moral. Nueva Zelanda, el país “más limpio” en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 de Transparencia Internacional, tiene 89 puntos en una escala de 100.

Sin embargo, sí es posible abatir el fenómeno y elevar la posición de México (calificado ahora con 29 puntos) a los niveles de Uruguay (70), Chile (67) y Costa Rica (59). Canadá tiene 82 y Estados Unidos 75. La condición sine qua non para lograr ese objetivo consiste en presentar ante los tribunales a quienes han delinquido al amparo del poder y recuperar para el país y los estados las fortunas extraídas de las arcas públicas. El clamor social es de justicia, no para saturar las prisiones con cabezas de turco, sino a los políticos predadores y a sus socios, los delincuentes de cuello blanco.

Para ello bastaría dar curso a las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación

–y a las de sus equivalentes en los estados– por la desaparición y desvío de miles de millones de pesos a empresas fantasma, como los detectados en la Estafa Maestra; procesar a los imputados en los casos Odebrecht y OHL; y en el caso de Coahuila, abrir el expediente de la deuda por más de 36 mil millones de pesos acumulada en el gobierno de Humberto Moreira, cuya investigación ha sido sistemáticamente obstaculizada. No sólo eso, su hermano y sucesor Rubén Moreira diseñó un Sistema Estatal Anticorrupción encubridor.

Una forma de “mandar al diablo a las instituciones”, como AMLO sugirió en su campaña de 2006, es justamente cancelar las vías del derecho para castigar el daño causado a México sexenio tras sexenio. Poner “punto final” a la corrupción del pasado significa premiar a quienes utilizaron sus puestos para apropiarse impunemente de caudales públicos, amasar fortunas y lavarse la cara como “empresarios”, lo cual es moral y jurídicamente inaceptable. También representa un agravio para el país y un engaño para las legiones de afectos a López Obrador. “La ley”, advertía Burke, “es la seguridad del pueblo, la seguridad de cada uno de los gobernados y la seguridad de cada uno de los gobernantes”. El presidente López Obrador no está ni debe estar jamás, en ninguna circunstancia, por encima de la Constitución; es, al contrario, el primer obligado a acatarla y hacerla cumplir.
01 Diciembre 2018 04:07:00
Gobierno sin contrapesos
Es cierto: si Peña Nieto o cualquiera de sus predecesores inmediatos hubiera cancelado una obra de la magnitud del Nuevo Aeropuerto de Ciudad de México, reformado la Constitución para acumular más poder, impuesto delegados estatales por encima de los gobernadores y perdonado a los políticos corruptos, Andrés Manuel López Obrador se habría rasgado las vestiduras y convocado a sus huestes a la resistencia civil. Hoy, sin embargo, no existe un líder de oposición con la suficiente fuerza y autoridad moral para plantar cara al nuevo presidente.

El Pacto por México, que perfilaba a Peña Nieto como el estadista que el país necesitaba para salir del atraso secular y vencer inercias, devino en maldición para el gobierno y los partidos firmantes: PRI, PAN y PRD. La corrupción y la impericia sepultaron las reformas. La simbiosis anuló a los tres principales partidos y dejó al presidente sin red de protección. López Obrador entendió el mensaje, renunció al PRD y fundó el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), la plataforma desde la cual ganó la Presidencia en su tercer intento.
Las elecciones intermedias de 2015 anunciaron la tercera alternancia. En su debut como partido, Morena ganó la mayoría de las delegaciones y la asamblea legislativa de Ciudad de México, así como el mayor número de asientos en la Cámara de Diputados correspondientes a la capital de la República. Dos años después, estuvo a menos de tres puntos de ganar los gobiernos de Estado de México y Veracruz. El PRI y el PAN empezaban a hacer agua, y el PRD, sin AMLO en sus filas, estaba desahuciado.

Mientras Morena utilizaba los espacios oficiales en radio y televisión para fijar entre los ciudadanos la imagen y el mensaje antisistema de AMLO, la popularidad del presidente Peña caía en picada por los escándalos de corrupción, la violencia y la soberbia. Desde la dirigencia del PAN, Ricardo Anaya se abría camino a codazos y spots para hacerse con la candidatura presidencial. La obtuvo, pero el costo resultó demasiado alto. La alianza con el PRD y Movimiento Ciudadano sepultó a los tres.

En el PRI las cosas fueron de mal en peor

Peña Nieto cometió los mismos errores de Calderón: dividió a su partido y no preparó un plan B por si su favorito era eliminado, por fallas graves en su encomienda o por cualquier otra circunstancia.

El delfín de Calderón era el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien falleció en un sospechoso accidente aéreo el 4 de noviembre de 2008.
Peña se decantó desde un principio por Luis Videgaray (Hacienda), pero invitar a México al candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, lo eliminó de la carrera.

Hundido en las encuestas y con Peña Nieto en la hoguera, el PRI buscó candidato fuera de sus filas para hacerle frente a López Obrador, cuyo principal blasón es el de la honestidad. Perseguidos por la sombra de la corrupción y otros por el descrédito gubernamental, los cercanos al Presidente quedaron descartados. El elegido fue el secretario de Hacienda José Antonio Meade –ligado a Videgaray y excolaborador de Vicente Fox y Felipe Calderón–. La experiencia y las credenciales académicas de Meade no bastaron para contener la ola de Morena y de su líder. El PRI sufrió la peor derrota en 89 años de historia.

La falta de partidos de oposición robustos y creíbles aumentará el poder de AMLO, lo cual constituye un riesgo para el país y para la democracia. Mientras el PAN y el PRI siguen a la deriva, Morena ya piensa en las elecciones intermedias. Si vuelve a ganar el Congreso, no habrá alternancia presidencial por mucho tiempo.
30 Noviembre 2018 04:07:00
¿Qué le espera al país?
Hoy termina el peor gobierno de la transición. Enrique Peña Nieto jamás estuvo a la altura del cargo ni de la circunstancia. No podía estarlo alguien formado en la cultura de la impunidad y del privilegio. Su desempeño en el Estado de México preludió su fracaso como Presidente. El principal mérito para ocupar la gubernatura fue su parentesco con Arturo Montiel, a quien sucedió, y su pertenencia al exclusivista grupo Atlacomulco. Antes había sido recolector de fondos para la campaña de Montiel, secretario particular de un miembro del Gabinete local, encargado de Administración y diputado local.

Peña fue el candidato de las élites económicas representadas por el PRI y el PAN para impedir, junto con Felipe Calderón, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2012. Peña ganó por una diferencia de 3.3 millones de votos, a pesar de la mercadotecnia, el derroche de recursos y el apoyo de las televisoras. La oligarquía –financiera y de partidos– cometió el error de regodearse en la victoria, dar por muerto a AMLO y gobernar de espaldas de la mayoría. Si solo hubiera sido eso, quizá habrían conservado el poder. Pero no, la corrupción y la soberbia le abrieron de par en par las puertas de Palacio Nacional a su enemigo común.

El Pacto por México fue un golpe de efecto, no el cimiento para la transformación de un país cada vez más empobrecido. Las reformas eran necesarias, pero el triunfalismo las volvió odiosas. Anunciadas a bombo y platillo como la panacea universal, la fiscal redujo el poder adquisitivo y la capacidad de las empresas para generar riqueza; la energética disparó el precio de los combustibles y las tarifas eléctricas; y la educativa se utilizó para someter al magisterio, no para elevar la calidad de la enseñanza.

Peña entrega un país peor del que recibió: más violento, desigual y corrupto. El hasta hoy Presidente prefirió esconderse. El peso de la tarea lo abrumó y dejó a otros ejercer el poder de acuerdo con sus intereses. Osorio Chong, Luis Videgaray y Aurelio Nuño actuaron siempre como aspirantes presidenciales, no como secretarios de Estado. Ellos son corresponsables del naufragio. Peña no tuvo carácter para imponer su autoridad. Proteger a los gobernadores lo convirtió en cómplice de quienes robaron a sus estados, pisotearon los derechos humanos y pactaron con la delincuencia organizada. El caos nacional también se debe a ellos.

La encuesta de ayer del Grupo Reforma sobre el sexenio de Peña Nieto es demoledora. El 68% desaprueba su gestión. De los últimos cuatro presidentes, Ernesto Zedillo (PRI) es el mejor evaluado (69%), seguido de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón (61% cada uno). La corrupción aumentó a 69% junto con la inseguridad y la corrupción (68%), según la muestra nacional en vivienda a mil adultos levantada del 23 al 25 de noviembre. En educación, salud, empleo, libertad de prensa y derechos humanos no hubo avance, opina la mayoría.

López Obrador recibirá un país en crisis. Su triunfo arrollador y la esperanza depositada en él por millones de mexicanos, sin embargo, lo han ensoberbecido. La angustia y el enfado por los errores cometidos antes de asumir la presidencia, además de fundados, son crecientes. Si el zafio escritor Paco Ignacio Taibo II refleja el pensamiento político del líder de Morena, pronto se podría extrañar a Peña. De lo contrario, AMLO debe revocar su nombramiento como director del Fondo de Cultura Económica y expulsarlo de su equipo.


28 Noviembre 2018 04:03:00
Conciliar y mesurar
El principal logro del gobierno de Miguel Riquelme no se relaciona con la obra pública, constreñida por la megadeuda –herencia del infame moreirato–; tampoco con la seguridad, que, sin ser modelo, tiene a Coahuila fuera de las zonas críticas y conflictivas del país (Estado de México es líder en feminicidios), ni con el empleo, pues la entidad es un imán para la inversión extranjera –en particular el corredor Saltillo-Ramos Arizpe, “como pronto lo será Torreón”, según mi amigo Federico Sáenz Negrete–. El mayor avance es de índole político, base la gobernanza: armonizar al estado después de unos comicios controvertidos y altamente competidos, como se aprecia en la distribución del poder en los municipios y en el Congreso local.

Este fue un año difícil para el país, para Coahuila y para sus respectivos gobiernos, los cuales no lo pueden todo ni lo pueden solos. Riquelme recibió un estado no sólo en crisis financiera, institucional y de credibilidad, sino también agraviado por el despotismo de un gobernador –Rubén Moreira– enfermo de poder y adicto al culto a su propia personalidad.

La crispación se expresó en las urnas con rotundidad. Riquelme fue el delfín de Moreira, pero no le debe el cargo; al contrario, por Rubén, que enconó al estado, persiguió y espió a opositores, clérigos, periodistas, empresarios y cuadros de su propio partido, estuvo de perder. Entre las elecciones para gobernador de 2011 y 2017, la votación del PRI se desplomó más de un cuarto de millón de votos. Armando Guadiana regresó a la política por el acoso de los Moreira, después de haber denunciado sus excesos; y por Rubén renunció al PRI Javier Guerrero.

Riquelme ha mantenido un perfil discreto, lo cual le reconocen tirios y troyanos. Empezó por reconstruir los puentes dinamitados por un predecesor atrabiliario y protagónico. Se ha reunido con Guadiana y Guerrero, sus competidores en las elecciones para gobernador, con el obispo Raúl Vera y otros agentes políticos y sociales. La relación con los reporteros de la fuente y los medios de comunicación pasó del insulto, la amenaza y la represión a la apertura y el respeto a la crítica.

Los problemas del estado y la complejidad del entorno político y social exigen liderazgo, claridad y altura de miras. Ningún partido puede gobernar de espaldas a la realidad como lo hicieron Peña Nieto y Rubén Moreira. El mensaje de las urnas contra la arrogancia y corrupción de la clase política tradicional, en las elecciones de julio, es irrefutable. Morena catalizó el descontento y, como nueva fuerza política nacional, ha puesto contra la pared a los mandatarios locales. Riquelme encabeza el primer gobierno dividido en la historia del estado; la mayoría de los coahuilenses tendrá alcaldes de oposición a partir de 2019. Por si no bastara, los súper delegados darán omnipresencia al presidente López Obrador.

Los cambios en el Gabinete estatal deberán considerar todas esas circunstancias y no ser un ejercicio de gatopardismo. Riquelme necesita colaboradores y alcaldes comprometidos con el estado y con su plan de gobierno; no que utilicen el puesto para desarrollar agendas personalistas. El futurismo político, en momentos como los actuales, resulta, además de irresponsable, desleal. El gobernador no debe tolerarlo. Quien confunda la mesura y el espíritu conciliador con flaqueza o falta de carácter, comete un grave error.
27 Noviembre 2018 04:06:00
¿Nuevo apocalipsis?
Es muy temprano para juzgar al gobierno de López Obrador y prematuro anticipar la ruina del país o su “venezolización”. Igualmente resulta inútil lamentar su victoria. Nadie la pudo evitar, pues desactivó los mecanismos que en los procesos previos permitieron imponer a Felipe Calderón y a Peña Nieto. A estas alturas es imposible cambiar el curso de la historia: guste o no, AMLO asumirá el poder el sábado próximo. El éxito de Morena consistió en ser una oposición activa, incómoda, punzante. El PAN no lo fue, y el PRI, nacido del poder para ejercerlo a perpetuidad, jamás lo será.

AMLO anticipó que, de entrada, no encarcelará a ningún pez gordo de la corrupción –Salinas de Gortari puso entre rejas al líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, y Peña Nieto a la presidenta del SNTE, Elba Esther Gordillo, no para depurar el sistema, sino por venganza política–. Pero tarde o temprano deberá hacerlo, pues de lo contrario faltará a su promesa de castigar a los gobernadores, funcionarios y políticos responsables de la ruina de sus estados –Coahuila entre ellos, por la deuda y los desmanes de Humberto y Rubén Moreira–, el saqueo al erario (la Estafa Maestra) y el tráfico de influencias (caso Odebrecht).

López Obrador prefirió empezar con otro tipo de intocables: los barones del dinero, a quienes el neoliberalismo les otorgó poder para imponerle condiciones al Estado. La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México fue su primera decisión –polémica y efectista– para acotar a una oligarquía que sometió a los últimos gobiernos e incluso los suplantó. AMLO ha calificado a ese grupo y a sus socios políticos como “la mafia del poder” y hacia ellos ha dirigido sus baterías ante un Peña Nieto ausente y sin autoridad moral.

Mientras el PRI, el PAN y los poderes fácticos apostaban al desgaste del líder de izquierda, AMLO ganaba votos y avanzaba hacia la Presidencia. Mientras los candidatos del continuismo, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, se devanaban los sesos para los debates presidenciales, López Obrador, en camiseta, pegaba estampas en un álbum con su hijo Jesús Ernesto. ¿Atenido a qué? Al trabajo que ninguno de sus rivales de ayer y hoy jamás pudo acumular: centenares de miles de kilómetros recorridos y millones de manos estrechadas. El único en hablar el idioma de los de a pie y de transmitir seguridad era él.

Después de tres campañas y de guerras sucias, AMLO llegó blindado a la elección de julio. Aprovechó todos los resquicios e hizo alianzas impensables con el Partido Encuentro Social y con exlíderes sindicales inescrupulosos (Napoleón Gómez Urrutia y Elba Esther Gordillo). La inquina social contra el gobierno de Peña Nieto, el prianato y la prensa aliada del Gobierno, que al mismo tiempo actuaba como contratista, le permitieron ganar la Presidencia, con el 53% de los votos, y la mayoría en el Congreso.

Tanto poder –como ninguno de sus predecesores ha tenido– genera pánico, no sólo en los sectores financiero y económico, también en la clase media. El miedo es fundado por el talante autocrático del presidente electo. Sin embargo, su base electoral es amplia. En seis años puede demostrar la viabilidad de su proyecto o darle la razón a quienes desde hoy anticipan un nuevo apocalipsis, pero que en su oportunidad nada dijeron de Peña Nieto, pues fueron sus titiriteros. A López Obrador no se le perdona haber ganado la elección, pero así lo decidió una aplastante mayoría. El sociólogo francés Gustave Le Bon, estudioso del comportamiento de las masas, recuerda: “El verdadero progreso democrático no consiste en rebajar la élite a la plebe, sino en elevar la plebe a la élite”.
26 Noviembre 2018 04:03:00
La tiranía neoliberal
El triunfo de Andrés Manuel López Obrador no sorprendió ni a los más escépticos. Un año antes de los comicios, el Barómetro de Confianza de Edelman reveló que el 67% de los mexicanos se sentía defraudado por el sistema, pues “les ha fallado, es injusto y ofrece pocas esperanzas para el futuro”. Una encuesta del Centro de Investigaciones Pew encontró que el 93% del país se hallaba insatisfecho con el funcionamiento de la democracia y más del 90% desconfiaba de su Gobierno (Espacio 4, 585).

En el Índice de Percepción de Corrupción 2017 de Transparencia Internacional, México cayó al lugar 135 donde se localizan Honduras, Laos, Papúa de Guinea, Paraguay, Rusia y otros países. En 2012, último año de la gestión de Felipe Calderón, ocupaba la posición 105. AMLO prometió en campaña erradicar la corrupción. Vicente Fox y Felipe Calderón hicieron el mismo ofrecimiento, pero no cumplieron. El fenómeno se agravó con Peña Nieto. Uno de los casos más agraviantes para la sociedad fue el de la “casa blanca”.

El desencanto por la democracia representativa es un fenómeno mundial relacionado con la economía y el mercado. AMLO se ha declarado antineoliberal y propugna por la soberanía del Estado. El filósofo y activista estadunidense Noam Chomsky advierte: “El neoliberalismo existe, pero sólo para los pobres. El mercado libre es para ellos, no para nosotros. Esa es la historia del capitalismo”. Para el autor de Réquiem por el sueño americano (Editorial Sexto Piso, 2017), “Las grandes corporaciones han emprendido la lucha de clases, son auténticos marxistas, pero con los valores invertidos. Los principios del libre mercado son estupendos para aplicárselos a los pobres, pero a los muy ricos se los protege” (El País, 9-03-18). Es la tesis de AMLO.

Entre los beneficiarios del neoliberalismo, Chomsky cita a la industria energética, la economía de alta tecnología y las corporaciones financieras. “Todos ellos viven con un seguro: se les considera demasiado grandes para caer y se los rescata si tienen problemas. Al final, los impuestos sirven para subvencionar a estas entidades y con ellas a los ricos y poderosos. Pero además se le dice a la población que el Estado es el problema y se reduce su campo de acción. ¿Y qué ocurre? Su espacio es ocupado por el poder privado y la tiranía de las grandes entidades resulta cada vez mayor”.

Entrevistado por Jan Martínez Ahrens para su suplemento cultural Babelia, el profesor emérito de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts advierte que tras 40 años de neoliberalismo, “La concentración aguda de riqueza en manos privadas ha venido acompañada de una pérdida del poder de la población general. La gente se percibe menos representada y lleva una vida precaria con trabajos cada vez peores. El resultado es una mezcla de enfado, miedo y escapismo. Ya no se confía ni en los mismos hechos. Hay quien le llama populismo, pero en realidad es descrédito de las instituciones”.

Con tres campañas presidenciales a cuestas, AMLO captó esa realidad y la plasmó en un discurso simple, sin rebuscamientos, dirigido a millones de mexicanos abandonados a su suerte frente a las fuerzas del mercado. La corrupción fortaleció el “capitalismo de amigos” (James J. Heckman dixit), vulneró al Estado y propició una crisis política y de confianza en las instituciones cuyo colofón fue la aplastante derrota del PRI y el PAN, partidos que siguieron el modelo neoliberal a pie juntillas.
24 Noviembre 2018 04:07:00
Ardid contra la prensa
Las demandas por daño moral de políticos contra periodistas y medios de comunicación son un ardid contra la libertad de expresión. Los politicos acusados de corrupción quieren impunidad total. Al tanto de esa situación, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas empieza a presionar para eliminar en México esa otra forma de abuso de poder, según advierte Gerardo Moyano en el bisemanario Espacio 4, 601).

“‘Ya bájenle a su pedo. Tiran guamazos, tiro demanda’, advertía el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, en una entrevista radiofónica para La Mejor 99.1 de Piedras Negras, en diciembre de 2016. La amenaza iba dirigida a los periodistas y medios que se atrevieran a criticarlo. Entre ellos Pedro Ferriz, Sergio Aguayo, el periódico Vanguardia y Roxana Romero, a quienes demandó por daño moral por diversos artículos que consideró ‘agraviantes’. Las reparaciones que exige Moreira se elevan hasta los 10 millones de pesos.

“Los casos continúan en el laberinto kafkiano de los tribunales, que casi siempre favorecen al demandante. En noviembre del año pasado, un juez de la Ciudad de México revocó dos sentencias a favor de Ferriz y lo condenó a pagar una indemnización a Moreira de cerca de 100 mil pesos. Pero Moreira no es el único exmandatario que tira guamazos jurídicos. En junio pasado, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, preso por lavado de dinero y asociación delictuosa, también demandó por daño moral a Ferriz. Y el pasado 26 de octubre, un juez del Estado de México condenó al periodista Humberto Padgett a pagarle una indemnización por daño moral al exgobernador mexiquense Eruviel Ávila (PRI).

“‘Ya no soy periodista, sino criminal según un juez del @Edomex y del ex gobernador @eruviel_avila. La sentencia se emite en @Ecatepec, donde se asesinan mujeres y niñas, pero nada pasa, excepto que el delincuente soy yo’, escribió Padgett en Twitter. La demanda fue interpuesta contra el comunicador y una de las fuentes que utilizó para escribir el artículo Eruviel Ávila Villegas (Río de Luz), publicado en el libro Los Suspirantes 2018 (Ed. Planeta), que ubica al exmandatario –coordinador de la campaña presidencial del priista José Meade– y al obispo emérito de Ecatepec, Onésimo Cepeda, en fiestas donde hubo prácticas sexuales con menores de edad. Al igual que su colega Humberto Moreira, el hoy senador Eruviel Ávila exige una indemnización de 10 millones de pesos.

“‘Si bien la sentencia aún no fija el monto a pagar, los gastos del proceso tienen en la cuerda floja al demandado. ‘Para mí es importante decir que estoy haciendo un esfuerzo económico que está a punto de rebasarme, y que no podrían realizar la mayoría de los periodistas mexicanos (…), porque defenderse por una demanda de daño moral les será imposible por razones económicas’, dijo Padgett. Pero esto podría cambiar pronto. En su columna El Daño Moral (Reforma, 07.10.18), el académico Sergio Aguayo revela que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas está empezando a tomar cartas en el asunto.

“‘El 1 de noviembre la coordinadora ejecutiva, Patricia Colchero, envió un oficio al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX (con copia al juez que lleva mi caso) informándole del interés de la Junta de Gobierno del Mecanismo sobre mi situación y solicitándole que tomen en cuenta los estándares internacionales en este tipo de litigios’, escribe Aguayo. ‘Ignoro el efecto que tendrá en mi juicio. Lo importante es que el Mecanismo ya reconoció que es competente en asuntos de este tipo (…)”.
23 Noviembre 2018 04:03:00
El pecado de AMLO
Los 30 millones de mexicanos que sufragaron por Andrés Manuel López Obrador lo hicieron por un cambio radical, de lo contrario, habrían optado por los candidatos del PAN o del PRI cuya votación conjunta fue 8.2 millones inferior a la de la coalición Juntos Haremos Historia. El triunfo del líder de Morena lo propiciaron el Gobierno de Enrique Peña Nieto, plagado de corrupción y dominado por la hybris, un tripartidismo venal y complaciente, unas élites económicas adueñadas del poder y unos medios de comunicación sin compromiso democrático y social, interesados más en los negocios con el Gobierno que en su función de informar, investigar y denunciar los abusos de autoridad.

López Obrador asumirá la Presidencia el 1 de diciembre con mayor legitimidad que ninguno de sus predecesores y sin ataduras ni compromisos visibles con los gobernadores ni con los poderes tácticos, a los cuales Peña Nieto debe la Presidencia y a cambio les entregó el país; de ahí la insistencia de AMLO en reasumir el mando del país. Gobernadores, como los Moreira en Coahuila, que endeudaron a sus estados y fomentaron la corrupción, la violencia y la impunidad en grados escandalosos, recibieron protección de EPN, pero los ciudadanos se cobraron en las urnas. La votación del PRI se desplomó 11.5 millones de votos con respecto a 2012.

La alternancia rompió el esquema de impunidad en Veracruz y Quintana Roo, pero aun en prisión los exgobernadores Javier Duarte y Roberto Borge son protegidos desde Los Pinos, la PGR y los tribunales para recibir sentencias leves pese a la gravedad de sus delitos. La misma complicidad le ha permitido a César Duarte evadir la justicia. El exmandatario de Chihuahua forma parte de la trama para desviar recursos del erario a campañas del PRI en 2016, durante la presidencia de Manlio Fabio Beltrones. AMLO ha ofrecido acelerar los trámites para su
extradición.

Los votos por López Obrador no procedieron sólo del sector de menores ingresos y escolaridad, sino de una sociedad hastiada de la corrupción, castigada por la incompetencia gubernamental, agraviada por la soberbia de la clase política y empobrecida por un capitalismo voraz. AMLO es uno de los abanderados contra el neoliberalismo, movimiento que ganó terreno con el fin de la Guerra Fría y ha disminuido la participación del Estado en la política y en la economía a niveles peligrosos para la democracia, lo que explica el resurgimiento de los populismos de derecha (Estados Unidos, Brasil, Francia) e izquierda (Reino Unido, México).

Para el lingüista y politólogo Noam Chomsky –“el más importante de los pensadores contemporáneos”, según The New York Times–, “el neoliberalismo de los últimos 40 años ha sido un desastre para la mayoría de la gente”. En el sexenio de Salinas de Gortari, la privatización de bancos y paraestatales benefició a oligarcas y políticos, no a la población; lo mismo sucede con las reformas de Peña Nieto, pactadas por el PRI, el PAN y el PRD. El Gobierno prometió reducciones en los precios de la electricidad y las gasolinas, pero hoy son más caras para la industria y los consumidores domésticos. También creció la pobreza y el sistema de salud colapsó. La indignación y la impaciencia ciudadana se expresaron el 1 de julio. El mensaje es inequívoco: el país debe cambiar y el único confiable para lograrlo –desde la Presidencia y el Congreso donde tiene mayoría– es López Obrador. El tiempo dirá si fue para bien o para mal.
21 Noviembre 2018 04:02:00
López contra Obrador
Los errores cometidos en las urnas se corrigen en las urnas. A unos días de rendir protesta como jefe de Estado y de Gobierno, aún no se le perdona a Andrés Manuel López Obrador haber vencido al prianato. Como si la culpa fuese suya y no de una clase política rapaz, de un presidente incompetente y cínico, reprobado por la inmensa mayoría de los mexicanos, y de unas élites económicas, únicas beneficiarias de la alternancia en Los Pinos, cuya apuesta era por Ricardo Anaya o José Antonio Meade, derrotadas también por el líder de izquierda.

AMLO captó 11 millones de votos más que Peña y el doble de los 15 millones obtenidos por Fox y Calderón en sus respectivas elecciones. El líder de Morena es el presidente más votado. Empezó a ejercer el poder antes de asumirlo por el vacío dejado por Peña, quien podría ser el último mandatario del PRI en mucho tiempo. La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México y la iniciativa para reducir las elevadas comisiones de la banca, han tocado a dos de los sectores más privilegiados del país.

Santander, BBVA Bancomer (España), HSBC (Reino Unido), Citibanamex (Estados Unidos) y Scotiabank (Canadá) cobran a los mexicanos comisiones del 100 al 25% más caras que en sus países, de acuerdo con información de Morena (Reforma, 9-10-18). Para tranquilizar a los mercados, López Obrador declaró que en los tres primeros años de su gestión no modificará el marco legal en los sectores económico, fiscal y financiero. El presidente López Portillo nacionalizó la banca en 1982, último año de su gobierno, y Carlos Salinas de Gortari la reprivatizó.

Si a López Obrador se le quiere debilitar, será con votos, como le sucedió a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos perdió el control de la Cámara de Representantes y la mayoría de los gobiernos estatales en juego el 6 de noviembre. Ese resultado podría costarle el segundo mandato dentro de dos años. En México, el fracaso del PRI en las elecciones intermedias de 1997 fue la antesala de la primera alternancia en el Poder Ejecutivo. El PAN ganó por primera vez la presidencia en 2000 con Vicente Fox.

Si AMLO llega a los comicios de 2021 con un saldo negativo y sin cumplir la promesa de atacar de raíz la corrupción y no reduce la inseguridad, la violencia y la pobreza, los electores podrían castigarlo como lo hicieron con el PRI y el PAN. Pero aun si perdiera el Congreso, tendría mayoría el Senado, como Trump. López Obrador ha recibido una andanada en las redes sociales por la cancelación del aeropuerto de Texcoco y el plan de seguridad, pero un líder curtido como él sabe lidiar con la comunicación digital. Además, no existen señales de que haya perdido respaldo social.

El PRI y PAN tardarán años en reconstruirse después de la aplastante derrota de julio. Acción Nacional puede ser la oposición más incómoda de López Obrador. Marko Cortés, su nuevo dirigente, tiene como principal tarea mantener vivas las siglas partidistas más antiguas de México. Su elección no dejó a todos conformes; el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala fundarán un nuevo partido.

El PRI no ha dado señales de vida. Sus signos son los de un enfermo terminal. El exgobernador Rubén Moreira, uno de los responsables del desastre en Coahuila y de la derrota de José Antonio Meade, es el delegado en Monterrey para la elección extraordinaria de alcalde del 23 de diciembre. El PRI, como Peña, no entiende que no entiende.
20 Noviembre 2018 04:06:00
¡Hola!... y adiós
Jamás un fin de sexenio había resultado tan infame, triste y bochornoso. Peña Nieto saldrá por la puerta trasera de Los Pinos para ocupar, si acaso, un lugar secundario en la historia. En las antípodas de Gustavo Díaz Ordaz, quien entregó el país en orden y crecimiento y asumió con valor y decoro la responsabilidad por los sucesos del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Muy lejos también de Ernesto Zedillo, quien sentó las bases de una democracia real, la cual terminó con el monopolio ejercido por el PRI durante 70 años.

Pero en corrupción, tráfico de influencias y negocios a la sombra del poder, la diferencia con el Gobierno de Miguel Alemán y el Grupo Atlacomulco es nula.

La presidencia peñista lleva la impronta de la corrupción, la impunidad y la incuria. Su fotografía en la portada de Time, del 24 de febrero de 2014, titulada “Salvando a México”, devino caricatura. Justo ese año, el segundo de la administración que marcaba el retorno del PRI al poder, empezó el hundimiento del presidente, el Gobierno y el PRI. El 30 de junio, cuatro meses después de la publicación, 22 “delincuentes” murieron en un supuesto enfrentamiento con elementos del 109 Batallón de Infantería en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que 15 de las víctimas fueron ejecutadas en una bodega cuando ya se habían rendido.

Tlatlaya “es una de las violaciones graves a los derechos humanos de nuestro México contemporáneo (…) una masacre encubierta por autoridades federales y estatales (…) se rinde el mayor número de civiles y ya estando a disposición del Ejército, proceden a ejecutarlos”, declaró Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Aristegui Noticias, 31-30-16). La reacción tardía, equivocada y contradictoria fue una de las constantes a lo largo del sexenio. Tlatlaya confirmó la regla.

Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, el Gobierno de Peña Nieto recibió otro golpe demoledor: el asesinato de nueve personas y la desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, por parte de la Policía local. Para cerrar el caso y salir del atolladero, la Procuraduría General de la República inventó una “verdad histórica”, según la cual los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula.

“La versión es insostenible. Sus deficiencias e inconsistencias han sido expuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Equipo Argentino de Antropología Forense y Forensic Architecture”, advierte la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en un comunicado emitido el 25 de septiembre. En un informe previo titulado Doble Injusticia, la ONU-DH documentó el uso de métodos ilícitos en las investigaciones y un Tribunal Colegiado con sede en Tamaulipas constató un “cuadro manifiesto de graves irregularidades en las investigaciones”.

La Casa Blanca dio el golpe de gracia a la credibilidad de Peña Nieto. El 26 de septiembre de 2014, una investigación de Aristegui Noticias reveló que la residencia donde la esposa del Mandatario, Angélica Rivera, dio una entrevista a ¡Hola!, había sido adquirida a un contratista amigo del presidente. Peña termina su sexenio con una aprobación menor al 20%. No se salvó él, menos a México.
19 Noviembre 2018 04:04:00
King Kong mapache
Para los cánones del PRI, Rubén Moreira es un operador electoral de excelencia, casi casi un Alazán Tostado, pues si no gana en las urnas, arrebata o compra a los tribunales. El muñidor del clan sabe cómo granjearse a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ); a los de Coahuila los tiene en la palma de la mano. En 2005 eliminó de la carrera por la gubernatura a Raúl Sifuentes, con el voto incondicional del entonces presidente del TEPJF, Eloy Fuentes, cuyo hijo viajó después por el mundo con cargo a los coahuilenses, según versiones.

En noviembre de 2009, el presidente del comité estatal del PAN, Reyes Flores Hurtado, realizó una huelga de hambre frente a Palacio de Gobierno. Lo hizo para protestar contra los hermanos Humberto y Rubén Moreira por haberle robado a su partido la Alcaldía de Lamadrid, con el aval del Tribunal Electoral del Estado. (Como coordinador general del Gobierno federal en el estado, Reyes tendrá línea directa con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a partir del 1 de diciembre.)

Reyes Flores volvió a declararse en ayuno en noviembre de 2017, frente al TEPJF, en Ciudad de México, para exigir la anulación de las elecciones para gobernador, mientras Guillermo Anaya (PAN), Armando Guadiana (Morena), Javier Guerrero (independiente), José Ángel Pérez (PT) y legiones de coahuilenses protestaban y acudían a instancias internaciones con la misma demanda. Sin embargo, los magistrados impusieron la voluntad del presidente Peña Nieto y de Moreira.

El exgobernador de Coahuila tiene ahora una nueva misión: rescatar Monterrey para el PRI después de haber perdido la Presidencia de la República con Morena y la capital de Nuevo León con el PAN. Pero el TEPJF, dócil a Los Pinos y fiel a sus propios intereses, anuló el triunfo de Felipe de Jesús Cantú. Empero, los neoleoneses son menos obsecuentes que sus vecinos de Coahuila. ¿Cómo se recibió a Moreira en Monterrey? Con los honores propios de su cartel.

«(La elección extraordinaria) pinta para ser nada más y nada menos que el concurso de marranadas más grande de nuestra historia. (…) No titubeamos en afirmar lo anterior ante la evidencia clara: el PRI, por ejemplo, IMPORTA de Coahuila al King Kong de los mapaches, Rubén Moreira, quien se robó la elección en su estado a favor de su partido tricolor y de su sucesor Riquelme, embarazando urnas y entregándolas una semana después con sellos rotos, y logrando que el inútil INE y el parcial Trife se las reconocieran como válidas, (Fricasé. El Norte, 13.10.18).

“El PRI local no trae al King Kong mapache discretamente, no lo importa a hurtadillas, no lo esconde tras la cortina de humo del disimulo, NO, lo presenta descarada y públicamente –hasta con orgullo– como su ‘arma secreta’, con ello diciendo: ¡sí, nos vamos a robar la elección!, ¿y qué? (…) Seguramente Moreira traerá a Monterrey a gente experta de Coahuila para asesorar por aquello de que ‘en el conteo está el ganso’, y también traerá presupuesto de ese Estado (…). Les funcionó en Coahuila y están seguros (de) que les funcionará en Monterrey también”, dice el Abogado del Pueblo.

Sin embargo, el TEPJF tendrá para entonces nuevo jefe (Andrés Manuel López Obrador) y el PAN estrena presidente (Marko Cortés). Moreira también tiene en Monterrey cuenta por pagar. Además, el King Kong mapache llega a Nuevo León bastante disminuido.
17 Noviembre 2018 04:01:00
Para elevar la moral
Si nuestros niños y jóvenes deportistas recibieran una mínima parte de los presupuestos que se asignan y sustraen los políticos, México sería un país de campeones. Los atletas no sólo deben lidiar con un Gobierno que en vez de apoyar, estorba, sino incluso con las mofas de una sociedad cada vez más frívola. Espacio 4 (601) dedica su sección de Luces a temas que pueden servir para levantar el ánimo.

I

Un salto ejemplar elevó a Alexa Moreno hasta el podido del Mundial de Gimnasia Artística de Doha, Qatar, para convertirse en la primera mexicana en llevarse una medalla en la disciplina. Abajo quedaron las burlas por su complexión física que recibió durante los Juegos Olímpicos de Río 2016. Aquellos “memes” de las redes sociales se convirtieron en ilustraciones que destacan su valentía en las portadas de los principales periódicos del país. Su puntuación en Qatar, que le valió la medalla de bronce, estuvo muy cerca de las que obtuvieron la estadounidense Simone Biles y la canadiense Shallon Olsen, que se llevaron oro y plata, respectivamente. “Soy mexicana y luzco como mexicana”, dijo Alexa ante el bullying del que fue objeto. “No me gustan las redes sociales, solo las uso para comunicarme, me aburren. Ahora hay más medios para expresarse, pero siempre ha habido personas que dicen cosas buenas o malas”, agregó. Su ejemplo de perseverancia y tolerancia pone en alto el nombre de México, no solo en lo deportivo. Luz para Alexa.

II

Los expresidentes mexicanos deberán “sobrevivir” sin las millonarias pensiones que les pagan los contribuyentes. El pasado 31 de octubre, el líder del Senado, Martí Batres, ordenó la publicación de la Ley de Salarios Máximos en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la cual establece que ningún funcionario podrá ganar más que el jefe de Estado y de Gobierno y elimina las pensiones que cobran los expresidentes. Si bien la nueva ley entró en vigor el día siguiente de su publicación, operará cuando la Cámara de Diputados apruebe el Presupuesto 2019. En este sentido, debido a que el salario del Ejecutivo se estableció en el Paquete de Egresos del año pasado, Andrés Manuel López Obrador deberá cobrar en diciembre el mismo sueldo que tiene al actual Presidente, pues la ley establece que las remuneraciones son irrenunciables. A partir de enero, AMLO recibirá 108 mil pesos al mes, un 60% de lo que cobra Enrique Peña Nieto, por lo que este será el tope de salario para funcionarios federales y estatales.

III

No todo son malas noticias. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Banco de México, el número de turistas internacionales que llegaron al país de enero a septiembre de este año alcanzó los 30.6 millones, 6.8% por encima de los 28.6 millones registrados en el mismo lapso del año pasado. Las divisas captadas por los viajeros internacionales durante su estancia en el país se ubicaron en 16 mil 656 millones de dólares, un aumento de 4.5% en comparación con los 15 mil 937 millones del mismo período del año pasado. Estas divisas se refieren al gasto de los viajeros internacionales que duermen en el país (turistas) y aquellos que están de paso (excursionistas). El Inegi informó que el número de turistas que ingresaron al país en septiembre ascendió a 2.9 millones, una disminución de 14.9% con relación al mes anterior, la cual se explica porque en el mes de agosto cierra el trimestre considerado de temporada alta. En 2017, México fue el sexto país más visitado del mundo, con 39.3 millones de turistas internacionales.
16 Noviembre 2018 04:08:00
Decisión soberana
El PAN desaprovechó 12 años en el poder para cambiar al país y cumplir una agenda contra la corrupción, en cuyas redes se dejó atrapar. Al final, entregó una nación bañada en sangre debido a su impericia y falta de control sobre los gobernadores. Muchos de ellos pactaron con la delincuencia organizada para sumar a sus patrimonios ilegítimos, procedentes del erario de sus estados, dinero sucio, y proclamar que el único partido capaz de someter al narcotráfico era el PRI.

Tomás Yarrington, uno de sus precandidatos a la Presidencia en 2006, fue extraditado a Estados Unidos donde se le acusa de lavar dinero para Los Zetas y el cártel del Golfo. También se le involucra en el asesinato de Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI al Gobierno de Tamaulipas.

Otro exgobernador, Humberto Moreira (HM), pasó 15 días en la prisión madrileña de Soto del Real por una investigación sobre blanqueo de dinero, reabierta por el juez Santiago Pedraz justo cuando el presidente Peña –protector del clan– está a punto de concluir su mandato. HM y su hermano y sucesor, Rubén Moreira, han sido denunciados por exoperadores de Los Zetas, bajo proceso en Texas, de recibir dinero de la organización a cambio de protección. El moreirato endeudó a Coahuila con 38 mil millones de pesos, cuya liquidación acaba de ser ampliada hasta 2048. En el mismo periodo se cometieron atrocidades contra la población civil en Allende, Piedras Negras y La Laguna. Las desapariciones forzadas fueron el pan de cada día. Estudios de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Austin (Control... sobre todo el estado de Coahuila, 2017) y El Colegio de México (El Yugo Zeta. Norte de Coahuila, 2010-2011) describen los horrores y la red de complicidad entre el Gobierno y el cartel más sanguinario.

Si el PAN dilapidó el capital político acumulado en 60 años como oposición, en los cuales le robaron elecciones y fue objeto de persecución, y algunos de sus cuadros incluso de muerte, el PRI tiró por la borda la confianza, inmerecida, de volver a la Presidencia hace seis años. El cargo lo ocupó, con la aquiescencia de la oligarquía y de otros poderes fácticos, un político anodino fabricado por la televisión, tan desechable como cualquiera de sus estrellas. Peña procedía del Grupo Atlacomulco, cuya jefatura real hoy se adjudica al expresidente Salinas.

Sobrino y colaborador de Arturo Montiel, gobernador de Estado de México, quien declinó a la candidatura presidencial del Tucom (Todos Unidos contra Madrazo) al exhibirse una parte de su riqueza obscena, repartida en varios países, Peña sólo podía reproducir el esquema de corrupción e impunidad y elevarlo a niveles jamás vistos. Su gobierno fracasó de cabo a cabo. Cómplice de los gobernadores que financiaron una parte de su onerosa campaña, cuyo costo se calculó en más de 4 mil millones de pesos cuando su tope era menor a 400 millones, terminó por ser su rehén.

El triunfo de Andrés Manuel López Obrador no fue casual. La abrumadora mayoría que votó por él (los candidatos del PAN, el PRI y el supuesto independiente reunieron juntos alrededor de 25 millones contra 30 del líder de Morena), lo hizo por el fracaso de la partitocracia y para castigar el sexenio venal, incompetente y soberbio de Peña Nieto, la Casa Blanca, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la masacre en Tlatlaya y muchas más. AMLO representaba la esperanza y la posibilidad de un cambio real, no el continuismo del PRIAN. Los mexicanos decidieron por sí mismos en la elección de julio. El tiempo dirá si acertaron o fallaron.
14 Noviembre 2018 04:02:00
Defecciones panistas
En pleno proceso para renovar la presidencia del PAN, el diputado coahuilense Luis Fernando Salazar Fernández renunció a una militancia de 20 años para abrazar las siglas de Morena y a su líder Andrés Manuel López Obrador. Argumenta que su expartido, “hoy convertido en rehén de sus propios actos, se encuentra sumido en una confusión que no permite avanzar y, peor aún, no permite actuar a quienes con esfuerzo obtuvimos la confianza y el respaldo de los ciudadanos”. Sin dar nombres, denuncia haber sido “reducido al silencio” después de prometer a los electores “ser una voz valiente que representara sus intereses de manera contundente”.

Como aspirante al Gobierno del Estado, Fernández afrontó al entonces líder del PAN, Ricardo Anaya, por haberse inclinado por Guillermo Anaya: “Confirmo lo que por mucho tiempo me negué a creer, que tenemos un dirigente traidor que piensa que el PAN es un lugar de apuestas donde también juega la mafia del poder”. Después se reconcilió con los Anaya, pero la relación no volvió a ser la misma; además, el daño a su partido ya estaba hecho. Acción Nacional perdió la elección para gobernador por un margen estrecho.

El diputado Fernández se formó políticamente a la sombra de Jorge Zermeño. En 1996, cuando contaba apenas 19 años (ahora tiene 41), coordinó una de las secciones del plan Ave Azul de la campaña para la alcaldía de Torreón. También fue su asesor en el Congreso y en el Senado, y diputado local en la 56 Legislatura (segunda del gobierno de Enrique Martínez). Pero cuando el presidente Calderón nombró a Zermeño embajador en España, las lealtades empezaron a flaquear y las intrigas ocuparon su lugar.

Impacientes, los zermeñistas jóvenes crearon su propio grupo con Guillermo Anaya a la cabeza. Bajo la férula de los Moreira, expertos en espionaje, se filtraron charlas telefónicas de Salazar contra su exjefe. Al regresar de Madrid, Zermeño quiso ser candidato a senador, pero el PAN ya era rehén del tándem Anaya-Salazar y fue marginado. La postulación recayó en el ahora militante de Morena. Zermeño denunció la adulteración del padrón panista con los beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social cuyo delegado era… Luis Fernando.

Esa historia no la cuenta Salazar. Prefiere el autohalago. “He actuado siempre con lealtad (…). Por ello, no puedo ser consecuente con un partido que desde su crisis organizacional desdibuja la oposición que el país merece (…)”, dice en su carta de renuncia fechada el 17 de octubre, en la víspera de la visita del presidente electo a Saltillo. Su incorporación a Morena se exhibió como un trofeo. Cómo no, si representa un voto más para AMLO en el Congreso. El mismo partido del que ahora abomina lo postuló para diputado en las elecciones de julio pasado.

Salazar tiene el mérito de haber denunciado a los Moreira por la megadeuda. Fue el único que viajó a Estados Unidos y pidió al Gobierno de ese país devolver a Coahuila los recursos confiscados al exsecretario de Finanzas Javier Villarreal. Ahora buscará en Morena nuevas oportunidades. Es un político joven y en su horizonte está la alcaldía de Torreón y la gubernatura. Sin embargo deberá hacer fila, pues para uno y otro cargo la lista de aspirantes es prolija. También se rumoró que Guillermo Anaya pasaría a las filas de AMLO, pero él mismo desmintió la especie. El PAN busca renacer de sus cenizas y ser el contrapeso de Morena. Sin embargo, la elección de Marko Cortés, del grupo de Ricardo Anaya, provocó la renuncia del expresidente Felipe Calderón.
13 Noviembre 2018 04:03:00
Bipartidismo sepultado
“Manuel Gómez Morín se avergonzaría del estado actual del Partido Acción Nacional”, escribe Enrique Krauze en la columna “El PAN: volver al origen”. La incapacidad, las divisiones internas y el egoísmo son las dificultades que hoy encaran los líderes de ese partido, advierte el historiador. Otro escollo lo representa “el peso de su pasado inmediato, 12 años en los que el PAN, percibido hasta entonces como alternativa de un gobierno decente, toleró actos de corrupción y, al hacerlo, se perdió a sí mismo”. (Reforma, 21.10.18)

El PAN recibió la peor votación de los últimos 18 años en unas elecciones presidenciales: 9.9 millones; el PRI captó 7.6 millones y Morena dio la campanada con 25 millones (no se incluyen los votos de sus respectivos aliados). El PRI quedó reducido a polvo. La Comisión de Diagnóstico refleja el tamaño del fracaso: el tricolor perdió el 95% de los 300 distritos y el 89% de las 9 mil secciones electorales donde siempre ganaba. “Se puede decir que el partido, como organización, estuvo desmembrada. La militancia fue sorprendida y sustituida por candidatos de dudosa trayectoria y prestigio”. (Reforma, 23.10.18)

El PRI reconoce –tarde– la crisis provocada por la imposición de Enrique Ochoa como líder, por voluntad del presidente Peña Nieto. Las voces críticas fueron reprimidas y Ochoa, un burócrata sin trayectoria política cuya militancia jamás pudo acreditar, propició la renuncia de cuadros valiosos. En otros casos, los disidentes permanecieron en el PRI, pero apoyaron a otros partidos. “Se exportó a las regiones pugnas nacionales de grupos o figuras. Como se sabe, la lucha entre las cabezas se convierte en guerras muchas veces irreconciliables entre sus leales. La mística para promover el voto y construir estructuras electorales quedó derrotada”, dice el documento.

La evaluación es de Samuel Palma, uno de los colaboradores más cercanos del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, asesinado el 23 de marzo de 1994 al finalizar un acto de campaña en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana. Instalado en la soberbia, el partido del presidente Peña, de Ochoa, de Luis Videgaray y de una panda de gobernadores –en ninguno de los estados priistas ganó José Antonio Meade– ignoró el diagnóstico presentado hace casi un cuarto de siglo por Colosio en el monumento a la Revolución:

“Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada, de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por (el) abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Veo a ciudadanos angustiados por falta de seguridad, ciudadanos que merecen mejores servicios y gobiernos que cumplan. (…) No queremos candidatos que, al ser postulados, los primeros sorprendidos en conocer su supuesta militancia seamos los propios priistas”.

El PRI trató de esconder la corrupción e incompetencia de sus gobiernos con un candidato externo a la Presidencia (Meade), pero al mismo tiempo reservó diputaciones plurinominales para incondicionales del presidente Peña, como Enrique Ochoa, Luis Miranda –el insolente exsecretario de Desarrollo Social– y el exgobernador de Coahuila Rubén Moreira. Palma, en su informe, retoma a Colosio: “¿Cómo pensábamos que íbamos a ganar? El partido fue sustituido por una agencia electoral que olvidó a una gran clase política, desplazada por el dominio de grupos reducidos a la manera de camarillas”.
12 Noviembre 2018 04:02:00
La pesadilla del norte
México y el mundo pueden respirar un poco más tranquilos después del revés propinado por los estadunidenses a Donald Trump, el 6 de noviembre, al regresar el control de la Cámara de Representantes al Partido Demócrata, cuyas principales figuras entre bastidores son el presidente Barack Obama y su esposa Michelle, como antes lo fueron Bill y Hillary Clinton. Los cuatro han sido objeto de la inquina de magnate inmobiliario en quien se cumplió la sentencia de Albert Guinon, según la cual “Cuando no se elige al más animal de todos, parece que no es realmente democracia”. También se puede aplicar en México con Peña Nieto; falta ver el desempeño de AMLO para juzgar.

Nuestro país ha tenido mejor suerte con presidentes demócratas. Bush señor (republicano) se entendió bien con Salinas de Gortari y apoyó el Tratado de Libre Comercio. El líder mexicano apostó por la reelección de su amigo, pero el exdirector de la CIA fue derrotado por Bill Clinton. Para salvar a México de la crisis financiera de 1995, herencia de Salinas, Clinton le concedió una línea de crédito por 20 mil millones de dólares, pese al rechazo mayoritario de los estadunidenses reflejado en una encuesta de Los Angeles Times. El rescate finalmente ascendió a 40 mil millones de dólares; la diferencia provino del FMI y de otras instituciones.

El tema lo aborda Clinton en su autobiografía Mi Vida (Plaza Janés, 2004). Frente a la oposición ciudadana y del Congreso y las advertencias de Robert Rubin y Larry Summers, secretario y subsecretario del Tesoro, respectivamente, dijo: “Dentro de un año cuando tengamos a otro millón de inmigrantes indocumentados y estemos inundados de drogas procedentes de México, y que mucha gente de ambos lados del río Grande haya perdido su trabajo, ¿qué me van a decir? ¿Por qué no hice nada? ¿Qué les voy a decir? Que había una encuesta que decía que el 80% de los estadunidenses se oponían, esto es algo que tenemos que hacer. La reunión (para tomar la decisión) duró 10 minutos”.

Clinton arriesgaba su elección para un segundo periodo, la cual ganó en 1996, pero confiaba en su homólogo sureño (“Si alguien podría restaurar a México, ese era Zedillo”, escribe). México pagó el capital y los intereses en 1997, tres años antes del vencimiento. ¿Trump hubiera sido igual de solidario aun a costa de su propio interés? Ni por asomo. Pues bien, fue a él a quien Peña Nieto le abrió las puertas de Los Pinos como candidato, no a Hillary Clinton, sólo para recibir ofensas, amenazas y humillaciones.

Con una Cámara de Representantes de mayoría Demócrata, México y el gobierno de López Obrador podrán lidiar mejor con un Trump debilitado cuyo segundo mandato ahora está en duda. Pues lejos de moderar su conducta por la felpa recibida en las urnas, el día después de las elecciones apareció más insolente y vociferante contra la prensa, sus opositores e incluso contra líderes y candidatos de su propio partido.

Trump tendrá una red de protección en el Senado, donde conservó la mayoría, pero su presidencia será, en los dos próximos años, una pesadilla, como él mismo lo ha sido para su país y para el mundo. La xenofobia, la misoginia y la retórica de odio del energúmeno se respondieron con votos. Una lección democrática. El castigo debió haber sido mayor, pero en el futuro otras cosas ocuparán su atención. Por ejemplo, no ser investigado como Nixon, quien por menos fue defenestrado.
10 Noviembre 2018 03:05:00
Crisis humanitaria
El éxodo centroamericano confronta a México con su propio drama de pobreza, horror y muerte. Millones de compatriotas se adelantaron varias décadas a quienes hoy pretenden cruzar la frontera del país todavía más poderoso del planeta. Espacio 4 publica un texto de Gerardo Moyano sobre el tema.

»Se cansaron de los robos, los secuestros, las extorsiones y las violaciones que sufrían a manos de criminales, policías y agentes migratorios en México. Entonces, decidieron marchar juntos y ser visibles para el mundo. Lo lograron. Las caravanas de migrantes que están ingresando al país por la frontera sur reflejan la gravedad de la crisis humanitaria que atraviesa la región y exhibe la calidad moral de sus gobernantes.

»El presidente electo Andrés Manuel López Obrador interviene para exigir que sean tratados con respeto y anuncia que habrá visas de trabajo para quienes la soliciten. Pero es Enrique Peña Nieto quien parece dispuesto a hacerle un último gran favor a su par estadunidense Donald Trump, para tratar de impedir lo inevitable: que los migrantes lleguen a Estados Unidos.

»Allá los esperan 5 mil 200 soldados que Trump desplegó en la frontera para apoyar a la Patrulla Fronteriza –más que los desplegados en Siria–, quienes ya están instalando las ciudades carpa, donde los centroamericanos serán detenidos a la espera de ser deportados. “Esto hará que desistan de seguir viniendo”, dice Trump a la cadena Fox.

»El Mandatario quiere que quedan claras sus amenazas. “Muchos pandilleros y algunas personas muy malas se mezclan en la caravana que se dirige a nuestra frontera sur. Por favor, regresen, no serán admitidos en Estados Unidos, a menos que pasen por el proceso legal. ¡Esta es una invasión de nuestro país y nuestro Ejército los está esperando!”, dijo en su cuenta de Twitter. No sólo el Ejército oficial los espera, sino civiles armados que ya se están apostando en la frontera, los temidos minutemen.

»El asunto no sólo es de seguridad nacional, sino electoral. “La decisión del Presidente (Trump) de desplegar al Ejército, cuando hay personal migratorio civil capaz de hacer el trabajo, es una táctica cínica para fabricar una emergencia ante las elecciones (legislativas, del 6 de noviembre)”, advierte la organización Human Rights First, en un comunicado. El mismo discurso de criminalización se escucha al sur del río Bravo, donde al menos tres migrantes han muerto desde el 20 de octubre; uno de ellos, de un balazo en la cabeza que la policía mexicana niega haber disparado.

»Bajo el argumento de que hay criminales infiltrados en la caravana, la Secretaría de Gobernación (Segob) justifica la represión, los arrestos y hasta el uso de helicópteros de la Policía Federal para tratar de disuadir a las familias que cruzan el río Suchiate, que separa Guatemala de México. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya inició un procedimiento de queja, porque los oleajes causados por el helicóptero han puesto en peligro la vida de niños y adultos.

»Mientras tanto, la primera caravana avanza a paso lento, pero firme, por el interior del país. La intención es llegar a la Ciudad de México como un movimiento “fuerte”, con una “Comisión del éxodo”, que representará a los entre 5 y 7 mil migrantes de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua que aspiran a obtener una visa humanitaria, ya sea en México o en Estados Unidos. (Versión completa en http:/www.espacio4.com/)

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