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Luis Carlos Plata
Luis Carlos Plata
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Luis Carlos Plata (Saltillo, 1984) es abogado (UAdeC), maestro (UPF, Barcelona) y candidato a doctor (URV, Tarragona), pero practica el periodismo desde hace 17 años, y su trabajo de investigación le ha merecido premios estatales e internacionales. Ha sido articulista de catorcenarios, revistas y periódicos del norte del país desde 2002, además de fungir como director editorial de medios de comunicación en Veracruz.

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19 Mayo 2019 04:06:00
Los mismos de siempre, en el negocio del carbón
Luego de paralizar indirectamente la actividad minera en la Región Carbonífera por espacio de cinco meses, la Comisión Federal de Electricidad reactivó en abril pasado los pedidos de carbón para suministrar sus centrales termoeléctricas de Nava.

Y lo hizo –como se ha explicado aquí con anterioridad– dividiendo las 330 mil toneladas que adquirió entre dos: la mitad para Minera y Acarreos Flores, S.A.de C.V., y el 50% restante para Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi) según se consignó en el contrato CFE-0001-CAAAA-0002-2019. Es decir, por primera vez la CFE quitó el monopolio del negocio al Gobierno del Estado.

Sin embargo lo anterior no impidió que ganasen los mismos de siempre.

A través del oficio PRODEMI/DG/83/19, la Promotora informó que son 69 sociedades mercantiles las beneficiadas de su mitad. Extractores, a definir por su actividad, aunque se hacen llamar productores a sí mismos.

Por un lado están los tradicionales, como Los Yutani de Sabinas o Los Kamar de Monclova. Por otro lado, en cambio, participan sociedades de reciente creación (marzo 2019, un mes antes de la subasta) domiciliadas en San Pedro Garza García, Nuevo León. Nuevos mineros que jamás han visitado un tajo, un pocito, o una cueva en su vida.

Allende las fronteras de Coahuila se vende la idea que toda una región depende del ciclo del carbón; que no existen –ni existirán– otras alternativas económicas. Con ello se justifica el atraso que supone la actividad extractiva y se retrasa una posible reconversión a mediano plazo, como se ha hecho en España o Alemania, por citar casos paradigmáticos.

Y en realidad los únicos que sacan dividendos son los políticos metidos en el negocio.

Entre los ganadores del 50% que corresponde a la Prodemi está Rogelio Montemayor García, hijo de Rogelio Montemayor Seguy, exgobernador de Coahuila. Usufructuario del fracking en Nuevo León, por cierto. También Antonio Nerio Maltos, director general de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento. O Luis Alfonso Rodríguez, exsubsecretario de Gobierno en la Región Carbonífera.

Esta vez, en el pedido vigente con duración de cuatro meses, no fueron favorecidos. Pero Melchor Sánchez, exalcalde de Monclova; el lagunero Marcelo Torres, actual presidente del Congreso del Estado; Julio Long, alcalde de San Juan de Sabinas; Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal, alcalde de Sabinas; y Lenin Flores Lucio, exalcalde de Sabinas, tienen participación en sociedades cuya razón de ser es el carbón, como consta en las actas constitutivas de sus respectivas empresas en poder de quien esto escribe.

Ahí la razón de que genere tanta rebatinga el huachicol de piedra.

No es casualidad que las gestiones, arrebatos, protestas y amenazas de judicializar el proceso hayan motivado que, el total de la producción, aún cuando no se pactó así en el “Concurso Abierto Internacional”, se entregue a CFE vía Prodemi. El intermediario y coyote oficial. De tal forma el empresario ganador del 50%, Antonio Flores Guerra, también deberá pasar a dejar su contribución para la caja chica. Un derecho de piso institucionalizado.

Cortita y al pie

Tan sólo de 2012 a 2016 la Prodemi se embolsó 783 millones 971 mil pesos por concepto de retenciones, descuentos y ajustes, de acuerdo con una investigación realizada por quien esto escribe, publicada en marzo de 2017. A juzgar por los recibos de “liquidación para pago” expedidos durante su gestión, Prodemi cobró sistemáticamente 13 impuestos a los productores de carbón, fincando la cuota en el “Fideicomiso de interés público” inscrito el 15 de marzo de 2013 en el Periódico Oficial.

Según ese Fideicomiso (artículos Cuarto y Quinto) por cada tonelada comprada Prodemi descontaría 28 pesos a los productores a fin de invertirlos en infraestructura, programas sociales y seguridad para la Región Carbonífera. En la práctica, no obstante, fueron rebajados 13 rubros que sumaban 73 pesos por tonelada. A ello hay que agregar cálculos desventajosos para los mineros por fórmulas poco claras como “humedad excedente”, “poder calorífico” y “costo de eliminación de agua”; bonificaciones “por manejo y disposición de ceniza” y “por azufre”; y penalizaciones “por carbón en estado de rechazo” sin que exista un control de procesos que permita verificar su legalidad.

La última y nos vamos

Y como Prodemi es un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Finanzas, una vez entra el dinero a la licuadora de recursos no vuelve a conocerse su destino final.

Ahora bien, al estilo del moreirato, ésta cambió de personalidad jurídica en febrero de 2017 cuando –a iniciativa de Rubén Moreira– el Congreso local expidió la Ley que creó la Impulsora Minera del Estado de Coahuila, dependiente de la entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo. No pasó nada con ella. Posteriormente volvieron a revivir la Prodemi en 2018 sin explicación de por medio.

Así como éste hay otros ejemplos de cómo en los últimos años, con ese modus operandi, el grupo en el poder deslocaliza evidencia, rota funcionarios, borra huellas, pierde la pista de auditorías y fiscalización… y vuelve a empezar.

Borrón y cuenta nueva. No hay delito que perseguir. A eso le apuestan.
16 Mayo 2019 04:06:00
La casta de privilegiados que ocupa $46.8 millones en camionetas blindadas
Hay prioridades. Una de las primeras compras del Gobierno de Coahuila que inició funciones el 1 de diciembre de 2017 fueron cuatro camionetas blindadas. Empezando enero de 2018 ya las habían adquirido directamente, sin estorbosas licitaciones ni enfadosas rendiciones de cuentas. Dos para uso del Gobernador, Miguel Riquelme, y dos para la Secretaría de Gobierno. Primero lo primero.

Los cuatro vehículos fueron vendidos por Transportadora de Protección y Seguridad, S.A. de C.V., de Monterrey, Nuevo León, a un costo total de 12 millones 703 mil pesos. El hecho fue documentado en su día, sin embargo un alud de nuevos acontecimientos enterró la polémica generada en la opinión pública.

Pero ahí no acabó la protección personal para funcionarios estatales de primer nivel.

De marzo a julio del año pasado fueron adquiridas otras 11 unidades blindadas a un mismo vendedor de Torreón: Auto Mall, S.A. de C.V. También sin licitación y sin pasar por ninguna contraloría. Cuatro en marzo, dos en mayo y cinco en julio. La Administración estatal desembolsó por ellas 34 millones 167 mil pesos, como consta en los comprobantes fiscales en poder de quien esto escribe.

Esas 11 camionetas, cabe señalar, las registraron como “usadas” para efectos administrativos aunque las facturaron a precio de nuevas. Se trata de tres Suburban (dos modelo 2017 y una 2018), tres Tahoe también del 2018, y cinco Grand Cherokee: cuatro de ellas 2018 y una más 2017. Todas con el nivel de blindaje IVP, que resiste proyectiles perforantes y todos los calibres de armas, incluyendo largas automáticas.

La Secretaría de Finanzas pagó 3 millones 216 mil pesos por cada una de las Tahoe. Las cuatro Cherokee de 2018 se adquirieron a 2 millones 950 mil pesos por unidad, y la de 2017 por 2 millones 850 mil pesos. Las dos Suburban de 2017 en 3 millones 298 mil pesos individualmente, y la de 2018 a 3 millones 273 mil pesos.

Así, entre los 15 vehículos identificados, suman 46 millones 870 mil pesos.

El caso supone una relación directa con la presunta seguridad que goza Coahuila, y genera una pregunta socarrona pero a la vez obligada: ¿a qué le temen y de quién se protegen?

También concierne al privilegio que implica formar parte del grupo en el poder que mete las manos al presupuesto anual durante un sexenio (aunque ellos, en su defensa, dirán que asumen riesgos): transportarse todo ese tiempo dentro de una burbuja, ajenos a la realidad que viven 3 millones de habitantes en la entidad.

Primero sus dientes, después sus parientes. Y si algo sobra, para repartir entonces al interés colectivo.


Cortita y al pie

Ahora bien, ¿no había ya camionetas blindadas en uso que debieron desocuparse y reasignarse durante la entrega-recepción del Poder Ejecutivo a finales de 2017?

¿Dónde quedaron? O mejor dicho: ¿quién se las quedó?

Profundicemos más en el cuestionamiento: ¿durante cuántas administraciones el Estado debe absorber los costos asociados a seguridad de exfuncionarios? ¿Se trata, en ese supuesto, solo de servidores públicos en retiro (o en la banca, según se vea) o también se da trato preferencial a sus familiares y a otros gremios?

Y como las respuestas pueden ser evadidas legalmente con el argumento de que comprometen la seguridad de los involucrados, y no hay obligación de transparencia, se abre una coyuntura para el uso discrecional de recursos. Lo mismo sucede con 156 elementos de Fuerza Coahuila cumpliendo funciones de acompañamiento y seguridad privada, asignados al servicio de anteriores funcionarios, como evidenció Grupo Zócalo (10/02/19). Al tratarse de información reservada por las mismas razones, no existen controles efectivos para observar y regular el uso de la fuerza pública con fines particulares.


La última y nos vamos

Finalmente, otro punto a controvertir: el negocio. La compañía neoleonesa que se llevó 12 millones 703 mil pesos, Transportadora de Protección y Seguridad, S.A. de C.V., sí está registrada en el padrón de proveedores y contratistas del Gobierno del Estado.

En cambio, el proveedor de Torreón favorecido con 34 millones 167 mil pesos, Auto Mall, S.A. de C.V., sociedad mercantil que pertenece al empresario lagunero Guillermo Murra Talamás, no cuenta con registro vigente.

Ni falta que hace. Estuvo presente durante la faraónica fiesta de cumpleaños donde se definió públicamente a Riquelme como candidato a Gobernador por el PRI, en octubre de 2016, y su respaldo al Mandatario en lo que va de su gestión es lo que verdaderamente importa. Pago de favores, le llaman.
14 Mayo 2019 04:06:00
150 días para revisar 2 mil 955 votos
El pasado 9 de diciembre, 2 mil 955 militantes del PAN en Coahuila de los 4 mil 124 totales, votaron para renovar su Comité Directivo Estatal. Luego de 72 horas para contar y recontar las papeletas, resultados cambiantes, protestas, toma del edificio sede, e intervención policiaca, la elección fue impugnada casi al finalizar el plazo: a la medianoche del 14 de diciembre de 2018.

Si bien el expediente pasó primero por la Comisión de Justicia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, han transcurrido ya 150 días a la fecha y todavía no hay una resolución del juicio en el Tribunal Electoral de Coahuila.

¿Tan difícil es emitir un veredicto? ¿Qué señales de humo, y de dónde, esperan los magistrados Elena Treviño, Sergio Díaz y Ramón Guridi para pronunciarse luego de casi medio año con el caso detenido?

El fenómeno es absurdo por donde se vea. Kafkiano. Equivale a contar 20 sufragios cada 24 horas. O considerando que la demanda consta de 36 hojas, a leer una página cada cuatro días.

Y pese a que no estamos inmersos en proceso electoral y por tanto están desahogados laboralmente, el Tribunal sólo ha resuelto 16 asuntos menores a través del mismo número de sentencias en lo que va de 2019. Uno por semana. O cinco por cada juzgador en todo ese tiempo. Un turno al mes en promedio para estos.
Aunque en el pedir está el dar, una queja de sólo 36 hojas parecería insuficiente para echar abajo un proceso que inició para el PAN el 16 de octubre, aunque haya sido éste totalmente desaseado como lo fue.

Se ha demostrado con suficiencia, y vaya que Coahuila es laboratorio electoral por excelencia del país, que las elecciones no siempre se ganan en las urnas. Por el contrario, intervienen factores externos.

Sin embargo podrían suceder varios escenarios, en teoría. Cabe la posibilidad que confirmen a Jesús de León como presidente del CDE, o que revoquen su triunfo, anulen el proceso por completo y ordenen repetirlo. No es posible, por ejemplo, que recuenten y eventualmente cambien los resultados a favor de Mario Dávila, el quejoso.

Acostumbrados a cachar votos y canjearlos por cuotas de poder elección tras elección, los panistas encontraron en el retraso procesal del Tribunal Electoral de Coahuila el pretexto perfecto para justificar su eterna inacción y escasez de ideas: que no pueden realizar actividades ordinarias permanentes ni específicas ya que se mantienen a la expectativa. Para qué actuar, si todo lo actuado en un momento dado podría decretarse nulo, dirían en defensa de su ineptitud.

Ahora bien, si tomamos en cuenta los tiempos desde que la convocatoria para elegir Comité Directivo Estatal fue publicada, técnicamente lleva el PAN siete meses descabezado y al momento de redactar estas líneas no hay siquiera sesión programada para la semana en curso en el Tribunal Electoral de Coahuila, quien aprovecha el “plazo razonable” al máximo.

Aunque su actuación tampoco es garantía de algo, pues el caso que da pie a esta columna podría llegar a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dejando sin efecto su trabajo.

Cortita y al pie
Tampoco extraña su lentitud. Se trata de un denominador común en los órganos (presuntamente) autónomos en el estado.

Todo se atora. Nada se ejecuta. Engrosan expedientes, deliberan, teorizan, procrastinan, se atascan entre papeleos inútiles y vuelven a empezar. El ciclo de simular, el verbo que mejor describe la vida en Coahuila.

La última y nos vamos
Por lo demás, el PAN en la entidad es un instituto político estéril. Que no gana ni ganando. Le sucedió en las elecciones para la Gubernatura del estado, en 2017, donde terminó la jornada con ventaja y le arrebataron el resultado. Y ocurrió en la conformación del Congreso actual, donde a la mitad de la Legislatura LXI no ha podido imponer agenda legislativa pese a que ocupa temporalmente la presidencia de la Junta de Gobierno y obtuvo mayoría de curules como Coalición junto a la UDC.

¿Quién se quedará con el control del partido –y particularmente con el ansiado reparto de candidaturas– en Coahuila para los próximos comicios locales de 2020?

Es fácil saberlo respondiendo algunas preguntas. ¿Con quién desearía interactuar el grupo en el poder? ¿A quién le tiene tomada la medida? ¿Con quién puede ‘negociar’ y ganar siempre? ¿Quién lanza críticas de coyuntura pero es inofensivo en realidad?

Pues ése será el vencedor. El rival a modo que necesita el PRI-Gobierno.
Al tiempo.
12 Mayo 2019 04:06:00
El negocio de la familia Riquelme Gorgón
De repente al Gobierno de Coahuila le dio por promocionar joyería de diseñador. Y no sólo eso, se volvió su prioridad en la pauta informativa que a diario genera.

En marzo, por ejemplo, no hubo asunto de mayor relevancia para la comunicación social del Ejecutivo –y a las pruebas me remito– que “La Semana de la Plata 2019” y particularmente la exposición “Brillos del Desierto”, celebrada la noche del 21 a propósito del Solsticio de Primavera.

La publicidad en radio y televisión al respecto se puede cuantificar desagregando la cantidad de impactos pautados con ese tema, de lo ejercido el primer trimestre del año por concepto de “servicios de publicidad”, que al 31 de marzo sumaba 283 millones 787 mil 850 pesos, según el avance de la cuenta pública.

Ahora bien, sin duda debe tratarse de una coincidencia que, dentro del roster de cinco diseñadores convocados al evento, apareciera encabezando Marcela Alejandra Riquelme Gorgón, hija mayor del Gobernador del Estado, Miquel Ángel Riquelme Solís.

La crónica periodística del acontecimiento que da pie a esta columna relata que “Marcela Riquelme fue la estrella de la noche, pues su colección sorprendió a propios y extraños”.

Cuestionada al respecto, la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, a través del oficio SECTUR/UT/011/2019, manifestó que Gobierno del Estado “no realiza ninguna participación económica”.

Y añadió: “el involucramiento contemplado es solamente de gestión de promoción y difusión del evento”.

Con una rapidez inaudita para su acostumbrado actuar, la Secretaría de Finanzas, interpelada por separado, en un plazo de cinco días informó que “no, no y no” transfirió recursos de ninguna índole a la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Torreón, quien se adjudicó la paternidad del evento Brillos del Desierto.

Tres veces, con insistencia y la intención explícita de remarcarlo, a través del documento SEFIN/UT/473/2019 dirigido a quien esto escribe.

Sin embargo el 17 de marzo de 2018 la primogénita del mandatario estatal constituyó con 50 mil pesos de capital una sociedad mercantil denominada MRiquelme, S.A. de C.V. ante la Notaría Pública número 4 de Torreón, como consta en el instrumento notarial 23 en poder de quien esto escribe.

La persona moral tiene por objeto el diseño, creación, invención, producción, fabricación, manufactura, maquila, compra, venta, importación, exportación, distribución, venta a comisión y comercio en general de objetos de joyería de oro, plata, cobre y fantasía.

Y se compone sólo de dos socios: la susodicha, con 30 acciones, y su madre y presidenta Honoraria del Patronato DIF Coahuila, Blanca Marcela Gorgón Carrillo, con las 20 restantes. El 60 y 40 por ciento respectivamente.

Como administrador único y apoderado general figura la propia Marcela Riquelme, y del órgano de vigilancia está encargado José Alberto Zárate Montoya.

Hasta aquí el último dato no tendría mayor relevancia de no ser porque Zárate Montoya laboró como subdirector (o jefe) de Contabilidad en el Ayuntamiento de Torreón mientras lo presidió Miguel Riquelme, bajo la jerarquía de Javier Lechuga, director de Egresos.

Pero actualmente figura en el organigrama del DIF Coahuila como coordinador de Adquisiciones, dependiente de la Dirección Administrativa, con clave de tabulador MM01.

Cortita y al pie
Zárate Montoya, cabe señalar, cuenta en su expediente con una detención por abuso de confianza, luego de que presuntamente sustrajo materia prima de su centro de trabajo, una fábrica de mármol en La Laguna, en 2004 (El Siglo de Torreón, 12/02/04).

¿Se imagina usted el escándalo nacional que se armaría si en lugar de una hija de Riquelme se tratase de un hijo de Andrés Manuel López Obrador?

La última y nos vamos
Por lo demás, qué generosa y desinteresada es la Oficina de Convenciones y Visitantes de Torreón.

Mira que organizar un evento en Las Dunas de Bilbao (con gastos de transporte incluidos, montaje, viáticos a expositores y cena con vino incluido), gestionar la difusión de una pauta publicitaria en prensa durante al menos un mes, presentaciones de promoción hasta con cinco meses de anticipación, pagar planas a todo color en revistas que no se caracterizan por su economía, y emprender actividades relacionadas durante una semana por el centro de Torreón, habla de un poder adquisitivo considerable… que por supuesto no tiene.
09 Mayo 2019 04:06:00
Los Moreira en la nómina de Coahuila
Luego de que gobernase Coahuila un Moreira de 2005 a 2011, y otro Moreira de 2011 a 2017, se podría llegar a pensar –de manera cándida, por supuesto– que La Docena Trágica había concluido.

El pasado 26 de abril, sin embargo, el Instituto Electoral de Coahuila trajo a cuento el apellido cuando su Consejo General aprobó el registro del partido político local Unidos, de Rubén Humberto Moreira Guerrero, hijo de Humberto Moreira Valdés.

La polémica se focalizó, básicamente, en que le diese cabida en el reparto anual de prerrogativas.

Así, depositando su motivación en el Acuerdo 29/2019, le fueron asignados 2 millones 282 mil 141 pesos para el “sostenimiento de actividades ordinarias permanentes” en 2019, más otros 146 mil 709 pesos para “actividades específicas”.

Como detalle a destacar del caso, la consejera presidenta Gabriela de León Farías emitió un “voto razonado”, como consta en el Acuerdo 26/2019 ¡para oponerse a que otro consejero se opusiese al registro del partido de Moreira Jr.!

Así como se lee. El asunto, al día de hoy, está impugnado y pendiente de resolución.

Pese a que la opinión pública reaccionó como pocas veces lo hace, Rubén Humberto no es el único Moreira que recibirá parte del presupuesto de egresos del Estado este año.

En el organigrama del Instituto Estatal de Desarrollo Docente e Investigación Educativa, órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación, al 28 de septiembre de 2018, última fecha de actualización, aparecía como empleado de la administración pública estatal el menor de los hermanos Moreira Valdés, Iván, quien cobra como Auxiliar de Gestoría Administrativa, dependiente de la Dirección de Gestión Administrativa.

Y aquí sucede un asunto peculiar: si bien reporta las categorías de trabajador E7817 y E4078, estas no corresponden al tabulador de sueldos del personal de educación básica en el Estado.

Es decir, no se puede saber cuál es su salario vía información pública de oficio.

Junto a su hermano, Álvaro, secretario de Organización en el PRI estatal, son socios de la persona moral Gigi Desarrollos, S.A. de C.V., creada en 2012.

El referido Instituto Estatal de Desarrollo Docente e Investigación Educativa, cabe señalar, es dirigido por Margarita Loera Leza, exesposa de Rubén Moreira.

Y siguiendo el árbol genealógico, el hijo de ambos, Rubén Isaac Moreira Loera, funge como subdirector de área en el Tribunal Superior de Justicia.

Claro, en el Poder Judicial, “independiente” del Ejecutivo en el papel.

Ahora bien, Elisa Evangelina Moreira Valdés, hermana de los exgobernadores, continúa como titular en la Dirección de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, también en la Secretaría de Educación.


La otra hermana, Montserrat Moreira Valdés, es Coordinadora de Control y Seguimiento, en la Dirección Estatal de Servicio Social dependiente de la Secretaría de Educación.

Pero a su vez existe la familia Ramos Moreira. Sobrinos de los exgobernadores.

Álvaro Ramos Moreira es Auxiliar Administrativo de Materiales, dependiente de la Subdirección de recursos financieros, materiales y servicios, en el mismo Instituto Estatal de Desarrollo Docente e Investigación Educativa. Por si fuera poco su hermano, Eduardo Alberto Ramos Moreira, también aparece adscrito ahí.

Ambos figuran como socios en la empresa Construcciones, Desarrollos y Suministros Immer, S.A. de C.V., constituida en 2008.

Luz Elena Ramos Moreira, por su parte, se desempeña en el DIF Estatal, y Elisa Tanahiri Ramos Moreira, en la Secretaría de Educación.

Cortita y al pie

Si no hay un Moreira de apellido al frente del Poder Ejecutivo no puede haber nepotismo, se dirá en su defensa.

Si existen 14 mil empleados en la administración pública estatal no es descabellado que los lazos familiares coincidan en unos cuantos de ellos. Ajá.

La última y nos vamos

“Más Moreira. Mejor Coahuila”, decía el slogan de la campaña en 2011.

Y así seguimos.
07 Mayo 2019 04:06:00
Acaban $34.8 millones de Coahuila junto a canal de aguas negras en Chalco
Una vivienda en obra negra junto al canal de aguas negras Solidaridad, en Valle de Chalco, Estado de México, es el domicilio fiscal que facturó 34 millones 800 mil pesos al Gobierno de Coahuila el pasado 11 de julio por “servicios profesionales de representación y relaciones públicas”.

A través de una transferencia electrónica, a nombre de la persona moral Asesores Actualizados, S.A. de C.V., la Administración estatal encabezada por Miguel Riquelme pagó en una sola exhibición la referida cantidad compuesta por 30 millones de pesos en “honorarios” más el 16% de IVA trasladado, como consta en un comprobante fiscal digital por internet emitido a las 00:02 horas, 10 días después de la jornada electoral de 2018, en poder de quien esto escribe.

Sin embargo, luego de verificar las inscripciones en la Oficina Registral 101 de Chalco del Registro Público de Comercio, no existe constancia de que Asesores Actualizados, S.A. de C.V. esté constituida legalmente como sociedad mercantil. Tampoco lo está en ninguna otra demarcación territorial. Aunque, por separado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) validó su clave del Registro Federal de Contribuyentes y certificó la factura que da pie al negocio.

Eso supone que la empresa sirve para facturar y simular operaciones financieras nada más. Lo anterior no es descabellado pues que una sociedad mercantil aparezca en el SAT con registro vigente ha sido la justificación perfecta para que, en el pasado, gobiernos estatales como el de Veracruz o Chihuahua, cuyos responsables están recluidos y prófugos respectivamente, desviaran miles de millones de pesos del erario.

En el listado completo de contribuyentes con operaciones inexistentes del SAT, cabe señalar, es común encontrar combinaciones alfanuméricas de características similares a las del caso en comento, y 88 razones sociales que contienen la palabra “asesores” han sido identificadas como empresas fantasma al 26 de marzo de 2019. Ojo.

Inclusive Asesores Actualizados, S.A. de C.V. se llegó a ubicar en el buró de crédito durante 2016 gracias a un adeudo pendiente con Unión de Crédito Integral del Golfo (Unicreo), S.A. de C.V., y aquí viene un detalle curioso e interesante a la vez: en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), por su parte, fue registrada con una dirección inexistente, en el centro de Saltillo, Coahuila, bajo el giro “asesoría financiera”.

Por eso llama la atención que, con esos antecedentes económicos y administrativos, tenga la capacidad para vender “servicios” por casi 35 millones de pesos al Gobierno del Estado, y particularmente que este la utilice como proveedor.

CORTITA Y AL PIE

Ahora bien, como contacto de Asesores Actualizados, S.A. de C.V. ante el SIEM se identifica Óscar Balcázar Quintero, presidente de la empresa Serta de México, S.A. de C.V., también conocida como SERTA Marketing Intelligence Partner, quien junto a sus hijos Óscar y Laura, de apellidos Balcázar Guzmán, realizan estudios de investigación de mercado y opinión pública desde Naucalpan, Estado de México.

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS

Camino al domicilio del ‘proveedor’, en un sector marginado de Chalco, Estado de México, aquejado por la inseguridad y especialmente una crisis de feminicidios, solo una barda con pintura descorchada y añejada por el sol que todavía publicita al perredista Juan Zepeda, candidato a Gobernador del Estado de México en 2017, y un baile “totalmente gratis” con la Orquesta colombiana de salsa Guayacán, sirven como referencia.

Es una construcción ubicada a 100 metros de un canal de aguas negras, con un rótulo exterior desvencijado que alguna vez anunció a la miscelánea Mónica tras un cuarto de ladrillo grafiteado con la palabra “puta”, techo de lámina acanalada y un portón oxidado por el paso del tiempo.

Ahí, justo ahí, vendieron “servicios profesionales de representación y relaciones públicas” al Gobierno de Coahuila por 34 millones 800 mil pesos.

Sí, representación y relaciones públicas. Sin procedimientos de asignación directa ni licitación, y sin figurar siquiera en el padrón de proveedores y contratistas del Gobierno del Estado.

Ajá.
05 Mayo 2019 04:06:00
El Moreirato no se crea ni se destruye, solo se transforma
El Moreirato –como la materia misma– no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y para demostrar lo anterior, haré un ejercicio comparativo entre sendos boletines de prensa emitidos por la Unidad de Comunicación Social del Gobierno del Estado en 2009 y 2019, a propósito de La Tarjeta de la Gente y La Mera Mera respectivamente.

Martes 17 de marzo 2009. “En re-presentación del Gobernador, Humberto Moreira Valdés, el Secretario de Finanzas, Javier Villarreal Hernández, inició desde Monclova el programa La Tarjeta de la Gente, un apoyo para la economía familiar de los coahuilenses en situación de desventaja”.

Viernes 3 de mayo 2019. “El Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, cumplió hoy uno más de sus compromisos con los coahuilenses al poner en marcha el programa en apoyo a la economía de las familias La Mera Mera, tarjeta bancarizada para beneficiar a más de 330 mil familias coahuilenses; con ella recibirán múltiples apoyos de los programas institucionales y podrán realizar depósitos, retiros, pagos y compras”.

Martes 17 de marzo 2009. “(Villarreal) aclaró que la tarjeta se entregará a personas con discapacidad, adultos mayores, a las jefas de familia que mantengan su casa y a familias que tras un estudio socioeconómico se detecte tengan necesidad de un respaldo”.

Viernes 3 de mayo 2019. “En su mensaje, el Gobernador Miguel Riquelme aseguró que los beneficios que tiene esta tarjeta se irán ampliando, ya que todas las secretarías estatales pondrán atención en las mujeres coahuilenses, en la población más vulnerable y en todo tipo de gestión que necesiten realizar”.

Martes 17 de marzo 2009. “El Secretario de Finanzas mencionó que además de la Tarjeta de la Gente, el Gobierno del Estado impulsa otros programas de apoyo a la economía familiar como útiles escolares, uniformes escolares, seguro escolar, Farmacias de la Gente, inscripciones sin actas, Mano con Mano en la Nutrición (leche) y Focos de la Gente”.

Viernes 3 de mayo 2019. “Durante este año y hasta el mes de diciembre, a través de esta tarjeta recibirán apoyos mensuales de despensa, artículos de lim-pieza, abasto y ayudas adicionales.Asimismo, con esta tarjeta recibirán descuentos en materiales de construcción y atención médica, así como estímulos fiscales en los servicios que brinda el Gobierno. Obtendrán descuentos en copias certificadas de actas del Registro Civil, en licencias de conducir, cartas de no antecedentes penales y pago de control de derechos vehiculares, en las entradas a eventos y centros deportivos, museos, conciertos y actividades culturales”.

Martes 17 de marzo 2009. “El inicio del programa se realizó en el Centro Comercial Súper Gutiérrez, uno de los establecimientos autorizados para hacer efectiva la tarjeta”.

Viernes 3 de mayo 2019. “Además, se establecieron acuerdos para descuentos en tiendas de autoservicio y empresas con servicios básicos, como farmacias y laboratorios clínicos”.

Martes 17 de marzo 2009. “Acompañado de Samuel Rodríguez Martínez, Coordinador General de Programas del Gobierno del Estado en Monclova, (Vi-llarreal) entregó las primeras tarjetas a beneficiarios. De esta manera, recibieron su Tarjeta de la Gente Manuela Soriano Carreón, Paula Lira Valero, María Florentina Zamudio, María Salomé Hernández Espino y Martín Jiménez”.

Viernes 3 de mayo 2019. “Durante este evento se realizaron entregas simbólicas de La Mera Mera a jefas de familia de la Región Sureste. Las beneficiarias Francisca Tobías García y Tita Betancourt agradecieron al
Gobernador Riquelme por haber puesto en marcha este programa que apoyará de gran manera a la economía familiar, y le reconocieron por cumplir uno de sus compromisos con los que menos tienen”.

CORTITA Y AL PIE
En 2009, mientras Javier Villarreal presentaba La Tarjeta de la Gente, en esas mismas fechas junto con Jorge Torres López hacía transferencias millonarias desde Brownsville y McAllen hacia islas Bermudas vía el banco JP Morgan.

Hoy Torres está recluido y a Villarreal han decomisado 21.8 millones de dólares que, comprobó Estados Unidos, salieron de las arcas de Coahuila mientras espera sentencia condenatoria el 23 de julio en la Corte para el Distrito Oeste de Texas.

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS
Diez años después la historia se repi-te. Volvemos al punto de inicio. A donde la calamidad para Coahuila comenzó. A donde no había deuda pública ni estába-mos a punto del colapso financiero. A donde comenzó El Moreirato.

Pareciese que nada pasó en la última década y hay que comenzar de nuevo.

Ahora bien, la historia es cíclica. Si los carniceros de ayer son las reses de hoy, ¿los carniceros de hoy serán las reses de mañana?
02 Mayo 2019 04:06:00
Villarreal acabó de ‘cantar’; viene la sentencia
El próximo 23 de julio a las 11 de la mañana, la Corte para el Distrito Oeste de Texas dictará sentencia en San Antonio a un viejo conocido de nuestro estado: Héctor Javier Villarreal Hernández.

Así lo acordó el pasado lunes 29 de abril el juez de Distrito que lleva su asunto, Xavier Rodríguez, quien comunicó estar listo y ordenó avisar al exsecretario ejecutivo del Sistema de Administración Tributaria de Coahuila que actualmente goza libertad condicional, a través de su abogado Michael J. Wynne.

“Se le aconseja que se presente al procedimiento”, afirma Rodríguez en el documento 48 del caso, en poder de quien esto escribe.

Con ello se modifica por treceava vez desde 2015 la fecha para poner punto final al juicio que inició en febrero de 2014, aunque a diferencia de las 12 anteriores, ésta vez se adelanta en lugar de aplazarse, ya que originalmente se había pautado para el 24 de julio y se recorrió al día 23 del mismo mes.

Lo anterior sólo puede significar una cosa: a Javier Villarreal se le terminó el repertorio, o se le fue la voz.

Pero acabó de “cantar”, sea como sea, luego de testificar nueve ocasiones ante la justicia estadunidense mediante comunicaciones selladas que fueron recibidas los días 8 de febrero y 22 de septiembre de 2016, 28 de febrero y 12 de abril de 2017, 27 y 28 de junio del mismo año, 12 y 13 de junio de 2018, y el 30 de noviembre del año anterior por última vez.

También como muestra de colaboración había entregado antes 12 inmuebles localizados en Texas y valuados en 21.8 millones de dólares (414 millones 200 mil pesos al tipo de cambio actual) que, determinó la Corte, salieron de las arcas de Coahuila y por eso fueron confiscados pese a que acá nadie con autoridad para hacerlo los reclamó.

Con ello, el 29 de agosto de 2014 se libró del expediente 2:13-cr-01075-1 ante la Corte para el Distrito Sur de Texas, con sede en Corpus Christi, que había iniciado el 20 de noviembre de 2013 bajo las acusaciones de fraude bancario, estafa y lavado de dinero entre países, acciones que tenía detectadas Estados Unidos desde 2008, cuando era éste secretario de Finanzas con Humberto Moreira Valdés, y su causa se transfirió al Distrito Oeste.

Actualmente, a 83 días de la sentencia, tiene pendientes tres cargos: lavado de dinero, conspiración para defraudar a Estados Unidos, y transportar en el comercio exterior instrumentos monetarios robados.

Sin embargo, a partir de las pesquisas que motiven su testimonio, otros actores podrían ser indiciados.



Cortita y al pie

Cabe señalar que a otro viejo conocido de Coahuila, Rolando González Treviño, la misma Corte también concluyó su caso 5:14-cr-00338-OLG el 29 de septiembre de 2016 gracias a que éste presentó previamente un acuerdo de culpabilidad.

Y como Grupo Zócalo adelantó en sus ediciones del pasado lunes, la audiencia que celebraría el 29 de abril de 2019 la Corte para el Distrito Oeste de Texas, división San Antonio, a Juan Manuel Muñoz Luévano, “El Mono”, se difirió hasta el próximo 3 de junio.

Asimismo se amplió el plazo para que sus abogados presenten un acuerdo de culpabilidad hasta el viernes 17 de mayo, mismo que originalmente había vencido el 12 de abril.

La Corte concluyó que del 29 de abril al 3 de junio es un “periodo razonable” para permitir a los abogados de Muñoz Luévano “negociar” y ordenó reponer así las fases del caso 5:15-cr-00024-DAE que habían concluido.



La última y nos vamos

No hay más allá. Luego de seis años de litigio está por desahogarse un caso fundamental para entender la política contemporánea en Coahuila: el de Javier Villarreal.

¿Iniciarán otros, con protagonistas diferentes y nuevos nombres?

Al tiempo.
30 Abril 2019 04:06:00
El ‘competidor’ en los negocios de Aguillón, que también es Aguillón
El domingo pasado en este mismo espacio, quien esto escribe reveló que gracias a 30 asignaciones de contratos, consumadas entre 2012 y 2018, el DIF Coahuila desembolsó 647 millones mil 792 pesos a Hugo Armando Aguillón Rosales, hermano de David, el exfuncionario estatal con Humberto y Rubén Moreira, además de secretario de Gobierno con Jorge Torres López.

Pero Gabriel, el otro hermano del “exitoso” proveedor de “despensas saludables”, desayunos fríos y calientes, es actualmente magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado desde 2008, y Carlos Mauricio, un hermano más vinculado al erario, es servidor público en la presente Administración Fiscal General.

Se dijo aquí que, gobierne quien gobierne, sus intereses y sus negocios nunca se ven afectados.

Sin embargo hay un hecho curioso: las licitaciones donde concursa la empresa de Aguillón Rosales, Servicios Integrados Gama, S.A. de C.V., se distinguen porque muchas veces “compite” contra ella otra persona moral denominada Distribuidora y Servicios Integrales de Coahuila, S.A. de C.V., que básicamente factura los mismos insumos al DIF Coahuila (desayunos fríos, calientes, y “despensas saludables”).

El asunto, sistemáticamente, se vuelve cosa de dos. O gana uno, o gana el otro. Pero nadie más alcanza rebanada del pastel. Se trata de un redituable duopolio que absorbe todo el dinero público en esa partida durante los últimos siete años. No dejan ir un solo peso.

Y aquí viene lo interesante. De acuerdo con el Registro Público de Comercio, Hugo Armando Aguillón Rosales también es representante y delegado especial de la mencionada Distribuidora y Servicios Integrales de Coahuila, S.A. de C.V., sociedad constituida en 2008, que aumentó su capital social en 2013, ya que cuenta con el 66% de las acciones como consta en la escritura 25, folio 5564, en poder de quien esto escribe.

De igual forma es suya, pues. El 34% restante pertenece, al menos en el papel, a Juan Antonio Alvarado Jiménez, de Monclova, Coahuila, quien funge como gerente general de la misma, pone su firma en todas las transacciones y presta el domicilio fiscal.

Para dimensionar los alcances del negocio: Distribuidora y Servicios Integrales de Coahuila, S.A. de C.V. facturó al DIF Coahuila 4 millones 166 mil 96 pesos en 2012; 37 millones 980 mil 920, en 2013; 40 millones 651 mil 284, en 2014; 48 millones 270 mil 049, en 2015, y 10 millones 638 mil 277 pesos, en 2016.

Así se agenció 141 millones 706 mil 626 pesos en cinco años. Proporcionalmente, según su acta constitutiva como sociedad mercantil, del total, 93 millones 526 mil 373 corresponderían a Hugo Armando Aguillón Rosales, y 48 millones 180 mil 253 a Juan Antonio Alvarado Jiménez.

Ahora bien, aunque al 10 de abril de 2019 mantiene su vigencia en el padrón de proveedores y contratistas de Gobierno del Estado en la especialidad “compra-venta de alimentos perecederos y no perecederos”, no hay registro de más transacciones a su nombre de 2017 a la fecha.

Ni las necesita. Mientras Servicios Integrados Gama, S.A. de C.V. obtuvo 647 millones mil 792 pesos, Distribuidora y Servicios Integrales de Coahuila, S.A. de C.V. otros 141 millones 706 mil 626 pesos producto de 10 contratos.

Entre ambas suman 794 millones 708 mil 418 pesos.

CORTITA Y AL PIE

Los Aguillón, se ha dicho aquí, son jugador, árbitro, directivo, césped, balón y hasta el que vende las semillas. Y ahora también su propio competidor.

Repito la pregunta: ¿Para qué sirven las instituciones relacionadas con la rendición de cuentas anticorrupción (Auditoría Superior del Estado, Sistema Estatal Anticorrupción, Tribunal de Justicia Administrativa, Tribunal Superior de Justicia del Estado, Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas) cuyo “funcionamiento” –o disfuncionalidad, según se vea– absorbe mil 350 millones de pesos anuales del presupuesto?

¿Para quién gobiernan en realidad los que gobiernan?


LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS

Por lo demás, ¿qué mafia de dimensiones incalculables está incrustada en la médula de la administración estatal ordeñando las finanzas?
28 Abril 2019 04:05:00
Los $647 millones que se embolsó Aguillón; el negocio transexenal
Pasan los años y sin embargo hay cosas que nunca cambian en Coahuila. Insertados en la médula, protegidos por la columna vertebral de la administración estatal, da igual si gobierna un Moreira, una vaca dormida o un Riquelme. El caso es que sus intereses y sus negocios nunca se ven afectados.

Se trata de los Aguillón Rosales. Hugo Armando, Carlos Mauricio, Gabriel y David.

El primero de ellos, como apoderado legal de Servicios Integrados Gama, S.A.de C.V., ha facturado 647 millones mil 792 pesos al Gobierno del Estado entre 2012 y 2018.

Su coartada son los desayunos calientes, fríos y “despensas saludables”. Obviamente no gana todas las licitaciones, ya que de vez en cuando a otro proveedor le caen algunos convenios de cuantía menor –como si en Coahuila hiciera falta despistar algo– aunque sistemáticamente la llave de los recursos conduce hacia su huerto y el DIF estatal es su pozo inagotable. Esté quien esté al frente como director. Lo mismo con Héctor Franco, Jaime Bueno, Sergio Sisbeles y Roberto Cárdenas. Todos autorizan las compras.

Así se agenció 109 millones 31 mil 797 pesos en 2018, vía dos contratos firmados el 10 de agosto con una vigencia que termina el 30 de junio y 31 de julio de 2019 respectivamente. Otros 75 millones 801 mil 912 en 2017; 105 millones 447 mil 86 más en 2016; 107 millones 14 mil 432 en 2015; 88 millones 940 mil 328 en 2014; 117 millones 313 mil 816 en 2013, y 43 millones 452 mil 421 pesos en 2012.

Un total de 647 millones mil 792 pesos producto de 30 transacciones. Para dimensionar: equivale a que la administración estatal le extendiera un pago mensual de 7 millones 702 mil pesos, o 256 mil 746 pesos diarios… ¡durante siete años consecutivos!

Irónico, ya que por “insuficiencia de liquidez de carácter temporal”, Finanzas acaba de pedir prestados 200 millones de pesos a HSBC el pasado 7 de febrero.

Por si fuera poco, Servicios Integrados Gama, S.A.de C.V. cobró 8 millones 667 mil 250 pesos en 2018 al DIF Saltillo.

¿A nadie le resulta extraño siquiera que gane siempre un mismo proveedor y que sus contratos prácticamente sean copia uno del otro, año tras año? ¿Para qué sirven las instituciones relacionadas con la rendición de cuentas anticorrupción (ASE, SEA, TJA, TSJE, SEFIR) cuyo “funcionamiento” (o disfuncionalidad, según se vea) absorbe mil 350 millones de pesos anuales del presupuesto?

Ahora bien, como todo mundo sabe, Hugo Armando Aguillón Rosales es hermano de David, excoordinador de la Unidad de Comunicación Social con Humberto Moreira, exsecretario de Gobierno con Jorge Torres, exjefe de la Oficina del Ejecutivo y exasesor “en políticas públicas” con Rubén Moreira, quien actualmente se halla en las sombras, fuera del marco institucional, entrando y saliendo a placer por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, tras bambalinas, como el fantasma de la ópera.

Pero también es hermano de Carlos Mauricio, administrador central de Contabilidad, y de Gabriel, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Cortita y al pie

Y aquí viene lo interesante. Suponiendo que iniciase una investigación (¿quién le pone el cascabel al gato?) sobre Servicios Integrados Gama, S.A. de C.V., uno de los funcionarios que tendría el expediente sobre su escritorio es Álvaro Hernández Álvarez, a la fecha “subdirector de Cuenta Pública y Patrimonio de la Dirección de Tesorería” en la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Dicho personaje fungió como “contador general” de la empresa Servicios Integrados Gama, S.A de C.V. de 2009 a 2015, y en ese último año se integró a la ASE inicialmente como “auditor de la Dirección de Análisis e Implementación”. Es decir, él mismo como contador privado le facturó al Gobierno de Coahuila. Ya como servidor público, en el referido supuesto, sería encargado de “investigarse”. El resultado, por tanto, sería predecible: no hay delito que perseguir.

La última y nos vamos

Los Aguillón son jugador, árbitro, directivo, césped, balón y hasta el que vende las semillas. En el Estado el conflicto de interés es una quimera y el estatismo en el poder todo lo corrompe. Es física: agua que se estanca se pudre.

Y nadie hace nada. Acaso porque Coahuila no le importa a nadie, ni allende las fronteras ni tierra adentro.

25 Abril 2019 04:06:00
Y el día llegó: cooperó ‘El Mono’
Hasta ayer, Juan Manuel Muñoz Luévano, alias “El Mono”, no había movido pieza desde que fue detenido el 18 de marzo de 2016 en Madrid. Curiosamente, dos meses después de que fue arrestado en la misma ciudad el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés.

Luego de casi tres años preso en España, Muñoz Luévano fue extraditado a Texas el 28 de febrero del presente año. Y como se consignó en este mismo espacio el domingo anterior, renunció a la audiencia inicial de detención que se desarrollaría el 6 de marzo ante la Corte para el Distrito Oeste, con sede en San Antonio.

El 12 de abril venció el plazo para que su defensa presentase un “acuerdo de culpabilidad” sin que lo hiciera, lo cual, interpretado en sentido contrario, supone que defenderá en juicio su presunta inocencia, aunque la Corte dejó abierta la posibilidad siempre que “demostrase una buena causa que motivase la demora”. El día 22 fue la fecha límite para que alegara lo que a su derecho convenga, identificara testigos y formulara preguntas y, a más tardar el 24 del presente mes, debió realizar solicitudes para contar con un intérprete y atuendo adecuado para la audiencia del próximo día 29.

No es cualquier asunto de trámite. Se trata –como se dijo en pretérita columna– del personaje que infiltró a la “nueva clase política” de Coahuila que tomó el poder en 2005 y a la fecha lo detenta. Del empresario cuya red de negocios ilícitos creció en relación directamente proporcional a la red de negocios ilícitos del moreirato: conforme se asentaban los unos y extendían su influencia, ganaba el otro. Y viceversa.

Localmente Estados Unidos, a través del procurador Russell Leachman, le acusa por cuatro cargos que se pueden resumir a tráfico de drogas y uno más por posesión de armas, delitos por los que alcanzaría entre 5 y 40 años de prisión, aunque también hay posibilidades para libertad condicionada y fianza de hasta 10 millones de dólares. Pero una sexta imputación extraterritorial, lavado de dinero, es trascendental, ya que ahí es donde los tentáculos del expediente 5:15-cr-0024-DAE alcanzan a México. Y especialmente a Coahuila, su estado natal.

El oriundo de Matamoros actualmente se halla detenido en San Antonio, bajo custodia, en espera de la audiencia que será encabezada por la magistrada Elizabeth “Betsy” Chestney. Pero ayer al mediodía la Corte para el Distrito Oeste de Texas recibió una comunicación a nombre de Muñoz Luévano, la cual fue presentada por su abogado, Roy R. Barrera Jr.

Luego de admitirla, el movimiento fue sellado judicialmente; es decir, se tramitó de manera confidencial, suceso que puede ser interpretado como cooperación.

Y no sería extraño, pues Héctor Javier Villarreal, exsecretario ejecutivo del Sistema de Administración Tributaria de Coahuila, quien también es indiciado criminal ante la misma Corte para el Distrito Oeste de Texas, ha colaborado con la justicia estadunidense durante nueve ocasiones: el 8 de febrero y el 22 de septiembre de 2016, el 28 de febrero y el 12 de abril de 2017, el 27 y 28 de junio del mismo año, el 12 y 13 de junio de 2018, y el 30 de noviembre del año pasado por última vez, como consta en los documentos del caso en poder de quien esto escribe.

Cortita y al pie

En Coahuila, en cambio, Villarreal fue exonerado por el Poder Judicial del Estado el 10 de diciembre de 2018 a través del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal, quien dejó “sin efecto” la orden de “reaprehensión” en su contra e inmediatamente después clasificó el expediente donde consta la resolución como “secreto”, como se puede verificar en la Lista de Acuerdos.

La última y nos vamos

Por lo demás, “El Mono” ya cooperó e indirectamente se trata de un momento trascendental para la vida política contemporánea de Coahuila, ya que supone descargar en terceros la culpabilidad y poner a otros en la picota.

La justicia viene de Texas, y la semana entrante habrá noticias.
23 Abril 2019 04:06:00
El faraónico edificio (y el insultante derroche) del IEC
El pasado 8 de abril el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) falló a favor del que ha sido el contratista favorito del Gobierno del Estado en los últimos 15 años: Efrén Miguel Ayala de la Garza, y le asignó un contrato por 74 millones 699 mil pesos para construir el edificio que –proyectan– sería su sede a partir de febrero de 2020.

Justo es decirlo: nunca un órgano electoral autónomo, desde 2001 que nació el IEPCC, ha tenido instalaciones propias. Durante 18 años han pagado alquiler.

Sin embargo que la cantidad a invertir provenga de ahorros en dos ejercicios fiscales, como argumenta el secretario ejecutivo y presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del IEC, Francisco Javier Torres, no significa que deban derrochar lo que a fin de cuentas es dinero público. Que los recursos hayan permanecido guardados dos años tampoco quiere decir que se les pierda la pista, o que no se puedan fiscalizar ya. Y lo más importante: que la obra sea necesaria no justifica el favoritismo ni la simulación.

Siempre cercano al poder, en el último año (2005) que gobernó Enrique Martínez, por ejemplo, Ayala de la Garza se agenció 20 millones 711 mil 289 pesos producto de 10 contratos. En el sexenio de Humberto Moreira, por su parte, 112 millones 374 mil 533 pesos gracias a 35 transacciones. Inclusive hasta en el interinato de Jorge Torres, cuando cerraron abruptamente la llave luego del desastre financiero, alcanzó obra por 910 mil 114 pesos merced a dos convenios.

Ya con Rubén Moreira en la gubernatura tan solo en la remodelación del Ateneo Fuente (2014) de Saltillo se llevó 32 millones 664 mil 929 pesos. Entre otros 10 contratos sumó 25 millones 673 mil 042 pesos más.

Antes del caso que nos ocupa, en el mismo IEC Efrén Miguel ya era un viejo conocido. Entre junio y julio de 2017 se adjudicó 1 millón 281 mil 156 pesos a razón de cinco contratos por conceptos que van desde un flete de papelería hasta suministro e instalación de aparatos de aire acondicionado, colocación de internet, líneas telefónicas, red eléctrica, alumbrado y servicios sanitarios, entre otras obras de adecuación a las oficinas que ocupan desde 2016, y por las que pagan actualmente 192 mil 597 pesos mensuales de renta. En 2018 se embolsó 3 millones 82 mil 670 pesos más, merced a tres procedimientos de invitación restringida.

El 19 de marzo de 2019 se publicaron las bases de la convocatoria para la construcción del edificio de cuatro niveles en un terreno que les donó el desaparecido IEPC, cuyo valor en libros es de 6 millones 906 mil 534 pesos. Posteriormente se difundió esta en el Periódico Oficial del Estado y a través del sitio web del IEC. El 22 del mismo mes hubo una “visita de obra”, el 25 junta de aclaraciones, para el 2 de abril se presentó la única propuesta, el día 8 emitieron el fallo y el 12, a más tardar, el ‘ganador’ debió formalizar el trato con su firma.

Así, en sólo 24 días, el IEC adjudicó el negocio al único participante simulando una “licitación pública nacional” que identifican con el número IEC/001/2019. “Contra la resolución del fallo no procederá recurso alguno”, menciona en sus bases de participación. Ajá.

CORTITA Y A PIE

Pero así como tienen un constructor preferido, en el IEC también tienen un proveedor favorito. A través de 20 adjudicaciones directas, la empresa “XM Comunicación, S.C.” de Alejandro Gómez Millan ha facturado 3 millones 476 mil 061 pesos desde que inició operaciones el IEC por trabajos como grabaciones de conferencias, fotografías o “conceptualización de imágenes oficiales para redes sociales”.

Su pareja, Mónica Miosotil Jiménez Estrada, ocupa el cargo de Coordinadora de Relaciones Públicas e Imagen Institucional del IEC. Pese al evidente y latente conflicto de intereses, nada ha impedido a “XM Comunicación, S.C.” ser el máximo beneficiario dentro de un listado que incluye, entre otras cosas, pagos directos por miles de pesos a comunicadores locales, identificados por nombre y apellido sin ningún rubor, gracias a servicios presuntamente prestados al Instituto.

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS

Mientras el Instituto Nacional Electoral canceló su millonario proyecto de nueva sede y reintegró mil 70 millones de pesos a la Tesorería de la Federación en 2017, “derivado de las medidas de austeridad, racionalidad y economía en el ejercicio del gasto”, como consta en el acuerdo INE/JGE13/2017, el IEC acaba de amarrar un negocio de casi 75 millones de pesos en un plazo de 24 días con uno de sus contratistas favoritos.

Por lo demás, ¿a manos de quién pasaría el inmueble si –de fructificar una iniciativa de Morena que aguarda espacio en la agenda legislativa– desaparecen los Organismos Públicos Locales Electorales de las entidades federativas y el INE atrae las elecciones de todo el país?

Nos quedaría, pues, un mausoleo a la corrupción y el fraude. Una obra insultante y faraónica.
21 Abril 2019 04:06:00
Ahí viene ‘El Mono’
El próximo lunes 29 de abril, regresando de las vacaciones de Semana Santa, iniciará en San Antonio el juicio contra Juan Manuel Muñoz Luévano, “El Mono”, “El Ingeniero”, “Manuelito”, “The Engineer” o “El Inge”, como lo identifica la Corte para el Distrito Oeste de Texas en documentos oficiales.
No es cualquier asunto de trámite. Se trata del personaje que infiltró a la “nueva clase política” (Humberto Moreira, dixit) de Coahuila que tomó el poder en 2005 y a la fecha lo detenta.

Uno de los empresarios más poderosos de la entidad en su día, de alcance transnacional, cuya red de negocios ilícitos creció en relación directamente proporcional a la red de negocios ilícitos de el Moreirato: conforme se asentaban los unos y extendían su influencia, ganaba el otro. Y viceversa. Cuestión de trazar una línea del tiempo y comparar ambas trayectorias.

Localmente Estados Unidos, a través del procurador Russell DeWitt Leachman, le acusan por cuatro cargos que se pueden resumir a tráfico de drogas y uno más por posesión de armas, delitos por los que alcanzaría entre cinco y 40 años de prisión, aunque también hay posibilidades para libertad condicionada y fianza de hasta 10 millones de dólares.

Pero una sexta imputación extraterritorial, lavado de dinero, es trascendental ya que ahí es donde los tentáculos del expediente 5:15-cr-0024-DAE alcanzan a México. Y especialmente a Coahuila, su estado natal.

Muñoz Luévano renunció a la audiencia inicial de detención que se desarrollaría el 6 de marzo. El 12 de abril, por su parte, venció el plazo para que su defensa presentase un acuerdo de culpabilidad. No sucedió. Interpretado en sentido contrario, significa que se consideraría inocente y no aceptaría colaborar como testigo protegido. Mañana 22 es la fecha límite para que alegue lo que a su derecho convenga, identifique testigos y formule preguntas como consta en los documentos del caso, en poder de quien esto escribe.

A más tardar el 24 del presente mes se deben hacer las solicitudes para que cuente con un intérprete y atuendo adecuado durante la audiencia. A partir de entonces solo resta conformar el jurado. Pero esa presunta inocencia supone descargar en terceros la culpabilidad. Desviar la atención hacia otros lugares.

Poner a otros en la picota. Ojo.

El oriundo de Matamoros (Coahuila) actualmente se halla detenido en San Antonio, bajo custodia, en espera del juicio que será encabezado por la magistrada Elizabeth “Betsy” Chestney a partir del 29 de abril. Al respecto el abogado texano Roy. R. Barrera Jr. se presentó como su representante ante la Corte, el 27 de febrero, el día previo a su extradición desde Madrid, donde permaneció tres años arrestado. El 5 de marzo también fue admitido a su causa el veterano jurista José R. Puig, quien tomó el caso desde Miami, Florida.

Cortita y al pie

Sin embargo, a diferencia del exsecretario de Finanzas de Coahuila, Héctor Javier Villarreal, quien también es indiciado criminal ante la misma Corte para el Distrito Oeste de Texas y su sentencia ha sido aplazada en 12 ocasiones desde 2015, la última el pasado 10 de enero, las características del proceso al que está sujeto Muñoz Luévano hacen poco probable que suceda lo mismo.

Dicho en otras palabras: es cuestión de semanas para que caiga la primera ficha y se ponga en marcha el ansiado por algunos, y temido por muchos, efecto dominó.

La última y nos vamos

“Nosotros vamos a actuar conforme a la ley, en lo que tengamos que realizar”, dijo a nombre del Gobierno de Coahuila el secretario de Gobierno, José María Fraustro, cuestionado al respecto (25/03/19).

Se vale destornillarse de risa. La justicia viene de Texas y la semana entrante habrá noticias. Mientras tanto, a ponerse doble pañal quienes así lo requieran.
18 Abril 2019 04:06:00
¿A qué juegan los emisarios de la 4T en Coahuila?
El martes pasado, en un acontecimiento atípico y atemporal, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, estuvo en Saltillo para firmar un convenio con el Gobierno de Coahuila y la Fiscalía General del Estado.

No fue cualquier evento burocrático más. Se trata de colaboración entre las tres partes para el “intercambio de información” en un tema tan delicado como el lavado de dinero.

Pero intercambio, justo es decirlo, implica ida y vuelta. Dar y recibir. Y aunque por jerarquía la UIF encabeza el esfuerzo conjunto, esa retroalimentación –por llamarle de alguna manera– supone para la Administración estatal conocimiento privilegiado y acceso a investigaciones que puede usar a favor de terceros.

Qué pasaría, para dimensionar, si la UIF le comparte datos confidenciales y Gobierno del Estado, en cambio, reporta no tener novedades o da pistas que llevan a ninguna parte. En ese supuesto más que colaborar sería poner la Iglesia en manos de Lutero. Ojo.

Sí, la política es básicamente negociación y entendimiento. Correcto. Hay que buscar acuerdos y encontrar coincidencias entre las diferencias. También. Entre órdenes de gobierno debe haber comunicación. Es cierto.

Sin embargo la UIF, por la naturaleza de sus atribuciones, no necesita del Gobierno de Coahuila ni de la Fiscalía General del Estado para detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita que, dicho sea de paso, algunas veces nacen en las mismas oficinas públicas. Si bien nada le impide firmar convenios, sus competencias contenidas en el Reglamento Interior de la SHCP y el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, le facultan para actuar como enlace entre Hacienda y las entidades federativas y municipios.

No necesita pedirles permiso, pues. Ni tampoco pedirles perdón. Simplemente aplicar la ley, nada más. ¿Qué vino entonces a legitimar Santiago Nieto?

“El objetivo es generar un modelo de colaboración, mandar un mensaje de que la Federación y el Estado de Coahuila trabajarán de la mano para poder combatir las conductas delictivas desarrolladas por el lavado de dinero”, aseguró. Y aquí deseo subrayar dos frases: “Un mensaje”. “De la mano”.

¿Quién y para qué necesita ese mensaje? ¿Por qué deberían agarrarse de la mano?

No es un asunto menor. En la cuenta pública de 2010, misma que a la fecha todavía permanece reservada, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila detectó un faltante de 18 mil millones de pesos provenientes de créditos ilegales que nunca entraron a ejercicio fiscal. Ahí habría materia de trabajo para la UIF, por ejemplo. O en las empresas fantasma detectadas en 2016 que facturaron alrededor de $470 millones, por citar otro.

Ahora bien, un porcentaje importante de servidores públicos que participaron en el desaseo financiero son los mismos que ahora se ofrecen para limpiar indirectamente la casa. ¿Se puede simplemente cambiar de cachucha sin sufrir las consecuencias?

No, salvo que se trate de simular. La serpiente no se muerde la cola.

CORTITA Y A PIE

Inconexo de la política federal, por la libre, pareciera más bien que Santiago Nieto no aprendió la lección. En 2017 lo removieron de la Fepade por faltar a uno de los principios elementales de su actuar: la secrecía de la investigación. Posteriormente inició una batalla legal para defenderse, pero terminó reculando a los pocos días.

Llegó al Gobierno de la Cuarta Transformación con etiqueta de vengador, pero su trabajo no es de reflectores, sino de resultados.

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS

Por lo demás, ¿a qué juegan los emisarios de la Cuarta Transformación en Coahuila?

Primero la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, vino a legitimar una supuesta obra de la que ni siquiera tienen el proyecto ejecutivo, como se consignó en este mismo espacio. Luego el affaire con Jesús Torres Charles, exfiscal del Estado que fue designado Administrador de Investigación Aduanera y posteriormente depuesto, aunque, a la fecha, utilizando dos criterios del INAI el SAT mantiene ocultas las razones de su contratación como consta en el documento 0610100044119, en poder de quien esto escribe.

Y ahora Santiago Nieto llega para firmar un convenio de colaboración con el PRI-Gobierno de Coahuila que técnicamente sólo favorece al grupo que ha permanecido en el poder desde 2005.

¿Realmente pensará que se trata de un logro? Lograr qué, exactamente.
16 Abril 2019 04:06:00
El regreso del ‘proveedor pozole’ a Coahuila; 10.4 millones en ‘bolos’
Un proveedor de Humberto, al que pagó adeudos Rubén, y ahora contrata de nuevo Miguel. Es Restaurantes Industriales Pozolcali, S.A. de C.V., y acaba de agenciarse 10 millones 407 mil 500 pesos del Gobierno de Coahuila por bolsitas con dulces diversos, popularmente conocidas como “bolos”.

El gasto, para dimensionar, representa el 5% del préstamo por 200 millones de pesos que acaba de contratar la Secretaría de Finanzas el pasado 7 de febrero con HSBC debido a “insuficiencia de liquidez de carácter temporal”.

Pero la administración estatal y los “bolos” mantienen una continua relación que ninguna “insuficiencia” separa.

Dos días antes de concluir el sexenio encabezado por Rubén Moreira, por ejemplo, éste comprometió una cantidad prácticamente similar del presupuesto: 10 millones 591 mil pesos, para “bolos”.

Un año atrás, en 2016, Riviera Álamo, S.A. de C.V., sociedad vinculada con la exfuncionaria María Esther Monsiváis, le facturó 700 mil presuntos “bolos” por 7 millones de pesos.

Y como documentó Grupo Reforma en su día una vez descubierta la trama de las empresas fantasma, la entonces Secretaría de Desarrollo Social repartió formatos a beneficiarios de programas para que firmaran de conformidad haber recibido los supuestos ‘apoyos’ adquiridos en 2013, 2014 y 2015, y con ello justificar el saqueo.

En el asunto que actualmente nos ocupa, se trata de 905 mil piezas que serían repartidas a partir del 12 de abril en los 38 municipios a propósito del Día del Niño, adquiridas en promedio a 11 pesos cada una como consta en el expediente CE-905002984-E5-2019. El 2 de abril se falló y el día 9 se adjudicó el negocio.

Sin embargo se adquieran directamente como en el pasado, o a través de licitación pública como en el presente, la utilización de recursos 100% estatales en la transacción dificulta la rendición de cuentas.

Y no se trata de cualquier vendedor. Como se mencionó al principio, en 2016 el Gobierno de Coahuila fue obligado judicialmente a transparentar la lista de proveedores a los que pagó adeudos correspondientes al sexenio 2005-2011, misma que había permanecido 14 meses oculta sin una fundamentación clara como consta en los “expedientes clasificados como reservados” de Finanzas.

El suceso representó uno de los puntos de unión más obvios entre ambas administraciones Moreira. Dicho de otra forma: Rubén solicitó un crédito por 2 mil 500 millones de pesos (que le autorizó el Congreso el 7 de octubre de 2014) y lo utilizó para saldar algunas deudas de Humberto pese a que el financiamiento debió ser destinado a “inversión pública productiva” de acuerdo con el Artículo Cuarto del Decreto 596, publicado el 10 de octubre de 2014 en el Periódico Oficial.

En el documento de seis páginas denominado “Esquema de regularización con proveedores”, sin mayores detalles figuraron 239 personas físicas y morales y, entre otras cosas, consta una cuenta pendiente por 7 millones 566 mil 927 pesos con la razón social Restaurantes Industriales Pozolcali S.A. de C.V., sin especificar la causa.

Ojo: no hablamos del famoso establecimiento “Pozollcalli” (con dobles eles) que cuenta con 34 franquicias especialistas en pozole a lo largo del país (ninguna en Coahuila, por cierto).

Cortita y al pie

Después del incidente relatado, Restaurantes Industriales Pozolcali S.A. de C.V. vuelve a la escena pública como único participante de una convocatoria por “bolos”, a pesar de que su objeto social es la “elaboración de alimentos y servicio a comedores industriales”, como consta en su acta constitutiva que data del 31 de agosto de 2006.

La última y nos vamos

Por lo demás, primero despensas (con un sobreprecio de 50 millones, como aquí se consignó), luego “bolos”. El objetivo, a fin de cuentas, es lo que el filósofo francés Frédéric Gros llama “lograr la obediencia por el estómago”: el coahuilense, en este caso, sólo conoce “la gratitud del vientre”.
14 Abril 2019 04:06:00
Los 2 mil 150 millones que ‘se perdieron’ en la licuadora
Hablan de él como si fuese un personaje de ficción o una leyenda urbana: que ahí viene, que ya mero llega. Cada ejercicio fiscal se espera su advenimiento. Al final, año tras año, todo queda en atole y el dedo en la boca. Es el Impuesto Sobre Nómina (ISN) de Coahuila.

Se trata –para contextualizar– de una contribución estatal que por decreto debe utilizarse para financiar infraestructura, a través de un “Comité Técnico”. Ese 2% de remuneraciones gravadas al trabajador Gobierno del Estado se obliga a “devolverlo” –por así decirlo– en obras públicas.

Para tal efecto convoca y reúne a una muestra representativa de contribuyentes denominados empresarios, les hace creer que se involucran en las decisiones colectivas y que tienen voz y voto; entonces deasayunan papaya una o dos veces al año y deliberan en conjunto. Cada uno lleva su cartita de peticiones prioritarias con la candidez de quien se sienta con Santa Claus en un centro comercial; finalmente se toman la fotografía oficial con los representantes del Gobierno y, acaso sin darse cuenta, legitiman el proceso periodo tras periodo.

Sin embargo el ISN nunca aparece. O no como debería, al menos.

En septiembre de 2011, al renegociar –y legalizar– por primera vez la deuda pública de Coahuila, se conformó un “fideicomiso maestro” integrado entre otros recursos por el 100% del ISN recaudado por el Estado, “presente y futuro”. Así permaneció hasta el segundo refinanciamiento, en 2015. Es decir, durante cinco años el ISN fue comprometido como garantía de pago y nunca se destinó a su finalidad original.

En 2016, ya liberado, lo metieron a gasto corriente y entonces, al año siguiente, el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna identificó una doble contabilidad en las obras etiquetadas con fondos del ISN, mismas que fueron financiadas a su vez con fondos federales. El señalamiento, justo es decirlo, nunca fue desmentido con suficiencia ni seriedad por Ismael Ramos, secretario de Finanzas y responsable del asunto. La presunta duplicidad y eventualmente desvío que acusó el CCI Laguna se cuantificó en 715 millones de pesos en irregularidades, tan solo en aquella Región.

Alguien podría llegar a pensar que, en 2018, ya con Miguel Riquelme al mando, la historia debería ser diferente. Pues no. El ISN del año pasado, su primero del sexenio, se perdió en la licuadora de recursos.

De acuerdo con el oficio AGJ/2153/2019 de la Administración Fiscal General del Estado, en 2018 recaudaron 2 mil 150 millones 282 mil 411 pesos por concepto de ISN. Un 5% menos de la estimación original, misma que había sido 2 mil 253 millones 400 mil 111 pesos, como estableció la Ley de Ingresos 2018.

Ahora bien, en ese mismo documento con fecha 29 de marzo afirma que no es de su competencia saber en qué se gastó el dinero. Cabe señalar que su ejecución había sido condicionada por el Gobernador a la tercera reestructuración de la deuda. Primero ésta y después lo otro.

A su vez el 5 de abril la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM), mediante oficio SIDUM/745/2019, manifestó ser “notoriamente incompetente” para informar qué pasó con el ISN y se justificó en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. Ese ordenamiento, no obstante, menciona que a dicha Secretaría corresponde “coordinar y gestionar la inversión pública en infraestructura estatal (…) determinar la idoneidad de obras públicas (…) la licitación y contratación de las mismas”.

Dicho de otra forma: nadie más que ellos está obligado a saber y dar respuesta.

CORTITA Y A PIE

Ya estamos en el cuarto mes de 2019. Si la proyección es recaudar 2 mil 664 millones 207 mil 117 pesos de ISN en el año, según la Administración Fiscal General, ya debe haber 777 millones en la bolsa, al 15 de abril.

Pero actualmente no existe un fondo especial para resguardar los ingresos captados. Si el Gobierno del Estado no tiene voluntad política para diferenciar las partidas, y si no quiere crear un fideicomiso exclusivo para manejar el ISN, difícilmente formará un “registro único de obra pública” para identificarlas primero y dar seguimiento después.

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS

El tema es muy simple: meten el dinero a la licuadora de recursos, a fin de generar una mezcla turbia de fuentes de financiamiento que no deje ver qué contiene lo licuado ni en qué medida.

Sin controles constitucionales ni contrapesos materiales, todo se reduce a un acto de fe. A confiar, por ejemplo, que sí se gastaron los 2 mil 150 millones del ISN 2018 en obras.

Y no, ni así salen las cuentas.
11 Abril 2019 04:06:00
Una raya más al tigre: otros $200 millones en deuda
Justo cuando la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) está en su punto más alto de la última década, y por consecuencia no es recomendable contratar créditos, el Gobierno de Coahuila pidió dos préstamos en un plazo de dos meses. El primero por 550 millones de pesos, el 7 de diciembre pasado, y el segundo el 7 de febrero por 200 millones más. En ambos casos a un año de plazo, con HSBC, y argumentando “insuficiencias de liquidez de carácter temporal”.

La historia es cíclica. Con la mano en la cintura repiten la fórmula.

De entrada, el primer contrato se inscribió hasta el 30 de enero en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios. Es decir, 50 días después de ser formalizado. El segundo documento –prácticamente una réplica del firmado en 2018– ni siquiera ha sido registrado.

En el primer caso, luego de ser descubierta, el 18 de febrero la Secretaría de Finanzas no tuvo más remedio que revelar a través de un comunicado que sí pidió un crédito (para pagar “aguinaldos de burócratas y sindicalizados”, además de “bonos y gratificaciones al magisterio” y conceptos indefinidos a la UAdeC, ITS, Cobac, Cecytec, Universidad Tecnológica de Parras y el Instituto Tecnológico de Múzquiz), el cual había ocultado a la opinión pública y especialmente al Poder Legislativo. En el más reciente, en cambio, todavía no llegan las explicaciones.

Y aquí viene lo interesante: el negocio –para HSBC, por supuesto– radica en la TIIE del Banco de México fluctuante. En este momento alrededor de los 8.50 puntos aunque con la tendencia a subir 25 unidades cada trimestre. Eso significa, haciendo una proyección, que se ubicaría para mediados de abril en 8.75, a 9.00 en julio y 9.25 en octubre. A ello habría que agregar 70 puntos base, como se convino en ambos documentos con HSBC. La cifra final, por tanto, quedaría ya no en el 9.20 inicial, sino 9.45, 9.70 y 9.95 respectivamente conforme avance el calendario de 2019.

Eso significa que, por 550 y 200 millones de capital que prestó respectivamente HSBC al Gobierno del Estado, tendrá que desembolsar éste alrededor de 75 millones por concepto de intereses.

¿Tiene sentido endeudarse así?

Y eso que, según las actas de fallo SEFIN/SSIC/003/2018 y SEFIN/SSIC/001/2019, se trató de la mejor opción posible.

Escandaloso es que su órgano revisor, el Poder Legislativo, no tenga conocimiento de los préstamos en tiempo real ni tampoco posea información de primera mano, muchos menos privilegiada, y termine como cualquier persona: enterándose a través de los medios de comunicación. Vamos, ni siquiera han podido sentar a Blas Flores en el Palacio Legislativo para explicar qué pasa con las Finanzas.

Así como la Secretaría encabezada por éste responde cualquier cosa, dilata, y hace sistemáticamente nugatorio el derecho a la información de los ciudadanos, al Congreso del Estado y la Auditoría Superior entrega mes a mes una relación de la deuda pública en un renglón. Sí, en un renglón, sin detalles mínimos como el monto que se debe a cada institución bancaria en particular.

Y no pasa nada.

Cortita y al pie

Como se dejó por escrito el 12 de marzo en este mismo espacio, Finanzas informó de manera oficial que gastó 652 millones 945 mil pesos en “asesorías” durante 2018. Pero también informó de manera oficial a quien esto escribe que sólo gastaron, en ese mismo rubro, sólo 11 millones 350 mil pesos.

Ese incidente, para contextualizar, revela en el fondo incapacidad para cumplir compromisos, desaseo, e irresponsabilidad en la gestión financiera.

¿Qué le hacen realmente al dinero una vez que entra a la licuadora de recursos?

La última y nos vamos

Mientras nada impida que se puedan pedir nuevos créditos a corto plazo gracias a “insuficiencias de liquidez de carácter temporal” (y técnicamente desde 2011 Coahuila padece “insuficiencia de liquidez de carácter temporal”) un rosario de mini deudas podrían acumularse a la deuda mayor en lo que resta del sexenio.

Ojo. Más rayas al tigre.
09 Abril 2019 04:06:00
¿Qué detiene al exgobernador de Coahuila preso?
El pasado 7 de marzo, encarcelado en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México a la espera de resolución del amparo 111/2019-V-A que promovió contra su extradición a Estados Unidos, Jorge Torres López, exgobernador de Coahuila, tuvo tiempo para contratar un abogado de San Antonio, Texas, y comisionarle su defensa en Corpus Christi.

Se trata de que interceda por él en el caso 2:13-cr-01075 que desde noviembre de 2013 sigue la Corte para el Distrito Sur de Texas.

Como consta en el documento 34 del expediente, en poder de quien esto escribe, el secretario de la Corte división Corpus Christi admitió el 7 de marzo al abogado penal Thomas J. McHugh como representante legal de Torres López, al concederle una dispensa especial, pues él no tenía licencia para ejercer en esa jurisdicción.

El veterano penalista, con despacho en San Antonio, es experto en defensas por fraude, delitos bancarios, evasión fiscal, lavado de dinero, extorsión, corrupción pública, apropiación indebida de fondos y conspiraciones. Además ayuda a recuperar bienes confiscados y a descongelar cuentas bancarias.

Le viene como anillo al dedo, pues.

Así, con la anexión de McHugh, ya son tres abogados a su causa, pues originalmente Torres López había contratado a Carlos A. Solís y Derek B. Hilley, también de San Antonio. Los tres comparten una característica en común: son exauxiliares de fiscales federales que ahora defienden particulares. Es decir, conocen las entrañas del monstruo.

Por lo demás, presidir durante 11 meses el Ejecutivo del Estado –su último trabajo, en 2011– debió ser harto redituable para Torres López, ya que pagar un pool de abogados que cobra en dólares no está al alcance de cualquiera.

Como se recordará, se le acusa de lavar 2 millones 762 mil 066 dólares siendo él secretario de Finanzas de Coahuila, fraude bancario, y además le fueron confiscadas dos propiedades en Montgomery, Texas, en 2014, por el Departamento del Tesoro, debido a su adquisición con recursos de procedencia ilícita, mientras él permanecía prófugo de la justicia –o a salvo, según se vea– en México.

Si bien el 12 de marzo le fue denegado el amparo que pidió su esposa y expresidenta del DIF estatal, Carlota Llaguno, en el Juzgado Décimo de Distrito en Materia de Amparo Penal de la Ciudad de México por incomunicación, tortura y extradición, sobreseyendo el expediente, esta semana cumplirá un mes en el limbo: no se va, pero tampoco se quedará indefinidamente pese a que ya cumplió dos meses en prisión, desde que fue ingresado el 6 de febrero.

Desde marzo de 2018 el Gobierno de los Estados Unidos busca su extradición para que sea procesado allá y, a fin de cumplimentar el proceso formal, requirió cinco copias certificadas de su orden de arresto, emitida el 8 de febrero de 2017, a la Corte para el Distrito Sur de Texas.

El asunto se convirtió, ya en México, en el expediente 30/2018 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el cual contiene la extradición internacional pasiva que conoció la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Y finalmente al Juzgado Décimo de Amparo le fue presentada copia certificada del referido documento, comprobando su existencia, y la declaración del director del Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México, quien informó que “se determinó procedente declarar la detención formal con fines de extradición”.

Cortita y al pie

Mientras tanto la jueza texana responsable del caso, Nelva Gonzáles Ramos, quien anteriormente ha declarado culpable a otros exfuncionarios mexicanos (de Tabasco y Tamaulipas) por delitos similares a los que se imputan a Torres López, se frota las manos.

La última y nos vamos

Pero en nuestro país la legalidad y la realidad caminan por vía separada. Si factores externos no intervienen y provocan que se converjan en un punto determinado, pueden recorrer el camino en paralelo sin tocarse nunca.

Por ello, ¿de dónde tiene que llegar el empujoncito para que se destrabe la situación y consecuentemente se vaya Torres López? ¿Se necesita una petición formal, una carta, un tuit, exponer el tema durante la conferencia matutina del Presidente?

A qué esperan los que esperan, si acaso algo esperan.
07 Abril 2019 04:06:00
La rebatinga del carbón (y el síndrome de Salomón) en Coahuila
Al grano: la Comisión Federal de Electricidad comprará 165 mil toneladas de carbón por 176 millones 348 mil 700 pesos a un empresario de la Región Carbonífera que, de acuerdo con el Registro Público de Minería, no dispone títulos de explotación vigentes a su nombre.

Ahora bien: ¿lo anterior es ilegal?

Técnicamente no.

El asunto, sin embargo, raya en lo kafkiano: se pueden vender 165 mil toneladas del mineral a través de un concurso abierto internacional, sin disponer de ningún lote concesionado, y es perfectamente válido. Explico por qué. Bajo el nombre Concurso Abierto Internacional CFE-0001-CAAAA-0002-2019 la Comisión Federal de Electricidad licitó 330 mil toneladas del mineral con las características técnicas de la Cuenca de Sabinas. Si bien CFE exigía presentar 11 documentos para participar en la convocatoria, bastaba con acreditar existencia legal y personalidad jurídica. El proceso inició el pasado 22 de marzo, los documentos relativos estuvieron disponibles todo el tiempo, y sin embargo sólo hubo dos ofertas.

La esperada, de la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila (Prodemi) que controla el Gobierno de Coahuila, y otra de Minera y Acarreos Flores, S.A. de C.V., que CFE calificó solvente. La empresa cumplió el pliego de requisitos, ofreció un precio más bajo y consecuentemente ganó la mitad de la partida.

Se diría, pues, que obtuvo recompensa por desafiar al statu quo. Pero el Gobernador del Estado, Miguel Riquelme, no piensa lo mismo. “Se van a meter en un problema porque la realidad de las cosas es que no tienen la capacidad de surtimiento (de carbón)”, declaró.

Al respecto el empresario detrás de Minera y Acarreos Flores, S.A. de C.V., Antonio Flores Guerra, proviene de una familia de mineros. Entre Cruz Alberto, Rogelio Ernesto, Jesús Oscar y Gerardo Antonio, todos de apellidos Flores Vega, cuentan con 11 registros de concesiones por una vigencia de 50 años –en poder de quien esto escribe– que abarcan un total de mil 235 hectáreas entre los municipios de Múzquiz, Sabinas, Nava, Piedras Negras e Hidalgo.

Pero la reacción del Mandatario deja entrever una intención de limitar la libre competencia. Como si su molestia tuviese origen en que alguien se salió del redil: “la organización social por parte del Gobierno del Estado había estado muy clara. El acuerdo fue que nadie viera la licitación por otra parte, sino a través

de Prodemi”. La realidad es que CFE fijó un precio base: mil 137 pesos por tonelada. Prodemi “con más de 90 productores” ofertó a mil 125 pesos, y Minera y Acarreos, constituida el 19 de octubre de 2016, a mil 68. Así, habrá 185 millones 728 mil 950 pesos a repartir entre los primeros, y 176 millones 348 mil 700 pesos para el segundo.

El contrato se formalizará el próximo viernes 12 de abril en la Ciudad de México y cumplirá el abastecimiento de cuatro meses a las dos centrales termoeléctricas de Nava (José López Portillo y Carbón II) mediante entregas semanales programadas.


CORTITA Y A PIE

Aunque también existe la ineludible lectura política. A juzgar por el fallo, más que ponerlos a competir, Manuel Bartlett, director de la CFE, aplicó la máxima de Maquiavelo: divide y vencerás.

A la rebatinga por el carbón, el pleito entre partidos, productores y facciones, pareciese que aplicó una decisión salomónica: la mitad para los agremiados a la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila, es decir, para su manejador: Gobierno del Estado, y la otra mitad para una empresa denominada Mineras y Acarreos Flores, S.A. de C.V. que, bajo esa premisa, debería representar intereses opuestos a los del PRI-Gobierno.

Profundizando en las motivaciones del resultado, sin embargo, pareciese más bien una decisión a lo Herodes. Coahuila, en este momento, padece el “síndrome de Salomón”: el niño vivo

partido en dos.


LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS

El monopolio del huachicol de piedra cambió de manos. Se dividió en dos. De no suceder nada extraordinario durante la próxima semana, ahora será duopolio.

Bienvenidos a la nueva realidad política en la entidad: cuáles chicharrones truenan más, y quién se lleva la rebanada más grande del pastel.
04 Abril 2019 04:06:00
Lo que cuesta, en dólares, liberar del fracking a Coahuila
En diversas ocasiones el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha manifestado su rechazo a la técnica del fracking en el país. Fundamentalmente por el daño al medio ambiente que provoca.

Primero lo afirmó en San Luis Potosí frente a manifestantes de la Huasteca; luego en Saltillo ante la sonrisa nerviosa de Miguel Riquelme; en otra ocasión al ser interpelado durante una conferencia matutina, el pasado 4 de febrero en Palacio Nacional, y la última vez registrada públicamente durante la conmemoración de los primeros 100 días de Gobierno.

Sin embargo, de la intención a los hechos hay un camino por recorrer.

No es para sentirse orgulloso, pero el primer convenio para explotar hidrocarburos mediante fractura hidráulica en México comprende una superficie de 398 kilómetros cuadrados en el área contractual Olmos, que involucra los campos Hidalgo, Emergente y Habano. Por supuesto, en Coahuila. Cinco kilómetros al noreste del municipio de Hidalgo. Y Lewis Energy, empresa de Texas, es quien tiene asignada la parcela desde marzo 26 de 2018 por un plazo de 5 mil 479 días. Es decir, 15 años de ejecución.

Si bien el caso ha sido prácticamente invisible a la opinión pública, la compañía texana está por concluir la primera de tres etapas programadas de trabajo en las próximas semanas, considerando que ha transcurrido un año a partir de la supuesta obtención de todos los permisos de operación que requería. Aunque también existe la opción de prorrogar el periodo un año más.

Para iniciar operaciones Lewis Energy requería 10 concesiones diferentes ante seis autoridades distintas de los tres niveles de gobierno. No obstante, al 16 de noviembre de 2018 no contaba con la “manifestación de impacto ambiental y social”, como consta en el oficio PEP-DG-SPBN-GOAA-1008-2018 en poder de quien esto escribe, emitido por Petróleos Mexicanos (Pemex) en el área Exploración y Producción.

En todo este tiempo sin noticias de su actuación debió perforar y terminar ya tres pozos horizontales. Con fracking, desde luego. Asimismo, construir tres caminos e igual número de localizaciones (con cercado, portón, guardaganado, contrapozo y señalización), edificar un sitio de recolección (con línea de descarga, calentador y separador), comprar 224 kilómetros cuadrados de información sísmica del “Cubo Galaxia”, y finalmente realizar estudios de laboratorio y evaluaciones petrofísicas.

A partir de ahí su plan de desarrollo contempla la perforación de 70 pozos hasta 2025. Pero aún estamos a tiempo de frenarlo.

Ahora bien, cancelar la vigencia de su contrato por cualquier causa o circunstancia, supondría una demanda por incumplimiento. Y de acuerdo con el documento 414104806, en poder de quien esto escribe, Petróleos Mexicanos tendría que pagar una indemnización fijada en 744 millones 660 mil 575 dólares que, en moneda nacional, equivalen a 14 mil 312 millones 376 mil 251 pesos, al tipo de cambio actual (19.22 por dólar).

Lo anterior significa, para dimensionar, el 38.5% de la deuda pública de Coahuila al día de hoy.

Cortita y al pie

Si bien se cancelaron las rondas 3.3 y 3.4 de la Comisión Nacional de Hidrocarburos programadas para el 14 de febrero, donde se licitarían bloques a explotar con fracking en Tamaulipas, en congruencia sería necesario establecer a futuro un mecanismo para su prohibición. Puede ser un decreto del Ejecutivo, o una restricción legislativa.

No todo es dinero. Alternativas legales existen. A través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por ejemplo, es posible terminar anticipadamente las asignaciones de Pemex por motivos ambientales, o modificar los contratos existentes para excluir a los “no convencionales” de su plan de trabajo. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, por su parte, tiene facultades para negar la autorización a cualquier manifestación de impacto ambiental presentada que involucre fracturación hidráulica.

De igual forma la Secretaría de Energía es competente para decretar como zonas de salvaguarda las áreas con recursos no convencionales, y la Comisión Nacional del Agua podría revocar los lineamientos emitidos para la autorización del uso de agua para la fracturación hidráulica. Y el Congreso de la Unión podría descongelar las iniciativas de ley para la prohibición de la fractura hidráulica en México.

Cualquier asunto es posible si existe voluntad política.

La última y nos vamos

Lógicamente, implica otro fierro en la lumbre. Otro panal a patear. Otro round contra las calificadoras y los intereses transnacionales detrás de poderes fácticos.
02 Abril 2019 04:06:00
El año en que Coahuila imitó a Orwell
Y la distopía se hizo realidad: si nadie se interpone, en Coahuila se cumplirá la profecía que George Orwell publicó en su libro 1984: un Gran Hermano nos observará las 24 horas del día. En el caso que nos ocupa, a través de 1,281 cámaras de videovigilancia colocadas en 370 puntos estratégicos de los 11 municipios más poblados de la entidad (Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, Torreón, Matamoros, Francisco I. Madero, San Pedro, Monclova, Frontera, Acuña y Piedras Negras).

Ironía es que suceda justo en 2019, cuando por decreto ha sido nombrado Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado.

El que nada debe nada teme, se dirá en defensa del método.

Sin embargo, el miedo –real o provocado– no debería reducir nuestra esfera personal. La idea de entregar privacidad a cambio de seguridad conculca derechos. El Estado debe garantizar ambas: privacidad y seguridad, no sólo una.

Además de 1281 “ojos” digitales, de consumarse la iniciativa, la Administración estatal tendría un software a su disposición para magnificar y manipular la información obtenida con ellos (vehículos y placas, sí, aunque también tecnología de reconocimiento facial). Algoritmos de inteligencia artificial para la supuesta investigación y persecución de delitos.

Y como no dirían la ubicación de las cámaras, alegando reservas obvias por seguridad pública, siempre habría la tentación de usarlas para espionaje a adversarios políticos, grupos de presión, defensores de derechos humanos, periodistas, activistas y cualquier ciudadano incómodo al poder en turno. Una herramienta poderosa, en las manos equivocadas, se vuelve peligrosa.

El proyecto presentado contempla tener acceso a las fotografías de Plataforma México de la Comisión Nacional de Seguridad y, lo más inquietante del asunto, a la base de datos de las licencias de conducir. Al respecto cabe señalar que la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad encargó en 2018 la emisión del documento a la empresa Cosmocolor, S.A. de C.V., de Jorge Kahwagi Gastine, y para renovarlo actualmente se requiere dejar las huellas de los 10 dedos de las manos, iris del ojo, CURP, comprobante de domicilio, acta de nacimiento y credencial para votar. Si usted tramitó el plástico sepa que dicho particular tiene vía libre a sus datos personales que por ley deberían estar protegidos.

Asimismo, Gobierno del Estado anticipó que buscaría un convenio con el INE para que permita cotejar los rostros obtenidos a través de la lente, con su padrón. No solo eso, a centros comerciales y negocios de la entidad que cuentan con circuito cerrado pediría enlacen su sistema con el C4, y a los ayuntamientos, lo mismo con sus cámaras urbanas a fin de maximizar la tecnología.

El acopio de datos, no obstante, debe tener límites y alcances, lineamientos, criterios de operación y, especialmente, monitoreo. ¿Quién vigila al que vigila? ¿Existiría un plazo para conservar la información recopilada? ¿Reproducirían esas imágenes en medios masivos de comunicación so pretexto de interés general?

El plan implica firmar un contrato por cinco años de servicio con la empresa Dahua, de China. Es decir, por lo que resta del sexenio. Y considerando que tardarían de seis a nueve meses en instalar los equipos, en 2020 iniciaría su funcionamiento que costaría, sin licitar, alrededor de 600 millones de pesos.

Así la seguridad acabaría convertida en un panóptico de Bentham –un lugar desde donde es posible verlo todo– y seríamos, pues, “el primer estado del país en acceder a esta nueva modalidad de vigilancia”. Una sociedad carcelaria. Pero lo anterior no es motivo de orgullo. Por el contrario, otra vez nos usarían de conejillo de indias. Como laboratorio. Lo hemos sido en el ámbito electoral, hacendario, ambiental y ahora también lo seríamos en seguridad.

CORTITA Y AL PIE

¿Usted se sentiría cómodo si un sujeto desconocido le observa desde un monitor vinculado a una cámara de videovigilancia cuando transita por la vía pública?

Para dimensionar lo frágil que resulta el llamado “sistema de videointeligencia”: si pasa varias veces por el mismo lugar (derecho al libre tránsito) le convertiría en sospechoso potencial. El aspecto físico (derecho a la personalidad) es otra variable a tomar en cuenta para desconfiar.

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS

No es ocioso recordar que ese camino, conduce a la represión política y social propia de regímenes totalitarios como el país asiático que vendería la tecnología. Seguridad aparente a cambio de vigilancia real es el punto de partida para la desaparición de la vida privada por exceso de transparencia. La negación de la personalidad. Un proceso de alienación de los individuos.

El Gran Hermano te vigila. Créame: no exagero.
31 Marzo 2019 04:06:00
Un sobreprecio de 50 millones en despensas
Si no hay cambio de planes, el Gobierno de Coahuila formalizará el próximo 3 de abril un contrato donde pagará 470 millones 712 mil 616 pesos por despensas. Las de siempre. Las que dosifica la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social entre un padrón de beneficiarios (332 mil personas) que se yuxtapone con la estructura de ciudadanos afiliados al PRI en la entidad. En su defensa dirán que dicho gasto representa solo 1% del Presupuesto de Egresos para el Estado en 2019.

Ese porcentaje, sin embargo, constituye la compra más abultada en el año a un mismo proveedor, en una sola exhibición. Se trata de un millón 321 mil 968 cajas con víveres, 660 mil 984 paquetes con artículos de limpieza, y 330 mil 492 perecederos, los cuales serán repartidos en 4 mil 362 puntos de los 38 municipios.

Hasta aquí no habría inconveniente –más allá del clientelismo– de no ser porque la Administración estatal comprará mucho más caro que otras entidades los mismos productos. El sobreprecio asciende a 50 millones 433 mil pesos.

Me explico. El ganador de la licitación CE-905002984-E2-2019 fue Grupo Industrial Vida, S.A. de C.V., de Zapopan, Jalisco. Para mayores referencias, propietario de la marca de cereales Granvita® y patrocinador del equipo de fútbol Chivas.

La empresa, en mayo de 2018, vendió 19 mil 933 despensas al Ayuntamiento de Zapopan y en junio 13 mil 403 al Gobierno de Michoacán.

Hablamos, pues, de adquisiciones recientes, por lo cual hay concordancia con la cotización que nos ocupa. En ambos casos Grupo Industrial Vida, pese a significar cantidades menores, ofreció un precio más bajo del que pactó al mayoreo con Coahuila.

En Zapopan, por ejemplo, las facturó a 171.85 pesos. O sea $38.15 menos por pieza. Si la cifra no le dice nada, multiplíquela por 1 millón 321 mil 968 unidades y ahí es donde la diferencia sobresale: 50 millones 433 mil 79 pesos de más.

Lo “curioso” es que acá la Secretaría de Finanzas fija el precio. Licita, sí, pero impone una cantidad a pagar: 210 pesos por unidad. Así no hay margen de negociación.

Dicho de otra forma: el negocio ya va amarrado, independientemente de quien se presente a la convocatoria como licitante.

Cabe señalar que, originalmente, el fallo debió presentarse el 8 de marzo. Se suspendió “hasta nuevo aviso” y ocurrió hasta el día 27 del mismo mes, fecha en que se llevó a cabo en la Dirección General de Adquisiciones sin representantes de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, tampoco de la empresa ganadora ni de las otras participantes (Productos Serel, S.A. de C.V. y Tekton I+D, S.A. de C.V.).

Por lo demás, será bimestral el reparto de las despensas. Como libreta de racionamiento cubana, en el calendario se consignan cuatro entregas en el año (marzo, julio, septiembre y noviembre). En mayo tocan dos tapas de huevo y cuatro litros de leche, y en junio y octubre artículos de limpieza (un rastrillo, un jabón, cepillo y pasta dental, una botella de cloro, papel higiénico, un desodorante, limpiapisos y lavatrastes).

A partir del 6 de abril iniciará la ministración si no sucede algo extraordinario. Además Grupo Industrial Vida está obligado a proporcionar 650 teléfonos móviles de última generación a fin de levantar y procesar información generada con 332 mil monederos electrónicos de los coahuilenses (“La Mera Mera”, presentada el pasado 25 de febrero) y a proporcionar una plataforma informática para clasificarla, conservarla y analizarla.

Es decir, un particular tendrá a su disposición datos personales. Cuidado.

Cortita y al pie

Al grano: ¿cómo se explica el sobreprecio de 50 millones 433 mil pesos?Muy simple. Por corrupción o por inocencia. Y eso que, a juzgar por el fallo de la licitación, Finanzas no pagará IVA por tratarse de productos alimenticios en cuatro partidas de cinco totales. De lo contrario habría que agregar 53 millones 143 mil 113 pesos y el total sumaría 523 millones 855 mil 729 pesos a desembolsar de “ingresos extraordinarios”. Un despilfarro.

La última y nos vamos

Todo lo anterior, hasta aquí, desde la óptica ciudadana del contribuyente.A ojos del perpetrador, en cambio, lo que con dinero compra legitimidad a la larga sale barato. Así llevan 13 años.
28 Marzo 2019 04:06:00
Los 25 millones que nadie oyó cuando a Blas ‘se le apagó’ el micrófono
En una de aquellas situaciones que sólo acontecen en Coahuila y a lo mucho en las novelas de Franz Kafka, el pasado 12 de diciembre, mientras exponía los pormenores correspondientes a la tercera renegociación de la deuda pública en el Congreso del Estado, al secretario de Finanzas, Blas Flores Dávila, “se le apagó” el micrófono y como consecuencia ni los diputados ni el público presente pudieron enterarse del detalle más importante de su comparecencia: los costos del refinanciamiento.

Indirectamente los ‘ganones’, pues.

Semanas antes del incidente quien esto escribe requirió en dos ocasiones el mismo dato a la Secretaría de Finanzas: el pago de honorarios a quienes colaboraron en la reestructura de 36 mil 559 millones 700 mil pesos (que concluyó el 23 de noviembre de 2018) y el motivo de su contratación directa como prestadores de servicios, sin licitación de por medio.

Argumentando que todavía no terminaba la negociación, la negativa llegó en una primera respuesta. La segunda ocasión a través de una comunicación escueta, encaminándome hacia un lugar donde sabían de antemano que sería imposible ubicar lo que se les pidió, de la manera en que fue requerido.

Luego de dos solicitudes de información, un recurso de revisión ante el ICAI, y cinco meses de litigio, quien esto escribe recibió respuesta el 25 de marzo del presente año, donde se confirman algunas cantidades que, entre balbuceos, con los dientes apretados y el sonido del salón de sesiones desconectado, Blas Flores había informado el 12 de diciembre a los legisladores locales: un pago por 2 millones 900 mil pesos al notario 99 de Saltillo, Guillermo Fernández Tamayo; otro por 4 millones 060 mil a los abogados Chávez Vargas, S.C., de la Ciudad de México, uno más por 230 mil al Banco Invex y finalmente 5 millones 570 mil a la calificadora crediticia Fitch Ratings.

Lo que no dijo entonces fue que, además de lo citado, hubo un desembolso por 25 millones 520 mil pesos, el más importante de todos, a una empresa que Finanzas identificó en documentos oficiales como Finantia, S.C.

A través del oficio SEFIN/UT/363/2019, dirigido a quien esto escribe, explica que dicha sociedad mercantil fungió como “estructurador” y prestó un servicio de “diseño, elaboración y preparación de una estructura financiera”.

Fue cerebro de la operación, en otras palabras.

Sin embargo, la referida persona moral no aparece registrada como prestador de servicios financieros ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). De ella existe, eso sí, un RFC vigente ante el SAT. Y nada más.

Detrás de Finantia, S.C., en realidad, hay una sociedad financiera de objeto múltiple denominada Fintek Energía, S.A.P.I. de C.V., domiciliada en San Pedro Garza García, Nuevo León, con acta constitutiva 9697, registrada en la Notaría 65 de Monterrey, y compuesta por dos personas físicas nada más: Samuel Francisco Scott Rodríguez, presidente, director general y representante a la vez, y Mauricio Sánchez Vélez, a quien identifican como “miembro del consejo de administración”. Este último fue quien colaboró el año pasado con el Gobierno de Coahuila como asesor en el proceso de renegociar la deuda.

¿Por qué eligieron a ellos?, sería el siguiente hilo a desmadejar. En política no hay casualidades.

Cortita y al pie

Y aquí viene lo interesante: pese a que tiene por objeto social el crédito simple, factoraje, arrendamiento financiero y compraventa, al tratarse de una entidad no regulada, Fintek Energía no tiene autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni del Banco de México ni de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para funcionar.

La última y nos vamos

Por lo demás, Blas Flores también ocultó el crédito SEFIN/SSIC/003/2018 por 550 millones de pesos, contratado cinco días antes de su mencionada presentación en el Poder Legislativo.

Esa es la transparencia y rendición de cuentas en Coahuila.
26 Marzo 2019 04:06:00
En 25 minutos, desvía Ramos Arizpe 1 millón del erario
Usando a la persona moral Punto A, Soluciones Financieras, S.A. de C.V., registrada en Zapopan, Jalisco, la Presidencia Municipal de Ramos Arizpe desvió 1 millón 060 mil 329.96 pesos del erario el pasado miércoles 20 de febrero, en tan solo 25 minutos.

Un mismo servicio, identificado genéricamente como “arrendamiento”, prestado supuestamente al Ayuntamiento que encabeza el alcalde priista, José María “Chema” Morales, fue facturado 18 veces como se puede demostrar con un idéntico número de certificados digitales emitidos por el SAT, en poder de quien esto escribe. Así, un gasto aparentemente menor de 58 mil 907.22 pesos, multiplicado por 18, sumó 1 millón 060 mil 329.96 pesos.

En un solo día. En un plazo de 25 minutos. Entre las 11:25:35 y las 11:50:14 de la fecha señalada fueron emitidos los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), uno cada 84 segundos en promedio, y casi instantáneamente fueron validados por un “proveedor de certificación” domiciliado en Guadalajara, Jalisco, denominado Másfacturación, S. de R.L. de C.V., sin que los referidos documentos electrónicos hayan sido cancelados con posterioridad.

Lo anterior, por si fuera poco, incumple la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila respecto a la obligación de contratar proveedores locales, pues en el tema que nos ocupa se trata de un prestador de servicios de Jalisco, y en el asunto publicado el pasado domingo 24 en este mismo espacio, también relativo a Ramos Arizpe, una empresa fantasma de Monterrey (Centro de Publicidad Comercial de Nuevo León, S.A. de C.V).

El caso es que la Tesorería de Ramos Arizpe facturó a nombre de Punto A, Soluciones Financieras, S.A. de C.V., utilizando un RFC que, en realidad pertenece a Firma Kredit, S.A. de C.V.

Se trata de una firma de consultores denominada comercialmente Punto A, en cuya información pública se presenta con el eslogan: “Arrendar, una nueva forma de tener”, y se ofrece como solución de asesoría financiera: “Somos el acelerador de tu negocio”. Como referencia, su único antecedente de colaboración con ayuntamientos radica en aparecer inscrita en el padrón de proveedores de Zapotlanejo, Jalisco, como prestador de “servicios financieros”.

El perfil de sus clientes objetivo, por lo demás, se centra en “profesionistas independientes” y “pequeños empresarios”. Ambas categorías de negocios privados, no de entes públicos como la Presidencia Municipal de Ramos Arizpe.

Técnicamente reúne las características de una “SOFOM ENR”, es decir, una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada. Eso significa que no tiene autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni del Banco de México ni de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para funcionar. Simplemente le supervisa Condusef.

Actúa al margen de la ley, pues.

Cortita y al pie

De acuerdo con el Registro de Prestadores de Servicios Financieros, Firma Kredit, S.A. de C.V. es una sociedad financiera de duración indefinida y alcance nacional, con domicilio fiscal en Av. Real Acueducto 360-A, interior Piso 2, Int. 2, 3 y 4, colonia Puerta de Hierro, C.P. 45116, en Zapopan, Jalisco.

Fue constituida el 3 de abril de 2009 con el número de escritura 16,157, 50 mil pesos como capital, y un objeto social múltiple: de crédito o préstamo, factoraje, fiduciaria y arrendamiento. Como administrador único funge Bruno Fregoso Lamadrid, quien además es su representante legal, y es auxiliado por María Ángel Fregoso Lamadrid y Gustavo Navarro Jiménez, y el director general, César Álvarez Ayala.

Sin embargo, acaban de ser reformados sus estatutos en la Notaría 22 de Zapopan, Jalisco, ante el fedatario Alejandro Moreno Pérez, como consta en la escritura 13,769 del 23 de noviembre de 2018, con folio mercantil 48007*1 que data del 12 de diciembre del año pasado. Ahora su objeto social es la compra venta.

La última y nos vamos

En resumen: con un algoritmo de facturación compuesto por una serie de 32 números y letras que nada dicen y nada representan, justificaría el edil de Ramos Arizpe, José María “Chema” Morales, ante un órgano auditor, el saqueo fiscal.

La sangría no para.
24 Marzo 2019 04:06:00
La presidencia paralela y fantasma de Ramos Arizpe
Con una voracidad inusitada –y vaya que al escribir de Coahuila existen antecedentes– una misma sociedad mercantil facturó 116 veces al Ayuntamiento de Ramos Arizpe durante sus primeros dos meses de administración (2019-2021), por asuntos tan diversos como botellas de agua u hojas membretadas, con lo cual se agenció 3 millones 738 mil 812 pesos.

Al hacer un ejercicio de prospectiva, de continuar ese ritmo de contratación con el proveedor (dos facturas diarias, en promedio) sumaría 22 millones de pesos al año, o 66 millones al terminar el trienio municipal del alcalde priista José María “Chema” Morales.

Sin embargo dicha persona moral (“Centro de Publicidad Comercial de Nuevo León, S.A. de C.V”.) es en la práctica inexistente, pues en su domicilio fiscal registrado en Monterrey ni siquiera han oído hablar de ella. Pese a ello ha recibido 116 asignaciones directas.

Cabe señalar que fue constituida con solo 50 mil pesos de capital, como consta en el instrumento 19278, libro 170, del Registro Público de Comercio de Nuevo León, en poder de quien esto escribe.

La sociedad es administrada por Daniela Enid Lucio Peña, y también tiene participación José Luis Lucio Salazar. Padre e hija, con domicilio en la populosa colonia Mitras Norte, de Monterrey. Ella, a su vez, colabora en el corporativo “L&A Consultores, S.C.”, de Nuevo León, especializado en asesoría fiscal y legal sobre “descarga masiva y cancelación de facturas electrónicas”.

Y aquí es donde se cierra la pinza: casualmente, la dirección del proveedor de Ramos Arizpe, y de la consultoría referida, es la misma: Lázaro Cárdenas 2944, también en la vecina ciudad regiomontana. Y su especialidad, facturar en serie, fue lo que hizo el Gobierno de “Chema” el primer bimestre del año.

El 31 de enero de 2019, para ejemplificar, fue facturada 17 veces la misma cantidad: 11 mil 484 pesos, en el transcurso de 21 minutos. A las 10:48, 10:50, 10:51 (2), 10:52, 10:53, 10:54, 10:55 (2), 10:56, 11:03, 11:05, 11:06 (2), 11:07, 11:08 y 11:09.

Como referencia, “Centro de Publicidad Comercial de Nuevo León” alguna vez estuvo inscrita en el padrón de proveedores y contratistas del Gobierno de Coahuila. En el vigente, al 16 de enero de 2019, ya no figura.

Se trata, pues, de un idéntico modus operandi a la red que saqueó la Universidad Autónoma de Coahuila y que descubrió Grupo Zócalo el 7 de octubre de 2018 (“Saquean UAdeC con empresas fantasma”), o las empresas fantasma vinculadas a María Esther Monsiváis, exjefa de gabinete de Rubén Moreira, que ventiló Grupo Reforma en octubre de 2016. Factureras y todólogas.

La mayor parte de los pagos emitidos por la Tesorería de Ramos Arizpe han cubierto supuesta papelería oficial. De todo tipo: recibos, boletas, bitácoras, citatorios, tarjetones, certificados, recetarios, actas, calcas, engomados, formatos, a precios fuera de toda proporción en el mercado.

Dos lonas para toldos, para dimensionar, fueron cobradas a 36 mil pesos; también se reporta un gasto de 34 mil 800 por imprimir boletos para una rifa, 11 mil 832 pesos por 500 hojas tamaño carta membretadas con el nombre “Chema Morales”, ó 200 hojas con el membrete “panteones” a 16 mil 356 pesos.

Asimismo tres mil botellas de agua, de 325 ml, a un costo de 27 mil 840 pesos, o un toldo de 6x6 metros a 45 mil 240 pesos. Tan solo las invitaciones a la toma de protesta de “Chema” costaron 220 mil 864 pesos.

Ahora bien, al tratarse de materiales consumibles y de uso cotidiano, obligaría a pedidos futuros.

Así, de poquito en poquito, se llena el jarrito.

Cortita y al pie

Como consta en el Instituto Registral y Catastral de Nuevo León, la Sociedad se constituyó el 15 de mayo de 2014, a cinco meses de que “Chema” protestase como secretario del Ayuntamiento, durante la última gestión de Ricardo Aguirre. Fue registrada en la notaría 30 de Monterrey, del fedatario Enrique Martínez Morales (homónimo del saltillense y viejo conocido).

Pero su objeto social, más que una sociedad mercantil, asemeja un poder general de alcances ilimitados.

De tal forma “Centro de Publicidad Comercial de Nuevo León, S.A. de C.V” está legitimada para suministrar todo tipo de publicidad comercial y política, artículos de oficina y promocionales, impresiones, publicaciones, marketing, rotulación de vehículos, diseño de páginas web, desarrollar proyectos, organizar eventos, contratar medios de comunicación, colocar anuncios espectaculares, reclutar personal, importar y exportar, gestionar licencias, concesiones, convenios y cualquier acto jurídico que se requiera, además adquirir en propiedad, arrendar, subarrendar, administrar inmuebles rústicos, urbanos y de interés social, entre otros.

Es, dicho de otra forma, una Presidencia Municipal en paralelo y una oportunidad de negocio inmejorable.

La última y nos vamos

Durante los primeros 100 días de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “Chema” Morales ha sido el único alcalde del país que, desdeñando el protocolo de cortesía, no fue a recibir al Presidente de la República durante su visita al municipio que gobierna (19 de febrero).

Anda ocupado en otras cosas. El negocio está en otra parte.
21 Marzo 2019 04:06:00
La ‘emergencia’ de Guadiana
Un senador, presidente de la Comisión de Energía, da un mensaje a los medios de comunicación utilizando la infraestructura de la Cámara alta el martes 19 de marzo por la mañana, para urgir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a que continúe adquiriendo carbón a los productores de la Región Carbonífera de Coahuila, ya que hace cuatro meses dejó de hacerlo.

El referido legislador –mismo día por la tarde– se entrevista con el director de la CFE en sus oficinas para negociar la compra de 360 mil toneladas del mineral en forma “emergente”. A la salida de la reunión informa que su gestión ha sido exitosa y el funcionario accedió a sus pretensiones.

Hasta aquí no habría inconveniente de no ser porque el personaje en comento, Armando Guadiana Tijerina, es empresario minero y en sociedad con su hermano, José Luis, propietario de Materiales Industrializados S.A. de C.V., sociedad que agrupa varias empresas: Carbón Mexicano, S.A.de C.V., Compañía Minera Zapalinamé, Macocozac, S.A. de C.V., Grupo Gex (Super Express, Transportes ALGG, Fletes y Minerales GUME, Transportes ATEO N.L., ALGG Fletes y Auto transporte Express Oriental S.A. de C.V.) y Compañía Minera Caopas.

Juez y parte, pues.

Me explico. Sus negocios no terminan con la venta simple de carbón a CFE o coque a AHMSA. Por el contrario, abarcan la cadena de valor del mineral en todas sus fases (lavado, acarreo, transporte, recuperación). Para determinar que no se beneficie de la compra “emergente” habría que hacer un seguimiento quirúrgico a fin de revisar que en ninguna parte del proceso intervenga. Interrelacionadas entre sí, es difícil saberlo sin un peritaje. Ahí se cierra la pinza.

Al respecto surgen algunas preguntas. Si el procedimiento se hará sin licitar, ¿quién será el que asigne y bajo qué criterios? ¿Por qué esa cifra y no otra? A río revuelto, ganancia de pescadores.

En términos reales, la cantidad equivale a mes y medio de producción entre los 87 registrados en la Promotora para el Desarrollo Minero –autoridad única en la materia desde hace tres meses– para vender. Es decir, en todo caso, se trata de un parche. Administrar la necesidad. Un mejoralito que apuesta por la inmediatez, no por el futuro inmediato.

En reiteradas ocasiones Guadiana ha dicho que desde hace dos años no vende carbón a la CFE. En su defensa podrá decir también que, como especialista en el tema, nadie mejor que él para interceder por una región –de la cual es nativo, además–. Incluso puede argüir un compromiso moral con sus coterráneos.

Sin embargo, su trabajo legislativo se puede resumir en un párrafo: dos iniciativas (que pasaron directamente a la congeladora); una para prohibir la reelección de alcaldes y legisladores, y otra en materia de fuero. Y seis exhortos variopintos.

Dos dirigidos al Congreso de Coahuila para que discutiese la Ley del Servicio Médico y para que diese atención a las peticiones de los trabajadores de la educación del estado, uno a la Auditoría Superior de la Federación para que auditase el ejercicio fiscal 2018 de las universidades públicas e instituciones de educación superior (cosa que ya hace); otro a las entidades federativas para que previniesen la extorsión que realizan policías estatales y municipales en perjuicio de operadores de pipas repartidoras de gas LP; uno más a la Secretaría de Gobernación para que declarase zona de emergencia La Laguna luego de las lluvias de septiembre de 2018, y por último a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que brindase un informe sobre la demanda presentada en la Corte Penal Internacional por los hechos de Allende y Piedras Negras ocurridos en marzo de 2011.

El resto (casi siete meses ya) ha sido un esfuerzo permanente por defender el carbón y la tauromaquia. Indirectamente sus negocios. Apenas dos meses después de protestar el cargo de senador abogó ante López Obrador la construcción de una nueva central carboeléctrica, o bien, una unidad adicional a las dos plantas generadoras de electricidad (José López Portillo y Carbón II) ubicadas en Nava. Lo que sea, a fin de que la CFE consuma –y adquiera, desde luego– más carbón a empresarios mineros como él.

Cortita y al pie

El asunto, políticamente, se trata de quién puede más. En el último trimestre, cada uno por separado, habían hecho gestiones en el mismo sentido el gobernador del Estado, diputados federales, locales, y Reyes Flores, delegado federal, para que CFE siga financiando el círculo vicioso en el que se hallan 140 mil habitantes de cinco municipios (70% de su población total) y fomentando el atraso que supone el huachicol de piedra.

Pero a través de sendas cartas enviadas durante la última semana, Guadiana y el inhabilitado por 20 años para ejercer el servicio público, Rogelio Montemayor, ambos empresarios mineros alguna vez, dirigidas a la directora general de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Energía, describen un idéntico panorama catastrófico en caso de cancelarse la compra de carbón para la generación de electricidad. Ambos, además, le dan por su lado al Presidente de la República con el discurso de la soberanía energética, al afirmar que ésta depende del carbón primero. ¿Y del fracking después?

La última y nos vamos

Si no hay cambio de pichada, hoy jueves serán entregados los códigos para suministro. Guadiana tiene prisa, mucha prisa. Hace unas semanas, a propósito de información privilegiada que utilizan expresidentes, López Obrador dijo que si no es ilegal, por lo menos es inmoral.

Pues eso.
19 Marzo 2019 04:07:00
Ya no hay pretextos: se va Jorge Torres
Durante 35 días, del pasado 5 de febrero al 12 de marzo, el exgobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López, había logrado retrasar su extradición a Estados Unidos luego de ser arrestado en Puerto Vallarta por la Agencia de Investigación Criminal.

Sin embargo, la sentencia del 12 de marzo, dictada por el Juzgado Décimo de Distrito en Materia de Amparo Penal de la Ciudad de México, no impedirá su traslado a Texas para enfrentar los cargos por lavado de dinero contenidos en el caso 2:13-cr-1075 de la Corte para el Distrito Sur de Texas (a su otrora subordinado en el Gobierno del Estado, Javier Villarreal, se le sigue un procedimiento similar pero en la Corte para el Distrito Oeste).

A través del juicio de amparo 111/2019-V-A, promovido en su nombre por Carlota Llaguno (expresidenta del DIF Coahuila), su cónyuge, había reclamado “incomunicación”, “tortura y malos tratos”, y el asunto verdaderamente importante para su causa: la “extradición”. Que al respecto se le presentase un “informe justificado”.

Previamente a su detención había sido requerido por el Departamento de Justicia estadunidense como consta en el expediente 30/2018 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el cual contiene la extradición internacional pasiva que conoció la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Al Juzgado de Amparo le fue presentada copia certificada del referido expediente, comprobando su existencia, y la declaración del director del Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México, quien informó que “se determinó procedente declarar la detención formal con fines de extradición”.

Cabe señalar que todo el procedimiento se siguió al exmandatario estatal en el reclusorio, donde actualmente se encuentra interno desde el pasado 6 de febrero.

Y el 13 de marzo, finalmente, le fue notificado el veredicto personalmente: se sobresee su juicio. En este caso sobreseer significa que se archiva el expediente sin entrar al fondo del tema; se le pone fin y el juez se abstiene de analizar la presunta violación de garantías. No vale, por tanto, el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito.

Lo anterior significa que la Secretaría de Relaciones Exteriores puede proceder ya conforme a derecho. No hay pretextos al tratarse de un procedimiento simplificado.

Cortita y al pie

Con fecha 29 de octubre de 2013, la Corte para el Distrito Sur de Texas había ordenado la detención de Jorge Torres por los cargos de fraude bancario, fraude postal, fraude electrónico y lavado de dinero al comprobar que, entre octubre de 2007 y abril de 2008 –siendo él secretario de Finanzas del Estado– transfirió, en complicidad con Javier Villarreal –subsecretario de Planeación– 2 millones 762 mil 066 dólares desde sus cuentas en los bancos JP Morgan Chase, de Brownsville, e Inter National, de McAllen, a un paraíso fiscal en las islas Bermudas.

Como no pudo acreditar el origen legal del dinero, incurriendo incluso en falsedad de declaraciones, era buscado por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en 194 países.

Adicionalmente, el 17 de noviembre de 2014, le fueron decomisadas dos propiedades en Montgomery, Texas, adquiridas con recursos de procedencia ilícita.

Torres López había logrado permanecer prófugo durante 5 años, 3 meses y 7 días.

Sería una ironía que migrara en plan expedito hacia territorio texano del 18 al 22 de marzo, fechas en que se registraron los hechos conocidos como la matanza de Allende (2011), en los que siendo mandatario estatal tuvo responsabilidad por omisión de prestar auxilio.


La última y nos vamos

A otro exgobernador de Coahuila que también había solicitado un amparo en fecha reciente (17 de enero), Humberto Moreira, el 28 de febrero del presente año le fue sobreseído de igual forma el juicio 27/2019-I-A, pues el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Penal de la Ciudad de México consideró que no había necesidad de ampararle, ya que fue “restituido en el goce de los derechos fundamentales violados”.

Moreira se había quejado del director general de Procedimientos Internacionales de la Procuraduría General de la República, quien había omitido responder a sus preguntas formuladas por escrito el 12 de diciembre de 2018, mismas que entregó en la oficialía de partes.

Al rendir su informe justificado, el funcionario señalado “negó la existencia del acto que se le atribuye”, pues envió a Humberto la contestación solicitada el 29 de enero, mediante oficio DGPI/0331/19.

Desde entonces ya sabe lo que le
espera.
17 Marzo 2019 04:06:00
Saltillo, ¿la mejor ciudad ‘del mundo mundial’?
Si usted se detiene un momento a observar la publicidad oficial que genera el Ayuntamiento de Saltillo, particularmente durante los primeros tres meses del año en curso, llegará un punto en que se pregunte: ¿estamos hablando del mismo Saltillo, o acaso las pautas para medios de comunicación se traspapelaron y describen por error a Londres y Nueva York?

Por decirlo de alguna manera: hay disonancia cognitiva entre imagen institucional y realidad. No coinciden, pues.

Así, a juzgar por la información que produce la Presidencia Municipal, la capital de Coahuila es el referente de todo México; la mejor del país.

Cito algunos ejemplos en lo que va de 2019:

“Recolección de basura en Saltillo seguirá como el mejor del país” (enero 4).

“Continúa Saltillo en el top 3 de seguridad” (enero 16).

“Gobierno de Saltillo, el tercero más eficiente de México” (enero 20).

“Modelo de seguridad de Saltillo es referente nacional” (febrero 23).

“Saltillo es una potencia nacional en el deporte” (marzo 2).

“Saltillo, entre los 3 mejores para la programación de su presupuesto” (marzo 6).

Pero también, conforme avanza el calendario, se va ubicando en una trayectoria donde ya es potencia y modelo para el mundo.

Aquí algunas muestras para dimensionar:

“De nuevo Saltillo en la palestra internacional” (enero 14).

“Es Saltillo modelo internacional en limpieza” (marzo 2).

“Saltillo, una potencia para el mundo” (marzo 9).

“Saltillenses radicados en los Estados Unidos manifiestan su orgullo al ver que su tierra se consolida a nivel internacional” (marzo 10).

“Luminarias de primer mundo en todas sus colonias” (marzo 13).

El asunto de fondo es que si aplicamos una superficial –ni siquiera profunda– verificación de datos, estos no se sostienen.

Una cosa es el orgullo, la identidad, incluso el afecto por una ciudad; y otra muy distinta la autocomplacencia, el autoengaño y la demagogia.

El saltillense suele tener una imagen de sí mismo que no corresponde con la realidad. Pero es libre de pensar y creer lo que quiera. Un Gobierno, en cambio, está obligado a centrarse y aterrizarse por una simple razón: partir de un diagnóstico erróneo, o falso, no permite ejecutar políticas públicas efectivas. Ni siquiera es posible iniciarlas, mucho menos remediar problemas o fenómenos sociales.

Dicho de otra forma: el ciudadano puede ser subjetivo; la autoridad debe ser objetiva.

En su defensa podrán argumentar que se trata de mensajes motivacionales; un aliento a ser mejores y destacar allende las fronteras. Aunque se parezca mucho a la sociedad distópica de Un Mundo Feliz”, de Aldous Huxley.

Sin embargo la historia es cíclica y los pueblos que no tienen memoria están condenados a repetirla. Si bien es cierto que Manolo Jiménez no es el único alcalde contemporáneo que ha puesto en práctica esa “estrategia”, sí es quien más rápido ha desplegado un plan electoral, sistemático, de mensajes en serie. Camina independiente a la realidad. Y si los hechos no coinciden con la publicidad oficial –parafraseando a Hegel– peor para los hechos. A su lado Humberto Moreira luce como un estadista mesurado.

Cortita y al pie

Si tomamos como base su discurso público, el primer año de Administración, Manolo Jiménez hizo de Saltillo la mejor ciudad para vivir en México. En el primer trimestre de su segundo periodo de gestión, en cambio, va en camino de convertir a Saltillo en la ciudad más habitable del orbe.

Ojalá existan galaxias suficientes para compararnos el tercer y cuarto año.

La última y nos vamos

Al megalómano se le hace chico el mar para echarse un buche de agua. De acuerdo. Pero nosotros no tenemos la culpa.
14 Marzo 2019 04:06:00
La piedra que Olga Sánchez puso en Arteaga
El 18 de noviembre pasado la entonces propuesta para titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, visitó Arteaga como invitada especial para poner la primera piedra del edificio Derechos Humanos Siglo XXI de la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH).

Y sí, la puso, se fotografiaron con ella los políticos locales, y se fue con carpetas de peticiones bajo el brazo. Hasta aquí no habría materia periodística de no ser porque dicho inmueble, en los hechos y en los documentos, es una obra fantasma.

La Coordinación General de Administración Patrimonial de la Universidad Autónoma de Coahuila, nave nodriza de la AIDH, a través del oficio CGAPS/391/2018 respondió a quien esto escribe que “no se tiene información respecto a que se hayan realizado proyectos y obra para el edificio”, y solamente “se cuenta con un proyecto ejecutivo que fue realizado por el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (Icifed)”.

Asimismo reveló un dato interesante: “quien se encargará de bajar (sic) los recursos para la ejecución de la obra será el Gobierno del Estado de Coahuila”.

La Secretaría de Finanzas, consultada por separado, afirmó que no habrá presupuesto para 2019 ya que no se realizaron gestiones ante la Federación en ese sentido; y el Icifed, por su parte, manifestó el 15 de enero que ni siquiera está terminado el proyecto ejecutivo (denominado “Centro de Jurisprudencia Siglo XXI”, y encargado por Luis Efrén Ríos en 2016, antes de ser depuesto como director de la Facultad de Jurisprudencia), ya que “se encuentra en proceso de revisión y actualización”.

En resumen: no existe como tal, ni existirá por lo menos este año.

¿Cuál era la urgencia del grupo en el poder, entonces, por fotografiarse codo a codo con la hoy secretaria de Gobernación? ¿Sabrá esta lo que vino a legitimar con su presencia en la entidad? No en vano el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, más avezado, durante su última visita al estado ni se despidió de ellos ni pisó territorio civil en Saltillo. Ni siquiera para ir al baño.

Ahora bien, por qué el Gobierno del Estado debería estar obligado a gestionar recursos federales para un tercero, en este caso la AIDH, que forma parte de una universidad en el papel autónoma, cuando, por atribuciones, debería ser la UAdeC quien lo haga.

Cabe señalar que en la congeladora legislativa reposa un punto de acuerdo presentado por el diputado Marcelo Torres el 4 de diciembre, respecto al “impacto negativo” que causa el presupuesto asignado a la AIDH en los recursos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la UAdeC (al contar ésta última ya con una Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios). El asunto de fondo es la duplicidad de funciones. En el Congreso del Estado también se le señaló por ostentarse como un organismo autónomo dentro de otro organismo autónomo.

Cortita y al pie

Y no es la primera ocasión en que un tentativo inmueble para la AIDH genera controversia.

De acuerdo con el documento SEFIN/UT/658/2017 de la Secretaría de Finanzas, en actas del Comité Técnico del Impuesto Sobre Nómina consta que habían etiquetado para el hipotético edificio 160 millones de pesos en el Programa de Inversión 2016-2017 Sureste.

La última y nos vamos

El caso es que, sin controles ni jerarquías, la AIDH se ha blindado como un suprapoder muy oneroso.

Cito un ejemplo: en una partida especial contenida en el Artículo 40 del Presupuesto de Egresos de Coahuila para 2019, le otorgan 39 millones 590 mil pesos para gastar. Y lo anterior es posible pues el Artículo 26 de la Ley de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, aprobada el 28 de agosto de 2017, contiene una ventajosa cláusula que implica una orden para el gobernador en turno: “para cada ejercicio fiscal, el Ejecutivo del Estado incluirá de manera irreductible en el presupuesto que se conviene para la Universidad Autónoma de Coahuila para cada año, la partida especial y adicional que le corresponda a la Academia IDH para garantizar su organización y funcionamiento conforme a esta ley”.

La Chalupa y buenas.
12 Marzo 2019 04:09:00
¿Dónde quedaron 641 millones de pesos en ‘asesorías’?
Arrancarle información (pública, por lo demás) a la Secretaría de Finanzas en Coahuila no es tarea fácil. A sabiendas que cada solicitud es un camino largo y sinuoso, desde noviembre de 2018 quien esto escribe requirió vía transparencia el monto de los pagos por “asesorías” que hasta entonces había realizado el Gobierno del Estado por adjudicación directa, especificando qué áreas de la Administración fueron consideradas y quiénes los prestadores de servicios favorecidos. Lo básico, pues.

El tema no es menor si tomamos en cuenta que originalmente habían sido presupuestados 33.2 millones de pesos en ese rubro para 2018, y lo ejercido de acuerdo con el avance de la cuenta pública en el cuarto trimestre fueron 652 millones 945 mil pesos. Ese aumento exponencial, justo es decirlo, equivale a 20 veces más de lo aprobado en el Presupuesto de Egresos.

Para dimensionar el derroche del año anterior: en 2019 la Administración estatal ‘sólo’ gastará 154 millones 362 mil 775 pesos en “asesorías”.

Como la rendición de cuentas en el estado es un asunto kafkiano, fui citado en Finanzas el último día laboral del año pasado para revisar 10 mil fojas donde, a juicio de la Subsecretaría de Egresos y Administración, descansaban los comprobantes de pago por “asesorías” (también conocidas como “servicios profesionales, científicos, técnicos y otros”) a personas físicas y morales.

Y debía comparecer a una hora determinada ya que mi pregunta “implica la revisión de un gran número de documentos”, de lo contrario la Secretaría “se vería en la necesidad de destinar recursos humanos y/o económicos para su revisión e integración, viéndose sobrepasada en sus capacidades humanas, técnicas y presupuestales, toda vez que esta dependencia tendría que destinar a una persona única y exclusivamente para trabajar en la revisión de los documentos en donde se contiene la información solicitada para posteriormente procesarla e integrarla de la manera en que lo requiere el solicitante, entorpeciendo sus labores diarias” (SEFIN/UT/1122/2018).

No hay que perder de vista el verbo utilizado, “entorpecer”, ni tampoco el trasfondo del caso: la transparencia representa para ellos una dificultad y un obstáculo. A su vez la Secretaría de Finanzas, pese a contar con 536 servidores públicos (según su directorio, actualizado al 31 de diciembre) es tan frágil que una simple solicitud de información implica que “sobrepasen sus capacidades”. Es la gota que derrama el vaso.

Por otro lado, mediante el oficio SEFIN/UT/1113/2018, la misma dependencia envió a quien eso escribe una liga de internet (inservible, por lo demás) para acceder a información “disponible de manera sistematizada” que sencillamente conducía a ninguna parte, como se ha hecho costumbre en su actuar. Dicha respuesta nugatoria motivó a interponer un recurso de revisión ante el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, quien me concedió la razón y les obligó a entregar la respuesta en los términos que fue solicitada.

Así, a través del oficio SEFIN/UT/241/2019 con fecha 18 de febrero de 2019, no tuvo más remedio que responder finalmente que por concepto de “asesorías” en 2018 la Secretaría de Educación ejerció 3 millones 688 mil 499 pesos, la Secretaría de Gobierno 2 millones 088 mil, y la Secretaría de Finanzas 5 millones 573 mil 800.

Nada más.

Cortita y al pie

La suma de lo erogado entre las tres dependencias del Ejecutivo, por tanto, asciende a 11 millones 350 mil pesos. Esto, cabe señalar, se trata de información de carácter oficial y aquí viene lo interesante: eso significa que, en realidad, sólo gastaron una tercera parte de lo etiquetado inicialmente (33.2 millones).

¿Dónde quedaron, entonces, los otros 641 millones 595 mil pesos de diferencia que reportaron –irónicamente– también de manera oficial?

No cuadran sus propias cifras, y no son precisamente cacahuates.

La última y nos vamos

A partir de hoy, y todos los martes, jueves y domingos, la columna “Mosaico de Egos” se publicará en las ediciones de Grupo Zócalo (Saltillo, Piedras Negras, Monclova y Ciudad Acuña).

Agradezco el espacio editorial a su presidente y director general, Francisco Juaristi Santos, y especialmente a usted, de antemano, el contar con su lectura.

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