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Salvador García Soto
Salvador García Soto
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Salvador García Soto es periodista. Nació en Guadalajara Jalisco, donde cursó la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad del Valle de Atemajac. En Guadalajara colaboró en varios medios locales y en oficinas de los gobiernos estatal y federal. Fue reportero de la fuente política en El Heraldo de México y en el diario La Crónica de Hoy. Desde 1998 escribe la columna política Serpientes y Escaleras que se ha publicado en los periódicos La Crónica, El Independiente y actualmente en el Universal Gráfico. Fue director general de Crónica y ha colaborado en revistas como Vértigo y Cambio. Durante dos años fue conductor del programa Cambio y Poder que se transmite por Cadena Raza y desde noviembre 2003 colabora en W Radio como comentarista del noticiario Hoy por Hoy tercera emisión y en el programa El Weso.

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13 Abril 2019 04:00:00
El consejero militar del Presidente
Andrés Manuel López Obrador pasó de ser, como líder opositor, un férreo crítico de la intromisión del Ejército en las tareas civiles, a convertirse en un Presidente convencido de que se puede y se debe gobernar de la mano de las Fuerzas Armadas. Hoy no sólo la estrategia de seguridad de su Administración se centra en la fuerza de los militares, a las que considera única opción para enfrentar la crisis de inseguridad que heredó y que se ha agravado en sus primeros meses de Gobierno, sino que también las instituciones castrenses son vistas y promovidas por el Presidente como las más confiables para casi todo, desde sembrar árboles, operar ductos y trasladar combustibles de Pemex, construir aeropuertos o realizar desarrollos habitacionales.

En el primer círculo de la Presidencia de la República, la figura del gabinete que más ha ganado terreno y ascendencia en el ánimo y el oído presidencial en estos cuatro meses es el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval. El general, dicen en el propio gabinete, es el colaborador que más tiempo pasa en Palacio Nacional y con el que más habla, todos los días, el Presidente. Cada mañana, el primero en llegar a las reuniones de gabinete es el Jefe del Ejército y casi siempre es el último en abandonar la sede presidencial porque casi siempre López Obrador le pide quedarse para comentar con él distintos temas.

Ni la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ni el Jefe de la Oficina Presidencial, Alfonso Romo, pasan tanto tiempo en el despacho presidencial. Al general Crescencio se le pide opinión de casi todo, lo mismo de cómo organizar la siembra de árboles para el programa Sembrando Vida, que de la operación y logística para el transporte de combustibles, del proyecto para construir el nuevo aeropuerto en Santa Lucía o de cualquier otro tema o problema que se le ocurra preguntarle al Presidente. “Es en este momento, con mucho, el funcionario al que más le pide opinión o consejo el Presidente para muchos más temas que la seguridad”, afirma un colaborador cercano del Palacio Nacional.

Aunque el hoy secretario de la Defensa Nacional tiene apenas unos meses de conocer al Mandatario, su designación fue producto de la recomendación del otro militar en el que más confía Andrés Manuel López Obrador, el general en retiro y actual director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez Zapata. Contemporáneo y paisano del Presidente, Audomaro ha sido su consejero en materia de seguridad y amigo desde que se conocieron en Tabasco en 1977, en el Gobierno de Leandro Rovirosa Wade, donde el ahora Presidente era delegado del Instituto Nacional Indigenista y el militar divisionario comisionado de la 30 zona militar. Fue su Jefe de Seguridad en el Gobierno del Distrito Federal y luego también en su primer campaña presidencial.

Cuando iba a definirse la sucesión en la Defensa y la Marina, el presidente López Obrador ofreció a los dos secretarios con Peña Nieto, Salvador Cienfuegos y el almirante Francisco Vidal Soberón, que respetaría los “usos y costumbres” de las Fuerzas Armadas y les pidió a los dos jefes militares sus “ternas” para considerarlas y elegir a uno de los que ellos sugirieran tanto para la Sedena como para la Defensa. Pero nunca tomó en cuenta las propuestas de los exsecretarios, pues ya tenía la recomendación de su general de confianza, Audomaro, quien le habló de la “capacidad, honestidad y sencillez” del general Luis Crescencio Sandoval, que en ese momento no figuraba entre los nombres habilitados para la sucesión militar, como tampoco lo hacía el secretario de Marina, José Rafael Ojeda.

Con las dos designaciones sorpresivas en las Fuerzas Armadas, donde pesó la voz de su jefe militar más cercano, el Presidente rompió la tradición y los mecanismos históricos para definir la sucesión en las Fuerzas Armadas para instituir una nueva cúpula militar en su Gobierno.



Recomienda a su amigo para Guardia

Pero aunque llegó recomendado por el general Audomaro Martínez, en estos cuatro meses de convivir todos los días desde la primera hora en la reunión del gabinete de seguridad, junto con su estilo austero y alejado de la soberbia y los protagonismos de otros secretarios de Defensa, le ha valido al general Crescencio ganarse rápidamente la confianza y establecer su propia relación personal y de lealtad con el Presidente.

Por esa confianza y ascendencia que el general secretario ha ganado, a nadie le sorprendió que tanto el mando, como los integrantes del llamado “estado mayor” de la Guardia Nacional, fueran sugeridos por el titular de la Defensa. De hecho, el general Crescencio recomendó como comandante del nuevo cuerpo federal de seguridad a su amigo, el general brigadier, Luis Rodríguez Bucio, quién además de ser contemporáneo y amigo suyo, a quien vendió muy bien para las labores de la Guardia por su experiencia y capacitación en materia de inteligencia militar, combate al narcotráfico y sus estudios en grupos armados y tácticas de contrainteligencia obtenidos durante su paso en 1980 por la Escuela de las Américas de Panamá, en el Fort Gulick, considerada la “Escuela para asesinos y dictadores” de Estados Unidos, para mantener el control de su “patio trasero” y alguna vez nombrada por el New York Times, como “la base más grande para la desestabilización en América Latina, una institución tan claramente por fuera de los valores americanos”.

Así que, con la presencia del general Bucio, a quien convencieron de aceptar un temprano retiro para poder encabezar la Guardia Nacional y con los otros recomendados para representar a la Sedena y a la Marina, además de la Policía Federal, el general secretario Luis Crescencio Sandoval no sólo confirma que la nueva Guardia, que “para ser civil tiene muchos militares”, como dijo el periodista Jorge Ramos, estará indudablemente bajo la esfera y la influencia de las Fuerzas Armadas, por más que su mando esté adscrito al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. Los militares siempre responderán a su jerarquía militar y así será porque así lo quiso el presidente López Obrador que hoy ha decidido apostar abiertamente por las fuerzas castrenses para entregarles el control de la seguridad y exigirles resultados en medio de la crisis que está por convertir a su primer año de Gobierno en el más violento de la historia reciente, según las cifras oficiales.

Y así, en la metamorfosis propia del poder, Andrés Manuel López Obrador hoy ya no piensa que “los militares deben regresar a sus cuarteles”, y hoy no sólo los mantiene en la calle y les da carta constitucional para convertirse en la columna vertebral de su estrategia contra el crimen, la violencia y la seguridad que azotan al país, desplazando y relegado casi por completo a las corporaciones civiles en las que no confía, sino que además, vuelca su confianza y la de su Gobierno en sus consejeros militares.


06 Abril 2019 04:00:00
La Suprema Corte: ¿es y será autónoma e independiente?
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, salió el jueves del Palacio Nacional, convencido –o al menos eso dijo en sus declaraciones– de que el presidente López Obrador respeta la autonomía e independencia de la Corte. “No hay ningún elemento que haga pensar que la división de poderes está en riesgo; la Suprema Corte es y será autónoma e independiente. Una relación cordial y respetuosa con el Presidente no implica en lo más mínimo sumisión”. Pero ese mismo día, en el Senado de la República, el coordinador de la mayoría de Morena, Ricardo Monreal, tras desayunar chilaquiles con el Jefe del Ejecutivo (en el mismo despacho donde recibió al ministro), presentó una iniciativa que propone, entre otras cosas, desaparecer al Consejo de la Judicatura Federal, aumentar el número de ministros de la Corte de 11 a 16 y crear, con los cinco nuevos ministros propuestos por el Presidente, la nueva “Sala Anticorrupción” en el Poder Judicial.

“El Poder Judicial debe sufrir una sacudida”, decía ayer Monreal, a quien el desayuno vigorizante con el Presidente (“el alimento más importante del día”) pareció inyectarle fuerzas para revivir su embestida contra el único de los tres poderes que hoy no controlan ni Morena ni el Gobierno de López Obrador. Sobre el Consejo de la Judicatura, dijo que “debe desaparecer ese pesado órgano” y ser sustituido por otro que propondrá su bancada.

Al ministro Zaldívar parecían aplicarle el mismo día de su primer visita de cortesía al Palacio del Poder Ejecutivo, la vieja estrategia de “la zanahoria y el garrote”. Porque mientras el Presidente le hablaba de respeto total a la división de poderes y de no buscar influir en la Corte, desde el otro Poder, el Legislativo, el líder del partido del Presidente enderezaba sendas iniciativas para cambiar y “sacudir” al Poder Judicial que, en la visión morenista, adolece de graves problemas de corrupción, ineficiencia, elefantiasis y costos económicos excesivos para el Estado mexicano.



‘Control de la corte’: Oposición

Y aunque Monreal Avila salió ayer por la tarde a dar conferencia y negó que aumentar a 16 el número de ministros sea para crear “una mayoría afín a la cuarta transformación” en la Corte, entre las bancadas de la oposición la iniciativa sí busca hacerse del control mayoritario de los ministros, con el fin de rechazar cualquier controversia constitucional o solicitud de amparo que busquen combatir actos autoritarios del Gobierno federal.

“Andrés Manuel López Obrador y Morena buscan tomar el control de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y del Poder Judicial del país… Ampliar el número de ministros de 11 a 16 es una práctica muy vieja y muy conocida en el mundo, cuando alguien quiere controlar un órgano buscan ampliar los integrantes para nombrar nuevos y así tener mayoría”, cuestionó ayer en un video difundido en las redes sociales el senador del PAN, Damián Zepeda Vidales.

La iniciativa de Monreal modifica siete artículos de la Constitución (94, 95, 100, 105, 107, 109 y 113) relativos al funcionamiento y facultades del Poder Judicial, además de proponer cambios a la Ley Reglamentaria del 105 constitucional, la Ley de Amparo, la General del Sistema Anticorrupción y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Con esta reforma, dice en sus motivos, “se contribuirá a dar mayor efectividad a los trabajos que se realizan desde el Poder Judicial, para atender los asuntos relacionados con la corrupción”. Para ello propone cambiar la redacción del Artículo 94 de la Constitución al que se le añade que en vez de 11 ministros, “La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de 16 y funcionará en pleno y en Sala”, además de agregarle que las sesiones sólo serán secretas por excepción, y que “no procederá tratándose de asuntos relacionados con anticorrupción, en cuyo caso las sesiones serán públicas”.

Sobre la nueva Sala Anticorrupción en la Corte, la iniciativa expone que dicha sala deberá juzgar las responsabilidades administrativas y delitos que tengan por origen hechos o actos cometidos por servidores públicos, además de determinar los daños y perjuicios causados a la Hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos, y también tendrá competencia para recibir y resolver recursos de revisión administrativa contra las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal.



Controversias constitucionales

Para integrar la “Sala Anticorrupción”, Monreal propone que se designe a cinco nuevos ministros a propuesta del presidente López Obrador y elección del Senado –es decir que ninguno de los 11 actuales podría formar parte de esa sala– y que esos nuevos ministros, que sumarían 16 integrantes a la Corte, se elijan la primera vez por un periodo de tiempo escalonados (dos de 7 años, dos de 12 años y uno de 15 años) y para la siguiente designación duren en el cargo 15 años cada uno de ellos.

También propone que sea el Presidente, y no el Senado, el que defina cuánto tiempo durará cada uno de los nuevos cinco ministros en el cargo, y que se modifique el Artículo 95 para agregar a los requisitos para ser electo ministro de la SCJN el “no haber sido condenado por delitos por hechos de corrupción”, además de que en el Artículo 105 quede establecida una nueva redacción que indique que las controversias constitucionales, que se interpongan contra disposiciones de las entidades federativas, los municipios, las demarcaciones de la Ciudad de México o la Federación, “sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas cuando hubiere sido aprobada por una mayoría de 11 votos”, y ya no de 8 votos como se establece actualmente.

Así es como la iniciativa de Monreal plantea una reforma completa al Poder Judicial y a la Suprema Corte, con el argumento de “mejorar y eficientar su trabajo”, aunque la oposición ve en estos cambios al máximo tribunal, un afán de control de la cuarta transformación, al único de los poderes que hoy no dominan. El ministro presidente Arturo Zaldívar hoy se dice tranquilo de que no hay ninguna amenaza a la autonomía de la Corte y ningún intento de control del Poder Judicial desde el poder Ejecutivo. ¿Estará entonces de acuerdo con todos los cambios que propone Morena y su coordinador al Poder Judicial? ¿Se los consultaron durante su visita de esta semana a Palacio?

23 Marzo 2019 04:10:00
Ruptura en el Senado y el portazo de Dante
La revocación de mandato y la obsesión del presidente Andrés Manuel López Obrador por aparecer en la boleta el día de las elecciones intermedias del 2021, hicieron que el martes pasado se rompiera toda posibilidad de acuerdo entre Morena y la oposición para lograr una mayoría calificada conjunta en el Senado.

Ese día, en la Junta de Coordinación Política, los líderes de la oposición Mauricio Kuri, Miguel Osorio, Dante Delgado y Miguel Ángel Mancera le insistieron a Ricardo Monreal en la necesidad de convocar a parlamento abierto para revisar y modificar algunos temas de la minuta enviada por la Cámara de Diputados, pero una y otra vez el morenista dijo no: la fecha del 2021 es inamovible y no se cambia la facultad del Presidente para convocar a la consulta de revocación.

Fueron varias horas de discusión pero no hubo ningún avance entre lo que pretendían los opositores en bloque, que era modificar la minuta de Reforma Constitucional, y lo que exigía el coordinador de la mayoría de Morena, que era mantener en todos sus términos la iniciativa presidencial aprobada y enviada al Senado por los diputados.

La tensión llegó a tal punto que, en algún momento, el coordinador de Movimiento Ciudadano se enfrascó en una discusión con Ricardo Monreal, según cuentan senadores presentes. Dante insistía en que se repitiera el esquema utilizado con la Guardia Nacional y se convocara a reuniones con especialistas, académicos y sociedad civil para analizar los términos de la revocación de mandato, y ante la reiterada negativa de Monreal, el senador veracruzano se levantó enojado de la mesa, recogió sus tarjetas y espetó: “Entonces así no se puede. Díganle a su presidente que no va a pasar su reforma reeleccionista”.

El silencio se hizo en la sala ante la salida intempestiva del coordinador de MC y aunque la reunión siguió por unos minutos más, ya no hubo punto de retorno. “Nos vamos entonces a la votación”, dijo Monreal y el resto de los coordinadores de la oposición lo secundaron: “Pues nos vamos a la votación”. Ahí se canceló cualquier posibilidad de acuerdos sobre esta iniciativa y es posible que el martes se apruebe solo con el voto de Morena en comisiones, para ser llevado al Pleno esta misma semana.

Y ahí vendrá nuevamente la guerra de los números porque a la bancada morenista con todo y sus aliados del PT, PVEM y PES no le alcanzan sus 76 votos para lograr la mayoría calificada que necesita la reforma al Artículo 41 constitucional, por lo que Ricardo Monreal y sus operadores tendrían que buscar convencer al menos a nueve senadores de la oposición para que, en lo individual, le den su voto a favor a la iniciativa de López Obrador.


¿Resiste el bloque o habrá traiciones?

Ya en el escenario de ruptura que se vive en este tema en el Senado, la posibilidad de que se apruebe la revocación de mandato o de plano sea rechazada al no alcanzar tres cuartas partes de la votación de los senadores presentes, recae en dos ámbitos: el de las matemáticas y el juego de las presiones, los arreglos por debajo de la mesa y hasta el ausentismo, obligado o inducido de algunos senadores de la oposición.

Matemáticas porque la “cifra mágica” para lograr una mayoría calificada puede variar según el número de senadores presentes al momento de la votación. En el caso de que los 128 senadores de todos los partidos asistieran el día de la sesión y estuvieran presentes cuando se vote por listado nominal y en la pantalla electrónica, Morena y sus aliados requerirían 85 votos para aprobar la iniciativa del Presidente.

Pero conforme baje la cifra de asistencia y de presencia de senadores, también bajan los votos necesarios para modificar la Constitución. Por ejemplo, con 124 senadores ya sólo se necesitan 83 votos; con 119 bastan 79 votos y si solo hubiera 113 senadores presentes cuando se llame a votar, la revocación de mandato podría ser aprobada con los 76 votos del bloque oficialista en el Senado.

En estos escenarios de números, votos y asistencias, entran en juego nuevamente los gobernadores de los estados. Los 12 gobernadores panistas, que conforman la Asamblea de Gobernadores de Acción Nacional, ya se reunieron el miércoles pasado con los senadores de su bancada y les dijeron que respaldan su posición de rechazar la iniciativa de revocación tal como la planteó el Presidente y la aprobaron los diputados.

“Los gobernadores de @GOAN_MX coincidimos y apoyamos la posición de los senadores del PAN, de no respaldar la propuesta de revocación de mandato (…), tampoco la fecha propuesta por el Ejecutivo”, expresaron en sus redes sociales los mandatarios blanquiazules.

En el caso del PRD y MC, Enrique Alfaro y Silvano Aureoles no se han pronunciado al respecto y no se sabe si podrían intentar convencer a algunos senadores de sus partidos, pero la mayor incógnita y la posibilidad de que algunos senadores vayan en contra de su partido, parece estar nuevamente en el PRI, donde se centra la mayoría de las miradas.

Y es que en la pasada discusión de la Guardia Nacional, antes de que en el Senado se lograra el acuerdo de consenso que permitió una aprobación unánime de todos los partidos, los gobernadores priistas aparecieron en la escena con aquella reunión en la Segob, con el Gabinete de Seguridad, en donde todos le dieron su respaldo a la iniciativa del presidente López Obrador en todos sus términos.

Aquella vez se supo de varios gobernadores, como Alfredo del Mazo, y otros que habían ofrecido directamente el voto de los senadores de su estado a favor de la minuta que quería el Presidente y que había incluso hablado y operado para pedirle a los legisladores que votarán en el mismo sentido que la mayoría de Morena. Al final, aquellos ofrecimientos no se materializaron porque Ricardo Monreal convenció al Presidente de aceptar algunos de los cambios que pedía la oposición para ganar así toda la legitimidad para su Guardia Nacional aprobada con unanimidad histórica.

Esta vez la pregunta es si nuevamente habrá gobernadores que metan las manos para apoyar al Presidente y a Morena con su iniciativa de revocación de mandato en el Senado. Ya vimos a tres diputados del PRI, los coahuilenses Rubén Moreira, Martha Garay y Fernando de las Fuentes votar con Morena en la Cámara de Diputados y darle la mayoría para aprobar esa misma iniciativa, y a otros priistas más que, casualmente, se ausentaron o no asistieron a esa votación.

¿Veremos ahora a senadores del PRI o de otros partidos ir con el bloque gobiernista y darle la mayoría a la presencia del presidente López Obrador en la boleta electoral en el 2021?

18 Marzo 2019 04:00:00
Acabado el neoliberalismo, ¿qué sigue?
Identificado desde el arranque de su gobierno como la causa principal de la mayoría de los males del país, el modelo neoliberal que dictó la política y la economía de los últimos 30 años en México, ha sido declarado oficialmente “abolido” por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin tener aún una definición plena de cuál será ahora la nueva política económica de su gobierno y cuáles las directrices y prioridades que seguirá la conducción política y social en su sexenio, el Mandatario llamó de hecho a construir un nuevo modelo de desarrollo alternativo que, a diferencia del que siguieron sus últimos cinco antecesores, no siga los lineamientos y mandatos dictados desde el extranjero, sino que se defina con los intereses y prioridades internas del país.

“Tenemos que construir una propuesta ‘posneoliberal’. Y convertirla en un modelo viable de desarrollo económico, de ordenamiento político y de convivencia entre los sectores sociales. Demostrar que esta debe ser sin excluir a nadie y que el desarrollo no debe ser contrario a la justicia social”, planteó ayer el Presidente, al declarar desde Palacio Nacional, la abolición del neoliberalismo y “su política económica de pillaje, antipopular y entreguista”.

Con esta declaración López Obrador no sólo busca marcar su separación definitiva de los últimos expresidentes y las políticas con las que condujeron al país, a los que además se prepara para enjuiciar política y popularmente con una consulta pública basada en la nueva reforma constitucional que recién le aprobó la Cámara de Diputados, sino que también prepara el terreno para una definición que le urge a su administración y por la que tanto han esperado los empresarios e inversionistas que no ven certeza ni definición en el rumbo económico del país.

¿Pero qué tipo de modelo económico, político y social va a definir el nuevo gobierno a partir de sus premisas de honestidad, combate a la corrupción y su prioridad presupuestal de programas de apoyo social a sectores vulnerables? Algunos analistas hablan de un regreso al modelo de “economía mixta” que imperó en México en las épocas de las economías cerradas y la Guerra Fría entre el capitalismo y el comunismo, otros invocan de un intento de retorno al pasado con el “desarrollo estabilizador” creado por don Antonio Ortiz Mena, cuya obra y legado tanto admira el Presidente, y los más apuntan hacia un modelo de economía y política nacionalista en el que, ha dicho el propio López Obrador, se parte de un gobierno honesto y que acabará con la corrupción como principales premisas de una nueva conducción económica y de las finanzas públicas.

Y dicho así, en un discurso pronunciado en un Foro de Planeación económica y casi por decreto presidencial, surgen muchas dudas, la primera si ¿realmente el neoliberalismo, con todas sus instituciones, leyes, políticas y hasta con la clase tecnocrática que manejó las últimas tres décadas el gabinete económico ha sido totalmente desmantelado en el Gobierno mexicano? Porque tanto en la Secretaría de Hacienda como en la de Economía, en los organismos financieros autónomos como el Banco de México, la Comisión Federal de Competencia Económica y en toda la banca de desarrollo, prácticamente todo su personal técnico y especializado fue formado, educado y contratado bajo la filosofía neoliberal ¿ya cambiaron toda esa estructura o podrían realmente cambiarla para inculcarle la nueva filosofía y el nuevo modelo económico “posneoliberal” del que habla el Presidente?

Veremos cuánto le lleva al presidente López Obrador y a su gabinete económico definir el nombre y las prioridades, pero sobre todo las políticas de su nuevo modelo económico. Esperemos que no se tarden mucho y que, cualquier cosa que sea lo que definan, lo hagan con toda la claridad y la certidumbre que muchos empresarios e inversionistas, nacionales y extranjeros, esperan para decidir si invierten o no sus recursos en la economía mexicana. De eso depende que el Presidente pueda lograr, si no en este año que ya se ve imposible, sí en los próximos de su gobierno, su ambiciosa meta de crecimiento del 4 por ciento.

Porque sin claridad, legalidad y certidumbre para la inversión pública y privada, podrán ponerle el nombre que quieran a su nuevo modelo, pero sin eso difícilmente funcionará.
16 Marzo 2019 03:44:00
Puebla y las pugnas de poder
La cerrada elección del candidato del partido oficial a la Gubernatura de Puebla, que se define la próxima semana vía una encuesta interna, ha hecho estallar y aflorar públicamente la primera gran pugna de poder al interior de las nuevas élites gobernantes. Dos grupos del morenismo poblano están enfrascados en una feroz lucha por la nominación que, según las encuestas, significa el control del gobierno estatal que mantuviera por los últimos 8 años el grupo de Rafael Moreno Valle. Y de la mano de esos grupos políticos locales, van dos liderazgos nacionales que igual se están confrontando por controlar su primera gubernatura con miras a la estrategia nacional rumbo al 2024.

Las estridentes declaraciones que está semana hizo Yeidckol Polenvsky, la dirigente nacional de Morena, sobre las “muchas sabandijas que se nos han infiltrado en el partido y quieren controlarlo por un asunto de dinero”, tenían como trasfondo justamente la confrontación en Puebla y en el resto de los estados que tendrán elecciones el 2 de junio de este año. La respuesta casi inmediata de Ricardo Monreal a esos comentarios de Yeidckol, con la ironía de que “yo respeto a toda la fauna, incluso la que está en extinción”, no dejaron dudas de que la dirigente del partido gobernante y el líder de la mayoría morenista en el Senado, son los protagonistas nacionales de esta pugna de poder que ha comenzado con las candidaturas estatales y va a continuar con la próxima sucesión de la presidencia nacional de Morena, que tendrá que renovarse en noviembre próximo cuando termina la gestión de Polenvsky.

NI EL PRESIDENTE PONE ORDEN

El pleito poblano ha escalado tanto que ni siquiera el deslinde que hizo el pasado fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde la capital poblana desautorizó cualquier uso de su nombre y su figura para favorecer a alguno de los precandidatos, logró calmar los ánimos ni mucho menos detener el golpeteo de todo tipo que está en marcha entre los grupos locales y nacionales.

De un lado está el grupo que, con residuos del morenovallismo y del antiguo priismo —que en una alianza estratégica para mantener el control político y financiero de Puebla— apoya con todo la candidatura de Miguel Barbosa para que repita como abanderado de Morena, a pesar de su deteriorado estado de salud. A la cabeza de ese grupo se ubica Fernando Manzanilla, actual subsecretario de Gobierno, el propio gobernador Guillermo Pacheco, de añeja militante priista, y Jorge Estefan Chidiac, secretario de Finanzas del gobierno interino, además de Juan Carlos Lastiri Quirós, ex subsecretario de Sedesol y Sedatu con Rosario Robles en el sexenio pasado, y el priista Enrique Doger, exrector de la BUAP y excandidato del PRI al gobierno estatal en 2018. También se ubica como parte de ese grupo a los hijos del actual gobernador interino, Javier y Guillermo Pacheco, quienes aparecen como financieros de la campaña de Barbosa.

Es el grupo que respalda Yeidckol Polenvsky quien promovió la candidatura de Miguel Barbosa por segunda ocasión, a pesar de que en los últimos meses los problemas de salud del exsenador perredista se ha agudizado. Videos de actos recientes de promoción de su candidatura muestran al precandidato Barbosa siendo apoyado por una persona que lo guía de la mano y en el que se apoya para caminar porque la visión le ha comenzado a fallar como consecuencia de la diabetes que padece y que ya le costó, durante su gestión como líder del PRD en el Senado, la amputación de un pie por un coma diabético que lo mantuvo hospitalizado. A pesar de que Barbosa ha sostenido en varias entrevistas que su estado de salud es “de primera” y que conserva su misma vitalidad, la forma en que camina con dificultad y con ayuda en sus recientes apariciones indican lo contrario.

La pregunta es, sin que sea un impedimento legal el que padezca una enfermedad crónica ¿quién se puede beneficiar de que un candidato con un estado de salud delicado pueda ganar la nominación de Morena y, todo indica, la gubernatura de uno de los estados más importantes política, demográfica y económicamente en el país? Y es ahí donde entra el grupo de interés que rodea al exsenador y que buscaría ejercer el control y el poder real en un gobierno que tuviera como titular a un Ejecutivo estatal debilitado o incapacitado por problemas de salud.

YÁÑES-DULce-MONRREAL DETRÁS DE ARMENTA

Del otro lado está el otro grupo de Morena que se opone a la postulación de Barbosa, al grupo de interés que lo respalda y al favoritismo que, dicen, ha demostrado la dirigencia nacional que encabeza Polenvsky. Desde la bancada del Senado, el senador Alejandro Armenta emergió como un contrincante fuerte en las encuestas y tiene todo el respaldo de sus compañeros senadores, que incluso se han enfrentado a Yeidckol, y por supuesto del coordinador morenista, Ricardo Monreal Ávila.

Pero ese es el apoyo político, el financiero corre a cargo de la empresaria local y militante de Morena, Dulce María Silva, esposa de César Yáñez, el coordinador de Política y Gobierno del presidente López Obrador. Ellos dos lideran a grupos de Morena en Puebla que se quejan de que Barbosa no sólo desperdició el enorme respaldo de las bases morenistas en la pasada elección en 2018, sino que acusan que la “soberbia” y “el trato despótico” del entonces candidato dividió y lastimó a la militancia del partido que hoy busca apoyar a un perfil más joven y cercano como el de Alejandro Armenta.

La fuerte pugna de poder que se libra por Puebla al interior de Morena ya saltó a la escena nacional con el abierto enfrentamiento entre Yeidckol y Monreal, que sacudió al partido gobernante con las alusiones a la sabandijas infiltradas y la fauna en extinción.

Es apenas el cuarto mes de gobierno de López Obrador y ya empezaron a aflorar las luchas internas y las ambiciones entre las nuevas élites dominantes. ¿Qué va a pasar cuando venga la sucesión de la dirigencia de Morena, cuando en dos años se tengan que elegir candidatos a la Cámara de Diputados y a 8 gubernaturas? Por no hablar de la anticipada lucha sucesoria por la presidencia en la que ya se habla de prospectos y grupos que se mueven en pos de un lejano 2024. En Puebla puede venir la primer gran fractura morenista.
12 Marzo 2019 03:19:00
Chocan Federación y Gobernador por secuestrados
El secuestro de hasta 22 pasajeros en Tamaulipas desató ayer la molestia del presidente Andrés Manuel López Obrador que, en su reunión de Gabinete de las 5 de la mañana en Palacio Nacional, ordenó una búsqueda exhaustiva de los secuestrados para dar con su paradero, para lo cual pidió movilizar al Ejército, la Marina y la Policía Federal, además de investigar qué grupo criminal fue el autor del secuestro.

Ayer mismo la Fiscalía General de la República anunció el inicio de una carpeta de investigación sobre lo sucedido el jueves 7 de marzo, pero que se dio a conocer el domingo porque el gobierno de Tamaulipas retuvo la denuncia y ocultó la información.

Junto al enojo del Presidente por el secuestro masivo, que se conoció justo en la víspera de su mensaje de los 100 días y que recuerda el dramático caso de la masacre de San Fernando en 2011, también hubo un fuerte choque entre la Federación y el Gobierno estatal panista cuando el secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, desmintió en un mensaje de Twitter al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien afirmó ayer al salir del discurso del Presidente en Palacio Nacional, que el camión de Transpaís donde viajaban los pasajeros secuestrados “iba escoltado por la Policía Federal”.

“No hay elemento alguno para dar por ciertas las afirmaciones del @gobtam, en el sentido de que la @PoliciaFedMX habría escoltado, el fin de semana, un autobús de migrantes; no hay un acuerdo de @SSPCMexico ni de @Segob_mx para custodiar caravanas”, desmintió en su cuenta de Twitter el secretario Durazo, quien estuvo por la mañana en la reunión del Gabinete de Seguridad donde el Presidente ordenó la investigación y búsqueda inmediata de los desaparecidos.

Ayer mismo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó del envío de personal del Ejército, la Marina y la Policía Federal para iniciar la búsqueda de los secuestrados, que hasta el momento no se sabe si son mexicanos o centroamericanos o de ambas nacionalidades. De hecho, la investigación de la FGR se inició en la delegación encargada del tema de “desaparecidos” porque esa es la condición que el Gobierno de López Obrador les reconoció a los 19 o 22 pasajeros cuyo paradero y situación se desconoce.

Pero para el vocero del Gobierno de Cabeza de Vaca en materia de seguridad, Luis Alberto Rodríguez, los desaparecidos podrían ser centroamericanos, porque igual que el Gobernador, atribuyen a eso que no se hayan presentado familiares a denunciar. El primero en tener denuncia del secuestro masivo fue el fiscal estatal de Tamaulipas, Irving Barrios, pero declinó investigar con el argumento de que era un caso de “competencia federal”, aduciendo que el ataque de hombres armados al camión 9596 de Transpaís en el tramo carretero de San Fernando a Reynosa, en el ejido de Palo Blanco, de donde se llevaron a entre 19 y 22 pasajeros, ocurrió en un tramo de carretera federal.

Y mientras el Presidente tronaba en su reunión de seguridad muy temprano en Palacio Nacional y pedía investigar el asunto, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca no parecía sudar ni acongojarse por el secuestro masivo. Ayer visitó la Ciudad de México para asistir al mensaje presidencial y al mediodía apareció en una reunión con otros siete gobernadores del PAN, en donde el Mandatario tamaulipeco fue nombrado presidente de la Asamblea de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) para los próximos seis meses.

“¡Éxito presidente!”, le decían en un mensaje de Twitter sus colegas panistas, en algo que confirma lo que se comenta en el panismo, que Cabeza de Vaca aspira a convertirse en el “sucesor de Moreno Valle” dentro del blanquiazul y que, incluso, buscaría apuntalar su candidatura presidencial en 2024 apoyado por su asesor de cabecera Roberto Gil Zuarth.

Así que mientras a unos les preocupa saber qué pasó con 22 pasajeros secuestrados y desaparecidos, a otros les interesa más la grilla y el futurismo político. Qué importa que el secuestro masivo –que nos remite a una de las peores tragedias de la violencia que ha vivido el país en San Fernando– haya ocurrido en su estado. Cuánta insensibilidad señor Cabeza de Vaca y encima lo desmiente el secretario Durazo.…Los dados mandan otra Serpiente. Bajada.
11 Marzo 2019 03:20:00
Tamaulipas, el cisne negro de los 100 días
El caso de los 19 pasajeros de autobús secuestrados el jueves pasado, entre Reynosa y San Fernando, y cuyo paradero se desconoce, no solo revive el fantasma de la terrible masacre de San Fernando, en los tiempos de Felipe Calderón, sino que justo el día en que el presidente Andrés Manuel López Obrador dará su mensaje sobre los 100 días de Gobierno, el tema de la seguridad y la violencia en el país, se vuelve a colocar en estos momentos al mismo nivel de crisis que vivíamos en aquel abril de 2011 cuando fueron encontrados los cuerpos de 72 pasajeros de un autobús de Ómnibus de México que habían sido secuestrados y asesinados a principios de marzo pero de 2010.

Si de por sí ya se esperaba en el círculo cercano de Palacio Nacional que hoy el Presidente diera un discurso autocrítico en materia de seguridad, donde más allá de la aprobación de la Guardia Nacional, la inseguridad en el país no ha mejorado desde el arranque de su Gobierno, lo ocurrido en la frontera tamaulipeca, que revive épocas que se creían superadas, vino a aguar la fiesta de los 100 días y se tendrá que reconocer que la estrategia de seguridad aún no camina y la situación se desborda en regiones del país.

Junto con Guanajuato, Jalisco, Quintana Roo, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Colima, Nayarit y otras entidades, Tamaulipas es quizá el estado más complicado en seguridad. La desaparición de estos 19 pasajeros –que intentó ser ocultada por el Gobierno estatal del panista Francisco García Cabeza de Vaca, que contuvo la información desde el jueves– se inscribe en la violencia que afecta varias ciudades tamaulipecas y que se ha recrudecido a partir de la captura, el 3 de marzo, de José Alfredo Cárdenas, “El Contador”, líder del cártel del Golfo, detenido por la Fiscalía General de la República en San Luis Potosí.

La última semana ha habido en Tamaulipas dos enfrentamientos en la carretera con militares de Sedena, emboscados por sicarios y apareció una narcomanta amenazando y advirtiéndole “al presidente López Obrador, a su secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, al gobernador Cabeza de Vaca y a la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortíz” que seguirán emboscando a las fuerzas federales “que no son competentes” y que allá mandan ellos como “nuevos jefes” de Camargo y Reynosa.

Tras la captura de Alfredo Cárdenas, sobrino de Osiel Cárdenas, que estaba al frente del cártel del Golfo, tres grupos buscan meterse a las codiciadas ciudades de Tamaulipas: el Cártel del Noreste, en Nuevo Laredo, el Jalisco Nueva Generación, y hasta la Familia Michoacana, que se supone que ya no existía.

Y mientras, ¿dónde está el gobernador García Cabeza de Vaca? Dicen allá que la mayor parte del tiempo está en McAllen, Texas, porque “la inseguridad en Tamaulipas está de la fregada” y que solo hace dos o tres apariciones por semana en actos públicos. Pero este fin de semana, la noticia del secuestro de los 19 pasajeros de San Fernando le llegó al gobernador a su rancho en Soto la Marina, donde se encontraba descansando.

El autobús en que viajaban los desaparecidos es de Transpaís, que domina el noreste, propiedad del empresario Abelardo Osuna Cobos. Se vendía como la “línea más segura” porque después de la tragedia de San Fernando en 2011, se decía que Transpaís hizo un “acuerdo” con los grupos del narcotráfico para que no detuvieran sus camiones, es decir que sus dueños pagaban por protección y vendían seguridad a sus usuarios.

Veremos, pues, cómo impacta hoy el regreso del “fantasma de San Fernando” al discurso presidencial de los 100 días que hoy tiene, en la complicada seguridad del país.
09 Marzo 2019 04:00:00
Los 100 días disparejos de López Obrador
Los primeros 100 días de su Gobierno no son, seguro, como los imaginó el presidente de la cuarta transformación. Para estas fechas Andrés Manuel López Obrador se imaginaba tener ya en marcha y fluyendo sus principales programas sociales con apoyos económicos directos que ya estuvieran llegando a los sectores más necesitados. Se veía –porque así lo ofreció en su arranque– con un país que ya empezaba a caminar en la senda de la pacificación, con menos asesinatos y violencia, y con un gabinete contagiado e imbuido de la enorme energía e hiperactividad que él le ha imprimido a los primeros tres meses de su Administración.

Pero en la realidad, este lunes, cuando rinda su primer “miniinforme” de este corto periodo, el Jefe del Ejecutivo no tendrá muchas cifras ni datos concretos para presumir. Los números de inscripción y entrega de la mayoría de sus programas prioritarios aún son muy bajos, en parte por el burocratismo y lentitud de un nuevo Gobierno, y en parte porque los recursos no han fluido aún desde la Secretaría de Hacienda a las dependencias encargadas de dispersar esos apoyos como las secretarías del Bienestar, del Trabajo o el IMSS entre otras. Tampoco en seguridad hay mucho de que ufanarse, más allá de la aprobación, nada menor, de su reforma constitucional de la Guardia Nacional, avalada por unanimidad por el Congreso federal y los congresos estatales, la crisis de seguridad y los homicidios violentos en la República no ha disminuido en la nueva Administración.

En lo que sí podrá jactarse y mostrarse totalmente triunfante el presidente López Obrador es en la forma de hacer política. La aceptación y la revolución que ha provocado en el país, en la sociedad política y entre la gente su estilo de gobernar y de comunicar, son de sus grandes logros, junto con sus estrategias contra la corrupción y el robo de combustibles, que han resultado altamente efectivas –más en la percepción que en los números concretos– y representan dos líneas contundentes que explican dos cosas que se han consolidado y crecido en estos 100 días: por un lado sus niveles de aceptación y popularidad (85% según las últimas encuestas) y por el otro la enorme expectativa, emoción y motivación social para apoyar la transformación que propone su movimiento político.

Un ritmo impetuoso pero disparejo. El ritmo incansable que ha mostrado en estos primeros meses de su presidencia será otro de los activos con los que llega el Presidente a este primer trimestre de Gobierno. Difícilmente hay otro presidente de la historia reciente que haya iniciado su sexenio con el mismo ritmo de trabajo y de presencia política y mediática que tiene López Obrador. Sus constantes giras por los estados de la República y la cercanía que mantiene con la población, son parte de la estrategia con la que la imagen presidencia sigue ganando terreno y aprobación popular.

Lamentablemente para el Presidente su Gabinete no se está moviendo al mismo ritmo que él; si bien la estrategia está diseñada para que sea su imagen, su discurso y su presencia sobresalga por encima de todos sus colaboradores, la realidad es que la mayor parte de los secretarios aparece muy por detrás de la figura de su jefe y muy por debajo del nivel de efectividad que muestra el Presidente. Casi ninguno de ellos tiene una imagen propia, muy pocos de ellos pueden funcionar en caso necesario como contrapeso y ninguno es capaz de comunicar con el mismo carisma y contundencia con la que lo hace el titular del Ejecutivo.

Disparidad entre lo político y la economía. El otro flanco débil con el que arriba Andrés Manuel López Obrador a estos 100 días es la falta de contundencia y eficiencia de su política económica. Si bien la emoción social que provoca su presidencia se refleja en algunos indicadores positivos como un alto Índice de Confianza del Consumidor, un tipo de cambio estable, una relación cercana y casi de “luna de miel” con los empresarios más grandes del país y un crecimiento histórico del salario mínimo, las proyecciones y pronósticos, cada vez más recortados sobre el crecimiento de la economía, representan una losa para la meta del crecimiento del 4% que pregona el Presidente y un panorama preocupante para la estabilidad económica del país.

La contundencia y la efectividad de su política interna son totalmente disparejas con la falta de claridad y certidumbre que transmite su política económica y de inversiones para el país. La confrontación con las calificadoras internacionales, a partir de las notas negativas a Pemex y la CFE, es un tema que preocupa por las consecuencias que puede tener para la calificación crediticia no sólo de esas empresas sino de todo el país.

Tal vez tenga razón el Presidente en sus reclamos y reproches a las calificadoras como Standar and Poor´s y Moody´s por castigar tan duramente a su Gobierno y no tomar en cuenta los esfuerzos por el combate a la corrupción en Pemex y CFE, pero difícilmente el Gobierno de México podrá cambiar toda una mecánica y el papel que juegan esas agencias en el mercado mundial de inversiones y, más que confrontarse políticamente con ellas, López Obrador debería poner a trabajar a sus operadores financieros para hacer la labor necesaria de información, cabildeo, presentación de planes y estrategias y hasta de relaciones públicas con esas firmas que también son parte de la política internacional que puede, manipulando la confianza de los inversionistas, levantar o hundir a la economía de todo un país.

Mensaje de expectativas y discurso político. Por todo ello, en el balance de los avances y los primeros logros, pero también de los atorones y la lentitud en el arranque de este Gobierno, el Presidente recurrirá este lunes, en su mensaje a los mexicanos, a algo que le ayudará a minimizar el disparejo andar de su Gobierno, con su mayor y más efectiva herramienta como gobernante: el discurso político y motivacional que volverá a venderle a los mexicanos la enorme expectativa de un cambio y una transformación históricas que están apenas comenzando, que enfrentan “resistencias de los conservadores” y que aún tienen que revertir las perversas herencias de 30 años del “fallido y corrompido modelo neoliberal” del que son la mayoría de las culpas de lo que aún no empieza a revertirse en la cuarta transformación.

Todo va bien, vamos muy bien, “bateando arriba de 300”, muy seguramente nos dirá el Presidente, y lo que no va bien no es atribuible a fallas, errores o disparidades en su Gobierno, sino a la perversión y la corrupción de sus antecesores. Y así empezará su ruta hacia los siguientes 100 días y su paso triunfal a la primera aduana electoral del 2 de junio donde, todo indica, será la primera ratificación política de su Gobierno.

07 Marzo 2019 03:55:00
Aprobarían a ministra Morena-PRD-MC
La ruptura del bloque opositor en el Senado permitiría que este jueves se vote y se apruebe, por mayoría constitucional, la designación de una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de la terna que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los votos del PRD y Movimiento Ciudadano se sumarían a los de la bancada oficialista de Morena-PT-PES y PVEM para aprobar con mayoría calificada, a la nueva integrante de la Corte, quien –todo indicaba anoche– será la magistrada Yasmín

Esquivel Mossa.

La decisión de los perredistas y de MC, de romper el bloque de oposición que forman con las bancadas del PAN y PRI, haría que la terna no fuera rechazada y devuelta al presidente López Obrador, tal y como pensaban los opositores en un principio y como solicitaba anoche un grupo de más de 224 organizaciones de la sociedad civil que pedían desechar los nombres de Yasmín Esquivel, Celia Maya y Loretta Ortiz, por “sus vínculos directos con el Presidente y por su homofobia, desconocimiento del marco de derechos humanos y nula independencia judicial”.

A diferencia de lo que ocurrió con el dictamen de la Guardia Nacional, donde las bancadas de oposición se mantuvieron unidas hasta el final y lograron que Morena y el Gobierno federal aceptaran cambios importantes y de fondo a la iniciativa original del Presidente, esta vez “el PRD y MC se rajaron”, según afirmó anoche un senador de la bancada del PRI, quien dijo que con los 13 votos conjuntos de los senadores perredistas y ciudadanos, Morena y sus aliados alcanzan los más de 85 votos que requieren para aprobar el nombramiento por mayoría constitucional de la Suprema Corte. Los priistas se reúnen hoy por la mañana para decidir si rechazan la terna y votan en contra o si, ante la mayoría morenista con PRD y MC, deciden sumarse a la votación a favor.

Todo indica que de la terna propuesta por el Presidente la designación recaerá hoy en Yasmín Esquivel Mossa, la actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia Administrativa de la CDMX y quien, a pesar de su larga trayectoria judicial, ha sido cuestionada por opositores, analistas, académicos y organismos civiles por su matrimonio con el ingeniero José María Riobóo, actual asesor del presidente López Obrador y uno de los principales promotores de la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

A las críticas por su relación personal y por el presunto conflicto de interés que supone, Esquivel ha respondido que ella tiene una carrera profesional y judicial propia de 30 años, mientras que lleva apenas 8 años de matrimonio con Riobóo.

“No hay ningún conflicto de interés, mis decisiones como juzgadora las tomo yo, sin el consentimiento de nadie y no tengo relación política ni cercana con el presidente López Obrador”, ha dicho la futura ministra.

De confirmarse su designación, Yasmín Esquivel se convertiría en la segunda ministra, junto con Norma Lucía Piña, y sustituiría a Margarita Luna Ramos, que terminó su ministerio en febrero. Sería la segunda integrante de la Corte designada a propuesta del presidente López Obrador –el primero fue el ministro Juan Luis González Alcántara en enero pasado– y, a juzgar por sus posicionamientos y trayectoria, se ubicaría en el ala liberal de la Sala Superior, con posiciones a favor de derechos humanos, de las mujeres y reconocimiento a minorías, aun cuando en su comparecencia ante el Senado dijo tener “posiciones personales” a favor del derecho a la vida, pero se comprometió a actuar “siempre con apego a lo que marca la ley y las jurisprudencias de la Corte” en ese y en otros temas como los matrimonios del mismo sexo y su derecho a la adopción.

Así que, si otra cosa no sucede, hoy habrá humo blanco en el Senado, y una nueva ministra en la Suprema Corte... Los dados mandan Serpiente doble. Caída libre.
05 Marzo 2019 03:54:00
‘El Mayo’ Zambada, ¿transexenal y pluripartidista?
Como ha ocurrido desde las últimas semanas, ayer aparecieron narcomantas en varios estados del país, en las que presuntamente el líder del cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, llama a los otros cárteles “a dialogar” y les advierte “o se alinean o los alineo” porque, según se afirma en esas mantas, “con el apoyo del Gobierno federal, comienza la limpia a la vieja escuela”. Esos mensajes, firmados por “El Mayo” se reportaron ayer en varios puntos de las ciudades de Zamora, Michoacán, y en la fronteriza Matamoros, Tamaulipas, en donde llamaron especialmente la atención por la reciente detención, el viernes pasado, del líder del cártel del Golfo, José Alfredo Cárdenas Martínez, “El Contador”.

Mantas con mensajes similares, apoyando “la pacificación del Gobierno federal” y advirtiendo que van “a limpiar las plazas”, aparecieron también en febrero en ciudades de Jalisco, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, todas ellas después del 16 de febrero, fecha en que el presidente Andrés Manuel López Obrador visitara los municipios de Badiraguato, Sinaloa, tierra de “El Mayo” Zambada y Tamazula, Durango, ambos ubicados en el Triángulo Dorado del narcotráfico, y ahí reiterara que “no vamos a serenar al país con la fuerza, porque el fuego no se apaga con el fuego” y ofreciera una “paz y tranquilidad” fruto de la justicia.

Aunque hasta ahora ninguna autoridad ni instancia federal se ha pronunciado por el contenido de esas narcomantas, el que aparezca el nombre de “El Mayo” Zambada, quien fuera compadre y socio de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y apareciera mencionado por testigos en el reciente juicio de Nueva York como presunto autor de presuntos sobornos a los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, negados por ambos exmandatarios, remite al capo más importante y buscado en México, tanto por la DEA como el Gobierno mexicano, que junto con Nemesio Oseguera “El Mencho”, del Cártel Jalisco Nueva Generación, representan las dos cabezas principales del narcotráfico.

Pero a diferencia del “Mencho”, cuya fuerza, poder criminal y leyenda son de nuevo cuño y datan apenas del sexenio pasado cuando se fortaleció su liderazgo delincuencial y su organización, el de “El Mayo” Zambada es un poder que trasciende ya varios sexenios, partidos y transiciones políticas en México. Se diría, por la nueva aparición de su nombre y por lo que dicen los mensajes difundidos en varias ciudades de la República, que el actual líder visible del cártel de Sinaloa, que nació y creció como capo de la droga con los antiguos regímenes del PRI, que se fortaleció con los dos gobiernos del PAN y volvió a la cúspide con el regreso priista a Los Pinos en 2012, hoy se apresta a sumarse a la Cuarta Transformación. Montado en el discurso de pacificación y de fin a la guerra contra el narcotráfico que proclamó el presidente López Obrador, Ismael Zambada García parece que pretende ahora ser de nuevo un capo sexenal en el régimen de Morena.

Queda claro que no se puede validar o dar por auténticos los mensajes que se difunden en las llamadas “narcomantas”, utilizadas a veces como forma de contrapropaganda entre grupos del rivales del narco; pero ante la reiterada afirmación de que los capos firmantes actúan “con el apoyo del Gobierno federal”, bien valdría la pena que el Gobierno se pronunciara y se deslindara de cualquier grupo que esté utilizando falsamente su nombre. De lo contrario se generará la percepción de que capos como “El Mayo”, no sólo son transexenales y pluripartidistas, sino que sí serán parte o ayudarán en la estrategia de seguridad federal que, de la mano del secretario Alfonso Durazo, ha prometido “pacificar” al país.

Los dados mandan Escalera doble. Bueno el tiro.
02 Marzo 2019 03:49:00
Bajarán las comisiones de los bancos
Luego de la tormenta financiera que desató la primera mención de la iniciativa de Morena en el Senado para reducir las comisiones bancarias y de que hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que intervenir para calmar el nerviosismo financiero que provocó una fuerte caída de la Bolsa Mexicana de Valores y de las acciones de varios bancos, finalmente se logró un acuerdo entre los senadores que comanda Ricardo Monreal, la Asociación de Bancos de México y las autoridades de la Secretaría de Hacienda, Banco de México y Condusef para recortar y reducir la mayoría de las comisiones bancarias que se cobran en el país.

Los montos de las comisiones bajarán en porcentajes que se definirán según cada producto o servicio de los que ofrece la banca mexicana y en algunos casos, incluso, se eliminarán definitivamente los cobros de comisiones para algunos servicios.

De concretarse la reducción de comisiones, el presidente López Obrador logrará algo que no pudieron o no quisieron hacer ninguno de sus antecesores, que dejaron que los bancos, especialmente los extranjeros, se aprovecharan de los mexicanos al hacerles cobros que ni siquiera existían en sus lugares de origen.

El segundo beneficiado político será el senador Ricardo Monreal, que se anota otro logro político por la vía de la negociación y el acuerdo, tal como hizo recientemente con la iniciativa de reforma constitucional para crear la Guardia Nacional. A ese paso, Monreal va a desatar todavía más envidias y golpeteos de los que ya existen al interior de Morena, donde se habla ya internamente de una disputa muy temprana y anticipada pero disputa al fin, por ver quién de los morenistas se perfila a la sucesión presidencial del 2024.

¿Vuelve la “Pax Narca”?. La visita de Andrés Manuel López Obrador a Badiraguato y Tamazula, en el corazón del llamado “Triángulo Dorado”, despertó hace dos semanas toda clase de lecturas e intepretaciones. Además de reconocer el acierto político y la apoteósica recepción que tuvo el presidente en esos municipios de Sinaloa y Durango, también se habló de un segundo mensaje que pareció mandar el Presidente al acudir a comunidades que son la cuna de los principales líderes históricos del cártel de Sinaloa: un mensaje de paz y de no más estrategias de combate frontal ni violencia a las cabezas de las organizaciones del narcotráfico en México.

Y al parecer eso fue lo que entendieron los líderes de algunas de esas organizaciones de narcotráfico. Porque la semana pasada en localidades como Los Mochis y en algunas ciudades del estado de Sonora, aparecieron mantas con el siguiente mensaje: “Apoyamos la política de pacificación del Gobierno federal, para regresar a la paz anterior. Se va a limpiar a todos los delincuentes y malandros que se dedican a extorsionar, secuestrar y cobrar piso”. Firmaba el cártel de Sinaloa.

Ya antes, el 13 de febrero en Jalisco, también llamaron la atención varias narcomantas que aparecieron en distintos municipios colgadas en pipas o camiones transportadores que decían: “Se termina el Huachicol. Apoyamos las medidas del Gobierno federal. Nosotros, el CJNG nos deslindamos del Huachicoleo”. Firmaba el cártel Jalisco Nueva Generación.

Con tanto “apoyo” de los principales cárteles y organizaciones del narcotráfico al Gobierno de López Obrador, sumado a la declaración que el pasado 30 de enero hiciera el Presidente en su conferencia mañanera de que se acabó la Guerra contra el Narco -“Oficialmente ya no hay guerra contra el narco. Nosotros queremos la paz”- se impone la pregunta de si la estrategia que va a seguir este Gobierno para pacificar al país y combatir al crimen organizado es la restauración de la llamada “Pax Narca” que prevaleció en los regímenes priistas del pasado, en donde la lógica era: “el Gobierno no se mete con los cárteles y los deja trabajar (en el trasiego de drogas sobre todo a EU) mientras estos no generen violencia en las comunidades ni se metan con la población” ¿Hacia allá vamos?


Notas indiscretas… Algo no cuadra en Chihuahua. Mientras Javier Corral dice perseguir y castigar la corrupción de su antecesor, César Duarte, su Gobierno acaba de adjudicar a la empresa Alimentos con Idea, S.A. de C.V un contrato para prestar alimentos en los penales del estado. Pero resulta que los dueños de esa empresa son empresarios cercanos al ex gobernador, además de haber sido inhabilitados en 2016 por el DIF Nacional “por entregar documentación apócrifa y documentación falsa para ganar un contrato en prestación de alimentos”. Para obtener el contrato del gobierno de Corral solo utilizaron una nueva razón social del corporativo del que depende la empresa IFOOD México, S.A. de C.V., misma que fue inhabilitada por el DIF, además de que Alimentos con Idea S. A. de C. V., no cuenta con experiencia y tiene antecedente de inhabilitación de otra empresa de su corporativo. Eso sí ese grupo empresarial, que antes era amigo de César Duarte, ahora presume su amistad con Javier Corral. ¿Y la congruencia apá?...Se lanzan los dados. Escalera doble. Buena semana.
28 Febrero 2019 03:58:00
AMLO y los empresarios,  ¿reconciliación forzada?
Después de que la cancelación del aeropuerto de Texcoco provocara un serio distanciamiento entre el Gobierno federal y los empresarios nacionales, que se sintieron ignorados en una decisión que impactó la confianza y

certidumbre en las inversiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició una especie de “operación cicatriz” en busca de reconciliación y un nuevo acercamiento con las cúpulas empresariales. La baja en los

pronósticos del crecimiento económico para este año (ayer el Banxico redujo la expectativa a entre 1.1 y 2.1 del PIB) y las amenazas latentes de las calificadoras internacionales a la calificación crediticia y la estabilidad de las

finanzas nacionales por la crisis profunda de Pemex, llevaron al Presidente a “limar asperezas” con los hombres del dinero e involucrarlos en la activación de la economía.

La estrategia de reacercamiento con el empresariado tuvo su primera acción el lunes de la semana pasada con la creación del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y Crecimiento Económico. Con ese Consejo,

López Obrador no solo buscó rehabilitar a Alfonso Romo como su interlocutor con los empresarios, luego de que la cancelación de Texcoco debilitara al jefe de la oficina presidencial; también, el lanzamiento de esa instancia

fue el pretexto para reaparecer con Carlos Slim, luego de la distancia que se había abierto entre el hombre más rico del país y el inquilino del Palacio Nacional. El presidente aprovechó ese evento para pedirles a los

empresarios que inviertan en la economía nacional y ayuden con sus recursos a detonar una meta de crecimiento que, de entrada, hoy parece irreal: el 4% del PIB.

Ese mismo día, el Mandatario se reunió con el Consejo Mexicano de Negocios, que agrupa a las empresas más grandes del país y con los que ha tenido serias diferencias. A ellos también los involucró en la realización de

inversiones que ayuden a alcanzar su ambiciosa meta de crecimiento, pero en contraparte, López Obrador recibió reclamos y exigencias de los capitanes de empresa. “Será indispensable que no se tolere la extorsión a

trabajadores y empresas por parte de algunos líderes, porque solo así podremos continuar abonando a la generación de más empleos y no a su destrucción, como sucedió recientemente en Matamoros, Tamaulipas”, dijo el

empresario Alejandro Ramírez, de Cinépolis, y quien dejó la presidencia del CMN.

Y finalmente ayer, el Presidente acudió a la renovación de la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial, en donde nuevamente volvió a requerir del apoyo de los empresarios para sacar adelante el crecimiento de la

economía, y en respuesta recibió un ofrecimiento abierto de apoyo de nuevo presidente del CCE, Carlos Salazar: “En la difícil tarea de transformar al país, usted y sus colaboradores no están solos, estamos los empresarios

como mexicanos... no buscamos ningún privilegio, queremos acompañarlo y estamos preparados y capacitados para ayudar. Hagamos historia, nosotros le ayudamos”, dijo el dirigente empresarial. Y la respuesta de AMLO no

se hizo esperar: “Le tomo la palabra en sus dos propuestas… hagamos el compromiso que haya inversión, de acuerdo, trato hecho. Hacer el compromiso para terminar con la pobreza en el sexenio, trato hecho”.

Hasta se ve en estos encuentros, al menos en el discurso, hay un nuevo interés tanto del Presidente como de los empresarios, de reconstruir una relación que se dañó cuando prácticamente no empezaba el sexenio. La

pregunta es si López Obrador moderará su discurso para dejar de estar atacando, un día sí y otro también, inversiones privadas a las que asocia y acusa de corrupción; y la otra pregunta es si los empresarios van a confiar en

un presidente que ya les mostró su mano dura y que ahora los necesita para que no se le caiga la economía del país. ¿Será una reconciliación de a deveras y que dé frutos, o serán solo discursos y apapachos para la foto?

Los dados mandan Escalera doble.

23 Febrero 2019 04:00:00
Pemex en picada; el dolor de cabeza de la 4T
De ser por décadas sostén y principal fuente de divisas e ingresos fiscales de los gobiernos y la Hacienda pública, Petróleos Mexicanos se volvió también, en medio de la peor crisis productiva y financiera de su historia, el estandarte ideológico de un cambio de timón en la política energética que se propone dar el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero el proyecto para devolverle a la minimizada empresa productiva del estado que heredó de su antecesor, su carácter de empresa estatal preponderante y dominante en el mercado petrolero, se topa con serias dificultades financieras y operativas que amenazan con dinamitar cualquier intento de rescate junto con la estabilidad de las finanzas y la economía nacionales.

Y aunque el Gobierno federal hace su mayor esfuerzo por rescatar a Pemex de la quiebra con 5 mil millones de dólares y anuncia planes de inversión, ahorro, combate a la corrupción, robo de combustibles y hasta reducción de cargas fiscales, todo eso no es bien recibido por las agencias calificadoras y financieras externas que tienen a la empresa mexicana en la cuenta final y con los focos rojos, mientras la producción de la petrolera nacional sigue en caída libre y con las peores cifras de producción de los últimos 30 años. Ayer se anunció que en enero de este 2019, se produjeron solo 623 mil barriles de petróleo, 15% menos que ese mismo mes del año pasado, y los peores números de producción de crudo que se hayan reportado desde 1990, según los reportes mensuales de la Secretaría de Energía.

Pemex, amenaza para la economía: Banxico. Para colmo, su director Octavio Espinosa, anunció la cancelación de nuevos farmouts o convenios de asociación con empresas nacionales o extranjeras para explorar y explotar nuevos yacimientos petroleros en aguas profundas, y ahora las señales de alerta ya no llegan sólo desde las calificadoras extranjeras -a las que descalifica el Presidente- sino también del Banco de México, que en la minuta de su última reunión del jueves pasado, donde analizó la situación actual, calificó a la petrolera y su futuro, como una de las “amenazas” a la estabilidad económica del país.

“El deterioro de su calidad crediticia podría impactar el costo financiero del Gobierno y, en general, a las condiciones de acceso a financiamiento externo de México”, dijeron miembros de la Junta de Gobierno del Banco central, en un diagnóstico interno que coincide con alertas externas de agencias que advierten que si no se resuelve la deuda de Pemex y su viabilidad financiera, ésta arrastría al país.

Así nos acercamos al próximo aniversario de la Expropiación Petrolera, el 18 de marzo, una fecha que este año recuperará toda la importancia y recordación que perdió en los últimos gobiernos. La gesta del general Lázaro Cárdenas que nacionalizó la industria petrolera será ahora recuperada y exaltada por López Obrador en momentos en los que sigue el desmantelamiento de la Reforma Energética de su antecesor que pretendió revertir ese proceso histórico. La pregunta es qué anuncios o medidas preparan para esa fecha fundacional y fundamental para Pemex ¿nuevos contratos y el inicio de nuevas fuentes de explotación y producción de petróleo? Cualquier cosa, tendrá que ser suficiente para que la petrolera nacional, esa que se propone rescatar y revitalizar el Presidente, finalmente toque fondo y comience su recuperación, antes de que arrastre en su caída a la economía del país.

Las horas de tensión y
el mando de la Guardia Nacional

Ricardo Monreal, coordinador de Morena y artífice de la negociación que culminó con una votación inédita de 127 votos de los senadores presentes a una reforma constitucional, era ayer el más preocupado por saber cuál sería la reacción del jefe del Ejecutivo ante el novedoso y democrático ejercicio de “parlamento abierto” en el que además de las peticiones y posiciones de la oposición se escucharon e incluyeron las recomendaciones y sugerencias de cambios a la Guardia Nacional hechas por organizaciones de la sociedad civil que reclamaban eliminar cualquier resquicio de militarización en la nueva institución de seguridad.

Desde las 3 de la tarde cuando se votó y aprobó el dictamen en un ejercicio político limpio e impecable, en el que no hubo ni partida de moches ni acuerdos oscuros o prácticas de cooptación y compra de votos usuales en el Congreso mexicano –la reforma energética de Peña Nieto se afirma costó 60 mil millones de pesos en moches y contratos de obra para diputados y senadores, y hasta menciona a un coordinador priista que regaló departamentos a granel en Paseo de la Reforma– comenzaron las horas tensas para esperar la reacción del Presidente. De hecho, Monreal no quiso dar entrevistas hasta saber la opinión del inquilino del Palacio Nacional.

Fue hasta el viernes a las 7:15 de la mañana, cuando López Obrador abrió su conferencia que terminó la tensión: “Estamos satisfechos con la aprobación de la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional. Quiero hacer un reconocimiento a todos los senadores de todos los partidos, a los independientes, porque fue un apoyo unánime, algo pocas veces visto”, dijo el Presidente, que también mencionaría en sus reconocimientos a los gobernadores que “fueron fundamentales” en el apoyo a su propuesta, y sólo olvidaría o no quiso mencionar a la sociedad civil y a sus organizaciones que también participaron en el proceso de enriquecimiento de la Guardia.

A partir de ahí muchos respiraron, el propio Monreal reconoció después que “sí había el riesgo de que el Presidente no estuviera de acuerdo con el dictamen que se aprobó y lo dijera como ya lo había hecho antes en la aprobación de la Cámara de Diputados”. Eso sí, López Obrador dijo que él sería quien decidiera quién ocuparía el mando de la Guardia y si era un civil o un militar, porque esa era su facultad. Y ahí sí, senadores de oposición y el propio coordinador de Morena le reconocieron esa facultad al Presidente, sólo le precisaron que si decide nombrar a un militar como jefe de la Guardia Nacional, éste tiene que o pedir licencia o estar en retiro, pues en ningún caso podría nombrar a un militar en activo.

Así que, tras las palabras del Presidente, todo hace suponer que la aprobación en la Cámara de Diputados será mero trámite, sobre todo con la mayoría calificada que tiene Morena con los 9 tránsfugas del PRI, y que las amenazas del coordinador de Morena, Mario Delgado, de modificar nuevamente el dictamen constitucional se desvanecerán; a menos que don Mario quiera provocar la ira presidencial, como ya lo hizo en enero pasado, cuando eliminó el famoso Cuarto transitorio.

21 Febrero 2019 03:59:00
La Guardia va; el PRI-Mor hará mayoría
Anoche senadores del PRI y de Morena aterrizaban los términos de los cambios al dictamen de la Guardia Nacional que hoy será sometido a votación en el Pleno. En el estira y afloja de la negociación, ya entrada la medianoche estaba claro que, con un transitorio que fijará entre 5 y 4 años la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles y adiciones a la redacción para reforzar el carácter civil de la Guardia, no sólo en su mando cupular, sino también en su estructura operativa –con acotamientos civiles y controles a la participación de mandos militares en las Juntas que dictarán su funcionamiento– la suma de los votos del partido gobernante y sus aliados, más la de algunos priistas alcanzarán la mayoría calificada para aprobar la reforma constitucional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La estrategia de la bancada de Morena, comandada por Ricardo Monreal, de guardar hasta el último momento la aceptación de los cambios al dictamen para amarrar el voto de los priistas funcionó y será hasta hoy en el Pleno cuando se conozca qué tanto cedió el Gobierno y su partido para lograr la aprobación de la Guardia, luego de que los morenistas determinaran no negociar en comisiones y llevar la negociación hasta la parte final del Pleno, en la lógica de que “si les dábamos desde el principio algo a los del PRI nos iban a pedir más”.

El PRI, por su parte, aunque nunca dejó de negociar y su coordinador Miguel Ángel Osorio Chong obtuvo al final la mayor parte de las modificaciones que puso como condición, también la bancada priista se vio presionada para sacar la negociación a favor de la Guardia, luego de que varios gobernadores operaron con los senadores de su partido para garantizarle votos a favor a la iniciativa, de tal modo que a Osorio y a Claudia Ruiz Massieu no les quedara más que cerrar la negociación si no querían verse rebasados por el voto de varios senadores que acataron la “sugerencia” de los gobernadores de sus estados.

Al final, entre pequeñas conce-siones de Morena y mínimas condiciones del PRI, se impuso la política en la que todos ceden y ninguno se lleva todo. Hoy, cuando se someta el dictamen constitucional a segunda lectura, quedará todo listo para que la mayoría Morena-PRI haga realidad la creación de la Guardia Nacional por la que tanto presionó el presidente López Obrador.

Y así, Ricardo Monreal, que llevó sin duda una negociación política impecable con el PRI, se cuelga una parte de la meda-lla porque le cumplirá al Presidente lo que ofreció: sacarle su reforma sin las modificaciones que le hicieron en la Cámara de Diputados y que tanto molestaron a López Obrador; pero la otra parte de la medalla también le corresponde a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y a todo el Gabinete de Seguridad que también hicieron una operación decisiva con los gobernadores del PRI.

Luego de que se vote en el Senado, y si no hay cambios o rupturas de última hora, el dictamen regresará a San Lázaro donde Morena, especialmente su coordinador Mario Delgado, y el diputado Pablo Gómez tienen la instrucción precisa de “ya no ha-cerle ningún cambio”, por aquello de que vuelvan a hacer enojar al Presidente. Y es ya seguro que la votación en la Cámara de Diputados será a favor, con la nueva mayoría calificada que alcanzará la bancada morenista con la reciente adhesión de los nueve desertores del PRD, ocho declarados “independientes” y uno afiliado ya a Morena, para que entonces sí, sólo quede el trámite de los 16 congresos estatales que deberán validar la reforma constitucional.

Y ya en un par de meses vendrá el segundo round de las leyes reglamentarias, para las que mañana mismo, en el Senado, podrían quedar aprobados los lineamientos generales de su contenido. Y entonces sí, ya con la Guardia en funciones, a más tardar en seis meses comenzará la cuenta regresiva para la pacificación que prometió, “en tres años”, el presidente López Obrador y su secretario Alfonso Durazo.
19 Febrero 2019 03:55:00
Morena y Gobierno aprietan por Guardia; 9 votos la clave
Con una operación política de doble pinza, de un lado negociaciones privadas en Gobernación entre el Gabinete de Seguridad y los gobernadores del PRI, y del otro Ricardo Monreal en el Senado, tratando de convencer a los priistas que cedan en sus condiciones, ayer el Gobierno federal y la bancada de Morena intensificaron la presión para votar y aprobar en próximos días la Guardia Nacional. El problema es que, sin los votos del PAN, que endureció su negativa, y sin “convencer” a algunos priistas, Morena y sus aliados no alcanzan los votos para la mayoría calificada y necesitan al menos nueve votos de senadores de oposición para lograrla.

¿De dónde saldrían esos nueve votos? La apuesta de López Obrador es otra vez a la alianza PRI-Morena, ante la cerrazón de los panistas. Y ayer, aunque la bancada priista encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu salió a reiterar que no aprobarán el dictamen tal como lo mandó el Presidente, los gobernadores de su partido se vieron dialogantes y colaborativos en la reunión que tuvieron en Gobernación, con la secretaria Olga Sánchez Cordero y los titulares de Sedena, Luis Cresencio Sandoval; de Marina, Rafael Ojeda; de Seguridad, Alfonso Durazo y el consejero Jurídico, Julio Scherer.

11 de 12 gobernadores priistas -faltó Claudia Pavlovich, de gira por España- le dieron su apoyo “total e incondicional” a la iniciativa del presidente López Obrador para la Guardia Nacional. Dijeron ser los principales afectados por la inseguridad en sus estados y los que más necesitan es el apoyo de un cuerpo nacional y se comprometieron con el gabinete de seguridad -con quienes se tomaron foto del recuerdo sonrientes y contentos- a “hablar con los senadores de nuestros estados para que apoyen la iniciativa”. Ayer mismo, en la bancada priista del Senado reconocían que “sí hay presiones” de los mandatarios a senadores para que voten a favor de la Guardia.

Por la tarde, en la reunión de las Comisiones Unidas de Seguridad y de Puntos Constitucionales, el bloque de senadores de PAN-PRI, PRD, MC y el independiente Álvarez Icaza se levantaron y abandonaron la reunión ante la insistencia de Morena de votar un dictamen que endurece la iniciativa original del Presidente y es distinto al aprobado en Cámara de Diputados, pues recupera el famoso 4to. transitorio cuya eliminación molestó a López Obrador. El rompimiento se dio cuando Eduardo Ramírez, presidente de la Comisión de Puntos -de la burbuja de Monreal- dijo que el dictamen presentado no era el definitivo, que cambiaría y que podían seguir negociando en comisiones, pero tenía que votarse ayer mismo para cumplir el trámite. Sin la oposición y solo con los votos de Morena, ese dictamen fue aprobado.

Anoche se comentaba que Morena quiere meter a primera lectura el dictamen de la Guardia entre martes y jueves. Si eso ocurre, habría tres escenarios: que se vote y si no alcanzan mayoría, culpen a la oposición de obstaculizar la Guardia; que reabran la negociación y acepten cambios y consigan los votos opositores; y tercero que ya tengan algún “acuerdo político” inconfesable para obtener los nueve votos de priistas y de otro partido, que pudieran ser incluso panistas.

Al final, la clave está en los números. Morena y aliados tienen 76 votos, mientras el bloque PAN, PRI, MC, PRD e independiente reúnen 52. Pero en proyecciones hechas en las bancadas, se menciona que si asistieran los 128 senadores a la sesión donde se vote, la mayoría calificada serían 85 votos y Morena sólo necesitaría 9; pero si baja la asistencia también son menos votos para la mayoría; por ejemplo, con 124 presentes se requieren 83 votos, y con 7 el Gobierno la saca, o con 112, 78 votos alcanzan y Morena sólo necesitaría 2. Y así, entre menos senadores, más fácil sería para la bancada morenista y para el Gobierno aprobar la Guardia Nacional.
19 Febrero 2019 03:55:00
Morena y Gobierno aprietan por Guardia; 9 votos la clave
Con una operación política de doble pinza, de un lado negociaciones privadas en Gobernación entre el Gabinete de Seguridad y los gobernadores del PRI, y del otro Ricardo Monreal en el Senado, tratando de convencer a los priistas que cedan en sus condiciones, ayer el Gobierno federal y la bancada de Morena intensificaron la presión para votar y aprobar en próximos días la Guardia Nacional. El problema es que, sin los votos del PAN, que endureció su negativa, y sin “convencer” a algunos priistas, Morena y sus aliados no alcanzan los votos para la mayoría calificada y necesitan al menos nueve votos de senadores de oposición para lograrla.

¿De dónde saldrían esos nueve votos? La apuesta de López Obrador es otra vez a la alianza PRI-Morena, ante la cerrazón de los panistas. Y ayer, aunque la bancada priista encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu salió a reiterar que no aprobarán el dictamen tal como lo mandó el Presidente, los gobernadores de su partido se vieron dialogantes y colaborativos en la reunión que tuvieron en Gobernación, con la secretaria Olga Sánchez Cordero y los titulares de Sedena, Luis Cresencio Sandoval; de Marina, Rafael Ojeda; de Seguridad, Alfonso Durazo y el consejero Jurídico, Julio Scherer.

11 de 12 gobernadores priistas -faltó Claudia Pavlovich, de gira por España- le dieron su apoyo “total e incondicional” a la iniciativa del presidente López Obrador para la Guardia Nacional. Dijeron ser los principales afectados por la inseguridad en sus estados y los que más necesitan es el apoyo de un cuerpo nacional y se comprometieron con el gabinete de seguridad -con quienes se tomaron foto del recuerdo sonrientes y contentos- a “hablar con los senadores de nuestros estados para que apoyen la iniciativa”. Ayer mismo, en la bancada priista del Senado reconocían que “sí hay presiones” de los mandatarios a senadores para que voten a favor de la Guardia.

Por la tarde, en la reunión de las Comisiones Unidas de Seguridad y de Puntos Constitucionales, el bloque de senadores de PAN-PRI, PRD, MC y el independiente Álvarez Icaza se levantaron y abandonaron la reunión ante la insistencia de Morena de votar un dictamen que endurece la iniciativa original del Presidente y es distinto al aprobado en Cámara de Diputados, pues recupera el famoso 4to. transitorio cuya eliminación molestó a López Obrador. El rompimiento se dio cuando Eduardo Ramírez, presidente de la Comisión de Puntos -de la burbuja de Monreal- dijo que el dictamen presentado no era el definitivo, que cambiaría y que podían seguir negociando en comisiones, pero tenía que votarse ayer mismo para cumplir el trámite. Sin la oposición y solo con los votos de Morena, ese dictamen fue aprobado.

Anoche se comentaba que Morena quiere meter a primera lectura el dictamen de la Guardia entre martes y jueves. Si eso ocurre, habría tres escenarios: que se vote y si no alcanzan mayoría, culpen a la oposición de obstaculizar la Guardia; que reabran la negociación y acepten cambios y consigan los votos opositores; y tercero que ya tengan algún “acuerdo político” inconfesable para obtener los nueve votos de priistas y de otro partido, que pudieran ser incluso panistas.

Al final, la clave está en los números. Morena y aliados tienen 76 votos, mientras el bloque PAN, PRI, MC, PRD e independiente reúnen 52. Pero en proyecciones hechas en las bancadas, se menciona que si asistieran los 128 senadores a la sesión donde se vote, la mayoría calificada serían 85 votos y Morena sólo necesitaría 9; pero si baja la asistencia también son menos votos para la mayoría; por ejemplo, con 124 presentes se requieren 83 votos, y con 7 el Gobierno la saca, o con 112, 78 votos alcanzan y Morena sólo necesitaría 2. Y así, entre menos senadores, más fácil sería para la bancada morenista y para el Gobierno aprobar la Guardia Nacional.
18 Febrero 2019 04:00:00
Le dieron plantón al Gabinete de Seguridad
El viernes 15 de febrero por la noche, 11 de 12 gobernadores del PAN dejaron plantados y esperando al Gabinete de Seguridad en pleno del presidente López Obrador al no presentarse a una reunión en la Secretaría de Gobernación para dialogar sobre la Guardia Nacional. Al Palacio de Covián, a donde habían confirmado su presencia la docena de mandatarios panistas, sólo llegó el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García. En el salón se quedaron esperando la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; el secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, y el consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer García. Todos molestos e indignados con el “desplante” de los panistas que ni siquiera llamaron para cancelar.

“Hasta donde tengo memoria mi padre me enseñó que a los generales no sólo se les tenía respeto sino agradecimiento por lo que hacen por la población. Los panistas no me dejaron plantada sólo a mí, lo peor es a los generales y almirantes que son los que cuidan a su población, por cierto de los estados más violentos como Tamaulipas, Guanajuato Quintana Roo, etc.”, comentó a esta columna la secretaria Sánchez Cordero, quien confirmó la inasistencia de 11 gobernadores blanquiazules a la reunión oficial y el enojo que el plantón provocó en el Gabinete de Seguridad federal.

“¿Qué harán entonces si se retiran? (los militares de los estados que gobierna el PAN) Aunque no lo van a hacer, no por su desplante sino porque es la población la que sufre del crimen, por la incapacidad de su policía”, dijo en su molestia con los gobernadores la titular de Gobernación.

El sábado en este mismo espacio publicamos que la inasistencia de los gobernadores del PAN al encuentro confirmado en Gobernación se debió a una operación del dirigente de su partido, Marko Cortés, quien les habría pedido a los mandatarios no acudir a la reunión ni negociar nada por su cuenta sobre la Guardia Nacional, fuera de la posición del CEN y de la fracción panista en el Senado en contra del carácter militar de ese cuerpo policiaco. Sin embargo, la primera versión que tuvimos era que el diálogo era sólo con la secretaria Olga Sánchez Cordero y sus subsecretarios, pero la funcionaria nos confirmó que se trataba de un encuentro con todos los integrantes del Gabinete de Seguridad federal, que se quedaron esperando a los panistas.

El tamaño del plantón a todo el Gabinete de Seguridad en un encuentro formal y previamente confirmado, da una idea de lo confrontadas que están las cosas entre los panistas y el Gobierno de López Obrador, empezando por el tema de la Guardia Nacional, donde la oposición blanquiazul en el Senado parece irreductible, como por el desmantelamiento del programa de estancias infantiles que ha anunciado el Presidente, porque Acción Nacional sabe que esa acción y los señalamientos no documentados hasta ahora de corrupción son directos a un programa que comenzó con el gobierno panista de Felipe Calderón. ¿Se agudizará la guerra entre la 4T y sus mayores opositores? ¿Y habrá consecuencias para los gobernadores panistas por su desplante?

Notas indiscretas… Ante la noticia confirmada de que Roberto Campa Cifrián, exsecretario del Trabajo en el gobierno de Peña Nieto, fue designado el viernes como director de Asuntos Corporativos del Grupo Femsa, el mayor productor refresquero del país, el propio Campa se adelanta a cualquier señalamiento de “conflicto de interés” en su reciente contratación en el sector privado, antes de que su nombre vaya a ser mencionado en la conferencia mañanera de Palacio Nacional. “Pues sólo que tenga yo información privilegiada sobre la fórmula de la Coca-Cola. Estoy ahí desde el viernes y no tengo conflicto de interés alguno. No tuve información privilegiada, ni (Femsa) es proveedor del Gobierno”, dijo el exsecretario del trabajo sobre su llegada a la empresa de José Antonio Fernández, “El Diablo…” Serpiente doble de los dados. Mal augurio para la semana.
16 Febrero 2019 03:33:00
AMLO: revés internacional, éxito político y escepticismo económico
Tres hechos ocurridos este viernes representan un buen termómetro para medir cómo va el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en sus distintos ámbitos de responsabilidad y actuación, a dos meses y medio de su arranque: con un éxito boyante y popularidad creciente en la política interna, donde el Presidente suma aprobación en las encuestas; con una débil y cuestionada política exterior escudada en el “respeto” y en una rígida interpretación constitucional, mientras debilita la imagen del país hacia afuera; y con un escepticismo y desconfianza creciente de su política económica que no convence a inversionistas nacionales ni extranjeros y amenaza con degradar la calificación financiera del país.

En política exterior, la “Declaratoria de Emergencia” de Donald Trump, con todo y sus polémicas razones y su agresivo discurso que habla de una “invasión de drogas y migrantes indocumentados” a los Estados Unidos, significa un nuevo revés y un golpe más a México y a los mexicanos, sin que el Gobierno mexicano respondiera ni fijará una posición. Si bien se trata de una acción fantasiosa y electorera, y una decisión de política interna estadunidense, que incluso es descalificada por el Congreso de Estados Unidos, el problema es que ubica a nuestro país y a los mexicanos como la “peor amenaza para los Estados Unidos”; el silencio del Presidente y de su cancillería es un nuevo yerro de una política exterior que, sumada a su errática posición en Venezuela, empieza a verse tibia y timorata, y lejos de fortalecerla, deteriora la imagen internacional de la nación.

Muy distinto a lo que ocurre la política interna, donde la imagen del Presidente –que no necesariamente del Gabinete– se fortalece y sigue ganando aprobación popular con decisiones como la de visitar ayer el municipio de Badiraguato, cuna del cártel de Sinaloa y de sus capos históricos, incluido el recién declarado culpable Joaquín “El Chapo” Guzmán. Ningún presidente de la historia reciente tuvo el valor de visitar el punto neurálgico del Triángulo Dorado de la mariguana y la amapola en el país y menos para anunciar, en medio de una recepción apoteósica de gente volcada a ver por primera vez a un presidente pisar su tierra, una obra pública como una carretera que los comunicará con el vecino estado de Chihuahua.

López Obrador, cuya visita a Badiraguato se da sólo acompañado de los guardias de su ayudantía, pero con patrullajes de unidades artilladas del Ejército mexicano en los alrededores del pueblo, llegó con un cálculo político claro al pueblo del “Chapo” Guzmán, a unos días de que lo declararan “culpable” de 10 cargos en los Estados Unidos donde le espera la cadena perpetua. Su presencia tuvo un doble mensaje: por un lado de “reconciliación y no violencia” a los grupos del cártel de Sinaloa, tras su declaración de que “se acabó la guerra contra el narcotráfico”, y por el otro de reivindicación a los habitantes de un municipio que pide “no estigmatizar” porque “también aquí vive gente trabajadora y honrada”, y no todos son narcos. El éxito político de esa visita es total.

Pero mientras políticamente gana confianza, en lo económico su gobierno no logra convencer y, con señales de “alerta” desde el extranjero, más bien aumenta el escepticismo y la desconfianza en la viabilidad de su política financiera. Su anunciado “Plan para rescatar a Pemex” y salvarlo de un mayor endeudamiento y de la pérdida definitiva de la calificación de los inversionistas extranjeros, no logra el efecto deseado y es visto como “insuficiente” por analistas y calificadoras

internacionales.

Con todo y los 5,700 millones de dólares de capitalización que ofrece inyectarle a la empresa pública por vía de ahorros, reducción de cargas fiscales y resultados del combate al robo de combustibles, el gobierno de López Obrador no satisface la expectativa de los inversionistas que hablan de 12 y 13 mil millones de dólares para garantizar que Pemex no se siga endeudando y pueda detener su producción y sus reservas. El dólar sufre su peor revés de los últimos meses y la propia petrolera nacional pierde en sus bonos, en lo que algunas firmas financieras internacionales, como Citibanamex llaman el “segundo strike” o la segunda llamada de alerta para que Petróleos Mexicanos no sea visto como una empresa sin viabilidad financiera y México puede perder su grado de inversión en los próximos meses.

Así, visto a partir de tres hechos y acciones concretas de ayer, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación exhibe y muestra cuáles son sus mayores fortalezas pero también en dónde están sus debilidades en el arranque de la administración. ¿Habrá correcciones y rectificaciones necesarias y urgentes en lo que no está funcionando y fortalecimiento de lo que sí da claros resultados? Eso sería lo deseable, de lo contrario, el de López Obrador será un gobierno con un paso desigual y disparejo que, mientras es visto como cada vez más fuerte políticamente y se ve casi como “blindado” a los ataques o la acción de sus opositores y detractores internos por su creciente popularidad y respaldo social, cojea en su imagen externa y provoca cuestionamientos sobre debilidad o falta de definición y contundencia en su política exterior, mientras que en lo económico y financiero, de plano empieza a generar incertidumbre interna y externa, con amenazas de degradaciones y descalificaciones desde las agencias financieras internacionales que pueden provocar un severo daño a la confianza en la economía y fortaleza financiera del país.
14 Febrero 2019 03:54:00
¿Si Caro ofreció pagar la deuda, ‘El Chapo’  pagará el muro?
La propuesta del senador republicano y exaspirante presidencial, Ted Cruz, de aprobar una Ley para que el muro de Donald Trump en la frontera con México sea financiado con los 14 mil millones de dólares que el Gobierno de Estados Unidos podría decomisarle al enjuiciado capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, es aparentemente una ocurrencia que, sin embargo, ya fue presentada como iniciativa ante el Senado estadunidense y que podría ser aprobada como una opción para calmar la obsesión de su presidente para que “México pague por el muro”.

Ayer, luego de que Cruz subiera a las redes sociales su propuesta denominada “El Chapo” Act, originalmente presentada en el Senado el 26 de abril de 2017, el propio Donald Trump la consideró “interesante”; y varios analistas en la Unión Americana la mencionaban como “una opción para evitar un nuevo cierre del Gobierno” ante la falta de un acuerdo entre Trump y la bancada demócrata, a horas de que venza el plazo que la Casa Blanca dio al Congreso para autorizar su financiamiento de 5.7 mil millones de dólares para el muro fronterizo.

“Catorce mil millones de dólares ayudarán a construir un muro que mantenga a los estadunidenses a salvo y obstaculicen el flujo ilegal de drogas, armas y personas a través de nuestra frontera sur”, dijo el senador Cruz en el comunicado en el que revivió su propuesta, y señaló que esa es la cantidad que los fiscales de EU reclaman en ganancias de drogas y otros activos de “El Chapo”.

Con todo y lo absurda que suene y con lo complicado que pudiera resultar que el Gobierno de EU le reclamara al de México el pago de cantidades estratosféricas de miles de millones de dólares producto de decomisos y confiscaciones al “Chapo” de propiedades, negocios o cuentas en territorio mexicano, la llamada “El Chapo” Act podría ser una salida de última hora que el Congreso estadunidense encuentre para quitarse de encima la presión y la obsesión del presidente Trump para que le autoricen fondos para el muro fronterizo.

¿Qué haría el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el hipotético caso de que Trump, autorizado por su Congreso, exigiera que México permitiera y colaborara en la confiscación de bienes, cuentas y dinero de “El Chapo” para cumplir con una Ley de su país y proceder al financiamiento del muro en la frontera con los 14 mmdd que reclaman los fiscales que demandaron al narco mexicano? ¿Se limitaría el Presidente mexicano a responder, como hasta ahora, con un simple y evasivo “yo respeto”?

A diferencia de aquella leyenda que circuló tras la detención de Rafael Caro Quintero el 4 de abril de 1985, en Costa Rica, y que dice que al verse capturado el capo sinaloense les dijo a los policías mexicanos que lo detuvieron: “Díganle al Presidente que si me sueltan y me dejan trabajar, yo puedo pagar la deuda externa de México”, la iniciativa de Ted Cruz no es una leyenda, y en momentos en los que el tema del muro ha entrampado a la Presidencia y al Congreso de los Estados Unidos en una confrontación política que no parece tener fin ni salida, a lo mejor se termina haciendo realidad aquella frase 100 veces repetida en los discursos de Trump, primero como candidato y en el año y tres meses que lleva como Presidente: “México va a pagar de una u otra manera por el muro”. ¿Esa “otra manera” será con el dinero de “El Chapo”?
12 Febrero 2019 03:50:00
El PRI, extraviado… y sin embargo se mueve
Sin estrategia como partido de oposición y con una ideología desdibujada, el priismo empieza a dar señales de un débil pulso político. A tres semanas de cumplir 90 años –el próximo 4 de marzo–, los priistas aceleran sus movimientos en busca de un proceso interno que no sólo les permita elegir a un nuevo dirigente nacional por voto directo de su militancia, sino que les devuelva viabilidad como fuerza política, ahora desde la oposición y en su nueva dimensión de minoría.

Hasta ahora hay tres candidatos visibles a la dirigencia, algunos abiertos y otros todavía tapados, pero todos empujan que el CEN convoque a un Consejo Político, en el 90 aniversario, donde se emita una convocatoria y se defina el método abierto y por voto directo para una elección interna a más tardar en julio de este año, cuando concluye el interinato de Claudia Ruiz Massieu.

La exgobernadora de Yucatán Ivonne Ortega, ya destapada en sus aspiraciones, busca encabezar un proyecto de “reconciliación y reconstitución” entre priistas, pero no desde las cúpulas a las bases, sino desde el priismo de los estados hacia la formación de una nueva dirigencia “que invierta la pirámide y reivindique a la militancia priista”. Ortega busca conformar una fórmula novedosa con el exrector de la UNAM y exsecretario de Salud, José Narro, con la que, juntos, no sólo le hablen a los priistas sino también a la sociedad y a sectores de clase media inconformes con las políticas del nuevo Gobierno. Para muchos priistas Ivonne, quien se enfrentó a Peña Nieto cuando era presidente porque no la dejó ser candidata presidencial –lo que le valió una persecución política y fiscal que la hizo salir un tiempo del país– sería la única candidata con autoridad para deslindar a su partido del peñismo y del daño que causó a los mexicanos.

El otro político que se mueve ya por todo el país, sin hacer aun públicas sus aspiraciones, es el Gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas. En torno a “Alito”, como le llaman, se ha formado un grupo en donde van desde el Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, su padre el exgobernador José Murat, el diputado Rubén Moreira Valdés, el exgobernador chiapaneco Manuel Velasco, y como posible coordinador de campaña el exdirigente nacional Roberto Madrazo Pintado. Moreno Cárdenas es un priista de la nueva guardia que, como resultado de su alianza con Moreira, podría llevar como compañera de fórmula a Carolina Viggiano, esposa del exgobernador coahuilense. Entre sus cercanos mencionan como un activo la cercanía que ha logrado como gobernador y presidente de la Conago con el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque sus detractores internos lo llaman “el priista más cercano a Morena”.

Un tercer competidor seguro es el oaxaqueño Ulises Ruiz, quien lleva varios meses recorriendo el país y fue de los primeros impulsores del proceso abierto y crítico férreo del “secuestro del PRI” cometido por Peña Nieto y su grupo. Plantea una democratización total y aunque no lo ven con posibilidades de ganar una interna, todos coinciden en que llegará hasta el final en el intento.

La incógnita es si Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los senadores, decidirá competir en una elección abierta o si prefiere quedarse como líder del Senado. El exsecretario de gobernación ha dicho en corto que “sólo entraría a la disputa interna si se lanza Alejandro Moreno, porque no voy a permitir que él llegue”. Pero también se sabe que si Osorio decide permanecer al frente de la bancada senatorial podría impulsar a René Juárez Cisneros, líder de los diputados priistas, para enfrentar a “Alito”.

¿Podrá alguno de estos priistas, de viejo y nuevo cuño, encabezar la nada fácil tarea de devolverle el rumbo y la viabilidad a un partido hundido por Peña Nieto, rechazado por la sociedad y disminuido pero que, sin embargo, se mueve?
09 Febrero 2019 04:10:00
El ‘sector obrero’ de la 4T
Utilizando un símil de lo que fue por décadas uno de los pilares del sistema corporativista del viejo régimen del PRI, el proyecto de la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador y Morena buscan replicar el modelo de adhesión y control del movimiento sindical, pero con condiciones distintas, como la extinción de los contratos colectivos de trabajo, nuevos liderazgos en los sindicatos y un sindicalismo más abierto y democratizado en el que los trabajadores tengan libertad para elegir a sus dirigentes y se elimine el charrismo sindical.

Para ello, desde el partido gobernante se han puesto en marcha estrategias y operaciones políticas que buscan desmantelar el antiguo sector obrero del priismo y tomar el control de los grandes sindicatos del país, aprovechando para ello la decadencia y agotamiento de la CTM, con la enfermedad y anquilosamiento de sus dirigentes. Además se impulsa la democratización de los grandes sindicatos a través de la convocatoria a elecciones abiertas y por voto directo de los sindicalizados, para lo cual se apoya a los movimientos disidentes en las grandes organizaciones tanto del sindicalismo de empresas públicas, dependencias de gobierno y universidades públicas -SNTE, STPRM, fortalecimiento y regreso del desaparecido SME frente al SUTERM, FTSE, etc.- como en sindicatos de empresa privadas.

Un ejemplo de la estrategia que está en marcha son las recientes huelgas en fábricas maquiladoras de la frontera de Tamaulipas, en donde detrás de los líderes del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora (Sjoiim) de filiación histórica cetemista, aparecieron asesores ligados al Comité de Morena en Tamaulipas y abogados laborales como Susana Prieto Terrazas, a quien se asocia a Napoleón Gómez Urrutia, como impulsores y artífices de los paros en 45 empresas maquiladoras que exigían aumento del 20% al salario mínimo ya aumentado al doble en la Frontera, además de un bono único de 32 mil pesos.

‘Napito’ y la caballada del sindicalismo moreno.

Como artífices de la estrategia lopezobradorista para aumentar la influencia y adhesión de Morena en el sindicalismo, aparecen dos figuras que se disputan el liderazgo de la nueva organización sindical en la cuarta transformación. Por un lado está la figura de Napoleón Gómez Urrutia, quien busca desde el Senado no sólo recuperar y consolidar su histórico liderazgo heredado en el poderoso Sindicato Nacional de Mineros, sino también utilizar su poder para dictar desde el Congreso nuevas normas y regulaciones a la industria minera nacional y extranjera, además de ser también la figura central del sindicalismo en la era de López Obrador.

Pero Napoleón no está solo en esa intención. Pedro Haces, también senador de Morena y líder nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) con sus 700 mil agremiados certificados, también quiere ser el nuevo líder del sindicalismo en Morena y para ello ofrece su profundo conocimiento de cómo funcionó durante décadas el viejo esquema del sindicalismo oficial. Al igual que “Napito”, Haces, quien llegó al Senado como suplente del fiscal Alejandro Gertz Manero, se formó en la vieja escuela de la CTM, al lado nada menos del exdirigente del SUTERM y también líder cetemista, Leonardo “La Güera” Rodríguez Alcaine.

El ahora senador por Morena, y prominente empresario en la alcaldía de Tlalpan, fue durante muchos años el secretario particular y pupilo del fallecido líder electricista y acumuló tanta fuerza y poder en el viejo sindicalismo, que cuando murió Rodríguez Alcaine, temerosos de que él pudiera reclamar el control de la CTM, Joaquín Gamboa Pascoe y Carlos Aceves del Olmo se aliaron para impedirle siquiera que asistiera al funeral de su exjefe y maestro, marginándolo a tal grado de la central obrera priista, que lo orillaron a renunciar a su militancia y a fundar su propia Central Obrera, la CATEM, que hoy aglutina a muchos más trabajadores que la propia CTM, y que se alió primero al PRD y luego a Morena y al liderazgo de Andrés Manuel López Obrador.

Pero junto con los senadores “Napito” y Haces, también regresa Elba Esther Gordillo que busca recuperar el control del sindicato magisterial que le arrebató el ex presidente Peña Nieto al mandarla a la cárcel acusada de lavado de dinero y operaciones con dinero de procedencia ilícita. La alianza política de la maestra, que sirvió con su estructura electoral al triunfo de López Obrador, llevaba como precio el que le devolvieran el liderazgo del SNTE.

El presidente López Obrador no quiso, sin embargo, apoyar una toma del poderoso sindicato magisterial por parte del grupo gordillista, pero para cumplir su compromiso operó la salida de Juan Díaz de la Torre, el dirigente que traicionó a Elba Esther, y negoció abrir la elección de una nueva dirigencia del SNTE en la que todos los grupos, el de la maestra, el de Díaz de la Torre y hasta el nuevo sindicato de Carlos Jongitud Jr., compitan democráticamente por el voto mayoritario de los maestros para ver quién se queda con la dirigencia del sindicato más grande y poderoso de México y de América Latina.

Hoy la maestra Elba Esther, que en un principio había dicho que ella ya no buscaría ser la dirigente del SNTE, valora competir personalmente por el liderazgo magisterial para, desde ahí, convertirse nuevamente en un factor de poder y de peso en el nuevo sindicalismo democrático que quiere impulsar López Obrador. Si Gordillo llega a ganar, por el voto directo de los maestros la dirigencia del magisterio, no hay duda de que tal vez ya no tendrá ni pedirá posiciones en el gabinete, pero su poder y presencia en el nuevo esquema sindical de la 4T será innegable.

Es tan real la embestida de Morena y del lopezobradorismo para desmantelar el viejo corporativismo sindical, que hace días, el actual líder de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, aprovechó una reunión con políticos del PRI, para pedirles “ayuda para enfrentar la ofensiva del Gobierno federal” en contra de la central priista. “Nos quieren acabar y quieren tomar ellos el control de los sindicatos más importantes públicos y privados”, dijo un enfermo líder cetemista en silla de ruedas y con dificultades para sostener el micrófono por el temblor en sus manos, según narran algunos de los políticos que asistieron a esa reunión en la sede de la CTM.

La pregunta ahora es ¿cómo será ese nuevo sindicalismo en los tiempos de Morena y qué tanta fuerza y adhesión tendrá el lopezobradorismo para hacer de los sindicatos una fuerza que impulse la cuarta transformación y su permanencia en el poder?

07 Febrero 2019 03:52:00
Houston tenemos un problema
El caso del departamento de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en Houston, que fue omitido en la parte pública de su declaración patrimonial, es un buen ejemplo de que la transparencia no está siendo el fuerte de la Cuarta Transformación. Porque a pesar de la instrucción terminante del presidente Andrés Manuel López Obrador, que exigió a todos sus colaboradores del gabinete presentar y abrir al escrutinio público sus declaraciones no sólo patrimoniales, sino fiscales y de conflictos de interés, tal como él lo hizo en su momento. Hoy no está claro si todos los hombres y mujeres del presidente cumplieron a cabalidad con esa orden, que fue además la condición para que pudieran seguir trabajando en este Gobierno.

Porque aunque ayer Sánchez Cordero defendió su propiedad de 11 millones de pesos adquirida “hace 10 años” como producto de su trabajo de “100 años” junto a su marido, y acusó a los funcionarios de la Secretaría de la Función Pública de haber omitido publicar el departamento en su declaración pública, la respuesta de su compañera de gabinete, Irma Eréndira Sandoval, de que doña Olga no autorizó expresamente a publicar todos sus bienes y los de su cónyuge, generó más confusión. No queda claro si hubo intención de ocultar propiedades o si se trató de un “error” y de quién fue; y lo más grave, si ese tipo de “errores” también están en las declaraciones de otros funcionarios del gabinete.

“Cada servidor público es responsable del ingreso de sus datos y de decidir hacer públicas o reservadas sus declaraciones”, dijo la Función Pública al eludir la responsabilidad de la omisión y aclaró que cuando un funcionario ingresa sus datos en la plataforma Declara.net y decide reservar sus declaraciones patrimoniales y de conflictos de interés, sólo pueden hacerse públicas si el mismo funcionario envía un escrito a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la dependencia, donde expresamente pida publicitarlas, incluidas las propiedades de sus cónyuges, para lo cual debe mencionar el consentimiento expreso del tercero. ¿Hizo eso o no lo hizo doña Olga? Y ¿cuántos secretarios y directores más reservaron sus declaraciones y omitieron también propiedades a nombre de sus cónyuges?

El tema es delicado porque está de por medio la palabra del presidente López Obrador, que todavía ayer, con cara de molestia, reiteraba que “nosotros tenemos que transparentar todo, la vida pública tiene que ser cada vez más pública”. Incluso, en lo que pareció una nueva advertencia a sus colaboradores, reconoció que si no hay esa transparencia, “para eso sirve y ayuda, porque todo lo que resiste apoya, para eso sirve y hay que aceptarlo y respetarlo, la labor del conservadurismo y la prensa ‘fifí’”, dijo en alusión a las denuncias de los medios que revelaron las omisiones en las declaraciones de los miembros de su gabinete.

A partir de este caso está a prueba si el Presidente cumplirá su promesa pública de transparencia total entre los miembros de su gabinete. O si su sentencia sólo fue una declaración más para la prensa y va a permitir que, haciendo uso de reservas que son legales, varios secretarios omitan, escondan o no declaren todo su patrimonio y el de sus cónyuges, tal y como él lo hizo con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, incluidas sus cuentas bancarias, ahorros y sus conflictos de interés. ¿Pedirá López Obrador otra vez que Irma Eréndira haga su trabajo y revise e informe a fondo lo que declararon todos los secretarios? Ya veremos. Por lo pronto dicen que ayer, desde Palacio Nacional parecía escucharse la célebre frase de la Nasa: “Houston, Houston…tenemos un problema”. Y ese problema se llama opacidad y transparencia a medias en la 4T. Los dados mandan Serpiente doble. Caída libre.
05 Febrero 2019 03:58:00
Calderón y los españoles en la mira
El frente que abrió ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador contra su antecesor Felipe Calderón no es casual ni un tiro político al aire. Al hablar de “conflicto de interés y corrupción” por la contratación de Calderón como consejero de la compañía eléctrica Avangrid, filial estadunidense de Iberdrola, el Presidente reabrió un viejo expediente que conoce muy bien sobre “favoritismos y privilegios” a las compañías españolas generadoras de electricidad en México que recibieron contratos “generosos” de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) los últimos sexenios.

López Obrador denunció desde la campaña presidencial de 2012 que Iberdrola “era la empresa favorita de Calderón”, y ayer revivió el tema a partir de la reciente visita del Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien entre los asuntos “prioritarios” que trajo a México, fue el de abogar por las trasnacionales españolas que tienen negocios y contratos gubernamentales en nuestro país, como Iberdrola, que es el segundo generador de energía eléctrica después de la CFE.

En privado, el Presidente español le pidió a su anfitrión mexicano garantías de certidumbre para empresas de su país, especialmente en el sector energético, algo en lo que López Obrador no compartió totalmente y lo expresó en su discurso público donde pidió que “las empresas extranjeras en sus relaciones en México se comporten con ética”.

Esa fue la señal pública de que no hubo entendimiento en privado sobre la pretensión española de conservar condiciones privilegiadas para compañías de su país.

Por eso ayer en su conferencia matutina, con el lanzamiento del obús contra Calderón, lo que hizo fue reabrir un expediente de “corrupción” en su sexenio, en la contratación de empresas españolas en el sector energético, donde no sólo aparece el nombre del expresidente como consejero de la filial de Iberdrola de julio de 2016 hasta diciembre de 2018, sino también su exsecretaria de Energía, Georgina Kessel, consejera de la misma Avangrid, al igual que el exdirector de CFE del sexenio calderonista, Alfredo Elías Ayub, o incluso, vinculados a negocios y contratos con otras compañías españolas como Repsol, Jordy Herrera y César Nava, exsecretario de Energía y exdirector Jurídico de Pemex, respectivamente.

Calderón se defendió ayer de lo que llamó “calumnias” en su contra. “Categóricamente rechazo que en mi relación con empresas globales haya incurrido en tráfico de influencias, conflicto de intereses y mucho menos en actos de corrupción”, dijo anoche en su cuenta de Twitter. Ciertamente Calderón no es el único expresidente ni exfuncionario que ha colaborado con compañías extranjeras beneficiadas por su gobierno; también lo hizo Ernesto Zedillo con Union Pacific y Procter&Gamble. Y en ambos casos se puede alegar que no hubo violación legal, pero difícil sostener el tema ético y de conflicto de interés.

Por lo pronto, el tiro lanzado ayer por el Presidente no fue al azar y por la tarde se confirmó cuando trató el tema en la reunión privada con su Gabinete. Ahí le pidió al director de la CFE, Manuel Bartlett, que informara cuánto se va a ahorrar la empresa al dejar de pagar “sobreprecio” a empresas como Iberdrola y otras generadores por sus volúmenes. “Les pagaban los gobiernos anteriores sobreprecios a las compañías generadoras de luz y eso ya no lo vamos a hacer más”, dijo el Presidente ante su Gabinete.

¿Cuánto más saldrá del expediente de la estrechísima relación que tuvieron las compañías españolas con los gobiernos anteriores? El tema –y con él los expresidentes y exfuncionarios involucrados– está en la mira del Palacio Nacional.

Los dados mandan escalera doble.

Subimos.
04 Febrero 2019 04:00:00
Limpia en el Tribunal Electoral
Tras los escándalos de corrupción, presunto pago de sobornos, nepotismo y división interna que afectaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a su imagen ante los ciudadanos en los últimos meses, la nueva presidencia encabezada por el magistrado Felipe Fuentes, junto con la nueva mayoría de magistrados que le acompañan, busca realizar una “limpia total” al interior del máximo órgano electoral para eliminar desde funcionarios señalados o bajo sospecha hasta prácticas y situaciones que generaron un “profundo desgaste” en la percepción que se tiene de la actuación del tribunal calificatorio de las elecciones en el país.

Y es que durante la presidencia de Janine Otálora, que terminó el pasado 23 de enero con la renuncia intempestiva de la magistrada presidenta, se reportaron y documentaron diversas irregularidades relacionadas con la actuación del tribunal y de algunos de sus funcionarios y magistrados en la calificación de elecciones controvertidas como la de la alcaldía de Monterrey, o más recientemente la de Puebla, que dejaron profundamente dividido al
tribunal.

Entre los movimientos que antecedieron a la renuncia de Otálora estuvo la remoción de algunos funcionarios cercanos a la ex presidenta. El 1 de octubre de 2018, por ejemplo, renunció su secretaria general de Acuerdos, Cecilia Sánchez Barrera, mujer de todas las confianzas de la magistrada Janine, y aunque oficialmente su salida ocurrió “por motivos personales”, al interior del Tribunal se manejaron versiones de una acusación de algunos magistrados que la involucraron en manipulaciones en el manejo de turnos de las demandas y denuncias que llegaban al Tribunal y se turnaban para ponencia de los
magistrados.

La nueva presidencia del Tribunal Electoral busca deslindarse de señalamientos y escándalos se presuntos pagos de sobornos relacionados con elecciones impugnadas que calificaron los magistrados. Uno de ellos tuvo que ver con los comicios de Monterrey, donde se anuló el triunfo del PAN y se organizaron nuevas votaciones en diciembre pasado en las que ganó el candidato del PRI, Adrián de la Garza. Antes de la anulación se documentaron, con conversaciones telefónicas y mensajes de texto que circularon al interior del Tribunal y que documentamos en esta columna, operaciones de algunos grupos ligados al PAN que habrían ofrecido presuntos sobornos a los magistrados para que se ratificara el triunfo del panista Felipe de Jesús Cantú, y en esas conversaciones aparecía mencionado como participante Armando Ambriz Hernández, secretario de Estudio y Cuenta de la entonces presidenta Otálora.

Pero el mayor escándalo, que terminó de fracturar la frágil unidad del Tribunal electoral y le restó fuerza a Otálora fue la elección de Puebla. Antes de la votación, que terminó ratificando el triunfo de la panista Martha Érika Alonso, se denunciaron “presiones e intentos de soborno” a los magistrados que votarían esos comicios. Hay una versión interna que se maneja en el mismo Tribunal que afirma que el fallecido Moreno Valle mandó operadores a “ofrecer” hasta 100 millones de pesos por cada voto de los magistrados, en una operación de hasta 700 millones de pesos. Nadie puede probar si ese dinero se entregó o no, pero lo cierto es que la apretada votación y los cambios de última hora en el sentido del voto de algunos magistrados, terminaron dándole una mayoría de 4 a 3 al triunfo panista.

Hoy, de todas esas sospechas, señalamientos y acusaciones, es de lo que se busca “limpiar” al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y conformar una nueva mayoría que rompa con cualquier manejo político o partidista del desgastado máximo tribunal electoral. ¿Podrán limpiarlo? Los dados abren con Serpiente. La semana se ve complicada.

02 Febrero 2019 03:54:00
La ‘favorita’ de Palacio
El título de esta columna, que podría confundirse con el de la exitosa película inglesa-americana nominada este año al Oscar y que será la gran competencia para la mexicana Roma al contender también con 10 nominaciones al codiciado premio de Hollywood, no alude a ninguna princesa o consorte de algún palacio real, sino a la terna que ayer envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado de la República para elegir a una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sustituya a la ministra saliente, Margarita Luna Ramos, que termina su encargo este 18 de febrero.

Y es que en esta terna, a diferencia de la que envío el 11 de diciembre de 2018, y de la que resultó electo el actual ministro Juan Luis González Alcántara, no queda duda, en automático y a simple vista, de quién de las tres juristas nominadas, es la “favorita” del Palacio Nacional. Al repetirse en el conjunto de nombres postulados por López Obrador dos de las mujeres que ya rechazó en diciembre el Senado, el de la doctora Loretta Ortiz y el de Celia Maya, la primera exdiputada de Morena y abogada especialista en derechos humanos, y la segunda excandidata también de Morena a la gubernatura de Querétaro, exjueza y magistrada, ambas rechazadas en su momento por las bancada de oposición con el argumento de su militancia política en el partido gobernante y su cercanía con el Presidente, está claro que es el tercer nombre el que le interesa que se apruebe al presidente.

La magistrada Yazmín Esquivel Mossa, actual presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX, tiene todas las cartas credenciales y la experiencia para aspirar a ocupar una silla en la Corte. Doctora en Derecho con más de 30 años de experiencia, en los cuales ha sido juzgadora a nivel federal y actualmente es presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados de los Tribunales Administrativos y secretaria de la Asociación Mexicana de Juzgadoras y vicepresidenta de la Asociación de Doctores en Derecho. Sin embargo, con tantos cargos y trayectoria, lo que más destacaban ayer los medios tras su postulación es que es “esposa del empresario y asesor del presidente López Obrador, José María Rioboo”.

¿Su matrimonio la inhabilita? Legal y constitucionalmente no; pero políticamente está claro que la magistrada tiene también una cercanía y una afinidad política con el proyecto político del actual Gobierno, algo que por lo demás tienen y han tenido al ser postulados la mayoría de los actuales ministros de la Sala Superior de la Suprema Corte. Muy pocos ministros, si no es que ninguno, pueden presumir una pureza total como juristas; aunque al final, lo cierto es que los integrantes de la Corte no se les debe juzgar por su independencia y autonomía de entrar en una terna —a donde casi todos llegan por el guiño, la afinidad o la simpatía que les tiene un Presidente— sino por qué tan autónomas e independientes de los intereses políticos, empresariales o de cualquier otro tipo, son sus decisiones y sus votos al momento de definir la constitucionalidad de leyes o acciones de los poderes, instituciones y gobernantes.

Por supuesto que el presidente López Obrador busca que la nueva ministra que sustituya a la conservadora Margarita Luna Ramos represente un voto más y un asiento en la Corte afín a su proyecto, en busca de consolidar una mayoría de ministros como la que ya se perfiló en la reciente elección del actual presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Pensar que no es así sería ingenuidad. En ese sentido la designación de la magistrada Esquivel Mossa se vuelve estratégica en el indiscutible plan de AMLO para tener mayor control sobre la Corte.

Pero la realidad es que Morena y sus aliados no tienen los votos suficientes para lograr la mayoría constitucional de dos terceras partes del Senado que apruebe el nombramiento de la nueva ministra y, en ese sentido, volverá a estar a prueba la operación del coordinador Ricardo Monreal en momentos en que el tema se le junta en el periodo ordinario que comienza con la atorada Guardia Nacional en donde los morenistas no logran aún convencer a los senadores de la oposición, especialmente del PRI y del PRD, que podrían darles los 15 votos que les faltan para sacar la urgente Guardia que quiere el Presidente para su estrategia de seguridad.

En el cine, La Favorita de Yorgos Lanthimos habla de las disputas de dos damas de la Corte de la Inglaterra de 1707 por ganarse el favor de la Reina Ana de Gran Bretaña, última monarca de la casa de los Estuardos. Y la duda es si esta gran cinta podrá desbancar a la mexicana Roma de Alfonso Cuarón a la que le disputa las principales categorías. En la política y en el Senado, la trama es ver si el nuevo ministerio entra en un paquete de “negociaciones políticas” que están buscando desde el Gobierno y la bancada de Morena en el Senado donde el tema de la Guardia Nacional y la nueva ministra de la Corte serán las prioridades del grupo gobernante. Y la pregunta es si ¿pasará Yazmín Esquivel el filtro de las bancadas de oposición que sí le dieron su voto al ministro González Alcántara, a pesar del estigma que, no sin algo de machismo y misoginia, le pondrán a la magistrada como “esposa!” del polémico ingeniero Rioboo?
31 Enero 2019 03:53:00
España camisa blanca
Como en la canción del compositor Víctor Manuel, ayer el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llegó a México con un discurso de amistad, colaboración y hasta identificación ideológica con el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Como socialista comparto y apoyo el proyecto de gobierno que busca la transformación de México”, dijo el joven mandatario español que se convirtió en el primer jefe de Estado en ser recibido oficialmente por el Gobierno de la cuarta transformación. Incluso, en un gesto de cercanía, Sánchez le trajo al Presidente mexicano el acta de nacimiento de su abuelo, José Obrador, nacido en la región de Cantabria en 1893.

¿Pero qué hay detrás de la España de camisa blanca de la que ayer vino a hablarnos el Presidente que marcó el regresó del PSOE a la presidencia ibérica el 1 de junio del 2018, tras la destitución por moción de censura del presidente derechista Mariano Rajoy?

Sin menospreciar las buenas intenciones del socialista Sánchez, su acercamiento con el Gobierno de México y con López Obrador busca proteger las multimillonarias inversiones y los enormes intereses de las trasnacionales de España, el segundo país inversor en la economía mexicana después de Estados Unidos. Desde el año 2000, en la última parte del Gobierno priista de Ernesto Zedillo y los inicios del panista Vicente Fox, comenzó lo que se ha llamado la “reconquista española”, con la llegada en marzo y abril de aquel año de los grandes grupos financieros BBVA y Santander, que absorbieron a los bancos mexicanos de Bancomer y Serfín, ambos rescatados con fondos del Fobaproa.

La “ola española” cobró mayor fuerza con Felipe Calderón, quien dio contratos preferentes y privilegios a las grandes firmas energéticas de España, como Repsol, Iberdrola, Sacyr-Vallehermoso y Aeropuertos Españoles para la Navegación Aérea, lo mismo de explotación de mantos de gas, cogeneración de energía eléctrica y administración de terminales aéreas, entre otras. En 2011, el embajador de México en España, Jorge Zermeño, hablaba de una inversión de 38 mil millones de dólares a través de 3 mil 200 empresas de origen español que operaban aquí.

Con Enrique Peña Nieto las constructoras españolas tuvieron un sexenio de favoritismos. OHL, que ya venía con Peña desde el Estado de México, se volvió la constructora que más obra tuvo en México a través de su filial mexicana manejada por Andrés de Oteyza, exfuncionario lopezportillista involucrado en escándalos de corrupción y grabaciones con políticos mexiquenses. También las firmas Aldesa y Acciona fueron favorecidas en el sexenio peñista.

Por eso López Obrador, que ayer ratificó la apertura y certidumbre a las inversiones españolas, quiso marcar distancia de sus antecesores y deslindarse de favoritismos o privilegios a las inversiones ibéricas: “Queremos que en las relaciones de las empresas extranjeras en México haya un compromiso ético”. Y es que como candidato opositor, en 2011, el ahora Presidente denunciaba que la española Repsol “es la empresa preferida de Calderón”, y aseguraba que desde 2005 le habían dado a esa firma información privilegiada para obtener contratos de CFE para generación de gas.

Ayer, ya como presidente, López Obrador se limitó a pedir el “compromiso ético” de los españoles, muy en la línea de la ética protestante, pero también como una forma de decir que las firmas extranjeras no vengan a saquear y que no esperen tratos preferenciales ni favoritismos en este Gobierno. Pero al final, por los discursos y la efusividad con la que se identificaron políticamente Andrés Manuel y Pedro Sánchez, quedó claro que, además de la afinidad ideológica y la querencia familiar por sus raíces ibéricas, la relación y la conquista empresarial española, seguirán fuertes en el México de la Cuarta

Transformación.

NOTAS INDISCRETAS…Hoy debe saberse qué paso con los funcionarios del gabinete que se resistían a hacer pública su declaración 3de3. El presidente López Obrador no sólo les puso la vara muy alta, al publicitar todas sus declaraciones patrimoniales, de bienes y de conflictos de interés, sino que les dijo claramente que quienes no lo hicieran antes de que se venciera el plazo de ayer a las 12 de la noche “no podrán estar en mi Gobierno”. Muchos secretarios ya aceptaron hacer pública su 3de3, pero no ponen valores u omiten las propiedades a nombre de sus cónyuges, pero los que de plano no las habían hecho públicas ayer eran Olga Sánchez Cordero, Josefa González Blanco, Julio Scherer y Esteban Moctezuma. ¿Las presentarían ayer? Sería bueno que alguien despertara a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, para que deje de andar comprando pipas en el extranjero e informe quiénes de los miembros del Gabinete no cumplieron con el ultimátum que les puso el Presidente. Digo, si no es mucho pedir que la secretaria Sandoval haga su trabajo… Los dados mandan Serpiente. Descendemos.
29 Enero 2019 03:57:00
Otra vez Michoacán; ahora se le indigesta a AMLO
Como en los últimos sexenios, otra vez Michoacán vuelve a ser foco de tensión nacional. Si para Felipe Calderón fue el estado donde arrancó su fallida “guerra contra el narco”, con todo y traje militar que le quedaba grande, y para Enrique Peña Nieto fue el complicado escenario de un Operativo Especial contra Los Caballeros Templarios y los grupos de autodefensa, que no resolvió el narcotráfico y la violencia y sólo le limpiaron el estado al Cártel Jalisco Nueva Generación, ahora para el presidente Andrés Manuel López Obrador el conflicto local de la CNTE, con su bloqueo de dos semanas a las vías ferroviarias, provoca ya un problema nacional con pérdidas millonarias a la industria, mientras el Gobierno federal y el estatal se lanzan la responsabilidad.

A diferencia de sus antecesores, que mandaron rápidamente soluciones de fuerza, con el envío de tropas militares y federales a Michoacán, López Obrador decidió atenderlo por la vía de los recursos y mandó mil millones de pesos para el pago de salarios atrasados que el Gobierno estatal del perredista Silvano Aureoles se declaró en incapacidad de pagar desde el año pasado. Pero el dinero enviado por la Federación no fue suficiente y la combativa Sección 18 del magisterio disidente se negó a levantar el bloqueo de las vías del tren y respondió a los llamados “a la conciencia” del Presidente y a que no afecten con sus acciones el transporte de carga ferroviario, que exigir el pago de sus salarios y de supuestos adeudos de 5 mil millones de pesos “no es por capricho, sino porque es lo que nos corresponde”.

De hecho, en contraste con las salidas de Calderón y Peña, que iniciaron en Michoacán el Waterloo de sus políticas de Seguridad, Andrés Manuel dijo que no recurrirá a la fuerza pública para liberar las vías federales del tren “porque no vamos a reprimir al pueblo”, y junto a su secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, dejó en manos del gobernador Aureoles la responsabilidad de resolver un conflicto que, asegura, “es local”.

Y Silvano, que ayer estuvo en el Senado donde recibió el respaldo de la bancada del PRD, se envalentonó y lo mismo cuestionó la interlocución con la Secretaría de Gobernación y “el estilo” de la secretaria Olga Sánchez Cordero “que no ayuda”, que anunció una controversia constitucional para pedirle a la Corte que se pronuncie si la Federación debe o no usar la fuerza pública en el desalojo de instalaciones federales. Por la tarde, reunido con el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, el gobernador michoacano acordó instalar hoy una mesa de diálogo con la CNTE para atender sus demandas, pero amenazó con que “no habrá ni mesa ni pago” de salarios a los maestros de su estado “si no retiran el bloqueo de las vías”.

Veremos cuánto más dura el conflicto magisterial michoacano y el bloqueo de vías que afecta al estado y al país, y provoca ya quejas de organismos empresariales como la Concamín y la Coparmex que denuncian pérdidas millonarias. Y si la fórmula de López Obrador, de apelar a la “conciencia” de los maestros disidentes y mandarles dinero para sus pagos funciona. Por lo pronto, ayer se sumó la no menos combativa Sección 22 con “un paro indefinido” de los maestros en Oaxaca. Con Michoacán ya éramos muchos y parió la CNTE.

NOTAS INDISCRETAS…El fuerte desgaste que ha tenido Alfonso Romo con sus colegas empresarios, se notó mucho el jueves pasado cuando el jefe de la Oficina de la Presidencia estuvo como invitado de un fuerte grupo de capitanes de empresa en el Club de Industriales. Era la comida mensual de los socios del Club y asistieron cinco presidentes de Cámaras. A Romo lo flanqueaban en la mesa principal Pedro Aspe, Valentín Díez Morodo, Rogerio Azcárraga. Entre los asistentes había varios embajadores y 450 empresarios de alto nivel como Pepe Carral, Jaime Chico Pardo, Prudencio López, Julio Millán, entre otros… Los dados mandan Serpiente doble. Caída libre.
26 Enero 2019 03:58:00
El ‘halcón’ de Washington contra Maduro
Este sábado se cumple el plazo de 72 horas que el gobierno de Nicolás Maduro le dio al cuerpo diplomático de Estados Unidos para que se retire de Venezuela y cierre la embajada y los consulados norteamericanos en vista del rompimiento de relaciones diplomáticas decretado el miércoles pasado, luego de que el presidente Donald Trump desconoció la presidencia de Maduro y reconoció como nuevo presidente “encargado” de Venezuela al autoproclamado Juan Guaidó. Y aunque Trump y su secretario de Estado, Mike Pompeo, han dicho que no obedecerán a un Gobierno al que ya no le reconocen autoridad, a partir de hoy se verá hasta donde pretende llegar la Casa Blanca en su abierta ofensiva contra el régimen madurista.

En Washington se afirma que “todos las opciones están sobre la mesa” en el plan de la administración Trump para obligar a deponer a Maduro de la presidencia y puso en marcha estrategias que buscan aumentar la presión interna y aislar al régimen madurista. Una es cortarle al gobierno de Maduro el acceso a los fondos internacionales de Venezuela, producto de la explotación de la riqueza petrolera del país. Y ayer se produjo un hecho que confirma la operación de Estados Unidos, en la negativa del Banco de Inglaterra para que el régimen venezolano retirara mil 200 millones de dólares en oro que tiene depositados en la institución británica. La solicitud le fue negada a Maduro por el banco inglés por presiones directas de Mike Pompeo y del consejero de Seguridad Nacional de EU, John Bolton, a las autoridades británicas para que impidieran la operación, según fuentes citadas ayer por medios británicos.

Al tiempo que a Maduro le cortan las fuentes de financiamiento, la operación estadunidense de “ayuda humanitaria de 20 millones de dólares” para la oposición venezolana encabezada por Guaidó, es la parte visible de la intención descrita por Bolton para que los activos venezolanos se traspasen ahora al “presidente encargado” y de esa manera apuntalar la consolidación del nuevo Gobierno. Lo único que hasta ahora no le han podido quitar a Maduro es el apoyo de las Fuerzas Armadas.

El que derrocó a Noriega va a Caracas. La estrategia intervencionista de Estados Unidos tal vez es distinta en las formas a los viejos y burdos operativos con que la CIA derrocaba presidentes incómodos para Washington en América Latina, pero en esencia es el mismo juego de poder de la potencia: la política de la zanahoria o el garrote. El “intervencionismo suave” del que hoy hablan los estudiosos también puede recurrir a fórmulas y personajes de la época dura. La Casa Blanca envía a Elliot Abrahams a Caracas para reconocer al Gobierno autoproclamado y, el enviado personal de Pompeo, lleva una misión específica: “restaurar la democracia”.

Pero Abrahams es un “halcón” de la vieja guardia que trabajó con Reagan y con Bush. Elliot fue el artífice del derrocamiento del general Antonio Noriega en Panamá en 1989, además de estar también involucrado en el penoso caso del Irán-Contras en los 80, que investigaciones históricas confirmaron como el uso del narcotráfico para financiar a la contra nicaragüense. Fue parte de la misma operación que en México le costó la vida al agente de la DEA, Kiki Camarena y a su piloto, asesinados en Guadalajara, y por el que fueron acusados y detenidos Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca.

Abrahams, un diplomático experimentado de 71 años, especialista en temas latinoamericanos y en Oriente Medio, fue condenado en 1991 por ocultar información del escándalo Irán-Contra. Fue secretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos de Ronald Reagan y asesor especial de Bush hijo durante la guerra en Irak. Según el diario El País, en los años 80, Elliot tenía colgada en su despacho una primera plana del diario cubano Granma, que siempre mostraba con orgullo: “Abrahams es una Bestia”, rezaba el titular.

Ese es el hombre que Trump manda a “restaurar la democracia” en Venezuela, en un mensaje claro a Maduro de que le van a cerrar el cerco. “Elliot va a ser un verdadero activo en nuestra misión para ayudar al pueblo venezolano a restaurar la democracia y la prosperidad en su país”, declaró Pompeo. Hoy el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sesiona en Nueva York para tratar el tema de Venezuela. La decisión que tome el máximo organismo de seguridad internacional, bajo la clara influencia estadunidense, será clave para saber hasta dónde está dispuesto a llegar Donald Trump en su escalada intervencionista contra el régimen de Maduro.

Por eso se entiende que el desconocido Presidente venezolano pasó de la amenaza de rompimiento con Washington, a la petición reiterada de “diálogo con la oposición” para solucionar el conflicto, aprovechando para ello la propuesta de México y Uruguay que plantearon una salida política a la confrontación venezolana. Ayer mismo el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteraba que su Gobierno está dispuesto a fungir como “mediador” en un posible diálogo y ofrecía los oficios de su canciller Marcelo Ebrard.

Pero las señales y mensajes desde Washington no apuntan para nada al diálogo y más bien, como lo dijo Juan Guaidó, “el diálogo sólo sería para hablar del fin de la usurpación”, refiriéndose a una deposición del poder de Maduro. Y es posible que con un “halcón” como Abrahams en Caracas y con el cierre de los fondos internacionales al gobierno de Maduro, los llamados al diálogo hechos por el gobierno mexicano cada vez se vean más lejanos y que, salvo el uso del Ejército que aún conserva de su lado para reprimir y perseguir a los opositores —lo que desencadenaría la violencia—, a Maduro le queden cada vez menos opciones ante el embate abierto y frontal de la Casa Blanca en su contra.
24 Enero 2019 04:00:00
Venezuela: hora de definiciones; México en la Doctrina Estrada
La situación en Venezuela ha entrado en una etapa decisiva. Anoche se ahondaba la división y el conflicto interno, con el fortalecimiento de la oposición al régimen de Nicolás Maduro, que no sólo ganaban ayer las calles sino el reconocimiento de Estados Unidos, la Unión Europea y de la mayoría de países de Latinoamérica a la presidencia interina de Juan Guaidó.

En respaldo abierto de Maduro y su presidencia se expresaban Rusia, China, Turquía, además de Bolivia y Cuba en Latinoamérica, mientras Uruguay y México se negaban a desconocer a Maduro y junto con la ONU, España y Portugal, apelaban “al diálogo y a buscar una solución política” al conflicto venezolano.

El Gobierno mexicano seguía reconociendo a Nicolás Maduro “como presidente democráticamente electo”, según el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez; aunque más tarde, en un comunicado, la Cancillería, a cargo de Marcelo Ebrard, matizó la posición oficial diciendo que “México no participará en el desconocimiento del gobierno de un país con el que mantiene relaciones diplomáticas”, invocando la Doctrina Estrada y los principios de “autodeterminación de los pueblos y no intervención, además de la solución pacífica de conflictos y el respeto a los derechos humanos”.

Con opiniones divididas en las redes sociales y la opinión pública mexicana, la Administración de Andrés Manuel López Obrador mantenía la misma posición que en el Grupo de Lima, y se desmarcaba de Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, Perú, Ecuador, Paraguay, Costa Rica y Canadá que respaldaron de inmediato la posición de Estados Unidos y su Presidente, Donald Trump, a favor del presidente de la Asamblea Nacional, como “presidente encargado” de Venezuela.

El Gobierno mexicano respaldaba el llamado de la ONU a que “todos los actores venezolanos reduzcan las tensiones y rechacen cualquier tipo de violencia política”, además de compartir también con los gobiernos de Uruguay, España y Portugal el llamado al diálogo.

Sin embargo, anoche Organizaciones No Gubernamentales reportaban desde Caracas los primeros 13 muertos identificados en medio de la jornada de protestas y enfrentamientos de opositores y defensores chavistas del régimen de Maduro. Hoy está prevista otra gran marcha de los opositores que ayer lograron reunir más de 200 mil simpatizantes en las calles de las principales ciudades venezolanas, en medio de las amenazas del régimen madurista de encarcelar a los líderes opositores, incluido Guaidó, y del respaldo de un sector mayoritario del Ejército venezolano a Maduro, aún con las facciones militares que ayer se pronunciaban a favor del nuevo Gobierno.

La postura de México y su Gobierno, en un conflicto que escala a cada momento en Venezuela, aunque lo distancia de sus principales socios, Estados Unidos y Canadá, y del resto de las potencias latinoamericanas, es una apuesta por la vía del diálogo y la solución política, en un escenario que hoy se ve casi imposible: que Nicolás Maduro y los opositores venezolanos quisieran sentarse a negociar una salida a una confrontación que puede desatar un conflicto civil violento, ante lo cual la diplomacia mexicana podría incluso ofrecerse para una mediación que se antoja lejana.

Dependiendo del curso que tome la situación en Venezuela en las próximas horas y días, se verá si la “nueva política exterior” del Gobierno de López Obrador resiste su primera gran prueba, al apelar a principios históricos que si bien están vigentes en la Constitución y funcionaron bien para México y su Servicio Exterior en épocas pasadas, hoy chocan con las tendencias de un mundo globalizado en donde el tema de los derechos humanos y la vigencia democrática, prevalecen sobre conceptos como la autodeterminación de los países. Por otro lado, la presión internacional, liderada por Estados Unidos, también podría hacer que el Gobierno mexicano, que en su posicionamiento en Lima y en las definiciones del canciller Ebrard sobre la política de la actual administración, también estableció “la defensa de los derechos humanos como prioridad” y su preocupación por la situación en Venezuela, modificara su postura hacia el régimen de Maduro si es que éste incurre en acciones de violencia y represión hacia sus opositores y la sociedad venezolana.

Lo que queda claro es que Venezuela vive horas decisivas para su cuestionada democracia y el futuro inmediato de los venezolanos. Y que la situación podría alejarse cada vez más de una “salida política” y ahondar más la división y la confrontación entre los seguidores de Maduro y sus opositores, con el apoyo del bloque encabezado por Estados Unidos ¿Hasta dónde resistirá la política exterior de la 4T?… Se lanza el tiro. Capicúa de los dados.

17 Enero 2019 03:57:00
Entre el PRI-Mor y una Guardia bajo la lupa
Concebida como el eje de la nueva política de seguridad del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Guardia Nacional quedó aprobada ayer en el Congreso. Una mayoría constitucional conformada por el bloque de Morena, sus aliados y la suma del PRI, reunió los votos para aprobar primero en lo general y luego en la noche en lo particular, el nuevo cuerpo policiaco-militar que nace con señalamientos de parte de la oposición y de organismos civiles y de derechos humanos nacionales e internacionales que cuestionan la militarización de la seguridad pública y sus efectos en las garantías de los ciudadanos, y la defensa del Gobierno federal que lo define como “un cuerpo necesario para iniciar con la construcción de la paz” y atender la crisis de seguridad que vive el país.

Con varios cambios a la redacción original que propuso López Obrador, el principal la rectificación presidencial que sustituyó el mando militar por uno civil (aunque sus críticos piensa que a pesar de eso el control real de la Guardia lo tendrá el Ejército), anoche se resolvió la discusión en lo particular y la votación final (366 a favor, 119 en contra y 4 abstenciones) confirmó la mayoría que dio carta de nacimiento a la nueva institución policiaca que, según lo que establece la Constitución, será una “policía de la Federación, de carácter y dirección civil, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que será responsable de las tareas de seguridad que le corresponden a la Federación”.

Anoche, los opositores que votaron en contra, junto con organismos civiles descalificaban la aprobación de la Guardia y se deslindaban de ella argumentando que no se tomaron en cuenta las evidencias y estudios que contravienen la idea de una corporación con un “mando operativo militar” y que colocar a los militares como primera línea del Estado para hacer frente a la Seguridad, contraviene las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos y descalifica la vía civil.

La mayoría de Morena y los priistas que dieron sus votos a la reforma constitucional, argumentaban que el dictamen original sí fue modificado con los planteamientos y las inquietudes de los opositores, que al cambiarle el mando, el Gobierno le dio carácter civil, con el compromiso de que a más tardar en 90 días se deberá emitir la Ley de la Guardia Nacional, en la que se establecerán disposiciones de “respeto irrestricto a los derechos humanos, perspectiva de género y uso legítimo de la fuerza”.

Y tras bambalinas en San Lázaro también corrían los ataques políticos. La oposición panista acusaba un “acuerdo de conveniencia” entre Morena y el PRI, en el que, aseguraban, se negociaron temas de protección e impunidad para priistas como Emilio Lozoya en el combate al huachicoleo. Los priistas, por su parte, negaban las negociaciones y acusaban al PAN de que “se rajó” porque a pesar de que ellos pidieron cambios y posponer la discusión para este periodo extraordinario, al final optaron por una estrategia política de votar en contra y descalificar a los partidos que sí cumplieron con los consensos que todos los grupos hicieron en diciembre.

Y es que en diciembre pasado, en medio de la discusión del presupuesto, y ante la presión de Morena por aprobar en aquel momento el dictamen original con todo y mando militar, los coordinadores de los partidos se reunieron y acordaron “no contaminar” el tema de la Guardia Nacional con el asunto presupuestal.

Hasta ahí había consenso de todas las fracciones y así se fueron a la Navidad, pero al retomar la discusión en el extraordinario, los panistas empezaron a cambiar sus posiciones y a desconocer acuerdos y cambios que ellos mismos habían solicitado, al tiempo que arreciaban sus señalamientos sobre la existencia de la alianza PRI-Mor. El priista René Juárez se defendía en la sesión, y justificaba el voto de sus diputados: “Si votamos en contra no estaríamos siendo sensibles de la gravedad del problema. El responsable de la seguridad es el presidente López Obrador y tiene derecho a definir su estrategia. ¿Es perfecta su estrategia? No, pero tenemos que dejarlo actuar y darle el beneficio de la duda”, explicaba el priista.

Entre los cambios que se le hicieron al dictamen, además de la eliminación del mando militar, se modifica también la relación con los gobiernos estatales para que la Guardia sólo entre bajo criterios de “coordinación” solicitados por los gobernadores, y se eliminó el concepto de “subordinación” de los estados; incluso a los municipios también se elimina la idea de sustitución automática de las policías municipales, para introducir la idea de una “evaluación” de cada caso. La única parte donde Morena no quiso ceder fue en crear una “Junta de Jefes de Estado Mayor integrada por las Fuerzas Armadas y las autoridades civiles”, en donde los grupos operativos reúnen a mandos civiles con mandos operativos militares para coordinar estrategias. La oposición pedía eliminar de esas juntas al mando militar, algo que no aceptó Morena.

Por lo pronto, con todo y el ruido político y las voces críticas, anoche nació la Guardia Nacional, el instrumento con el que López Obrador se propone cumplir su promesa de pacificar al país en tres años y devolverle la seguridad perdida por la violencia extrema que marcó los sexenios de Enrique Peña y Felipe Calderón. ¿Funcionará o no la estrategia civil-militar que echará a andar el Gobierno, o significará un retroceso por la militarización que le cuestionan? Eso lo veremos en sus resultados de los próximos meses. Lo que ahora urge es que comience a caminar la nueva política de seguridad federal.
15 Enero 2019 03:59:00
Expresidentes ¿al banquillo?
En medio de la crisis del desabasto de combustibles y tras sentenciar que “todos los negocios jugosos de corrupción que se hacen en el país llevan el visto bueno del Presidente de la República” y que siempre que hay delitos de corrupción los mandatarios nacionales o “son cómplices o se hacen de la vista gorda”, el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió de nuevo la posibilidad de someter a un enjuiciamiento a varios de sus antecesores y “habló de hacer expedientes a los de arriba”, desde los priistas Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, pasando por Ernesto Zedillo, hasta los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón.

Sin especificar de qué tipo de delitos podría acusarse a los expresidentes, y aunque él se reitera partidario del “punto final” y de no empantanar a su gobierno con asuntos judiciales, López Obrador revivió su propuesta de campaña y de su toma de posesión, para someter a una consulta popular, con base en el Artículo 35 constitucional, la posibilidad de que por primera vez en la historia del país se pudiera acusar y someter a juicio a extitulares del Poder Ejecutivo federal por presuntos delitos de corrupción cometidos durante sus sexenios.

“Todos los negocios jugosos de corrupción que se hacen en el país llevan el visto bueno del Presidente de la República. Para que esto quede claro: no es que no lo sabía el señor presidente o que ‘el presidente tiene buenas intenciones, pero lo engañan, lo traicionan, no le ayudan’; mentira, el presidente de México tiene toda la información que se necesita. O es cómplice o se hace de la vista gorda, pero no es que no sepa”, sentenció ayer el presidente al adelantar que ya presentó una iniciativa de reforma a la Constitución para permitir la realización de una consulta a la población sobre un posible juicio a los cinco expresidente mencionados.

Aunque política y jurídicamente el planteamiento de López Obrador resultaría inédito y sentaría un precedente en la inmunidad e impunidad que hasta ahora ha rodeado a los presidentes de México, el tema tendría que revisarse no sólo desde la óptica de la opinión popular, que indudablemente resultaría abrumadora a favor de llevar al banquillo de los acusados a los expresidentes, algo que es una demanda histórica e insatisfecha de la sociedad mexicana. Desde el punto de vista del derecho, para poder acusar a los expresidentes primero tendrían que cumplirse los requisitos de procedibilidad, que existan denuncias o querellas presentadas y por qué tipo de conductas delictivas cometidas durante sus gobiernos se les podría denunciar y procesar, para saber si éstas no prescribieron o están vigentes de acuerdo a la ley.

En teoría, a los expresidentes podría acusárseles por delitos cometidos por los servidores públicos como ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones o facultades, desaparición forzada, tortura, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, entre otros que contempla el capítulo de la ley respectiva. Hasta antes de reformas recientes a las leyes y códigos penales, prácticamente todos esos delitos prescribían, salvo el caso de la tortura, la desaparición forzada y el secuestro que actualmente no prescriben después de las reformas mencionadas. El problema es que la ley no puede aplicarse retroactivamente y, suponiendo que a Salinas, Zedillo y quizás Fox, se les quisiera acusar de delitos como esos, si las reformas que establecen nuevos plazos de prescripción fueron después de su gobierno, no podrían aplicarles esa ley, porque el Artículo 14 constitucional impide la aplicación retroactiva de la ley a cualquier ciudadano.

El Código Penal Federal (CPF) señala que transcurrido el plazo de prescripción de los delitos, la responsabilidad penal del sujeto, así sea un expresidente, se extingue, y los plazos de prescripción de la acción penal, según el mismo Código, se establecen conforme al tipo del delito y tienen que ver con el día que se cometió la conducta ilegal o la omisión. Finalmente el artículo 105 del CPF establece que “la acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad que se señala la ley para el delito de que se trate, pero en ningún caso será menor a 3 años”.

Es decir, que según lo que establecen los códigos penales y las leyes, salvo al expresidente Enrique Peña Nieto, que dejó su encargo hace un mes y medio, al resto de los exmandatarios mencionados por AMLO, Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, difícilmente se les podría acusar y procesar judicialmente.

A menos que en la consulta se proponga un “juicio popular” y ahí sí las acusaciones serían al gusto del pueblo: que sienten a Carlos Salinas de Gortari por favorecer a sus amigos en las privatizaciones de su sexenio y por la corrupción documentada de su hermano Raúl y hasta por el uso discrecional de la partida secreta; a Zedillo que lo acusen del “error de diciembre” y la filtración de información que permitió la fuga de capitales y nos sumió en la peor crisis económica y de paso por el Fobaproa y por haber vendido los trenes y las vías a los que luego serían sus patrones en Union Pacific.

Y ya entrados en gastos a Fox que lo acusen de permitir el “chiquihuitazo” a Ricardo Salinas, por la corrupción de Martita Sahagún y por su omisión histórica de no desmantelar el régimen priista más lo que se acumule; mientras a Calderón indiscutiblemente podrían enjuiciarlo por sumir al país en la peor violencia durante su sexenio con una estrategia fallida contra el narcotráfico y de paso investigar acusaciones de que favoreció al Cártel de Sinaloa y protegió al “Mayo” Zambada, además de la inefable y costosa Estela de Luz y la corrupción en los festejos del Bicentenario. Ya con Peña, la cosa cambia y ahí sí hay conductas y acusaciones que, por tiempo, podrían derivar en presuntos delitos, desde la “casa blanca” y hasta las omisiones y desvíos de la investigación de Ayotzinapa.
14 Enero 2019 03:59:00
Gasolina: acostumbrémonos a la escasez
En el arranque de la tercera semana de desabasto y escasez de gasolina y combustibles en más de 10 estados del país y la Ciudad de México, hay dos cosas ciertas en medio de tanta incertidumbre: la primera: que esta situación va a continuar por algunas semanas más, mientras no se reabra la red de ductos cerrada por el combate al robo de combustibles, porque la logística de pipas —que transportan menos gasolina a un costo mayor— no logrará alcanzar ni la capacidad ni la rapidez para surtir de energéticos a las entidades afectadas; y la segunda: que a pesar de la desesperación de la gente y las afectaciones sociales y económicas que crecen ya no sólo en movilidad de personas y pérdida de productividad sino en el transporte de mercancías y productos, turismo y consumo, el costo político de esta medida aún es difícil de medir, dado el fuerte apoyo que conserva, según varias encuestas, el presidente López Obrador en su cruzada contra los huachicoleros.

A estas alturas, por encima de especulaciones y teorías conspiracionistas, está claro que toda esta situación de insuficiencia en el abasto de combustibles (gasolina, diésel, turbosina) se generó por la medida de cerrar de golpe, y sin un plan bien trazado y calculado para el traslado de los combustibles por tierra, que tomó el Gobierno federal desde finales de diciembre. Así lo explica el experto mexicano, Adrián Calcáneo, consultor de IHS Markit, firma asesora sobre el tema de energéticos e hidrocarburos que trabaja con varios países del mundo: “La mayor y quizá única causa del desabasto a grandes rasgos es el cierre del ducto. Los ductos mueven muchísimo más producto que las pipas. Además lo hacen mucho más barato y eficientemente. Es difícil, sin un plan detallado de previsión que, si se cierra el ducto, no haya desabasto, sobre todo en un país en el que la falta de almacenamiento te da solo un par de días de colchón”.

“Es falso que México haya dejado de importar gasolina y que los contratos se hayan cancelado. Hay que leer el artículo completo del Wall Street Journal. Lo que ha bajado es la importación de crudo ligero… Por el cierre del ducto se tarda más en descargar el combustible importado, ya que la falta de almacenamiento ya comentado, se tiene que llenar casi directamente las pipas que lleva mucho más tiempo. Los barcos con gasolina están formados para descargar en puertos mexicanos sólo que el proceso es más lento. Esta falta de previsión habla muy mal de la estrategia del Gobierno”, dice el consultor mexicano que asesora a empresas petroleras en Texas y en otras partes del mundo.

Es decir, que ante la falta de inversión que durante décadas dejó de hacer Pemex en terminales de almacenamiento de combustible —como monopolio nunca tuvo problema y cuando faltaban hidrocarburos importaba— y aunque las empresas privadas han invertido en almacenamiento tras la reforma energética, pero aún es insuficiente, tendremos que seguir dependiendo del lento sistema de las pipas mientras no se decida abrir los ductos. El presidente López Obrador ha dicho que no hay un plazo aún definido para abrir el sistema de ductos hasta que no se tenga completamente terminada la estrategia de seguridad para disminuir y combatir el robo por perforaciones y saqueos, lo cual hace prever que seguirá la lentitud e insuficiencia en el traslado y abasto de gasolinas a las entidades afectadas.

Tan no hay un plan para reabrir pronto los ductos, que ayer la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en la misma lógica de los llamados presidenciales a que la gente “tenga paciencia” y se organice para resistir por la escasez de gasolinas y combustibles, hizo suya una propuesta que surgió en redes sociales para que, de manera voluntaria, los capitalinos, que llevan más de una semana haciendo largas filas en las gasolineras, acepten un esquema para cargar gasolina de acuerdo al color del engomado de verificación. Es decir, que esto va a tardar y las autoridades, que no ven una pronta solución, llaman a la población a autoorganizarse y a evitar abusos como la compra y reventa de combustibles.

La apuesta del Gobierno a continuar con su estrategia parte de que aún con las pérdidas económicas que crecen y la desesperación de la población, las encuestas le siguen dando un margen de respaldo (entre 60 y 72%) a la medida adoptada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque también la presión y la tensión de grupos de la sociedad inconformes y opositores políticos va en aumento. En el discurso y la propaganda gubernamental incluso comparan el combate al robo de combustibles con la expropiación petrolera del general Lázaro Cárdenas, en un intento por equiparar no sólo ambas acciones, sino el fenómeno de enorme apoyo popular que tuvo en su tiempo la nacionalización cardenista. En 1938 la gente aportó dinero, joyas, productos y hasta animales para apoyar la expropiación, ¿hoy cuánto y hasta cuándo estarán dispuestos a perder, económica y socialmente los mexicanos para apoyar la cruzada de López Obrador y su cuestionada estrategia?
12 Enero 2019 03:56:00
Romero Deschamps: Sin orden, pero con miedo
Políticos del PRI que conocen bien a Carlos Romero Deschamps aseguran que el líder petrolero ya está en México, que está en su mansión en Bosques de la Herradura y que sí ha puesto a trabajar a un equipo de abogados para que busquen “blindarlo” de cualquier intento de acción judicial en su contra con solicitudes de lo que llaman el “amparo buscador”, con el que se detecta no sólo si hay alguna averiguación o denuncia en su contra y se pide la protección de la justicia federal ante cualquier acusación de cualquier tipo de delito.

Tan está en el país y en la ciudad, que el exsenador priista incluso mantiene comunicación directa y fluida con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo cual ocurre con la interlocución de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien es el único conducto designado por el presidente para dialogar con el máximo dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, a fin de que éste “colabore” en los operativos y la estrategia contra las redes internas que desde Pemex que participaban de la extracción ilegal de combustibles.

Ese diálogo y presunta “colaboración” de Romero Deschamps en la cruzada del Gobierno federal contra el huachicoleo, explicarían no sólo el desplegado que hace unos días publicó en varios periódicos el millonario líder sindical otorgando su respaldo público y abierto a la estrategia de López Obrador contra la mafia huachicolera, argumentando que su sindicato lo apoya porque “son acciones valientes que buscan erradicar la corrupción”, sino también las frases de reconocimiento que ha dedicado el presidente “a los trabajadores de Pemex que están colaborando con nosotros” en las acciones para combatir el robo de combustibles.

Pero lo que más claramente confirma el “diálogo” que existe entre la Administración federal y el controvertido dirigente del STPRM es lo que ayer afirmó, contundente, Andrés Manuel en su conferencia de prensa matutina: “Sobre el amparo del dirigente del sindicato petrolero no tengo información, y sí podría decirle que hay muchos rumores en estos tiempos y que es muy probable, aunque no lo descarto, que sea parte de la campaña que se produce por las circunstancias actuales. Nosotros no tenemos ninguna denuncia presentada en contra del dirigente de petroleros. Esto sí se lo puedo asegurar”, sentenció el Presidente.

¿Y entonces? Si están dialogando con él a través de Gobernación, si él está “colaborando” en la estrategia contra el robo de combustibles y, sobre todo, si el mismísimo presidente afirma que no hay ninguna denuncia del Gobierno federal en su contra, ¿qué lleva a Carlos Romero Deschamps a poner a sus abogados a solicitar un amparo que lo proteja de posibles acusaciones u órdenes de aprehensión en su contra?


¿NO LE CREE AL PRESIDENTE?

Para eso sólo habría dos explicaciones. La primera, que en lenguaje de los priistas de la camada de Romero, escuchar a una autoridad decir que algo no va a ocurrir (“No habrá devaluación”, “no hay carestía”, “no tenemos inflación”) equivale en los hechos a que lo que se niega sí va a pasar o puede pasar. La segunda explicación para que el líder sindical haya puesto a trabajar a sus abogados, es que, aunque públicamente le da su apoyo y dialoga y colabora con su gobierno, Romero Deschamps no confía en la palabra del presidente López Obrador y por eso prefiere buscar protegerse con el único instrumento jurídico que puede evitar que se tome cualquier acción judicial en su contra, principalmente una detención.

Es decir que, más que una acción jurídica, la del dirigente petrolero parece una “acción de conciencia”. Una de dos, o Romero Deschamps sabe bien lo que hizo o lo que no hizo para evitar que el sindicato, que controla la transportación de las pipas de Pemex, se coludiera con las mafias internas y del crimen organizado que se robaban más de 60 mil millones de pesos en combustibles de pipas y ductos, o también sabe que sí hay algo en su contra en el gobierno más allá de pedirle su colaboración.

Para entender la actitud ambivalente de Carlos Romero Deschamps recordamos lo que decía el gran jurista Ignacio Burgoa Orihuela, maestro de generaciones de abogados y considerado “el rey del amparo”: “El primer amparo que hay que promover no es ante los tribunales, sino ante la conciencia de uno mismo”.

¿Será que Carlos Romero Deschamps busca ampararse ante su conciencia? O lo que es lo mismo, “si el que nada debe nada teme, el que algo que debe, que mejor tramite su amparo”.

10 Enero 2019 03:57:00
Calderon no ‘afecto’ a la gente; sólo la mató
Al responder ayer a las acusaciones del presidente López Obrador sobre la “omisión” con que actuaron los tres últimos gobiernos contra el tema del robo de combustibles, el expresidente Felipe Calderón confirmó la vieja máxima sobre la importancia de verificar el tamaño de la lengua y la cola antes de hablar. Sin aportar datos que sostuvieran su defensa, Calderón afirmó que en su Gobierno se “combatió con firmeza todas las formas del crimen organizado, incluyendo el de gasolinas, sin afectar a los consumidores”. Lo que no dijo es que con esa “firmeza” no afectó a los huachicoleros y sus tomas clandestinas para robar combustibles a Pemex, que crecieron en casi 800% durante su administración.

Según datos históricos de Pemex, las tomas clandestinas que había en sus ductos en 2006, al inicio del sexenio calderonista eran 213, mientras que para el 2012, al concluir su Presidencia, el número se elevó a mil 550 puntos de robo de combustible. La misma paraestatal, a través de su área de logística, documenta que en los tres últimos años de su Gobierno, de 2009 a 2012, se perdieron 6 mil 966 millones de barriles de gasolina y diésel por combustibles robados, que según un cálculo “conservador” realizado por el portal informativo Animal Político, representaría una pérdida, a precios reales de la gasolina Magna en esos años, de 62 mil millones de pesos. ¿Eso demuestra la firmeza de la que habla el expresidente Calderón?

En lo único que tiene razón Calderón, en su respuesta, es en que las pérdidas y las fugas de combustible detectadas en su Gobierno era “más de 10 veces menores a las que hay ahora”, porque aunque sus números en materia de huachicoleo no son para presumir, el Gobierno de Peña Nieto los elevó y los superó con creces, pues las tomas clandestinas entre 2012 y 2018 crecieron a 12 mil 581, lo que significa un aumento de 262% de las mil 550 que le heredó Calderón, mientras que las pérdidas en barriles pasaron 7 mil 762, y el costo económico por fugas y robo de combustible se disparó a 92 mil millones de pesos.

La reacción de Calderón, que tiene activismo político contra el Gobierno de López Obrador, igual que Vicente Fox, es parte de la estrategia con la que el expresidente busca impulsar la creación de un partido político junto a su esposa Margarita. Sin duda Calderón busca disputarle al PAN el monopolio del discurso opositor al lopezobradorismo con el que el michoacano mantiene una confrontación abierta desde la campaña presidencial de 2006.

No es la primera vez que López Obrador alude, en su cruzada contra el robo de combustibles, iniciada en los últimos días del 2018, a la responsabilidad de sus antecesores en el crecimiento de la industria ilegal y delictiva del huachicoleo, pero ayer en su conferencia de prensa, a pregunta expresa sobre el papel que jugaron Fox, Calderón y Peña Nieto en la red de corrupción y delincuencia que permitió el incremento del saqueo del erario y los recursos de Pemex en los últimos 18 años, el Presidente fue directo: “Es difícil decir ‘yo no sabía’, las autoridades sabían. Tolerancia, vamos a decir, de todos, omisión. Lo sabían todos. Como que había una especie de ceguera, no se veía. Como que no se ve que se están robando mil pipas diarias. Era una especie de tolerancia, algo pactado pero de tiempo atrás” comentó.

Veremos hasta donde llega el duelo verbal entre López Obrador y Calderón, y sobre todo qué repercusiones tiene para el expresidente que suelta la lengua sin cuidar la cola; pero por lo pronto, en la estrategia emprendida por el Presidente para frenar el robo de combustibles con el cierre total de ductos de Pemex y el efecto colateral que tiene al provocar desabasto y escasez de gasolinas y diésel en al menos 10 estados y en el Valle de México, está claro que la oposición busca aprovechar al máximo lo caliente del tema y el impacto social, económico y político que tiene la ausencia total o parcial de combustibles en buena parte de la República.

Porque en la crisis de los ductos y de la gasolina, se formaron tres grandes bloques: de un lado el Presidente dice que, con el apoyo incondicional de la sociedad: “no responderemos a presiones”, e insiste en pedir “paciencia y calma” a la población ante las fallas en la transportación de combustible, al tiempo que insiste en que no dará marcha atrás a su cruzada contra la mafia huachicolera; mientras que organismos empresariales, gobernadores y opinión pública dicen apoyar y reconocer su decisión de combatir el robo de combustibles, pero le piden replantear y corregir las fallas en su estrategia para no afectar a los ciudadanos ni la economía. Y en el extremo están sus opositores y detractores, que acusan “ineptitud, incapacidad y una fallida estrategia” y le piden revertir su plan de combate al huachicoleo y garantizar el abasto de combustibles.
08 Enero 2019 03:57:00
El interino para Puebla
Sin que se conozcan avances en las investigaciones sobre el accidente aéreo que hace dos semanas le costó la vida a la gobernadora Martha Érika Alonso, al senador Rafael Moreno Valle y a tres personas más, en el Congreso de Puebla se aprestan a designar, este sábado, en medio de los últimos jaloneos y negociaciones, al gobernador interino que deberá convocar a elecciones extraordinarias para elegir a un nuevo titular del Ejecutivo estatal.

La designación resultará clave para los comicios que se prevén para el 2 de junio. Y a pesar de los intentos por evitar la designación de un interino partidista para calmar la fuerte polarización política que vive el estado, en el tramo final de los posibles sustitutos está el líder del Congreso, José Juan Espinoza Torres, diputado por el PT aunque con gran influencia en Morena y operador cercano al presidente López Obrador, o el secretario de Gobierno y actual encargado de despacho, Jesús Rodríguez Almeida, morenovallista y exfuncionario de seguridad del gobierno del PRD en la CDMX.

Morena y sus aliados del PT y PES, con su mayoría de 22 diputados, pugnan por designar para el interinato a Espinoza Torres, a quien analistas locales ubican como “el poder real en Morena”, mientras que el bloque morenovallista del PAN, PRD y MC, con 14 diputados empuja a Rodríguez Almeida, y además están los 4 votos del PRI y 1 del PVEM. Es decir, que si se impone la consigna dictada por la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polenvsky, de que “vamos con todo” al reiterar la candidatura de Miguel Barbosa —con todo lo polémico y soberbio que resulta repetir a un candidato que se confrontó hasta el último momento con la gobernadora fallecida— entonces es muy posible que, ante la falta de consensos en el Congreso local, la decisión se tome por mayoría y el gobernador sustituto sea morenista.

Eso significa que la nueva elección será tan tensa, enrarecida y disputada como la primera, con la diferencia de que el morenovallismo ya no tendría el poder para intentar influir en los resultados, pero sí lo podría tener Morena. En los tres meses que se darían para la campaña —si se confirma la fecha del 2 de junio, que empataría a Puebla con los comicios de gobernador de Baja California, donde Morena podría arrasar, y con votaciones locales en Durango, Aguascalientes, Quintana Roo y Tamaulipas— volveríamos a ver reeditada una encarnizada lucha por el poder en la estratégica entidad poblana que, igual que la pasada elección de julio de 2018 podría terminar también en polarización, violencia y conflictos poselectorales.

Porque de un lado el PAN, con el morenovallismo como corriente dominante, buscará ratificar nuevamente en las urnas el polémico triunfo que le dieron los tribunales electorales y mantener a Puebla como bastión panista, a la par de infligirle a Morena y al presidente López Obrador su primer derrota electoral en el poder, con miras a las elecciones intermedias de 2021. Y para lograrlo, los panistas no dudarán en explotar y lucrar con el luto y el voto solidario para su gobernadora y su exgobernador fallecidos trágicamente, apostándole a fenómenos electorales que suelen producirse tras la muerte o asesinatos de candidatos, tal y como ocurrió en la presidencial en 1994 con Luis Donaldo Colosio o más recientemente con el candidato en Tamaulipas, Rodolfo Torre, que en ambos casos de magnicidio, una de las líneas de investigación que aún no se descartan en Puebla, fueron capitalizados de manera contundente en las urnas por el PRI.

Pero del otro lado, en Morena, también saben que ganar Puebla es estratégico para el proyecto no sólo de Puebla, sino para el gobierno de López Obrador. Un triunfo poblano para el partido del Presidente confirmaría que, 6 meses después de ejercer el Gobierno, el lopezobradorismo sigue en la ruta de convertirse en la nueva fuerza hegemónica a nivel nacional. Por eso Yeidckol se lanzó con todo a decir que ganarán Puebla y por eso, en un acto de soberbia cuyo efecto aún es impredecible, decidieron repetir la candidatura de Barbosa, aún con el enorme riesgo de que el electorado pudiera ver un desplante o un acto de insensibilidad y pasarle factura de la muerte de su excontrincante al candidato de Morena, lo cual beneficiaría la apuesta del panismo.

Por lo pronto el sábado se espera “humo blanco” en el Congreso poblano. Y vendrá también la definición del PAN de quién será su candidato, que saldría de entre los morenovallistas Luis Banck y Max Cortázar, o de los panistas Mario Riestra, Juan Pablo Piña y Humberto Aguilar. Y a partir de ahí, Puebla volverá a ser, durante los meses que duren las campañas, más de demonios que de ángeles.


NOTAS INDISCRETAS: Ayer en la reunión anual de embajadores y cónsules el canciller Marcelo Ebrard llamó al cuerpo diplomático a contribuir para rediseñar “la nueva política exterior de México”, pero a la hora que le preguntaron por la polémica decisión de no suscribir el acuerdo de Lima, argumentó la vieja política exterior, la de la “autodeterminación de los pueblos” y la no intervención consagrada en el Artículo 89 constitucional. Eso sí, dijo que “no intervención no significa pasividad, sino respeto a los países” y dijo que para defender derechos humanos en el extranjero, México tiene primero que resolverlos en casa. Total que la nueva política exterior se parece mucho a la vieja, que no es lo mismo pero es igual, ¿Me entiendes chato?... Los dados mandan Escalera doble para el nuevo año.
15 Diciembre 2018 04:06:00
Mayorías y contrapesos en la 4T, la cifra mágica de los 43
La oposición en el Congreso se encuentra en un momento decisivo. En este fin del periodo legislativo, con algunas votaciones que se tienen que dar de decisiones trascendentales, se define si, en medio de la fuerza mayoritaria de Morena, las fracciones del PAN, PRI, PRD y MC aún tienen posibilidades de consolidar un bloque opositor que sea contrapeso necesario para definir mayorías constitucionales de dos terceras partes; o si de plano, la operación política del nuevo partido gobernante, incluidas la cooptación de legisladores vía negociación política y económica, las amenazas y chantajes con investigaciones a algunos parlamentarios, y hasta la vieja y consabida fórmula del ausentismo en votaciones trascendentales, convierten a las bancadas de oposición en meros congresistas testimoniales y al partido del presidente López Obrador en una fuerza absolutamente dominante y hegemónica en las dos Cámaras del Congreso federal.

Votaciones como la de la designación del nuevo fiscal general de la República, de un integrante de la Suprema Corte, entre otras que se tienen que dar antes de que termine el año en el Senado, son claves y última oportunidad a los disminuidos partidos opositores de volverse un contrapeso político real que obligue a Morena a negociar y a no imponer.

Por eso se habla entre senadores de la República de una “cifra mágica” de los 43 votos, pues así unidos pueden hacer la diferencia y evitar el mayoriteo automático y la aplanadora del partido gobernante; pero si se dividen, abren la puerta a cualquier cambio, no sólo en la Constitución, sino a la estructura misma del Estado.

Esos 43 votos se conformarían de la siguiente manera: 24 senadores del PAN; 14 senadores del PRI (porque el otro senador priista, el chiapaneco Noe Castañón, se le ubica más cerca del exgobernador Manuel Velasco y por lo tanto sumando a Morena) y 5 senadores del PRD. Esos 43 senadores sin los cuales la bancada de Morena (59), aún sumando a todos sus aliados del PT (6), PES (5), PVEM (6) no alcanza los 96 senadores necesarios para reformar la Constitución o aprobar nombramientos como los del fiscal o ministros de la Corte. Ni aún si sumara a los siete senadores de MC, cuya agenda ahora depende más del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y al priista Castañón, y en un caso hipotético al senador independiente, Emilio Álvarez Icaza, aún así la cifra más alta que alcanzaría Morena sería 85 votos, que en un caso hipotético de que asistan los 128 senadores a una votación constitucional, no les alcanza para hacer la mayoría de dos terceras partes.



Entre negociaciones y amenazas. Claro que en la realidad no siempre asisten los 128 senadores a las sesiones, en donde se requieren mayorías constitucionales, y la propia Constitución y la Ley Orgánica del Senado establecen que las dos terceras partes se contarán “con los senadores que estén presentes al momento de la votación”. Y ahí es donde entra en operación un viejo lobo de mar, coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. ¿Qué tanto pueden él y sus operadores romper a ese bloque de los 43 senadores de oposición para sacar las votaciones constitucionales del fiscal y el nuevo ministro?

Por lo pronto, lo que no hay duda es que la mayoría morenista en el Senado no tiene problema en usar el más viejo y conocido arsenal de formas de “convencer” y “ganar votos de la oposición”. Y según confirman en las oficinas de algunos senadores de oposición, las formas de “convencimiento” de la cuarta transformación no tienen miramientos y pueden ser tan rudas o seductoras.

Es decir, que la política parlamentaria sigue siendo la misma o más ruda. Y no hay duda de que no es un solo senador el que puede ser “convencido” con argumentos tan “convincentes” como el activarle o no expedientes, señalamientos, investigaciones y hasta comisiones de la verdad.

Por eso cobra relevancia lo que ocurrió el jueves en la sesión del Senado, donde la oposición actuó en bloque ante el agandalle y mayoriteo de Morena, que de un plumazo y en una reforma que no consultaron con el resto de los partidos, sacaron al senador perredista Juan Zepeda de la Comisión de Justicia.

Tras el “albazo” morenista, las bancadas de PAN, PRI, PRD y MC abandonaron el pleno del salón, dejando sin quórum suficiente a la sesión. Pero a pesar de tales ausencias y de que el artículo 39 de la Ley Orgánica obliga al presidente de la Mesa Directiva a verificar la cifra de senadores presentes y a declarar la falta de quórum cuando es visible y no haya en el recinto la mitad más uno del total de los senadores (67), el jueves esa verificación nunca fue ordenada y se continuó con una sesión que, en sentido estricto, debió ser cancelada.

después del abandono en bloque de la oposición, la bancada de Morena y sus aliados no sólo continuaron la sesión sin quórum, sino que sometieron a votación varios asuntos, entre ellos la aprobación del otorgamiento de la Medalla Belisario Domínguez a Carlos Payán y Julio Scherer. Como al momento de votar no se completaba la mayoría de votos y había menos de 64 votos, insuficientes para hacer la mayoría que validara el nombramiento, el reloj que mide el tiempo para que los senadores emitieran su voto se mantuvo abierto más de 30 minutos, cuando lo normal que se da a cualquier votación es de 10 minutos, según establece el artículo 98. Hasta que apareció el último senador de Morena, Pedro Haces, al que aparentemente tuvieron que mandar traer para que votara, se cerró la votación y se lograron los 67 votos a favor que finalmente aprobaron el nombramiento de los ilustres homenajeados.

“Es violación tras violación a la ley, no sólo por mayoriteo, que sería legal, sino aun torciendo los reglamentos y leyes que rigen al Senado”, se quejó un senador priísta, que algo sabe de mayoriteos y aplanadoras durante décadas del control priista en el Congreso.


13 Diciembre 2018 04:06:00
Estalló la guerra, la Corte en la mira
El choque de poderes escaló ya a una confrontación mayor en la que se agotaron las vías del diálogo y se cruzaron, de uno y otro lado, los límites ya no sólo de la división de poderes, sino de ataques abiertos, conspiraciones, operaciones y confabulaciones entre miembros del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, cuya relación está tan deteriorada y enfrentada en estos momentos, que hasta podría ocasionar renuncias y graves señalamientos contra ministros, legisladores y hasta secretarios de Estado.

La cancelación de última hora de la asistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y su Gabinete a la comida con la que se despedirá al ministro presidente de la Corte, Luis María Aguilar, y el hecho de que el Ejecutivo asista sólo al acto protocolario en donde el titular del Poder Judicial rendirá su informe de cierre de gestión, es más que una inédita descortesía política del Ejecutivo que solía siempre estar presente en esa comida; es el indicador más claro de que ya hay un rompimiento abierto entre las cabezas de los dos poderes, mientras debajo, lo mismo en columnas que en los corrillos políticos se cruzan graves acusaciones de uno y otro lado en una guerra que ya no parece tener punto de retorno.

Tanto ha escalado el conflicto, que comenzó como un tema de la reducción de sueldos de los jueces y magistrados, pero que ya se tornó en una confrontación mayor, que podría incluso llevar a que se acelere la presentación, en el próximo periodo de sesiones del Congreso, de una iniciativa de reforma constitucional que ya tiene lista y terminada la fracción de Morena en el Senado para una reforma al Poder Judicial que desaparecería a la Suprema Corte de Justicia y crearía en su lugar un Tribunal Constitucional en el que se integre incluso al actual Tribunal Electoral federal como una sala.

Las acusaciones de una maniobra política, planeada y orquestada desde el interior de la Suprema Corte, para dilatar la aprobación del nuevo ministro y llevarla hasta el próximo año, a fin de restar un voto a la propuesta de AMLO en la elección del nuevo presidente de la Corte, es parte de lo que detonó la molestia en Palacio Nacional, en donde se asegura que hubo una operación abierta que realizaron al menos cuatro ministros: el presidente Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, para reunirse con políticos del PRI y el PAN en el Senado, a los que ofrecieron un plan “para intercambiar favores” en el tema de la acción de inconstitucionalidad a cambio de garantías para ambos partidos en temas como la validación de la elección en Puebla y la Comisión de la Verdad en el caso Ayotzinapa.

Tres de esos ministros que mencionan, según afirman en la bancada de Morena en el Senado, pusieron sus equipos de asesores a disposición de los senadores de oposición para la elaboración y redacción de la Acción de Inconstitucionalidad que se trabajó en una oficina de la calle Eugenio Sue, en Polanco, donde tiene oficinas particulares un senador del PRI. Y ahí es donde, según los senadores morenistas, se dio una “coordinación, concertación o confabulación”, según se vea porque “se juntó el hambre con las ganas de comer, los ministros necesitaban que alguien presentara esa acción de inconstitucionalidad, porque ellos no podían hacerlo y tenían el inconveniente de que la acción de la CNDH no pedía la suspensión de la ley, mientras que a los legisladores de oposición les interesaba asegurar asuntos como posibles responsabilidades en el caso Ayotzinapa, en el caso del PRI, o el reciente fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre los comicios de Puebla”, sostiene un integrante de la coordinación de Morena en el Senado.

Hoy, cuando se produzca la despedida de Luis María Aguilar, la crisis entre poderes se hará evidente en el discurso que corresponde del presidente de la Corte, que seguramente hará un mensaje de defensa al Poder Judicial frente al presidente López Obrador que no podrá hablar en ese foro. Pero luego, tras el acto protocolario, cuando el jefe del Ejecutivo abandone el recinto judicial y no se quede a la comida en donde históricamente han convivido los titulares de los dos poderes, el distanciamiento y la fractura serán evidentes; tanto, que ya hay una integrante del Gabinete federal, la secretaria Olga Sánchez Cordero, que al tener divididas sus lealtades entre su actual jefe, el presidente, y sus antiguos compañeros, los ministros de la Corte, a los que también les ofreció operar a su favor, podría ser la primera víctima fatal de esta guerra.



11 Diciembre 2018 04:05:00
El PRI, huérfano y perdido
Quién sabe si sea el espíritu navideño que los embarga o si de plano siguen sin sobreponerse al golpe del tsunami lopezobradorista que los arrolló hace ya 5 meses, pero en el PRI no dan señales de vida ni de un intento serio de reanimación o recuperación de ese partido. Con sus liderazgos agachados y agazapados ante el embate de la Cuarta Transformación y del nuevo Gobierno, los priistas ni siquiera en la orfandad, tras la salida de su jefe máximo, Enrique Peña Nieto, se deciden a iniciar un movimiento en busca de una sacudida real que los lleve ya sea a una refundación o a un replanteamiento total del partido al que el peñismo dejó casi aniquilado, tras sus escándalos de corrupción y su fallido Gobierno, y que fue brutalmente rechazado por los mexicanos en las urnas.

Tanto dijeron que “en cuánto se fuera el presidente comenzarían la revuelta y la noche de cuchillos largos”, que la calma chicha que hoy se observa en el PRI –donde hay una dirigencia nacional paralizada y solo algunos políticos y liderazgos medios se mueven con propuestas de refundación y democracia interna, como Ulises Ruiz que recorre el país, o la corriente LIDER presentada el fin de semana– parece confirmar que, en la orfandad, sin un liderazgo definido y con el desánimo y división interna que trajo la derrota, el que fuera hasta hace muy poco el partido gobernante y la primera fuerza política nacional, hoy navega a la deriva y resignado a ser una cada vez más débil y desdibujada tercera fuerza.

Porque aun los personajes que en corto dicen que van a buscar el liderazgo nacional y que quieren encabezar una refundación y una nueva definición del priismo como fuerza opositora al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en público no se atreven todavía a asomar la cabeza, como si temieran que alguien desde el Palacio Nacional se las pudiera cortar. Y se mueven, eso sí, tras bambalinas en espera de mejores tiempos para lanzar abiertamente una campaña por la recuperación y el rearmado de los pedazos y fragmentos que quedaron de la vieja estructura y la maquinaria priista en los estados, que fueron arrasadas por el fenómeno de Morena y el lopezobradorismo.

En ese caso están los dos priistas más fuertes que se sabe podrían enfrentarse en una contienda interna: el coordinador de los senadores, Miguel Ángel Osorio Chong, que en privado dice que “sí va por el PRI”, pero en público cuida cada movimiento; y el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, que después de un arranque acelerado y de hacer alianzas internas con fuerzas como Rubén Moreira, decidió meter el freno para concentrarse en el apoyo entusiasta a los proyectos del presidente López Obrador en el sureste que beneficiarán a su estado, como el Tren Maya o el proyecto del corredor transístmico. Tanto Osorio como Moreno son vistos al interior del priismo como los dos aspirantes más fuertes a buscar la dirigencia partidista, una vez que se defina la ruta y el calendario que seguirá a una Asamblea Nacional refundatoria y una elección abierta y por voto directo de los militantes, como la que ha planteado la mayoría del priismo.

El problema es que la actual dirigente, Claudia Ruiz Massieu, no parece tener ni prisa ni claridad para trazar esa ruta. La inactividad de la dirigente nacional, concentrada en su labor como senadora, es una queja constante de un priismo que no ve una estrategia clara desde su Comité Ejecutivo Nacional, que parece ausente y apático ante la necesidad de reanimar a lo que quedó del priismo. Un priista de la cúpula dice sobre el papel que está jugando hasta este momento Ruiz Massieu al frente del CEN del PRI: “Es como Enrique Ochoa, pero con falda”.

Mientras tanto, otros liderazgos del priismo, como los 12 gobernadores que aún le quedan, o exdirigentes nacionales como Manlio Fabio Beltrones, también parecen ausentes o en espera de definiciones. Ni Alfredo del Mazo, el heredero del Grupo Atlacomulco, ni otros mandatarios estatales, parecen querer asumir en estos momentos un papel protagónico.

Así que se fue Peña Nieto y en el PRI huérfano y perdido no ha habido ni cuchillos largos ni navajas cortas. Más bien, parecen un partido a la deriva que nada “de a muertito” en espera de que le cambien las corrientes.
08 Diciembre 2018 04:07:00
Olga y el góber precioso
Como una vuelta del destino, a Olga Sánchez Cordero le toca, una vez más, actuar en las graves acusaciones contra el “exgober precioso” de Puebla, Mario Marín Torres. La primera vez que Sánchez juzgo a Marín, como ministra de la Corte en 2007, no sólo ayudó a exonerarlo sino que su voto salvó al político poblano de ser acusado de conspirar para violentar los derechos de la periodista Lydia Cacho, detenida, amenazada y torturada ilegalmente en 2005. Once años después, ya como secretaria de Gobernación del presidente López Obrador, doña Olga vuelve a tener en sus manos el mismo caso y ahora es la responsable de ordenar y vigilar una nueva investigación en contra Marín y otros autores intelectuales y materiales de aquella agresión a la periodista.

La detención el martes pasado de Alejandro Rocha Laureano, agente ministerial en Puebla, como presunto responsable del delito de tortura contra Lydia Cacho, confirma que el caso de las graves violaciones a los derechos de la escritora y periodista está de vuelta, y que el actual gobierno de López Obrador ha empezado a cumplir la orden del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que el pasado 31 de julio, en una resolución contra el Estado Mexicano, ordenó hacer una investigación “imparcial, pronta y exhaustiva” del ataque ilegal cometido contra Cacho, a quien además pidió que las autoridades deben “ofrecer una compensación adecuada” y evitar futuras violaciones a los derechos de periodistas y defensores de derechos humanos mediante la despenalización del delito de difamación y calumnia.

Y justamente, las dos áreas del gobierno mexicano que deben cumplir esa resolución obligatoria de la ONU-DH son la Secretaría de Gobernación, a cargo de la ex ministra Olga Sánchez Cordero, y la Procuraduría General de la República, cuyo titular es Alejandro Gertz Manero. La PGR ya dio el primer paso al ordenar a agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que cumplieran una orden de aprehensión en contra del agente Rocha Laureano. La pregunta ahora es qué va a hacer por su parte la Secretaría de Gobernación y si sólo van a detener a los autores materiales de la detención y tortura, incluso intentos de violación y amenazas de muerte, de lo que Lydia Cacho culpa a 17 agentes poblanos en total, y apenas van tres procesados, o si también irán contra los autores intelectuales, entre los que la periodista señala directamente a Mario Marín, cuyas conversaciones telefónicas con el empresario Kamel Naciff en 2006, evidenciaron una clara conspiración para reprender a la periodista por las denuncias de su libro Los demonios del Edén.

La ministra y la corte que exonero a Marín.La pregunta de qué posición tomará ahora la Sánchez Cordero en este caso es relevante porque en el 2007, cuando la denuncia de Lydia Cacho fue atraída por la Suprema Corte, para definir si hubo o no una conspiración entre el entonces gobernador de Puebla y el empresario Naciff para violar los derechos de la periodista y ordenar su detención arbitraria, la ahora titular de Gobernación y entonces ministra tuvo una actuación tan dudosa en la sentencia favorable de la Corte, que negó la existencia de esa conspiración e incluso desestimó la gravedad de las violaciones, que se le llegó a mencionar como la “salvadora” de Mario Marín.

En aquel año la SCJN se fue con todo contra la periodista Cacho. Dos sesiones bastaron a los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Olga Sánchez Cordero para llevar a la Corte a uno de sus máximos descréditos y echar abajo la investigación contra el entonces ya conocido popularmente como el gober precioso. Los dos ministros Aguirre y Sánchez, se encargaron de dirigir los argumentos contra el dictamen presentado el 26 de noviembre de 2007 por el ministro Juan Silva Meza, en el que establecía que sí existió la “componenda” entre autoridades encabezadas por Marín para perseguir a la periodista a solicitud del empresario Nacif Borge. Silva había investigado el caso por más de un año por mandato de la propia Corte pero cuando presentó su dictamen, bastaron dos sesiones, el 27 y 29 de noviembre, para que se lo desecharan y se exonerara a Marín “por falta de pruebas”.

La hoy titular de Gobernación, con su voto entonces como ministra, fue decisiva para que el 29 de noviembre de 2007 “salvara” al gobernador priista de Puebla de ser declarado culpable de aquella conspiración contra Lydia Cacho, pues cuando se esperaba que votara en contra, doña Olga, considerada entonces como “defensora de los derechos de las mujeres”, votó a favor de la inocencia del político. Ante la sorpresa general que causó su voto, la ministra Sánchez después explicaría que los resultados de las investigaciones no eran suficientes para que ella considerara que hubo una violación a la libertad de expresión de Lydia Cacho por lo que votó en contra de la periodista.

“En mi opinión los datos arrojados por la averiguación previa, por la ejecución de la orden de captura y por la incertidumbre jurídica que se generó con la detención, así como el trato singular al que fue expuesta en razón de su condición, no son suficientes para mí para arribar a la conclusión de que la actuación de las autoridades sí vulneró su libertad de prensa”, aseguró la ministra que con su voto completó la mayoría de 6 a 4 que salvó al gober precioso de ser acusado y enjuiciado por violaciones graves.

Por eso vuelve la duda y la pregunta ¿la secretaria Sánchez sí va a investigar al político que la ministra Olga exoneró? Va a tener la imparcialidad y la autoridad la titular de Gobernación para ejecutar la orden de la ONU para que se investigue a Mario Marín, a Kamel Nacif y a todos los que conspiraron para detener y violentar ilegalmente los derechos de una mujer y periodista como Lydia Cacho Ribeiro. O de plano doña Olga, como ya lo hizo como ministra ¿volverá a perdonar al gober precioso y al “héroe de esta película, papá”?

La batalla de los sueldos vs. la constitucionalidad.En San Lázaro dicen que a pesar del fallo de la Corte que pidió suspender la disminución de salarios a los funcionarios del Poder Judicial Federal en el Presupuesto del 2019, hasta que se defina la constitucionalidad de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, impugnada por la Acción de Inconstitucionalidad que promovieron Senadores de oposición, los diputados federales no detendrán su aplicación y que sí van a considerar la reducción de sueldos del Poder Judicial y del resto de los poderes y organismos autónomos en las partidas presupuestales del próximo año.

Y es que, a pesar de la suspensión que otorgó ayer el ministro Alberto Pérez Dayán, y de que todo apunta a que la Corte va a declarar la inconstitucionalidad de la citada ley que aprobó el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados están engallados y advierten que van a declarar un “conflicto de interés” grave en el hecho que los jueces, magistrados y ministros conozcan de la disminución de sus propios salarios.

Así que, tal como aquí se lo anticipamos desde hace semanas, se viene una batalla y un choque fuerte entre Poderes en lo jurídico y que podría escalar tanto que rebase incluso las instancias nacionales y llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero al final, como aseguran que comentó en privado hace poco el presidente López Obrador: “Podrán ir a la Corte interamericana o a la Corte intergaláctica, pero de que la austeridad en los sueldos va, va”.

Preparémonos pues para la guerra de poderes. Será el veto de los jueces contra los votos de los legisladores.


06 Diciembre 2018 04:06:00
‘El Bronco’ y Cantú: la otra ‘Operación Monterrey’
Un nuevo personaje aparece con todas sus huellas en la encarnizada disputa por la codiciada alcaldía de Monterrey: Jaime Rodríguez “El Bronco”, gobernador independiente de Nuevo León, se asoma ahora en la enredada trama de una elección que ya tuvo que ser anulada por el Tribunal Electoral federal ante el “cochinero” y desa-seo tanto en esos comicios como en la poselección, pero que tendrá ahora una segunda edición con las nuevas votaciones programadas para el próximo 23 de diciembre.

La mano de “El Bronco” aparece metida en una inconfesada alianza política con el dos veces candidato del PAN, Felipe de Jesús Cantú, a quien el gobernador parece apoyar con su estructura electoral y con recursos estatales para hacer con el panista “un gobierno juntos”.

En un audio de una conversación telefónica entre el gobernador Rodríguez Calderón y el candidato panista Cantú Rodríguez, que llegó ayer a esta columna y que hoy aparece también publicado en el portal Código Magenta, que dirige el periodista Ramón Alberto Garza, se escucha hablar a los dos personajes con una enorme cercanía personal y política, y trazar juntos un plan para tratar de ratificar el triunfo de Cantú, impugnado por el PRI y controvertido luego en todas las instancias electorales hasta que llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde a pesar de las presiones y sobornos a funcionarios de ese órgano colegiado, que documentamos en esta columna, se anuló finalmente la elección el pasado 30 de octubre, y ordenó la realización de nuevos comicios que se celebrarán en dos semanas con la participación de los mismos candidatos.

¿Qué tanto se metió el gobernador de Nuevo León en la cuestionada elección anulada y qué tanto se meterá en los comicios del 23 de noviembre? ¿Cuál es el interés y cuál el pacto entre un gobernador que dice ser “independiente” y el candidato del PAN? ¿Tiene algo que ver esa alianza con el apoyo que los diputados panistas le dieron al “Bronco” para evitar un intento de juicio político en el Congreso local? Las preguntas cobran sentido por el diálogo que a continuación se reproduce entre Jaime Rodríguez y Felipe de Jesús Cantú y que, por las menciones que hacen, ocurrió antes de que saliera el fallo de los magistrados federales que anuló los primeros comicios:


JAIME RODRÍGUEZ: ¿Bueno?

UN ASISTENTE: Un segundo señor nomás, viene de una llamada, Felipe

JAIME RODRÍGUEZ: ¿Bueno?

FELIPE CANTÚ: Quihubole, ¿cómo andas?

JAIME RODRÍGUEZ: ¿Cómo estás compadre?

FELIPE CANTÚ: Ayjuesu, ¿te acuerdas la foto que me enseñaste del gallo aquel?

JAIME RODRÍGUEZ: Sí, pero cabrón hiciste todo tu esfuerzo, cabrón, te admiro cabrón eres…

FELIPE CANTÚ: Jajaja Ayjuesu pinche madre!!

JAIME RODRÍGUEZ: Eres un valiente cabrón, eres un valiente. Y te lo digo de todo corazón, eres un valiente.

FELIPE CANTÚ: Gracias máster, muchas gracias.

JAIME RODRÍGUEZ: Sabes que lo que vuelvo a ratificarte es: hagamos un gobierno juntos cabrón. Es algo muy importante que luego platicaré contigo, si me lo permites ¿no?

FELIPE CANTÚ: Ya habrá tiempo de platicar máster.

JAIME RODRÍGUEZ: Claro, claro. Ahorita lo importante es que tú me digas qué hacemos juntos.

FELIPE CANTÚ: Bueno, mira. Yo nada más quería platicarte mis tiempos y vicisitudes. En este rato pues obviamente, están en juego las alcaldías y las impugnaciones. Entonces en ese sentido no es una sola posición. Entonces necesito esperar un poco a que amainen esos temas, y entonces nos vamos a guardar un ratito.

JAIME RODRÍGUEZ: Órale, está bien compadrito. Yo estaré pendiente no te preo-cupes y nos estrecharemos la mano y quiero darte un abrazo porque, la verdad yo estoy muy contento contigo porque me diste respeto y yo te doy respeto.

FELIPE CANTÚ: Bueno, muchas gracias viejón, estamos pendientes.


JAIME RODRÍGUEZ: Saluda a tu familia y dales un abrazo de mi parte compadre.

FELIPE CANTÚ: Órale viejón, pendiente, hasta luego.

JAIME RODRÍGUEZ: Gracias, gracias.

A tan sólo 17 días de que se lleve a cabo la segunda elección por la Alcaldía de Monterrey, con Felipe de Jesús Cantú otra vez en la boleta, igual que su contrincante acérrimo del PRI, Adrián de la Garza, y con la decisión de Morena de salirse de la contienda al no poder cambiar a su candidato y negarse a postular nuevamente a Patricio Zambrano, todo apunta a otra batalla cerrada por la codiciada capital de Nuevo León. La pregunta es si la alianza entre “El Bronco” y Cantú también operará en esta segunda vuelta o lo que es lo mismo ¿meterá las manos en los nuevos comicios el gobernador que justamente proponía mocharle las manos a los corruptos en su fallida campaña presidencial o se las automutilará don Jaime para ser congruente con su propuesta?
04 Diciembre 2018 04:00:00
¿AMLO en la boleta de 2021?
Pocos cayeron en la cuenta de que al anunciar que llevará a cabo su revocación de mandato en 2021, Andrés Manuel López Obrador también estaba anunciando que su consulta coincidirá exactamente con la fecha de las elecciones intermedias del 1 de julio. Es decir, que el mismo día que los mexicanos voten para elegir diputados federales y algunos cargos locales, el nombre del presidente también estará entre las boletas que tendrán que cruzar con la pregunta de si desean que continúe al frente del Poder Ejecutivo o si su mandato de 6 años debe ser revocado. El solo nombre del político que ganó la Presidencia con 30 millones de votos tendría un impacto indudable a favor de su partido, Morena, que buscará ratificar en esos comicios su abrumadora mayoría en la Cámara de Diputados.

La estrategia detrás de la primera consulta para revocación de mandato de un Presidente que se realizaría en México parece apostar no sólo a una ratificación contundente del electorado a una Presidencia, que para entonces tendrá 2 años y medio de ejercicio, sino también a lograr que en esos comicios federales y locales, que usualmente son considerados un termómetro para medir el éxito o el fracaso de un Gobierno a la mitad del sexenio, se repita el llamado “efecto AMLO”, que en las elecciones presidenciales del 1 de julio de este año logró que la popularidad y el posicionamiento favorable de López Obrador, como candidato presidencial de Morena, arrastrara positivamente al resto de los candidatos de su partido y los ayudara a ganar lo mismo en gubernaturas, senadurías, diputaciones federales y locales y hasta en las alcaldías y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Basta ver los números con los que arranca el presidente López Obrador, entre 70 y 65% de aprobación popular, además de los números de Morena en las encuestas de intención del voto más recientes, que le dan entre 45 y 49% de la votación nacional “si hoy fueran las elecciones” para saber que, sumados, el “efecto AMLO” más la tendencia de crecimiento de Morena, que está muy por encima del PAN, el PRI y el resto de los partidos, constituirían, aún dentro de 2 años y medio, una fuerza política invencible y que volvería a arrasar a la oposición en su conjunto.

¿Será ese el cálculo que están haciendo en el nuevo Gobierno lopezobradorista y en Morena al proponer desde ahora una consulta que, según la Constitución, debe coincidir con la realización de comicios federales? Todo apunta a que sí. Buscarían reeditar el llamado “tsunami” que arrasó a cuanto partido y candidato se atravesó en su camino en los comicios de 2018. Y si a eso agregamos una oposición confrontada y dividida, en la que tanto el PAN como el PRI no logran resolver del todo sus disputas internas, mientras el PRD ya es sólo polvo de lo que fue y el resto de los partidos, PT, PES, MC y PVEM se han confirmado ya como satélites de Morena, entonces el escenario de las futuras elecciones intermedias, en 2021, terminaría siendo la consolidación del Movimiento Regeneración Nacional como el nuevo partido hegemónico de la democracia mexicana. Y si eso se concreta y si todo sale como lo calculan en el nuevo Gobierno y su partido, al resto de las fuerzas políticas sólo les quedarían de dos sopas: “o te sumas o te sumes”.

NOTAS INDISCRETAS… Tras la difusión que hizo el magistrado José Luis Vargas del proyecto de sentencia que presentará a la Sala Superior del Tribunal Electoral federal, en el que propone declarar la “nulidad” de los comicios de gobernador en Puebla del pasado 1 de julio, retirarle su constancia de mayoría a la candidata panista Martha Érika Alonso y que el INE convoque a nuevas elecciones en dos meses, el proyecto ya desató una tormenta aún sin ser votado ni aprobado por los siete magistrados del TEPJF. Y es que mientras en Morena celebraban la propuesta que de aprobarse daría la razón su candidato Miguel Barbosa, quien pidió la nulidad por violaciones a los principios de certeza y legalidad, entre otras cosas porque se violó la cadena de custodia de los paquetes electorales, en el PAN mediante un comunicado, rechazaron los razonamientos y argumentos jurídicos del magistrado Vargas y relacionaron su propuesta con “una iniciativa de reforma legal que presentó la bancada de Morena en el Senado para despedirlo de su cargo en el Tribunal”. Los partidos que formaron la coalición Por Puebla Al Frente llaman al tribunal electoral federal “a valorar la evidencia desahogadas en etapas previas del proceso electoral” y destacan que la elección fue organizada por un órgano ciudadano e independiente y ha sido una de las elecciones más auditadas de la historia.

¿Correrá Puebla la misma suerte que la elección de Monterrey? Esta semana se sabrá… Los dados mandan Serpiente doble. Mal tiro.
01 Diciembre 2018 04:04:00
El primero que cruzó la calle más peligrosa
De muchos que lo intentaron sin éxito en la historia política del país, el primero que lo logró será Andrés Manuel López Obrador. Cuando hoy atraviese la calle Pino Suárez para entrar en Palacio Nacional, ya investido con la banda de Presidente de la República, el tabasqueño será el primer político que haya podido cruzar esa avenida, que por décadas se convirtió en la calle más peligrosa para muchos políticos que, siendo gobernantes de la Ciudad de México, pretendieron transitar los 300 metros de distancia que separan el Palacio del Ayuntamiento para alcanzar la silla presidencial, y se quedaron en el intento.

Hoy López Obrador logrará la hazaña que soñaron, pero no pudieron alcanzar, muchos otros alcaldes, regentes, jefes de Departamento y jefes de Gobierno de la capital del país, que al ver desde la ventana del despacho principal de la noble y leal Ciudad de México, tan cerquita y tan a la mano el balcón principal del Palacio Nacional, decidieron aventarse a atravesar la plancha del Zócalo y la avenida Pino Suárez, pero fueron arrollados por la caballada sucesoria y políticamente murieron en el intento. Desde Ernesto Uruchurtu, el “regente de Hierro” o el maquiavélico general Alfonso Corona del Rosal, pasando por el colmilludo profesor Carlos Hank González, el avezado Ramón Aguirre o el tecnócrata Oscar Espinosa Villareal, ningún gobernante capitalino de la era priista pudo alcanzar la Presidencia.

Tampoco en la izquierda, donde también suspiró el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, primer jefe de Gobierno electo, y la jefa sustituta y primera mujer en gobernar la capital, Rosario Robles. El propio Andrés Manuel no pudo cruzar esos 300 metros en su primer intento en 2006, después de haber sido un popular jefe de Gobierno, y tuvo que conformarse con una banda simbólica y una “presidencia legítima”, el 20 de noviembre de ese año, mientras su pelo y sus aspiraciones revoloteaban con el viento en el Zócalo y él estiraba la mano en señal de la protesta que le tomaba Rosario Ibarra de Piedra; sólo que en lugar de toma constitucional, le quedaba solo la toma del Paseo de la Reforma y la rabia y frustración de un discurso y un grito de “¡Nos robaron la elección!”:

Del tímido joven tabasqueño al discurso del balcón de Palacio. Pero esta vez, en su tercer intento por atravesar la peligrosa avenida, López Obrador la cruzará tranquilo, sin prisas, con la banda constitucional al pecho y después de haber rendido la protesta ahora sí constitucional y haber dado su primer discurso como presidente de la República ante el Congreso de la Unión. Llegará a pie, caminando desde San Lázaro, en una estampa con reminiscencias del pasado y del antiguo presidencialismo que vuelve con todo y sus rituales, pero también con toda la autoridad política y moral (autoritarismo, dicen sus detractores) que le dan los 30 millones de votantes, esperanzados y hartos, que lo llevaron a la Presidencia.

Y ahora sí la histórica puerta mariana del majestuoso Palacio se abrirá para él de par en par. Será el primer político de izquierda y el primer exjefe de Gobierno de la CDMX que atraviese por ese portal de añeja cantera con la investidura presidencial. Y ahí, después de recibir el saludo y de ofrecer una comida a sus invitados, jefes de Estado, diplomáticos, empresarios, políticos, artistas, poetas, periodistas, recibirá de manos de los abuelos y gobernadores de las 32 etnias indígenas del país, un simbólico bastón de mando, en una ceremonia de aceptación y respeto para el político tabasqueño.

Después vendrá otro momento con un alto simbolismo en el regreso a tiempos políticos de antaño. Parado en el balcón principal del Palacio Nacional, López Obrador dará su segundo gran discurso a los mexicanos; emulará así al general Lázaro Cárdenas, uno de sus referentes políticos e históricos junto con Benito Juárez. Y como el Tata lo hizo el 18 de marzo de 1938, día en que decretó la también histórica expropiación petrolera –recién revertida por la reforma energética del ya expresidente Peña Nieto– ahora “El Peje” hablará ante el pueblo, la multitud que desde la Plaza de la Constitución volverá a escuchar a un presidente de la República que esta vez no grita sólo los nombres de los héroes patrios, sino que habla y dice lo que vendrá en su Gobierno.

Ese será el momento culminante de la anhelada ascensión al poder del hombre de Macuspana, el momento en el que se materializará en definitiva aquella frase de “la tercera” que sí fue “la vencida”. Ahí en ese mensaje se definirá, en frases y conceptos, buena parte de la ruta y del cambio (incierto para unos, pero esperanzador para otros) que habrá de transitar el país en los próximos 6 años. La autonombrada “cuarta transformación” con la que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se propone al cabo de 6 años y con elevada ambición y marcada grandilocuencia, “hacer historia” y seguir los pasos de Hidalgo, de Juárez y de Madero y Zapata, y lograr ser, en sus propias palabras, “un buen Presidente” que “no les va a fallar” a los mexicanos.

Hoy aquel joven tímido, transformado en experimentado líder político y después de un largo andar por la política y por la República, tras cruzar la calle que muchos no pudieron se convertirá en Presidente: el primero que llega al poder desde una fuerza de izquierda. Y no tendrá problema para hablar, ya no sólo ante Cuauhtémoc, que será su invitado, sino ante todo un país y desde el mismo sitio desde donde sólo un Cárdenas, el padre, pudo hablar antes: el balcón del Palacio Nacional.
29 Noviembre 2018 03:03:00
Lucha entre poderes en la 4T
A 48 horas del inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Poder Judicial de la Federación (PJF) comenzó una batalla jurídica y constitucional para defender su independencia y autonomía “de los intentos de Morena por intervenir en la organización interna y en su funcionamiento” que consideran violatorios a la división de poderes consagrada en la Constitución y en los Tratados y Convenciones internacionales de las que forma parte el Estado mexicano.

Un documento interno de la SCJN y del Consejo de la Judicatura, en el que se delinea parte de esa estrategia que va a provocar una guerra entre poderes en el inicio del nuevo gobierno, establece que: “El fondo de la discusión es la independencia del Poder Judicial y los límites de otros poderes para intervenir en la vida interna del PJF, no es un tema de salarios. El rubro salarial es sólo la primera materialización de estas intervenciones (se suman otras propuestas como la rotación, criterios de paridad de género, aplicación de controles de confianza)”.

En lo que representa una estrategia conjunta de todo el Poder Judicial federal, a la que se están sumando otros organismos federales autónomos como la CNDH, lo que se busca es dar la batalla contra los otros Poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, controlados por Morena, porque según ministros, jueces y magistrados, lo que hay detrás de esas iniciativas “es un intento de sometimiento y control al Poder Judicial”.

La primera acción de esa defensa son los amparos en contra de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que obliga a disminuir y poner tope a los ingresos salariales de los ministros, magistrados, jueces y otros funcionarios judiciales. Hasta este momento se ha interpuesto ya 77 demandas de amparo colectivas contra esa ley, con un total de 331 quejosos, de los cuales 94 son magistrados, 100 jueces y el resto otros funcionarios del Poder Judicial.

Además está la “acción de inconstitucionalidad” contra esa misma Ley promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Todos esos amparos e impugnaciones serán atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que revisará el asunto no como un tema salarial, sino como un asunto de constitucionalidad o no de la Ley de Remuneraciones aprobada por el Poder Legislativo federal.

Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación presentó otra gran demanda colectiva de amparo, para lo cual esa asociación civil ha circulado entre sus miles de integrantes en todo el país una “demanda de amparo modelo” que elaboró una comisión redactora, en la que se propone combatir diversas leyes e iniciativas de reformas legales y constitucionales por parte del Congreso de la Unión y de diversos legisladores por estimarlas violatorias de la independencia y autonomía del Poder Judicial.

Se espera también que en los próximos días la mayoría de los Tribunales Superiores de Justicia de los 31 estados del país interpongan sendas controversias constitucionales contra la citada Ley, también con el argumento de que viola la Constitución y la independencia del Poder Judicial no sólo federal sino también de las entidades federativas.

Una vez que todos esos recursos lleguen finalmente a la Suprema Corte de Justicia, que ya atrajo el primer amparo otorgado a una magistrada de Sinaloa para resolver el fondo del tema de la constitucionalidad, se decretaría la suspensión de la aplicación de la legislación que empezaría a aplicarse a partir del inicio del 1 de diciembre, en el gobierno de López Obrador, lo cual significa que se suspendería la reducción de salarios y la aplicación de sanciones penales a aquellos funcionarios que ganen más de 108 mil pesos mensuales, hasta en tanto se defina si la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos es o no constitucional y si el Poder Legislativo al aprobarla y el Ejecutivo al promulgarla, no violentaron la independencia del Poder Judicial federal consagrada en la Carta Magna y en tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.

Y ya en un caso extremo, si hubiera una intervención directa del Ejecutivo o el Legislativo, que buscará desconocer o atentar contra la Corte con una disolución o vulnerar la independencia de los jueces, el asunto podría ser llevado con denuncias hasta instancias internacionales de la ONU para exigir respeto a la autonomía de los jueces y acusando al Gobierno mexicano de violar tratados y convenios internacionales, dice la ruta trazada por los jueces, ministros y magistrados en la batalla por defender su independencia.
28 Noviembre 2018 04:00:00
Suicidio en el INAI, ¿premonición?
La muerte del comisionado del Inai Carlos Bonnin Erales fue un suicidio, según los videos internos del instituto en donde se le observa saltar intencionalmente de la terraza del edificio ubicada en el quinto piso. El material grabado por las cámaras de seguridad del edificio, que ya se encuentra en posesión de la Procuraduría General de Justicia de la CDMX, confirma que Bonnin saltó al vacío luego de haber permanecido un rato en la terraza, donde encendió un cigarro y después de realizar una llamada telefónica a su esposa, lo cual apunta a la versión que se maneja internamente de que decidió quitarse la vida luego de un pleito familiar.

“Se peleó con la esposa, según la versión de los choferes de ambos. Llegó muy molesto a la oficina. Subió a la terraza. Prendió un cigarro, le llamó a su esposa y saltó”, dice una fuente de alto nivel del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos que pidió el anonimato, pero que confirma que todo ocurrió poco después de las 8:30 de la mañana cuando las cámaras de seguridad registran el ingreso del comisionado Bonnin al edificio ubicado en avenida de los Insurgentes 3211. A esa hora había muy poco personal en el edificio y ninguno de los demás comisionados había llegado a laborar.

La fuente narra que la esposa le llamó al chofer tras colgar con Bonnin y le pidió que subiera a la oficina a verlo porque “no se sentía bien”. Y a pesar de que el chofer subió para entonces el comisionado ya había saltado, aunque no murió inmediatamente producto de la caída y la propia esposa llegó a verlo todavía con vida al INAI. “Llegó la ambulancia y salió vivo de la oficina. En el hospital le diagnosticaron un paro cardiaco y esa fue la causa oficial de la muerte”, añade.

Sobre la confusión y la primera versión que manejó el comisionado presidente del Inai, Francisco Acuña, el lunes en donde sólo habló del infarto y omitió de su declaración la caída de Bonnin desde el quinto piso, lo que señalan es que el resto de los comisionados no supieron en un principio lo que había pasado, porque a la hora en que ocurrieron los hechos ninguno había llegado a la oficina y había muy poco personal que hubiera visto lo que había pasado y nunca vieron los videos donde su compañero salta al vacío. “Lo que nos dijeron distintas personas fue que ‘se cayó el comisionado y está muy lastimado’. Después nos dijeron que su estado era grave y cuando varios de nosotros llegamos al Hospital Ángeles del Pedregal los médicos nos dijeron que acababa de morir ahí por un infarto al corazón”, señala uno de los comisionados consultado por esta columna y asegura que “nunca hubo intención de ocultar nada” porque nosotros desconocíamos los videos, y el dato de que él había saltado lo supimos hasta mucho después y fue por el reporte de la PGJCDMX que ya había revisado los videos que ellos se llevaron después de presentarse la mañana del lunes en el edificio”.

El problema fue que la ambulancia tardó más de 45 minutos en llegar al lugar a atender al comisionado Bonnin que estaba inmovilizado en el suelo donde cayó, a pesar de que personal del Inai llamó por lo menos a cinco hospitales cercanos para pedir auxilio y hasta mandaron a motociclistas al Hospital del Instituto Nacional de Pediatría que está justo enfrente del edificio donde ocurrieron los hechos. La ayuda se tardó 3 cuartos de hora en llegar y a pesar de que trataron de reanimarlo con un equipo interno del Inai y de que llegaron primero su esposa y un hermano de Bonnin, que es médico, cuando la ambulancia lo levantó para llevarlo al Hospital Ángeles del Pedregal, el funcionario sufrió un segundo infarto en el camino y llegó ya casi agonizante al hospital privado.

En espera de las conclusiones que arroje la investigación abierta por la Procuraduría capitalina, colaboradores y comisionados del INAI se decían en shock por la noticia. “Cuando nos dijeron que había saltado nadie podíamos creer la idea de un suicidio. Era uno de los comisionados más activos, imparcial y comprometido con su trabajo. Iba a tener un segundo bebé y se le veía contento y muy preocupado por su esposa”, dijo otro de los integrantes del instituto.

Y aunque de eso no se habla en estos momentos de dolor y consternación en los pasillos del INAI, la muerte lamentable del comisionado Carlos Bonnin ocurre justo cuando hay versiones cada vez más fuertes de que en la bancada de la mayoría de Morena en el Senado hay un proyecto de iniciativa que busca desaparecer al Instituto Nacional como órgano autónomo, liquidar a los actuales comisionados y crear dos nuevos organismos: un Instituto de Transparencia, con un solo comisionado titular designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y otro organismo de Protección de Datos que también tendría su titular designado por el jefe del Ejecutivo.

Es decir que, en sentido dolorosamente literal y también en el sentido político, la muerte ronda al INAI.
27 Noviembre 2018 04:05:00
Arranque acelerado
Si en estos 4 meses de transición atípica, la agenda y el ritmo del Presidente electo se han percibido acelerados, el arranque de Andrés Manuel López Obrador como Presidente constitucional será todavía más movido. Y en el estilo de gobernar del nuevo mandatario, similar al que tuvo como jefe de Gobierno de la CDMX, sus actividades comenzarán desde la madrugada con reuniones de Gabinete, conferencias diarias de prensa, eventos públicos y giras constantes por el interior de la República.

Según los horarios que López Obrador ha definido ya para el inicio de su Administración, la agenda diaria del Presidente comenzará a las 6 de la mañana con una reunión con el Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional para supervisar la situación del país, focos de riesgo y situaciones en proceso en los temas de seguridad pública y seguridad nacional. Se prevé que a esos encuentros acudan cada día los titulares de las Fuerzas Armadas, Ejército y Marina, el secretario de Seguridad Pública y de la nueva Comisión Nacional de Inteligencia, entre otros.

Terminando la reunión de Gabinete de seguridad, ahí mismo en Palacio Nacional, a las 7 de la mañana, habrá una conferencia diaria en la que el Presidente hablará de los temas de su agenda política y de Gobierno y responderá preguntas de los reporteros de la fuente presidencial sobre temas y asuntos de coyuntura. Después del intercambio con la prensa sostendrá reuniones y audiencias en su despacho y asistirá a eventos o reuniones programados en su agenda.

Esa será la actividad constante de lunes a jueves. Los viernes, sábados y domingos la agenda será de visitas y giras a distintas entidades de la República, en las que el mandatario nacional buscará visitar no sólo las capitales estatales, sino también municipios importantes, lo mismo para supervisar el avance de obras en proceso, como para vigilar el adecuado funcionamiento de sus programas sociales y de apoyo a la población más vulnerable.

De acuerdo con fuentes cercanas a la oficina del próximo Presidente, la residencia habitual del jefe del Ejecutivo seguirá ubicada en el sur de la ciudad, en Tlalpan, por lo menos hasta que concluya el actual ciclo escolar y su hijo menor termine los estudios de primaria, por lo que a partir del verano del próximo año la familia se mudaría a una casa que se buscará acondicionar en los siguientes meses y que estaría ubicada en una colonia más céntrica y cerca del primer cuadro de la ciudad, a fin de facilitar sus traslados y salidas de Palacio Nacional, donde despachará habitualmente.

Y en la definición de un nuevo estilo de gobernar, seguirá siendo, a decir de sus colaboradores, un Presidente mediático, cercano a la gente con la que seguirá teniendo contacto directo en sus giras y eventos, y que lo mismo dicte la agenda política y de opinión pública del día, responda a críticas sobre su Gobierno y su ejercicio público, que recorra cada rincón del país al mismo ritmo frenético que mantiene desde su campaña de 2006.

NOTAS INDISCRETAS… Noticias de “la rebelión de los góbers”. El domingo, en una comida que ellos mismos hicieron pública con todo y foto, se encontraron en Guadalajara los gobernadores Javier Corral, de Chihuahua, y el electo de Jalisco, Enrique Alfaro. Lo interesante del encuentro en exclusivo restaurante tapatío no fue la comida ni el vino tinto que degustaron, sino lo que se “comieron” políticamente hablando. Y ese fue, sin duda, al presidente López Obrador.

El propio Corral lo relató en un tuit que subió junto a la fotografía de él y Alfaro en amena plática: “Un diálogo en la convergencia con @EnriqueAlfaroR y el compromiso sellado de convertirnos en promotores y aliados por un nuevo acuerdo de coordinación fiscal, la defensa de la soberanía de nuestros estados”. Lo único que no dijo Corral, y que también los unifica a él y al jalisciense, es la búsqueda de la candidatura presidencial en 2024, porque los dos son ya “suspirantes” abiertos de una sucesión que, dicen, también arranca el 1 de diciembre…

Por cierto que anoche un primer gobernador del PAN se bajó de la rebelión. Antonio Echeverría, de Nayarit, declaró que para él “mi nuevo jefe político es AMLO y vamos a ajustar el presupuesto del estado, a disminuir gasto, como lo está haciendo el Presidente”. Casualmente, esa declaración de Echeverría la hizo ayer en el estacionamiento del Senado, justo cuando salía de la oficina del coordinador de Morena, Ricardo Monreal. ¿Qué le habrán prometido al góber panista de Nayarit para que dejara a los rebeldes de su partido y se alineara con la 4T? ¿Acaso le ofrecieron la “esperanza para Nayarit”?…

Y mientras los mandatarios panistas y del PRD se alistan para iniciar su “batalla por el federalismo” y contra López Obrador con una acción de inconstitucionalidad por los “superdelegados”, los gobernadores del PRI parecen estar a la expectativa y no se suman a la rebelión. Ayer, el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, la figura más visible del PRI en los estados, comentó a pregunta de esta columna sobre si iban o no a sumarse a las acciones de inconstitucionalidad: “Hoy más que nunca, los mexicanos debemos pensar en fortalecer el federalismo, en la soberanía real de los gobiernos estatales, para evitar estancamientos que han perjudicado al país. Un México que debe y que tiene que estar por encima de intereses personales, de partidos y de otro tipo de intereses que han deteriorado a la Nación. Busquemos todos el interés común que es nuestra patria”. ¿Eso le suena a un sí o un no?...

El otro priista que podría liderar a los gobernadores, el mexiquense Alfredo del Mazo, está más ocupado de los graves problemas de su estado, sobre todo en materia de seguridad. Ayer, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, donde por cierto el Edomex encabeza los indicadores más graves, Del Mazo anunció la creación de la Policía de Género, un cuerpo especializado y de élite para combatir y erradicar la violencia contra las mujeres. En Tlalnepantla, presentó también un programa de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres, que cuenta entre otras cosas con una plataforma tecnológica para que las mujeres puedan solicitar y obtener “órdenes de protección” de los jueces en casos de violencia doméstica y sus hijos puedan ingresar en albergues del estado.

Paran los dados. Escalera doble. Subida.
24 Noviembre 2018 04:05:00
Elba y Juan: el pacto de Houston
Antes de volverse enemigos y de que su grupo se fracturase y se enfrentarán en la actual lucha de poder y acusaciones de “traición”, Elba Esther Gordillo y Juan Díaz de la Torre sellaron un acuerdo de protección mutua, al que llamaron “El Pacto de Houston”, para mantener el control del sindicato más grande y poderoso de México y de América Latina. Era noviembre del 2012, semanas previas al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, y la entonces todopoderosa líder del SNTE había entrado ya en una ruta de ruptura con el presidente electo porque se resistía a apoyar una iniciativa de Reforma Educativa que no había sido consensuada con el sindicato y que colocaba a los maestros, con su evaluación coercitiva, como el mayor de los males del sistema de educación pública del país.

Junto con su yerno, Fernando González y sus hijas Maricruz Montelongo y Mónica Arriola, ya entonces senadora electa, la maestra se acuerpaba y se preparaba para lo que sabía sería un golpe letal en su contra si no apoyaba la reforma peñista. Por eso citó a mediados de aquel noviembre a su incondicional Juan Díaz de la Torre, en una casa en Houston, Texas, donde la entonces presidenta del sindicato magisterial se sinceró en un encuentro privado: “Yo sé que vienen por mí; no sé cuándo ni cómo, pero sé que van a buscar eliminarme, no sé si intenten matarme o sólo hacerme a un lado, pero van contra mí”, le dijo a Díaz de la Torre sobre el nuevo Gobierno peñista que estaba por tomar posesión. “Por eso quiero que estemos de acuerdo, si a mí me quitan de en medio, tú te vas a quedar al frente del sindicato, tendrás todo el respaldo mío; sólo te pido un favor: cuida de mi familia, de mis hijas, yo te los encargo a ti para que a ellos no los toquen. Prométemelo”, pidió en la intimidad de aquel encuentro Gordillo a su secretario general.

Juan Díaz no dudó y refrendó su lealtad absoluta y su promesa de proteger a la familia de Gordillo Morales si el nuevo Gobierno tomaba represalias en su contra por negarse a firmar la reforma educativa negociada en el Pacto por México por los peñistas con el PAN y PRD.

Ellos no volverían a encontrarse hasta que ella estaba presa en la cárcel femenil de Tepepan, en una sala privada donde conversaron tras varios meses de su detención y de que Juan Díaz se había alejado de ella y de su familia, y le había dado la espalda negándose a declarar en su defensa en el juicio por lavado de dinero y delincuencia organizada que le había iniciado la PGR con base en la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Aquella fue la última vez que hablaron y Juan Díaz de la Torre le dijo que lo entendiera, que ya no podía apoyarla ni a ella ni a su familia, que las circunstancias habían cambiado y que él ahora tenía que sacar adelante al sindicato.

Con su familia tuvo en un principio del conflicto la atención y el cuidado que le había prometido a Elba Esther. Todavía el 28 de febrero del 2013, en Guadalajara, antes de anunciar que el Consejo Nacional del SNTE lo había elegido como presidente en el hotel Fiesta Americana, Díaz de la Torre, se reunió con Fernando González Yáñez y con las dos hijas de Elba Esther para garantizarles que él se haría cargo de la defensa de la maestra y que a ellos, la familia, les daría la protección a que se había comprometido y no permitiría que el Gobierno fuera contra ellos. El propio Fernando González narra ese episodio, ocurrido en Guadalajara, cuando el grupo gordillista tuvo que definir si se enfrentaba al poder y desestabilizaba al Gobierno de Peña con la fuerza de los maestros o si daba paso a la dirigencia acordada en Houston de Juan Díaz y negociaba con el Gobierno. En un audio filtrado de una reunión reciente para planear la bioserie de Gordillo, que publicó la semana pasada por el periodista Jorge Ramos en el portal La Silla Rota se escucha a González Yáñez narrar:

“Entonces lo que hicimos fue me subo al templete, le cambio el discurso a Juan, por eso yo creo que Juan no estaba enterado, o sea en la realidad yo creo que Juan es un mequetrefe, un títere de la circunstancia… De pronto cuando se vuelve líder enloquece, pierde el sentido, y ahí es cuando se da la primera parte del rompimiento, él cambia el discurso… teníamos tres discursos distintos, entonces cuando sucede le cambio el discurso pero él no se atreve a leerlo, gana tiempo, se va a para atrás del templete, y me dice: ‘voy a hablar con Miguel’… Llega en un avión a Guadalajara Luis Miranda, sacamos a Juan en una cajuela, se reúnen y ahí comienzan las discusiones, Juan manda por toda la familia en un avión, nos reunimos en Guadalajara y él se porta muy bien, dice que se va a hacer cargo de la defensa, como decía el protocolo se había acordado en Houston”.

Después la relación se rompió no sólo entre Gordillo y Díaz de la Torre. sino entre este y su familia. El “pacto de Houston” quedó hecho añicos y ella, desde la cárcel, armaría el plan de acercamiento a Morena y a Andrés Manuel López Obrador, con el que trazaría su regreso y su venganza de los traidores. El jueves pasado, con la renuncia de Juan Díaz de la Torre al sindicato y el anuncio previo de ella en un video de que iría por todo para recuperar el SNTE, se definió la batalla interna que hoy se va a librar en una elección democrática y por voto directo de un nuevo dirigente, tal como se los exigió a ambos el Presidente electo.

De un lado va Gordillo, que aún podría competir, aunque todo indica que más bien impulsará a un candidato joven que pueda ser el “nuevo liderazgo” del que ella misma habló, y del otro, Díaz de la Torre, que también tendrá su candidato, y en medio de los dos, con la posibilidad de quedarse con la dirigencia magisterial como un “tercero en discordia” está Carlos Jongitud Carrillo, hijo del sempíterno líder de los maestros Carlos Jongitud Barrios, quien en la fractura de Elba y Juan ha cobrado fuerza. Y en medio está la CNTE que también se ha fortalecido en medio de esta guerra interna y con el apoyo del nuevo Gobierno. La pregunta ahora es quién se quedará con el poderoso sindicato del magisterio en la primera elección por voto directo de su historia.
22 Noviembre 2018 04:00:00
Abren ‘guerra’ de amparos vs. ley de remuneraciones
La “luz verde” la dio la semana pasada el presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar: “La independencia de jueces y magistrados no es un privilegio, sino una condición necesaria para impartir justicia con autonomía… Ninguna modernización puede pasar por encima del Poder Judicial de la Federación… usemos con todo derecho los instrumentos que nuestras leyes nos establecen… todo acto arbitrario puede ser revertido”. Y ayer un Tribunal de Sinaloa otorgó la primera suspensión provisional contra la reducción de sueldos a funcionarios federales, a una magistrada federal, Sonia Castro Rojas, para que no se le apliquen “los autos de las cámaras de Diputados y Senadores” en sus artículos “inconstitucionales”, que obligarían a bajarle su sueldo a partir del 1 de diciembre a menos de 108 mil pesos mensuales, que será el salario del presidente de la República; con esta primera suspensión se abre la puerta a que cualquier servidor público federal, de los tres Poderes u organismos autónomos, pueda ampararse contra la baja de sueldos.

Con el argumento jurídico de la “inconstitucionalidad” y de que disminuir el salario a la magistrada sería permitir un “atentado contra la independencia del Poder Judicial en su variante objetiva, que se identifica con la ausencia de presiones externas, así como la exclusión de intromisiones indebidas de los otros poderes y fuerzas del Estado”, el Tribunal judicial ordenó la suspensión provisional de los actos reclamados, consistentes en “la discusión, aprobación y emisión del Decreto por el que se expide la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución y se adiciona el Código Penal Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018, en concreto los artículos 1,2,3,4 y 6, además de los artículos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal”.

Ya en su discurso del 14 de noviembre pasado, en un evento del Consejo de la Judicatura, el ministro Aguilar había trazado la ruta legal que podrían tomar los integrantes del Poder Judicial, al señalar que el Artículo 17 de la Constitución exigía que las leyes garanticen la independencia de los Tribunales, y recordarles a jueces y magistrados que “existen los medios de control de los actos públicos y de los actos de autoridad, cualquiera que ésta sea para que no transgredan el texto fundamental de nuestra Constitución… y que todo acto arbitrario puede ser revertido”. En ese mensaje, en que aludía al “amparo” para contrarrestar cualquier violación a la Constitución y abuso de autoridad, el presidente de la Corte también defendió los sueldos de los funcionarios judiciales: “Cada peso de nuestra justa remuneración lo hemos devengado en años de dedicación, de trabajo y sin descanso”, dijo.

Y ayer, con la aceptación de la primera solicitud de amparo presentada en Sinaloa con el expediente 747/2018, el Tribunal decidió otorgar el amparo indirecto a la magistrada Castro Rojas y estableció como criterio: “En apariencia del buen derecho que le asiste, se concede la suspensión provisional solicitada a la quejosa… para el efecto de que permanezcan las cosas en el estado que actualmente se encuentran (sin que se modifique a la baja su sueldo) y no se le apliquen los artículos tildados de inconstitucionales, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados en el presente incidente”.

Así es que con este primer amparo se abre la posibilidad de que cualquier otro funcionario, no sólo del Poder Judicial, sino de otros poderes o de organismos autónomos y empresas del Estado, puedan recurrir al amparo para pedir la protección de la justicia federal para evitar que les bajen el sueldo y contra la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que obliga a que ningún funcionario gane más de 108 mil pesos mensuales, so pena de ser castigado penalmente. Pero al mismo tiempo, comienza también una confrontación entre Poderes que, más que por los salarios, será un conflicto de constitucionalidad que pudiera llegar incluso a la Suprema Corte de Justicia, justo en el arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De poder a poder, ¿a qué poder le asistirá la razón constitucional?

Notas indiscretas… A pesar de que el presidente de la Corte, Luis María Aguilar, llamó a la unidad de jueces y magistrados: “Les pido estar unidos, juntos podemos enfrentar cualquier cosa”, no todos los órganos del Poder Judicial de la Federación están dispuestos a ir a la batalla constitucional contra las mayorías de Morena en el Poder Legislativo y contra el propio presidente López Obrador por la Ley de Remuneraciones; en el Tribunal Electoral federal ya doblaron las manos y hasta tienen preparado un proyecto de su presupuesto para 2109 en donde ya ellos mismos se reducen los sueldos a menos de 108 mil pesos. Internamente hay magistrados que acusan a la presidenta del Trife, Janine Otálora, de “que nos vendió” y decidió unilateralmente –y sin consultar a la mayoría de magistrados– allanarse a la ley lopezobradorista y no dar la pelea de inconstitucionalidad, que sí dará el resto del Poder Judicial Federal. Es más, hasta aseguran que Janine no defendió los sueldos del Tribunal Electoral porque ya está próxima a presentar su renuncia al cargo de magistrada y de presidenta, para buscar ser incluida en una terna como aspirante a ministra de la Suprema Corte en enero, aprovechando sus cercanos nexos con Morena y, en particular, con el senador Ricardo Monreal. ¿Será que doña Janine vendió al tribunal por las lentejas de las ternas de enero?... Se lanzan los dados. Tocó Escalera doble. Subimos.

20 Noviembre 2018 04:00:00
Adiós a la ‘primera dama’
Parte de los cambios ya anunciados en el estilo de gobernar y ejercer el poder, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador sepultó ayer, oficialmente, la figura y el papel de las “primeras damas” que durante décadas desempeñaron las esposas de los presidentes de México. Con el anuncio de la designación de Beatriz Gutiérrez Müeller como coordinadora nacional del proyecto para preservar la Memoria Histórica y Cultural de México –un cargo oficial, como parte de un Consejo Honorario en el nuevo gobierno– se modifica el rol tradicional y más oficioso que oficial que se les otorgaba a las cónyuges de los mandatarios y se pone fin a la difusa, opaca y discrecional franja de la vida pública en la que se movieron durante décadas las señoras que compartieron las habitaciones del poder.

No fue sorpresa que Beatriz Gutiérrez se negara a jugar ese rol porque ya lo había anticipado desde la campaña y lo decía con todas sus letras a partir del triunfo del 1 de julio: “En México no queremos que haya mujeres de primera ni de segunda, no queremos hombres de primera ni de segunda. Con todo respeto a las que han ocupado este encargo, decir primera dama es algo clasista… El poder presidencial no está en una pareja presidencial ni en una familia, la ley no habla de una mujer que forma una sombra complaciente”, dijo el 27 de mayo en un mitin de campaña en Minatitlán, Veracruz, y ya siendo su esposo presidente electo, el 15 de julio reiteró en su cuenta de Facebook: “Efectivamente: no seré primera dama de México. Ya antes he dado mis razones. Por lo tanto, tampoco la presidente honoraria del DIF ni de ninguna otra institución… De lo que sí estoy segura es de que seguiré siendo profesora universitaria, investigadora y escritora”.

Por lo tanto, ayer más que sorpresa, lo que hubo fue una confirmación del nuevo rol y el nuevo papel público que se propone jugar la señora Gutiérrez Müeller y, aunque no deja de ser inédito que la esposa del presidente en turno tenga un cargo en un organismo público distinto al DIF, tampoco está fuera del perfil profesional y de la experiencia como académica que tiene la esposa del presidente. Lo que no se informó hasta ahora si el cargo que ocupará doña Beatriz será sólo honorario o si devengará alguna suma económica por su trabajo a favor de la conservación de archivos históricos, bibliotecas privadas y hasta obras de arte y patrimonio de México en poder de museos extranjeros.

En cualquier caso, tampoco es que los cargos de las primeras damas fueran sólo “honorarios, honoríficos o hasta simbólicos”, porque aunque oficialmente no cobraban ningún sueldo por su labor de directoras nacionales del DIF, hay expedientes documentados de la Auditoría Superior de la Federación sobre la discrecionalidad de los gastos y presupuestos que se destinaban a la “Oficina de la Primera Dama”, que sin existir oficialmente en ningún organigrama de la administración federal ni estar contemplada en la Ley ni en el Presupuesto Federal, recibía cada año cuantiosas sumas económicas con cargo a los impuestos de los contribuyentes para sufragar el costo desde el personal “de apoyo” que tenía la esposa del presidente hasta sus vestuarios, ajuares y gastos, sin contar con la seguridad que se les asignaba y, en algunos casos documentados históricamente o de la historia reciente, hasta para pagarles excesos como la transportación de un piano a París, los vestidos de los mejores diseñadores nacionales o extranjeros y hasta un maquillista personal para la señora de Los Pinos.

Habrá sin duda quien cuestione el nombramiento de Beatriz Gutiérrez y hasta a quien no le guste el nuevo papel que se dispone a jugar la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero dos cosas están a su favor: una que no es la primera ni la última mujer en México que decide seguir ejerciendo su profesión y su propia carrera, independientemente del cargo que ocupe su marido, y dos, que la señora nunca engañó ni simuló ni actuó o mintió sobre sus posiciones, sus ideas y su personalidad. Desde la campaña ha tenido un rol abierto y claro entre los integrantes del equipo cercano del candidato y futuro presidente y una posición muy definida del proyecto político que encabezará López Obrador, sobre el cual ya la hemos visto defender públicamente con opiniones y posicionamientos que expresa sin cortapisas. ¿Influirá su personalidad y sus ideas en el ejercicio público de su esposo? Supongo que igual que lo han hecho todas las compañeras de los presidentes.

Y sí, Beatriz Gutiérrez Müeller será una esposa igual en lo privado pero distinta en lo público de quien despachará ahora en el Palacio Nacional: activa, directa y con posiciones personales en temas que atañan a su familia y también al ejercicio del poder. Eso lo ha dejado claro desde ahora y no va a cambiar a partir del 1 de diciembre.
19 Noviembre 2018 04:00:00
El extraño infarto de Héctor Beltrán
Justo cuando en Nueva York se libra una intensa batalla entre los principales líderes del cártel de Sinaloa, en el juicio de Joaquín Guzmán Loera, la muerte coyuntural de Héctor Beltrán Leyva de un infarto ayer en el penal federal de Almoloya, representa una extraña coincidencia por tratarse de un capo que fuera clave en la organización sinaloense y que, como lugarteniente del “Chapo” durante muchos años, tenía información privilegiada sobre el ascenso y las redes de protección política y de lavado de dinero del narcotraficante que es juzgado en la Corte Federal estadunidense.

Junto a sus hermanos Alfredo y Arturo, éste último acribillado a tiros por la Marina en un departamento de Cuernavaca en diciembre de 2009 y el primero capturado en 2008 y extraditado a Estados Unidos, donde fue enjuiciado y sentenciado a cadena perpetua en 2017, Héctor Beltrán Leyva fue de los hombres más cercanos al “Chapo” Guzmán y trabajaron para él precisamente hasta que rompieron su alianza con Sinaloa y se declararon un cártel independiente a partir de la captura de “El Mochomo” (Alfredo Beltrán) de la cual sus hermanos siempre culparon a Joaquín Guzmán Loera.

Parece mucha casualidad que Arturo Beltrán Levya, a quien apodaban el “Jefe de Jefes”, haya muerto de un infarto, según el parte oficial de la Secretaría de Gobernación, luego de que “personal de custodia lo encontrara en su celda con fuertes dolores en el pecho”, porque de esa misma forma, también reportada oficialmente como “infarto”, murió en septiembre de 2015 el vecino de celda del “Chapo” en Almoloya, Sigfrido Nájera Talamantes, líder de Los Zetas en Tamaulipas, y quien fuera uno de los testigos que declararon en la PGR sobre la fuga de Guzmán en Almoloya. Igual que Beltrán Leyva, a Sigfrido lo reportaron la mañana del 7 de septiembre de aquel año “con dolor en el pecho”, tras lo cual fue internado y falleció de un “paro cardiaco” ¿Coincidencia?

Tras el enfrentamiento que ya se está dando en la Corte de Brookyn entre Ismael “El Mayo” Zambada y “El Chapo” Guzmán, luego de que el hijo y el hermano del primero, “El Vicentillo” y “El Rey” Zambada, declararan contra Joaquín, es un hecho que las cosas en el cártel de Sinaloa se están descomponiendo y que cualquier capo o líder importante que haya sido parte de esa organización, puede estar en medio de la guerra que se está librando en el juicio de Nueva York.

Y justo Arturo Beltrán Leyva y sus hermanos fueron los que le presentaron a Joaquín Guzmán a los hermanos y gemelos Flores, Pedro y Margarito, quienes hoy se sabe son dos de los “testigos protegidos” que van a declarar contra “El Chapo” y cuyos testimonios, según la DEA “pueden hundir a Guzmán Loera” por la información que tienen de la distribución de cocaína y heroína en Chicago que los mellizos se encargaban de mover para el capo sinaloense.

Precisamente fue después de que el hoy occiso Arturo Beltrán rompiera su alianza con “El Chapo” y le declarara la guerra, por acusarlo de entregar a su hermano Alfredo, en el 2008 cuando los mellizos Flores, ante la disyuntiva de quedarse a trabajar con Guzmán o con los Beltrán, prefirieron entregarse a la justicia de Estados Unidos y negociaron dar información a cambio de una importante reducción de condenas que hoy los tiene casi fuera de la cárcel. A estos dos gemelos se les atribuye la información que llevó a la captura y asesinato de varios capos y lugartenientes importantes del cártel de Sinaloa y de los Beltrán Leyva.

Con todas esas ramificaciones y conexiones, y por la coyuntura en la que ocurre, la muerte por infarto del “Jefe de Jefes” despierta toda clase de interpretaciones y suspicacias. Y mucho tiene que ver esa muerte similar a la del testigo de la fuga del “Chapo” en 2015, con la lista de testigos que van a declarar en el juicio contra Guzmán. A final de cuentas, haya sido muerte natural o no, según lo que digan los partes médicos oficiales, el fallecimiento de Beltrán Leyva, figura clave en el cártel de Sinaloa hasta 2008 y brazo derecho de Joaquín Guzmán hasta entonces, solo viene a confirmar que las cosas se están moviendo, y se van a mover más, en el grupo del narcotráfico más grande y antiguo de México, que está siendo sacudido desde la Corte Federal de Nueva York.

NOTAS INDISCRETAS…

Lo que ahora dicen los diputados de Morena que fue un “error” y que tendrá que corregirlo el Senado, sobre la redacción de la fracción VIII de la Ley de la Administración Pública Federal, que le otorga a la Secretaría de Gobernación todo el control de la radiodifusión pública, y por lo tanto de todos los medios propiedad del Gobierno, parece que no se trata necesariamente de un “error”.

Dentro de Morena hay versiones que señalan la existencia de un proyecto para fusionar diversos medios gubernamentales que hoy funcionan de manera separada (Canal 22, Canal 11, Imer, Radio Educación, Televisión Educativa y Notimex, entre otros) para hacer una sola “Agencia de Medios gubernamental” que difundiría contenidos y noticias controlados por la Segob y que apunta al modelo de la BBC británica. Claro que los ingleses han hecho de la agencia única del Gobierno un conglomerado exitoso y prestigiado por su calidad e independencia, mientras que acá, dicen, el proyecto apunta más a un control de información y contenidos en los medios públicos. Y si el Senado no corrige el “error” entonces puede ser que veremos la BBC mexicanizada (o tropicalizada) de la Cuarta Transformación ¿Será?... Los dados abren con Serpiente. Mal inicia la semana.
17 Noviembre 2018 04:00:00
Operación Monterrey: presiones y sobornos en el TEPJF
Una red de políticos ligados al Partido Acción Nacional operaron con funcionarios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para intentar influir, con presiones y presuntos pagos de sobornos, en el reciente fallo de los magistrados de la Sala Superior sobre la elección en la alcaldía de Monterrey del pasado 1 de julio, para que ratificaran el triunfo del candidato panista Felipe de Jesús Cantú. Aunque al final esos comicios fueron anulados por el voto mayoritario de los magistrados en la sesión del pasado 30 de octubre, bajo el argumento de que se violentaron las condiciones de legalidad de los comicios, la fallida operación de los panistas incluyó llamadas, reuniones en varias oficinas del Tribunal y hasta ofrecimientos y pagos de sobornos para que se validara la victoria del abanderado panista.

Las maniobras y acciones para influir en la decisión de los magistrados federales sobre Monterrey quedaron registradas en conversaciones y chats de WhatsApp y Telegram –cuyo contenido en una sábana impresa fue enviado de manera anónima a esta columna por un funcionario del TEPJF– desde las cuentas de personajes cercanos y vinculados a la magistrada presidenta Janine Otálora, a el exsenador panista, Roberto Gil Zuarth, y hasta al diputado de Morena Germán Martínez, cuyos nombres son mencionados en varias ocasiones en las pláticas donde se habla de una operación para cabildear y convencer a varios magistrados para que voten por la ratificación del triunfo de Cantú.

“A ver cómo le va a Piña con Janine (Otálora), que me dicen que está con nosotros”, dice un mensaje de WhatsApp enviado desde la cuenta de David Rex Ochoa, miembro del PAN en Monterrey y enlace con el candidato Felipe de Jesús Cantú. Luego su interlocutor le contesta: “Va Creel y Lalo a verla. Cita distinta”. Y Rex Ochoa le contesta: “Creo que debes quedarte. Santo que no es visto… Acá no hay nada más importante que hacer. Pegártele a Rob (Gil Zuarth)”.

En otra conversación fechada el 30 de octubre, justo el día en que se votó el asunto en la Sala Superior, aparece el nombre de Carlos Lezama, quien es identificado por funcionarios del Tribunal Electoral como socio y operador de Roberto Gil Zuarth, además de ser yerno del difunto ministro de la Corte, Sergio Valls Hernández, aparece una fotografía de una hoja de la sentencia presentada por el magistrado ponente en el caso Monterrey, Felipe Fuentes, y alguien le pregunta a Lezama: “¿Te recibió Roberto?”, “No”, contesta. “Aquí estaba con Jorge. Igual están subiendo la canasta. No hay opción, manda mensaje. La vamos a sacar!”, le dice su interlocutor. “Sí señor”, contesta el socio de Gil. Y el otro le insiste: “Me dice Fred que le dicen que traen varios libros (sobornos) atorados. Es el mensaje que le manda RGil”.

Otro de los que aparece mencionado en las conversaciones de la operación para influir en el fallo sobre Monterrey es Armando Ambriz Hernández, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la presidenta del Tribunal federal, Janine Otálora, además de ser también originario de Zacatecas y muy cercano políticamente al líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Avila. En un chat de WhatsApp alguien le pregunta a Ambriz: “Fuentes (Magistrado Felipe Fuentes, ponente de la anulación en Monterrey) circuló vs la Regional, significa algo?”. Y él le responde: “Deja pregunto porque se estaba proyectando confirmando”. Luego el secretario de Otálora manda un mensaje al mismo interlocutor: “Bien, aquí en San Miguel de Allende, te quería pedir a ver si pueden recibir a Felipe de Jesús Cantú del asunto de Mty es amigo mío”. Y el mismo añade otro mensaje: “Se lo mandé al particular y a la presidenta (Janine Otálora) El Particular se llama Luis Felipe Cruz Mayorga”. Y el interlocutor le contesta: “Excelente. Espero noticias”. Y el funcionario del TEPJF le informa: “Viene revocando el proyecto”. “OK”, le dice el interesado.

Amenazas de destitución a magistrados. En otra plática de Telegram entre Carlos Lezama, el socio de Gil Zuarth y David Rex, el enlace panista del candidato Cantú, este último le dice al operador de Roberto Gil: “Díganles que los van a remover (a los magistrados federales) que sabe ese dato por la ilegal ampliación del término de años en la modificación del transitorio, entonces saben que la próxima semana va una iniciativa para revocar ese transitorio que alteró el orden constitucional y legal en los nombramientos. Y que el PAN apoyará esa reforma”. Y el mismo Rex apunta: “Esto es lo que sugiere un asistente de Janine”. La respuesta de Lezama: “No creo que suceda eso, ya está sentenciado por la Suprema Corte, son cuentos de hadas”. “Ok, nomás para saberlo”, responde el panista.

Al final, toda esa operación de los panistas, apoyados por el ex senador Roberto Gil y por otros personajes que aparecen mencionados en las referidas conversaciones de mensajería, no surtió el efecto que buscaban con los “libros atorados” y con los “detalles” que refieren haber enviado y entregado en sus visitas con algunos magistrados y con sus colaboradores cercanos que aparecen mencionados. El fallo de la Sala Superior, el pasado 30 de octubre, se inclinó finalmente por la anulación de las elecciones en Monterrey y del triunfo del candidato del PAN, Felipe de Jesús Cantú.

Varios ministros consultados por esta columna sobre ese proceso de discusión y votación del caso Monterrey, reconocieron haber visto “cosas extrañas” y haber recibido mensajes, visitas y presiones de algunos de los políticos y operadores mencionados. Ninguno de ellos aceptó haber recibido sobornos, pero sí hubo al menos dos que refirieron haber conocido las conversaciones de mensajería recibidas por el columnista y aseguraron que después de conocer eso decidieron apoyar el proyecto de anulación de los comicios de Monterrey presentado por el magistrado Fuentes. “Eso se convirtió en un cochinero y el único mecanismo que nos da la ley electoral para casos como este, donde se alteraron todos los principios de legalidad y certeza no sólo en la elección sino en el proceso poselectoral, es precisamente la nulidad”, dijo uno de los magistrados que confirmaron la fallida “Operación Monterrey” de los panistas.
15 Noviembre 2018 04:00:00
Paz y seguridad: nuevos paradigmas, ¿mismos métodos?
Andrés Manuel López Obrador se propuso ayer, con la presentación del Plan Nacional de Paz y Seguridad para los próximos 6 años, la meta más grande y ambiciosa que enfrentará su Gobierno: devolver la paz y la tranquilidad a los mexicanos.

Para lograrlo, su estrategia parte de un cambio de paradigma que modifica el concepto de “la guerra contra las drogas”, política belicista y policial seguida y fracasada por los dos últimos gobiernos, para enfocarse en la “lucha por la paz”, que modifica prioridades: en vez de detener capos y delincuentes de cárteles (“que no ha podido derrotar el gobierno”) el acento está en detener la ola de violencia y muerte que recorre el territorio nacional y recuperar el control de la seguridad por parte de un Estado que crearía un “Consejo para la Construcción de la Paz” que impulsará estrategias para el “desarme” y “reducción de penas” para criminales que se entreguen, además de una “amnistía condicionada al perdón de personas o colectividades que fueron afectadas y proponiéndoles un cambio de vida”. Un Estado, según el próximo secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, que no sólo persiga al crimen, sino que también garantice el derecho a la vida, el acceso a la justicia, la protección de los derechos humanos, el fin de la impunidad y el castigo a la corrupción con una nueva ética de la vida pública.

Sin embargo, todos esos enunciados escuchados ayer en los discursos del Presidente electo, de su equipo de seguridad y líderes de las mayorías en el Congreso, y que proponen un nuevo enfoque y nuevos objetivos en las políticas de seguridad federal, se ejecutarán con el mismo método también utilizado en los últimos 12 años: apoyo de las fuerzas militares como pilar de la estrategia contra la violencia y la inseguridad.

Y ahí es donde el cambio de paradigma no necesariamente corresponde a un cambio de método, porque nuevamente el Ejército y la Secretaría de Marina aparecen como los pilares iniciales del plan para recuperar la paz y la seguridad perdidas, que plantea incluso modificar la Constitución para legitimar la participación castrense en las labores de seguridad con la creación de una nueva corporación de policía cívico-militar: la Guardia Nacional, que se plantea como el nuevo cuerpo de élite con 50 mil integrantes que provendrán del Ejército (Policía Militar), de la Marina (Policía Naval) y de la Policía Federal.

Justo cuando hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría anular, por inconstitucional, la nueva Ley de Seguridad Interior impulsada por el presidente Peña Nieto y que buscaba regularizar la participación de las fuerzas castrenses en la seguridad pública federal, el próximo Gobierno plantea lo que sería una reforma constitucional para validar y regularizar esa participación de los militares en las labores de seguridad civil, con el único añadido, según el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, de que a los integrantes de la Guardia Nacional, que se proponen consolidar en 3 años, se les capacitaría en la CNDH y en la Nueva Fiscalía General de la República en materia de derechos humanos y en las leyes del nuevo sistema de justicia penal para convertirse incluso en “auxiliares del Ministerio Público”.

Pero aun con esa capacitación civil, la formación de la nueva Policía Federal que propone López Obrador será totalmente militarizada y dependerá del sistema castrense. “En el Sistema Educativo Militar se estructurará la ruta profesional para formar los cuadros de dicha fuerza. El Gobierno federal presupuestará y programará el reclutamiento, organización y equipamientos, así como adiestramiento de la Guardia Nacional, tomando como base la infraestructura del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México”, dijo el próximo secretario de la Defensa, general Luis C. Sandoval, quien justificó así la aceptación del Ejército y la Marina para seguir en las calles realizando labores de seguridad: “La condición popular nos motiva a asumir la noble responsabilidad de participar en la seguridad pública y la protección de la integridad y el patrimonio de los mexicanos, se cumplirá su misión con estricto apego a derecho a los derechos humanos y en permanente apego a las normas jurídicas”. El uso de las fuerzas militares en su nueva estrategia de seguridad y paz, fue explicado ayer por el presidente electo con el argumento de que en las policías civiles “hay mucha descomposición y falta de profesionalismo”, y con elogios a “la honestidad y el liderazgo” de los dos nuevos titulares del Ejército y Marina en su gobierno, el general Luis Sandoval y el almirante Rafael Ojeda.

“Me da mucha tranquilidad, así lo digo, el que tengamos la colaboración del general… Sí, vamos a dar un giro gradual, poco a poco, al Ejército, que no sólo siga atendiendo lo relacionado con la Defensa Nacional, sino que nos ayude también el Ejército, de manera legal, a la seguridad interior y pública; para eso se necesita un dirigente, un líder en el Ejército, por eso se decidió por el general. Es un hombre honesto, incorruptible”.

Entonces, nuevos paradigmas, nuevo enfoque, pero el mismo método de militarización de la seguridad federal con controles y capacitación civiles. ¿Dará un resultado distinto a partir del 1 de diciembre? Ese es el reto más difícil que tiene frente a sí López Obrador, que antes fuera un crítico férreo de la participación castrense en la seguridad pública.
13 Noviembre 2018 04:00:00
Calderón sigue los pasos de AMLO
“No hay más maestro que el enemigo… Nadie sino el enemigo te enseñará a destruir y conquistar… Sólo el enemigo te enseña tus puntos débiles. Sólo el enemigo te enseña tus puntos fuertes”, dice Orson Scott Card en su popular novela de ciencia ficción El Juego de Ender (Penguin Random House, 1985). Y esas frases aplican perfectamente ahora a la decisión que ha tomado el expresidente Felipe Calderón, quien tras su renuncia al PAN –en el que militó toda su vida y por el que llegó a la Presidencia de la República– se propone ahora formar un nuevo partido y de ese modo seguir los pasos y “aprender” de quien fuera su principal adversario en la política: el actual presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

“A López Obrador tenemos que aprenderle la forma en que lo hizo, cómo creó un nuevo partido, desde cero, recorriendo por tierra todo el país. Habrá que recorrer tierra y aprender de su experiencia, habrá que ir por todo el país para lograrlo”, dijo ayer Calderón en una entrevista radiofónica para Ezra Shabot, donde también anunció que a partir de enero iniciará los trámites para crear y registrar una nueva fuerza política ante el INE junto con su esposa Margarita Zavala y a partir de “Libre”, la asociación política que ya encabeza la exprimera dama. “Será un partido ciudadano de corte liberal, que promueva valores como la libre empresa, pero también garantice derechos sociales e individuales y no tenga miedo a definir posturas abiertas en temas como el aborto”, comentó el expresidente.

Paradójicamente, 12 años después de que se enfrentara a López Obrador en la elección más cerrada, polarizada y cuestionada en la historia reciente, y justo en la víspera de que su antiguo contrincante asuma la Presidencia, Felipe Calderón decide emprender el mismo camino que en el 2012 tomó el tabasqueño. Su renuncia al panismo, del que su padre fuera fundador, también se da tras la denuncia de que una “camarilla” secuestró al partido y anuló toda posibilidad de democracia; es el mismo argumento que hace seis años utilizó Andrés Manuel en contra de las “tribus” y “corrientes” que se apoderaron del PRD, al que abandonó para construir Morena sobre el derrumbe de su antiguo partido.

Veremos si en eso también Calderón decide emular y aprender de su antiguo enemigo y si, como hiciera AMLO, él también decide construir su nueva fuerza política a partir de bases y votos de militantes o simpatizantes panistas que pudieran seguirlo en esta nueva aventura política. Porque si López Obrador logró refundar a la izquierda a partir de la formación de Morena y la destrucción del PRD, entonces habría que pensar que hoy el expresidente se propone también una “refundación” de la derecha a partir del debilitamiento del PAN y la formación de un nuevo partido, con un perfil ciudadano, dice, y que no repita los vicios del panismo, que represente los intereses y propuestas de los votantes derechistas.

Así que Calderón se propone “destruir y conquistar” a partir de las enseñanzas de su enemigo. Sólo falta saber si el expresidente, con la misma estrategia y la ruta de López Obrador, obtiene los mismos resultados. Uno es un líder carismático y de masas, el otro un político experimentado que ya fue presidente. ¿Podrá Calderón seguir los pasos de AMLO?
12 Noviembre 2018 04:00:00
México polarizado
“Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla”; y México y los mexicanos parecen ignorar todas las lecciones de su pasado cuando caminan en el presente hacia la polarización y la división entre compatriotas.

Nada ha sido más dañino para esta República que la fragmentación y el sectarismo entre los que piensan distinto, entre los que se asumen como defensores o críticos de un proyecto o de una figura política, y los que se debaten entre la esperanza y la incertidumbre sobre el futuro del país. Los peores momentos que hemos vivido como nación y como sociedad tuvieron siempre que ver con la división y la confrontación internas.

Si antes fueron los liberales contra los conservadores, los republicanos contra los imperialistas, o cualquier otro antagonismo político o ideológico que haya fracturado a los mexicanos y vulnerado al país que unos y otros disputaban, hoy el germen de esa misma división se asoma con discursos de odio y de descalificación entre quienes se asumen como agresivos defensores del proyecto político del próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, y quienes profesan un odio y hasta un miedo irracional a cualquier propuesta de cambio que provenga de la nueva clase gobernante.

Es la misma polarización que ya vivimos en las cuestionadas elecciones presidenciales de 2006, pero que esta vez vuelve potenciada por la fuerza de las redes sociales. Un sectarismo simplificado y estigmatizante, con un tufo peligroso de clasismo socioeconómico que separa a ricos y pobres, empresarios y trabajadores, pueblo bueno y pueblo malo, privilegiados y jodidos, corruptos y honestos, izquierda y derecha, morenistas y prianistas; pero que al mismo tiempo atraviesa a la clase media y entremezcla los distintos niveles sociales a los que ya no distingue tanto por su poder adquisitivo, sino por sus posiciones públicas y políticas calificadas como “conservadoras” o “progresistas”.

La nueva división que aqueja a la sociedad mexicana se expresa y se descalifica como “chairos” y “fifís”, ya no sólo en las redes sociales y los medios, donde nacieron esas denominaciones atizadas por el lenguaje de odio, sino también en las calles, en las marchas, en los cafés, en las reuniones.

Unos admiran, apoyan y hasta veneran a la cabeza del próximo gobierno porque dicen abrigar la “esperanza” de una “(cuarta) transformación” de la vida pública de este país que promete y ofrece cambiarlo todo. Otros, aunque no están en contra de un cambio para mejorar, expresan sus dudas e incertidumbre hacia la figura del nuevo grupo gobernante a la que ven con recelo, otros con desconfianza y algunos hasta con temor. Con la misma vehemencia que los otros ven un futuro esperanzador, éstos pronostican un panorama oscuro y regresivo, una amenaza de dictadura y un caos en la vida pública con un gobierno desordenado y demagógico que agravará los problemas, en vez de resolverlos.

En ambos casos no se puede generalizar y hay distintos niveles de vehemencia e irracionalidad, pero en general los dos grupos incurren en el lenguaje agresivo que no distingue entre la crítica y el ataque, entre el desacuerdo y la agresión, entre el disenso y la descalificación. Y para ahondar el sectarismo y la segregación de quienes no piensan igual que ellos, en los dos bandos recurren al mismo lenguaje de odio en las redes y pueden utilizar ya sea perfiles reales de quienes ejercen su libertad de expresión o perfiles y cuentas falsas que se utilizan para aplastar al contrario y generar tendencias virales o de opinión pública y política.

¿Hacia dónde y hasta dónde va a llegar esa polarización y esa división entre mexicanos? Es aún impredecible, pero la historia muestra que nada bueno puede surgir de esta separación y sectarismo que lejos de fortalecer a una sociedad, a sus aspiraciones colectivas y a la democracia, termina vulnerando y debilitando al país en su conjunto. A nadie le conviene una nación y una sociedad divididas, si acaso a los que piensan que para cambiar o mantener el orden de las cosas, hay que aplastar a los que no piensan como ellos.

NOTAS INDISCRETAS. En un domingo peculiar, que refleja los tiempos de transición, lo mismo salieron a las calles los que, al defender un aeropuerto cada vez más muerto también quisieron mandar un mensaje al próximo Gobierno: las minorías también existen y cuentan y no toda la sociedad apoyará ciegamente cualquier acto cuyos beneficios no sean suficientemente claros ni explicados. Al mismo tiempo, el principal partido de oposición elegía un nuevo dirigente con voto de sus militantes, pero con un proceso que siempre fue desbalanceado y que reflejaría un aplastante triunfo de la alianza de grupos que respaldaron a Marko Cortés; y esa maquinaria panista fue la que empujó a un expresidente de la República y militante de ese partido, Felipe Calderón, a renunciar al PAN y cuestionar todo en el partido que fundara su padre al mismo tiempo que anunciaba “una nueva opción ciudadana” que, todo indica, encabezarán él y su esposa Margarita Zavala.

Y mientras en las calles unos gritaban “Texcoco sí, Maduro no”, en la plaza de toros uno de los principales impulsores de Santa Lucía y enterrador del aeropuerto peñista, Javier Jiménez Espriú, gritaba: “¡Ooole!”. Así este México en transición… Los dados mandan Serpiente. Mal inicia la semana.
10 Noviembre 2018 04:07:00
La llamada de España y la gracia de los bancos
Una llamada desde España a las oficinas del Presidente electo en la colonia Roma, por parte del presidente del grupo financiero español con mayor presencia en México, hizo que el día de ayer Andrés Manuel López Obrador decidiera posponer cualquier acción o decisión que modifique las reglas y normas que rigen la operación del sistema financiero en México, entre ellas el cobro de comisiones, por un periodo de 3 años. Después de esa comunicación telefónica, cuya existencia fue confirmada por fuentes muy cercanas del próximo gobierno, se tomó la decisión de que no se hará ningún cambio al marco legal del sistema económico, financiero (que incluye a los bancos) y fiscal en “la primera etapa” (los 3 primeros años) del próximo gobierno.

Así, López Obrador paró la turbulencia financiera y puso “en pausa” la iniciativa de los senadores de Morena para cancelar diversas comisiones excesivas de los bancos y que, impulsada por el coordinador morenista, Ricardo Monreal, provocó esta semana un “jueves negro” para los bancos nacionales y extranjeros en México, cuyas acciones cayeron hasta 11 puntos y provocaron el peor desplome de la Bolsa Mexicana de Valores de los últimos 7 años al perder 5.8% en una sola jornada.

Junto a la llamada recibida este viernes en las oficinas del presidente electo desde Madrid, otra conversación que pesó en la decisión de López Obrador de frenar, por el momento, cualquier cambio en el sistema bancario mexicano, fue la que tuvo hace unas semanas con Ana Botín, presidenta del Grupo Santander, con quien el futuro gobernante mexicano también habló sobre las condiciones en que operan los bancos y las garantías y certidumbre que ofrecía su gobierno a los grupos financieros extranjeros que prestan servicios en el país.

La decisión anunciada ayer lleva implícito un mensaje y un emplazamiento del próximo gobierno a los bancos nacionales y extranjeros respecto al cobro de comisiones: en 3 años se revisará esa situación, ya sea por una iniciativa de ley que aprueban las mayorías de Morena, o por una propuesta que surja de los propios grupos bancarios y financieros para reducir las millonarias ganancias que actualmente obtienen por diversas comisiones, y que alcanzan hasta 140 mil millones de pesos.

El estilo AMLO. La decisión de frenar en este momento el tema de las comisiones bancarias, en contraparte a la reciente cancelación del aeropuerto de Texcoco, aunque en apariencia distintas, representan parte de una misma estrategia política que anticipa el que será el nuevo estilo de gobernar de Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre.

En ambos casos, aunque con resultados diferentes (en uno cedió y les dio un “plazo de gracia” a los banqueros y en el otro aplicó una decisión tomada desde su campaña legitimada por “consulta popular”) el próximo Presidente aplicó el mismo modelo de decisión política: primero lanza una propuesta, ya sea una consulta o una iniciativa de ley, que funcionan como “globo sonda” que mide reacciones en los sectores que serán afectados, en la opinión pública y mediática y, sobre todo en el ánimo popular, que para él es lo más importante. La “sonda” mide el terreno y la viabilidad de la propuesta; luego crea una “comisión de expertos” que analice a fondo el tema y haga propuestas mientras provoca el debate público y su equipo de colaboradores y operadores se divide: unos a favor y otros en contra, y cuando ya se desataron todo tipo de reacciones y se tomó la temperatura al ambiente político, económico y social, entonces viene la decisión última que siempre corresponderá al Presidente.

Así canceló Texcoco y así operó el “zarpazo a los bancos”. Primero la iniciativa de Morena y de Monreal en el Senado a la que siguieron reacciones inmediatas de los bancos y la Bolsa; luego la opinión popular, casi toda a favor de disminuir comisiones excesivas a los “vampiros banqueros”, junto a opiniones mediáticas divididas; después la salida del próximo titular de Hacienda, Carlos Urzúa, a exigir que “cualquier iniciativa fiscal o financiera de los congresistas primero sea consultada con los expertos hacendarios para definir su viabilidad y su impacto financiero y fiscal”, seguida de la reacción de los grandes grupos españoles que se comunicaron con el próximo gobierno y al final, la última instancia presidencial como acto de autoridad: “no habrá modificaciones al marco económico, financiero y fiscal en los próximos 3 años”.

¿Perdió Monreal o jugo su rol? Al dividir a su equipo en los “policías buenos y policías malos”, si en el aeropuerto perdió Alfonso Romo, que empujó a Texcoco hasta el final, en el caso de la Ley de Transparencia a los cobros bancarios también perdió, en apariencia, Ricardo Monreal. El líder del Senado fue señalado como “responsable” por opinadores y por los banqueros, pero también por compañeros suyos de Morena (algunos con un claro interés político) como Yeidckol Polenvsky, dirigente del partido, salieron a enmendarle la plana y hasta a deslindarse de la propuesta del senador.

Pero pensar que en las cúpulas del Congreso se mueve una hoja sin que lo sepa y lo avale López Obrador es ingenuo. Y al lanzar la iniciativa contra las comisiones bancarias, lo que hizo Monreal fue activar el mecanismo y mandar el “globo sonda” con el mensaje a los millonarios dueños de los bancos que terminaron acercándose a negociar con el Presidente electo, como ocurrió con los poderosos grupos financieros de España.

Y si a Romo, tras perder con Texcoco, lo compensaron al entregarle parte de los nombramientos de organismos públicos financieros, como la CNByV, veremos qué sucede con Monreal y la jugada de las comisiones, que por ahora quedó en un “período de gracia” de 3 años a los bancos para bajar y eliminar sus comisiones y que las igualen a las que cobran en sus países matriz. Si eso ocurre en 3 años o incluso antes el beneficio no será sólo para el próximo Gobierno, sino para los usuarios de la banca, que hoy son exprimidos y explotados por los bancos y sus vampirescas y abusivas comisiones.
08 Noviembre 2018 04:00:00
El juicio contra ‘El Chapo’ y sus efectos en México
El próximo martes, en una Corte federal de Brooklyn, Nueva York, dará inicio el juicio contra el narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán. Será sin duda uno de los juicios más mediáticos de los últimos tiempos en la justicia estadunidense y aunque todo ocurrirá en el vecino país, en medio de estrictas medidas de seguridad y con precauciones extremas para garantizar la seguridad de los testigos que declararán contra el excapo de Sinaloa, los ecos y los efectos de lo que se escuche y se declare en esa corte neoyorkina se sentirán hasta México, ya sea en forma de violencia y vendettas entre grupos del narcotráfico y personas vinculadas a los testigos, como también en el ambiente político si salen a relucir nombres de políticos, funcionarios y jefes policiacos que pudieran ser mencionados sea como protectores o como cómplices de “El Chapo”.

No es gratuito que hasta ahora se ignore y se mantenga en total secrecía la identidad de los testigos que declararán en contra del capo sinaloense, pues las autoridades estadunidenses saben del nivel de violencia que, aún desde la cárcel de máxima seguridad y en total aislamiento donde se encuentra en Manhattan, puede ejercer Joaquín Guzmán, a través de sus socios o incluso de sus hijos que siguen operando en territorio mexicano y tienen conexiones importantes en Estados Unidos. La posibilidad de que se ejerzan represalias contra los testigos declarantes e incluso contra los miembros del jurado, que está siendo seleccionado cuidadosamente y en audiencias privadas, ha llevado a las autoridades estadunidenses a extremar todo tipo de medidas de seguridad y a mantener en el total anonimato la lista y la identidad de los testigos, aún a costa de las protestas y las quejas de la defensa de Guzmán Loera.

Se estima que será a partir del jueves próximo, una vez que el martes se presenten los alegatos de apertura de la Fiscalía sobre las acusaciones y los delitos de los que acusan al “Chapo” (miles de asesinatos violentos además de la introducción ilegal de 200 toneladas de cocaína a la Unión Americana), y un día después la defensa hará lo mismo, para que a partir del jueves o viernes empiecen a desfilar los testigos que buscarán incriminar a Joaquín Guzmán a lo largo de los varios meses que puede durar el juicio. Algunos de esos testigos están actualmente resguardados en cárceles estadunidenses, como medida para protegerlos de cualquier agresión o ataque, otros se cree que forman parte ya del programa de testigos protegidos y como tal se les han dado nuevas identidades y ubicaciones en el territorio del país vecino.

Y una vez que comience el desfile de los declarantes se verán tres cosas: la primera, qué tantos elementos de prueba o testimonios sólidos y qué nivel de testigos tiene el gobierno de EU en contra de “El Chapo” para obtener una condena que puede ser histórica contra el que fuera el capo más buscado por el FBI y la DEA; la segunda, qué tanto de la información, los datos y nombres que aporten esos testigos salpicará e implicará a personajes políticos, empresarios y funcionarios de seguridad en México que puedan ser mencionados en el juicio de Brooklyn; y la tercera, qué efectos tendrá en la violencia y ajustes entre grupos, familias y cárteles del narcotráfico derivado de la identidad de quienes testifiquen contra Joaquín Guzmán.

Así que hasta varios estados de la República mexicana y a niveles políticos y empresariales que aún desconocemos podrían llegar los ecos y los efectos del juicio de varios meses contra el narco que se burló dos veces de la justicia mexicana y que terminó cayendo y siendo finalmente extraditado por enamorarse de una heroína de telenovela.

NOTAS INDISCRETAS… La cancelación de la pensión a los expresidentes mexicanos, que ya entró en vigor, afectará de distintas formas a los exmandatarios. Aunque varios de ellos ya no recibían directamente su pensión, porque la habían donado a alguna causa u organismo con fines de ayuda, como Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, a otros sí de plano los dejará sin un ingreso que, como el caso de Vicente Fox, defendían como vital para su subsistencia. Pero aún a los que ya no recibían sus 150 mil pesos mensuales, la cancelación les afecta porque también significa que les van a retirar el pago a ayudantes, secretarias, asistentes y guardias del ya casi extinto Estado Mayor Presidencial. Y ahí sí había expresidentes que tenían séquitos de hasta 30 u 80 personas, todas con cargo al erario. Ahora, si quieren mantener esa nómina y ese boato, tendrá que ser de sus bolsillos…
06 Noviembre 2018 04:00:00
RIP por Texcoco; los empresarios se rinden
Veinticinco días antes de tomar posesión como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador demostró que ya tiene el poder y ganó su primera gran batalla política. Al convencer a los empresarios de finiquitar los contratos del proyecto del aeropuerto internacional en Texcoco, sin demandas ni amparos y con una negociación en la que las constructoras aceptan la cancelación anticipada por causas de “interés general” y el pago parcial por los trabajos realizados más los recuperables y no por los montos totales de obra que se les habían asignado, el presidente electo no sólo desactivó cualquier conflicto inicial con el empresariado, sino que consolidó un primer objetivo de su proyecto político: someter a los hombres del dinero a la autoridad del poder político y al interés mayoritario por encima del interés económico.

Políticamente podría decirse que AMLO ganó su primer batalla como presidente, aún sin serlo, y sin tener que disparar –metafóricamente– ni un sólo tiro, gracias al arte de la negociación política, pero también a que la redacción de los contratos del difunto NAIM, aceptada hace tres años por los grandes contratistas, le dieron al gobierno federal, representado por el Grupo Aeroportuario de la CDMX, un enorme margen de discrecionalidad al establecer de manera abstracta y sin puntualizaciones claras las causas de “interés general” y el “daño al Estado” como motivos de cancelación anticipada que podía invocar el gobierno para dar por terminados los contratos asignados y el proyecto mismo.

Tal vez fue el reconocimiento de su excesiva confianza o de su ingenuidad transexenal o tal vez fueron sus mismos abogados (los que hace tres años se durmieron al aceptar cláusulas tan ventajosas y abiertas a favor del contratante) quienes después de analizar jurídicamente la situación y la redacción de los contratos les recomendaron negociar con el nuevo gobierno, pero el caso es que ayer, al restaurante “Corazón de Alcachofa” en Polanco acudieron tal cual, como blandas y suaves alcachofas, algunos de los hombres más ricos de México dispuestos a aceptar la condiciones de López Obrador y su gabinete para dar oficialmente por muerto el que fuera el proyecto emblemático del actual sexenio peñista y gran apuesta empresarial y de negocios de varios de los capitanes de empresa más grandes del país.

Con el presidente electo llegaron al restaurante 100% orgánico sus colaboradores Alfonso Romo, Carlos Urzúa y Javier Jiménez Espriú, futuro jefe de la Oficina Presidencial y secretarios de Hacienda y Comunicaciones respectivamente, además del futuro director del Grupo Aeroportuario de la CDMX, Gerardo Ferrando Bravo; mientras que por los empresarios y contratistas arribaron en total 16 afectados por la muerte prematura de Texcoco: el representante de Carlos Slim y de Cicsa, Antonio Gómez; Hipólito Gerard, de GIA; Héctor Ovalle, de Coconal; Carlos Hank Rhon y Alberto Pérez Jácome de La Peninsular; Olegario Vázquez Aldir y Antonio Boullosa, de Promotora y Desarrolladora Mexicana; Juan Diego Gutiérrez Cortina, y Diego Gutiérrez Cortina de Epcor; Juan Carlos Santos, de ICA Fluor y Guadalupe Phillips de ICA Constructora de Infraestructura; Santiago Villanueva de Vise; Enrique Alonso, de Sacyr; Javier Pérez de Aldesem; Moisés Zecua de Jaguar Ingenieros; Sergio Ramírez de Acciona Infraestructura y Víctor Ortíz de IDISA.

El resumen y el fraseo que hizo al finalizar la reunión da cuenta clara del tono del encuentro, del buen entendimiento que hubo, pero también del resultado político indiscutible que se anotó el presidente electo: “Se portaron muy bien, les diría que de manera muy comprensiva, responsable, al cien. Fueron muy respetuosos de la decisión que tomaron los mexicanos que participaron en la consulta, se respetó la voluntad de los ciudadanos. No hubo ningún planteamiento de ese tipo, no hay ninguna denuncia legal, no hay ningún amparo. Ellos van a participar en Santa Lucía, es muy probable, también en otras obras”, dijo un triunfante López Obrador.

Cuenta la mitología griega que Zeus, rey de los Dioses, se enamoró de una bella joven mortal de nombre Cynara, a la que convirtió en Diosa para poder llevársela al Olimpo. Pero un buen día la joven, aburrida de la vida de los Dioses decidió escabullirse por la noche para visitar a su madre, y cuando Zeus se enteró de la traición de su amante, enfurecido, la desterró del Olimpo y al caer a la tierra ella se transformó en Alcachofa. Y así salieron ayer, como Cynara, de aquel restaurante en Polanco los empresarios que habían amenazado con furiosas demandas y casi con la caída de la economía nacional si se cancelaba Texcoco: cual blandas e inofensivas alcachofas desterradas del futuro Olimpo del Palacio Nacional.

NOTAS INDISCRETAS…

Y mientras los empresarios recapitulan ante el futuro presidente, en la Suprema Corte de Justicia ayer, a las 10:30 de la mañana, comenzó una reunión del Poder Judicial encabezada por el presidente de la Corte, Luis María Aguilar, en la que el tema a tratar era cómo enfrentar el ajuste salarial que López Obrador y el Congreso les impondrá a todos los servidores públicos de los tres poderes a partir de la entrada en vigor ayer de la Ley de Remuneraciones. ¿Se van a resistir los ministros, jueces y magistrados con amparos y recursos constitucionales? Eso significaría un enfrentamiento entre Poderes por vía de los tribunales. Y de poder a poder, veremos quién se impone… Los dados mandan Escalera doble. Subimos.
05 Noviembre 2018 04:00:00
La advertencia de Diego y el error de noviembre
Caída en oídos necios que la tomaron no como consejo sino como ataque, la advertencia que lanzó el prestigiado constitucionalista y exministro de la Corte, Diego Valadés, sobre la situación en que se encuentra Andrés Manuel López Obrador, en su reforma histórica de separar al poder político del poder económico, es un llamado al futuro presidente a revisar y repasar la solidez del proyecto político y el acompañamiento y lealtad total que necesitará de sus mayorías en el Poder Legislativo y de los miembros de su Gabinete para enfrentar desde Palacio Nacional al enorme poder de facto acumulado por los poderosos hombres del dinero durante los últimos 25 años.

Aunque no gustó el mensaje y mucho menos el mensajero (por las críticas y ataques en las redes a la revista Proceso) no le falta razón al jurista de la UNAM cuando advierte que un López Obrador aislado del acompañamiento de sus equipos tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, enfrentaría con más dificultades y mayores riesgos el cisma que representa separar y sacar a los enormes intereses económicos que durante los últimos sexenios fueron copando y controlando las decisiones y las políticas del Gobierno. La cruzada, alerta el constitucionalista, no es menor y para enfrentarla con éxito se necesita que todos los aliados del presidente electo trabajen en el mismo objetivo y arropen al jefe del Ejecutivo en sus prioridades y sin actuar motu proprio en temas que le pueden complicar el ambiente político.

Y no es que Valadés ignore el enorme apoyo popular que acompaña al presidente, incluso mayor al del voto mayoritario en las pasadas elecciones, pero lo que cuestiona el exministro es si todos los grupos y corrientes que confluyen en Morena y que rodean a López Obrador están actuando de manera coordinada y atendiendo los pasos del futuro mandatario. Y es que cuando Andrés Manuel aún enfrenta la turbulencia legal y financiera de su decisión de cancelar el nuevo aeropuerto en Texcoco, algunas cabezas de Morena toman decisiones que parecen aceleradas y que pueden agitar aún más el ambiente cuando faltan apenas tres semanas para la toma de
posesión.

Eso es lo que Diego Valadés advierte como el “error desconcertante” del presidente del Senado, Martí Batres, quien en un afán de hacer valer su autoridad, mandó un oficio en el que ordena al director del Diario Oficial de la Federación la “inmediata publicación” de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, para que entre en vigor también de manera inmediata al día siguiente de su publicación. Al tratarse de una ley impulsada por las bancadas de Morena en el Congreso y que contiene disposiciones que pueden ser impugnadas y que de hecho lo están siendo ya en recursos de jueces y magistrados del Poder Judicial, de universidades públicas y de algunas instituciones autónomas, la citada ley se va a convertir en una fuente de confrontación y enfrentamiento con el nuevo gobierno por parte de una burocracia descontenta e inconforme con la disminución generalizada y a rajatabla de sus salarios.

Ya se sabía que, si bien concita oleadas de apoyo popular, la Ley de Remuneraciones contiene disposiciones que aún pueden ser combatidas e impugnadas legalmente y que pueden incluso terminar en la Suprema Corte, pero lo más grave, que pueden y están provocando una sacudida de demandas, renuncias y jubilaciones anticipadas en una parte importante de la burocracia federal. Por eso acelerar y apurar su publicación, como lo hizo Batres con su oficio imperativo, es visto por Valadés como una señal de que los grupos de Morena no necesariamente están cuidando o pensando en las prioridades de López Obrador y corren el riesgo de dejarlo solo, aislarlo, con el consecuente riesgo para la fortaleza de un presidente que se propone cambios drásticos que tocan intereses tan grandes como los del capital nacional y trasnacional.

Hoy mismo, Andrés Manuel López Obrador ha convocado a todo su Gabinete y a las fracciones de diputados y senadores a una reunión en un hotel del centro de la ciudad en la que se trazarán directrices sobre cómo se debe de actuar de manera coordinada y consensuada, y no por los arranques, decisiones e intereses de cada grupo, liderazgo o corriente de las muchas que integran el próximo gobierno. La reunión ocurre justo después de que en la entrevista a Diego Valadés se lanzara la advertencia de que al presidente electo lo están dejando solo en sus delicadas cruzadas y que, cuando aún no termina de enfrentar una batalla que apenas empieza con los empresarios, sus propios correligionarios le están abriendo nuevos y delicados frentes antes de llegar a la Presidencia.

Es decir que, aunque a algunos de sus muy cercanos les irritó la muy delgada piel la portada de una revista ya que, al percibirla cercana, sintieron un ataque en la advertencia de su cabeza principal, parece que al presidente electo sí le llegó el mensaje de que no puede permitir ni permitirse que, a unas semanas de tomar posesión del cargo, sus propios colaboradores y bancadas le estén ocasionando tormentas que le pueden afectar innecesariamente su asunción. Veremos que les dice hoy y cómo se entendió el mensaje, más allá que les haya incomodado el mensajero.
03 Noviembre 2018 04:00:00
¿Amor y púas?, militares en la frontera
En medio de la peor crisis migratoria de que se tenga memoria, por las oleadas de migrantes hondureños y centroamericanos que siguen entrando a territorio nacional con miras a llegar hasta la frontera de Estados Unidos, el futuro presidente, Andrés Manuel López Obrador, se ha mantenido en la misma posición de cautela extrema que, desde que ganó la presidencia, ha mantenido hacia el presidente estadunidense Donald Trump. “Amor y paz, no vamos a pelear, amor y paz”, ha repetido una y otra vez, el electo cuando lo cuestionan sobre los dichos agresivos y antimexicanos del señor Trump.

Y se entiende que, a punto de llegar al Palacio Nacional, donde despachará a partir del 1 de diciembre próximo, Andrés Manuel sea cuidadoso y mantenga la cautela extrema para no caer en el juego perverso y electoral de Donald Trump. Pero una vez que se siente en la silla presidencial, tendrá que verse de qué está hecho AMLO y cómo va a enfrentar la complicada relación con el deslenguado presidente vecino. Porque el inicio de su Presidencia estará marcada por la posible llegada de las varias caravanas migrantes, cuyos participantes centroamericanos hoy ya se calculan en más de 10 mil en total, entre los tres distintos contingentes que avanzan por territorio mexicano.

Peña Nieto, más ausente y débil cada vez, ha dicho que no se permitirá que lleguen a la frontera norte y que sólo aquellos migrantes indocumentados que respeten las leyes mexicanas y que soliciten formalmente el asilo o refugio, puedan permanecer en territorio mexicano. Pero hasta ahora, más allá del discurso, el gobierno saliente no ha hecho nada en términos concretos, más allá de tirar garrotazos y gases en la frontera con Guatemala para después verse rebasados, y ha permitido que las distintas caravanas avancen prácticamente escoltadas por la Policía Federal.

Y mientras eso sucede y el discurso antiinmigrante y xenofóbico de Trump se radicaliza, al mismo tiempo que le suma votos del electorado blanco medio e ignorante, los migrantes centroamericanos avanzan diariamente kilómetros en su paso, en tanto que al mismo tiempo más de 7 mil soldados del Ejército de los Estados Unidos han llegado a la frontera con México y han comenzado a formar una barrera militar en la que, además están colocando alambre de púas en la línea fronteriza, como un mensaje claro de hostilidad y rechazo a la migración indocumentada, ya sea centroamericana o de México.

La Administración lopezobradorista arrancará con la frontera norte militarizada, con un muro que avanza y cubierta de púas, lo que nos lleva a pensar por cuánto tiempo más se mantendrá la posición cuidadosa de AMLO, ya como presidente, para evitar confrontarse con Trump o responderle cuando ataque o amenace a México y a los mexicanos ¿Será que en vez de la política del “amor y paz” pasaremos al “amor y púas”.

La noche que perdió Romo. El empresario Alfonso Romo, que ha dicho, en su papel de un hombre clave en el triunfo arrollador de Andrés Manuel López Obrador el pasado 1 de julio, que su única misión en el equipo del próximo Gobierno es sólo uno: “Vigilar que el dólar se mantenga y que la confianza de los mercados y los empresarios, no se pierda”, sufrió un duro revés con la decisión de cancelar Texcoco como sede del nuevo aeropuerto de la CDMX.

Romo fue siempre un convencido de que la opción más viable era el aeropuerto que está en proceso y que cualquier otra opción que significara cancelarlo sería demasiados costos para el país. Y así se lo dijo siempre al presidente electo y al equipo de colaboradores que discutió y analizó el tema hasta la consulta realizada el pasado fin de semana. No era el único en el equipo lopezobradorista que defendía Texcoco, también Marcelo Ebrard y su grupo se manifestaron a favor de continuar las obras en los actuales terrenos, pero al final todas esas voces fueron apabulladas por el resultado de la consulta y por la opción de construir dos pistas en Santa Lucía, que empujaban Javier Jiménez Espriú y el “asesor” de AMLO en el tema aeroportuario, el empresario José María Rioboo.

Pero don Alfonso nunca dejó de dar la batalla por la convicción que tenía a favor de Texcoco. Todavía la noche del domingo 28, cuando ya se sabían los resultados arrolladores de la polémica consulta popular, López Obrador llamó a una reunión a sus colaboradores más cercanos relacionados con el anuncio que iba a hacer el lunes 29 sobre la decisión mayoritaria que había tomado la población participante (70%) en favor de Santa Lucía y de la ampliación del actual aeropuerto de la CDMX y de Toluca y rotundamente en contra de Texcoco que apenas alcanzó, según los organizadores, el 30% de los votos.

En las oficinas de la colonia Roma, AMLO pidió la opinión de cada uno de los asistentes a la junta antes de hacer pública su posición al día siguiente. Cuando le tocó el turno a Romo, el empresario volvió a la carga: “Es un error cancelar Texcoco, el costo ante los mercados y la confianza de los empresarios será muy alto, hay que reconsiderarlo”, pedía el ingeniero. Pero después de escuchar los argumentos del regiomontano que lo apoyó durante su campaña precisamente con las relaciones con el sector empresarial, el presidente electo le contestó sarcásticamente a Romo: “¡Mira como tiemblo!… Tú crees de verdad que por 30 ricos dueños del dinero voy a desoír la opinión de casi 700 mil personas que pidieron cancelar Texcoco?”.

En la pregunta iba implícita la respuesta. Y al día siguiente vino el anuncio que sacudió al peso y provocó un aumento del dólar que ayer viernes siguió por arriba de los 20 pesos y que provocó también la caída de la Bolsa de Valores, además del incremento de riesgo crediticio y de inversión para México por parte de varias calificadoras internacionales.
01 Noviembre 2018 04:00:00
El capo millennial que lloró en su captura
Entre tenis caros y comida rápida se escondía “El Pistache”. En el pequeño departamento de 70 metros de High Park, en Santa Fe, donde lo atraparon la madrugada del martes, los policías de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Marina encontraron a un joven escuálido de 32 años. David García tenía en la mesa comida japonesa, una caja de pizza y alitas que pidió la noche anterior como cena a través de una app. En su recámara un vestidor atestado de playeras de moda de colores vibrantes, junto a cinturones y pantalones brillosos, muchos marca Gucci, su preferida. En el suelo había más de 50 pares de tenis, pero unos Louis Vouitton sin estrenar y aún con etiqueta llamaron la atención de los agentes. Al verse copado no opuso resistencia, y cuando oyó por las radios de los agentes que en ese mismo momento capturaban a sus lugartenientes en la Narvarte, se sentó esposado en una silla, se llevó las manos al rostro y, el capo millennial que controlaba la mayor organización de la CDMX de venta de drogas, extorsión, trata de personas, y que ordenaba ejecutar a sangre fría a sus rivales, soltó el llanto.

Junto al “Pistache”, en el departamento que rentaban en 32 mil pesos mensuales, estaba su brazo derecho y el “cerebro financiero” de la Unión Tepito: otro joven de 28 años, Daniel Eduardo León, “El Tiger”. Sus conocimientos como licenciado titulado en Administración de Empresas por la UNAM lo hicieron llevar la contabilidad y planeación del grupo criminal más poderoso y sanguinario de la Ciudad de México. Ninguno de los dos parecían ya provenir del “barrio bravo”, se habían pulido y mezclado con ropa cara y hábitos de júniors, para encajar en los círculos de Polanco, Santa Fe, Las Lomas, en donde operaban para mover la droga y extorsionar a propietarios de restaurantes.

Hacía ya varias semanas que agentes encubiertos de la PGR los seguían y los tenían grabados y fotografiados lo mismo comiendo cangrejos de Alaska en The Crab, que paseando de shopping en la exclusiva plaza Samara. El Cisen, la Marina y hasta el C5 de la ciudad, aportaban datos y pistas para la investigación de inteligencia que coordinaba la AIC, a cargo de Omar García Harfuch. Se sabía desde la caída de “El Betito”, que el liderazgo de la Unión Tepito fue ocupado por este joven delgado, David García Ramírez, y su operador financiero, Daniel Eduardo León Cifuentes. Aunque había otros con más experiencia delictiva y edad para sustituir a Roberto Mollado, “El Pistache” se quedó con el control de la Unión Tepito por ser el más cercano y de mayor confianza de “El Betito”.

Y rápidamente, en 3 meses, “El Pistache” ya era todo un capo que lo mismo controlaba el millonario negocio del narcomenudeo en la ciudad, que la venta de drogas en bares y restaurantes de las zonas más exclusivas, además de extorsionar y cobrar derecho de piso a restauranteros y dueños de antros. Entre los “clientes” a los que atemorizaban con amenazas de muerte y que, al no encontrar apoyo en ninguna autoridad capitalina, terminaban pagando, estaban los dueños de Barezzito Polanco, Barezzito Arcos, Barezzito Roma, La Santa, Mohombi Polanco, Janis Palmas, Love Polanco, entre otros lugares de moda. “El Tiger” era el líder en la distribución de droga y encargado de ubicar y elegir los centros nocturnos que serían extorsionados, además de vigilar la apertura de nuevos locales para valorar si los extorsionaban y vendían droga en los establecimientos.

Una forma de hacerse llegar información de primer nivel para sus operaciones delictivas, además de la protección de mandos medios de la PGJDF y de la alcaldía de Cuauhtémoc, según las investigaciones federales, era el manejo y la trata de scorts de “primer nivel”, que a precios muy caros contrataban lo mismo políticos que empresarios, artistas y jóvenes juniors. Las mujeres tenían que pasar reportes de nombres, lugares, llamadas y cualquier información de sus clientes a la Unión Tepito.

Pero sin duda, la consolidación y la impunidad del joven millennial que manejaba el negocio de las drogas en la capital del país no hubiera ocurrido sin la protección y la colusión de funcionarios de la procuraduría capitalina y de policías de Cuauhtémoc que le daban protección a cambio de generosos pagos. Un dato que confirma lo “invisible” que resultaba “El Pistache” para las autoridades de la ciudad era que, afuera de High Park, el complejo donde lo detuvieron en Santa Fe, había un retén policíaco que nunca vio pasar al líder de la Unión Tepito.

Así que tuvieron que ser las autoridades federales nuevamente las que vinieran a ubicar y seguir durante varias semanas al “Pistache”, a su cerebro financiero y a sus principales operadores todos detenidos en un operativo simultáneo en cuatro domicilios la madrugada del martes, justo el día que contaban las ganancias del negocio de las drogas, la trata y la extorsión. El arsenal con que los agarraron, pistolas y armas de alto poder con silenciadores, confirmaba el poder y el nivel de violencia alcanzado por el joven “capo” del narco capitalino.

Y pensar que, antes de que irrumpieran los agentes federales y marinos “El Pistache” y “El Tiger” cenaban sushi y pizza con alitas, mientras bebían sus Jäggermeister y veían sus series favoritas de Netflix como cualquier joven millennial. Sólo que estos dos, a sus 28 y 32 años, ya debían varias muertes y controlaban el millonario negocio de las drogas en una de las ciudades más grandes del mundo.
30 Octubre 2018 04:00:00
Deconstruyendo a Peña
Todavía no termina su sexenio y la obra y acciones de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ya están siendo literalmente “borradas” por su sucesor Andrés Manuel López Obrador. Falta un mes para que acabe la actual Administración y pareciera que al Presidente electo le corre prisa no sólo por mandar la señal a sus 30 millones de votantes de que cumplirá con sus promesas de campaña y con el mandato claro que le dieron las urnas de hacer un cambio total en la política y la vida pública, algo que al entender del Presidente electo pasa por desmantelar todo lo que huela al peñismo, desde obras de infraestructura, como el aeropuerto en Texcoco, hasta reformas como la educativa y la energética.

El proceso que ya ha iniciado López Obrador, aún antes de tomar posesión del cargo, deja claro que, como a ningún Presidente en la historia del país, a Peña y a su sexenio lo van a someter a una especie de deconstrucción, un desmontaje de casi cualquier idea, obra o concepto que haya sido planeado y ejecutado como “herencia” o “legado” del mandatario mexiquense. A diferencia de las ya conocidas y comunes rupturas sexenales –del país que se reinventa y vuelve a comenzar cada 6 años según la visión del presidente en turno– lo que el nuevo grupo gobernante ha comenzado a hacer con la Administración peñista, en los últimos 4 meses de esta larga y absurda transición, es una lenta, pero efectiva, difuminación de las huellas de este Gobierno y de su titular.

Parte de eso se explica por las diferencias políticas abismales, en conceptos y estilos de gobernar, entre López Obrador y Peña Nieto, pero la principal razón es que el Presidente entrante sabe muy bien que más de la mitad de sus votantes (unos 17 millones) que no eran parte de su voto duro, le dieron el sufragio y las mayorías en el Congreso no sólo como un “bono democrático” sino también como una forma de rechazar y castigar a su antecesor y a su grupo gobernante, con todo lo que según los datos medidos en encuestas, irritaba a los mexicanos del actual Gobierno: corrupción, impunidad, frivolidad, tráfico de influencias, excesos y gastos onerosos, gobierno proempresarial y fracaso en la seguridad y la violencia.

Por eso la prisa del electo por empezar a dar los pasos para desmontar el sexenio que aún no termina, algo que además le está siendo relativamente fácil; primero por sus altos niveles de aprobación (72.5%), pero también le ayudan en ese desmantelamiento la debilidad y la apatía que muestran Peña Nieto y sus cercanos en sus últimos días de gobernante, donde después del 1 de julio el Presidente en funciones se hizo a un lado, le cedió toda la escena pública y política a su sucesor y, hablando boxísticamente, tiró la toalla.

¿O alguien entiende por qué, aunque ya habían perdido, Peña y los suyos nunca salieron en estos últimos meses a dar la pelea por su principal obra del sexenio que era el megaaeropuerto en Texcoco o por qué no defendieron con argumentos y debate el desmantelamiento de sus principales reformas, ni siquiera por qué no se defendieron ellos mismos ante la evidente estrategia para desdibujarlos? Tal vez no hubo ánimo, tal vez se les acabaron los argumentos, o tal vez, como en la famosa escena de esa película de superhéroes, el Presidente saliente y sus amigos y colaboradores más cercanos supieron que nada podrían hacer ante la fuerza de Tanos que con sus gemas de 30 millones de votantes los fue difuminando, desintegrando y desapareciendo poco a poco de la faz de la República.

NOTAS INDISCRETAS… El empresario Juan Pablo Carranza, quien aparece mencionado en la denuncia puesta por maestros del SNTE en contra del dirigente magisterial Juan Díaz de la Torre, asegura que “como socio de Kubo Maestro pone a la vista de este medio y cualquier autoridad toda la documentación necesaria que acredita que esta empresa jamás ha recibido un peso del SNTE ni esta le ha emitido factura alguna al sindicato”. La única relación de Kubo Maestro, S.A. de C.V., fue formar, con recursos propios, un programa de recompensas para los maestros, programa que después de un año de implementarlo y no contar con los apoyos necesarios, en común acuerdo entre la empresa y el SNTE, se suspendió. Sobre el supuesto manejo millonario de recursos que le imputan, asegura: “Es ridículo mencionar un monto de 100 mdp mensual que equivaldría al 80% del presupuesto del SNTE, por lo que es una acusación muy poco seria sin pruebas y se está en proceso de presentar una demanda de carácter penal y civil en contra de quien resulte responsable de daños y falsedad de declaraciones”. O sea que la guerra entre Elba y Juan Díaz por el SNTE también se va a tribunales… Paran los dados. Capicúa. Repetimos el tiro.
29 Octubre 2018 04:00:00
¿Quién azuza a las caravanas?
La muerte de un migrante hondureño, a causa del impacto de una bala de goma en la cabeza al enfrentarse ayer con policías federales en un nuevo disturbio en la frontera de Guatemala con México, representa el agravamiento de la crisis desatada por las caravanas de migrantes que han colocado a la República Mexicana en el peor dilema migratorio de su historia: de un lado está nuestra tradición histórica como país de refugio y migración constante y permanente –tanto la propia que expulsamos a Estados Unidos, como las muchas oleadas que recibimos de Centroamérica y de otras partes del mundo– y del otro lado la presión política y diplomática de Donald Trump y su discurso criminalizador y xenofóbico que obliga a un Presidente débil y ausente como Peña Nieto, a convertirse en su policía y su garrote antiimigrante.

Y detrás de este nuevo fenómeno de migración colectiva (que ocurre justo a semanas de las competidas y estratégicas elecciones intermedias por el Congreso de Estados Unidos) y de la nueva caravana que ayer intentó por la fuerza ingresar a territorio mexicano y se enfrentó con violencia a las autoridades guatemaltecas y mexicanas, provocando la muerte del indocumentado por una bala de goma, no parecen estar solo la pobreza, el desempleo y la violencia estructural que padecen los hondureños, salvadoreños y guatemaltecos; que si bien siguen siendo la causa original de su desesperada migración, ahora estas hordas migratorias parecen azuzadas por otros intereses y otras manos que los incitan y los alientan a aprovechar el descontrol y la debilidad de un Gobierno mexicano sumido en plena transición de dos presidentes.

Porque hasta son más los que pierden que el que gana con estas repentinas oleadas de migrantes.

No ganan los hondureños ni centroamericanos que por necesidad y desesperación aprovechan la emigración masiva y la fortaleza y el valor que les da el anonimato, pero que exponen a sus niños (casi un tercio del total de las caravanas) mujeres y personas de edad avanzada a sufrir desde los embates de las fuerzas policiacas mexicanas y guatemaltecas hasta el hambre, la sed y la fatiga del difícil tránsito por el sureste mexicano.

Tampoco ganan y más bien pierden los presidentes de Honduras, Guatemala y El Salvador, que se muestran al mundo como autoridades fracasadas de estados fallidos que no pueden garantizar a sus habitantes los requerimientos mínimos de bienestar y seguridad para evitar que se lancen de manera masiva y peligrosa a buscar lo que sus gobiernos no pueden darles y en su desesperación sólo atinan a denunciar (Jimmy Morales y Juan Orlando Hernández) “intereses políticos”, sin tener el valor de ponerle nombres y apellidos a sus denuncias.

Mucho menos gana el Gobierno y la sociedad mexicana, que se ve expuesto y exhibido, en el caso de las autoridades, en toda su debilidad, incongruencia e incapacidad primero para contener la oleada migratoria y luego para garantizarles ya no solo sus derechos humanos fundamentales, sino sus necesidades más básicas como personas en calidad de migración; al mismo tiempo que la sociedad mexicana se divide y polariza y una parte se muestra en todo su racismo y contradicción de ser un país de migrantes en el que miles de familias y regiones sostienen su economía gracias a la migración ilegal a Estados Unidos.

Tal vez el único que gana con todo este fenómeno de migración masiva y de “caravanas” que se forman un día sí y otro también, es Donald Trump y su proyecto político que intenta mantener a toda costa una mayoría que peligra en las inminentes elecciones de su país.

Porque a nadie como a él le ha venido bien y le ha servido los miles de migrantes que caminan por las carreteras mexicanas o los otros que intentan entrar a la fuerza a nuestro territorio, incluidos los muertos por accidentes o en la refriega, porque le sirven para atizar el discurso nacionalista, xenófobo y antiinmigrante de buena parte de su electorado blanco ignorante.

La movilización del Ejército estadunidense a la frontera con México y el discurso de “criminales y terroristas” en contra de los migrantes centroamericanos, al igual que su presión constante a México y a su Gobierno para que “los detengan”, no hacen sino sumarle simpatías y votos en las encuestas a Trump que se muestra ante sus votantes como el “salvador” y el “Presidente que sí cuida y cierra sus fronteras de la amenaza terrorista y criminal de la migración ilegal”. Y si sólo hay uno que gana con todo esto, la pregunta entonces cobra mucho sentido: ¿quién azuza a las caravanas?

NOTAS INDISCRETAS…

Seis nuevas denuncias relacionadas con los millonarios desvíos en la Sedatu y la Sedesol, bautizados como la Estafa Maestra serán presentadas en los próximos días por la Auditoría Superior de la Federación, como parte del informe de resultados que rendirá el auditor David Colmenares ante la Cámara de Diputados.

Y entre los seis nuevos imputados hay varios colaboradores muy cercanos a Rosario Robles, tan cercanos como Emilio Zabadúa, su oficial mayor en las dos dependencias y responsable de los contratos que iban a dar a “empresas fantasmas” vía organismos públicos y universidades estatales. ¿Quiénes más serán denunciados ante la PGR?... Anoche, hasta el cierre de esta columna, se estaba en espera de conocer los resultados luego de tres días de consulta sobre el nuevo aeropuerto.

Y con todo y sus irregularidades y fallas, se esperaba que la cifra de participantes rebasara el millón de personas. ¿Sigue Texcoco o empezamos a planear Santa Lucía? La decisión, dicen, fue de muchos, pero la última palabra sólo la tiene uno.

Y ya saben quién… Los dados mandan Serpiente doble. Mal inicia la semana.
25 Octubre 2018 04:00:00
Elba, su bioserie cancelada y el cambio de señales
En la operación “regreso” de Elba Esther Gordillo al SNTE, hubo un “desencuentro” y un “cambio de señales” entre el gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador y la renovada exdirigente magisterial, que provocó la reciente irrupción de un movimiento de presión de los “elbistas”, con denuncias penales y movilizaciones para pedir su reinstalación. Y es que en la oficina del presidente electo condicionaron la reinstalación de Gordillo en la presidencia del sindicato, a que la maestra sólo fuera reinstalada para convocar “de inmediato” a la elección abierta de un nuevo dirigente y se hiciera a un lado, mientras que Elba y su grupo quieren quedarse al menos un año al frente del SNTE.

La primera señal de que a López Obrador no le gustaron las intenciones de permanencia de la maestra fueron los reiterados mensajes y discursos públicos de las últimas semanas de que en su gobierno “no habrá protegidos, ni cacicazgos favoritos en los sindicatos”, seguidos de la exigencia del presidente electo de que hubiera elecciones por voto directo de los líderes sindicales y hasta el anuncio de una iniciativa de ley para hacer obligatoria la democracia en los sindicatos.

Pero hubo otro mensaje aún más claro de que en la “Cuarta Transformación” no quieren que la maestra vuelva para quedarse con el control absoluto del SNTE que tuvo por 24 años: la abrupta cancelación de la “bioserie” que estaba siendo planeada para contar la vida e historia de Elba Esther Gordillo Morales. Ideada en conjunto por el consultor y publicista Hugo Scherer Castillo y por el círculo cercano la maestra, concretamente su yerno Fernando González Yáñez, la serie comenzó a planearse con conocimiento y aval del Gobierno electo. Hubo un par de reuniones para trazar un cronograma de producción, discutir el enfoque del guión y hasta programar entrevistas con personajes que aportarían material y anécdotas para armar la historia. Scherer Castillo buscó a Pedro Torres, productor de series y telenovelas para Televisa, para dirigir el proyecto que iba viento en popa.

Pero hace unos días, directo de la oficina del presidente electo llegó la orden fulminante: “cancelen esa serie, no es bien vista”. El mensaje fue personal y familiar a Hugo Scherer y este a su vez se lo transmitió a Pedro Torres: “Se para todo, ya no quieren la serie, son órdenes de arriba”.

Si hubo “cambio de señales” del electo a la que fuera su aliada electoral eso significaría que Elba y su grupo van solos en su intento por recuperar el control del SNTE. Ya se verá si hay o no fallo del Tribunal Superior Administrativo que valide o cancele un regreso de la maestra a la presidencia del sindicato, que de cualquier modo sería para un periodo que se termina en noviembre próximo. Veremos el curso que toma la guerra entre Gordillo y actual Juan Díaz de la Torre y si el duelo de fuerzas se empareja ya sin el apoyo del despacho de la Roma. ¿Quién se queda con el SNTE?

NOTAS INDISCRETAS… Dos señales fuertes mandaron ayer desde el Poder Judicial sobre las futuras relaciones entre poderes de la República: por un lado el presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, Luis María Aguilar, dijo que “ha tomado conocimiento de las expresiones realizadas por juzgadores federales relacionadas con propuestas legislativas que buscan modificar la organización y funcionamiento del Poder Judicial” (inconformidad por modificación de sueldos, rotación de jueces y magistrados e impedimento a contratar parientes consanguíneos) y ante eso anunció la integración de una comisión “de alto nivel” para abrir un canal de comunicación con los jueces y magistrados, al mismo tiempo que esa comisión articulará “puntos de vista” que se harán llegar a representantes de otros poderes (Ejecutivo y Legislativo), con los que se tendrá un “intercambio respetuoso” pero que buscará “el fortalecimiento del Poder Judicial sin comprometer su independencia y autonomía”.

O sea que los ministros, magistrados y jueces van a opinar y a defender su autonomía y funcionamiento frente a otros poderes. Y la otra señal que mandaron directa desde la Corte fue la orden de retomar los procesos de destitución e inicio de procesos penales contra alcaldes y delegados que incumplieron amparos obtenidos en laudos laborales; pero en algunos casos no se cuidaron los detalles en la integración de expedientes, así como el ámbito de responsabilidad, como el caso de un exdiputado local y exdelegado en Venustiano Carranza, José Manuel Ballesteros, a quien se le inició proceso judicial, sin que hubiera un juicio de procedencia para quitarle el fuero y sin notificación oficial.

Las audiencias están por iniciar, así que muchos presidentes municipales de todo el país deben estar atentos, así como alcaldes y exdelegados, como por ejemplo Ricardo Monreal, hoy líder del Senado y uno de los impulsores de iniciativas de reforma al Poder Judicial, y Víctor Hugo Lobo, porque en una de esas les aplican la misma regla… Los dados repiten Serpiente. Caída Libre.
23 Octubre 2018 04:00:00
Operación ‘Regreso’: la ofensiva de Elba
La operación para concretar el regreso de Elba Esther Gordillo y la recuperación de su control del magisterio dio ayer sus primeros pasos. Por la vía legal, con una denuncia penal en contra de Juan Díaz de la Torre, secretario general del SNTE, y sus allegados Isaac Chertorivsky, Bernardo Quesada, Jessica Pereda y Juan Pablo Carranza, a quienes dos maestros afines a Gordillo acusaron ante la PGR de malversar “fondos de retiro” de los docentes por más de 20 mil millones de pesos, además de otorgar créditos con intereses excesivos al magisterio a través de una empresa privada (Etesa), que maneja una cobranza de hasta 50 millones de pesos.

Y por la vía política, para hoy martes está anunciada una movilización y concentración de maestros elbistas frente al Senado (“para que se eduque Monreal”, dijo ayer un dirigente cercano a Gordillo) con la que se busca detonar “un gran movimiento nacional” en contra de Juan Díaz de la Torre, a quien Elba Esther identifica como uno de los “traidores” que se confabularon en su contra con el Gobierno de presidente Peña Nieto para defenestrarla y arrebatarle el control del sindicato más grande y con mayores recursos de México y de América Latina.

En la denuncia presentada ayer ante la PGR, además del empresario y publicista Isaac Chertorivsky (padre de Salomón Chertorivsky, exsecretario del Gabinete de Mancera en la CDMX) aparecen Bernardo Quesada, ex diputado de Nueva Alianza y quien fuera señalado por el Miami Herald en 2017 por comprar 17 condominios en la exclusiva zona de Brickwell con un valor total de 6.3 millones de dólares, además de Jessica Pereda, dueña de Etesa (Ediciones, Tratados y Equipos, S.A.) que con sus filiales Abaco y la sofom Refácil otorgaban préstamos lo mismo al SNTE que a la CNTE y recibían contratos de dependencias como el ISSSTE, IMSS, Secretaría de Salud y más de 29 gobiernos estatales, y que fueron investigados y sancionados por la Condusef y por Hacienda por “cobros excesivos” y ocultamiento de tarifas e intereses en sus créditos.

Pero de todos los nombres que aparecen en la denuncia presentada por los maestros en activo Luis Pérez Pasten y Venancio Morales Zúñiga y elaborada por los abogados de Elba Esther, el más delicado es el de Juan Pablo Carranza, dueño de la empresa Kubo Maestro y a quien acusan de manejar “un fondo para distribuir efectivo ilegal” en el SNTE hasta por 100 millones de pesos mensuales, cuyo origen y aplicación se pide investigar penalmente. Según cercanos a Elba Esther, Juan Pablo Carranza es el operador financiero “de confianza” de Juan Díaz y Kubo Maestro es la firma por la que se realiza una operación de “lavado de dinero” que maneja el sindicato magisterial.

Veremos qué tan efectiva resulta la estrategia de Gordillo para acelerar su regreso al control del SNTE que ocurre en la víspera de que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia Administrativa resuelvan su demanda para ser reinstalada en la presidencia del sindicato, pero también justo cuando el presidente electo Andrés Manuel López Obrador habla de impulsar la “democratización de los sindicatos”, de que su gobierno no tendrá “consentidos ni protegerá cacicazgos” sindicales y anuncia una iniciativa de ley para hacer obligatorio el voto libre y secreto de los trabajadores sindicalizados para elegir a sus dirigentes. ¿Ese mensaje también aplica a la maestra?

NOTAS INDISCRETAS… Manuel Gómez Morín Martínez del Río, candidato a la dirigencia del PAN, envió ayer una carta en la que reconoce su relación personal y profesional con el empresario Ricardo Silva Padilla y la empresa Trese, acusada de incumplir un contrato de 500 millones de dólares con Pemex y declarada en concurso mercantil: “Desde hace muchos años presto mis servicios como abogado a la empresa Tecnologías Relacionadas con Energías y Servicios Especializados, S.A. de C.V., pero no soy su representante jurídico. Trese me debe honorarios y por dicha razón, aparezco en su contabilidad como acreedor”. Luego refiere que el contrato otorgado a Trese en octubre de 2013 no fue en el gobierno de Felipe Calderón, que ya había concluido. Y sobre la aparición de su cliente Ricardo Silva Padilla y de Trese en los Bahama Leaks, lo explica así: “Es común en el sector, que una naviera abra empresas, sucursales o se alíe con agentes navieros locales en diferentes países con el fin de mantener los requisitos inherentes a su desempeño como operador”. Hasta ahí el resumen de la carta, de la cual se cita una versión más extensa en la versión de esta columna en internet... Sólo dos comentarios a Gómez Morín: efectivamente el contrato de 500 mdd a Trese se otorgó en el primer año de Gobierno de Peña Nieto, pero el proceso para su licitación y asignación comenzó desde el último año del gobierno de Calderón. Porque fue en el sexenio calderonista donde Trese pasó de ser una empresa menor y sin experiencia en el campo petrolero a convertirse en contratista mayor de Pemex. Y sobre la aparición de su cliente en las listas de mexicanos que sacaron dinero del país, a paraísos fiscales, el nombre de Ricardo Alfredo Silva Padilla aparece documentado tanto en los reportes del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, como en los reportajes de Mexicanos contra la Corrupción que incluyen al dueño de Trese en la lista de 432 empresarios mexicanos que utilizaron ese mecanismo para ocultar dinero en Bahamas…Los dados mandan Escalera doble. Subimos.
22 Octubre 2018 04:00:00
Los amigos de Gómez Morín
El nieto del fundador del PAN, Manuel Gómez Morín Martínez del Río, quien ahora es candidato a la dirigencia nacional de ese partido, está vinculado como abogado y acreedor al empresario Ricardo Alfredo Silva Padilla, quien figura en la lista de los Bahamas Leaks, por utilizar paraísos fiscales para sacar dinero desde México. Pero además, parte de esos recursos enviados al extranjero eran provenientes de un contrato de 500 millones de dólares otorgado por Petróleos Mexicanos a una sociedad, en la que figura la empresa TRESE, de Silva Padilla.

Esta empresa no contaba ni con el personal ni con la capacidad técnica para realizar los trabajos contratados en plataformas marítimas y, por tanto, fue declarada en Concurso Mercantil el pasado 28 de agosto de 2017, bajo el expediente 666/2016. El representante jurídico de TRESE es el nieto del fundador del Partido Acción Nacional, Manuel Gómez Morín, el mismo que hoy como aspirante a dirigir ese partido invoca en todos sus discursos “la herencia” y “las enseñanzas” de su abuelo, considerado un ideólogo honorable y creador de instituciones en el país en la primera mitad del siglo 20.

Según un expediente en poder de esta columna, Gómez Morín aparece señalado como parte de toda una maquinación para sacar dinero de la empresa TRESE, y su nombre aparece como acusado en una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura de la Federación y ante el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, actualmente en proceso de resolución y que fue interpuesta por acreedores de esta empresa, quienes señalan que el candidato a dirigir el PAN se declaró “acreedor” por 100 mil dólares de Silva Padilla, además de que también obtuvo un “poder” de otras siete personas para recibir pagos en su nombre.

El 14 de octubre de 2013, en el sexenio de Felipe Calderón, la empresa Tecnologías Relacionadas con Energía y Servicios Especializados, S.A de C.V, (TRESE), de Silva Padilla, constituida con un capital de 50 mil pesos, recibió de Pemex un contrato por 500 millones de dólares, en un consorcio que integró con Grupo Nuvoil, para compresión de gas
natural.

Luego, en septiembre de 2016, Ricardo Alfredo Silva Padilla fue señalado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y por Mexicanos contra la Corrupción, como uno de 431 empresarios mexicanos que figuran en los Bahamas Leaks por la constitución de la empresa TRESE y su administración irregular.

Y es que detrás de sus contratos millonarios con Pemex, parece haber una historia de corrupción y fraude, pues apenas el 10 de marzo de 2010, esta modesta compañía había modificado su objeto social ante el notario público 18 de la Ciudad de México, Patricio Garza Bandala, y en su cláusula tercera establece que la sociedad tendrá como objeto “la comercialización, producción, fabricación, importación y exportación de toda clase de productos, así como la prestación de toda clase de servicios, a cualquier persona física o moral de naturaleza privada o pública”. Todo ello, para poder recibir contratos con entidades del gobierno, en este caso el de Pemex por los 500 millones de dólares que les fue asignado 3 años después de esa modificación.

En el litigio, presentado por proveedores de TRESE, afectados por la operación irregular, Manuel Gómez Morín Martínez del Río aparece como abogado del deudor Silva Padilla, pero al mismo tiempo también se declara acreedor de su cliente y es autorizado por otros siete acreedores del deudor, por lo se le acusa de incurrir en un claro conflicto de interés. Se tiene la presunción de que la contabilidad de TRESE fue alterada, ya que varios de los acreedores son personas afines a Silva Padilla.

El 12 de octubre pasado, Manuel Gómez Morín arrancó su campaña como candidato a la dirigencia nacional panista con la promesa de “acabar con la corrupción del PAN y devolver la democracia” a ese partido. ¿Se referirá a la misma corrupción que lo involucra con el saqueo a Pemex y con los turbios negocios de Silva Padilla en TRESE y en los paraísos fiscales de los Bahamas Leaks?

NOTAS INDISCRETAS…

A propósito de Gómez Morín y sus dichos del pasado fin de semana en Tijuana, donde llamó “muchacho estúpido” a Ricardo Anaya, nada ha contestado hasta ahora el excandidato presidencial al que el aspirante a dirigente culpó de la derrota panista por su “alianza contranatura” con el PRD y MC.

“Tengo 60 años y puedo llamarlo muchacho estúpido”, dijo Gómez Morín, como si la estupidez fuera privativa de los jóvenes y se quitara con la edad…Tras el escándalo de los “colchones usados” que se entregaron a los damnificados por las lluvias en Sinaloa, y las denuncias de opositores, el gobernador Quirino Ordaz dio la orden terminante de que se procediera penalmente por el vergonzoso hecho, y el jueves fue detenido y presentado el coordinador administrativo de la Sedesol local, Carlos Baltazar Castro.

El mensaje del gobernador, dicen, fue que no se tolerará la corrupción “ni la traición” en el estado ni en el caso de estas compras penosas, ni en el de exfuncionarios de gobiernos anteriores “que han sido acusados de desvíos de decenas de millones de pesos” ¿en quién estará pensando el gobernador?... De la reunión de hoy entre el presidente electo con el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, y de la que sostendrá también esta semana con el almirante Vidal Soberón, secretario de Marina, saldrán los nombres de los dos próximos titulares de las Fuerzas Armadas.

En el caso de la Defensa, todo apunta a que puede tratarse del nombre del general Roble Arturo Granados, subsecretario de Defensa, y en la Marina, el futuro secretario podría ser el almirante José Luis Vergara…Los dados abren con Serpiente. La semana pinta complicada.
20 Octubre 2018 04:11:00
Morena ataca al Poder Judicial, denuncian jueces
Las iniciativas de diputados y senadores de Morena para rotar a jueces y magistrados, además de regular la contratación de parientes consanguíneos, junto con la reciente aprobación de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos en la Cámara de Diputados, son parte de una campaña “de ataques sistemáticos” contra la independencia del Poder Judicial de la Federación que buscan afectar desde las remuneraciones de sus servidores públicos hasta la administración de su régimen interno y su imagen pública al acusar a los funcionarios judiciales de “corruptos”, según un denuncia formal interpuesta por un grupo de jueces y magistrados de circuito federales, que piden la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para defender la autonomía del Poder Judicial.

“Con profunda preocupación en fechas recientes, hemos advertido reiterados ataques políticos y mediáticos en contra del Poder Judicial de la Federación, los cuales consideramos tienden a vulnerar la independencia de la función judicial federal; razón por la cual presentamos formal denuncia y solicitamos que ese Órgano Colegiado realice las investigaciones necesarias y, en su momento, formule las recomendaciones que estime pertinentes al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dicen 23 Jueces y 43 Magistrados de Circuito que integran el Sexto Circuito y del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en el estado de Puebla, en su denuncia interpuesta ante la Comisión Conjunta para Garantizar y Fortalecer la Autonomía e Independencia del Poder Judicial de la Federación.

Los titulares de juzgados y tribunales le piden a la citada Comisión que inicie una investigación sobre estos ataques –de los que culpan lo mismo a políticos que a medios de comunicación– y que con el resultado de sus averiguaciones le soliciten a los ministros de la Suprema Corte y a los consejeros de la Judicatura Federal que emitan recomendaciones y acciones para defender y garantizar la autonomía e independencia del Poder Judicial y sus integrantes.

“Es un hecho notorio que en las últimas semanas, el Poder Judicial de la Federación ha sido objeto de un ataque sistemático en relación con aspectos vinculados a la remuneración de sus servidores públicos y a la administración de su régimen interno. Actores políticos han expresado públicamente (en tribuna de la Cámara de Senadores), que este Poder del Estado requiere de una ‘sacudida’; a lo que se ha ido sumando una variedad considerable de artículos y documentos, que de distintas formas desprestigian la imagen del Poder Judicial de la Federación y de sus servidores, tachando de corruptos a Jueces, Magistrados y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, sostiene el texto de la denuncia presentada el 17 de octubre pasado y fechada en San Andrés Cholula, Puebla, y de la cual esta columna tiene una copia.

Los medios también atacan al Poder Judicial. Al enumerar los “ataques” contra el Poder Judicial, los jueces y magistrados incluyen en su denuncia, como prueba de los “ataques sistemáticos”, las ligas digitales de varios periódicos y publicaciones en internet de noticias, articulistas y columnistas que han abordado el tema del Poder Judicial, tanto para informar de las iniciativas de Morena en el Congreso, como para cuestionar los planes de austeridad anunciados por ese Poder.

Y así interpretan, los funcionarios judiciales, la crítica e información de los medios como una fuente de “ataque” en su contra: “Los acontecimientos narrados son motivo de preocupación de los integrantes del Sexto Circuito del Poder Judicial de la Federación, en la medida en que se traducen en un permanente y sistemático esfuerzo por lesionar los principios sobre los que se erige la independencia judicial”.

Contra la disminución de sueldos. En la denuncia de los funcionarios judiciales se manifiestan totalmente en contra de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, aprobada en septiembre pasado en la Cámara de Diputados por acuerdo de todas las fracciones, y argumentan que disminuir los sueldos de los ministros, consejeros, jueces y magistrados, no sólo vulnera y afecta el funcionamiento del Poder Judicial y su autonomía, sino que la citada ley, que los obliga a ganar menos que el Presidente de la República, es violatoria de los artículos 17 y 94 de la Constitución, que prohíbe disminuir los sueldos y emolumentos de los miembros del poder Judicial durante su encargo.

“La entrada en vigor de la referida legislación y el salario que se pretende fijar para el Presidente de la República en el presupuesto de Ingresos correspondiente, traen como consecuencia la disminución de los salarios de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistrados y Jueces Federales; estimándose que, complementariamente, tendrá efectos negativos al seno de los demás empleados del Poder Judicial de la Federación en cuanto a que, de manera escalonada, tendrán que ir aplicándose recortes a todos los empleados y su salario, el cual se verá disminuido considerablemente”, explican.

Y luego argumentan violaciones constitucionales en la disminución de sus sueldos: “Dado el conglomerado de empleados que participan en el acceso a la jurisdicción federal, es evidente que dichas acciones repercutirán negativamente en el derecho fundamental, contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, el cual indica que: ‘Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones’, en relación con la parte que trasciende del diverso ordinal 94 Constitucional, que señala: ‘La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo”.

“De lo que se obtiene que la Constitución Federal, además de consagrar como atributos propios de la administración de justicia el de gratuidad y el de que las resoluciones de los tribunales se dicten de manera pronta, completa e imparcial, exige que las leyes federales establezcan los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, debiendo garantizarse para ello, el derecho a gozar de ciertos emolumentos que, durante su encargo, no podrán ser disminuidos, lo que debe irradiar hacia todos los empleados que formen parte del Poder Judicial de la Federación”, sostienen los jueces y magistrados en su denuncia.

18 Octubre 2018 04:00:00
La crisis de la caravana hondureña
La movilización de una caravana de casi 2 mil migrantes hondureños, que buscan llegar a Estados Unidos y pretenden atravesar por el territorio mexicano, ingresando en las próximas horas, movilizó ayer tanto a los cancilleres del Gobierno saliente de Peña Nieto, como el del Gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador. Y es que las amenazas proferidas por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador, si no frenaban de inmediato el avance del contingente de migrantes, pusieron a temblar al Gobierno mexicano e hicieron que Luis Videgaray y Marcelo Ebrard tomarán cartas y posiciones en un asunto que amenaza con desatar una nueva crisis migratoria y diplomática en la región.

Mientras el canciller Videgaray endureció la posición del Gobierno de México, y en un comunicado amenazó con no permitir la entrada al territorio nacional de “toda persona que ingrese de manera irregular” y aplicarles un procedimiento administrativo y deportación a los integrantes de la caravana hondureña, el próximo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se trasladó ayer hasta Tegucijalpa, en donde sostuvo una reunión de emergencia con los cancilleres de Honduras, El Salvador y Guatemala, para impulsar un acuerdo regional que favorezca la “migración optativa y no obligatoria” que propone el presidente electo López Obrador.

A contracorriente de la posición oficial de SRE, que argumentó no sólo el respeto a las leyes migratorias mexicanas sino de tratados internacionales para exigir que los migrantes que deseen ingresar a México cuenten con “documentos de viaje y visa concedida por el Gobierno mexicano” e invocó también una preocupación por la seguridad de los hondureños que pueden caer “en las redes de trata y tráfico de personas que ponen en riesgo su seguridad e integridad personal”, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, dijo que su Administración no impediría de ninguna forma el paso de los migrantes hondureños por la frontera chiapaneca y que se les garantizaría el “libre tránsito” y el respeto a sus derechos en territorio chiapaneco.

Aunque Donald Trump no aludió hasta ahora en sus amenazas a México, está claro que ni la Administración saliente de Peña Nieto, ni la entrante de López Obrador quieren en estos momentos otro desencuentro con el agresivo Mandatario estadunidense y menos por el tema migratorio, justo cuando estamos en la víspera de que se apruebe en los congresos de ambos países, y de su posterior firma, del nuevo Tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.

La última vez que el racista y antiinmigrante Trump la emprendió contra una caravana de migrantes indocumentados fue en abril de este año, cuando un grupo de apenas un millar de centroamericanos –la mitad de la caravana actual– intentó llegar a Estados Unidos en busca de asilo político, huyendo del desempleo, la pobreza y la violencia en sus países. En aquella ocasión, el 3 de abril, sí hubo una exigencia pública del Mandatario estadunidense para que México frenara el avance del contingente: “México tiene el poder absoluto de no permitir estas enormes caravanas de gente entrar en su país. Tienen que pararles en su frontera norte (Sic) lo que pueden hacer porque sus leyes fronterizas funcionan, no permitirles pasar hasta nuestro país”.

Y en aquella ocasión, ante la inacción del Gobierno mexicano, Trump ordenó el 5 de abril la movilización de la Guardia Nacional de Estados Unidos a la frontera con México, con el argumento de proteger a su país de “migrantes clandestinos” y dio instrucciones a los departamentos de Defensa y de Seguridad Interna de desplegar a los efectivos militares por toda la línea fronteriza. ¿Será por eso, y por no enturbiar la “luna de miel” entre la Administración Trump y los dos gobiernos que en esta transición coexisten en México, el peñista y el lopezobradorista, que esta vez México sí está dispuesto a frenar, detener y deportar a los hondureños que crucen la frontera sur del país? ¿Y con qué autoridad moral, y sobre todo con qué congruencia, lo hará el Estado mexicano que sigue expulsando migrantes indocumentados hacia Estados Unidos?

NOTAS INDISCRETAS… El jalisciense Arturo Zamora se registró ayer por la tarde como único aspirante a la Secretaría General del PRI, por lo que se convertirá en el segundo de abordo del CEN priista y compañero de la presidenta, Claudia Ruiz Massieu, en las próximas horas. El registro de Zamora confirma que el exgobernador de Yucatán, Rolando Zapata, finalmente se cayó, a pesar de que su nombramiento ya había sido palomeado por Peña Nieto, pero al parecer el que finalmente no haya podido ganar la gubernatura y unas muy largas vacaciones dejaron fuera al yucateco. Y sobre quién llegará ahora a la CNOP que dejó vacante el político de Jalisco, hay versiones de que José Murat busca quedarse con el sector popular, en lo que significaría un fortalecimiento de las aspiraciones de su pupilo, el gobernador Alejandro Moreno, para dirigir al PRI, aunque también se sabe que Aurelio Nuño no quita el dedo del renglón de integrarse a la dirigencia priista y también había puesto el ojo en la CNOP. Y si Murat finalmente deja la Fundación Colosio, lo que parecería un hecho es la llegada de Manlio Fabio Beltrones al órgano ideológico del viejo partido. En fin, movimientos previos a la guerra priista que comienza el 1 de diciembre… Dados rodando. Serpiente doble.
17 Octubre 2018 04:00:00
Romero Deschamps entendió el mensaje
Entre la opción de sufrir un “quinazo” o un “elbazo”, Carlos Romero Deschamps prefirió el “urnazo”. Porque entendió a la primera el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, al anunciarse ayer –2 días después de que el presidente electo anticipara “elecciones democráticas” en el gremio petrolero– que los 36 dirigentes seccionales del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) serán electos este miércoles, por primera vez en su historia, “por voto democrático, secreto y depositado en urnas”.

Ayer mismo se emitió la convocatoria en la que podrán participar libremente quienes aspiren a encabezar una de las secciones petroleras, sin importar si pertenecen o no a la corriente dominante de Romero Deschamps. Y para garantizar la total secrecía del voto, los trabajadores no tendrán que poner en la planilla con la que voten su nombre ni su ficha, como ocurría hasta ahora en las votaciones internas del sindicato petrolero, que de esa manera controlaba por quién debían votar los agremiados y garantizaba que ganaran siempre las opciones del grupo dominante.

El anuncio lo hicieron ayer las futuras secretarias, de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Energía, Rocío Nahle, quienes junto con el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dieron a conocer el acuerdo alcanzado entre la actual Secretaría del Trabajo, que encabeza Roberto Campa, con el dirigente Carlos Romero Deschamps para convocar hoy mismo a las elecciones democráticas de los líderes de cada una de las secciones en todo el país, en un proceso que iniciará desde las 7:00 de la mañana de este miércoles y hasta las 18:00 horas en las mesas receptoras de votos, según la convocatoria que se publicó ayer mismo.

Está claro que la repentina “convicción democrática” del sempiterno dirigente Carlos Romero Deschamps no se dio sola y que hubo una clara operación desde el gobierno electo de López Obrador, que con esta elección en el poderoso e influyente STPRM manda todo un mensaje de que su compromiso de impulsar la democratización y la elección abierta de los dirigentes sindicales va en serio.

Porque si Romero Deschamps, uno de los líderes emblemáticos del sindicalismo priista, varias veces senador y diputado por el PRI y conocido financiero de las campañas del aún partido gobernante –desde el escándalo del Pemexgate, en el que aportó cerca de mil 200 millones de pesos a la campaña de Francisco Labastida en el 2000, hasta los apoyos económicos que dio a la campaña del presidente Peña Nieto en 2012– se plegó sin dudarlo a la “Cuarta Transformación” y a su nueva política sindical, la señal de que este cambio en los sindicatos va en serio, impulsado desde el próximo gobierno, es clara e inequívoca.

No es menor el mensaje que manda con esta negociación López Obrador a otros dirigentes sindicales del viejo corporativismo, que aún sobreviven y que no sólo se han eternizado en los cargos, a través de elecciones amañadas o fraudulentas, en el mejor de los casos y en otros reelectos por aclamación, sino que han acumulado a lo largo de años y décadas de charrismo sindical millonarias fortunas y un poder desmedido, como el que claramente ha tenido el mismo Romero Deschamps, pero también Víctor Flores en el sindicato Ferrocarrilero, o Víctor Fuentes del Villar, quien se apropió de la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas (SUTERM) desde 2005 en que falleció su tío y sempiterno dirigente Leonardo Rodríguez Alcaine, por mencionar solo unos casos.

Así que no hay duda de que López Obrador habló y Romero Deschamps entendió por las buenas y a la primera; prefirió el “urnazo” antes que exponerse a un manotazo (“quinazo” o “elbazo”) del próximo presidente. Todo indica que abrir las elecciones por voto secreto de los líderes seccionales es el primer paso para una próxima elección, también democrática, del secretario general del STPRM y que Romero Deschamps podría someter su liderazgo al voto libre y secreto de los petroleros antes de 2024 en que termina oficialmente el último periodo para el que fue reelecto en diciembre de 2017. Sólo quedan entonces dos preguntas ante la nueva ola de democracia sindical que impulsa la “Cuarta Transformación”: ¿Se va a ir antes, para dar paso a una elección democrática, el sempiterno y millonario dirigente petrolero? y ¿si Elba Esther regresa a la presidencia del SNTE será también para impulsar una elección por voto directo y secreto de los maestros para una nueva dirigencia?
16 Octubre 2018 04:00:00
¿Quién paga la consulta?
El primer ejercicio plebiscitario del gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador, para consultar a la ciudadanía mexicana sobre el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, se mueve, a 10 días de su realización, en el filo de la navaja. Dependiendo de la seriedad y rigurosidad con que se haga y se procesen sus resultados, esta consulta podría significar una nueva forma de tomar decisiones desde el poder sobre los temas públicos, escuchando y atendiendo la opinión de los gobernados; pero también, un ejercicio poco riguroso, se percibiría como un acto de demagogia en el que se simula un ejercicio de consulta para eludir el costo político y económico de lo que finalmente se decida.

Porque si bien el presidente electo dice que “no hay que tenerle miedo al pueblo” para que opine sobre los asuntos públicos –algo que en democracias avanzadas es práctica común– sí hay que ser cuidadosos de que un ejercicio de consulta a la ciudadanía sea tan pulcro y riguroso en sus procedimientos y protocolos, que sus resultados sirvan para dar luz y certidumbre sobre los temas de los que se inquiere a la opinión popular, y no sean un motivo más de duda, desconfianza o descalificación que más que transparentar y democratizar una decisión de gobier-no, dividan o polaricen más a la sociedad.

En la primera consulta lopezobradorista aún como gobierno electo, ya se sabe qué se va a preguntar, dónde se instalarán las mesas receptoras (en 538 municipios, 20% del total de municipalidades del país) quiénes recolectarán los votos (organizaciones civiles) y quiénes vigilarán el procesamiento de sus resultados (Fundación Rosenblueth y un Consejo Ciudadano formado por 18 académicos). Sólo resta saber el tamaño del interés y la respuesta ciudadana a la convocatoria presidencial para opinar sobre cuál de dos “opciones” se debe tomar para resolver la actual saturación del aeropuerto internacional de la CDMX: 1. Reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la Base Aérea de Santa Lucía, o 2. Continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de utilizar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Será interesante ver qué tanto el debate sobre el aeropuerto ha permeado más allá de los habitantes del Valle de México y si despierta interés en otros estados de la República, o qué porcentaje de la ciudadanía decide participar en una consulta sobre un aeropuerto, en un país en donde sólo 30% de sus habitantes utiliza el avión como medio de transporte, mientras 70% nunca se ha subido a un avión (Encuesta de Parametría, julio de 2017), y en el que sólo 1 de cada 10 mexicanos elige la vía aérea como medio de transporte cuando hace turismo, según la Encuesta Nacional de Gasto Turístico en los Hogares.

Por lo pronto, mientras los preparativos ya caminan para la Consulta del 25 al 28 de octubre próximos, entre el equipo del presidente electo y los congresistas de Morena ya hubo una primera diferencia sobre quién pagará el costo de este ejercicio estimado en 1.5 millones de pesos. Ayer Jesús Ramírez, próximo coordinador de Comunicación Social del gobierno, dijo que ese dinero sería aportado por “los diputados y senadores de Morena”.

Pero la afirmación del vocero fue de inmediato negada por Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, quien dijo que “los diputados no vamos a financiar nada de eso, absolutamente”, mientras Ricardo Monreal, coordinador en el Senado, también rechazó que los senadores morenistas vayan a aportar fondos: “Nosotros no vamos a financiar nada, porque estamos en un proceso de austeridad, sólo dis-ponemos de nuestra die-ta”, afirmó.

Más tarde, Mario Delgado, quien acompañaba en Colima a López Obrador en su gira de agradecimiento, aseguró que los congresistas de Morena sí van a dar recursos para la consulta, pero lo harán en forma de “aportaciones voluntarias”, mientras que el presidente electo se congratuló de que la consulta se pague con dinero de los
legisladores de su partido y “no con el INE que ahí sí se necesitan costales de dinero”. ¿Entonces quién paga la consulta?

NOTAS INDISCRETAS…

En espera de la decisión que se tome con base en la consulta, los constructores que trabajan en Texcoco y el Grupo Aeroportuario de la CDMX estiman que si se cancelara Texcoco unos 40 mil trabajadores perderían sus empleos directos, además de los que tienen empleos indirectos ligados a esa obra.

Y si a eso se suma que varios desarro-lladores ya corrieron de la ciudad, ante la cancelación de proyectos inmobiliarios grandes anunciada por las alcaldías y el próximo gobierno capitalino, y que eso significa unos 10 mil empleos menos, la situa-ción en el Valle de México se puede poner complicada. Y si se optara por Santa Lucía los nuevos empleos que se generarían tardarían por lo menos un año en arrancar… Se baten los dados. Serpiente doble. Caída libre.
15 Octubre 2018 04:00:00
Manotazo de AMLO a la CNTE
Como se veía venir, el choque del presidente electo con sus aliados de la CNTE finalmente ocurrió. Andrés Manuel López Obrador durante un mitin, el sábado, se refirió a los líderes de la CNTE como “radicales de izquierda” y les advirtió que no rebasarán a su gobierno ni les entregará la nómina magisterial. “Va a ser directo el pago, para que le llegue el dinero a la gente”, expuso desde Mérida, Yucatán.

López Obrador no mencionó directamente a la Coordinadora, pero su crítica respondió a las diferencias y presiones de la disidencia que lo apoyó en su campaña. Fue tan fuerte y claro el mensaje a los líderes del magisterio disidente que hasta los comparó con los radicales de derecha: “A veces nos cuestionan los extremos: los radicales de derecha, que son furibundos, y los radicales de izquierda porque los extremos se tocan y la verdad es que hay muchos que no son radicales, que son conservadores”, dijo.

Lo irónico es que la única forma de realmente controlar a la CNTE es con los instrumentos de la reforma educativa que hoy López Obrador anuncia que va a cancelar. La capacidad de los líderes disidentes de chantajear y sacar recursos, depende de su fuerza para movilizar, y a su vez, su capacidad para movilizar depende del control que tengan sobre la vida de los maestros a través del ingreso, los cambios de escuela y las promociones.

Cuando advierte que no va a devolverles “la nómina magisterial”, sabe de lo que habla. Llegó a ser de tal magnitud el nivel de captura del presupuesto educativo, que la CNTE tenía reglas escritas en documentos con sellos oficiales del sindicato, que establecían el escalafón para conseguir ascensos en función de “su participación en las movilizaciones y en el trabajo político sindical”. En pocas palabras, quien más marchara y más lealtad mostrara, mayor probabilidad de ser director o supervisor. La pedagogía era lo último que les importaba.

El gran pleito de fondo de la CNTE con la reforma educativa no es por la evaluación de desempeño. Esa es de por sí impopular entre todos los maestros. La verdadera pérdida de control político está en las evaluaciones de ingreso y de promoción. Por ello, la llave del control sobre la CNTE está en el Servicio Profesional Docente. Y por lo mismo, la Coordinadora no va a descansar hasta que quede sepultado.

No quedarán satisfechos con la abrogación de la famosa “permanencia” porque al perder el control del ingreso y la promoción de los maestros, disminuyó su capacidad de movilizar. En 2013, cuando la CNTE se oponía a la aprobación de las leyes secundarias de la reforma, tuvieron la capacidad de movilizar a 60 mil maestros a la CDMX y mantenerlos cuatro meses en el Zócalo. Pero a partir de 2015, la SEP encabezada por Aurelio Nuño comenzó una estrategia basada en cortar los flujos de efectivo y los mermó económicamente.

Luego, la estrategia siguió en dividirlos: nunca dialogar con todos juntos, siempre por separado para, como ellos dicen, agudizar sus contradicciones. Después se abrieron los primeros concursos de ingreso y promoción para que los maestros que quisieran una plaza ya no estuvieran condicionados a marchar sino simplemente a ganarla en un examen.

Por eso en 2016 la CNTE decidió echar su resto, pero ya no pudieron movilizar a tanta gente. “Sólo” alcanzaron cerca de 25 mil y a la CDMX pudieron traer cerca de 5 mil. Y ante ese debilitamiento optaron por bloqueos carreteros. Con menos gente hacían mucho daño.

Cuando llegaron las campañas presidenciales la CNTE vio en López Obrador un aliado natural, mientras que el tabasqueño también encontró utilidad electoral en el magisterio disidente.

El problema es que los volvieron a acelerar con la promesa de abrogar la reforma y cuando lo hagan la CNTE festejará, pero más temprano que tarde regresarán a su dialéctica: movilización-negociación-movilización, como empezaron a hacerlo, y sin los controles que habían logrado la reforma, se recuperarán y tratarán de arrebatarle al nuevo gobierno el control del sistema educativo.

El problema es que lo mismo puede pasar con el SNTE si vuelve Elba Esther Gordillo a presidirlo.

Por eso el “manotazo” de López Obrador tiene sentido. Si no los para ahora, tanto los “radicales de izquierda” de la CNTE, como los ambiciosos elbistas del SNTE, pretenderán volver a los tiempos de Calderón cuando ambos tenían control absoluto de la educación ¿Lo permitirá la Cuarta Trasnformación? El mensaje de Mérida dice que no.
09 Octubre 2018 04:00:00
Esteban y la ingenuidad
El 9 de febrero de 1995, cuando negociaba en secreto la paz con el subcomandante Marcos, a Esteban Moctezuma lo sorprendió el anuncio en cadena nacional, ordenado por su jefe, el presidente Ernesto Zedillo, de la liberación de órdenes de aprehensión contra los dirigentes del EZLN encabezados por Sebastián Guillén Vicente, verdadera identidad del jefe encapuchado. El reproche público de Marcos en la carta del 2 de febrero de aquel año, donde lo acusaba de engañarlos y de sólo “haber ganado tiempo para el golpe militar” mientras le restregaba: “Tal vez nos equivocamos con usted”, marcarían al entonces secretario de Gobernación con un halo de ingenuidad que después le costaría su salida del cargo.

Esteban no se recuperaba todavía de la mala jugada de Roberto Madrazo, a quien había recibido el 17 de enero anterior en el despacho de Bucareli para comunicarle la orden de Zedillo de que renunciara a la gubernatura de Tabasco y diera paso a un gobernador interino, a cambio de ser nombrado titular de la SEP. Madrazo salió de la oficina habiendo aceptado su renuncia, exigida por el entonces dirigente del PRD, Porfirio Muñoz Ledo, a cambio de firmar ese mismo día el Acuerdo Político Nacional con Zedillo; pero en lugar de ir a Villahermosa a renunciar, Roberto se fue al rancho de Carlos Hank González y desde ahí el mexiquense organizó la rebelión “contra el centro”, donde empresarios, comunicadores, líderes del PRI tabasqueño y congresistas tomaron Villahermosa para exigir la permanencia de Madrazo en la gubernatura y sacar a golpes a los perredistas de la plaza principal.

En esas 3 semanas se escribió la caída de Moctezuma del Olimpo zedillista y su abrupta salida de Gobernación por una “isquemia cardiaca”, a pesar de que 3 años después iría al Senado y luego volvería al Gabinete como titular de la Sedesol, para después ir a coordinar la fallida campaña del candidato Francisco Labastida y, tras la histórica primera derrota del PRI, retirarse de la política en 2000 y refugiarse desde entonces en la Fundación Azteca.

Hoy que ha vuelto a las ligas mayores de la política, como futuro secretario de Educación Pública, muchos celebraron su regreso y apostaron a que en esos 18 años el que fuera el joven “delfín” del presidente Zedillo había madurado y ya no pecaría de la ingenuidad política. Y hasta ahora había mantenido una buena imagen y se le veía como uno de los integrantes más moderados, experimentados y sensatos del próximo Gabinete.

Pero después de lo que ocurrió el domingo en el XVIII Foro de Educación Participativa en Acapulco, donde maestros de la Ceteg, inconformes con la presencia de delegados del SNTE cercanos a Elba Esther Gordillo, le reventaron a sillazos y con violencia el encuentro en el Centro de Convenciones aun antes de iniciar, hay quienes se preguntan si Moctezuma no ha vuelto a pecar de la misma ingenuidad política. Porque a pesar de que llevaba ya 17 foros en donde las cosas no le habían salido mal, el hecho de llegar a Guerrero, uno de los bastiones más fuertes y radicales de la CNTE y su filial Ceteg, debieron haber hecho que don Esteban y su equipo previeran una situación ríspida.

Incluso desde el Gobierno del Estado alertaron a Moctezuma del riesgo de un ataque de los radicales de la Ceteg si no se operaba adecuadamente la lista de asistentes al encuentro e incluso buscar un lugar, una logística y una organización menos expuesta a la que hicieron en el Centro de Convenciones (hoy Centro Internacional Acapulco). Pero ni el futuro titular de la SEP ni sus colaboradores atendieron las advertencias y los riesgos y al final la imagen de maestros disidentes arrojando sillas y mentadas contra los “charros” elbistas del SNTE, significaría un duro golpe para los foros, justo el mismo día que se anunciaba la cancelación de otros foros lopezobradoristas, los de la paz.

Hasta ahora, Moctezuma no había tenido tropiezos con sus foros que, ayer mismo dijo, continuarán a pesar de las agresiones en Acapulco. Ojalá que la próxima vez que vaya a un bastión de la CNTE más radical, como Michoacán o Oaxaca –porque en Chiapas ya libró el arranque–, el próximo secretario sea más precavido y menos confiado en la civilidad de grupos y facciones del magisterio disidente que, con el anunciado regreso de Elba Esther Gordillo, se van a radicalizar en sus demandas ahora contra la lideresa revivida.

08 Octubre 2018 04:00:00
¿Y la oportunidad a la paz?
Si el concepto de “crisis” aplica para un gobierno electo, el de Andrés Manuel López Obrador, sin ejercer aún formalmente el poder, enfrenta la primera situación crítica desde que ganó con enorme apoyo popular la Presidencia de la República. Lo que empezó como una “llamada de atención” por los cuestionamientos a la “boda fifí” de su colaborador César Yáñez, para el fin de semana había tomado ya dimensiones de escándalo nacional e internacional, alcanzando en redes y medios de otros países el nivel de difusión e impacto de temas como la Casa Blanca de Peña Nieto.

Hasta ahí el tema crítico impactaba no sólo la imagen, sino el ánimo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que tuvo que salir a hablar de un asunto que, dijo, no era público, sino de vida privada y en el que “yo no me casé y sólo fui invitado”. Pero la decisión, horas después, de cancelar los “Foros para la Paz con Justicia y Dignidad”, aunque sin aparente relación, aumentó la percepción de una “crisis” en el gobierno entrante, por ser una de las iniciativas torales de la próxima administración y de donde saldrá la propuesta para una nueva estrategia de seguridad y contra la violencia del narcotráfico y la justicia para víctimas del delito y sus familias en el país.

De los 12 encuentros anunciados el 21 de julio por López Obrador, para atender y escuchar a las víctimas del delito, a sus familiares, además de expertos y organismos sociales sobre con sus propuestas y demandas para enfrentar la crisis de inseguridad y violencia en el territorio nacional y “devolver la paz” a la República, sólo pudieron llevarse a cabo 7 y ayer el futuro secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, uno de los responsables de la organización de los foros, anunció la cancelación de cinco mesas restantes que ya no se llevarán a cabo y que coincidían con algunos de los lugares con mayores problemas de violencia en el país: Tamaulipas, Morelos, Tabasco, Sinaloa y Veracruz.

El argumento oficial para cancelar los Foros de Paz fue que el Gobierno entrante daría prioridad ya al “Plan de Seguridad” que presentará el 24 de octubre junto con dos iniciativas de Ley una para la Justicia, reparación y no repetición a las víctimas, y otra para la Amnistía. Durazo dijo que los Foros se cancelan de manera presencial, pero que la gente que tenga propuestas podrá hacerlas llegar de manera digital y a través de una página web para que sean tomados en cuenta al momento de elaborar los documentos e iniciativas sobre seguridad y justicia.

Pero detrás de las razones oficiales para dar por terminados los ejercicios de “Escucha” que comenzaron el 7 de agosto en Ciudad Juárez, hubo varias razones que abonan a la idea de “crisis” en el gobierno electo. Porque si bien los Foros fueron un ejercicio novedoso y fresco en un país donde a las víctimas no se les escucha ni se les garantizan mecanismos de reparación y de no revictimización, también es cierto que el tamaño del problema y del dolor y los reclamos de justicia a lo largo del país terminaron por volverse una enorme catarsis que rebasó la capacidad del nuevo gobierno y hasta puso en duda el discurso del “perdón” lopezobradorista ante el tamaño de la “sed de justicia” que recorre el país.

Y si a los ríos de quejas, gritos y reclamos que inundaron los Foros, se le suman las luchas internas que afloraron en su organización en el equipo de gobierno, se entiende que su cancelación no fue sólo un tema de tiempos y premuras, sino una suerte de “manotazo” del mandatario electo ante lo complicado que resultó el tema. Porque, desde su origen, la iniciativa para la paz se topó con una lucha de egos y competencias entre Alfonso Durazo, responsable del área de seguridad, y el equipo de Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas, en Gobernación. El jaloneo entre las dos áreas, que además se disputaban la política de seguridad que le fue arrebatada a la Segob en el desmantelamiento casi total que sufrió, fue constante. Desde el inicio Durazo empujó la idea de foros “con audiencias controladas”, al “estilo del IEPES del PRI” –decían sarcásticamente los de Segob– mientras que Cordero y Encinas obligaron a abrir “espontáneamente” los foros a cualquiera que tuviera algo que decir y proponer.

El resultado terminó siendo un caos en los Foros, que hizo crisis cuando el 14 de agosto en Morelia, José Manuel Mireles, líder de autodefensas abandonó el evento cuestionando que era “una farsa” y un ejercicio controlado donde no estaban las verdaderas víctimas. El problema fue que cuando se impuso la visión de Segob y se eliminaron los controles, el ejercicio se volvió una suerte de “talk show” donde a la catarsis de víctimas y familiares (gritos, llantos y hasta desmayos) se sumaron la presencia de “oportunistas” y abogados que han hecho de las demandas de reparación un jugoso negocio.

Así que si el ejercicio para escuchar a la agraviada sociedad mexicana en sus reclamos de seguridad, justicia y fin de la violencia se quedó a medias, esperemos que no ocurra lo mismo con la promesa de devolver la paz a un país cansado de la guerra y la injusticia.
06 Octubre 2018 03:00:00
El exilio español de Peña
Un rancho en el sur de España, ubicado entre las ciudades de Sevilla y Málaga, será el destino a donde se vaya a vivir Enrique Peña Nieto al terminar su presidencia el próximo 1 de diciembre. Ya en su condición de expresidente, el mexiquense tiene planeado radicar en territorio español por lo menos un año, después del cual volvería a su casa en el Estado de México.

El rancho es propiedad de un empresario mexicano amigo de Peña, quien le ha ofrecido acondicionarlo para su estancia temporal a fin de que el exmandatario pueda vivir cómodamente mientras se adapta a la vida fuera de Los Pinos.

La región donde se ubica el rancho, confirma un colaborador cercano de la Presidencia, es una zona boscosa de pinos y abetos, que guarda parecido con los bosques de Valle de Bravo, razón por la cual le gustó a Peña Nieto para pasar los primeros meses de su expresidencia en un exilio voluntario, mientras se mantiene alejado del ojo público en México y de la política nacional.

La fuente que confirmó los preparativos dijo que el traslado del Mandatario mexicano a su nuevo lugar de residencia ocurriría a finales de este año o principios del próximo y no supo precisar si Peña viajará y vivirá solo en el sur español o si alguno de los miembros de su familia vivirá con él.

En todo caso, lo que es un hecho es la decisión del Presidente saliente de poner tierra de por medio y pasar sus primeros meses como exmandatario fuera del país, seguramente en lo que se asientan las aguas, él se adapta a su nueva realidad y mientras arranca el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Decía el guatemalteco Augusto Monterroso que “el exilio es uno de los grandes bienes que puede recibir un escritor”, mientras que para los políticos las razones para emprender el exilio suelen ser distintas y casi siempre necesarias. En el caso de Peña está claro que su exilio es voluntario, pero ¿será también necesario? Al menos sí es prudente.

El que se va y el que se queda. Y mientras, reza la canción, “el que se va se va suspirando y el que se queda”… aún no llega y ya está trinando. Y es que al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a dos meses de asumir el cargo ya le pegó un primer escándalo relacionado no con un error suyo, pero sí de uno de sus colaboradores más cercanos.

La lujosa boda de César Yáñez, su incondicional vocero de los últimos años y designado como futuro coordinador de Política y Gobierno de la Oficina Presidencial, que ya había sido un tema de críticas y cuestionamientos desde la semana pasada que se llevó a cabo, por lo ostentoso de la celebración del evento, que aunque privado y pagado con recursos propios (de la novia empresaria, según se dijo), fue contrastado en las redes sociales y los medios con el discurso de austeridad del lopezobradorismo.

Y aunque en un principio la crítica fue desestimada en el Gobierno electo, con el argumento de que no se trataba de recursos públicos ni Yáñez era aún funcionario, el asunto dio un giro altamente negativo para López Obrador, que fue padrino de la boda, cuando los felices novios aparecieron en la portada de la revista ¡Hola!, esta semana.

El impacto de la pareja de recién casados en la publicación favorita de las élites mexicanas –donde antes se cuestionó duramente la aparición de políticos como Peña Nieto y su familia– fue brutal. En un recuadro aparecía además el presidente electo y su esposa llegando a la boda y la portada se volvió viral mientras el escándalo trascendió a la prensa internacional. El periódico inglés The Guardian cabeceó en su edición digital: Frivolidad y Excesos: AMLO de México bajo Fuego por la Lujosa Boda de un Ayudante, luego el influyente diario británico reseñaba: “Los críticos atacan al presidente electo de izquierda por asistir a la boda del aliado César Yáñez y Dulce Silva, quienes hicieron una portada de ¡Hola!”.

La molestia de López Obrador ante la dimensión que tomó este escándalo se hizo evidente cuando tuvo que declarar al respecto, a petición de la prensa: “Yo no me casé, yo sólo fui invitado, asistí, cada quien es responsable de sus actos”, dijo el jueves en Morelos, donde argumentó que la cuestionada boda “no fue una acción de Gobierno”, sino un evento social privado, y acusó a sus adversarios de “andar buscando cualquier posible error para hacerle crítica”.

Fuentes de Morena aseguraban ayer que sí hubo enojo de Andrés Manuel por la aparición de la portada del ¡Hola! que hace suponer que su colaborador Yáñez y su nueva esposa pudieron haber vendido los derechos de su boda a la publicación de sociales. “No le gusta el protagonismo, le molesta sobremanera, siempre recomienda a sus colaboradores más cercanos evitar el protagonismo”, dijo un integrante del Gobierno electo.

Y es que dentro de Morena no pocos califican de un “error monumental” lo hecho por César Yáñez sobre la excesiva ostentación y difusión de sus terceras nupcias matrimoniales, en algo que, afirman, causa extrañeza por el perfil casi siempre bajo y discreto que ha mantenido por años el vocero de López Obrador. “Si todo fue obra de su esposa, los lujos y costos excesivos de la boda y la aparición en la revista favorita de los Peña, entonces la señora ya le provocó un problema serio a su esposo”, comenta la misma fuente morenista, que no descarta que toda esta ola mediática pueda tener un costo político para Yáñez en el equipo lopezobradorista.

Por lo pronto, Yáñez y Dulce Silva, la pareja mediática y política que acaba de ocasionarle al futuro Presidente su primer gran escándalo en la prensa nacional e internacional, se fue un mes de luna de miel. Esperemos que no los veamos nuevamente en las páginas de ¡Hola! asoleándose en un yate por las islas griegas o paseando por la Riviera francesa, porque entonces sí la “responsabilidad de los actos de cada quien” podría ser muy alta.


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04 Octubre 2018 04:00:00
¿Mayorías rebeldes en el Congreso?
El sistema parlamentario mexicano, que apenas en los últimos 20 años comenzó a consolidar su autonomía y a librarse del yugo del presidencialismo omnímodo que lo controló durante décadas con las primeras mayorías opositoras y los gobiernos divididos a partir de 1997, vive hoy el regreso de una hegemonía política y absoluta de un solo partido. Pero a diferencia de las mayorías absolutas de la era priista, que eran dóciles, casi uniformes y allanadas siempre a los designios del presidente en turno, hoy las mayorías de Morena, tan diversa y amplia en su integración, registran un comportamiento distinto en el que la existencia de grupos y corrientes internas rebasa por momentos a los liderazgos de las fracciones.

No hay duda de que las bancadas morenistas que controlan el Senado y la Cámara de Diputados apoyan e impulsan el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, pero también comienzan a mostrar ciertos signos de rebeldía y de decisiones propias con las que reivindican sí su papel como congresistas autónomos, pero al mismo tiempo que le generan problemas al presidente electo, presionan, doblegan y ponen en jaque a los líderes parlamentarios, que ya en varios temas, discusiones e iniciativas han sido rebasados por sus diputados y senadores, literalmente por la izquierda.

En apenas un mes de la LXIV Legislatura hay ya varias muestras de que las mayorías de Morena, por más que nos recuerden a las de los priistas del antiguo régimen, no se comportan igual, ni se mueven por los mismos principios y traen una nueva dinámica que rompe los esquemas, que modifica los usos y costumbres del Congreso mexicano y que, en ocasiones, violentan las normas parlamentarias.

Los ejemplos comenzaron desde el arranque de la Legislatura con la votación de la licencia del senador Manuel Velasco. El desaguisado y caos parlamentario que se generó con un asunto que era “de trámite”, tuvo que ver con la rebelión de una parte importante de la bancada de Morena, encabezada por el presidente del Senado, Martí Batres, en contra de su coordinador, Ricardo Monreal, que ya había negociado en la Junta de Coordinación la aprobación para Velasco. Ese fue el primer aviso de que, por más leales que sean a López Obrador, los congresistas de Morena no son necesariamente una mayoría dócil.

Luego, en la Cámara de Diputados, donde ya desde la sesión de instalación del Congreso, el 1 de septiembre, los legisladores de Morena mostraron un nuevo perfil y comportamiento al corear consignas, tomar la tribuna y atacar a las fracciones minoritarias. Pero el primer tema en el que los diputados morenistas se fueron casi por la libre fue la aprobación de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos en la que, si bien siguieron la máxima de la “austeridad republicana” de López Obrador y se anotaron un triunfo con el voto casi unánime de la oposición, se olvidaron de un pequeño detalle: consultar a las cabezas del gobierno electo para no sorprenderlos (sobre todo a las hacendarias y políticas) con disposiciones y topes salariales que en la ley suenan muy bien, pero que en la práctica amenazan convertirse en un problema para el funcionamiento de la próxima administración si proliferan renuncias, jubilaciones anticipadas y hasta amparos y controversias legales en áreas técnicas del Gobierno, organismos autónomos (como ya empezó el INEGI) y en conflictos con otros poderes como el Judicial.

Y el ejemplo más reciente de las rebeliones en las mayorías parlamentarias ocurrió tanto en el Senado como en San Lázaro, con la integración de comisiones, donde los grupos internos, comandados por personajes como Batres entre los senadores y Dolores Padierna entre los diputados, agitaron a sus respectivas bancadas y le impusieron a los coordinadores Monreal y Mario Delgado las presidencias de comisiones importantes.

Ayer mismo, en San Lázaro, durante la comparecencia del secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, Dolores Padierna volvió a mostrar su fuerza al cerrar la comparecencia con un discurso a nombre de Morena, cuando había un acuerdo de la Junta de Coordinación para el formato de la comparecencia, que no incluía ese último mensaje, lo que desató gritos y quejas de diputados del PRI y PVEM. “Aquí doy yo la palabra y estoy en el uso de la palabra, usted no me puede interrumpir. Pido a los diputados guardar silencio, guardar compostura, sentarse, porque este fue un acuerdo de la Mesa Directiva”, dijo Padierna para callar a los priistas que gritaban por la violación al formato. “Íbamos a concluir con la intervención del diputado Ramírez Cuéllar porque estamos en el Poder Legislativo y el Poder Legislativo es el último que tiene la palabra, no el Poder Ejecutivo, por eso estoy hablando yo a nombre del grupo mayoritario en esta Cámara”, sentenció la diputada morenista.

Es decir, que por encima del fuerte liderazgo del presidente López Obrador o las pugnas internas por los liderazgos parlamentarios, las nuevas mayorías en el Congreso mexicano tienen sí un proyecto político claro, pero también, en su amplitud y diversidad de orígenes, grupos e intereses, las veremos a veces rebelarse y cobrar vida propia.
02 Octubre 2018 04:00:00
El embrollo de los sueldos reducidos
Aprobada hace mes y medio casi por unanimidad en la Cámara de Diputados y celebrada por la mayoría de Morena y por el gobierno electo como el primer gran paso rumbo a la “cuarta transformación” de la vida pública de México, la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que impuso un tope legal obligatorio de 108 mil pesos a los sueldos de los funcionarios y gobernantes del Estado mexicano, ha empezado a dividir opiniones en el equipo cercano de Andrés Manuel López Obrador por los efectos que puede provocar en la estructura actual del Gobierno federal, como renuncias masivas, controversias legales y hasta amparos de organismos autónomos y de otros poderes que podrían generar un caos en la administración federal en el arranque del nuevo Gobierno.

Aunque hay un sector que insiste en que la ley debe promulgarse y aplicarse “a rajatabla”, con todo y sanciones penales y multas para organismos o Poderes que se nieguen a acatarla (como el caso del Inegi que recién aumentó sueldos de sus directivos en franca oposición a esa ley) bajo el argumento de que “su aplicación es fundamental para hacer realidad el proyecto de austeridad republicana” que busca un cambio en la concepción del servicio público, hay otra corriente que ha alertado al presidente electo que la aplicación de la nueva legislación debe ser gradual y que deben buscarse algunas “salidas legales” para evitar conflictos legales con otros poderes y organismos autónomos, además de una afectación en algunas áreas específicas del Gobierno por la pérdida o renuncia de personal técnico o especializado.

Ese choque de posiciones, que ilustra muy bien el dato que ayer daba en estas páginas el periodista Mario Maldonado, en su columna Historias de NegoCEOs, sobre una comunicación interna en la que el presidente de la Corte, Luis María Aguilar, promueve la elaboración de un amparo de funcionarios del Poder Judicial en contra de la reducción de sus salarios, es parte de lo que llevó a operadores políticos de alto nivel del gobierno electo a buscar una “salida política” para que la aplicación de la Ley de Remuneraciones pudiera considerar algunas excepciones o modificaciones al tope de los 108 mil pesos, sin que López Obrador tuviera que pagar algún costo por tratarse de una de sus propuestas de campaña.

Una fuente cercana a esas negociaciones asegura que los operadores lopezobradoristas buscaron a personajes del actual Gobierno de Peña Nieto para plantear la posibilidad de que desde el actual gabinete se buscara impulsar que un grupo de diputados, formado por las fracciones minoritarias del PAN, PRI, PRD, MC y PVEM, que pudieran reunir un tercio de los diputados necesarios para presentar una “acción de inconstitucionalidad” o una “controversia constitucional” ante la Suprema Corte de Justicia contra la Ley de Remuneraciones y a partir de ese recurso los ministros se encargaran de congelar su aplicación y eventualmente solicitar su derogación al Congreso.

Pero cuando el planteamiento llegó tanto a los diputados de oposición como a la Corte, en ambos casos rechazaron asumir el “enorme costo político” que tendría ante la sociedad ser los promotores o los autores de la derogación de una ley que tiene tan amplio respaldo ciudadano por como se vendió política y mediáticamente como un tema de obligada austeridad en el Gobierno. “Y nosotros ¿por qué tenemos que cargar con el rechazo popular que generaría una medida como echar abajo una legislación como esa?”, comentaron ministros de la SCJN que se negaron a participar en la operación que promovían desde el círculo cercano de López Obrador.

Hoy el asunto está entrampado para quienes buscan la “salida legal” a los problemas y conflictos que puede generar la nueva ley, mientras los grupos que buscan la implementación a como dé lugar del nuevo tope salarial empujan su promulgación, aunque todo indica que tendrán que esperar hasta después del 1 de diciembre porque en el actual gobierno de Peña no piensan promulgarla en lo que resta de su administración. Y el problema es que, como ya lo hizo el Inegi, otros organismos autónomos, sindicatos de burócratas o incluso poderes como el Judicial que están en contra del tope y la disminución de sus salarios, podrían ampararse o dictar medidas administrativas y salariales apelando a que no se les puede aplicar retroactivamente la Ley de Remuneraciones. Vaya embrollo el que se viene para el comienzo del nuevo gobierno.

NOTAS INDISCRETAS… La decisión del Tribunal Electoral federal de mantener el resultado de las elecciones en Coyoacán y Querétaro, en contra de las impugnaciones de Morena, parecen ser un aviso de la posición mayoritaria que se avecina entre los magistrados federales ante el recurso de nulidad en Puebla. Si el recuento total de los votos confirmó el triunfo de Martha Erika Alonso (“haiga sido como haiga sido”, diría el clásico) va a ser muy difícil que el Tribunal Federal acepte otorgar la anulación de Puebla, como lo demanda el excandidato de Morena, Miguel Barbosa… Los dados mandan Escalera doble. Bueno el tiro.
01 Octubre 2018 04:00:00
AMLO a gobernadores, apapachos e inversiones
La gira de “agradecimiento” de Andrés Manuel López Obrador por toda la República, en la que agradece el apoyo mayoritario el 1 de julio, también podría llamarse la gira de los “apapachos” a los gobernadores. Porque en cada entidad que visita, el futuro mandatario primero anuncia públicamente las inversiones, obras y proyectos que su gobierno destinará al estado, y luego a los gobernadores les dedica elogios, reconocimientos y una notoria cortesía política en reuniones privadas con diputados y senadores de Morena, en las que llama a los morenistas a respetar la figura del gobernador y les repite varias veces “el gobernador es el jefe político del estado y ustedes tienen que atender lo que él diga y consultarlo”.

En un intento por limar asperezas y terminar con cualquier rispidez que hubiera generado su decisión de nombrar a los nuevos “superdelegados” o coordinadores de programas estatales, López Obrador aprovecha para dejar claro a los gobernadores el respeto a su liderazgo y aclarar confusiones y enfrentamientos entre los coordinadores federales y los mandatarios.

Se trata de una fina operación política en la que se convoca al futuro coordinador estatal y a diputados y senadores de Morena, tanto a nivel local como federal a las reuniones con los gobernadores, en las que Andrés Manuel comienza siempre con un comentario elogioso hacia el gobernador, luego llama al trabajo conjunto de los legisladores de su partido –que son mayoría en varios estados– para decirles con claridad: “el único jefe político del estado es el gobernador y todos tienen que actuar siempre con el acuerdo de él”.

El caso más reciente ayer en Hidalgo, donde López Obrador se reu-nió con el gobernador priista Omar Fayad, los diputados de Morena y el próximo coordinador federal en el estado, Abraham Mendoza, a quienes hizo el llamado a respetar en todo momento la “jefatura política” de Fayad, mientras que en los eventos públicos anunció que los vagones que utilizará el Tren Maya serán construidos en los talleres de Ciudad Sahagún, además de una inversión de más de mil millones de pesos para la refinería de Pemex en Tula.

También en Baja California, donde el pasado 20 de agosto, López Obrador se vio muy afectuoso con el gobernador Francisco Kiko Vega. En presencia de funcionarios estatales y diputados federales de Morena, además del senador Jaime Bonilla, nombrado “superdelegado” en BC, el tabasqueño se dirigió expresamente a Bonilla para decirle frente a todos: “Quiero que respetes al gobernador; la jornada electoral ya terminó”.

Y es que en Baja California es más que evidente el enfrentamiento que sostiene Bonilla con el gobernador, a quien durante la jornada electoral, lo acusó de malos manejos. Bonilla, que ya es senador y a partir de diciembre será el superdelegado federal, seguía con su actitud bélica como en campaña. Por eso el llamado de López Obrador para que su coordinador estatal lleve la fiesta en paz con el gobernador.

Lo mismo en Sinaloa el 17 de septiembre, donde Andrés Manuel dio un espaldarazo al priista, Quirino Ordaz, a quien le hizo un reconocimiento y frente a los diputados morenistas y el coordinador estatal, José Jaime Montes Salas, hizo el mismo llamado a respetar “al único jefe político de Sinaloa” y a que cualquier decisión o inversión en el estado pase por la consulta del mandatario.

Claro que, hasta en los apapachos y los gobernadores hay niveles porque, aunque a todos los mandatarios les ha dado el mismo reconocimiento y apoyo durante su gira, a ninguno de ellos le ha ofrecido lo que el sábado, en plena Plaza de la Tres Culturas de Tlatelolco, le prometió a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum: que el Gobierno federal absorberá el gasto de todos los programas sociales de la CDMX, con lo que al Gobierno capitalino le quedarían 20 mil millones de pesos liberados para invertir.

Así que, muchos apapachos y anuncios de inversiones, pero mientras muchos gobernadores “pican piedra” para ver cómo obtienen más recursos, a la jefa de Gobierno Sheinbaum, 50 años después del 2 de octubre del 68, no le llovieron balas sino millones de pesos. ¿El resto de los gobiernos recibirán el mismo trato en su gasto social o solo la CDMX?

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