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Jorge Castañeda
Jorge Castañeda
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02 Octubre 2017 04:08:00
Banderazo a las candidaturas independientes
En los próximos días se cierra el plazo para registrar candidaturas independientes o sin partido a los múltiples cargos de elección federal en disputa el año entrante. Las fechas para las elecciones estatales, incluyendo 9 gubernaturas, entre ellas la de la Ciudad de México, varían pero no se alejan demasiado de las federales. De suerte que ya dispondremos, muy pronto, de las respuestas a varias interrogantes.

Primero: ¿Cuántos ciudadanos intentarán obtener las firmas necesarias para figurar en la boleta en 2018? Tomando en cuenta las diferencias entre 2015, 2016 y 2018 (más elecciones, más polarización, mayor participación, mayor tiempo transcurrido desde la legalización de las candidaturas sin partido) ¿serán más o menos que en los años anteriores y pertinentes (2017 fue atípico)? De ser mayor el número, proporcionalmente hablando, podremos decir que la figura comienza a calar en la sociedad civil mexicana, como la única fórmula para hacer política electoral fuera de los partidos (las iniciativas populares en su forma actual no funcionan). De no serlo, habrá que concluir que el descrédito de la política se extiende más allá del ámbito de los partidos. También empezaremos a comprender si la “app” del INE, que permite el casi equivalente de una firma electrónica, facilita la recopilación de firmas, o la
obstaculiza.

Otra pregunta importante consistirá en el cargo para el cual se postulen más candidatos independientes. Los partidarios de esta figura siempre sostuvimos que era a nivel municipal, o distrital, donde las candidaturas de esta índole encerraban mayor sentido. A esa escala, la gente conoce a la gente: al médico, al profesor, al cura en su caso, al profesionista, al empresario, o al activista. El número de firmas, sin dejar de ser leonino, es alcanzable, y resulta más factible la difusión de ideas y características, careciendo de acceso a los medios masivos de comunicación. Es la historia de Pedro Kumamoto en Zapopan, de Alfonso Martínez en Morelia y de Manuel Clouthier en Culiacán. Se juegan un gran número de presidencias municipales trascendentes el año entrante, además de los 300 distritos de mayoría relativa. En pocos días sabremos.

Asimismo, veremos si el poco éxito –por lo menos frente a las expectativas– de las candidaturas independientes en 2017 desa-lienta o no a diversos aspirantes a cargos ejecutivos o legislativos del Senado. Hay un premio para el Senado: por la vía de primera minoría, puede ser más fácil ganar que una diputación uninominal. Supongo que ese es el cálculo de Kumamoto en Jalisco. Para las alcaldías de la capital del país, o para los nueve gubernaturas, tal vez no proliferen las independientes, aunque en la Ciudad de México, después de la movilización pos-sismo, es posible que la tentación –y la realidad– de captar el mismo entusiasmo por la acción solidaria y el mismo hartazgo con los partidos induzca a ciudadanos de a pie a presentarse. El problema sería el tiempo.

Por último, habrá el tema de los aspirantes presidenciales sin partido. Llegó la fecha fatídica para decidir (no para recaudar el millón y pico de firmas necesarias, tomando en cuenta la merma inevitable). Pedro Ferriz ya lo hizo; le deseo la mejor de las suertes, ya que fue el primero en arrancar, con mucho valor y mostrando mucha perseverancia. Doy por descontado que Armando Ríos Piter también lo hará en el transcurso de la semana, y desde luego cuenta con todo mi apoyo para juntar firmas y recursos. Emilio Álvarez Icaza declaró hace tiempo que sólo buscaría aparecer en la boleta si para agosto juntaba 80 mil firmas de apoyo –sin valor jurídico–, pero no he sabido si en efecto las reunió y si va a presentarse en el INE esta semana.

Y luego tenemos a Jaime Rodríguez, quien deberá resolver un dilema propio y otro que se le plantee al INE. Ha recorrido el país durante los fines de semana desde hace un año, tiene un nivel de reconocimiento adecuado, aunque estable, cuenta con los recursos del Gobierno del Estado de Nuevo León, por lo menos para las firmas, y nadie duda de su ambición. Pero lanzarse por las firmas es lanzarse para la elección, porque con toda seguridad las podrá conseguir. ¿Estará dispuesto a renunciar a la Gubernatura para jugar una candidatura presidencial que en las encuestas hoy no supera los 5%? O el INE aceptará que busque firmas, incluyendo en su propio estado, siendo Gobernador en funciones? ¿Se vale que el Gobernador le pida su firma a un empleado en el Gobierno que encabeza? ¿O el PRI y sus votos en el Consejo del INE y en el Tribunal ni siquiera lo plantearán como pregunta?

Esta semana se despejarán las dudas citadas, y otras más. Nadie sabe para quien trabaja, pero albergo la satisfacción de haber trabajado para una idea que hoy se vuelve realidad. No siempre
sucede.
19 Octubre 2018 04:02:00
La caravana hondureña de López Obrador
Las crisis políticas, económico-financieras, diplomáticas o militares no se producen cuando los hombres las desean o las esperan. Suceden con un grado de imprevisibilidad incalculable, sobre todo en un mundo “globalizado”, donde lo que afecta a unos repercute en otros.

Por lo menos desde el verano de 2014, México enfrenta el desafío de las consecuencias políticas internas en Estados Unidos de la migración centroamericana. Esta transita por territorio mexicano, llega a nuestra frontera e ingresa a Estados Unidos. Lo hace en familia, con menores no acompañados, solicitando asilo o intentando internarse a Estados Unidos sin papeles.

Muchos llegan a padecer abusos inenarrables por parte de autoridades y criminales mexicanos (a veces son lo mismo). Otros realizan la travesía resguardados por polleros sin escrúpulos salvo la ley del negocio: quedar bien con el cliente. Desde entonces, y en realidad, a partir de mediados de los años 80, cuando comienza la migración –en esa época detonada por las guerras en Centroamérica– del Triángulo del Norte a Estados Unidos,
Washington ha presionado a sucesivos gobiernos de México para que le hagan el trabajo sucio. Cada uno ha respondido a su manera: resistiéndose; accediendo, pero insistiendo que es por intereses propios; accediendo sin chistar. Hoy la crisis le toca a López Obrador.

Desde que se suspendió la postura de cero tolerancia de Trump hace tres meses y cesó la separación de las familias centroamericanas del lado norte de la frontera, se ha incrementado dramáticamente el éxodo hondureño y guatemalteco, y en menor medida salvadoreño. Septiembre fue el mes del mayor número de detenciones de centroamericanos en la frontera sur de Estados Unidos en la historia.

El volumen ha rebasado la capacidad de alojamiento, procesamiento, alimentación etc. La única solución, de nuevo, es que México haga el trabajo sucio, en la frontera sur de ser posible; si no, en la norte, al impedir allí que los centroamericanos lleguen a los puntos de cruce con Estados Unidos. Es la misma historia de siempre, pero diferente.

Por tres motivos. En primer lugar, porque las cifras son más elevadas, o por lo menos eso dicen las autoridades norteamericanas. En segundo término, porque ya se dio el nuevo TLCAN, y todo indica que, por lo menos en la mente de Trump, sí hubo un quid pro quo: acuerdo y firma en los tiempos de México a cambio de apoyo en materia de drogas y migrantes. Tercero, porque estamos en pleno periodo electoral, al igual que con Obama en el verano de 2014. Y, por último, porque se trata de ver cómo reacciona un nuevo gobierno de México, que al final del día será quien tome la decisión sobre esta caravana y todas las que sigan, nutridas o ralitas.

A eso viene a México el secretario Pompeo, y a eso ha viajado a Washington en múltiples ocasiones el nuevo secretario de Relaciones de López Obrador. Lo que no sabemos es cuál será el desenlace en estos días, y ya en diciembre. Si hubo ese quid pro quo, AMLO lo suscribió; tendrá que cumplir. Si no entendió de qué se trataba, ahora va a entender. Porque de nuevo, se trata de un tema binario, de esos que repugnan a los políticos mexicanos tradicionales. O entran los hondureños a México, o no. Los que entren, aunque se ubiquen en campos de refugiados de ACNUR, buscarán como seguir encaminándose a Estados Unidos. Y Trump sí va a verse obligado a hacer algo en su frontera, porque el tema enardece a sus
bases, y lo obsesiona a él.

¿Es casualidad la caravana hondureña ahora? ¿Puede desentenderse AMLO hasta dentro de seis semanas? Da más o menos lo mismo. Es su asunto, los centroamericanos allí están y van a seguir llegando, y Trump va a seguir exigiendo que hagamos el trabajo sucio. Uno puede esperar por lo menos que el ala izquierda de la 4-T ya esté dirigiéndose a Tapachula para recibir a los hondureños, e impedir que la Policía Federal impida su ingreso. ¿O de qué lado está la 4-T?
17 Octubre 2018 04:03:00
El discurso del método (de AMLO, no de Descartes)
A diferencia de muchos de mis colegas en la comentocracia, no me parece tan mala la idea de López Obrador de recurrir a una consulta (“whatever that means”) y a una encuesta (aún no definida) para decidir qué hacer con el nuevo aeropuerto. Los detalles –quién las pagará; el peso respectivo de cada ejercicio; el carácter vinculante de la consulta en ausencia de todos los datos pertinentes– pierden peso ante la magnitud del tema.

Sí se trata de una inversión gigantesca, probablemente muy superior a la prevista hoy y de cualquier obra pública de la historia de México. Sí compromete al país y a sus sucesivos gobiernos por un tiempo prolongado, de nuevo, en cualquiera de las opciones que se escoja. Sí será examinada con lupa la decisión por inversionistas y calificadoras como la primera señal no retórica de AMLO en materia económica, por los menos de manera indirecta. Y sí reviste una importancia simbólica para las bases radicales de Morena, desde los macheteros de Atenco hasta el ingeniero Riobóo. El asunto no es menor.

Por eso, contar con un par de instrumentos que permitan sondear el estado de la opinión tanto de los partidarios de López Obrador (en los hechos, la consulta) como de la sociedad en general (a través de la encuesta), puede resultar útil. Le sirve a AMLO ya sea para blindarse ante una determinación a favor de Texcoco, que será repudiada por sus bases, ya sea a favor de Santa Lucía, Benito Juárez y Toluca, que será fuertemente criticada por el empresariado, los llamados mercados, y buena parte de la intelectualidad. Incluso le permite lo que seguramente más le complacería: posponer las decisiones difíciles. Puede utilizar un resultado dividido –como en el box– para pedir más estudios, echar a andar los inevitables y enésimos parches de AICM y Toluca, y seguir buscando quién se haga cargo de Texcoco si no lo ha encontrado aún.

En muchos países –más bien a nivel municipal o de estados o regiones en sistemas federalistas– se recurre a una votación para optar o rechazar una obra pública. En general se utiliza la figura de un bono emitido en los mercados por la entidad, y se le consulta a la ciudadanía su disposición a pagar los intereses del mismo mediante impuestos. La participación electoral suele ser baja en estos casos, pero reveladora del estado de ánimo de la población.

El problema de López Obrador ante el aeropuerto no reside entonces, en mi opinión, en el método que ha seleccionado para resolver el dilema que él mismo creó en su campaña. Estriba más bien en privilegiar el método sobre la sustancia, es decir, la decisión misma. Al no tomar partido, muestra su habilidad política si le sale bien la maniobra, pero también su desinterés o desprecio por el fondo de los asuntos de políticas públicas. Es una abdicación de responsabilidad. Ante quienes piden, con sensatez, que se suspenda la crítica hasta que empiece a gobernar, se les puede responder que junto con la designación de su gabinete, esta es la primera decisión de gobierno del nuevo presidente. Se vuelve extraño, por no decir surrealista, que no sepamos entonces qué piensa el que tomará al final de cuentas esa decisión.

La pregunta salta a la vista: una vez que el pueblo decida ¿AMLO va a salir a explicar, defender y promover la decisión del pueblo, cualquiera que esta sea? ¿O también va dejar el asunto en manos de sus colaboradores –divididos– o del pueblo, nuevamente?
15 Octubre 2018 04:03:00
La mariguana de Canadá y de AMLO
El miércoles 17 de octubre –pasado mañana– entra en vigor en Canadá la plena legalización del uso recreativo o lúdico de la mariguana. Detalles más, detalles menos, tanto a nivel federal como en cada provincia, será legal la producción, la distribución y el consumo de cannabis. Junto con Uruguay, nuestro socio en el llamado TLCAN 2.0 se convertirá en el otro país que procedió de esa manera. Otras naciones, como Holanda y Portugal, así como regiones o estados en diversos países (California, Cataluña, Madrid) han actuado de manera análoga.

La reacción de Estados Unidos va a resultar interesante por varios motivos. En primer lugar, veremos cómo reacciona Trump en las oficinas de la ONU en Viena (UNODC), y en particular ante la Junta de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). Puede, como Obama en el caso de Uruguay, aceptar tácitamente una interpretación amplia de las convenciones internacionales que rigen el funcionamiento de la JIFE y de la UNODC.

A la inversa, la tentación de “castigar” a Justin Trudeau y a su país, a quienes ya ha demostrado que les guarda escaso cariño,  puede resultar irresistible. Algunos se preguntarán, en todo caso ¿y a nosotros, los mexicanos, qué diablos nos importa? Mucho, por varias razones. La primera proviene de la demostración palmaria del costo que pagamos los mexicanos por la absurda postura de Peña Nieto de negarse a cualquier avance en materia de legalización.

Por conservadurismo personal, por desidia, por el provincianismo que le impidió entender lo que sucedía en la región, nos quedamos muy atrás. Hoy Canadá y tres de los cuatro estados fronterizos con México de la Unión Americana autorizan el uso de la mariguana recreativa.

Nosotros no, pero seguimos mandando tropa a la sierra a quemar sembradíos; seguimos deteniendo “trailers” en las carreteras; y seguimos buscando “chapotúneles” en Tijuana, todo ello con el único propósito de cumplir con antiguos e inconfesables compromisos con Washington. Muy amigos de los socios de USMECA, pero diferentes.

La segunda razón se refiere a la actitud de Washington frente a la posibilidad de que el nuevo gobierno de México avance hacia la legalización de la mariguana y del cultivo de amapola para producción de heroína y morfina médicas. Como ya he escrito en este espacio, han proliferado en tiempos recientes los integrantes del Gobierno entrante y saliente que se han manifestado a favor. Hasta López Obrador externó una opinión si no favorable, por lo menos abierta, con las ambigüedades y los  eufemismos propios de todo político mexicano tradicional.

Pero en el conjunto de contactos que sus colaboradores han sostenido con la gente de Trump, estos seguramente han compartido con los de AMLO su punto de vista al respecto. Con Canadá ya no será secreto el contenido de esos intercambios. Ni podrá ser muy distinta la respuesta a Canadá que a México.

Sé que muchos esgrimen escepticismo, pero sí creo que se amarraron acuerdos secretos entre Peña Nieto, AMLO y Trump en varios ámbitos en torno al nuevo acuerdo comercial. Sospecho que las drogas, y la continuación de la guerra y de la estrategia que el propio AMLO ha tildado de fracaso, constituyen un capítulo fundamental de ese entendimiento. Aunque sólo fuera por eso, estoy cada día más convencido de que el nuevo régimen va a decepcionar a todos aquellos que esperan legalización, cultivo, pacificación y recambio de estrategia. No va a suceder nada de eso. En gran parte, por los compromisos con Trump.

Pero en alguna medida también por la distancia creciente entre la impresión que da el nuevo equipo de no saber lo que quiere, y los enormes retos que enfrenta. Por una gran cantidad de motivos, México ha vivido desde 1994 bajo el fuego cruzado de dos curvas invertidas.

Cada sexenio nos toca un presidente con menos mundo, o más rupestre, que el anterior. Cada sexenio, el país es más sensible a un mundo más complejo. AMLO y México en 2018 confirman ambas tendencias.
12 Octubre 2018 04:02:00
La fuerza civil de AMLO
Conforme se acerca la toma de posesión del nuevo Gobierno, las definiciones y confusiones del equipo de transición van apareciendo con mayor nitidez. Hay temas cuya trascendencia y curva de aprendizaje son tan complejas y largas, que uno esperaría mayor precisión a un mes y medio del cambio. El tema de seguridad es el más evidente.

No se necesita ser un experto en la materia para entender que la propuesta de AMLO de reclutar a 50 mil nuevos efectivos del Ejército, la Marina y la Policía Federal, es incompatible con la de Alfonso Durazo y de Carlos Urzúa, de mantener exactamente igual, o en términos reales, el presupuesto de seguridad del 2019. Es decir 0.9 del PIB, una cantidad irrisoria y mucho menor que la de varios países de América Latina. Se puede hacer lo uno o lo otro, pero es imposible hacer ambas cosas a la vez. Conviene entonces tratar de desenmarañar la contradicción.

Desde hace 15 años he sostenido que las policías municipales y estatales en México no tienen remedio, con muy contadas excepciones. Que si algún día el país quiere contar con una fuerza civil que pueda realmente brindarle a la sociedad la seguridad que demanda y que merece, sólo se puede hacer a través de una policía nacional única, con un código penal único, y borrando la diferencia entre delitos del fuero federal y del fuero común, y eliminando los contingentes por municipio y por estado. Han pasado 15 años y no ha habido absolutamente ninguna mejora en la competencia, probidad, formación o salarios de los policías municipales y estatales, Una policía nacional única cuesta más y debería tener, por lo menos, entre 300 y 350 mil efectivos.

A su manera lo entendieron Zedillo, Fox y Calderón, pero al segundo el secretario de Hacienda le prohibió aumentar el número de integrantes de la entonces Policía Federal Preventiva, creada por Zedillo; y Calderón sí triplicó sus dimensiones, pero lo hizo dejándola en manos de un personaje no sólo siniestro sino corrupto e incompetente, de nombre Genaro García Luna. Peña Nieto le entrega a López Obrador una policía federal grosso modo del mismo tamaño que recibió de Calderón. La famosa gendarmería, o la ampliación de la PF, nunca se dio más que en cantidades mínimas.

Cuando López Obrador propone “reclutar” (es el término que él usó) a 50 mil jóvenes para expandir las filas del Ejército, la Marina y la PF, tiene toda la razón.

Pero tendría que presentarnos pronto respuestas a varias preguntas. En primer lugar, ¿cuánto tiempo va a durar la formación de dichos policías? ¿los seis meses que, en teoría, recibieron los reclutas de Calderón? ¿Tres meses como sucede en muchas entidades federativas? ¿Un año que parece ser el mínimo razonable para realmente poder cerciorarse de que los nuevos efectivos son competentes, honestos y
sobrevivientes? En segundo lugar ¿Quién los va a formar? ¿El Ejército? ¿La Marina? (¿quizás con mayor capacidad profesional que sus homólogos vestidos de verde?) ¿Algún gobierno extranjero que mande un número importante de instructores a México? ¿De qué países se trata?

En tercer lugar ¿En dónde los van a formar? ¿En la Academia de San Luis Potosí? ¿En otros países? ¿Todos de una vez? ¿Escalonados a lo largo de dos, tres o seis años?

No es posible adelantar en esta propuesta –insisto: sensata e inteligente– sin respuestas. Y desde luego falta la pregunta más importante y la madre de todas las respuestas: ¿De dónde va a venir el dinero? Si el presupuesto de seguridad va a permanecer igual; si no se proyecta duplicar o triplicarlo a lo largo del sexenio que ya empieza; si no se establece un impuesto especial –como se hizo en Colombia– para financiar un gasto de verdadera emergencia; si no se le habla con la verdad a la sociedad mexicana explicándole de qué se trata, es imposible el reclutamiento de esos 50 mil jóvenes.

Porque además el costo, que algunos han estimado en hasta 25 mil millones de pesos depende de lo que se les vaya a pagar. La experiencia de la fuerza civil en Nuevo León no es necesariamente alentadora, en cuanto a que el pago, que sí fue superior al anterior y al de otros estados, de todas maneras parece no haber sido suficiente ni para atraer a oriundos de ese estado a incorporarse a ese contingente, ni para permanecer en él. Y tampoco fue suficiente la contribución puntual y especial del gran empresariado regiomontano para seguir incrementando el número de efectivos de la fuerza civil. ¿25 mil millones? Tal vez, pero a condición de que sepamos cuáles son las respuestas a todas estas preguntas.
08 Octubre 2018 04:00:00
La amapola del general Cienfuegos
Nunca he sido un gran admirador del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, ni del papel de las Fuerzas Armadas en la guerra contra las drogas. Fue un error haber lanzado al Ejército a esta guerra absurda, con el pretexto que Lázaro Cárdenas, entonces gobernador de Michoacán, solicitó la intervención de los militares al presidente Felipe Calderón. Llevo más de 10 años buscando una huella directa, pública y explícita de dicha solicitud, y no la encuentro. Quizás ahora con sus nuevas responsabilidades Cárdenas Batel nos aclare el tema.

Pero Cienfuegos hizo anteayer una declaración de enorme trascendencia, aunque ya vaya de salida del cargo, al inaugurar un cuartel en Guerrero. Según Reforma y la agencia Reuters, Cienfuegos dijo: “Ya está en la mesa (la propuesta de la legalización del cultivo de la amapola para fines medicinales). Creo que puede ser una salida. Habrá que ver cómo se atendería la seguridad de los campesinos que ya no la van a vender a los delincuentes sino al Gobierno para hacer la morfina...”. Que el titular de la Sedena afirme lo que muchos hemos propuesto desde hace años es lo mejor que le he escuchado al gobierno de Peña Nieto.

No hay comparación posible entre la aceptación o apoyo del Ejército (y Cienfuegos es el jefe operativo del mismo) a la legalización del cultivo de la amapola, y la multitud de opiniones de expertos, comentócratas, expresidentes o académicos. Constituye un cambio de 180 grados en la postura pública de los militares, y de alguien que seguramente influirá en la designación de su sucesor, que no tendría por qué enarbolar una posición diferente.

Se ha explicado en varias ocasiones cómo la amapola, de la cual se derivan tanto la morfina como el opio y la heroína, puede ser cultivada legalmente, incluso dentro del régimen de Naciones Unidas y la Junta de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en Viena. Es un proceso largo y complejo, que han recorrido países como Francia y Turquía (entre muchos otros), y que encierra una opción unilateral.

En principio, si México no pretende vender la materia prima a Estados Unidos para su procesamiento y distribución a través de las grandes empresas farmacéuticas, puede producir morfina localmente y consumirla también dentro del país. Somos deficitarios en la producción de este tipo de analgésicos, además de que siempre faltan en los hospitales públicos para aliviar dolores extremos de pacientes terminales o que padecieron cirugías o accidentes graves. Hemos llegado al absurdo: exportamos heroína ilegalmente, e importamos morfina legalmente, cuando ambas provienen de la misma sustancia que se cultiva extensamente en México.

Estados Unidos ya ha aceptado interpretaciones múltiples de las Convenciones de Drogas y del mandato de la JIFE. Esto no significa, sin embargo, que Trump lo hará hoy, en plena crisis de opioides, y con México.

Por otra parte, una cosa es lo que diga Cienfuegos, insisto, ya de salida, y otra la que decide Andrés Manuel López Obrador. Varios colaboradores suyos han insinuado o, como Olga Sánchez Cordero, claramente expresado, que coinciden con la idea de la legalización de la amapola para fines médicos. Pero seguimos sin saber qué piensa AMLO, y menos aún si mantener la misma postura antidrogas fue uno de los acuerdos secretos no comerciales del USMCA, y que AMLO suscribió.

Hay que felicitar al general secretario –honor a quien honor merece– pero no hacernos ilusiones hasta el 1 de diciembre. Si AMLO abandona la guerra y legaliza, su sexenio ya en sí habrá valido la pena.
05 Octubre 2018 04:00:00
¿Es verdad la Comisión de la Verdad?
Varios próximos colaboradores de López Obrador han declarado en días, semanas y meses pasados que el nuevo gobierno creará una Comisión de la Verdad para investigar el caso de Ayotzinapa. Ahora, Loretta Ortiz, coordinadora nacional de los Foros de la Paz y la Reconstrucción, anuncia la creación de una Fiscalía para la Paz, así como un nuevo Sistema Integral para la Justicia, Verdad, Garantía de no Repetición y Reparación a las Víctimas (todo con mayúsculas).  Incluirá una Comisión de Investigación y un Tribunal Penal para la Paz (también con mayúsculas). Según Reforma, la Fiscalía “atenderá los crímenes más graves durante el próximo Gobierno federal”.

No tengo más remedio que aplaudir la Comisión de la Verdad. Luché por ello, con un éxito mediano, durante el gobierno de Fox, y junto con Agustín Basave y Santiago Creel, logré convencer a Ricardo Anaya de que incorporara la idea a su programa, sin que recibiera la prioridad o la resonancia deseables. Siempre he sido partidario del surgimiento en México de instituciones investigativas ad hoc, ya que pienso que las que tenemos no sirven de mucho para estos temas. Ni investigan, ni castigan, ni perdonan. Por lo tanto, el propósito de AMLO de seguir este camino me parece correcto y encomiable.

Tampoco me parece mal toda la parafernalia que se anuncia alrededor de la Comisión de la Verdad. De una manera u otra, todas las comisiones de esta naturaleza, en otros países y otros momentos, abarcan fiscalías o la facultad de ejercicio de la acción penal, tribunales especiales, e instrumentos de reparación del daño. Es excesivo, pero no es grave, ni empaña la idea original.

Sí la empañan dos atributos contradictorios. ¿Será solo para Ayotzinapa? ¿O también para Tanhuato, Tlatlaya, Apatzingán, Nochixtlán, etc.? ¿Abordará también la tragedia de los 40 mil desaparecidos y los 240 mil muertos de Calderón y de Peña Nieto? ¿Será solo para violaciones a derechos humanos, o también para actos de corrupción? Si, como todo lo indica, se trata de un instrumento de la llamada justicia transicional únicamente para los desaparecidos en Iguala, sin menospreciar la importancia de estos, se volverá rápidamente un engaño más, una simulación más, una mexicanada más.

Segundo dilema: cuando Loretta Ortiz dice que atenderá los “crímenes más graves durante el próximo Gobierno federal” ¿debemos entender que no mirará hacia atrás, salvo en el caso de Ayotzinapa? ¿Acaso significa que nada del pasado será investigado por estas creaciones nuevas y audaces? De ser así, los inconvenientes y las contradicciones inherentes en cualquier comisión de la verdad opacarán por completo su utilidad, que será casi nula. Si nos remitimos a las declaraciones de AMLO sobre chivos expiatorios, indultos y la necesidad de mirar solo hacia adelante, todo sugiere que así será: un vehículo sin reversa, sin retrovisores, sin memoria ni gasolina (o electricidad).

En ese caso, se tratará de una nueva oportunidad perdida, de un nuevo proceso perverso como los de Peña Nieto. Este se pintó solo en su talento para asumir buenas ideas y echarlas a perder por mil y una razones. La Comisión de la Verdad de López Obrador se acerca mucho a los desperdicios de Peña Nieto. Lástima.
03 Octubre 2018 04:02:00
USMCA: dos dudas
De acuerdo con la mayoría de los analistas, tanto en México como en Estados Unidos, el acuerdo alcanzado entre los tres países sobre un nuevo TLCAN es bueno para México. En dicha perspectiva se coteja, con bastante razón, el resultado final con cualquiera de las posibilidades contempladas hace casi dos años, cuando fue electo Trump. Este último no abandonó el TLC; Canadá no quedó fuera; muchas de las exigencias norteamericanas permanecieron en el tintero. Se trata de un logro importante para el equipo de Peña Nieto, y no tiene sentido regateárselo.

Lo cual no impide formular preguntas al respecto. Por mi parte tengo dos, no sobre el detalle del contenido del acuerdo, que iremos conociendo sobre la marcha, y que puede incluir sorpresas. Una se refiere a la posibilidad de otros acuerdos, aún no divulgados, con Estados Unidos. Otra abarca el tema de la política macroeconómica de la cual el viejo TLCAN fue a la vez el símbolo, la camisa de fuerza y la piedra de toque (Lenin).

Según El Universal, Trump declaró el lunes que “la seguridad fronteriza y la construcción del muro fue un ‘factor’ importante en la renegociación del TLCAN... Fue una gran parte, y se llegó a ciertas cosas, ciertos entendimientos. Aunque al mismo tiempo, tampoco queremos mezclar demasiado”. Expresó algo parecido el 27 de agosto, cuando se hizo público el acuerdo bilateral.

Esta parte no fue citada en otros medios, pero corresponde al audio de su declaración. Es innegable que el presidente de Estados Unidos dice cualquier cosa, presume de todo, y es perfectamente capaz de convertir un intercambio informal con Peña Nieto, o con Videgaray, en un acuerdo formal.

No obstante, surgen varios motivos para no desechar la versión de Trump. El secretario de Relaciones Exteriores, de acuerdo con versiones públicas de corresponsales mexicanos en Washington, ha viajado más de una docena de veces a la capital norteamericana desde la primavera. Las negociaciones estrictamente comerciales, en manos de la Secretaría de Economía, no ameritaban tal frecuencia. Los medios estadunidenses han publicado varios artículos sobre lo que Trump le ha pedido a México, desde un acuerdo de Tercer País Seguro en materia de migración centroamericana, hasta el ofrecimiento de 20 millones de dólares para financiar la deportación de extranjeros en territorio mexicano. En cuanto a drogas, ya vimos cómo México se sumó a un llamado aberrante, punitivo y prohibicionista del mismo Trump en la ONU la semana pasada, que contradice todo lo que ha dicho Peña desde hace meses y, sobre todo, lo que ha manifestado el equipo de López Obrador.

En segundo lugar, conviene recordar que el verdadero motivo del TLC original consistió en “blindar” la política macroeconómica de México contra retrocesos, vaivenes o francas desviaciones.

Siempre fue visto como una camisa de fuerza: para bien, según muchos; para mal, según otros, que consideraban que el acuerdo de 1994 condenaba a México a seguir un solo camino, el llamado “modelo neoliberal”. Imponía un costo exorbitante a cualquier alejamiento del esquema, y a la vez ofrecía garantías de continuidad del mismo. Así lo entendimos sus críticos de aquella época, y lo aceptamos, resignados pero realistas. Así lo denunciaron múltiples voces, sobre todo en el seno de la izquierda mexicana, o en los amplios parajes del nacionalismo revolucionario.

Hoy, la 4-T, empezando por su dirigente, López Obrador, aplaude el nuevo TLC, que desde este punto de vista es casi idéntico al anterior, a la vez que rechaza el “neo-liberalismo” imperante en México desde 1982. Sus aliados, desde Porfirio Muñoz Ledo hasta Pablo Gómez, se congratulan del acuerdo con Estados Unidos y Canadá, y simultáneamente anuncian el arranque de un nuevo modelo macroeconómico. La contradicción es evidente.

Me parece inverosímil que EPN se haya comprometido a acuerdos bilaterales en materia migratoria –mexicana y centroamericana–, de seguridad fronteriza y de la guerra contra las drogas, sin el visto bueno de AMLO. Y se antoja imposible que los equipos de este festejen un convenio igual –o menos favorable para México– a aquel que entronizó, perpetuó y consolidó un modelo de desarrollo que repudian, sin entender lo que hacen. Parece que la incongruencia les preocupa menos que el deshacerse mágicamente de un problema endemoniado. En todo caso, es el suyo.
01 Octubre 2018 04:07:00
Una más del 68
Visto que cada 10 años –o cinco, en 1993 y 1998– se presenta un nuevo aniversario cabalístico del 2 de octubre y del movimiento estudiantil de 1968, y que desde 1993 tengo algo menor que decir al respecto, reitero aquí una tesis de entonces. Tesis poco original, compartida por muchos que saben más del asunto que yo –lo vivieron; yo tenía 15 años–, y que he también expuesto en un par de libros, sobre todo en La Herencia: Una arqueología de la sucesión presidencial (1999).

Más allá de la fuente original de la tesis de los 600 o 300 caídos en Tlatelolco el 2 de octubre (Oriana Fallaci, The Guardian), se construyó durante muchos años la leyenda urbana de los centenares de muertos a manos del Ejército. Volveremos en estos días sobre el tema de la autoría y responsabilidad militar de la matanza, pero por el momento quiero insistir en la cifra de fallecidos. Fueron 68 esa tarde, y entre 81 y 89 durante todo el movimiento, incluyendo las semanas posteriores a la tarde de Tlatelolco.

Esa es la cifra a la que llegó la Fiscalía creada por Vicente Fox en 2001, y encabezada por Ignacio Carrillo Prieto. El resumen de las conclusiones de la Fiscalía fue redactado por Eduardo Valle “El Búho”, uno de los líderes del movimiento. Otro estudio, publicado en 2006, y reproducido ayer por Proceso, cuyo autora es Susana Zavala y que fue realizado con el apoyo del National Security Archive en Washington, arroja básicamente los mismos datos. Diferentes intentos previos o posteriores de arribar a resultados definitivos o bien ofrecen números menores, o bien quedaron inconclusos.

La pregunta entonces se antoja evidente: ¿Por que durante tantos años se siguió esgrimiendo un total más sangriento, más horroroso –como si 68 jóvenes muertos no fueran suficientes–? Siempre he propuesto la misma respuesta. Se debe a un hecho sencillo: al Estado mexicano –y a sus adversarios– le convino desde entonces esa contestación.

A los herederos del movimiento, porque debía tratarse de una masacre sanguinaria, desalmada, multitudinaria, que demostrara sin ambages el carácter infinitamente represor del Gobierno. Se entiende.

Por parte del Estado, la explicación es más sutil, y quizás inconsciente. Para el PRI en el gobierno, hasta el año 2000, el 2 de octubre representó una transacción política invaluable. Por un lado, la gente, es decir, la sociedad mexicana, y sus segmentos opositores al régimen, cada día mayores a partir de esa fecha, la matanza de 600 estudiantes revelaba que el Estado no tenía límites.

Había que temerlo, porque era capaz de todo para defenderse y mantenerse. Pasaron años sin otros movimientos estudiantiles –el 10 de junio fue una marcha–, y cuando reaparecieron, se circunscribían a demandas gremiales, válidas pero estrechas. Otras corrientes opositoras también se aterraron, con toda razón.

Pero al mismo tiempo, el Estado mexicano no pagó el costo de 600 muertos: pagó el de la décima parte. Díaz Ordaz lo expuso con gran inteligencia en una conferencia de prensa en la Cancillería en 1977, cuando fue nombrado embajador de México en España. A una pregunta de Alan Riding sobre su responsabilidad, contestó que no había tal número de fallecidos, que cada muerto dejaba un hueco, un familiar, un novio o novia, un amigo o amiga, que resentían la perdida. Y que los huecos no alcanzaban.

Habría que agregar: cada muerto deja una herida que parientes y amigos buscan cicatrizar, como en todo el mundo, a través de la protesta. Llevar a los culpables a la justicia; recordar los nombres de los caídos; erigir monumentos en su honor; exigir reparaciones del daño. El reclamo de 600 grupos de familiares y amigos de víctimas es más que 10 veces mayor que el de la décima parte. Es inconmensurable con el de 68. Pero no puede haber 600 conjuntos de acompañantes, si no hubo 600 víctimas.

Se dice que el Estado mexicano perdió la capacidad de utilizar el monopolio legal de la fuerza después de Tlatelolco. No sé, sobran los casos de represión desde entonces, y frente a lo que ganó con este macabro pacto faustiano, no fue mal negocio. En fin, una tesis más sobre el 68.
28 Septiembre 2018 04:02:00
Maduro, México y la Corte Penal Internacional
El miércoles pasado, seis países –cinco latinoamericanos y Canadá– anunciaron en Nueva York que presentarán una solicitud a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para que inicie una investigación preliminar sobre crímenes de lesa humanidad de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Se trata de una decisión trascendental, que rompe con una tradición latinoamericana, y con la breve historia de la CPI.

Chile, Colombia, Argentina, Perú y Paraguay pidieron a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, que iniciara la petición de estos gobiernos, a diferencia de lo que ya emprendió la CPI en febrero. Exigen que se investigue a altos funcionarios venezolanos por violaciones de derechos humanos en ese país. Aunque el proceso se prolongue durante varios años, el precedente así establecido es inédito. En la región que ha vuelto sacrosanto el principio de no intervención, y donde en los 16 años de vida de la CPI no ha abierto ningún caso latinoamericano, ahora viene este paso decisivo por parte de varios países importantes de América Latina. Es un elemento adicional en el proceso de aislamiento de Maduro y del régimen venezolano.

Brillan por su ausencia varios países. Estados Unidos obviamente no podía participar, en parte porque no es miembro de la CPI, porque Trump la ha denunciado más que Bush y Obama, incluso en su discurso ante la Asamblea General de la ONU. Brasil se encuentra en pleno proceso electoral, y resultaría absurdo que el Gobierno actual firmara una solicitud que el siguiente equipo gubernamental quisiera borrar en enero. La firma faltante más curiosa y reveladora es la de México.

Desde la salida de José Antonio Meade de la Cancillería, la postura mexicana hacia la crisis venezolana ha ido evolucionando en la dirección que muchos deseamos. Primero Claudia Ruiz Massieu abandonó el mezquino desprecio de Meade por la oposición a Maduro, recibiendo a Lilian Tintori, esposa del opositor Leopoldo López. A partir de enero de 2017, Luis Videgaray adoptó una postura más moderna, digna y valiente. Pronunció una serie de críticas a las violaciones de los derechos humanos y la falta de democracia en Venezuela, y luego unirse y encabezar el llamado Grupo de Lima, que solo o dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha buscado una solución a la crisis en ese país y censurado las repetidas afrentas a los procesos electorales en Venezuela. Desconocieron las elecciones presidenciales de mayo, y han votado a favor de varias resoluciones en la OEA de condena al régimen venezolano.

Por eso extraña la ausencia de la firma de México. Solo veo dos explicaciones, ambas lamentables. Una es la lógica injerencia creciente del próximo Gobierno en estos menesteres. Es bien conocida la indiferencia de Andrés Manuel López Obrador y de Marcelo Ebrard por todo lo que sucede en el mundo, y su fascinación anacrónica y plagada de ignorancia simplista por la no intervención. Es posible que AMLO y Ebrard hayan convencido a Peña Nieto y Videgaray de que ya no fastidien al compañero Maduro.

La segunda explicación podría consistir en la renuencia o franca repugnancia de Peña Nieto ante cualquier cosa que huela a CPI. Puede temer, con o sin razón, que en algún momento grupos que no lo quieren en México –y que abundan– pretendan llevarlo a La Haya por crímenes también de lesa humanidad. Se entendería, entonces, que no quisiera abrir tentaciones o legitimar un procedimiento. Conoce bien el precedente de Calderón: en 2005 y 2006, grupos adversos a él juntaron las firmas necesarias para presentar un mal caso ante la CPI, que fue rechazado. En parte lo fue por el apoyo del nuevo Gobierno –EPN– y su pacto de impunidad con Calderón.

En realidad, Peña Nieto no tiene nada que temer: de la misma manera, el pacto de impunidad entre él y AMLO seguramente le salvará el pellejo. Es una lástima que otra vez nos quedemos atrás en temas como este, pero quizás es lógico: los cinco países latinoamericanos tienen gobiernos de derecha y Canadá ya no es amigo nuestro porque Trump no quiere a Trudeau.
26 Septiembre 2018 04:07:00
De nuevo la guerra de las drogas
Resulta difícil saber si la a-dhesión de México al Llamado Global a la Acción sobre el Problema Mundial de las Drogas anteayer en la ONU es más una vergüenza o una aberración. Un Gobierno que ya va de salida, como el de Peña Nieto, que ha sido objeto de innumerables ofensas por parte del principal convocante de dicho llamado –Donald Trump y Estados Unidos– y que entrega unas cuentas patéticas en materia de violencia, inseguridad y guerra contra el narco, jamás debiera haber firmado semejante aberración.

Cito solo lo que reprodujo el martes el periódico Reforma: “Reafirmamos nuestra determinación para combatir el problema mundial de las drogas en conformidad con la ley internacional, reconocemos que el problema mundial de las drogas representa retos, incluyendo nuevas drogas sintéticas, las cuales nos comprometemos a combatir y contener a través de estrategias basadas en evidencia, y reconocemos los vínculos entre las drogas y el tráfico de estas: corrupción y otras formas de crimen organizado incluyendo en algunas ocasiones terrorismo”.

Según Reforma, “los países se comprometieron a reducir la demanda de drogas, pero también el suministro de las mismas, al detener su producción ya sea a través del cultivo o fabricación y el flujo a través de las fronteras”.

En otras palabras, se trata de un documento 100% prohibicionista o “punitivista”, muy distinto a varios pronunciamientos previos de la ONU, en particular la Sesión Especial de la Asamblea General celebrada en 2016, y también a definiciones de distintos sectores del actual Gobierno mexicano y del que viene.

Si Peña Nieto pudiera decirle al país que haber seguido la política prohibicionista y coercitiva de su predecesor, Felipe Calderón, trajo buenos resultados, se entendería que se adhiriera a un llamado ciertamente conservador, anacrónico y promovido por un adversario de México. Pero las cuentas de Peña son peores que las de Calderón: más muertos, más delitos, más violencia, mayor fracaso.

¿Qué sentido tiene alinearse nuevamente con las posturas más retrógradas en materia de drogas como lo hizo ayer México? Incluso circulan versiones no confirmadas de que en una presentación ante el Consejo Mexicano de Relaciones Internacionales –Comexi– el martes, el expresidente Ernesto Zedillo criticó explícitamente la adhesión del Gobierno de Peña Nieto al llamado de Trump.

Si algo nos dice la macabra tragedia de los tráileres de Guadalajara es que resulta cada vez más difícil entender qué puede ser peor que lo que ha padecido México desde hace 12 años. Hasta personas críticas de la postura de Calderón y Peña, pero prudentes o miedosas, afirman todavía que si bien esa política fue un fracaso, las cosas hubieran salido peor si se hubiera seguido el camino anterior, en particular el del sexenio de Fox. La pregunta es evidente: ¿Qué puede ser peor que “El Pozolero” de Tijuana? ¿Qué puede ser peor que los 250 cadáveres ambulantes de Guadalajara? ¿Qué puede ser peor que casi 40 mil desaparecidos? ¿Qué puede ser peor que más de 240 mil muertos en estos 12 años? ¿Qué puede ser peor que la ignominiosa imagen de México en el mundo? ¿Qué puede ser peor que las violaciones generalizadas a los derechos humanos, y sin castigo alguno para sus autores a lo largo ya de estos 12 años de esta verdadera docena trágica?

Se entiende que Peña Nieto quiera quedar bien con Trump en todo, a ver si entre el presidente de Estados Unidos y la Virgen de Guadalupe le rescatan todavía su fotografía del 30 de noviembre firmando el dizque nuevo TLC. Lo que no hemos todavía contabilizado bien es el precio del capricho de este Gobierno saliente. No hemos podido todavía realmente evaluar cuántos compromisos ha asumido Peña Nieto en estos últimos meses en materia de drogas, migración y comercio, para lograr un acuerdo que posiblemente será rechazado por el Congreso norteamericano el año que entra, y que incluye una serie de convenios o cartas paralelas que aún desconocemos. ¿Vergüenza o aberración?
24 Septiembre 2018 04:07:00
El taxista de Santiago Levy
Una de las tesis más interesantes del nuevo libro de Santiago Levy, Esfuerzos mal recompensados: La elusiva búsqueda de la prosperidad en México, consiste en su percepción –compartida por muchos– de que en nuestro país impera una pésima asignación de recursos. No se refiere sólo al capital, sino también a la fuerza de trabajo, y en particular a lo que podríamos nosotros denominar un rasgo decisivo del carácter nacional mexicano.

Se trata, para Levy, de la enorme dispersión de las empresas en México, donde 92% de las mismas emplean entre 1 y 5 personas. Se trata, para Levy, de la insólita propensión del mexicano a preferir trabajar por cuenta propia, o en una empresa minúscula –de ínfima productividad– a hacerlo en una fábrica, en una gran oficina, en un banco o un almacén. Se trata del caso emblemático, dice Levy, del ingeniero que maneja un taxi: no solo sobrecalificado, pero con un ingreso horario y tomando en cuenta la adversidad, menor al que podría percibir en un empleo colectivo.

No voy a insistir en las tesis de Levy: ya han sido comentadas por muchos. Su texto constituye un magnífico esfuerzo para entender por qué no crecemos, sin recurrir a las fatigadas respuestas de los defensores del modelo existente desde mediados de los años 80, o a las simplistas denuncias de sus críticos. Pero sí quisiera detenerme en el terma cultural que subyace con los argumentos de Levy.

Una parte de la explicación de esta peculiaridad mexicana (Levy ofrece estadísticas comparadas con otros países de América Latina) reside tal vez en el exacerbado individualismo mexicano que muchos hemos comentado a lo largo del último siglo. De la misma manera que el mexicano prefiere su pequeña parcela ejidal, su casa horizontal, su salida individual ante la adversidad económica mediante la migración, y se muestra renuente ante cualquier acción colectiva, también opta sistemáticamente por el empleo individual. Es cuentapropista por antonomasia. Si dispone de la alternativa, escoge la unipersonal.

En segundo lugar, existe sin duda un problema de ingreso. Si los salarios en las empresas grandes siguen siendo de miseria, optar por el taller, el changarro, la tiendita, el puesto, el taxi o la fonda es una decisión dotada de cierta racionalidad. Surge así, desde luego, una explicación en parte circular: el mexicano prefiere el empleo individual porque el colectivo paga poco, y este último paga poco porque abundan los mexicanos que podrían ocuparlos. Si uno gana lo mismo mandándose solo, sin prestaciones pero con libertades (e incluso con algunas prestaciones: Seguro Popular), que en una fábrica automotriz, sujeto a los dictados del gerente, del líder sindical, y del dueño en Tokio o Detroit, mejor el taxi.

En tercer término, quizás convenga releer el capítulo de El Capital de Marx sobre el despojo de las tierras de los campesinos ingleses y su transformación imperativa en obreros en las fábricas textiles de Manchester. Nadie en su sano juicio se mete de trabajador industrial si le queda otra, dice Marx. Los agricultores ingleses ingresaron a la revolución industrial porque perdieron sus tierras; de no haber sido el caso, allí seguirían.

La economía informal y el narco en México (y muchos otros países) hace las veces de la tierra (está ya le fue arrebatada a millones de campesinos decenios o siglo y medio atrás). El joven recién egresado de la prepa o de tercer o cuarto semestre de la carrera no se ve obligado a trabajar por una salario industrial que resultaría aún menor que los existentes. Puede emigrar a Estados Unidos, o meterse de sicario, o poner un estanquillo. En ninguno de esos trabajos le irá mejor que en la fábrica, pero prefiere eso a la disciplina de hierro de la maquinaria y la industria. Tiene quizás razón en lo individual. A nivel colectivo o nacional, imposibilita el crecimiento del país.
21 Septiembre 2018 04:07:00
Sí a las consultas populares
Hace un par de días, el periódico Milenio informó de una declaración de Andrés Manuel López Obrador de presentar una reforma a la Constitución y a la Ley Reglamentaria que establece los mecanismos de participación ciudadana, como dice él, o de iniciativas populares o referéndum. No suelo estar de acuerdo con él en muchas cosas y seguramente escribiré pocas columnas en las que manifieste mi convergencia con una de sus tesis. Esta es una de ellas.

Siempre me ha parecido aberrante que el conjunto de disposiciones legislativas, tanto constitucionales como reglamentarias, aprobadas en 2013 y 2014 en materia de referéndum o consultas populares corresponden perfectamente al clásico esquema mexicano. Al igual que las candidaturas independientes, se redactaron y se votaron en el Congreso para poder decir que ya existían estas leyes sin que en realidad fueran aplicables. Se estableció una serie de restricciones, desde lo absurdo –solo puede celebrarse una consulta ciudadana cuando coincida con una elección federal– hasta otras que encierran ciertos méritos, pero solo después de que hay una plena libertad en esta materia. A tal grado se establecieron límites al ejercicio de este derecho democrático que al día de hoy no ha habido una sola consulta ciudadana o referéndum, plebiscito o iniciativa popular sometida a la decisión de todos los mexicanos, de acuerdo con las leyes aprobadas en esos años.

Huelga decir que no comparto la diferencia que establece López Obrador entre democracia representativa y participativa. Eso suena a Chávez y a Cuba y no es lo mío. Pero siempre he pensado que en un sistema presidencial, pero más aún en un sistema híbrido, el referéndum es un instrumento democrático fundamental. Entiendo que se puede abusar de él o, sin caer en el abuso, arroje resultados paradójicos o incluso contrarios al interés nacional: el caso de Brexit es el más evidente en tiempos recientes. A pesar de ello, hay grandes temas nacionales en cualquier país, en cualquier democracia que deben ser resueltos por referéndum, con un simple sí o no. Prefiero, a la inversa de lo que sucede en México, que se pueda utilizar esta disposición para temas constitucionales.

En distintos países se utiliza el referéndum para varios tipos de decisiones. A quienes creen, con razón, que David Cameron cometió un error enorme al llevar el tema de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea a referéndum, conviene recordarles que así entró el Reino Unido a la Comunidad Económica Europea en 1972. Otros piensan que en California, donde se usa y se abusa de la figura del “ballot initiative” para todo tipo de asuntos, solo permanece el amargo recuerdo de cómo en los años 80, la llamada “Propuesta Número 13” redujo el impuesto predial a millones de californianos prósperos. Destruyó las escuelas públicas de ese estado. Pero conviene señalar que en 2016, el mismo instrumento fue utilizado por el actual gobernador Jerry Brown para aumentar los impuestos y destinar los consiguientes recursos a refinanciar la educación pública superior de California, la mejor de Estados Unidos.

Hay siempre errores y abusos. Quizás el mejor ejemplo de los excesos sea Suiza, que con un número relativamente pequeño de firmas permite someter a la consulta ciudadana prácticamente cualquier tema, incluyendo algunos que podrían ser violatorios de los derechos humanos. Debe haber algunas restricciones, y en prácticamente todos los países las hay. Pero en México sería muy sano que tanto ciudadanos, mediante un número determinado de firmas, como el Presidente de la República, por simple decisión, como una proporción determinada del Congreso, puedan presentarle a la ciudadanía una disyuntiva sobre la cual se pronuncie. Puede ser constitucional; puede ser incluso de naturaleza fiscal –en algunos casos, como el de California ya mencionado, o el de Colombia hace unos años, así se ha procedido–; o de cualquier tema que no violente los tratados internacionales de los cuales el país es parte, ni ciertas consideraciones de derechos humanos.

López Obrador tal vez quiera hacer todo esto por sus razones, que tienen que ver con el aeropuerto. Son las peores razones. Pero debiera recordarse también que en muchos países o ciudades se somete a consulta pública o referéndum la emisión de bonos y obligaciones para financiar grandes obras públicas. Es más una decisión fiscal que logística. Yo me opongo a la consulta sobre el aeropuerto, pero no al referéndum en general como lo propone AMLO.
19 Septiembre 2018 04:07:00
Derechos humanos
El tema de derechos humanos va adquiriendo cada día mayor pertinencia en el mundo. La reaparición o amenaza de regímenes autoritarios y represivos en América Latina; de las llamadas democracias “no liberales” en Europa (Hungría y Polonia) o de sectores derechistas antiinmigrantes (Suecia, Alemania, Italia); de dictaduras más o menos disimuladas y con mayor injerencia fuera de sus fronteras (Rusia) y la claudicación de los baluartes de la (relativa) defensa reciente de dichos derechos (Estados Unidos, Canadá, Francia), hacen que el panorama en la materia resulte desolador.

En México, nos encontramos en una situación inédita. Desde finales de 2006, han muerto aproximadamente 240 mil personas, y han desaparecido 40 mil. La inmensa mayoría de estos casos sigue sin resolverse. No sabemos cómo, dónde, cuándo y porqué murieron o desaparecieron. Ya ni hablemos de castigar a los culpables, cualesquiera que hayan sido: sicarios, narcos, militares o policías.

Es cierto que parte de la hecatombe es inercial y no les pertenece a Calderón o Peña Nieto. El promedio de homicidios dolosos por 100 mil habitantes de esta verdadera decena trágica ha sido de 20; sin guerra optativa, hubieran sido 8; la diferencia, digamos 120 mil muertos, sí es de los dos presidentes. Hay muy pocos países en el mundo donde en tiempos recientes se ha producido una carnicería semejante sin saber, ni castigar.

Nadie sabe bien a bien qué hacer al respecto. Comisiones de la verdad, justicia transicional, voluntad de saber, investigación internacional: todas son buenas opciones, ninguna es suficiente en sí misma, y todas son dolorosas.

Lo que resulta imposible es perdonar a la enorme cantidad de asesinos de la diferencia mencionada y de los desaparecidos sin que los familiares de las víctimas se enfurezcan, sin que los organismos externos se indignen, sin que la sociedad mexicana deje de resignarse ante la impunidad rampante que impera en este país. Eso, no se va a poder. ¿Entonces?
17 Septiembre 2018 04:07:00
Los diplomáticos ganarán menos ... a menos de que ganen igual
Es muy difícil discernir con precisión lo que sucede en la Cámara de Diputados. Se aprueban exhortos y puntos de acuerdo que no significan nada, pero que los medios transforman en hechos incontrovertibles. Se votan leyes congeladas durante años, acompañadas por discursos incendiarios de sus autores, que los medios transforman en artículos de la ley, para después rectificar sus afirmaciones y descubrir otros artículos que contradicen lo primero. En un mundo ideal, podríamos esperar a que todo terminara de transcurrir antes de especular o comentar las consecuencias de este caótico frenesí legislativo. Pero en ese caso, cualquier opinión sería a toro pasado, y más inútil incluso que intervenciones como esta.

El jueves pasado la Cámara baja aprobó una Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que había sido presentada en 2011 y permaneció en la llamada congeladora desde entonces. De acuerdo con las versiones periodísticas del texto legislativo, el tope máximo de salario, para todos los servidores públicos, de todos los poderes, e incluyendo entes autónomos o paraestatales, sería el sueldo del presidente, es decir 108 mil pesos al mes. Entiendo que se trata de una suma después de impuestos, esto, es, neto. La cifra equivale a un poco más de 5 mil dólares mensuales. Aquí comienzan los problemas. Me limitaré a un caso, que conozco bien y que es ilustrativo, aunque no representativo, de los demás, y de las complicaciones que entraña el método actual de Morena.

La mayoría de los miembros del Servicio Exterior Mexicano (SEM) y de los funcionarios locales o de llamado Artículo 7 en las embajadas, consulados y representaciones de México ante organismos internacionales o regionales, reciben sueldos correctos, no muy distintos, tomando en cuenta diferencias regionales, de paridad, de funciones, etc, que otros países. Hay pocos jefes de misión que ganen menos de 5 mil dólares al mes; muchos se benefician de ayudas de renta o de escuela para sus hijos menores de edad. No queda clara en la nueva ley si esas prestaciones, así como el seguro médico privado indispensable para ellos (no pueden tratarse en el ISSSTE estando en Turquía, porque no hay clínicas del mismo en ese u otros países), van a desaparecer.

De modo que si se aplicara la nueva legislación a los representantes de México en el exterior, una gran proporción padecería una reducción importante de su ingreso, sin poder fácilmente compensarla con una disminución concomitante de sus gastos. Pablo Gómez, el autor y promotor de la ley desde 2011, parece haber declarado en tribuna, expresamente, que sí se aplicará a los diplomáticos. Pero quién sabe, como veremos.

Ahora bien, las remuneraciones de los funcionarios acreditados en embajadas, consulados y misiones permanentes se encuentran sujetas a las leyes mexicanas. Pero las de los empleados locales –traductores, secretarias, choferes, personal de servicio- no. Estas remuneraciones se hallan bajo la jurisdicción de las leyes del país en cuestión: Honduras o Suiza, Etiopía o Japón, Vietnam o Londres. No sólo no pueden ser modificadas dichas remuneraciones, sino que en muchos casos, como en México, existen pisos o mínimos. En otras palabras, en muchos países caros o con ingresos medianamente elevados, con la nueva ley mexicana, el chofer ganará más que el embajador; la empleada doméstica ganará más que el jefe de cancillería; la secretaria ganará más que el agregado cultural. ¿Eso quiere Morena?

Dicho esto, algunos medios publicaron el martes que la ley aprobada contiene un Artículo 6, que prevé que “funcionarios técnicos calificados, especialistas o quienes desempeñan un trabajo de alta especialización en algún ordenamiento jurídico” podrán ganar más que el presidente: hasta 150% del salario del primer mandatario. En buen mexicano, todos podrán percibir el ingreso mayor, si alguien (¿quien será?) así lo decide. El ejemplo que daba Reforma fue el director de Cancerología, pero también podría ser el embajador ante la Unesco o el cónsul en Amarillo, Texas.

Afortunadamente, la 4-T tiene lugar en México, y será resuelta por mexicanos. Por tanto, siempre habrá cómo darle vuelta a la ley, en este caso a una ley absurda, motivada por buenas intenciones de parte de legisladores confusos e ignorantes. Y de un presidente que rehúye cada vez más a cualquier enfrentamiento.
14 Septiembre 2018 04:07:00
El trabajo sucio… pagado
Desde hace varios meses la prensa norteamericana, y en mucho menor medida la mexicana, informó de la intención del Gobierno de Estados Unidos de imponerle a México lo que en materia migratoria se llama un Acuerdo de Tercer país Seguro.

Como ya se mencionó en estas páginas hace algún tiempo, eso significa que nacionales de terceros países ubicados en México y que desean llegar a Estados Unidos para solicitar asilo deben hacerlo en México, para permanecer en México, ya que Estados Unidos considera que nuestro país es tan seguro como el suyo.

El ejemplo que se suele utilizar en tiempos recientes es el acuerdo entre Austria y Alemania: los sirios en Austria no pueden llegar a Alemania a solicitar asilo, aunque ese sea su destino preferido, sino que deben solicitarlo en Austria ya que ese es un país tan seguro como Alemania.

Cuando se hicieron públicas las discusiones y negociaciones al respecto, el Gobierno de México negó que hubiera tal intención. Le comunicó a las autoridades estadunidenses que no firmaría ningún acuerdo de este tipo y llegó a definirlo como un tema aspiracional que a lo largo de los años quizás se podía ir contemplando.

Hasta ahí parecía haber quedado la cosa. Sin embargo, desde el primer momento, entre varias objeciones que surgieron en Estados Unidos y en México a propósito de este asunto, figuró el costo. Que los centroamericanos con intención de llegar a Estados Unidos a pedir asilo lo solicitaran en México, y que México coadyuvara a disuadirlos de llegar a la frontera entre ambos países, implicaba un costo significativo para México.

En primer lugar, el costo de que recibieran asilo y que durante un tiempo fueran asistidos por las autoridades mexicanas o por ACNUR. En segundo lugar, el de procesar las solicitudes, afirmativa o negativamente. Y, en tercer lugar, el de la deportación al sur del Suchiate para aquellos cuya solicitud fuera denegada: probablemente la mayoría.

Entonces, el gobierno de Estados Unidos respondió: En efecto hay un costo, pero nosotros lo asumimos. Les proporcionamos las sumas necesarias para que México no tenga que incurrir en gastos adicionales por cumplirnos esta faena. En eso había quedado el asunto hasta hace un par de días.

En el ejemplar del jueves 13 de septiembre, The New York Times informó que el presidente Trump había decidido desviar 20 millones de dólares del presupuesto aprobado para temas anticorrupción, antidelincuencia y antidrogas en ciertas comunidades norteamericanas, al pago para costear la deportación de 17 mil centroamericanos en México.

La gran parte de esos recursos se destinarían al pago de boletos de avión y/o autobús para llegar a cualquiera de los países del triángulo del norte (Honduras, El Salvador y Guatemala). México, como dijo Ali Noorani -director del National Immigration Forum- recibiría ahora dinero para hacerle el trabajo sucio a Estados Unidos. La embajada de México en Washington no respondió a llamadas de The New York Times al respecto.

Es cierto que en el pasado hemos recibido fondos de Estados Unidos para atender estos asuntos. Sucedió en una muy pequeña medida en los años 80 y, sobre todo, en 2014 cuando Peña Nieto accedió a la solicitud urgente de Obama de resolverle la crisis de los niños migrantes no acompañados que por decenas de miles llegaban a la frontera de México con Estados Unidos. Pero, en primer lugar, se trataba de Obama. En segundo lugar, duró poco el programa. Y, en tercer lugar, no se terminó de hacer público.

En cambio, esta vez, por una u otra razón, se trata de Trump, de un programa que puede tener una duración indefinida, y se hizo público muy rápidamente. ¿Qué demonios está pensando el Gobierno de Peña Nieto al aceptar recursos de esta naturaleza procedentes de Trump para ese propósito a menos de tres meses de dejar el poder? ¿Y qué piensan los nuevos encargados de estos asuntos por parte de López Obrador? ¿Lo saben? ¿Lo aprueban? ¿Lo van a defender en público?
12 Septiembre 2018 04:05:00
Venezuela y Nicaragua: dos retos de arranque para AMLO
Los dos principales retos de política exterior ajenos a Estados Unidos que deberá enfrenar el próximo gobierno son los casos de Venezuela y Nicaragua. Obvio que la relación con Washington será, como siempre, la más importante. Huelga decir que los desafíos con Estados Unidos –desde la ratificación del nuevo TLC hasta las deportaciones en pleno auge, el muro que no desaparece, y la guerra contra el narco– dominarán la agenda. Pero el tema de estos dos países latinoamericanos encerrará una importancia –desde ahora y de manera creciente– que pocos hubieran imaginado hace uno o dos años.

Ambos casos revisten una importancia tanto interna como externa para México. De los dos países, por razones parecidas, huyen miles de personas: más de un millón, quizás dos, de Venezuela; miles, desde Nicaragua, de acuerdo con la nueva Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Muchos de ellos –desde luego no todos, ni siquiera la mayoría– llegan a parajes mexicanos. La primera decisión que deberá tomar el nuevo gobierno es si resuelve darles el beneficio de la duda, en otras palabras, que poseen colectivamente un bien fundado temor por sus vidas y pueden permanecer en territorio mexicano mientras su expediente individual sea revisado. No se trata de un asunto menor.

En los años 80 México permitió la entrada de decenas de miles de guatemaltecos y salvadoreños huyendo de las dictaduras y las guerras en esos países. Aceptar la entrada de unos, acelera la llegada de otros. Sería ignominioso prohibir dicha entrada sólo porque los integrantes del nuevo gobierno mexicano guardan gran simpatía por los regímenes de Nicaragua y Venezuela: represores, corruptos y autoritarios.

Pero el reto no es principalmente interno. La situación en ambos países, y sus efectos regionales e internacionales, chocan directamente con los mantras de política exterior de López Obrador, repetidas incansablemente sin saber qué significan. Si nos atenemos a sus llamados principios de no intervención, etc. (el otro, después del fin de la descolonización ni siquiera es digno de mencionarse), no habríamos roto relaciones diplomáticas con Somoza en 1979; no habríamos censurado a la dictadura de Pinochet –cuyo golpe de Estado recordamos ayer, como cada año– en repetidas ocasiones; no nos habríamos manifestado por una solución negociada a la guerra en El Salvador, en compañía del gobierno socialista de Francia, como en 1981.

Si nos hacemos de la vista gorda ante las violaciones generalizadas a los derechos humanos en Venezuela y en Nicaragua, por afinidad con esos gobiernos, disfrazando nuestra indiferencia bajo el manto de los fatigados principios, invitaremos a un bien merecido reclamo de buena parte de la comunidad internacional. ¿Ustedes se oponen a las violaciones a los derechos humanos sólo en países cuyos regímenes desaprueban? ¿O en ningún país les importa? ¿Y en México? ¿Es tan sencillo separar la situación mexicana de la de otros países?

En segundo lugar, se debe reflexionar si de la noche a la mañana conviene abandonar a una serie de países (el Grupo de Lima, en lo tocante a Venezuela, el Grupo de Amigos de la OEA, sobre Nicaragua) con los que hemos trabajado desde hace más de un año. Es cierto que para eso son las elecciones. De la misma manera que Fox cambió radicalmente la política exterior de México en el 2000, porque ganó y advirtió que lo iba a hacer, AMLO tiene todo el derecho de volver al pasado y olvidarse de compromisos regionales, de sustancia y de modernidad. Más aún, al abdicar cada día más de cada una de sus promesas de campaña, cumplir las de solidaridad y cercanía con los gobiernos de “izquierda” en América Latina puede agradar a sus bases, que tal vez no vean con buenos ojos sus otras rectificaciones.

Nunca resulta buena idea hacer depender las posiciones que se adoptan en política exterior del logro inmediato de objetivos. México debe manifestarse, en distintos foros, sobre lo que acontece en Venezuela y en Nicaragua. Si eso es conducente a una salida aceptable a ambos conflictos, enhorabuena. Si no, ni modo. Pero el silencio en aras de la supuesta eficacia es como aquel escritor de enorme talento que nunca se pronunció sobre otra dictadura, porque prefería dedicarse a obtener la liberación de presos políticos encarcelados por esa dictadura. ¿Alguien le encomendó esa tarea? ¿El espíritu santo?
10 Septiembre 2018 04:04:00
El TLC y el chiste del albañil
Seguimos en ascuas en materia de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y en su caso con Canadá. Por ahora quedan pocas opciones: especular (lo mejor); creerle al Gobierno de Peña/Obrador (difícil); esperar (aburrido); o remitirnos a algunas evaluaciones preliminares hasta cierto punto objetivas, a algunas preguntas hasta cierto punto pertinentes, o alguna combinación de lo anterior.

Empezando por las evaluaciones, va una primera, inicial y tentativa del número de esta semana de The Economist: “Para México sin embargo, la incertidumbre se acerca a su fin para el alivio de inversionistas y del Gobierno. Las concesiones otorgadas por sus negociadores no se ven tan malas comparadas con las demandas excesivas con las que empezó Trump. El presidente Enrique Pena Nieto buscó desesperadamente un último logro de su desafortunada gestión... Sin embargo, la prisa de México para llegar a un acuerdo, casi seguramente debilitó su posición en la mesa de negociaciones y contribuyó al aislamiento de Canadá. Durante el verano México abandonó su rechazo anterior a pláticas bilaterales con Estados Unidos. Juró que evitaría temas que le importaban mucho a Canadá. No lo hizo, y concedió mucho más de lo que Canadá tenía planeado... Buena parte de lo que se agrega al Nafta revisado será peor para México que la versión original. Sus negociadores aceptaron muchas demandas norteamericanas sin obtener claras negociaciones a cambio. Los puntos sobre los cuales México canta victoria, no son mejoras sino más bien el abandono de las demandas más absurdas de Trump”.

Las preguntas involucran el tema de Canadá (en mi opinión, se sumará al arreglo, pero demorándose más de lo anunciado, y con modificaciones), y los acuerdos paralelos entre México y Estados Unidos. La especulación versa sobre la fecha de la firma (antes o después del 30 de noviembre) y a propósito de la ratificación del convenio por la Cámara de Representantes, y en su caso, la fecha de la misma. Canadá acabará por ceder porque a pesar de los insultos de Trump y de las dudas sobre su respeto por los acuerdos tomados, Justin Trudeau entregará poco y mantendrá lo esencial de lo que le importa: la excepción cultural y el Capítulo 19 de solución de disputas anti-dumping. Los lácteos de Quebec tal vez impidan la celebración del acuerdo antes de noviembre, pero al final, no trabarán el desenlace.

En cuanto a la fecha, mucho dependerá de la disposición de distintas instancias norteamericanas (la International Trade Commission, el Congreso, la consultoría jurídica de la Casa Blanca) de acomodar los plazos al calendario sucesorio mexicano. Los famosos 90 días son un límite, no un intervalo obligatorio, pero no queda claro que con enmiendas, acuerdos paralelos, cambios impuestos por Canadá, etc., basten los tres meses exactos.

En cuanto a los acuerdos paralelos, justamente, habrá que esperar a que el Gobierno de México los divulgue, y a escuchar la interpretación que de ellos esgrima Washington. Hasta ahora, en forma de rumores –algunos confirmados, otros no– se habla de tres. El primero, el más importante, se refiere a la industria automotriz. Varios analistas lo han descrito como un acuerdo de Voluntary Export Restraint o Restriction, donde México se compromete a no exportar más de 2.4 millones de vehículos, por 90 mil millones de dólares, al año a Estados Unidos. Las autoridades insisten en que no hay tal. Se trata únicamente de una póliza de seguro por si Trump impusiera un arancel de 25% a todos los autos importados a Estados Unidos, invocando la cláusula de seguridad nacional de la legislación comercial norteamericana. Lo sabremos con precisión pronto, o hasta que lleguemos a los 2.4 millones de vehículos exportados, probablemente en 2020 o 2021.

El segundo abarca las exportaciones de acero mexicano. La publicación Morning Trade afirmó el viernes que podría acordarse una cuota de importaciones de acero mexicano por Estados Unidos, semejante al convenio de Trump con Corea del Sur. El tercer acuerdo paralelo abordaría el tema del “enforcement” o puesta en vigor y aplicación fiscalizada de las disposiciones laborales del TLC. Estados Unidos (y Canadá, por cierto) han insistido que no basta con que México se comprometa a crear nuevas leyes o reglamentos en materia sindical, de salarios, de solución de disputas de trabajo, etc. Debe haber mecanismos vinculantes de vigilancia de que en efecto, las leyes mexicanas se cumplan. Por alguna extraña razón, los sindicatos de EU y Canadá no creen que sea el caso. La solución sería un acuerdo paralelo.

Todo esto figura en la agenda. Y como diría el albañil del clásico chiste, de para cuándo y cómo la ratificación por el Congreso de EU, mejor ni hablamos. Por México, cito de nuevo a The Economist: “El Congreso mexicano seguramente ratificará lo que le presenten, mientras esté contento el presidente”.
07 Septiembre 2018 04:06:00
La insularidad en los tiempos de la 4-T
Es lógico que un país insular e introvertido como el nuestro, en momentos durante los cuales en muchas mentes se inician transformaciones fundamentales, se mire más el ombligo que de costumbre. Es comprensible que las votaciones sobre la licencia del gobernador de Chiapas atraigan más atención y comentarios que la nueva crisis argentina; se entiende que los pleitos entre Muñoz Ledo y Fernández Noroña interesen más que la creciente desintegración del Gobierno de Estados Unidos; no debe extrañarnos que las vicisitudes de la lucha interna en el PAN provoquen mayor curiosidad que las próximas elecciones legislativas norteamericanas. La insularidad no es propia de México, y el ombliguismo es casi universal. Pero hay niveles, y ahora nos estamos pasando.

El nuevo equipo de Gobierno ha reducido su tablero de riesgos a los factores externos, y estos al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El grupo saliente le apuesta todo a una buena entrega gracias a una buena disposición, a los pactos construidos a lo largo de la campaña y al buen desenlace del TLC. Así se evitará la clásica crisis transexenal mexicana.

Mucho abona a favor de esta tesis. Algunos hemos sostenido a lo largo de los años que los descalabros finsexenales, sobre todo financieros, de 1976, 1982, 1987 y 1994-95, se debieron de manera fundamental al agotamiento sucesorio del viejo régimen. A partir de la alternancia del año 2000, desaparecieron las crisis económicas de finales de sexenio (aunque en ocasiones AMLO parezca pensar que persistieron). Todas las transiciones desde el 2000 fueron tersas (palabrita de moda) y desprovistas de quebrantos financieros. En la medida en que ya no opera el viejo dispositivo sucesorio agotado, no surgen sus consecuencias.

El problema es que el país de hoy se encuentra en una situación de mayor fragilidad –o sensibilidad, si se prefiere, en estos tiempos de renovados eufemismos– que antes. Su grado de apertura al mundo es mayor. El entorno externo es mucho más complejo y retador. Ante esto, la insularidad se vuelve aterradora. Conviene, entonces, revisar de nuevo los factores de riesgo en el mundo, que más allá del TLC, pueden dar al traste con el optimismo beato de las élites mexicanas y de sus nuevos aliados en Morena.

Los mercados emergentes van en picada, y comienzan a arrastrar a México. Si siempre nos ha costado trabajo deslindarnos de los demás, ahora, con la 4-T, la diferenciación es más ardua. El derrumbe argentino y turco, las nubes cada vez más ominosas en el paisaje brasileño, las caídas de la moneda india y, desde luego, el cuasidefault venezolano, ensombrecen el panorama para México. No es fatal el efecto, pero es peligroso.

La llamada guerra comercial entre Estados Unidos y China enreda también las cosas. Cada semana, Washington anuncia nuevos aranceles contra importaciones procedentes de China, y cada vez Beijing responde con represalias simétricas. Hasta ahora la economía mundial no ha padecido los efectos de este enfrentamiento, pero se antoja improbable que un choque de esta magnitud no encierre consecuencias perniciosas para todos. Es asunto de tiempo.

Por último, la creciente crisis política y constitucional en Estados Unidos generará inevitables implicaciones negativas para México. Las revelaciones sistemáticas, consistentes, convergentes y cada día más fundamentadas sobre la absoluta incapacidad de Donald Trump de gobernar su país  constituyen una amenaza para el mundo entero, pero sobre todo para México. Los hechos denunciados por el libro de Bob Woodward, por el editorial anónimo publicado por un supuesto miembro del Gabinete de Trump en The New York Times, y por funcionarios menores de la Casa Blanca, muestran un desorden alucinante e irremediable. Asimismo, y en parte como secuela de estos mismos hechos, las encuestas sugieren una amplia victoria electoral de los demócratas en noviembre, incluyendo, tal vez, la recuperación de su mayoría en el Senado. De allí a la destitución o la renuncia de Trump, antecedidas por medidas de de-sesperación de un presidente acorralado, enfurecido e irresponsable, el camino es fácil de detectar. Reducir la complejidad de este conjunto de desafíos a porras absurdas a favor de acuerdos en principio, parciales y desfavorables en el TLC, y a lugares comunes de kínder sobre el diálogo con Estados Unidos, es otra irresponsabilidad. Pensar que con una foto de Peña Nieto, Trump y Trudeau el 29 de noviembre, por ejemplo en Buenos Aires, firmando un acuerdo en principio, se disipan todos estos nubarrones es absurdo. Se pueden incluso obscurecer más.
05 Septiembre 2018 04:03:00
México, país de ritos
Como ya se ha dicho hasta la saciedad desde hace muchos años, una de las principales características del régimen priista, y de la inercia que lo sucedió a partir del 2000 y hasta el 2012, fue el ritualismo. México es un país de ritos, el PRI es lo más mexicano que hay, y por lo tanto era lógico que el PRI sistemáticamente insistiera en el respeto a toda una serie de ritos. Esto va desde la solemnidad y los legalismos de determinadas instituciones –la Presidencia, el Congreso, la Suprema Corte, los gobiernos estatales– y hasta lo ridículo: el día del ingeniero, del albañil, del aviador, de la enfermera, del médico, el día del niño, etcétera.

Se entendía que los gobiernos priistas se empecinaran en eso y que la inclinación de todos los sectores pertenecientes al régimen en su acepción más amplia, también lo hicieran, desde finales de los años 20 hasta el dizque informe de Peña Nieto del sábado. Lo que no se entendió, o en todo caso muchos no entendimos en el 2000, fue cómo el Gobierno de la alternancia, que se proponía explícita o tácitamente construir un cambio de régimen, cayera en el mismo ritualismo.

Fox contempló, durante la transición y a principios del Gobierno, algún tipo de ruptura con todos estos ritos priistas, que son a la vez profundamente mexicanos, pero desistió de hacerlo. La discusión en su equipo de transición y en su gabinete enfrentó a quienes pensaban que había que romper no sólo con el fondo del viejo régimen, sino con su simbolismo y sus ritos justamente, y a quienes pensaban que, al contrario, convenía enfatizar el respeto del Gobierno de la alternancia por la continuidad ritual, identificando institucionalidad con ritos y con mexicanidad. Como es bien sabido, la partida la ganaron los campeones de la continuidad.

Lo extraño es que ahora la cuarta transformación, Morena, y López Obrador, están replicando con gran exactitud el comportamiento de Fox en el 2000, 2001 y 2002. Al escuchar las palabras del propio presidente electo, del presidente de la Cámara de Diputados, del presidente del Senado y de otros voceros del equipo de López Obrador, se distingue fácilmente esta reverencia por los ritos, identificada con respecto, por las instituciones. No sólo no quieren generar ningún tipo de ruptura con lo que ha sucedido en el pasado, sino que al contrario, buscan subrayar su fidelidad y su pertenencia a esa ritualidad.

De la misma manera, se nota también una división entre las fuerzas de Morena. Hay a quienes les encantan los ritos: desde luego los expriistas que son los más entre las filas de Morena, pero también algunos que, aunque provengan de la izquierda quieren demostrar su institucionalidad a través de ese su apego a esta forma de hacer política y de gobernar. Otros, procedentes del activismo social, de las filas de la izquierda, o quizás de sectores un poco más sofisticados intelectual y culturalmente, se sienten ofendidos por ese respeto reverencial por los ritos y, al contrario, les genera cierta repugnancia que se insista tanto en esa visión.

Todo indica que López Obrador, al igual que Fox, ya tomó su decisión, no habrá ruptura de ritos, porque estos últimos son el equivalente de las instituciones, y las instituciones son la esencia de la mexicanidad y de la Constitución. López Obrador no va a preguntarse cuál es el origen de esa Constitución, de esas instituciones, de esos ritos, y si deben conservarse o desecharse, remitiéndolos por fin al basurero de la historia. Sí querrán recortar el gasto en lujos, prebendas, sueldos, en la burocracia, en el Congreso, en el Poder Judicial, pero no el embalaje en el que todo eso viene envuelto.

Todo parece indicar que piensan que se puede tener lo uno sin lo otro. Lo que se vio hace 18 años en el gobierno de Fox es que no es posible lograrlo.
31 Agosto 2018 04:06:00
¿Acuerdo secreto?
Recordemos que a principios de los años 80, cuando el actual negociador de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, formaba parte del equipo negociador del presidente Ronald Reagan, Estados Unidos llegó a un acuerdo con Japón, y en particular con las empresas japonesas Toyota, Honda y Nissan, en el que Japón aceptara las “restricciones de exportación voluntaria” para que las exportaciones japonesas no superaran determinados niveles. Por cierto, a Estados Unidos no le salió tan bien porque esa cuota que se le impuso a Japón hizo que otros exportadores japoneses de automóviles cambiaran de exportar coches muy baratos, como era el Corolla, a automóviles más caros como el Lexus o Infinity, ya que si había un tope de número de automóviles, pues mejor exportar automóviles caros que baratos, por razones evidentes.

Durante toda la negociación del TLCAN actual, la posición mexicana y de muchos analistas que siguieron esto de cerca en Estados Unidos, en Canadá y en México fue que lo último que México podría o debía aceptar eran precisamente esas restricciones de exportación voluntarias. Esta es una postura tradicional norteamericana; amenaza o bien con aranceles o bien con restricciones cuantitativas a determinados países en cuanto a sus exportaciones, para que esos países, en lugar de verse sujetos a aranceles, voluntariamente reduzcan o limiten sus exportaciones.

Existen buenas razones para pensar que el acuerdo lateral o secreto o no divulgado inicialmente o como se le quiera llamar, entre México y Estados Unidos, a propósito de la industria automotriz, responde exactamente a los “voluntary export restraints”. Si lo que ha dicho la prensa mexicana y norteamericana es correcto, a partir del 2020 habrá un límite de 2.4 millones de vehículos exportables de México a Estados Unidos sin aranceles. Arriba de ese límite habría un arancel del 25 por ciento. Si México limita las exportaciones a ese volumen, entonces no hay aranceles y no hay ninguna consecuencia.

¿Que significan 2.4 millones de vehículos? En el 2017, fueron 1.8 millones; este año probablemente sean casi 2 millones, un incremento de 10% que es el incremento anual promedio de los últimos años, y a partir del 2019, es probable que estemos llegando a 2.2 millones, es decir a partir del 2020, lo que México exporte va a ser el tope. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, ha dicho que esto es un seguro contra un posible arancel de 25% de Estados Unidos a México y a otros países, invocando el capítulo 232 del Código de Comercio de Estados Unidos que permite limitar importaciones norteamericanas por motivo de seguridad nacional. Pero eso es lo de menos.

Lo que es muy importante aquí, y esto no se ha divulgado con claridad, es que se trata de una restricción voluntaria de exportaciones. Yo, México, voy a limitar mis exportaciones de automóviles a Estados Unidos a 2.4 millones para que no me impongan un arancel. Esto significa que México está condenado los siguientes años a no poder incrementar el número de automóviles y el valor de las exportaciones de autopartes a Estados Unidos.

¿Y que pasa con Canadá? Si a Canadá se le aplicara este tope de exportación voluntaria de automóviles, estoy seguro, resultaría inaceptable para los canadienses, mientras que México lo presenta como una póliza de seguro. Y tengo la impresión de que Estados Unidos ni siquiera se propone aplicárselo a Canadá.
29 Agosto 2018 04:06:00
¿Qué hacemos con Canadá?
No es que uno quiera repetir la famosa respuesta de Zhou Enlai a André Malraux en los años 60 cuando el escritor le preguntó al Primer Ministro chino, qué opinión le merecía la revolución francesa: “es demasiado pronto para tener una opinión”. Existen ya muchos elementos informativos, así como filtraciones y opiniones a propósito del nuevo acuerdo de libre comercio entre México y Estados Unidos que deberán en los próximos días permitirnos llegar a un juicio más definitivo y categórico al respecto. Por el momento lo único seguro es, como ha dicho Leo Zuckermann, la incertidumbre, a saber, la dificultad de poder determinar desde ahora exactamente en qué acabará todo esto.

La primera incertidumbre: Canadá. Aunque tengo la impresión que las autoridades canadienses terminarán por alinearse con Washington y aceptar el ultimátum que Trump les presentó, tal vez esto no sea tan sencillo. En primer lugar porque podrán exigir algunos cambios al acuerdo al que llegaron México y Estados Unidos, y va a resultar difícil cerrarles la puerta en la cara.

En segundo término, muchos grupos de la sociedad civil canadiense –empresarios, mujeres, pueblos originarios, trabajadores industriales, agricultores de lácteos– tendrán muchas cosas que plantearle al Primer Ministro Trudeau. Si Canadá llegara a rechazar el acuerdo surgiría un problema legislativo y jurídico en Estados Unidos. Pero aún suponiendo que no sea el caso, persistirán amplias áreas de dudas en torno al posible pacto trilateral.

Segunda incertidumbre: los tiempos de Estados Unidos. Ya hemos insistido en estas páginas que la única prisa mexicana provenía de las ganas –no pasa de eso– de Peña Nieto de salir en la foto con Trump y Trudeau en su caso, el 28 de noviembre. De acuerdo con el calendario que aparentemente se ha aprobado, esto no es imposible. Pero al igual que la firma en 1992 del Tratado de Libre Comercio en San Antonio Texas por parte de los presidentes Salinas y Bush y del primer Ministro Mulroney, no significa gran cosa. Transcurrió casi un año y medio entre ese momento y cuando finalmente el TLCAN fue ratificado por la Cámara de representantes en Estados Unidos.

Lo mismo va a suceder en esta ocasión. Me siento muy cómodo vaticinando que tanto la Cámara baja como la Cámara alta no aprobarán este nuevo acuerdo antes de ser sustituidos por el nuevo poder legislativo surgido de las elecciones de medio periodo en noviembre. Mucho dependerá entonces no sólo del contenido definitivo del acuerdo que aún desconocemos, si no también de la correlación de fuerzas en ese congreso, y en particular en la Cámara de Representantes.

Tercera incertidumbre: a pesar del detalle que han proporcionado varios medios informativos de Estados Unidos y de México, seguimos sin saber a ciencia cierta cual es el contenido exacto del nuevo entendimiento, en una importante cantidad de rubros. Entre otros, destacan, la vigilancia y fiscalización de los compromisos laborales asumidos por México en materia de derechos sindicales; las compras de Gobierno; el comercio electrónico; el texto nuevo o viejo del capítulo de energía; y algunos otros focos rojos que circulan por ahí.

Determinar de antemano, sin conocer todos estos detalles, si el acuerdo es benéfico o no para México y si valió la pena tanto esfuerzo para lograr el acuerdo que se podía y no el acuerdo que se quería, es especialmente difícil.

Habrá quienes se formarán una opinión sin conocer estos detalles. Algunos preferimos esperar. Y algunos más, quizás la mayoría, se pronunciarán antes de saber cualquier cosa, porque esa es la línea que les dan.
27 Agosto 2018 04:07:00
Reflexiones del Frente
Dentro y fuera del PAN y de lo que queda del Frente se ha desatado una sana discusión sobre las ventajas e inconvenientes electorales que tuvo la alianza de los tres partidos. Subrayo el término “electorales”: en materia de la identidad de cada uno de ellos (la desconozco por completo), de estrategia hacia el futuro o destino personal de unos y otros dirigentes, me abstengo de opinar. En cambio, acepto que cualquier comparación con una alternativa hipotética o ejercicio contra-factual es en parte ilusa.

Imposible saber qué hubiera sucedido en un esquema completamente distinto: sin Frente, cada partido por su cuenta, con otr@ canddiat@ de Acción Nacional. Con estas aclaraciones, comparto con los lectores algunas reflexiones y cifras que a su vez compartieron conmigo fuentes cercanas a la dirigencia del PAN.

Los datos se pueden dividir en tres partes: el PAN como beneficiario del Frente; el PRD como beneficiario del Frente; Movimiento Ciudadano como beneficiario del Frente.

Sin coalición, Acción Nacional hubiera perdido la Gubernatura de Puebla. El 25% de los actuales diputados federales panistas, electos por mayoría, hubieran perdido sin los votos de los demás partidos de la coalición. De los dos candidatos al Senado por Querétaro sólo habría entrado uno en primera minoría, y en Quintana Roo y Tlaxcala, AN no tendría senadores.

El Frente en alianza ganó 460 municipios. De haber competido sin coalición, serían únicamente 281 municipios (179 se hubieran perdido). Existen casos emblemáticos como la capital de Querétaro. Aunque el PAN ciertamente aportó la mayoría de los votos, Morena hubiera ganado la elección si descontamos los votos aportados por el PRD y por MC.

En cuanto a los beneficios que el Frente le aportó al PRD, más de la mitad de la bancada del PRD en el Senado no hubiera entrado. Por ejemplo: Miguel Ángel Mancera entró por el PAN, no por el PRD; Juan Manuel Fósil (Tabasco, primera minoría) hubiera quedado fuera sin los votos del PAN; Antonio García Conejo (Michoacán, primera minoría) hubiera quedado fuera sin los votos del PAN.

El caso de Juan Zepeda en el Estado de México es muy interesante. Tampoco hubiera llegado al Senado por la vía normal (aunque también iba por la vía plurinominal) sin el PAN. Pero sobre todo, obtuvo muchos más votos por el emblema del PAN que a través del emblema del PRD: un millón 175 mil 93 por Acción Nacional, 599 mil 473 por el PRD. Abundan los casos en los que los candidatos postulados por el Frente obtuvieron más votos a través del PAN que a través del propio PRD. Otro ejemplo es Emilio Álvarez Icaza: votos PAN: 863 mil 478; votos PRD: 538 mil 344. En cuanto a la Cámara de diputados, el PRD ganó 9 distritos de mayoría. Sin los votos que aportaron el PAN y MC, los hubiera perdido todos, menos uno. Por lo demás, hay decenas de municipios donde hubiera sucedido lo mismo, pero uno es especialmente ilustrativo: Nezahualcóyotl. Sin los votos del PAN, Morena hubiera ganado Neza; igual con las alcaldías de Coyoacán y Venustiano Carranza sin los votos del PAN, entre muchas otras.

En el caso de Movimiento Ciudadano, existe un ejemplo de muchísimos también emblemático: para las senadurías por Jalisco, sin el Frente, el resultado hubiera sido completamente diferente. Morena hubiera ganado las dos de mayoría. Pedro Kumamoto hubiera ganado la primera minoría; es decir, ni Clemente Castañeda ni Verónica Delgadillo serían senadores.

La votación del Senado en Jalisco, desglosada por partido, es la siguiente: PAN: 448 mil 406; MC: 655 mil 954; PRD: 46 mil 614; Kumamoto: 761 mil 812; Morena: 707 mil 268.

En conclusión, sin la complementariedad de votos producto de la existencia del Frente, el resultado para los tres partidos hubiera sido mucho más adverso. Repito: en materia política, cualquier ejercicio contrafactual es temerario. Se puede objetar fácilmente que en otro escenario todo hubiera sido diferente. Tal vez. O tal vez no.
24 Agosto 2018 04:08:00
La foto del 28 de noviembre
Según todas las filtraciones oficiales y las columnas oficiosas, el 25 de agosto se cumple el plazo fatídico para concluir las negociaciones entre México, Canadá y Estados Unidos sobre el nuevo Tratado de Libre Comercio de América Latina. Es decir, mañana. Algo muy grave sucedería si no se cierran las negociaciones antes de esta fecha, algo peligroso para México y el mundo. Estamos todos en ascuas, mordiéndonos las uñas, en espera de que haya humo blanco en Washington, a más tardar al final de la semana.

Pocos se han molestado en averiguar exactamente qué sucede el 25 de agosto que revista tanta trascendencia. Propongo una hipótesis, solo eso. Desde luego que no se trata de una afirmación blindada ni fundamentada en más que especulaciones.  Va: la única razón para amarrar un acuerdo en principio –obvio no habrá un texto jurídico hasta dentro de varios meses– es para que Enrique Peña Nieto pueda aparecer en la foto entre el 28 y el 30 de noviembre firmando un documento con Donald Trump y Justin Trudeau. Digo 28 de noviembre porque Peña desea ir, con razón, al G-20 en Argentina al día siguiente, para despedirse. Es la única prisa.

De acuerdo con las leyes y los reglamentos norteamericanos, el Ejecutivo, antes de firmar un acuerdo comercial –conviene recordarlo: en Estados Unidos no es un tratado– debe cumplir con una serie de trámites. Hasta donde yo entiendo –y hay discrepancias entre gente que sabe mucho más que yo al respecto– primero, 90 días de aviso al Congreso de su intención de firmar un convenio. Segundo, también un plazo máximo –puede ser menos– para que la International Trade Commission le entregue al Congreso una opinión al respecto. Tercero, 60 días antes de la firma, divulgación del documento jurídico. Cuarto, treinta días después de la declaración de la intención de firmar, se somete una serie de informes de comités consultivos. En otras palabras, son tres meses de trámites, por lo menos, antes de que Trump pueda firmar –no ratificar– un acuerdo, incluso en principio. Existen serias divergencias en Estados Unidos sobre la legalidad de un “acuerdo en principio”, para el cual en materia comercial –no de tratados internacionales– no parecen existir antecedentes jurídicos evidentes. Este es el único plazo que se vence a finales de noviembre.

Quienes sostienen que es preferible un mal acuerdo que ninguno, lo más pronto posible, tal vez tengan razón. A condición de que el único acuerdo posible –bueno o malo- refleje la firma de Peña Nieto. ¿Cual sería el problema si se cierra la negociación el 15 de septiembre, y se firma el convenio el 20 diciembre, ya por López Obrador? De cualquier manera, no es serio pensar en una ratificación por el Congreso de EU en una “lame duck session”, es decir de una legislatura saliente a finales de diciembre. No va a suceder. Si los Demócratas alcanzan una mayoría en la Cámara baja, será muy difícil, si no es que imposible, que ratifiquen un acuerdo de Trump.

Si es cierto lo que informa el Wall Street Journal, a saber, que los representantes del gobierno entrante exigieron la supresión del capítulo de energía del TLC, no hay acuerdo inminente. Mala tarde para Peña Nieto. Pero nada más. No sé si un mal TLC, a las carreras, bien valga una foto. ¿Henry IV hubiera estado de acuerdo?  
20 Agosto 2018 04:07:00
NAICM: hablando mal del camello
No sé si me manifieste de un modo u otro en la consulta sobre el aeropuerto. Conozco muy poco de aeropuertos, menos aún de consultas, y no termino de entender qué se me va a consultar. Tampoco me queda claro si los participantes en la conferencia de prensa del viernes, es decir Andrés Manuel López Obrador y sus lugartenientes, saben mucho más que yo. Por ello, albergo varias dudas sobre mi mismo, el aeropuerto y la consulta.

Dicho esto, confieso que por primera vez, tanto Javier Jiménez Espriú como el propio AMLO, me sembraron mucho escepticismo a propósito del NAICM en Texcoco. No tanto por la corrupción: eso, de alguna manera, lo había escuchado de fuentes de cierta confiabilidad.

Me refiero a la decisión misma del gobierno de Peña Nieto de construir ese aeropuerto allí, ahora, y de esa manera. Desde 2002 he sido partidario de un nuevo aeropuerto; siempre creí que el único sitio era Texcoco, y si Norman Foster ganó el concurso con ese proyecto, ni hablar.

Ahora resulta que un equipo de gobierno que, en mi opinión, va a inclinarse por Texcoco, con o sin concesión a Slim; que es abiertamente aliado –algunos dirían cómplice– del gobierno saliente de EPN; y que no se beneficia en lo más mínimo “echándole tierra” al NAICM en su forma actual... lo critica de manera despiadada.

No se lo hubiera creído a nadie más, pero a los técnicos y gerentes de proyecto de AMLO, sí. Por una sencilla razón: ya compraron el camello, pero hablan mal del camello después de comprarlo, mucho menos de venderlo. Han de tener razón.

Hasta donde comprendí todo lo que se dijo el viernes, la opción de Texcoco, en sí misma, independientemente de Santa Lucía, fue una pésima decisión. En primer lugar, el sobrecosto va a ser enorme: casi el doble.

En segundo término, la fecha de entrega será muy posterior a lo anunciado: 2022, o 2023 por las pruebas, y muy posiblemente 2024. No me queda claro –insisto: no sé nada de todo esto– que le toque inaugurarlo a AMLO.

Tercero: el costo de mantenimiento resulta elevadísimo: 2 mil millones de dólares al año, ad perpetuam. En cuarto lugar, los riesgos para el entorno ecológico, desde el Lago Nabor Carrillo hasta las canteras de tezontle en la zona, son enormes y seguirán creciendo.

Quinto: los riesgos de un nuevo hundimiento de las pistas en caso de otro sismo como el de 2017 son significativos. Podría seguir, pero repito simplemente lo más destacado que dijeron o postearon la gente de AMLO.

La pregunta para mí entonces se modifica. No se trata de elegir entre Texcoco y Santa Lucía más Benito Juárez. Se trata de saber por qué Peña Nieto nos lanzó a una aventura demencial como esta, si lo que dicen los colaboradores de AMLO es cierto. En campaña, nunca les hubiera hecho caso. Ahora que son amigos de Peña, me veo obligado a hacerlo.

La única respuesta sensata se la escuché a un amigo que sí sabe de aeropuertos: se construyó para robar. De ser cierto, a ver si Slim lo compra. El camello, digo.
17 Agosto 2018 04:07:00
¿Cuál echeverrismo?
Una de las críticas válidas que se le hizo a parte del equipo de campaña del Frente fue que constante e inútilmente comparábamos a López Obrador con Luis Echeverría. Muy pocos mexicanos, se nos decía, saben hoy quien fue LEA, y mucho menos si fue buen o mal presidente. Es probable que el reclamo haya sido justo; solo gente de mi edad o mayor, por ejemplo recuerda al Echeverría del 68, del 10 de junio, del golpe contra el Excélsior de Julio Scherer, de los interminables discursos y viajes por el Tercer Mundo. Pero poco se discutió si la comparación era acertada o no, con independencia de su pertinencia en una campaña.

Ayer AMLO anunció la creación de SEGALMEX, Seguridad Alimentaria Mexicana, fusionando Diconsa y Liconsa, y en la visión de algunos, re-inventando la Compañía Nacional de Subsistencias Populares o CONASUPO. Esta fue creada en 1962 con el propósito de comprar, almacenar, regular y entregar granos y despensas, sobre todo maíz, a la población de menores recursos en el país. Otros no ven equivalencia entre SEGALMEX y CONASUPO, que ya eviscerada, desaparece en 1999 por decisión de Ernesto Zedillo. La nueva institución, si se limita a realizar las tareas antes encomendadas a Liconsa y Diconsa, ni se acercaría a la inmensidad de las funciones de la instancia creada por López Mateos, en la época de oro del llamado desarrollo estabilizador, que tanto admira López Obrador.

Por si las raíces echeverristas del proyecto de SEGALMEX no fueran suficientemente evidentes, AMLO recurrió a uno de sus primeros jefes para conducir el nuevo organismo. Ignacio Ovalle dirigió lo que se llamó el INI-COPLAMAR en el sexenio de López Portillo; AMLO trabajaba en la delegación del INI en Tabasco. Antes, Ovalle había sido secretario particular y privado de Echeverría en Gobernación y en la presidencia. Después lo nombró subsecretario de la presidencia, y al final del sexenio, titular del ramo. Junto con Fausto Zapata, finado; Juan José Bremer, hasta hace poco embajador de México en Cuba; y Porfirio Muñoz Ledo, quien probablemente le coloque la banda presidencial a AMLO el primero de diciembre, Ovalle fue uno de los llamados niños héroes de Echeverría.

Durante el sexenio de Miguel de la Madrid fue nombrado embajador de México en Argentina. Allí recibió el apodo de Ovalle Motors, ya que compró con franquicia diplomática cinco Mercedes-Benz del modelo ultra-lujo, que guardó en el garaje de la residencia oficial mientras despachaba en Buenos Aires, hasta que los vendiera antes de regresar a México. Después de una siguiente misión diplomática en Cuba, fue “rescatado” por el gobierno de Carlos Salinas, quien lo designó director de ... CONASUPO, la institución a la que no se parece SEGALMEX... En 1991 renunció o fue renunciado de ese cargo, según algunas versiones de prensa de aquella época, debido a la entrega masiva y descarada de los llamados “tortivales” a millones de personas de escasos ingresos en las zonas marginadas del país.

¿Que van a hacer SEGALMEX y Ovalle? ¿Reconstruir la CONASUPO? ¿Lo mismo que Liconsa y Diconsa, con otro nombre? ¿Algo nuevo, más moderno, eficiente, económico y despolitizado? Empezaremos a saberlo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, que pronto deberá enviar el equipo de AMLO, junto con la Ley de Ingresos, al Congreso. Hagan sus apuestas.
15 Agosto 2018 04:07:00
TLC: ¿ya mero?
Nadie puede descartar que, en efecto, durante los próximos días, México y Estados Unidos alcancen un acuerdo sobre los puntos álgidos y pendientes de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y que una vez logrado ese cierre, Canadá y Estados Unidos puedan a su vez resolver los litigios entre ellos, y se sienten los tres gobiernos para finiquitar las últimas divergencias y desembocar en el famoso apretón de manos antes de finales de mes.

Este panorama tan optimista es el que los negociadores mexicanos vienen insinuando desde hace semanas, y haciendo a un lado los detalles, desde hace un poco más de un año. De allí dos preguntas: ¿por qué han insistido tanto en una visión optimista, que ha sido desmentida sistemáticamente? ¿Por que tantos medios, columnistas, analistas y los propios mercados les siguen creyendo? Antes de intentar ofrecer algunas respuestas, conviene señalar un par de ejemplos de los pronósticos falsos sugeridos por las autoridades y los empresarios mexicanos desde finales de 2016.

Se ha vaticinado varias veces que el TLCAN 2.0 podría haberse acordado antes de las elecciones mexicanas del 1 de julio. De esa manera se evitaría que se convirtieran en un tema de campaña. Algunos señalamos que no había manera que se llegara siquiera al acuerdo en principio (whatever that means) antes de los comicios. Ya sabemos que no sucedió.

También se sostuvo, o se filtró, o se esperó, que el Senado mexicano saliente (con mayoría priista) podría ratificar el nuevo TLCAN, evitando de esa manera que un cambio radical de la correlación de fuerzas en su seno entorpeciera y postergara la aprobación. Visto que los senadores actuales se marchan a fin de mes, este vaticinio tampoco se cumplió.

La parte mexicana –y en ocasiones la estadunidense también– ha procurado siempre mostrar tramposamente la mejor cara para proteger el tipo de cambio, para generar una inercia optimista, por pensamiento mágico (al cual es muy afín el presidente Peña Nieto), y porque sabía que podía. Son los mismos motivos por los cuales hoy sostienen en sus filtraciones que se puede llegar al acuerdo en agosto; que Trump apresura los trámites legislativos y jurídicos de tal suerte que ambas cámaras del Congreso norteamericano lo aprueban en noviembre, inmediatamente después de las elecciones de medio periodo allá, en un lame duck session; que México hace lo propio a finales de noviembre o incluso a principios de diciembre, y todo el mundo queda contento. Peña Nieto, porque su equipo habrá concluido las negociaciones y se confirmará que su estrategia con Trump, desde la invitación a Los Pinos, fue la correcta. López Obrador, porque no deberá ocuparse de conflictos con Estados Unidos en esta materia, y podrá mantener su luna de miel con Washington. Y Trump, porque según esta fantasía, gracias al TLC acordado en principio desde septiembre, conducirá al Partido Republicano a la victoria en los comicios de noviembre. Esta serie de deseos piadosos ayuda a estabilizar el tipo de cambio, a no desalentar la inversión, a evitar fricciones entre los dos equipos mexicanos, y a que la comentocracia financiera nacional y extranjera permanezca feliz.

He allí parte de la respuesta a la segunda pregunta. Después de tanta previsión equivocada, Bloomberg, Trade Monitor, El Economista, este mismo diario en ocasiones, los columnistas más afines al Gobierno de Peña Nieto, por lo menos en esta materia, le creen al mismo porque quieren creer. Suelen repetir lo que el Gobierno les susurra al oído, sin hacer la tarea de investigar si las afirmaciones no citables poseen algún viso de viabilidad.

Doy como prueba una joya publicada ayer por un diario de la Ciudad de México, en primera plana y en el equivalente de ocho columnas: “Se respira un ambiente de cierre y acuerdo”, según quien encabeza el grupo empresarial que acompaña las negociaciones. Se vuelve noticia la declaración en sí misma, sin que podamos saber si otros participantes piensan lo mismo, si es verosímil la metáfora, y se ajusta a una serie de restricciones, realidades y tiempos poco flexibles. No importa: ya vamos llegando a Pénjamo.
13 Agosto 2018 04:04:00
Partidos derrotados:  comienza la introspección
Los partidos derrotados el 1 de julio arrancan ya con sus procesos de introspección, debate, en su caso autocrítica, y ajustes de cuentas. Quienes no pertenecimos nunca a ninguno de ellos nos interesa el proceso, pero no nos incumbe directamente. En el caso del PRI, no sólo no me afectan las deliberaciones del mismo, sino que me parecen hasta cierto punto ociosas. Mientras no puedan los priistas responsabilizar a Peña Nieto de su debacle, nada de lo que digan o piensen resultará pertinente. Tratándose del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano, la situación es diferente.

Entiendo que debe haber varias interrogantes que los tres partidos puedan formularse a propósito de su desempeño en esta sucesión presidencial, partiendo de que, detalles más, detalles menos, los resultados no fueron los esperados. En primer lugar, si la estrategia del Frente fue la adecuada.

Todo indica que la respuesta se antoja afirmativa: ante el tsunami de López Obrador, ninguno de los tres por su cuenta, con la posible excepción de MC, hubiera alcanzado incluso los mediocres números del 1 de julio. Fue una idea original, audaz, responsable, que no funcionó. No por la idea, sino por la ejecución.

Segunda pregunta: ¿qué pudo haber hecho cada integrante del Frente para que una buena idea prosperara? Las responsabilidades son proporcionales a las dimensiones de cada componente de la alianza. Aunque la discusión es pertinente para las tres fuerzas, la respuesta del PAN y del PRD rebasa en importancia a la de MC. Por lo que he leído de las reflexiones internas de ambas organizaciones, concluyo, por ahora, que se puede dividir la contestación en dos partes. La primera: haber actuado de otra manera durante el sexenio de EPN; la segunda: un enfoque distinto durante los meses finales de la campaña real.

En el primer punto, ya varios dirigentes del PAN y del PRD han iniciado una discusión interesante. Para resumir: la firma del Pacto por México, además de apresurada y sigilosa, dañó mucho a sus autores por lo que siguió: la casa blanca y Ayotzinapa.

Aún suponiendo que fue una buena idea apoyar las llamadas reformas estructurales, y pedir poco a cambio (sobre todo el PAN), el proceso fue en buena medida impresentable. Pero ante todo, ni el PRD ni el PAN entendieron a tiempo –yo tampoco, pero no importa, aunque en el caso del PRD y la Casa blanca, tal vez vi las cosas oportunamente– que resultaba indispensable romper con el Gobierno a partir de ambos acontecimientos.

En lugar de utilizarlos como armas termonucleares contra EPN, ambos partidos terminaron cargando el lastre del régimen, innecesariamente. Cuatro años después, no fue creíble, a ojos del electorado, su propuesta de alternativa verdadera, aunque la otra, que sí fue creíble, hoy en varios aspectos, dejó de existir.

A partir del otoño de 2014, cualquier postura que no fuera de oposición tajante, radical y constante, empalidecería ante el desastre del régimen y la intransigencia de AMLO. Los votantes cobraron la indecisión en las urnas.

Segunda reflexión: aunque parte del PAN considera que la organización se desdibujó durante la campaña, y fue demasiado “frentista”, otros desde fuera pensamos que no fue lo suficiente. Aún atendiendo a las sensibilidades panistas, y de la fuerza muy superior de Acción Nacional –terminó por superar a los otros dos grupos cuatro y cinco a uno– sin Frente, no había alternativa viable a Peña y al PRI.

La ruptura con la idea –y en parte la realidad– del PRIAN, no residía en los supuestos valores trasnochados del PAN, si no en el Frente: una coalición de partidos, organizaciones y personalidades de la sociedad civil, con ideas diferentes a las de cada uno de sus integrantes, con propuestas de políticas y personas distintas.

Por múltiples razones, que ya habrá tiempo de exponer y analizar, el Frente no se “desempanizó”; el PRD y MC no pudieron/supieron/quisieron imponerse como iguales; y el activismo de la sociedad civil, una vez más, prefirió la crítica –en ocasiones fundada– al apoyo y la incorporación –en ocasiones con las narices
tapadas.
10 Agosto 2018 04:07:00
Elba
Para quienes desde el primer día dudamos del fundamento jurídico de la detención de Elba Esther Gordillo en 2013, su puesta en libertad definitiva por un juez constituye una reivindicación. En mi caso, siempre traté de separar mis afectos personales, mis críticas amistosas a su manera de hacer política, y la valoración del caso judicial en su contra.

Desde hace casi 30 años, la considero mi amiga, con los altos y bajos que toda amistad tan longeva entraña; desde entonces también, tanto en público como en privado, he intentado compartirle mis dudas sobre distintos momentos de su actuación política, en el sentido más amplio de la palabra; y nunca vacilé en cuestionar las motivaciones y los procedimientos del Gobierno de Peña Nieto para encarcelarla durante cinco años. Si su puesta en libertad se debe o no a un arreglo entre Peña Nieto y López Obrador ni es asunto mío, ni tengo cómo corroborarlo. Allá ellos.

Dejando a un lado lo personal –pero no es secundario: yo leía las listas de visitantes a los diversos recintos de detención donde yo la visitaba, y eran pocos– el caso de Elba suscita una serie de denuncias lapidarias de nuestro sistema de justicia. Algunos objetarán que se trata del peor ejemplo posible: rica, poderosa, abusiva, excesiva, etc. Es totalmente atípica. Sostengo lo contrario: si a alguien con su poder, sus recursos, su experiencia y sus contactos, le va así, ¿cómo le va a gente indefensa que permanece en la cárcel años sin sentencia?

Primera denuncia: desde el primer día, el caso parecía insostenible. Por evasión fiscal, simplemente absurdo: no hay acusación penal sin auditoría previa. Nunca se produjo. Por lavado de dinero y delincuencia organizada, más absurdo todavía: no se puede conspirar más que con recursos de origen ilícito, y los famosos 2 mil millones de pesos dizque para bolsas de Neiman Marcus provenían de un origen muy claro y lícito, mientras no se demostrara lo contrario: del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El SNTE, totalmente subordinado al Gobierno durante todo el sexenio, jamás presentó querella alguna contra Gordillo. Sus dirigentes saben por qué no lo hicieron; yo, no.

Segunda denuncia: detenerla durante cinco años sin sentencia, es decir, sin que la PGR haya podido acreditar su culpabilidad ante un juez perteneciente a un poder judicial altamente sensible a las presiones del poder ejecutivo, obliga a una conclusión lamentable. Conviene recordarlo por milésima vez: el Estado estaba obligado a demostrar su culpabilidad; ella no estaba obligada a demostrar su inocencia. Más allá de la opinión que cada quien pueda guardar sobre su comportamiento público y privado, Elba fue una presa política.

Tercera denuncia, y quizás la más grave: Elba nunca fue condenada ante la justicia, pero sí frente a la opinión pública. Desde 2012, Peña Nieto candidato, muchos sectores de la sociedad, con buenas y malas razones, los medios de comunicación, y la comentocracia, consumaron un verdadero linchamiento público de la maestra. Es cierto que en parte se lo ganó a pulso; pero el argumento es aberrante. Te lincho por negro; bastaba que no lo fueras, para no lincharte.

Cuarta denuncia: nunca utilizó fondos públicos para sufragar sus excesos privados, ni dilapidó dinero de los contribuyentes en sus gastos ostentosos y moralmente injustificables en este país. Desde un fallo antiguo a propósito del sindicato de trabajadores de la Secretaría o Departamento de Pesca, y sobre todo a partir de la jurisprudencia de la Suprema Corte en 2010, la tesis carece de validez. En agosto de ese año, la segunda sala de la SCJN falló, por unanimidad, que la utilización de las cuotas del sindicato de trabajadores de Pemex, aunque tuvieran un origen público, pasaba al ámbito privado desde el momento en que los salarios de los empleados, incluyendo la parte retenida por Pemex, se devengaran. Lo público se transformaba de facto en privado. Con independencia de la opinión que se pueda esgrimir sobre esta decisión de la Corte, es incontrovertible. Los recursos que el SNTE le entregaba a Elba Esther para sus gastos, no eran públicos, eran privados.

Se trata de una estupidez más del Gobierno de Peña Nieto. La detuvieron sin fundamento jurídico, por razones políticas; la mantuvieron detenida durante cinco años, sin acreditar su culpabilidad; se vieron obligados a liberarla, por razones políticas y jurídicas. Nadie gana con esto, pero es el momento, más que nunca, de defender una causa que a muchos imbéciles y a buenos amigos inteligentes les molesta: el debido proceso vale para los buenos y malos, para los que me caen bien y los que me caen mal, para mis amigas y mis enemigos.
08 Agosto 2018 04:07:00
La desigualdad en México… y en París
A propósito de varias columnas recientes sobre el misterio (para mí) de la votación masiva a favor de López Obrador por parte de los mexicanos con mayor escolaridad, me escribe una amiga mexicana de Houston: “¿Viste las escenas de Angélica Rivera comiendo con sus hijas en L’Avenue en París y al mismo tiempo las escenas de AMLO en el camioncito del aeropuerto jalando sus maletas y haciendo colas? Esa gente con más educación sabe distinguir. No es un tema de números y de si bajar los sueldos y vender el avión ahorra o no. Es la grosería de los excesos con los que se relaciona (con razón) a los políticos. Es castigarlos a todos por parejo”.

No sé si tiene del todo razón. Es obvio, sin embargo, que el uso y abuso de los recursos logísticos y humanos del Estado Mayor Presidencial por parte de toda la familia presidencial ampliada y algunos integrantes del gabinete contribuyó a la pésima imagen de este Gobierno. De allí surgen las propuestas de AMLO de suprimir tanto los aviones como los elementos del EMP. Ahora bien, detrás de esta realidad, hay otra. Tiene que ver con la desigualdad en México.

En un artículo publicado en Nexos en 2017 por Julio A. Santaella, el presidente del INEGI, y dos colaboradores, y que no recibió la atención que merecía, el autor intenta una reconfiguración de las cifras de desigualdad y pobreza en México. Lo hace a partir de una reflexión –válida para muchos países y conocida desde hace tiempo en México- sobre las deformaciones de las cifras de distribución del ingreso de las Encuestas Nacionales de Ingreso/Gasto de los Hogares (ENIGH), base del cálculo del coeficiente Gini, que mide la desigualdad. Dice Santaella que es “sumamente improbable que los hogares de los superricos, que a pesar de ser muy pocos, concentran una parte sustantiva del ingreso total, caigan en la muestra (de las ENIGH).” Y sugiere que “una... fuente de información que resulta especialmente útil para recuperar la dimensión ‘micro’ de la parte más alta de la distribución: los ingresos declarados al SAT por las personas físicas”. Fuente a la que él tuvo acceso.

Por lo tanto, “la desigualdad económica es bastante mayor de lo que la encuesta por sí sola nos permite ver”. Por ejemplo, “el ingreso promedio del 10% de los hogares ubicados en la parte más alta de la distribución sería en realidad más de 55 veces el del 10% de los hogares con menores ingresos, cifra claramente superior a la de alrededor de 25 veces que sugieren los datos de la ENIGH.” O, en plata, el Gini mexicano de 2014 (el más reciente en el momento de la aparición del artículo), sería de 0.63, en lugar de 0.45. Aunque los autores advierten que no deben compararse estas cifras ajustadas con las de otros países, basta recordar que 0.45 es un Gini muy desigual, que los países ricos se hallan en niveles inferiores a los .40 –y algunos en menos de 0.30– y que 0.63 sería probablemente el Gini más elevado del mundo, es decir el que refleja la mayor desigualdad. Claro, suponiendo que las cifras de otros países como Sudáfrica, Chile, Colombia y Brasil publiquen cifras fidedignas.

En el texto, Santaella también aclara que al realizarse las mismas correcciones pero en torno a la pobreza, esta, en lugar de aumentar, como la desigualdad, disminuye de manera dramática. El porcentaje de hogares por debajo de la línea de bienestar del CONEVAL en 2014 pasaría de 53% a 28%, o de 20% a 9% en lo tocante a la línea de bienestar mínimo. Estos ajustes corresponden a muchas impresiones intuitivas o anecdóticas en relación a la pobreza en México: es menor de la que sugieren las cifras tradicionales, citadas por casi todos.

¿Qué tiene que ver todo esto con la primera dama en París y AMLO en el avión? Nada y bastante. México es un país mucho más desigual de lo que indican los datos tradicionales; el Gobierno de EPN llevó la realidad y la percepción de dicha desigualdad a grados nunca vistos, por lo menos desde Alemán. AMLO, por su parte, apela a la justificada indignación de la gente ante estos excesos, con posturas simplistas e ineficaces, pero persuasivas.
06 Agosto 2018 04:06:00
La confianza
Varios distinguidos miembros de la comentocracia –Macario Schettino, Héctor Aguilar Camín, el que escribe, entre otros– hemos... comentado en días recientes cómo la sociedad mexicana se encuentra de plácemes por los resultados electorales. Y hemos contrastado dicho estado de ánimo optimista y positivo con una realidad que no necesariamente embona con las expectativas y la felicidad. Para abonar a lo mismo, van unos nuevos datos económicos.

El pasado viernes se publicó el dato para julio del Índice de Confianza del Consumidor del INEGI. Mostró su mayor crecimiento mensual –14.8%– desde 2001, y alcanzó su nivel más elevado desde 2008. Ambas cifras fueron atribuidas por especialistas y el propio INEGI a los resultados electorales, y a la consiguiente apreciación del peso en relación al dólar. Se trata, desde luego, de un indicador de percepciones, no de realidades, pero una mayor disposición de los hogares a efectuar compras de bienes durables, por ejemplo, suele traducirse, justamente, en mayores compras reales en las tiendas.

Casi de manera simultánea, el 31 de julio, el mismo INEGI hizo públicas las cifras de crecimiento del PIB para el segundo semestre del año, es decir abril, mayo y junio. Ajustadas por estacionalidad, el PIB decreció 0.07%, después de dos trimestres de crecimiento moderado. Es la primera caída del producto desde principios del sexenio de Peña Nieto. En términos anualizados, y corrigiendo por variaciones estacionales, la expansión de la economía, del segundo trimestre de 2017 al segundo trimestre de 2018, según la estimación oportuna del INEGI, fue de 1.6%, una de las tasas más bajas desde 2009.

Asimismo, esta semana, tanto Banco de México como el FMI, redujeron sus pronósticos para la economía mexicana este año y el siguiente. Para el banco central, la tasa de crecimiento de 2018 se aproximará más al 2% que al 3%, es decir en la parte inferior del rango divulgado hace meses. Para 2019, el Fondo prevé un crecimiento menor que el previsto para México –2.7% en lugar de 3%– debido a una serie de razones de coyuntura e internacionales, entre otras el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Si tomamos en cuenta el hecho de que la inversión pública y privada, nacional y extranjera, desde finales de 2017, entró en una fase de cierto aletargamiento, se entiende que el futuro económico no resulte demasiado alentador, más allá de lo que un nuevo gobierno pueda o no hacer a partir de diciembre.

En otras palabras, existe un desfase evidente entre lo que la sociedad mexicana siente, medido por las encuestas del INEGI, lo que el INEGI mide en materia de comportamiento de la economía en el período inmediatamente anterior, y lo que organismos nacionales e internacionales pronostican para el resto del año y 2019. Las expectativas de la gente pueden operar sobre la realidad, a través del comportamiento de los hogares –mayor consumo– y de las empresas –mayor inversión. De allí que no se pueda inferir que la sociedad se equivoca: si piensa que la economía va a mejorar, en ocasiones en efecto mejora. Pero también es factible lo contrario: de la misma manera en que la gente no tiene razón en creer que ciertas medidas del nuevo gobierno surtirán determinados efectos, sus sentimientos sobre la economía pueden errarle al blanco por un gran margen. Y a la gente no le gusta equivocarse.
03 Agosto 2018 04:06:00
Los arbolitos de AMLO: algunos antecedentes
Uno de los proyectos de López Obrador más citados por los medios y por él mismo en días recientes es el de la siembra de un millón de hectáreas de árboles frutales, maderables y de café en el sureste mexicano. Lo menciona AMLO en su carta a Donald Trump, ha ido a Chiapas a promoverlo in situ, y ha agregado ciertos detalles: se crearán 400 mil empleos permanentes; los maderables serán sobre todo caoba, hule y cedro; entrañará efectos de restauración ecológica; da a entender en dicha carta a Trump que junto con el proyecto del Istmo de Tehuantepec y la zona libre de la frontera norte, se tratará de la primera “cortina para retener trabajadores en nuestro territorio”.

Aún impera cierta confusión sobre los “detalles” del proyecto. Por ejemplo, si se trata de sembrar un millón de árboles o un millón de hectáreas, que equivalen más o menos a 3% de la superficie nacional cultivada y donde se sembrarían entre 300 y 500 millones de árboles en total; si se sembrarán en tierras ya desbrozadas o si habrá que talar, quemar, desyerbar y clarear tierras selváticas para alcanzar los beneficios anunciados. Asimismo, no queda claro qué árboles comenzarán a producir y cuándo: los cafetos primero, los frutales que les brindarán sombra antes o después, y los maderables ya en sexenios siguientes.

Mi madre visitó Cuba por primera vez en 1967, y volvió muy entusiasmada con la revolución en general y con un proyecto en particular, lanzado por Fidel Castro hacia finales de ese año, y desarrollado a partir de un discurso del comandante en enero de 1968. Se llamaba el Cordón de La Habana. Dijo Fidel: “La superficie del Cordón de La Habana es aproximadamente 30 mil hectáreas, aproximadamente unas 19 mil irán sembradas de frutales con café intercalado en los frutales... La Habana producirá el café que consume, y ya en el año 1970 se autoabastecerá plenamente de café... no sólo abastecería a la capital y el país de café, sino que convertiría a Cuba en una potencia cafetalera mundial”. Según una publicación sobre los proyectos más connotados de Castro cuando murió, “el proyecto de producción de café fracasó cuando se descubrió que los cafetos no progresaban todo lo esperado debido a la plantación paralela de otra planta de crecimiento más rápido, el gandul, destinada a darle sombra a la plantación de café que sólo se da en zonas montañosas. La planta en cuestión destinada a crear un entorno boscoso en tiempo récord absorbía todo el oxígeno de la tierra y mataba al cafeto. Ni La Habana, ni Cuba, se pueden abastecer hoy de café... La última cosecha cafetalera sólo produjo 6 mil 105 toneladas, la décima parte de lo que se producía en 1959”.

El antecedente inmediato del Cordón fue el Plan Citrícola de Isla de la Juventud (antes Isla de Pinos) de 1965. La meta era, según le dijo Castro al periodista Lee Lockwood de Playboy en esos años: “Vamos a plantar de cítricos un área similar a la usada por Israel, con el objetivo de convertir a Cuba en el primer exportador del mundo, triplicando la producción israelí”. Durante décadas, jóvenes de muchos países, ante todo africanos, fueron a plantar cítricos y después, a cuidarlos, principalmente, naranja y toronja. Según una nota periodística de estos años, los cultivos fueron devastados a lo largo de los años por plagas, mala atención y problemas de infraestructura. En 2013, Israel produjo 551 millones de toneladas de cítricos; Cuba, 66 millones de toneladas.

Obvio: Cuba no es la inspiración del proyecto de AMLO. Obvio también: sus encargados ya estudiaron en detalle los intentos cubanos y, en Quintana Roo en tiempos más recientes, de hacer más o menos lo mismo. Conocen perfectamente  las razones debido a las cuales estos esfuerzos fracasaron de manera rotunda.  Asimismo, sin duda revisaron minuciosamente los casos de éxito: el Negev, en particular. Estamos un buenas manos.
01 Agosto 2018 04:06:00
Los universitarios y López Obrador
Varios colegas comentamos las encuestas levantadas estos últimos días sobre las expectativas de la sociedad mexicana ante la presidencia de López Obrador. Todos, sin mayor comunicación entre nosotros, subrayamos a la vez las dimensiones de dichas expectativas, así como una extraña característica de las mismas. Entre mayor el nivel de escolaridad o educación, mayores las expectativas. Sin volver a las cifras, quisiera reflexionar con los lectores sobre esta paradoja.

Los mexicanos con estudios superiores –terminados o parcialmente realizados– deben sumar entre 15 y 20 millones. Pueden tener desde 80 años de edad, es decir, quienes acabaron o salieron de la universidad hace 55 años, hasta 25 años hoy. Se trata de una élite privilegiada, por supuesto, pero nada despreciable en su extensión. Aproximadamente 60% votaron por Andrés Manuel López Obrador –siete puntos más que el promedio nacional– y en proporciones muy superiores, esperan que se produzcan muchos de los cambios que él prometió durante la campaña. Dijimos que más allá de opiniones, estos mexicanos con educación superior simplemente se equivocaban, ya que no existe relación alguna entre los medios propuestos por AMLO y los fines esbozados durante la campaña. Aunque algunos lectores o seguidores comentaron que lo importante no era la factibilidad o la eficacia de las medidas, sino el ejemplo ético o la intención, el hecho es que la falta de causalidad sigue vigente.

La pregunta que me hice después, con algunos colegas, se refiere al tipo de educación superior que el país le dio a los mexicanos desde hace esos 55 años (habrá algunos universitarios de más de 80 años, pero de acuerdo con la esperanza de vida de los años 60, son pocos). Más allá de la calidad –muy dispareja, según la universidad, la carrera y la persona– de dicha educación superior, es obvio que a partir de la mitad de la década de los años sesenta, tuvo un sesgo antigobierno muy pronunciado. No en balde: las múltiples represiones antiestudiantiles de esos años y del decenio siguiente; el hecho de que las universidades públicas se volvieron centros de refugio de la izquierda, reprimida brutalmente en otros ámbitos de la vida pública; las consecuencias virtuosas y enviciadas de la autonomía; las inclinaciones, más adelante, de los profesores formados en esos años, y que dictaron clases a alumnos en los ochenta y noventa; la memoria colectiva del 68 y antes: todo ello sin duda contribuyó a una ideologización del universitario egresado desde mediados de los sesenta hasta hace muy poco.

Al mismo tiempo, y por razones semejantes, puede haber existido el equivalente de lo que Althusser llamó la ideología espontánea de los científicos, entre los egresados de carreras no estrictamente de ciencias sociales. No debe sorprender a nadie que un graduado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde di clases desde 1979 hasta 2005- hoy no solo vote por AMLO, sino que desee y espere que cumpla sus promesas. Más sorprendente resulta que un médico egresado de la magnífica Facultad de Medicina de CU, o un ingeniero, o un abogado, o un veterinario o un contador, piensen lo mismo. Las encuestas nos dicen que sí. Entonces tal vez ellos, no tanto por haber leído o estudiado temas políticos durante sus años universitarios, sino por que ese era el ambiente que reinaba en las universidades públicas del país en ese momento, absorbieron esa ideología, sin saber muy bien que lo hacían.

Conviene recordar que hoy en México la universidad pública incluye a menos de las dos terceras partes de la matrícula de educación superior, pero que hace 30, 40 o 50 años, no era el caso. En fin, vale la pena seguir pensando al respecto, a sabiendas que se trata, por lo menos en mi opinión, de algo enigmático que no se presta a explicaciones fáciles.
30 Julio 2018 04:07:00
Un gran malentendido
Se ha vuelto un lugar común afirmar que la elección de López Obrador ha elevado al extremo las expectativas de una amplia mayoría de la sociedad mexicana. Varias encuestadoras han cuantificado dichas expectativas en días recientes, y aunque todos los vencedores en una contienda electoral en automático ven elevarse sus niveles de aprobación y popularidad inmediatamente después de la votación, los números confirman las impresiones. La gente cree en el cambio.

Una de las encuestas, la de Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), además de revelar opiniones inesperadas por parte del sector de mayor educación en el país, muestra con precisión la dimensión del malentendido que se ha generado en el país. Entre las curiosidades destaca, por ejemplo, el hecho de que casi 70% de la población con escolaridad superior piensa que se debe vender el avión presidencial: un porcentaje 30 puntos superior al de los mexicanos sin estudios. Más de la mitad de los ciudadanos sin estudios piensa que el avión no debe venderse. En otras palabras, el pueblo, que según AMLO, es sabio, en este caso... lo es en mucho mayor grado que los mexicanos no tan de pueblo, es decir, con educación superior. La compra de ese avión sin duda fue, en el mejor de los casos, una estupidez, pero la idea de no utilizarlo y venderlo a cualquier costo lo es también. Aunque dos de cada tres mexicanos con educación universitaria no lo entiendan.

Pero la parte en verdad interesante de la encuesta de GCE yace en las respuestas a las interrogantes relacionadas con el plan de austeridad de López Obrador. La pregunta central fue formulada de manera un poco sesgada (no sé si intencionalmente) como sigue: “¿Qué tan importante considera que es esta medida para reducir el gasto público: muy importante, algo importante, o nada importante?” A continuación, las medidas: reducir el sueldo de funcionarios que perciben más de un millón de pesos al año; cancelar las pensiones a los expresidentes; cancelar gastos médicos privados para funcionarios; el próximo presidente ganará menos de la mitad de lo que recibe el actual. A la primera, 87% respondieron que era muy importante o algo importante la medida; a la segunda, 83%; a la tercera 82%; y a la cuarta “sólo” un 71% pensó que, en efecto, reducir el sueldo del presidente a la mitad era muy importante o algo importante para reducir el gasto público.

De nuevo, a mayor escolaridad, mayor trascendencia atribuida a la anunciada decisión de reducir los sueldos a la mitad (94% para personas con educación superior); 90% para las pensiones; 92% para los seguros médicos; y 85% para reducir el sueldo del presidente. En otras palabras, gracias al sesgo de introducir una intencionalidad en la pregunta (“para reducir el gasto público”) sabemos que una mayoría aplastante, de más de 90% en promedio de los mexicanos con estudios universitarios, cree que esas medidas son importantes para reducir el gasto público. Lo cual es absolutamente falso en los cuatro casos: ninguna de estas cuatro medidas, ni siquiera la de los seguros médicos privados, que puede revestir un cierto significado ético, surtirá el menor impacto en un gasto público de más de 250 mil millones de dólares al año. Por cierto, en esta ocasión también los mexicanos sin estudios son los que menos importancia le asignan a las medidas. El pueblo también es escéptico, o tal vez cínico, diría AMLO.

No se trata de asuntos de opinión. Esos 9 de cada 10 mexicanos que piensan que así el Gobierno gastará menos, o que gastará más en asuntos de mayor beneficio para el país, están simplemente equivocados. Allí no hay ni tesoro de Moctezuma, ni ahorro en potencia, ni menores impuestos. Sólo hay una ilusión, fomentada por López Obrador y por Morena, imposible de realizar o cumplir. Estas son las dimensiones del malentendido.
23 Julio 2018 04:06:00
Las nuevas cifras de la guerra del narco
La carta de Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump, divulgada el domingo en la tarde, merece un largo, detallado y pausado comentario, para el que no hay condiciones hoy. Lo haré el miércoles. Entre tanto, me parece que los datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el viernes en la tarde –para que se note lo menos posible– ameritan un breve análisis.

De acuerdo con las cifras de esta fuente –que a lo largo de los últimos 20 años arroja datos inferiores a los del INEGI en un 10 a 15%– en el mes de junio de este año, se produjeron 2 mil 294 homicidios dolosos en México. Junto con los números de los primeros cinco meses de este año, en México en 2018 han tenido lugar 13 mil 738 homicidios dolosos durante el primer semestre, es decir, un incremento de 15% en relación con el año anterior.

Se trata de un monto superior al de 2011, el año de mayor violencia en la historia moderna del país. De seguir la tendencia hasta fin de año, nos ubicaría en unos 23 o 24 homicidios dolosos por 100 mil habitantes, no sólo la cifra más elevada de los últimos 30 años –y probablemente de la historia moderna del país– sino a niveles superiores a los de Brasil y cercanos a los de Colombia.

Conviene recordar que en 2006-2007, los años de menor violencia en la época moderna, alcanzamos una tasa de entre 7 y 8 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. Ese es el verdadero saldo de la guerra del narco.

Especialistas más autorizados que yo escudriñarán los datos con mayor detalle: geográfica y generacionalmente, y a propósito de sus orígenes. Por lo pronto, conviene derivar algunas conclusiones políticas para el próximo gobierno. Fox le heredó a Calderón cifras de violencia en pleno descenso, a pesar de lo aparatoso de las cabezas de Uruapan y del operativo en Nuevo Laredo. Calderón le entregó a Peña Nieta una verdadera hecatombe, pero con una tendencia descendente a partir de 2012.

En cambio, junto con sus demás desastres, el nuevo presidente recibirá en diciembre grados de violencia, medidos de esta manera, en pleno ascenso, cualesquiera que sean las explicaciones de este comportamiento de las estadísticas. Como ya se ha dicho en múltiples ocasiones, por múltiples comentócratas, bajo el sexenio de Peña Nieto se habrán generado más muertes que en el de Calderón. Huelga decir que a cambio de nada.

A menos de que algo suceda de aquí a noviembre –y si suscribimos la tesis expuesta en este espacio el viernes, podría acontecer– López Obrador recibirá un país con umbrales de violencia nunca vistos en tiempos modernos. Obviamente los muertos no son suyos; tampoco son ya de Calderón. Su autoría es otra: Enrique Peña Nieto. Pero a partir de diciembre, le pertenecen a AMLO. Es la ley de la vida, de la política, y de la muerte.

Devolver al Ejército a los cuarteles es una manera de acotar la hecatombe, rápidamente. Legalizar la mariguana y el cultivo de amapola, es otra. Elevar la puja, y destinar muchos más recursos humanos y financieros a la guerra contra el narco es otra, aunque únicamente, en el mejor de los casos, a mediano plazo. Supongo que los colaboradores de AMLO han estudiado todo esto, y tenían perfectamente previstas las cifras de junio. Ya contemplan respuestas. Suerte.
18 Julio 2018 04:06:00
¿No intervención?
América Latina no puede sobrevivir sin crisis recurrentes de derechos humanos. Cuba, durante años; México, desde hace 12, y un pasado lejano poco envidiable; Venezuela, ya de manera casi permanente, y ahora, Nicaragua. Las escenas, los números evocan momentos de 1978-1979; el creciente, pero aún insuficiente, clamor internacional, también.

Pero hay de clamor en clamor. Por un lado, un primer paso importante del secretario general de la ONU, lamentando la violencia. Desde antes, denuncias, gestos y artículos magníficos de Sergio Ramírez, otrora vicepresidente de Daniel Ortega, que entre sus 10 años en el poder el siglo pasado y sus 12 en este, comienza a colocarse en las grandes ligas de los gobernantes eternos. Enseguida, una reinvención del llamado Grupo de Lima dedicado a Venezuela, ahora con Uruguay y Ecuador, e incluyendo de nuevo a México, Brasil, Argentina, Chile y Colombia, condenando las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y haciendo un llamado a elecciones “libres, justas y oportunas”.

Pero el martes 17 de julio, el llamado Foro de Sao Paulo emitió un comunicado en La Habana que hace mención a la situación en Nicaragua. Según Telesur: “El Foro afirmó su hermandad al comandante Daniel Ortega y al pueblo nicaragüense por los hechos de violencia suscitados por grupos de la oposición”, que ya ha costado más de 300 muertos. El comunicado afirma que la “violencia, destrucción y muerte” es responsabilidad de “la manipulación y la acción desestabilizadora de los grupos terroristas de la derecha golpista…”.

El Foro de Sao Paulo es el nombre genérico extendido a una serie de reuniones que comenzaron en 1990 en Sao Paulo, a iniciativa de Lula, entonces candidato recién derrotado a la presidencia de Brasil, y La Habana, para reunir a todas las organizaciones de izquierda de América Latina, desde las FARC colombianas y el Frente Sandinista, hasta el PT de Lula y el PRD en México, fundado un año antes por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. A partir de entonces, el Foro se convirtió en una instancia de solidaridad, sobre todo declarativa, de todas las causas de izquierda de la región. Se concentró, sin embargo, en el apoyo a las “víctimas” de la agresión imperialista: Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Honduras, etc. Nunca se caracterizó por la denuncia de las violaciones de los derechos humanos, o de los ataques a la democracia representativa en la región.

Morena se afilió al Foro en 2016, recién obtenido su registro. Sus representantes han asistido a varias reuniones, donde se han solidarizado con los diversos regímenes autoritarios latinoamericanos, pero principalmente Venezuela. AMLO no ha acudido a las reuniones, aunque obviamente aprueba la participación de Morena. La presidenta de su partido fue a La Habana, pero aparentemente no pronunció discurso alguno.

López Obrador en cierto sentido hace bien en guardar silencio sobre Nicaragua, por ahora, invocando su sacrosanto principio de no intervención. Ya tendrá oportunidad de desenmarañar la complejidad del asunto después del 1 de diciembre. Pero como seguramente le explicaron sus colaboradores, hay otro tema latinoamericano pendiente y urgente en materia de democracia, tal vez más afín a sus afinidades. Se trata de la prohibición para Lula de ser candidato a la Presidencia de Brasil en los comicios del 7 de octubre. Como algunos recordarán, el expresidente brasileño se encuentra preso en Curitiba, acusado de lavado de dinero y de haber recibido un departamento o la remodelación del mismo de una empresa constructora. Muchos consideran que más allá de los otros escándalos de corrupción en Brasil (Odebrecht, Lava Jato, etc.), y del juicio que cada quien pueda aportar sobre el mandato de Lula y de su sucesora, se trata de una especie de desafuero a la mexicana, o de inhabilitación a la venezolana.

Una elección en México en 2006 sin AMLO era una aberración política, aunque el caso jurídico podía ser robusto. La ausencia de Henrique Capriles o Leopoldo López o María Corina Machado en las elecciones presidenciales venezolanas de mayo lo son también. ¿Tampoco se va a pronunciar AMLO sobre el caso de Lula? Los comunicados y discursos incendiarios de los dirigentes de Morena ya no bastan, si se trata de definirse. La presidenta de Morena firmó el comunicado final apoyando a Lula y a Daniel Ortega. ¿Y la no intervención, apá?
13 Julio 2018 04:06:00
¿Coordinadores estatales o prefectos?
Entre los primeros anuncios del equipo de López Obrador, que no necesariamente recibieron una gran atención en la campaña, figura el de centralizar las delegaciones federales en cada estado en una sola representación. Como tantas otras propuestas surgidas o por emerger durante el período de transición –interminable– se puede tratar de globos de ensayo bien pensados, ocurrencias de un colaborador designado o con ilusiones de serlo, promesas de campaña en búsqueda de una traducción a políticas públicas, etc.

Es difícil determinar por ahora si las declaraciones de Loretta Ortiz, una académica y abogada seria, así como las designaciones de excandidatos a gobernador o senadores electos como Delfina Gómez en el Estado de México y Carlos Lomelí en Jalisco, son simples llamaradas, o si constituyen señales precursoras de lo que viene. De confirmarse el esquema –que no figura, hasta donde pude comprobarlo, en las 480 páginas del Plan de Nación de AMLO– se trataría de la reforma más ambiciosa y significativa de las que ha programado López Obrador, mucho más trascendente que las 13 iniciativas presentadas ante funcionarios electos en estos días. Podría revolucionar el falso, vetusto y disfuncional federalismo mexicano, pero tal vez sustituyéndolo por algo peor.

Es un hecho que las dependencias federales gastan grandes cantidades de dinero en sus delegaciones estatales, y que en algunos casos se duplican funciones. También es cierto que dichos cargos suelen ser premios políticos, y desde 2006, partidistas, para cada nueva administración. Es a través de los delegados que se entregan dádivas, que se desvían recursos, que se ejercen favoritismos, y se roban recursos. Pero al encontrarse fragmentadas y en ocasiones confrontadas entre sí, estas delegaciones carecían de poder frente al gobernador estatal y a sus diputados, quienes eran los que a final de cuentas gestionaban recursos en la Ciudad de México. El gobernador mandaba, o robaba, o ambas cosas, pero representaba un cierto contrapeso al gobierno central. Cada delegado respondía al titular de su dependencia, y no directamente al jefe del ejecutivo. Este esquema alentaba la corrupción e imposibilitaba la rendición de cuentas: todo el dinero era de Hacienda en CDMX, pero solo el gobernador –y su congreso local– supervisaba el gasto de ese dinero.

Con este proyecto, todo eso se acabó. Como ya lo han dicho varios especialistas, los nuevos enviados del poder presidencial van a ser auténticos virreyes, o procónsules al estilo romano. Dependerán por completo de la Presidencia. En los hechos sustituirán a los gobernadores. No es una casualidad que dos de los más importantes prefectos (término romano y francés, como representante de la autoridad central) son dos excandidatos derrotados en elecciones para gobernador: Delfina y Lomelí. Conviene recordar que justamente el “prefecto” fue creado por Napoleón Bonaparte en 1800, para restablecer el orden o poder central después de 11 años de convulsiones revolucionarias. Fue parte del diseño napoleónico de construir una estructura administrativa y política centralista por excelencia.

¿A quién van a pedir audiencia los políticos locales, los empresarios, los medios de comunicación, el obispo o cardenal, el rector de la universidad o el abogado más distinguido de la comarca? ¿Querrán entrevistarse con el gobernador, sin recursos ni accesos en México, o con el representante personal de López Obrador en Chilpancingo o Culiacán?

Desconocemos por definición las verdaderas motivaciones de esta reestructuración: ahorro, lucha contra la corrupción, centralización del poder, volver más eficiente la administración pública, o todas ellas. Tampoco sabemos si el proyecto prosperará: los obstáculos jurídicos, laborales, y burocráticos pueden resultar insuperables. Intuyo, sin embargo, que al igual que en muchos otros rubros, López Obrador se propone aquí poner en práctica una buena idea, por malas razones. No es una buena receta.
11 Julio 2018 04:07:00
C​ontra los contrapesos
Uno de los comentarios, o de las conclusiones, más generalizados sobre la elección del pasado 10 de julio parte de la idea de que el electorado le dio un mandato excesivo a Andrés Manuel López Obrador. No sólo obtuvo 53% de la votación en la elección presidencial –lo cual le hubiera permitido vencer en una primera vuelta, de haber habido segunda vuelta– sino que obtuvo una mayoría en ambas cámaras del Congreso, cercana a la mayoría calificada para modificar la Constitución, y en un número de gubernaturas que no necesariamente se esperaba. Gente con experiencia, ideas, y desde luego inteligencia, ha especulado que la ausencia de contrapesos que implica este resultado es dañino para la democracia en México y puede desembocar, o bien en un régimen autoritario, o bien en un régimen que por la vía democrática impulse cambios contrarios, en el fondo, al interés general de la sociedad mexicana.

Entiendo muy bien esta suspicacia. Desde 1994 no ha habido un presidente con el mandato –real o artificial en aquel momento– de López Obrador. En 1997 el PRI y Ernesto Zedillo perdieron su mayoría en la Cámara de Diputados, y en la jefatura de gobierno de la capital de la República, y mucha gente piensa, creo que con algo de razón, que ahí comenzó la alternancia en México. Y en ese momento y posteriormente en las elecciones sucesivas, muchos colegas consideraron que la ausencia de mayorías legislativas por parte del Presidente –en el 2000, 2006 e incluso en el 2012– eran parte de los checks and balances de una democracia normal. Se comprendía que en un país con una tradición autoritaria y sin separación de poderes este hecho fuera considerado como un avance, digno de aplauso.

Nunca estuve de acuerdo con este enfoque. Desde el 2004, en un libro de campaña, Somos muchos, ideas para el porvenir, propuse que México debía adoptar un sistema que le diera al presidente de la República una mayoría casi automática en el Poder Legislativo para que pudiera poner en práctica el programa de gobierno por el cual había sido electo por la ciudadanía. Posteriormente, en el 2010 y en otros años, con Héctor Aguilar Camín y otros, insistí en lo mismo. Era indispensable para un país tan necesitado de cambios, como el nuestro, y donde el andamiaje institucional resultaba tan reacio a ellos, que legisláramos de tal suerte que se pudieran dar los cambios que la ciudadanía quería. Si los votantes elegían a un presidente que deseaba transformar radicalmente el panorama económico, social, político e internacional del país, entonces debían también contar con una mayoría en el Poder Legislativo para que eso fuera posible. Yo en lo personal podía estar de acuerdo o en desacuerdo con el programa que propusiera tal o cual candidato. Pero me parecía entonces que así debía ser, en un país, insisto, tan ansioso de cambios como el nuestro.

Hoy en día, cuando a López Obrador se le dio ese mandato, resultaría ser terriblemente hipócrita o deshonesto de mi parte reclamarle a él o al electorado el haber votado como votó en esta materia. Desde luego que hubiera preferido yo que la sociedad mexicana no votara tan abrumadoramente por AMLO, ni mucho menos que le otorgara una virtual mayoría constitucional en ambas cámaras. Pero el hecho es que la sociedad mexicana le entregó ese mandato y pienso que debe poder traducirlo en las políticas públicas que él, con mayor o menor precisión o engaño, le propuso a la sociedad mexicana. Siempre he sido partidario de un sistema electoral que le entregue la confianza a los votantes, se equivoquen o no.

Entiendo las objeciones. Nuestras instituciones no son las francesas o las alemanas. Además, el exceso de mandato procedente de la elección de Estado promovida por Peña Nieto, también cuenta. Por último, nadie puede discutir el hecho de que México no es otro país: según entiendo, hubo municipalidades donde sin haber candidato de Morena, igual Morena ganó. Pero no puedo sostener un a priori anti mayoriteo, si eso he pensado siempre que debe ser lo que el país necesita. No fue este mayoriteo. Pero la postura institucional de cada quien no puede depender de la preferencia política. El programa de López Obrador, es en mi opinión, nocivo para el país. Pero es el que los mexicanos escogieron. Tienen derecho a que se ponga en práctica a plenitud.
09 Julio 2018 04:06:00
Fiscal a modo (no carnal)
Cada quien interpretará las distintas señales de los últimos meses y posteriores al 1 de julio como mejor le convenga. En particular a propósito de la existencia de un pacto –tácito o explícito, antiguo o reciente, protocolario o sustantivo– entre López Obrador y Peña Nieto.

Asimismo, habrá quienes alegarán que sí se forjó un pacto, pero que fue irrelevante en lo que a la victoria de AMLO se refiere, ya que su margen de triunfo rebasó el efecto de cualquier factor específico y concebible. Algunos –por ahora muy pocos– insistiremos en la existencia y la vigencia del pacto, no para litigar eternamente la elección –ya fue– sino para entender las consecuencias del entendimiento entre AMLO y EPN en el futuro.

No discrepo en exceso con la apreciación de Andrés Manuel sobre la idoneidad automática de personalidades emanadas de la sociedad civil para ocupar cargos públicos. El ejemplo del INAI no es despreciable, y podríamos encontrar muchos más. Tampoco he sido nunca una gran defensor del Sistema Nacional Anticorrupción, ni creo que el nombramiento de un fiscal General de la Nación y de un fiscal Anticorrupción que le reporte constituyan soluciones apropiadas ni suficientes para acotar los estragos de la corrupción en México. Pero dudo que sean esas las razones de AMLO para oponerse a reformar el Artículo 102 de la Constitución y verse obligado a renunciar a la facultad de nombrar a una terna entre la cual el Senado –donde dispone hoy y a partir de septiembre de una amplia mayoría– elegiría al funcionario. Son otras razones, o más bien una, en el corto plazo, y otra en el mediano.

Un fiscal independiente por definición implicaría que no recibiera instrucciones del Presidente. Ni de perdonar a alguien, ni de perseguirlo. Un fiscal a modo, para no decir carnal, es exactamente lo contrario: el primer mandatario decide quién es el chivo expiatorio –Díaz Serrano, La Quina, Raúl Salinas, Elba Esther Gordillo– y la PGR, la Contraloría, Función Pública o quien sea, acata. Y viceversa: el jefe exonera –esta lista es interminable– y todos se agachan y callan. Eso es lo que necesita López Obrador en su pacto con Peña Nieto.

De lo que se trata es que la decisión permanezca en sus manos, y no en las de una fuerte personalidad, sin antecedentes de cercanía con él, con peso propio más allá del cargo, y susceptible de incumplir las órdenes, implícitas o directas, que reciba de arriba. No es un asunto de mucha ciencia, incluso si Morena no hubiera alcanzado mayoría funcional –la que cuenta– en el Senado.

Ahora bien, si alguien pregunta para qué busca AMLO tal omnipotencia en esta materia, empecemos con el pacto. Lo esencial es garantizarle a Peña Nieto que nadie lo investigará, mucho más lo acuse.

Lo mismo vale para Ruiz Esparza, Rosario Robles, Emilio Lozoya, y los que se acumulen. El tema no es que surjan casos; la pregunta es si se buscan, se investigan, o no. Todo indica que no se investigará a nadie del sexenio de EPN. Pero el compromiso debe blindarse, para que sea creíble. De allí la primera importancia de la sumisión del fiscal.

La segunda viene después. Andrés Manuel se jacta de ser honesto en lo personal. Desde Echeverría, no conozco a un presidente que presuma lo contrario: “¿Soy un ratero y que?” Concedámosle el gusto. ¿Y sus colaboradores? Como cualquier mandatario, aquí y en China (ver a Xi Jinping), AMLO querrá decidir por su cuenta a quién despide, y a quién persigue, a quién perdona y a quién condena.

Tendrá colaboradores corruptos: su pasado, y el de México, lo garantizan. La pregunta es qué hará al respecto. Con un fiscal amigo, la decisión será solo suya. De eso se trata.
06 Julio 2018 04:06:00
Más datos de encuestas de salida
Otro dato interesante que aportan las encuestas de salida proviene de la de GEA-ISA, levantada obviamente el día de las elecciones y publicada el miércoles. Del total de encuestados, 77% desaprobaron la labor del presidente Peña Nieto, 13% la aprobaron. Se trata de números patéticos, de tipo “peruano” (por alguna extraña razón, todos los presidentes peruanos terminan sus mandatos con cifras abismales).

Del total de mexicanos críticos de Peña Nieto, 56% votaron por Andrés Manuel López Obrador, 29% por Ricardo Anaya, y 12% por José Antonio Meade. En otras palabras, AMLO se llevó dos veces más votos de quienes desaprobaban a EPN que el candidato del Frente. Fue más creíble la postura antipeña de López Obrador que la de Anaya, aunque la de Anaya fue más dura y directa.

Del 13% de los votantes que aprobaron a Peña Nieto, dos tercios votaron por Meade: una muy elevada proporción de un segmento muy pequeño de la población. Es decir, la lealtad de Meade con su jefe le resultó redituable: la mitad de sus electores, más o menos, provienen de la bolsa de quienes poseen una opinión favorable de la gestión de Peña. Pero Meade prácticamente no alcanzó votos (solo 12%) del enorme universo de quienes desaprueban a EPN. No había como ser un candidato del PRI competitivo sin una ruptura o deslinde con Peña Nieto, llevado a cabo con mayor o menor intensidad. Meade o no lo entendió, o no lo pudo llevar a cabo, o prefirió hundirse con el barco antes que “traicionar” a su capitán. Con estos números, no había como salvarse sin abandonar a EPN.

Pero si subsiste un dilema relacionado con Meade –no podía competir siendo súbdito de Peña, pero tampoco podía romper con él– no existe ninguna explicación racional y comprobable del comportamiento presidencial. Los índices de aprobación de Peña no se movieron mayormente a partir del escándalo de la Casa Blanca, aunque empeoraron, para recuperarse a sus niveles anteriores, con el gasolinazo. El consultor norteamericano y demócrata Jim Messina viajó a México en varias ocasiones en 2015 y 2016. Le aclaró a los políticos del PRI y del gobierno: con un presidente cuya aprobación es inferior a 30%, no hay como ganar una elección asociándose con él. Todo esto Peña lo sabía. La única manera para el PRI de no desplomarse consistía en construir, en los hechos, un frente antiAMLO, junto con otros partidos, pero no encabezado por el PRI. Y la única manera de proteger el legado de EPN –no su persona– consistía en contribuir a la victoria de una alternativa a AMLO.

Existía una manera de lograrlo: con la segunda vuelta electoral, aceptando que el PRI quedaría eliminado en la primera y contenderían en la final López Obrador y algún candidato PAN-PRD-MC y sociedad civil, a quien los votantes priistas votarían. Dicho frente por definición no podía ser encabezado por un priista, y quizás tampoco por un aspirante emanado de Acción Nacional. Con el pretexto de no desanimar a los priistas aceptando la segunda vuelta y una probable derrota, Peña desestimó los consejos que muchos le profirieron. Como dice Dante Delgado, decidió, con mayor o menor conciencia, no seguir el ejemplo de su colega François Hollande que, al comprobar su enorme rechazo por la sociedad francesa, resolvió no presentarse a la reelección –el primer presidente de la V República en resistir dicha tentación– y construyó, desde el Palacio del Eliseo, la candidatura de Emmanuel Macron.

Peña no lo hizo. Hoy seguramente no se arrepiente. Muchos también argumentarán que, con 30 puntos de ventaja, igual en segunda vuelta ganaba AMLO. Dejo abierta la hipótesis para reflexión: en una segunda vuelta entre Andrés Manuel y un@ candidat@ que no fuera del PRI, sin una campaña previa del Estado contra dicha candidatura, ¿de cualquier manera ganaba AMLO? ¿Con carro completo?
04 Julio 2018 04:06:00
Encuesta de salida:  una primera reflexión
La encuesta de salida de Alejandro Moreno en El Financiero empieza a ofrecernos datos esenciales para comprender lo que sucedió el domingo: una marea morena que puede transformar al sistema político mexicano y en su caso al país. Con todo y los desafíos que presentan las encuestas de salida en general –en México y en el mundo– las preguntas socioeconómicas y las de razones por votar o no votar por alguien pueden recibir respuestas más confiables.

Una primera conclusión inescapable de la encuesta de Alejandro se desprende de la interrogante: “¿Cuál es la principal razón por la que votó por ese candidato?”. Andrés Manuel López Obrador claramente conquistó el sufragio del cambio: 77% de los encuestados para los cuales el cambio era lo más importante votaron por él. Sólo 13% se inclinó por Anaya. La pregunta pendiente estriba en si Anaya perdió el voto del cambio por el PAN, por sus propias posturas, o porque el gobierno de Peña Nieto logró tildarlo de corrupto y deshonesto, siendo que el combate a la corrupción fue el segundo tema más importante de la elección (el primero fueron los empleos y la economía).

Un segundo dato que nos entrega la encuesta se refiere a quienes le confirieron gran importancia a las ideas y propuestas. Aquí salió ganando Anaya: 33% de aquellos para los cuales este tema era primordial, votaron por él, es decir, 10 puntos más que su resultado general. Meade logró 19% de estos votantes, un poquito por arriba de su total, y AMLO 41%, 12 puntos menos. En otras palabras, la idea de que Anaya no formuló propuestas, y Meade sí, o que López Obrador convenció más al electorado por sus propuestas, es falsa, si nos atenemos a este sondeo.

Una explicación del resultado final se halla en otra pregunta, la que tiene que ver con la identificación partidista. El PRI, el PAN y Morena votaron abrumadoramente por sus candidatos: el PRI 78%; el PAN 90%; Morena 97%. Pero sólo 43% de los perredistas sufragó por Anaya, y 45% lo hizo por AMLO. No se trata de una enorme cantidad de electores, pero en este segmento de la población el Frente no cuajó plenamente. Conviene señalar que en el caso del PRI, el voto útil sí se dio (uno de cada cinco priistas no votó por Meade), pero se repartió a mitades entre Anaya y Meade.

Por último, en materia de educación, hubo un resultado contraintuitivo, por lo menos en lo que al Frente se refiere. La gente sin estudios votó 28% por Anaya, su nivel más elevado de todos los segmentos; mientras AMLO sólo obtuvo 42% de los mexicanos sin estudios, 11 puntos menos que su promedio. Mientras que más o menos el mismo porcentaje de mexicanos con estudios universitarios (55%) eligió a López Obrador que su total general: no le fue mejor a AMLO entre estos habitantes del país que entre los demás, pero sorprende que un sector ilustrado, informado y no tan desfavorecido de la sociedad mexicana haya preferido a un candidato con nostalgia del pasado a uno con visión de futuro.

Habrá que ir revisando otras encuestas de salida (Mitofsky, GEA, GCE, etcétera) para formarnos una idea más precisa y compleja del comportamiento de los votantes del domingo. ¿Cuánto pesó el rechazo a Peña Nieto, y cuál fue su importancia en la debacle del PRI? ¿Fue Peña, Meade, o ambos, el factor central? ¿Cuál fue el impacto de la campaña oficial contra Anaya: mucho, como pensamos quienes lo apoyamos, o poco, como creen muchos analistas? Habrá tiempo ahora para estudiar todo esto con calma.
29 Junio 2018 04:06:00
México y los niños de Trump en la OEA
Si todo resulta como está previsto, hoy, viernes 28 de junio, el Gobierno de México presentará un proyecto de resolución ante el Consejo Permanente de la OEA, dirigido a Estados Unidos y su política de “cero tolerancia” en la frontera con nuestro país. Junto con El Salvador, Guatemala y Honduras, México buscará obtener los votos necesarios para la aprobación de un texto que, aunque sea de carácter meramente simbólico, encerraría una gran trascendencia.

Se trata de la primera vez, desde la demanda que México interpuso contra Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia en 2003 en el llamado Caso Avena, a propósito de la violación por parte de Washington de las disposiciones de la Convención de Viena de Protección Consular, en que nuestro país patrocina un proyecto de resolución en cualquier foro regional o multilateral explícita y directamente dirigido contra Estados Unidos. Quizás nos tardamos demasiado, pero el mérito es innegable.

Los párrafos resolutivos del proyecto de resolución rezan así, y conviene citarlos verbatim para no escatimar respaldo a una iniciativa de esta índole:

“1. Manifestar enérgicamente el rechazo a cualquier política migratoria que conduzca a la separación de familias porque genera una práctica violatoria de los derechos humanos, en particular de niñas, niños y adolescentes.

“2. Urgir al Gobierno de Estados Unidos a no recurrir a la separación de familias migrantes ni a la privación de la libertad de niños, niñas, y adolescentes bajo ninguna circunstancia, velando por el interés superior del niño en todo momento y tomar las medidas necesarias para la reunificación inmediata de las familias separadas.

“3. Exhortar al Gobierno de Estados Unidos a promover la identificación de migrantes y solicitantes de refugio que requieran protección internacional y aplicar el principio de no devolución a personas cuyas vidas y libertades podrían estar amenazadas o en riesgo, conforme al Derecho internacional”.

Huelga decir que las resoluciones de la OEA no son precisamente vinculantes para ningún país, y menos para Estados Unidos, que desprecia o hace caso omiso de todas las resoluciones de dicho organismo, de la ONU, o de otras instancias semejantes. Tampoco está dicho que obtengamos los votos necesarios, es decir, los 18 para una mayoría. Seguramente las naciones del ALBA y los grandes países de América Latina nos apoyarán, pero Estados Unidos todavía tiene con qué obtener votos en el Caribe, al igual que Venezuela, y en otras partes. Además, es un hecho que este tipo de iniciativas mexicanas, o de cualquier otro país, pueden arrojar como consecuencia iniciativas en el Congreso de Estados Unidos para reducir o suprimir el pago de las cuotas de Estados Unidos a la OEA.

En ocasiones los gestos simbólicos, sin mayores consecuencias positivas, y con algunas consecuencias negativas, pueden valer la pena. Después de meses de evitar a toda costa cualquier enfrentamiento con Estados Unidos, de mantener en pistas separadas los temas comerciales, migratorios, de narcotráfico, de seguridad e inteligencia, y diplomáticos, México finalmente adopta una actitud de firmeza, que no es puramente retórica.

No es una casualidad que esto sucede dos días antes de las elecciones presidenciales. Todo el mundo va de salida, algunos van de llegada, pero ya era hora de que algo de esta naturaleza sucediera. Honor a quien honor merece.
27 Junio 2018 04:06:00
AMLO y la libertad de expresión
Varias publicaciones extranjeras han presentado a Andrés Manuel López Obrador como un Trump mexicano, como la respuesta mexicana a Trump, o como un político cuya posible victoria responda a pulsiones sociales parecidas a las que favorecieron al actual ocupante de la Casa Blanca. La analogía se explica en parte por la moda y la facilidad; en parte porque, en efecto, existe una tendencia global hacia los extremos, y AMLO es parte de esa ola; y también en vista de algunos rasgos comparables. Entre ellos, el más obvio, desde luego, reside en el nacionalismo económico: tanto Trump como Andrés Manuel creen en la autosuficiencia, el primero en materia de acero, aluminio y automóviles, el segundo en el rubro alimentario, energético y maderero.

Pero existe otro atributo común a ambos políticos, que conviene resaltar. Federico Arreola, que conoce bien a AMLO, y simpatiza con él, sin ser acólito ni incondicional, publicó una apreciación hace unos días que me parece perspicaz y a la vez alarmante. Dice mi amigo Arreola –lo conocí a través de Luis Donaldo Colosio en febrero de 1994– lo siguiente: “AMLO tendrá el derecho de manejar el presupuesto de comunicación con los criterios que piense más beneficien a su gobierno, siempre y cuando sean legales, y por supuesto, la misma libertad que ampara a los medios para hacer su trabajo, la de expresión, autorizará a Andrés a cuestionar a cualquier crítico con él que no esté de acuerdo.” Las fake news de Trump, y sus respuestas, críticas o ataques a CNN, MSNBC, The Washington Post o The New York Times, no son otras cosa.

Muchos jefes de Estado o de gobierno se niegan a permanecer callados ante críticas de los medios de comunicación que les parecen falsas o injustas. Casi siempre pierden esas batallas, pero es comprensible que la incomprensión, la ignorancia o la mala fe de los medios en ocasiones exasperen a quienes realizan la difícil tarea de gobernar. En otros momentos, presidentes impopulares dirigen réplicas amargas y ofensivas a determinados periódicos o columnistas –o conductores de noticieros de radio y televisión– porque ponen en evidencia –o en ridículo– sus errores, mentiras o escándalos.

Trump ha llevado al extremo esta costumbre esporádica y aislada. Denuncia por Twitter a un medio casi diario, y a veces a varios al mismo tiempo. Los insulta, los anatemiza ante sus seguidores –que no son pocos ni indefensos– y les cuelga el estigma de la falsedad, el sesgo y la intolerancia. ¿Y qué?

Y mucho. No es lo mismo una polémica con un colega, es decir con un par, que con el presidente de un país. En Estados Unidos, existe la Primera Enmienda a la Constitución, que en teoría, en la mayoría de los casos, protege la libertad de expresión. Trump la amenaza, porque los grandes medios –salvo el NYT– son propiedad de grandes consorcios (el WP de Amazon, por ejemplo; MSNBC de Comcast, por ejemplo), que se ven obligados a ser sensibles a las presiones de la Casa Blanca. Pero en México, no hay Primera Enmienda, no hay tradición de libertad de expresión, pero en cambio sí una rica tradición de autocensura.

En verdad ¿salió Rubén Cortés de La Razón por mutuo acuerdo y convenir a sus intereses? ¿O más bien fue porque Morena sugirió que la primera plana dejara de ser tan crítica de AMLO, y los dueños decidieron acceder a esa petición, y Cortés no tanto? ¿Se trata de la primera victima de la autocensura bajo AMLO? En México, el Presidente –que espero no sea López Obrador– no es un ciudadano de a pie en materia de libertad de expresión. No existe simetría alguna entre lo que dice, escribe o proclama, y lo que pueden sostener críticos, escépticos o fanáticos adversos. Si Arreola tiene razón –y creo que sí la tiene– podemos retroceder muchos años. Quienes comenzamos a escribir en los años setenta –sí, 70– lo sabemos bien.

Por cierto, para seguir con algunos números estatales interesantes. De acuerdo con la encuesta de Reforma para Veracruz, AMLO obtiene 48% del voto, Anaya 36% y Meade 15%, en números efectivos. Según la del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la UdeG, en Jalisco, en votación “bruta”, AMLO logra 35.7%, Anaya 32.9%, y Meade 13.2%. Se trata de los padrones tercero y cuarto del país. En Puebla, el quinto padrón, Meade saca 17% en la encuesta de Reforma (20 de junio). No sé si va a salir en segundo lugar gracias a los votos en Campeche (donde tampoco llega), en Hidalgo, o en Colima. En los estados más poblados, no.
25 Junio 2018 04:00:00
Los últimos números
Desconozco el detalle de la legislación electoral en materia de reproducción secundaria de encuestas, pero quisiera compartir, por última vez, los números de la campaña de Anaya para las elecciones del próximo domingo. No pretendo otorgarle a estas cifras un valor definitivo; entiendo los sesgos que siempre pueden presentarse en estudios internos, y es lógico que otras campañas, y otros medios, cuenten con cálculos diferentes.

En el tracking interno de la campaña, el sábado cerramos con una ventaja de AMLO de casi 10 puntos sobre Anaya; con los mismos 10 puntos, el candidato del Frente aventaja al del PRI, y la novedad reside en que “El Bronco”, desde el 20 de junio, comenzó a subir. Pasó de 5% de intención de voto a 8 y medio, es decir, duplicó su preferencia. El número de indecisos permanece anormalmente elevado: 20%. Si resulta que quienes responden “no sé” o “no contestó” encierran un voto oculto a favor de Anaya, la elección se va a cerrar mucho más de lo que sugieren la mayoría de las encuestas.

En un segundo estudio, elaborado por un grupo de matemáticos a partir de las bases de datos de las encuestas entregadas al INE, más las que han levantado las empresas contratadas por el PAN, más datos de INEGI y Coneval; se extrapolaron los resultados a nivel nacional con granularidad a nivel sección; se identificaron, por fin, los drivers de preferencia para cada candidato. Todo esto para elaborar una versión tropicalizada del MrP, esto es, el modelo Multilevel Regression and Post-stratification de Gary Langer. El modelo arrojó una predicción, no una encuesta, de 31.6% para AMLO; de 27.8% para Anaya; de 19.9% para Meade; de 7.4% para “El Bronco”, y 13.3% de indecisos.

Por último, la empresa –registrada con el INE– EXE Consultores ha levantado encuestas de votación presidencial, estado por estado. Procede por Robocalls, como Massive Caller, pero a diferencia de esta y otras firmas buscó resultados entidad por entidad. De los 32 estados en cuestión, emergen números interesantes.

En primer término, AMLO llega en primer lugar en 20 estados, Anaya en 12. Meade queda en tercer lugar en todos los estados medidos. Sumando los números, AMLO termina con 31%, Anaya con 31%, Meade en 17%, “El Bronco” en 5%, con 17% de indecisos.

A partir del jueves, la campaña se acaba. Habrá nuevas encuestas publicadas lunes y martes. Podrán contradecir estas cifras. Sobre todo, la votación le dará la razón a unos o a otros. Los resultados no mienten.


22 Junio 2018 04:06:00
Más sobre los niños: Trump, Obama y EPN
Para entender la tragedia migratoria de los niños en la frontera con Estados Unidos, la dimensión de la pifia de Trump y sus consecuencias, es preciso examinar las causas menos aparatosas, pero más significativas, de este triste episodio. Desde mediados de abril, el Gobierno de Trump empezó a aplicar su política de “cero tolerancia” en la frontera, a través de una serie de mecanismos ya descritos. En particular, el procurador general Sessions decidió encarcelar, y no sólo detener, a toda aquella persona que entrara a EU sin papeles y que no fuera mexicana o canadiense, acusándolos de cometer un delito mayor –”felony”–, en lugar de uno menor –”misdemeanour”–. Esto implicaba ser recluidos en una cárcel federal, no en un centro de detención y, por tanto, ser separados de menores de edad que acompañaran a la persona encarcelada.

Lo importante, sin embargo, no radica en este hecho en sí mismo, por cruel y desalmado que resulte. La clave de la decisión se halla en el aumento vertiginoso del número de migrantes centroamericanos buscando entrar a EU, muchos de ellos acompañados de menores, a partir del mes de febrero de este año. En 2017, las cifras descendieron, en buena medida por miedo a la idea del muro y a las deportaciones inmediatas y masivas. De ahí el descenso de hasta en una tercera parte en febrero, enero, marzo y abril del 2017 en relación con 2016. Pero a partir de febrero de este año, el flujo migrante en general, y en particular centroamericano, medido por el número de aprehensiones en la frontera, empezó a dispararse. En febrero, el aumento fue de 50% en relación con el 2017; en marzo, de más de 200%; en abril y en mayo, igual. De tal suerte que Trump se vio acorralado, de la misma manera que le sucedió a Barack Obama en julio del 2014.

En ese momento estalló otra crisis migratoria, en esa ocasión de miles de menores de edad no acompañados que empezaron a ingresar a EU, a lanzarse a los brazos de la patrulla fronteriza o de otras autoridades, a sabiendas sus padres, o los polleros que los encaminaban desde Centroamérica, que una vez en manos de dichas autoridades, tendrían derecho a distintos tipos de audiencias. En vista de la escasa capacidad de detención de las instancias federales en la frontera, en realidad los niños serían puestos en libertad bajo la tutela de algún familiar en EU hasta que su caso fuera revisado por un juez de migración. Obama, con toda razón, le tuvo terror a las imágenes de miles de niños centroamericanos no acompañados entrando a EU y siendo recluidos en centros de detención desbordados, y decidió hacer lo único que podía: pedirle al Gobierno de México que le sacara las castañas del fuego. Fue cuando Obama, el vicepresidente Biden, y en particular el jefe de la oficina de la Casa Blanca –Denis McDonough–, hablaron con el presidente Peña Nieto, con Aurelio Nuño –jefe de la oficina de la Presidencia en México– y en particular, con el embajador de México en Washington –Eduardo Medina Mora–, para lograr que México realizara lo que desde entonces llamamos el trabajo sucio de EU. Después de alguna resistencia y una escasa negociación, Peña Nieto accedió, se lanzó el Plan de la Frontera Sur, encargado a Humberto Mayans, que después renunciaría al cargo, y empezó el sellamiento, hasta donde se puede usar ese término, de nuestra frontera con Guatemala. Muy pronto, se elevó dramáticamente el número de deportaciones de centroamericanos desde México, y se redujo en la misma magnitud la cifra de deportados centroamericanos desde EU. Así se mantuvo la situación, no sólo hasta la toma de posesión de Trump, sino durante su primer año. Pero cuando se desató nuevamente una ola migratoria centroamericana, Trump primero trató de resolver el problema exigiéndole a México un acuerdo de Tercer País Seguro. Al ser sólo para solicitantes de asilo, no abarcaba la totalidad del flujo adicional. Más aún, no parecía factible pedirle tanto a un Gobierno al cual había insultado y humillado en repetidas ocasiones. De ahí que no hallara solución alguna ante la crisis que pudo esquivar Obama: las escenas de niños separados de sus padres y enjaulados.

La reculada de Trump es más mediática que sustantiva. Va a ser difícil revertir los fallos judiciales previos que impiden la detención de niños por más de 20 días, o que prohíben la detención de padres con niños en cárceles federales. Y no cuenta esta vez con la anuencia del Gobierno de México. A esto se debe tanta confusión, un comportamiento tan errático y tanta actitud vergonzosa por el país más rico del mundo.
20 Junio 2018 04:06:00
Los niños enjaulados y la actitud de México
El Gobierno de Estados Unidos acaba de anunciar que se retira del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas con sede en Ginebra. Algunos de los lectores recordarán que dicho consejo, antes llamado Comisión de Derechos Humanos, es quien evalúa la situación de respeto o violación a los derechos humanos en todos los países miembros de la ONU, aunque el consejo está compuesto por un número equivalente a poco más de la cuarta parte de los integrantes de la organización en su conjunto.

EU prácticamente ha sido siempre miembro del consejo, pero no está obligado a serlo; cada país presenta su candidatura y es electo, o no.

Ante el nuevo escándalo de violación de derechos humanos por parte del Gobierno de Estados Unidos, uno de los argumentos que se han utilizado, tanto en México como en otros países, ha sido la necesidad –justificada y correcta– de acudir a instancias internacionales para denunciar e impugnar la separación de los niños de sus familias encarceladas en penales federales en EU.

En vista de la salida de Washington del Consejo de la ONU, parece un poco artificial y fútil la noción de acudir a estas instancias. Sobre todo, si es un pretexto para no tratar de infligirle un costo bilateral a EU en la relación con México, por este comportamiento.

El asunto es sencillo. Hasta donde entiendo, a partir de principios de abril, el Gobierno de Trump empezó a aplicar una política llamada de “cero tolerancia” frente a lo que ellos llaman la migración ilegal. Entre otros asuntos, dicha política de “cero tolerancia” considera que el ingreso sin documentos a EU es un delito mayor –felona– y ya no un delito menor –misdemeanour– y por lo tanto, quienes lo cometen, deben ser encarcelados en un penal federal, en lugar de ser enviados a un centro de detención de las autoridades migratorias mientras se resuelve si quieren pelear su caso o aceptan la llamada “deportación expedita”.

Al ser enviados a un reclusorio federal, acusados de violar una ley federal, en automático, menores de edad que los acompañan no tienen el derecho de ser recluidos como ellos, y deben ser enviados a otros centros de detención mientras son colocados con familias en EU. Tampoco pueden ser deportados, a menos de que sean mexicanos o canadienses, de tal suerte que, en el sentido estricto, el Gobierno de Trump, al determinar que la entrada a EU sin papeles es un delito mayor y federal, está aplicando la ley.

Lo condenable es que dicha aplicación es discrecional y no imperativa, como lo demuestra el hecho de que tanto la administración Bush –republicana– como la de Obama –demócrata–, no aplicaron la ley de esa manera. Se trata de una política, y no de la aplicación de la ley.

El dilema para México es evidente. No porque se trate en una gran mayoría de niños mexicanos separados de padres y madres mexicanos, aunque esa cifra puede aumentar, sino porque las consecuencias en materia de imagen, de deportación, y de presión de EU son casi inimaginables.

En julio de 2014, el Gobierno de Obama ejerció una presión brutal sobre el de Peña Nieto para pedir que México se ocupara de hacer el trabajo sucio en la frontera sur, cosa que hicimos, a cambio de nada. De ese modo, Obama evitó, de panzazo, una crisis de imagen, y en su caso electoral, como la que está padeciendo Trump hoy.

Obama fue mucho más sensible, y Peña más anuente, ante una petición de un presidente norteamericano al final del día amigo de México. Hoy un quid pro quo sin quo de esta naturaleza es imposible. Lo que no se entiende es cómo el Gobierno de México hasta hace muy pocas semanas estuvo negociando, como aquí se comentó el 21 de mayo, un acuerdo de País Tercero Seguro, donde se aceptaba que los solicitantes de asilo a EU desde territorio mexicano se vieran obligados a sólo solicitar dicho asilo a las autoridades mexicanas y no pudieran hacerlo a las norteamericanas.

Decíamos entonces ¿país seguro para quién? ¿para los hondureños en San Fernando, Tamaulipas?, por ejemplo. ¿A dónde los quieren mandar a vivir? ¿A Chiapas, a Guerrero, a Tamaulipas de nuevo, a Tijuana? ¿Ese es un país seguro?

En cuanto a que esta opinión encierra o no un conflicto de interés, como lo afirmó el secretario Videgaray anoche con Pepe Cárdenas, me parece que es una alegre e inútil manera de distraer la atención. Sí estaba negociando Relaciones Exteriores un Acuerdo de País Tercero Seguro con EU y sí era una vergüenza hacerlo. Que lo diga yo como coordinador de la campaña de Ricardo Anaya o como cualquier otra persona, da exactamente lo mismo. El tema es si es cierto o no lo es.
18 Junio 2018 04:06:00
Dos consensos opuestos
He notado en varias conversaciones recientes con integrantes de todo el espectro de las élites mexicanas, y con estudiosos del estado de ánimo de la sociedad mexicana, la vigencia de dos consensos contrapuestos en el país. Cualquiera que sea el resultado de las elecciones dentro de dos semanas, tengo la impresión creciente que esta esquizofrenia anímica se erigirá en uno de los retos más significativos de los años por venir.

La sociedad mexicana, según todas las encuestas, grupos de enfoque, estudios en profundidad, etcétera, ansía una ruptura tajante con un pasado que ve como ahogado en una corrupción infinita.

Quiere sangre, en un sentido muy preciso: que los autores, beneficiarios y cómplices de esa corrupción sean investigados y castigados. A pesar de la inenarrable aversión mexicana al conflicto, en este caso se busca pleito, el que sea, y no un buen arreglo.

Por pura revancha, por ira o gracias a una sana dosis de lógica, la convicción popular establece un nexo necesario y férreo entre impunidad, pasado y futuro corruptos, y el imperativo del castigo. Sin duda la gente no va a salir a la calle a exigir cárcel para los culpables –reales o presuntos–, ni se reflejará en las urnas, pero el sentimiento social es ese. Para bien o para mal.

En cambio, rige en el seno de las élites mexicanas –empresariales, intelectuales, académicas, políticas y profesionistas, de izquierda y de derecha, jóvenes y menos jóvenes, partidarios del PRI, del Frente o de Morena– una fuerte renuencia ante cualquier intento de saldar cuentas con el pasado. Nadie quiere una Comisión de la Verdad, una Fiscalía que investiga el pasado, mirar hacia atrás o averiguar lo que ha sucedido a lo largo de los últimos tres sexenios. Prefieren “ver hacia adelante”, no enfrascarse en pesquisas inútiles, a condición de que cese la corrupción en el porvenir. Cómo lograr que la impunidad frente al pasado no estimule la corrupción del futuro, es una pregunta que dichas élites prefieren no formularse. Con la excepción de un pequeño círculo alrededor de Ricardo Anaya, parece unánime la opinión de que más conviene dejar las cosas por la paz. Para bien o para mal.

Antes del 2000, cuando surgían contradicciones de esta naturaleza, se solían resolver mediante el mecanismo del chivo expiatorio. No importaba si el encarcelado era culpable o no –Jorge Díaz Serrano, Raúl Salinas de Gortari, Joaquín Hernández Galicia– su papel era otro: satisfacer la exigencia de venganza y de un simbolismo de sacrificio político, para evitar un universo de sentencias contra un mar de culpables. El sistema político hacía como si persiguiera a los corruptos; la gente hacía como si se diera por bien servida. A partir del 2000, dejó de funcionar ese dispositivo; de allí la parálisis de tres sexenios consecutivos.

Las élites con gusto sacrificarían a uno o dos altos funcionarios del sexenio de Peña Nieto –o incluso al propio presidente– pero presienten que no bastaría. La sociedad mexicana quiere chivos expiatorios, pero no sólo eso: demandan una acción colectiva, antisistémica, que sólo puede producirse a través de instituciones ad hoc, de una gran revuelta moral, de un movimiento social de envergadura, que no tolera indultos o borrones y cuentas nuevas.

Si antes la contraposición era evidente, carecía de la furia y del miedo que hoy invaden a las masas –la primera– y a las élites –la segunda. A ver cómo diablos se resuelve esta contradicción, en un país de masas iracundas y de élites omnipotentes.
15 Junio 2018 04:06:00
Meade y el Consejo de Administración de Pemex
En el post debate del martes en la noche en Televisa, Aurelio Nuño intentó corregir mi dicho, y desmentirlo, en cuanto a que José Antonio Meade como secretario de Energía y presidente del Consejo de Administración de Pemex en 2010, había avalado un contrato con la empresa brasileña-mexicana Braskem, socia de la empresa brasileña Odebrecht, que había sido cuestionado por dos miembros del Consejo de Administración de la empresa. Dijo que en el 2010 Meade no era secretario de Energía. Y Nuño tenía razón. Me equivoqué: la fecha correcta era 2011, es un error innegable, no sé si tan grave, sobre todo si se toma en cuenta que todo lo demás que afirmé ahí era absolutamente correcto.

El 29 de abril de 2011, se reunió el Consejo de Administración de Pemex convocado por el consejero presidente José Antonio Meade. Todos los datos siguientes constan en el acta 827 de dicho Consejo de Administración. Entre otros temas, tuvo lugar en el punto III.6 la propuesta del Comité de Estrategia e Inversiones sobre el proyecto Etileno XXI. Se planteó ahí que en una reunión del Consejo de Administración de febrero del 2010 se recibió la petición de analizar el proyecto Etileno XXI y este se turnó para análisis al Comité de Estrategia e Inversiones de la empresa.

Sin embargo, y cito el acta 827, “algunos comentarios de los participantes en la sesión que se deben destacar son los siguientes: a) el Consejo de Administración de Pemex es el responsable de la conducción estratégica de Pemex. Este proyecto tiene implicaciones estratégicas de alto impacto, sin embargo, el contrato NO se presentó al Consejo de Administración de Pemex ni se ha discutido la estrategia de largo plazo para Pemex Petroquímica (PPQ). b) Etileno XXI se presenta como un contrato de suministro cuando es realmente una decisión con enormes impactos estratégicos, lo cual representa una omisión de la administración”. Después de una discusión, viene un largo comentario del consejero Rogelio Gasca Neri al proyecto Etileno XXI sobre todos estos temas, cuestionando el conjunto del proyecto.

Sin embargo, tanto el director general de Pemex en ese momento, Juan José Suárez Coppel, como el presidente del Consejo, José Antonio Meade, junto con el abogado general, no aceptaron los comentarios de Gasca Neri y se adoptó una resolución que básicamente avaló lo que se había hecho anteriormente. En otras palabras, se avaló “que no existía ninguna obligación de presentar el contrato de suministro al Consejo, por lo que ese instrumento se había desahogado en los términos de la normatividad vigente”.

Es decir, se avaló en su totalidad la decisión tomada previamente argumentando que no existía la necesidad de presentar el contrato al Consejo y no que el contrato era bueno o malo para Pemex, ni mucho menos que los cuestionamientos de fondo de Gasca Neri tenían validez. Es decir, se dio una resolución formal y leguleya a una objeción de fondo. Todo esto para decir que toda la historia de Odebrecht, Braskem, Meade y Pemex, a través del proyecto Etileno XXI no ha sido explorada suficientemente a pesar de los artículos aparecidos en la revista Proceso el 3 de junio, y de Javier Risco en El Financiero el 6 de junio. Hay mucho más que explorar ahí, sólo se ha tocado la punta del iceberg. Es muy probable que esto no se pueda investigar antes de las elecciones del 1 de julio, pero es muy probable que alguien sí lo investigará después y que habrá responsables.
13 Junio 2018 04:06:00
Tres hipótesis para dos marranadas
Nadie sabe si el debate de anoche va a incidir en los resultados de las encuestas, menos aún si uno no tiene idea al momento de escribir estas líneas de cómo le fue a cada quien en la feria. Tampoco es evidente si las nuevas marranadas del Gobierno y del PRI contra Ricardo Anaya surtirán un efecto parecido o diferente al de la vez pasada: detener su crecimiento y contribuir al de Andrés Manuel López Obrador. Tengo la impresión que no, por dos razones: segundas partes nunca fueron buenas y, sobre todo, la respuesta de Anaya en esta ocasión fue mucho más oportuna, contundente y completa que hace ya casi cuatro meses. La pregunta que conviene hacerse, si hay el más mínimo ingrediente de honestidad intelectual en el análisis, es por qué Peña Nieto y Meade decidieron nuevamente recorrer un camino que no los llevó a ninguna parte antes.

Existen varias hipótesis. Una, es que no lo emprendieron juntos; en otras palabras, Peña Nieto decidió desatar esta nueva ofensiva contra Anaya sin ni siquiera alertar a la campaña del candidato de su partido, prefiriendo evitarse la discusión con él, y evitarle el dilema de estar de acuerdo o discrepar. En vista de la subordinación completa de Meade a Peña Nieto parece difícil, pero no es totalmente descartable esta interpretación de los hechos.

Una segunda hipótesis consiste en pensar que, partiendo del acuerdo completo entre Peña Nieto y su candidato, hayan decidido que todavía convenía hacer un último intento por descarrilar a Anaya, y creyéndose sus propias encuestas, tan buenas o malas, tan cuchareadas o no como otras, que todavía tenían alguna posibilidad de ocupar el segundo lugar y de esa manera ayudar en alguna medida a los candidatos priistas a diputados y senadores. Las nueve gubernaturas ya están perdidas, pero no es imposible mejorar un poco el resultado a favor de la próxima camada de legisladores. Si bien prácticamente no existen encuestas que confirmen esta hipótesis, es perfectamente factible que en la burbuja que habitan Peña y su camarilla desde hace algún tiempo puedan haberlo pensado.

Circula la versión desde hace semanas que, al empezar a revisar los bienes muebles, en el sentido más amplio de la palabra, que hoy se ubican en Los Pinos, la primera dama hubiera comentado que tal o cual artefacto o sillón mejor se quedaba porque “le va a gustar a Juana”. Dicho de otro modo, es posible que todavía piensen, no sólo que pueden quedar en segundo lugar, sino que incluso siguen acariciando la noción de poder ganar. Me parece improbable esta hipótesis, pero tampoco es del todo descartable.

La tercera, y quizá la más factible, es que no quieren correr el riesgo, ni remotamente, de que el pacto de Peña con AMLO no fructifique. Bastante le va a costar a Peña Nieto y a su equipo con amplios sectores de la sociedad mexicana el haber sido responsables del triunfo de Andrés Manuel si este llegara a suceder. Pero si además pactaron con él y pierde, pues es el peor y más tonto de todos los mundos posibles. Sólo eso faltaba. Mejor tratar de acomodar un tiro de gracia a la candidatura del Frente para no correr ningún riesgo. Me parece que esta es la explicación más plausible.

El problema con ella es que no es seguro que funcione. La respuesta de Anaya, el ligero ascenso que venía experimentando desde antes de las denuncias del Gobierno y de Ernesto Cordero, los exabruptos irreconocibles de parte del candidato del PRI –violando toda legalidad y protocolo– pueden no surtir efecto. Más aún, a juzgar por la eficacia de la respuesta de Anaya y su preparación para el tercer debate, así como la aceptación generalizada, en sectores neutros o independientes de la sociedad, de la tesis del pacto entre EPN y AMLO, no es seguro que aún bajo esta explicación prospere la nueva ofensiva.

Lo bueno es que falta poco, y que todas las hipótesis, las especulaciones, las dudas y mentiras se disiparán a partir del 2 de julio. Ahí veremos quién tuvo razón en cada parte del análisis y del consiguiente comportamiento, y quién no. Quién inventó acusaciones y quién no. Quién fue responsable del resultado, cualquiera que este sea. Siempre llega el ajuste de cuentas. De ese no se escapa nadie.
11 Junio 2018 04:06:00
El Pacto EPN-AMLO no incluye a Trump
Las enormes dificultades que han vivido los negociadores canadienses y mexicanos en su esfuerzo por alcanzar de prisa un acuerdo con Donald Trump sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, debieran poner a pensar a partidarios pensantes de Andrés Manuel López Obrador. Sí los hay –no muchos–, pero su fe ciega en “el pueblo” y su obsesión –compartida con “el pueblo”– por ganar, por una sola vez por lo menos y al fin (el equivalente social y político del quinto partido) les impide ver el tremendo lío en el que se va a meter al país si se salieran con la suya.

Recapitulemos rápidamente. Las negociaciones se atoraron por los cinco o seis puntos en litigio, dejados hasta el final. Esos requieren decisiones políticas, de Trump, Trudeau y Peña Nieto, no de los técnicos: cláusula sunset; reglas de origen para la industria automotriz; tres capítulos de solución de controversias; estacionalidad de productos agrícolas. La imposición de aranceles sobre importaciones norteamericanas de aluminio y acero procedentes de Europa, Canadá y México primero fue una espada de Damocles para el TLCAN, después se convirtió en un litigio adicional en sí mismo; y ahora, debido a las represalias mexicanas y sobre todo canadienses, se ha transformado en el detonador de una crisis mayúscula en la relación entre Estados Unidos y Ottawa. Pero además, debido a la asimetría evidente entre los tres países, Trump ha abierto ahora un nuevo frente, a saber, la opción de construir dos acuerdos bilaterales, en lugar de uno trilateral. Todo esto en el contexto de una virtual guerra comercial de Washington con la Unión Europea, con China, con Canadá e incluso con México.

De verdad ¿AMLO y su equipo de colaboradores pueden con esto? ¿Queremos un presidente que no ha dicho una sola palabra sobre el conjunto de temas relacionados con Estados Unidos, el TLCAN, la OMC, Trump, etc? Insisto: las personas pensantes que apoyan a AMLO ¿están dispuestas a aventar al país a una barranca como la que ha abierto Trump? ¿Creen en serio las tonterías sobre la mejor política exterior siendo una buena política interior, y hacer entrar en razón a Trump?

Quizás la mayor irresponsabilidad no radica en los partidarios activos, entusiastas, comprometidos, de AMLO. Se ubica en el pacto Peña-López Obrador y la increíble falta de sentido del Estado y de nobleza por parte de Peña Nieto, al anteponer su propio pellejo a la suerte del país. Entiendo la lógica del pacto para López Obrador; a cambio de la promesa de un simple indulto, que puede revertir en el momento que quiera, rompe el monolito de los poderes fácticos que le imposibilitó ganar en 2006 y en menor medida en 2012. Pero para Peña Nieto y sus colaboradores, las consecuencias son incalculables.

El pacto no es trasladable a Trump. Peña puede allanarle todos los caminos a AMLO salvo uno: el de Washington. Ni puede amarrar un acuerdo con Estados Unidos antes de irse –siempre se trató de una quimera–, ni habrá cómo transmitirle a AMLO el “mundo” que el mismo nunca tuvo, pero que por lo menos adquirió a lo largo de seis años en Los Pinos. Por eso, el pacto es criminal; y por eso, la única solución frente al desastre de Trump es Anaya.
08 Junio 2018 04:07:00
El pacto de los ardidos
El pacto de inmunidad de Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto está dando mucho de que hablar. Columnistas (Pablo Hiriart) lo desmienten o lo vaticinan (José Antonio Crespo), AMLO considera mi insistencia una “volada”, Ricardo Anaya reitera su convicción de que existe, y en los pasillos, prácticamente todo el mundo lo da por hecho, sin animarse a decirlo en público. En vista del revuelo, conviene volver sobre el tema. Fernando Henrique Cardoso ha dicho, a propósito de la democracia brasileña, que un Presidente en funciones no puede imponer la elección de un sucesor afín, pero que sí puede evitar la elección de uno adverso. Algo de eso hay de cierto en México también.

Zedillo hizo lo posible por asegurar el triunfo de Francisco Labastida hasta finales de mayo del 2000, pero a partir de ese momento, al percatarse que su gallo estaba muerto, no buscó impedir la victoria de Fox.

Es sabido, igualmente, que Vicente Fox y Felipe Calderón lograron impedir el triunfo de AMLO en 2006 y 2012, el primero entregándole a un candidato (no el suyo) de su partido; el otro, al PRI. En los tres casos se produjo algún tipo de pacto o entendimiento, tácito o explícito, mutuo o de simple tersura, aunque en el caso de Calderón y Peña Nieto, periodistas que distan de ser antagónicos a la causa de AMLO, como Álvaro Delgado de Proceso, han sugerido que el acuerdo llegó mucho más lejos.

Por tanto, no tendría nada de extraño que se haya producido una convergencia entre AMLO y EPN, donde los intercambios, ya señalados en estas páginas, son evidentes. Lo que es obvio, sin embargo, es que no existe ninguna señal de que Peña Nieto recorra el camino de Calderón y Fox: no se propone cerrarle el paso a AMLO, como se lo sugirieron empresarios, políticos, intelectuales e inversionistas, de manera directa o indirecta.

Asimismo, cualquier plática con un colaborador de las campañas del PRI desemboca de modo ineluctable con el lamento por la falta de recursos, de nuevos logros del Gobierno y de apoyos de Los Pinos. Peña claramente ha comenzado a sacrificar a su candidato, por razones parecidos a las de Zedillo en 2000 y de Calderón en 2012: sus gallos no levantaron.

La lógica indica que un corolario de este comportamiento consistiría en ayudar a AMLO con apoyos significativos de toda índole, a cambio de la impunidad que Peña necesita con cierta
desesperación.

No veo por qué se exasperan tanto unos y otros ante estas afirmaciones, primero que nada obvias, en segundo lugar especulativas, salvo a través de pruebas circunstanciales, y enunciadas por un candidato que supuestamente no tiene futuro, y un coordinador que tampoco.

Lo interesante del asunto es la virulencia con la que AMLO, el Gobierno y sus voceros han respondido. Es una “volada”, es “tóxico”, es “absolutamente falso”. Han dejado pasar innumerables comentarios, entrevistas y artículos míos sin chistar. Parece que este sí caló. Me da mucho gusto que así sea. No sólo porque estoy absolutamente convencido que es cierta la tesis del pacto de impunidad, no sólo porque trataré de combatirlo como lo hice con Calderón y Peña, sino porque pienso que con los votantes indecisos y los resignados de AMLO, el pacto puede ser más “tóxico” que yo. Más aún: entre algunos, puede ser kryptonita.
06 Junio 2018 04:06:00
Comisión de la verdad
Somos muchos los que desde hace años interminables hemos pugnado por la idea de una comisión, o varias comisiones, de la verdad, de justicia y de investigación en México.

Tuve la oportunidad de hablar de ello, en compañía de Margarita González Gamio, con Diana Laura Riojas de Colosio en 1994. Luché por ello antes de la toma de posesión de Vicente Fox en el 2000 y durante los primeros dos años de su Gobierno. He defendido la idea en múltiples foros internacionales, no sólo para México sino para muchos otros países donde se ha realizado. Y por último, en tiempos recientes, junto con muchos otros, he empujado esta idea dentro de la campaña de Ricardo Anaya, en particular con el agregado de la cooperación internacional, tomando como ejemplo –no como modelo– la CICIG en Guatemala.

Por eso no puede más que ser motivo de gran alegría y satisfacción que el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas haya fallado ayer que la solicitud de amparo presentada por familiares de las víctimas de Ayotzinapa y por cuatro de los procesados ante la desaparición de los 43 estudiantes, se debe crear una comisión de investigación de la verdad, compuesta por la CNDH, los familiares de las víctimas, la PGR, y el Ministerio Público, para reponer enteramente el proceso, ya que la investigación del caso no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.

El Tribunal Colegiado afirma con o sin razón, y creo que con razón, pero ya lo verá la Suprema Corte en algún momento, que las instancias de administración de justicia mexicana existentes no funcionan. Sostiene que por un lado, el hecho de no haber interrogar o escuchar o investigar a otros posibles actores en la masacre de los 43 estudiantes –el Ejército, la Policía Federal– y aceptar testimonios de personas que fueron efectivamente torturadas o que la PGR no pudo demostrar que no lo fueron, invalida la llamada “verdad histórica”.

Yo no sé si la verdad histórica es verdad o no. No descarto, sería deshonesto de mi parte decirlo, que en efecto la “verdad histórica” haya sido verdad, pero lo que resulta evidente es que el proceso, el sistema, el andamiaje, la estructura de la administración y procuración de justicia en México, no sirve de nada. Y por eso el Tribunal Colegiado pide que se construya una institución ad hoc para paliar esa insuficiencia.

¿Prosperará la comisión de investigación de la verdad ordenada por el Tribunal Colegiado? Quien sabe. Sin duda el Gobierno la llevará a la Suprema Corte; EPN ha podido “cargar” la Corte a un grado tal que posiblemente cualquier fallo contrario al propio EPN o a su legado sea rechazado.

También es posible que, aunque la Corte respaldara al Colegiado, los obstáculos financieros, burocráticos, jurídicos y de todo tipo, resulten tan adversos que no sea posible avanzar por esta vía, pero por el momento se trata de un avance considerable.

¿Qué falta? En primer lugar, la cooperación internacional. Afortunadamente, en esta materia, la aportación del GIEI aceptada por Peña Nieto –debe reconocérsele el hecho de admitirlo, quizás sea uno de los mayores aciertos de su Gobierno– sentó un precedente para que dicha comisión de la verdad, dictaminada por el Tribunal Colegiado, pueda contar con esa asistencia.

En segundo lugar, el hecho de que sea la CNDH y los familiares de las víctimas que determinen las líneas de investigación de la comisión de la verdad, sienta un precedente. El precedente puede o no tener continuidad. Ya veremos, pero el hecho de que en la jurisprudencia mexicana ya nadie pueda alegar que se trata de injerencias externas, ideas exóticas, tesis ajenas a nuestra idiosincrasia, o cualquier otra imbecilidad diaz-ordacista, es un gran avance.

Gracias al Tribunal Colegiado radicado en Tamaulipas.
04 Junio 2018 04:13:00
El nuevo pacto de impunidad
No tiene nada de raro que López Obrador haya montado una campaña a favor de la inevitabilidad de su victoria. Siendo altamente discutible el fondo, la lógica del arroz cocido es impecable: ya gané, y entre más gente crea que ya gané, más probable se vuelve que gane. El capítulo más discutible de esta campaña yace en su corolario: hasta Peña Nieto ya sabe que ya gané, está actuando en consecuencia y se comienza a fraguar el nuevo pacto de impunidad.

Las señales son múltiples, y convincentes. Yeidckol Polevnsky ensalza a Raúl Cervantes, once and future candidato de EPN para ocupar un asiento en la Suprema Corte y para cuidarle sus vulnerables espaldas. La misma dirigente de Morena sentencia que Alejandro Gutiérrez es un preso político de Javier Corral, y lamenta lo que ha padecido Manlio Fabio Beltrones por culpa del gobernador de Chihuahua. El Partido Verde abandona al PRI en Chiapas, lanza su propio candidato a gobernador, que ipso facto, llama a votar por AMLO. Este último, a su vez, emite una declaración insólita, que se agrega a sus diversos indultos anteriores a EPN, en la que llama a “respaldar al Presidente hasta que termine su mandato”, y establece una serie de condiciones para el período de transición.

Entre ellas figuran la vigencia de una política económica única (falso: el presupuesto 2019 se elabora al alimón entre los dos equipos), la autonomía de Banxico, una aceptación tácita de que EPN conduzca las negociaciones con Estados Unidos hasta el 30 de noviembre, y sobre todo, un rechazo a “juzgar” al sexenio de Peña Nieto, después de haberse pasado más de cinco años criticando y denostando todo lo que se ha realizado durante ese lapso. Cómo un líder opositor puede abstenerse de “juzgar” a su adversario en plena campaña electoral rebasa mi entendimiento, pero no parece perturbar mayormente los números de AMLO en las encuestas.

Lo normal sería que una candidatura que se nutre del repudio al gobierno y en particular a Peña Nieto, y que se ha fortalecido al llegar casi a monopolizar la postura antisistémica, no debiera poder cambiar de canal tan fácilmente y llegar a un acuerdo casi público con el objeto previo de su ira. O en todo caso de la ira de sus seguidores: estoy seguro que si se le preguntara a los votantes potenciales de AMLO si aprueban la idea de un pacto con EPN, la respuesta resultaría ser abrumadoramente negativa. Pero o bien no se han enterado, o no lo creen posible de su líder, o ya no les importa nada salvo ganar el 1 de julio.
¿Que obtiene cada quien en el pacto? Peña, la libertad para él y su familia. No es poca cosa. Del lado de AMLO, el intercambio es más complejo. Para empezar logra que lo que le faltó en 2006 y 2012, y que probablemente le costó ambas elecciones: evitar que le “echaran montón”. En esos comicios tanto Vicente Fox como Felipe Calderón jugaron a y organizaron la segunda vuelta virtual:

unificaron a todas las fuerzas y poderes fácticos en favor de una candidatura, la que rivalizaba con AMLO. Si creemos las versiones de innumerables columnas políticas y un video de Ricardo Monreal, Peña Nieto se negó a actuar de la misma manera que sus predecesores al pedírselo una representación de los grandes empresarios de México. Asimismo, todo sugiere que los gobernadores priistas –los pocos que quedan– no sólo no se están prestando al juego en cuestión, sino que tal vez hayan pactado el voto útil no a favor de Anaya, sino de AMLO. No debiera extrañar a nadie. Por último, Andrés Manuel recibe, por parte de los poderes fácticos sensibles a la influencia presidencial, un trato amable o francamente condescendiente, lo cual siempre es bienvenido.

¿Que dirá la historia del pacto de impunidad AMLO-EPN? Si el electorado no lo castiga –y creo que sí lo hará- el juicio podrá ser severo.
01 Junio 2018 04:06:00
Aranceles y TLC
La decisión del presidente Donald Trump de imponer aranceles de 25 y 10% a las importaciones de acero y de aluminio mexicanos (y a la Unión Europea y Canadá) abre un nuevo frente en la relación bilateral. En particular, más allá de las acertadas represalias mexicanas, y de la posibilidad de que esto se resuelva con alguna celeridad, complica enormemente la renegociación pendiente del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Hace dos meses, cuando Trump suspendió la aplicación de los aranceles a México y Canadá, muchos expertos sostuvieron públicamente –y varios funcionarios lo hicieron en privado– que se trató de un importante logro de México. Hubiera sido casi imposible mantener la renegociación del tratado bajo la amenaza de más aranceles, o en plena guerra comercial entre México y Estados Unidos. El gran logro parece nuevamente un argumento tramposo y engañoso: es la misma cantaleta del candidato del PRI a la Presidencia cuando sostuvo que la invitación a Trump en agosto del 2016 fue una gran idea porque, a diferencia de otros acuerdos internacionales, Estados Unidos aún no se ha retirado del TLCAN. Pero quizás el argumento válido sí era que afortunadamente dichos aranceles no se decretaron y eso permitía que las negociaciones siguieran su curso, lento o veloz, según el caso.

Si eso era cierto entonces, hace dos meses, entonces lo es también ahora a contrario sensu. Los aranceles muestran, en primer lugar, que México no ha sido objeto de un trato excepcional en relación a otros países, y también que, en efecto, negociar en estas condiciones con Estados Unidos y Canadá los litigios pendientes del TLCAN es, en la mejor de las hipótesis, extraordinariamente difícil, y quizás imposible. No sólo se trata de una espada de Damocles o, si se prefiere, de un condicionamiento inaceptable: si no hay acuerdo sobre el TLC, en el cual México ceda todo, se mantienen estos aranceles, e incluso puede haber otros, los de la industria automotriz, por ejemplo, que también ya están bajo estudio invocando la misma cláusula de seguridad nacional.

Sobre todo, se ve difícil que el ambiente y la cordialidad necesarias para que una negociación tan compleja y que ya lleva casi un año, pueda darse –insisto–, en circunstancias de una cuasi guerra comercial. Son los mismos negociadores los que atienden el tema de los aranceles y de las represalias, los que buscan acuerdos sobre las reglas de origen o la cláusula Sunset, o los capítulos de solución de controversias. Son los mismos gobiernos que se pelean por un lado en la plaza pública comercial, y negocian supuestamente con toda discreción temas como la estacionalidad agrícola, y las compras de Gobierno.

No es imposible tratar de encapsular el TLC, o los aranceles, y decir con toda inocencia que lo uno no debe contaminar lo otro. En el mundo real eso no es así. Peña había dicho hace casi un año y medio que buscaba una negociación integral con Estados Unidos: no sólo lo comercial sino también lo migratorio, la seguridad, el combate al narco, etcétera. Ahora resulta que hay quienes no sólo no desean una negociación integral de todos los temas, sino que incluso quieren rebanar lo comercial: por un carril los aranceles y las represalias, por el otro el TLCAN. Lo único razonable en este momento, sobre todo a un mes de las elecciones presidenciales, es suspender las negociaciones y dejarlas en manos del Gobierno y del Senado que vienen. Es la forma estadista y responsable de hacerlo.
30 Mayo 2018 04:07:00
Anaya en la Ibero
En 2012, Enrique Peña Nieto aceptó una invitación de alumnos y profesores de la Universidad Iberoamericana para tener un diálogo con ellos en la sede de Santa Fe de dicha universidad. Como muchos recordarán, fue a raíz de aceptar esa invitación que pasó por uno de los momentos más difíciles, si no el más adverso, de su campaña presidencial de aquel año. Fue increpado, interpelado, criticado, abucheado y finalmente casi perseguido por los pasillos y los baños de la institución académica. No fue tanto por el mero hecho de haber ido, sino por haberse equivocado de público: querer afirmar una posición “de estado” frente a los enfrentamientos del 2011 en Atenco, en lugar de mostrar comprensión y tolerancia en relación con los manifestantes en esos incidentes, por lo menos ante un público estudiantil.

Ahora, la Ibero vuelve a invitar a los candidatos, y Andrés Manuel López Obrador ha respondido que no acudirá a la universidad. Se entiende su renuencia a hacerlo. No tiene nada que ganar y mucho que perder. Su ventaja es grande, parece, según algunas encuestas; los estudiantes, de nuevo parecen, según varias encuestas, estar de su lado; y el riesgo de que se tropiece, balbucee, trastabillee o francamente meta la pata en un diálogo espontáneo, de ida y vuelta, y poco organizado, es elevado. Es el peor escenario posible para López Obrador, y es muy entendible que se niegue a enfrentar ese peligro o, mejor dicho, ese auditorio. Serán muchos partidarios de los estudiantes universitarios, pero una cosa es tenerlos de aliados en las redes sociales, o en su caso en algunos mítines muy organizados, y otra es asistir a un encuentro con ellos en su terreno, no en la zona de confort de López Obrador.

En cambio, Ricardo Anaya tomó la decisión audaz y sin duda arriesgada de aceptar la invitación. Acudirá a la Ibero y sostendrá ahí el diálogo que deseen los estudiantes, seguramente negociando previamente en algunos de sus aspectos. Podrá así responder a sus preguntas, enfrentar sus dudas y críticas, y someterse a la posibilidad de que algunos sectores, ya sea partidarios de López Obrador, ya sea provocadores del PRI, busquen ponerlo en evidencia o “reventar” el evento. Sin duda, eso no sucederá, ya que la inmensa mayoría de las autoridades, los profesores y los estudiantes de la Ibero respetan la libertad de expresión y las mínimas reglas de cordialidad y civilidad necesarios cuando uno invita a alguien a su casa.

De José Antonio Meade no sabemos aún si acudirá, si irá a la Ibero y, por tanto, es difícil vaticinar cuál será el desenlace de su asistencia en caso de que la hubiera. Sin embargo, todo parece indicar que tampoco se trata de un recinto apto para él, y muy probablemente buscará la manera de declinar la invitación.

Tendría también mucho que perder, si las cosas salen mal, como es probable que salieran, y poco que ganar, ya que, si muchos estudiantes pueden albergar dudas ante Ricardo Anaya, prácticamente todos las albergan frente al candidato del PRI. No iría Meade a la Ibero, sino el candidato del PRI, el colaborador y el delfín de Peña Nieto. Peores recomendaciones, imposible.

Ha habido momentos emblemáticos en distintas contiendas presidenciales, además de la de 2012, en varias universidades. Es posible que la visita de Anaya a la Universidad Iberoamericana sea uno de esos momentos. O tal vez termine por no encerrar mayor interés, ya que los medios posiblemente decidan, o bien ignorarla o bien enfocar toda su atención en los posibles incidentes menores o poco representativos que tengan lugar. Pero por lo menos Anaya lo habrá intentado. A diferencia de López Obrador, que cuya decisión se resume en dos palabras: “le sacó”.
28 Mayo 2018 04:06:00
El IBU, una buena discusión sobre una gran idea
Tal vez sin el relieve que merece, y que sería útil y necesario para la campaña de Ricardo Anaya, la propuesta de un Ingreso Básico Universal (IBU) ha despertado cierta controversia y una discusión muy sana. Se han formulado varias dudas y objeciones frente a la terminología utilizada, a la viabilidad fiscal del esquema, e incluso a la moralidad del IBU.

Primero, manifiesto mi punto de vista sobre el contenido de la propuesta. Se trata de entregar, por un periodo de 6 a 10 años, una suma determinada de dinero a la totalidad de los mexicanos mayores de 15 o 18 años (yo prefiero los 18). La suma que actualmente se sugiere es de mil 500 pesos al mes: más o menos la diferencia entre el ingreso que recibe el sector más pobre de la población y la línea de sobrevivencia básica, determinada por el Coneval (aproximadamente 3 mil pesos al mes). La discrepancia entre los 15 y 18 años se refleja en dos cuestiones: si es para los de más de 15 años, el estipendio irá en parte a la familia; si es de más de 18, en una cierta proporción, no será el caso.

La implementación de este programa se hará de manera paulatina en el tiempo y en el espacio. Se comenzará con un pequeño número de estados, de preferencia los más agobiados por la extrema pobreza, elevando el número de personas beneficiadas año tras año. Desde el punto de vista administrativo, como fiscal, esto es de gran importancia. Significa que no todo el impacto fiscal tendrá lugar desde el primer día, y que el esfuerzo administrativo tampoco reflejará la totalidad de los habitantes y de las entidades del país. Al concluir la implementación del programa, todos recibirán su estipendio. No desde el primer día.

En segundo lugar, el término universal se utiliza en contraste con el de condicional o contingente, como es el caso de Prospera. En ellos se transfiere el dinero a grupos que comprobadamente se encuentran en extrema pobreza, sólo a las madres y en función del número de hijos que tienen. El IBU es sin condiciones, y a todo el mundo, una vez que se llegue al final del periodo.

¿Cómo se financiará todo esto? En primer lugar, al término de un censo de todos los programas de asistencia social que existen en el país a nivel federal, estatal y municipal, se verá cuáles pueden ser canalizados al IBU y cuáles no. No se pondrá fin a ningún programa que funcione o que implique derechos adquiridos, pero no es concebible que esta enorme cantidad de instrumentos de protección social sean todos eficaces o incluso reales. La gran virtud del IBU es que imposibilita su carácter clientelar; al ser elegible todo el mundo para recibirlo, no hay ninguna discrecionalidad por parte del Estado. En segundo lugar, una vez que se determine cuánto dinero hay en los programas existentes y cuánto falta año tras año para completar el financiamiento necesario, en términos fiscales, se verá qué tipo de instrumento se puede utilizar para cubrir el faltante. Puede abarcar desde un impuesto especial a ciertos sectores de la sociedad, hasta una extensión del IVA, o desviar recursos de otros destinos a este programa.

Por último, el incentivo para trabajar. Algunos pueden pensar que si un mexicano en condiciones de extrema pobreza de repente recibe mil 500 pesos al mes adicionales, ya no buscará trabajo. Me parece un enfoque bastante despreciativo de la gente con menos recursos en este país. Nadie que reciba mil 500 pesos y tenga dos o tres hijos va a contentarse con eso, al contrario, los utilizará para buscar un mejor empleo o empezar un negocio. Al final, lo más importante es que si este programa se pone en práctica, se financia de manera ortodoxa y prudente, es factible acabar con la pobreza extrema en México.
25 Mayo 2018 04:06:00
Los indecisos y el ‘efecto’ Bradley
El tema de los indecisos obsesiona a los políticos y a los encuestadores. La razón es sencilla, y no se requiere de un conocimiento especializado en la materia para comprenderla. En la mayoría de las encuestas que se publican o que circulan en privado, el número de personas que responden con un “no sé” o “prefiero no contestar” a la pregunta de por quien piensan votar, varía entre un 10% (Massive Caller, por ejemplo) hasta 38% en Reforma.

Las encuestadoras reaccionan de tres maneras ante los llamados indecisos. Unas los reparten (digamos, transformando el 80% que dio preferencia de voto, en 100%), de varias maneras (la llamada votación efectiva); otras los dejan por así decirlo intactos, y publican los datos de intención electoral junto con los indecisos (la llamada votación bruta).

Las dos principales formas de distribuirlos son: en la misma proporción que los que sí manifestaron un preferencia (una simple operación aritmética), o “modelando”. Esto último significa tomar en consideración una serie de factores (antecedentes históricos, alguna pregunta previa a la que sí respondieron los “indecisos”). Así se obtiene, según estos expertos, una idea más precisa de cómo votaría la totalidad de los electores reales si ese día tuvieran lugar los comicios.

Además de los indecisos, en esta elección mexicana figura un número excepcionalmente elevado, parece, de rechazos. Se trata de entrevistados en potencia, seleccionados según el método utilizado por la encuestadora, que se negaron a responder el cuestionario (los que no abren la puerta o la cierran, en términos figurativos).

Normalmente, cada visitante de vivienda debe entonces buscar y encontrar un sustituto que reviste las mismas características demográficas y socio-económicas que el “rechazante”. En ocasiones lo hacen, en ocasiones no. En México hoy el rechazo alcanza, según algunas encuestadoras entre 30% y hasta 50% (en Estados Unidos, para encuestas telefónicas con líneas fijas en los años 90, las tasas de rechazo era un poco más elevadas).

Ahora bien, han proliferado las “teorías’ o explicaciones posibles a propósito de la inclinación de los indecisos y “rechazantes”. De los segundos, en muchos casos pueden ser personas que simplemente no van a votar, les repugna la política, les resulta indiferente, o no tienen idea de qué va. A la inversa, de acuerdo con otras tesis, quizás constituyen una reserva de voto indignado, iracundo y a la vez atemorizado por “la mafia del poder”, que van a sufragar por AMLO pero no aceptan decirlo por pensar que las encuestas forman parte del bando enemigo. Difícilmente pueden encerrar un voto escondido anti-Morena.

Los indecisos, sí. En el 2000, aquellos presentes en las encuestas al final de la campaña se inclinaron por Fox en una proporción mucho más alta que los “decididos”, dándole la victoria. Esta vez, se supone, no son partidarios del opositor puntero, ya que no existen motivos para disimular un voto por Andrés Manuel.

Varios especialistas creen ubicarlos en el Frente o en el PRI, por motivos parecidos, aunque en direcciones distintas. Los más, sienten que se trata de electores anti-AMLO inconfesos, que votaran por el segundo lugar, cualquiera que este sea, es decir, serán sufragios a favor de Anaya que prefieren ocultar su sentimiento contra Morena ante el encuestador.

Otros, claramente partidarios de Meade, han re-resucitado una tesis que llegó a llamarse el “efecto Bradley”. Este fue alcalde de Los Ángeles y después buscó ser gobernador de California. Perdió en dos ocasiones, aunque las encuestas lo daban por ganador. El motivo del error: resultaba “políticamente incorrecto” o vergonzoso, para un votante blanco liberal, reconocer que jamás votaría por un negro. Al encuestador le decían una cosa, y al llegar a las urnas, hacían otra. Algunos partidarios del candidato del PRI sugieren que puede haber un voto pro-Meade escondido entre los indecisos, a quienes les da vergüenza revelar que votarán por ese partido, pero que lo harán “por que es el mejor”.

Detrás de toda esta especulación yace mucho “wishful thinking”. No quita que parece imperar un cierto enigma nuevo en el comportamiento del electorado mexicano, que aún puede incidir en el resultado. Seguramente en los días venideros los propios encuestadores nos ilustrarán al respecto.
23 Mayo 2018 04:06:00
México, AMLO y Venezuela, hoy
Las elecciones en Venezuela resultaron un poco mejor de lo previsto. Fue tanto el fraude que ni siquiera Henry Falcón, el candidato opositor “palero”, pudo avalarlas. La participación sí fue mucho menor que la histórica –como lo deseaba la oposición– y Falcón se vio obligado a desconocer los resultados y pedir nuevos comicios. Fracasó la maniobra de Nicolás Maduro de llamar al día siguiente a un diálogo nacional, al que hubiera acudido Falcón, y menos aún de formar un Gobierno de unidad nacional con él y otros opositores a modo.

Igual, el régimen sobrevivió a la tormenta y se apresta, en medio de una crisis económica, humanitaria, de abastecimiento y de violencia sin parangón en la historia moderna de América Latina, a permanecer 6 años más en el poder. Lo hará, según el presidente Juan Manuel Santos de Colombia, aprobando una nueva Constitución que instalará una dictadura siguiendo el modelo cubano, acabando con lo poco que queda de la vieja democracia venezolana.

La comunidad internacional, a su vez, condenó las elecciones, desconoció los resultados y, según los países, inició o endureció sanciones contra Maduro y sus colaboradores. En particular, el Grupo de Lima, compuesto por 14 países, entre ellos México, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia y Perú, llamó a sus integrantes a aplicar o a intensificar medidas de suspensión de relaciones militares, culturales, financieras y comerciales con Venezuela, y a preparar una resolución de mayor dureza para la próxima asamblea anual de la OEA, en Washington, dentro de dos semanas.

En plena campaña presidencial en México, el tema no parece atraer demasiada atención. Extrañamente, en el debate de Tijuana, dedicado al tema de México en el Mundo, el día mismo de las elecciones en Venezuela, los moderadores no consideraron útil o necesario interrogar a los aspirantes sobre su postura ante los comicios venezolanos, ni sobre la crisis de aquel país en general.

Se hubieran llevado una sorpresa, y hubieran ayudado a ilustrar al electorado mexicano sobre una paradoja más que envuelve a Andrés Manuel López Obrador.

La sorpresa: los candidatos Anaya, Meade y Rodríguez Calderón sostienen la misma posición, a saber, básicamente la del Grupo de Lima: desconocimiento de los resultados por inexistencia de las condiciones mínimas necesarias, de acuerdo con criterios internacionales, suspensión de toda la cooperación con Maduro, llamada a consultas de nuestra embajadora en Caracas, sanciones crecientes contra la dictadura.

López Obrador, por su parte, mantiene su silencio tradicional, pero sus voceros o bien invocan el consabido y llevado y traído principio de no intervención, o bien confiesan que no han discutido el tema o no responden a la pregunta salvo para decir que AMLO no conoce a Maduro. La paradoja: el tema incomoda enormemente a Morena y a AMLO, y no saben dónde esconderse cuando surge.

En efecto, tienen de dos sopas. O bien critican y denuncian el fraude, el autoritarismo, el exilio forzado y la corrupción del chavismo,  en cuyo caso brincan sus huestes internas: Polevnsky, Noroña, Taibo, el PT, y corren el riesgo de que Caracas revele secretos inconfesables de 2006. O bien defienden al régimen dictatorial, escudándose tras una vergonzosa no intervención, y aparecen ante sectores clave del electorado como cómplices del autoritarismo y el fraude. Mejor se callan. Pero si se les arrincona, trastabillan o cascabelean. 

Por una de dos razones. Ya sea porque simplemente no saben qué decir, y piensan, tal vez con razón, que el silencio no será reprobado por una opinión pública mexicana indiferente.

No pagan costo alguno por contestar con lugares comunes o balbuceos. O tal vez callan, porque existe una verdadera afinidad o cercanía de Morena y AMLO con la experiencia chavista, en todas sus versiones, y no quieren criticar o deslindarse de un aliado y sobre todo, de un modelo, cuyo fracaso es culpa del imperio, no de los errores y excesos garrafales que ha cometido.
21 Mayo 2018 04:06:00
La barbaridad del ‘país seguro’
Este Gobierno ha cometido una enorme cantidad de errores a lo largo de sus cinco años y medio de gestión. Al grado de que puede llegar a ser repudiado por más de 80% de los mexicanos en las urnas. Pero pocos yerros podrán pasar a la historia como el que se propone ahora: firmar un acuerdo de “País Tercero Seguro” (Safe Third Country Agreement) con Estados Unidos. Es una barbaridad.

El concepto se refiere a una excepción al derecho de asilo, según el cual un ciudadano de Siria, por ejemplo, que se encuentra en Austria y solicita asilo en Alemania (país aledaño), puede ver rechazada su solicitud en vista de que las autoridades alemanas consideran que Austria es un país “seguro”, es decir, un país donde se respetarán los derechos humanos y de asilo del expatriado sirio.

De acuerdo con la base de datos del Consejo Europeo “AIDA”, varios países europeos, así como Turquía, han celebrado acuerdos de esta índole entre ellos, o con otros. La Unión Europea consagra el principio, en ocasiones denominado “derecho de primer asilo”, en su Reglamento de Dublín; Alemania considera que todos los miembros de la UE son “países seguros”; y Turquía determinó que Irán y Pakistán eran “países seguros”, por lo menos para refugiados afganos.

Son varios los principios que deben respetarse en estos acuerdos. Entre ellos figuran el de “non-refoulement” (no re-envío a país de origen); que las vidas y las libertades de las personas involucradas no se encuentren en peligro por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opinión política; que el solicitante disponga de la oportunidad de pedir asilo en el país “seguro”; que exista un “vínculo razonable” entre el solicitante y el “país seguro”. Para ello, debe aplicar una de las siguientes condiciones: que el solicitante cuente con familiares en el país tercero; que haya vivido en dicho país, con trabajo; que disponga de vínculos culturales firmes con ese país, por ejemplo el idioma.

Ahora bien, el acuerdo que Estados Unidos busca imponerle a México, y cuya existencia ha sido divulgada por The New York Times y el medio on-line POLITICO, y únicamente por Proceso en México, y que comenzó a ser negociado el jueves y viernes pasados en Washington, no cumple con estas condiciones. Según los medios mencionados, los aspirantes no mexicanos al asilo en Estados Unidos –principalmente nacionales de los países del Triángulo del Norte– ya no podrían ingresar a ese país –como lo hicieron en Tijuana, hace un par de semanas– sino que solicitarían asilo en México, que sería un Safe Third Country, o “país tercero seguro”. Como lo pudieron comprobar, por ejemplo, los hondureños masacrados en San Fernando hace unos años; o las decenas de miles de salvadoreños o guatemaltecos “refoulés” cada mes a partir de 2014; o los nacionales de otros países, incluyendo a Cuba, que carecen de cualquier vínculo familiar o de otro tipo, salvo el lingüístico, con México. Sus solicitudes se procesarían en México con celeridad, transparencia, honestidad y apego a la ley, como lo saben bien todos los extranjeros que han tenido tratos con el Instituto Nacional de Migración a lo largo de los últimos 40 años. Obviamente cumplimos con todos los requisitos para ser tercer país seguro, como Suecia, Canadá, y los miembros de la UE.

Los medios citados sospechan que México aceptó la exigencia de Trump a cambio de una flexibilización de Estados Unidos en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Si bien The New York Times cita a Videgaray afirmando que no existen condiciones hoy para un acuerdo de esa naturaleza (por eso de los animales, tal vez), ni se suspendieron las pláticas, ni México ha informado a los mexicanos sobre el tema. Una barbaridad, para un gobierno de barbaridades.
18 Mayo 2018 04:06:00
La línea roja
Los comentarios de Donald Trump antier, a propósito del carácter “animal” de los migrantes indocumentados de México y de Centroamérica, así como su queja adicional de que México no hace nada por Estados Unidos en materia de comercio, ni en lo que se refiere a la seguridad fronteriza, constituyen un traspaso, ahora sí, de una línea roja a la que nunca debimos haber llegado.

Utilizar un término como “animales” representa un ejemplo del discurso del odio que en muchos países de Europa constituiría un delito. Si a eso le agregamos la respuesta del negociador del TLC norteamericano en el sentido de que no hay un acuerdo comercial en puerta, en su conjunto, son un síntoma del deterioro que ha habido en la relación de México con EU en los últimos 16 meses.

Sí es una línea roja y ha llegado el momento de ejercer represalias e ir más allá de la retórica tan cansada del respeto, de la dignidad, y de la soberanía. Existen múltiples opciones, pero habría que comenzar con dos que describo rápidamente. Para empezar, EPN, en compañía de, por lo menos, los mandatarios de El Salvador, Honduras y Guatemala, debiera emitir una declaración solemne exigiendo una disculpa pública a la Casa Blanca y al presidente Trump por utilizar un lenguaje denigrante, ofensivo, del odio, e inaceptable con relación a mexicanos y centroamericanos.

A continuación y, en segundo lugar, el Mandatario mexicano debe señalar que la cooperación mexicana en tal o cual rubro, ha sido suspendida hasta que se reciba dicha disculpa pública. Y esto mismo debe proclamarlo el Gobierno de México en los medios norteamericanos.

Hay 10 o 15 temas de cooperación que pudieran ser suspendidos entre los cuales se puede escoger uno. Además, el que se escoja, debe ser proporcional a la ofensa, debe causarle el menor daño posible a México, debe provocar una reacción en EU de los sectores burocráticos afectados para que sean ellos quienes presionen a la Casa Blanca para que rectifique su postura. Y debe ser algo fácilmente explicable y aplicable por las autoridades mexicanas.

Primer ejemplo: suspender la admisión de deportados supuestamente mexicanos de EU a México sin que antes las autoridades estadunidenses comprueben la nacionalidad mexicana de las personas interesadas. Si esto va a causar problemas del lado de EU, mala tarde para todos.
Segunda posibilidad, retirar de la frontera sur y del Istmo de Tehuantepec a los contingentes de las Fuerzas Armadas, de la PF y del INAMI, salvo en los puntos fronterizos existentes, y levantar todos los retenes hasta nueva orden.

Esto provocaría, en efecto, un éxodo de centroamericanos a EU; asunto de ellos. Y mientras están de nuestro lado de la frontera, darles todo el apoyo posible en esos puntos fronterizos del norte, en espera de que puedan cruzar y pedir asilo. Siguiente opción. Probablemente la más drástica pero la más eficaz: expulsar, al término de una semana, a la tercera parte de los agentes de la DEA presentes en México en este momento. A la siguiente semana de no venir la disculpa pública, expulsar otro tercio de agentes norteamericanos en suelo mexicano, y así sucesivamente hasta que no quedara ninguno. Provocaría una reacción muy negativa en EU, pero por parte de la DEA, una enorme presión sobre la Casa Blanca para que cambiara de posición.

Última opción, algo que ha sugerido Aguilar Camín desde hace más de un año: suspender la cooperación en materia de inteligencia entre el Gobierno de México y las autoridades estadunidenses, incluyendo el cierre de los centros de fusión en México, y la suspensión del programa de los requisitos de visados para nacionales de países terceros que desean entrar a México supuestamente camino a EU. Muchos dirán que cualquiera de estas medidas puede traer consigo una represalia igualmente virulenta por parte de EU. Es posible. Pero llevamos casi 18 meses esperando que poner la otra mejilla llevará a que un día cercano cesen las agresiones de Trump. No ha sucedido. Esto es lo que conviene hacer ahora, esta es la respuesta al cruce de la línea roja, esto es lo que la sociedad mexicana entera debe exigirle al Gobierno, y es lo que el Gobierno debe realizar, con el apoyo de la sociedad mexicana.
16 Mayo 2018 04:06:00
Sobrevive el anacronismo mediático
Las “entrevistas”/debates entre/con candidatos a la Presidencia en la televisión han generado muchos comentarios a lo largo de los últimos días, incluso por parte de algunos de los participantes. Los organizadores han justificado los formatos y los desempeños de los candidatos y de los entrevistadores o adversarios. Los partidarios de los candidatos, por su parte, lógicamente, han manifestado su disgusto con la forma en que fueron tratados sus gallos, y con el trato que recibieron sus rivales. Hasta aquí, nada más que normal.

Con un pequeño detalle. En otros países, donde, como se imaginará el lector, también hay elecciones, televisión y programas especiales en campaña, los comentarios siempre giran en torno a los protagonistas, a saber, los candidatos. En Francia, o en Chile, la comentocracia y los políticos intercambian puntos de vista sobre lo bien o lo mal que se manejó Piñera o Macron, Guillier o Le Pen. En Estados Unidos, con campañas más largas y un mayor número de precandidatos, las páginas editoriales, los blogs y las redes sociales se nutren de perspicaces y sabias opiniones sobre la agilidad de Hillary Clinton y la pasión de Bernie Sanders, la insolencia de Trump o la pasividad de Jeb Bush. Casi nunca leeremos, o escucharemos, puntos de vista sobre Wolf Blitzer o Charlie Rose (antes de su desaparición de la pantalla), de Joe Scarborough o Sean Hannity, de Lesley Stahl o Christiane Amanpour. Si realizan bien su trabajo, serán, como los árbitros deportivos, invisibles.

Por desgracia, esto no sucede aún en México. Más allá de las individualidades y las diferencias evidentes entre los participantes en Tercer Grado, Milenio, etc., los programas fueron tanto sobre ellos mismos como sobre los candidatos. No ha sido posible todavía llegar a una normalidad mediática, aunque los moderadores del primer debate presidencial se acercaron a ella. Los periodistas o académicos presentes en la televisión aún no aceptan que su papel consiste en dejar que el invitado responda a preguntas incisivas y con seguimiento, pero al final que el centro de atención es él (o ella). No es necesario interrumpir, presionar, gritar o tratar de lucirse a costa del invitado; es un invitado.

En  las mesas de debate de los lugartenientes de los candidatos se vale interrumpir e intimidar, cuando se puede. Asimismo, en las mesas redondas (por ejemplo, La Hora de Opinar, los lunes a las 10, en Foro TV), es perfectamente aceptable que todo el mundo hable a la vez, aunque entonces no se suele entender nada. Pero en ambos casos impera una relación entre pares: entre los suplentes de los candidatos, o los mismos de siempre en las mesas redondas. No es el caso de los candidatos: son diferentes, en todos los sentidos.

No son los pares de los entrevistadores. Uno de ellos va a ser Presidente. Vale la pena recordarlo, no en aras de la cortesía o la reverencia, sino de un simple y sano realismo. A eso no hemos llegado.
14 Mayo 2018 04:00:00
Otra vez: el liberal salvaje
En un virtual homenaje a Manuel Rodríguez Woog, el fallecido encuestador, estudioso y amigo entrañable, la revista Nexos este mes publica una nueva versión de la encuesta y análisis realizados en 2011 por Manuel y entonces titulado Mexicano Ahorita: Retrato de un Liberal Salvaje. Hoy, el nuevo retrato de un liberal salvaje nos confirma y nos amplía los resultados de principios del decenio.

Retengo tres hallazgos del estudio: el cambio, el individualismo, y la irrealidad en la que vive el mexicano. Sobre el primer tema, “frente a la disyuntiva de elegir un presidente que cambie poco y sigamos como vamos, o uno que cambie mucho y empecemos algo nuevo, un 81% se inclina por un cambio”.

Son los mismos números que encontramos en encuestas electorales, pero aquí justamente se ubica la pregunta en un contexto diferente. El desenlace es el mismo. Por eso le apuesto a quien quiera que el PRI no saca más de 20% el 1 de julio.

Sobre el individualismo, los autores Claudio Flores, Guido Lara, Marco Robles y Benjamín Salmón corroboran innumerables pesquisas anteriores. En 2011, en mi libro Mañana Forever: Mexico and the Mexicans (traducido al castellano como Mañana o Pasado: El Misterio de los Mexicanos), me propuse reconfirmar las tesis perennes de Ramos, Paz y Bartra sobre el individualismo mexicano. Individualismo centrado en la familia, y en la desconfianza de cualquier acción colectiva. Di como un ejemplo entre muchos otros la horizontalidad de la vivienda, y las dificultades de pasar a la verticalidad. Los sucesivos directores del Infonavit me corregirán...

El estudio muestra que 81% de los mexicanos están de acuerdo con la afirmación “antes que el país está mi familia”; 72% que “El esfuerzo personal es más importante que el esfuerzo de todos como país”; y 61% afirma que “Hago lo que me beneficie aunque no se beneficie el país”. Apenas 43% sostienen que los mexicanos SÓLO tenemos sueños comunes. Quizás no se necesita un estudio tan profundo para confirmar el individualismo radical del mexicano, en el entendido de que el núcleo individual es la familia nuclear, pero es preferible contar con un instrumento de esta naturaleza. Así, cada vez que alguien busque convocar a los mexicanos a un esfuerzo colectivo y a abandonar el “cada quien para su santo”, sabrá exactamente a qué se enfrenta.

Por último, el análisis revela un grado de irrealidad en la que vive un gran número de mexicanos, que a la vez explica el individualismo y también el elevado nivel de frustración que envuelve a muchos compatriotas. Tres cuartas partes de los mexicanos consideran que “los sueños sí se pueden alcanzar”. 84% confía “en que pueden cambiar su vida”.

En esto el ensayo de GAUSSC y LEXIA se asemeja a otro citado por Miguel Basáñez, en el cual alcanzamos el quinto lugar entre 101 países en la confianza de tener control sobre nuestras propias vidas. Más del 70% considera que México es un país rico (el famoso cuerno de la abundancia), y 57% piensan que, para progresar, México no necesita de Estados Unidos. Las dos terceras partes de la sociedad mexicana están convencidas que México es un país rico, donde hay que repartir mejor la riqueza, mientras que sólo un tercio cree que es un país pobre y que hay que generar riqueza.

En menor o mayor grado, todas estas afirmaciones, convicciones o pensamientos son falsos. Lo serían en muchos otros países también, desde luego (quizás en Suiza no), y algunos lectores puedan pensar que así como lo piensan esos mexicanos, es como debería de ser (México no debiera necesitar a Estados Unidos para progresar). Aquí vemos algo fundamental, que el estudio no destaca, porque no es su tema: el carácter profundamente aspiracional del mexicano (la lógica de la publicidad de la rubia Superior). Pero una cosa es tener aspiraciones, y otra es creer que mágicamente se cumplen. Por desgracia, no es así.
11 Mayo 2018 04:06:00
¿Quién ‘conecta’ con quién?
He escuchado, como muchos, a un gran número de colegas en estas semanas y días, opinar sobre la capacidad de uno u otro candidato de “conectar” emocionalmente con el “pueblo”. También discurren sobre el carácter emocional de estas elecciones en México, a diferencia de la naturaleza “racional” en otros momentos en nuestro país, o en otros países. No dudo del gran conocimiento que posee nuestra comentocracia (exceptuando al que escribe: no presumo saber mucho al respecto) a propósito de los sentimientos profundos del pueblo mexicano, ni tampoco sobre los diversos grados de emotividad versus racionalidad de unos comicios u otros en unos países u otros.

Dejemos a un lado el problema de definir al “pueblo”, es un dilema secular. ¿Es uno, único y está siempre unido? (¿El pueblo unido jamás será vencido? ¿En serio?) ¿Son los votantes? ¿Los mexicanos de menores ingresos? ¿El círculo verde? ¿Los que ven televisión en general? ¿Los que vieron el debate o las principales emisiones de estas últimas semanas?

Sí me pregunto, sin embargo, qué significa “conectar emocionalmente”, cómo se come eso, y cómo se mide. Por ejemplo: en relación con el programa Tercer Grado de Televisa de anteayer, oí o leí a varios columnistas o comentócratas decir que Anaya no “conectó”, ni conecta en general, con la “gente”, mientras que Andrés Manuel sí lo hace (Meade, para variar, no viene al caso). Es muy posible que eso sea cierto, pero sigo confundido: ¿cómo lo saben? A mí se me ocurren algunas métricas posibles, y es muy factible que los colegas las hayan revisado minuciosamente entre el momento en que se difundió el programa, y cuando escribieron sus columnas o transmitieron sus comentarios.

Para empezar, el rating. Según Nielsen, a AMLO lo vieron 1.7 millones de televidentes; a Anaya, 1.6, y a Meade 1.3, pocos en relación con el debate que fue visto por casi 18 millones de mexicanos (aunque el horario lo explica en gran medida). Si Anaya no “conectó” o AMLO sí “conectó”, fue con ese número de personas. ¿De qué personas se trata? Difícil de saber, aunque Nielsen o IBOPE guardan datos demográficos sobre la audiencia: nivel socio-económico, edad, escolaridad. En segundo término, disponemos, en teoría, de elementos procedentes de las redes sociales: Facebook y Twitter, principalmente, un poco de Instagram. ¿Cuántos retuits hubo, sin pauta? ¿Cuántos “likes” en Facebook? ¿Cuántas vistas en reproducción? Y de nuevo ¿Quiénes son los que opinaron al respecto? ¿ Jóvenes, clases medias, hombres o mujeres? Por último, supongo que las campañas armaron grupos de enfoque para ver el debate, sobre todo con los públicos que les interesa: indecisos, independientes, votantes útiles en potencia. Los resultados de dichos grupos nos podrían ilustrar mucho sobre quien “conectó” y quién no, y con quiénes.

El ejemplo de la pasada elección de Estados Unidos es pertinente. Durante buena parte de la campaña, pero sobre todo después de los comicios, la comentocracia norteamericana recalcó la “frialdad” de Hillary Clinton, como no “conectaba” con sus auditorios, como no encendía a nadie y dormía hasta un caballo (otros recurrían a expresiones más procaces). Argumentaban cómo Trump si “conectaba” con los varones blancos, sin educación universitaria y de más de 50 años de edad. Tal vez fue cierto todo eso, pero Clinton obtuvo 3 millones de votos más que Trump. No los conquistó donde debía, y por eso perdió. Pero le ganó a Trump por 2.5% del voto. La clave consistió en “conectar” con quien convenía electoralmente, no necesariamente con todos.

Yo no sé si Anaya conecta con otros como lo hace conmigo: a través de su inteligencia, formación y agilidad. Tampoco sé si AMLO aburre a otros tanto como me aburre a mí. Pero antes de afirmar tan categóricamente que uno u otro hace una cosa u otra, les rogaría a los colegas que dispusieran de un mayor volumen de datos duros antes de opinar.
09 Mayo 2018 04:07:00
El tipo y el Tratado
Se suponía que esta semana era la buena para llevar a buen puerto las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora la fecha fatídica parece ser el 15 de mayo. Esta vez, sin embargo, los vaticinios del Gobierno de México y de Estados Unidos no parecen encerrar la misma credibilidad –totalmente inmerecida– de hace unos meses. Veamos por qué.

El tipo de cambio se mueve por muchas razones en estos momentos. Dos tienen poco que ver con México. El dólar se ha fortalecido frente a otras divisas y eso, en algunos casos, quizás en este, puede hacer que también se fortalezca frente al peso mexicano. Una segunda razón es que se aproxima nuevamente un alza de las tasas de interés en EU por parte de la reserva federal, y eso lógicamente también encarecería al dólar frente al peso y otras monedas. Pero las dos razones principales por las cuales el peso se fortalece, o se debilita en este momento, son, sin duda, de índole estrictamente mexicana.

En primer lugar, se trata desde luego de la perspectiva electoral. En la medida en que se acerquen las elecciones, y la brecha entre AMLO y Ricardo Anaya se cierra sólo lentamente, muchos analistas consideran que la posibilidad del triunfo de AMLO aumenta –yo desde luego no comparto esa visión– y empiezan a vacunarse contra dicho triunfo y la corrida contra el peso que ellos piensan seguramente se desatará. El tema ahí es si la caída del peso se va a agudizar en las próximas semanas, y si el Banco de México se va a ver obligado a intervenir al elevar las tasas de interés.

El otro factor reside, obviamente, en las perspectivas de un desenlace favorable de las negociaciones sobre el TLCAN. Aquí la cosa es más complicada. Los analistas suelen ser ingenuos, ignorantes, y beatamente optimistas, y se tragan todas las versiones y mentiras de los tres gobiernos sobre si un acuerdo es inminente; si ya se finiquitaron todos los capítulos, o los más importantes; o si habrá un acuerdo, en principio sin detalles, pero lo suficientemente sustancioso para que pueda ser enviado a los respectivos congresos. Nada de todo esto es especialmente factible, pero eso es lo de menos, lo importante es que los mercados, es decir, los analistas de las corredurías y los bancos lo crean. Fue el caso hasta hace poco, aparentemente ya no lo es.

El peso se ha debilitado, en las últimas dos semanas más o menos, seriamente frente al dólar, y se encuentra hoy en su nivel más bajo desde enero. Si bien los tres factores mencionados inciden en este panorama, es evidente que el tema TLC es el que está generando las mayores turbulencias. De ahí que uno pueda plantearse la pregunta siguiente: ¿Qué le conviene más a México, aunque no necesariamente al tipo de cambio? ¿Que el TLC se firme rápidamente? ¿Se refortalezca o se estabilice la paridad? ¿Se genere una sensación de confianza y de certeza hacia adelante? Y ya no quede ningún pendiente para el siguiente Gobierno frente a Trump salvo, desde luego –sarcásticamente– las deportaciones, el muro, las detenciones, etc.

Algunos piensan que una solución de este tipo sería lo mejor para el tipo de cambio a corto plazo, pero también para AMLO. Un acuerdo del TLC ya finiquitado, un tipo de cambio estabilizado o fortalecido, una situación de tranquilidad y de certidumbre en las relaciones con Estados Unidos pueden disipar las últimas dudas frente a las consecuencias de la victoria de un candidato con las posiciones económicas y políticas que todos conocemos. Otros piensan que al revés, que independientemente de lo que suceda con AMLO, lo más importante es que México resuelva ya este dilema y que lo hagan Peña y su gente porque conocen el tema y porque tiene posiciones en teoría conciliables con las de Trump.

Mi impresión es que el acuerdo a corto plazo no va; si Videgaray lo trata de forzar a toda costa, puede sacar un convenio en principio, pero que no será ratificado por ninguno de los dos congresos este año, y le tocará entonces a Anaya o a López Obrador renegociarlo en el 2019. La pregunta es, entonces, ¿de qué sirve hacer todo esto a las carreras? Pues una de dos, dejar un legado superficial y ficticio, o ayudar a López Obrador.
07 Mayo 2018 04:06:00
Más deportaciones, ahora sí
El fin de semana la Secretaría de Gobernación divulgó los datos más recientes sobre repatriados mexicanos desde Estados Unidos. Entre enero y marzo de este año, fueron deportados (repatriados es un eufemismo típicamente priista o mexicano, como se prefiera) 53 mil 764 nacionales. En el mes de marzo, Estados Unidos expulsó a 21 mil mexicanos.

Se trata de un incremento de 40% en relación al año anterior, el primero de Trump. Conviene recordar que el año pico de deportaciones (en la historia reciente), fue el 2010, bajo la presidencia de Barack Obama con 469 mil 268. A partir de esa fecha, las cifras descendieron hasta 219 mil 905 en 2016.

El 2017 fue el de menor número de deportaciones desde la época de Bush, pero en el segundo semestre, comenzaron a repuntar las llamadas repatriaciones.

De anualizarse los datos del primer trimestre, llegaríamos a más de 250 mil deportaciones este año. Marcan claramente una inflexión de tendencia. En otras palabras, las amenazas de Trump empiezan a cumplirse. Y las consecuencias para los mexicanos, tanto de aquí como de allá, también.

Sabemos con certeza que la política de Trump en materia migratoria ya ha surtido dos efectos que pronto redundarán en un mayor número de deportaciones de mayor gravedad para los afectados, como ya comenzó a suceder durante el primer trimestre de este año. En primer término, las detenciones en el interior de la Unión americana, a diferencia de aquellas en la línea o cerca de ella, se han incrementado enormemente (casi 50% más que el período anterior a partir de septiembre del año pasado). Esto significa que se trata de deportados con una larga vida e historia en Estados Unidos: no recién llegados. Son jefes o jefas de hogar con conyugues, hijos, propiedades, empleo, deudas, membresía en asociaciones, etc. Cada deportación de esta naturaleza es desgarradora; la de alguien detenido en el desierto de Arizona es, ante todo, un costo y una mala tarde, susceptible de ser mejorada al día siguiente.

En segundo lugar, Trump ya ha aumentado fuertemente los recursos de CBP y ICE, de los jueces de migración, de los centros de detención y de la cooperación lamentable de las policías locales con las autoridades federales, a pesar de la valentía de algunas ciudades santuario. Las dos modificaciones en la política anterior hacen que el número de personas en la lista de espera de deportación ha crecido de manera significativa, y por lo tanto, como ya se dijo aquí en múltiples ocasiones, las expulsiones crecerán de modo inevitable.

Las cifras mexicanas y de Estados Unidos no coinciden del todo. Las segundas suelen ser más elevadas que las primeras. Por lo tanto, debemos atenernos a una realidad más lastimosa: el número de deportados mexicanos pronto se acercará al de la época de Obama, con el agravante de que se trata de personas arraigadas en distintas comunidades del vecino del norte.

Es una consecuencia, perfectamente prevista, de la llegada de Trump a la Casa Blanca. Frente a la que no hacemos absolutamente nada.
04 Mayo 2018 04:07:00
El voto útil en 2006
Se han dicho muchas cosas sobre el voto útil para las elecciones del 2018. Algunos dicen que ya no va a suceder en México porque somos un país pos-voto útil; otros, que nunca ha sucedido en ninguna parte; otros más consideran que, debido a las circunstancias de esta contienda electoral, es aberrante pensar en un voto útil. Disponemos de elementos más sofisticados para hacernos una idea de la pertinencia de la estrategia del voto útil en estas elecciones.

Quizás el mejor ejemplo sea el del 2006. En ese año Felipe Calderón fue el candidato del PAN, Roberto Madrazo el del PRI, Andrés Manuel López Obrador del PRD, y Vicente Fox el presidente. Calderón ganó la elección por una nariz contra López Obrador, y Madrazo se quedó muy atrás. Las preguntas interesantes a propósito de esa contienda, son: ¿Calderón evitó atacar al candidato del PRI para preservar las posibilidades de que sus votantes se inclinaran por él al final? ¿Sí hubo voto priista por Calderón de quienes abandonaron a Madrazo? ¿Hubo un pacto entre Calderón y Madrazo, o entre Fox y Madrazo, para asegurar la victoria de Calderón y la derrota de López Obrador?

Las respuestas no pueden ser categóricas ni definitivas, pero existen datos al respecto. Calderón se dedicó durante buena parte de su campaña a centrar sus ataques contra Madrazo, ya que desde un principio López Obrador mantuvo una ventaja importante que lo colocó como puntero. A Madrazo le sacó muchos trapos al sol: “Dicen que a este candidato cada día le salen, como al nopal, más propiedades”. En otras palabras, le pegó durísimo, por lo menos tanto como Anaya le ha pegado a Peña Nieto o a Meade en esta elección. La idea de que debido a los golpes de Calderón contra Madrazo se imposibilitó el voto útil de los electores priistas al final, es falsa.

Segunda pregunta: ¿Hubo voto útil en el 35% que obtuvo Felipe Calderón? ¿Figuraron electores priistas? Parece que sí. En las elecciones intermedias del 2003, el PRI obtuvo 37% del voto (con el Verde). En 2006 logró el 22. Ese 18% se fue, aunque no todo, con Calderón. Es innegable que una parte considerable de la merma del PRI entre 2003 y 2006 se fue con López Obrador. Si no, no se explicaría por qué Calderón obtiene 5 puntos más que el PAN en el mismo 2003. Además, si vemos cómo Calderón pudo aglutinar distintos apoyos poselectorales del PRI, incluyendo el de Manlio Fabio Beltrones para su toma de posesión en diciembre del 2006, resulta evidente que el grado de animosidad de la campaña no afectaron ni el voto útil ni los reencuentros posteriores a la elección.

Tercera pregunta: ¿Hubo pacto o no? Siempre he pensado que Fox fue el jefe de campaña de Calderón y del conjunto de fuerzas anti López Obrador. También estoy convencido que sin Fox no se hubiera dado la victoria de Calderón. De ahí a que se hubieran sentado a Calderón y Madrazo para pactar un acuerdo de cómo operarían unos y otros a favor de Calderón, me parece descabellado. Quienes invocan el caso de Elba Esther Gordillo como un factor de esa elección y supuesto pacto, olvidan que había sido expulsada del PRI desde 2003 por Emilio Chuayffet y Madrazo, y que de ninguna manera pudo participar en un pacto.

¿Qué tan pertinente es todo esto para hoy? Es cierto que Anaya le ha dicho pesadez y media a Peña y a Meade, y que eso ha tensado las relaciones entre las cúpulas. Pero dudo que los votantes del PRI sientan la más mínima lealtad para con Peña o Meade. No entiendo por qué de repente se sentirían porque Anaya le habló golpeado al Presidente o a su candidato. Asimismo, todo indica que, desde hace unas tres semanas, los votos que pierde Meade los está recuperando el candidato del Frente. Sí empieza a darse un fenómeno de voto útil, no sólo entre los electores priistas, sino también con los de Margarita Zavala, ¿hasta dónde llegará? No sabemos. Pero es muy posible que al final alcance los niveles de 2000, 2006 y 2012.

Y, por último, el pacto: No hubo tal, en el 2000 o en el 2006, y probablemente tampoco en el 2012. No es necesario. La gente vota según sus intereses y sus preferencias. Pero los pactos suelen ser superfluos o contraproducentes. Así fue en el 2006 y así puede serlo en el 2018.
02 Mayo 2018 04:00:00
La nueva dictadura venezolana (según un Premio Nobel de la Paz)
En una excepcional entrevista con Andrés Oppenheimer en Reforma y otros diarios, Juan Manuel Santos, el mandatario saliente de Colombia, compartió una serie de reflexiones sobre Venezuela que debieran conocer todos los demócratas de América Latina. De acuerdo con el Premio Nobel de la Paz, el equipo y la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro preparan una nueva constitución, que será divulgada después de las elecciones del 20 de mayo. Dice Oppenheimer: “Según Santos, la nueva Constitución convertiría oficialmente a Venezuela en una dictadura como Cuba”.

Conviene recordar que Santos no es ningún enemigo de Maduro o del chavismo. Se reconcilió con Hugo Chávez al ascender a la Presidencia en 2010, negoció un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC gracias a su buena relación con el venezolano, y fue sólo después de la firma de los acuerdos de La Habana que comenzó a cuestionar los métodos de Maduro en la OEA o el llamado Grupo de Lima. Santos explica: “La información que yo tengo es que entre los (350) artículos (y 18 cláusulas transitorias) está por ejemplo abolir el sufragio universal y establecer un sistema muy parecido al de Cuba, en que las elecciones son una especie de elecciones corporativas... También tengo entendido que van a establecer una serie de modificaciones en como se define ‘traición a la patria’ para tener más instrumentos supuestamente legales para poder reprimir a la población”.

Maduro contiende el 20 de mayo contra un sólo candidato opositor, Henry Falcón, que sin embargo no cuenta con el apoyo de ningún otro sector de la oposición. Existe la fundada sospecha de que una serie de encuestas “patito”, que sugieren una contienda cerrada, solo sirven para construir un aura de legitimidad en torno a comicios que han sido ya denunciados por buena parte de la comunidad internacional, empezando por la abrumadora mayoría de los países importantes de América Latina. La idea es que Maduro gane por cuatro o cinco puntos, Falcón acepte el resultado, y nadie pueda cuestionar el desenlace. De ese modo se sentarían las bases para hacer pública la Constitución revelada por Santos y otorgarle el sello de legitimidad necesario para cancelar lo poco que queda de la vieja democracia venezolana (imperfecta, sin duda).

De confirmarse los vaticinios del expresidente de Colombia, la región seguramente invocará el artículo correspondiente de la Carta Democrática Interamericana y procederá a buscar los votos necesarios para expulsar a Venezuela de la OEA. No le importará mayormente a Maduro, salvo que ello le suspendería también su membresía en el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero Caracas se acercaría peligrosamente a la aplicación de sanciones petroleras por parte de todo el hemisferio y la Unión Europea.

¿Y a nosotros qué, en plena campaña electoral? Mucho. La coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador ha criticado con dureza al Gobierno de Maduro, aclarando que AMLO comparte su postura. ¿En algún momento la volverá explícita? Y de ser el caso, la compartirán los Taibos, Padiernas y Batres del universo Morena? ¿O en realidad sentirán un poco de envidia pragmática? ¡Qué lástima que no se pueda hacer lo mismo en México! Existe una forma muy simple para disipar cualquier mal entendido: manifestar un repudio contundente a la nueva Constitución chavista de Maduro, sin ambages ni evasivas.
30 Abril 2018 04:07:00
Los seguidores de AMLO y la verdad de sus mentiras
Todos hemos comprobado cómo Andrés Manuel ha elaborado una fina estrategia para esconder sus verdaderos propósitos en materia de políticas públicas en caso de ganar la elección. Anuncia ciertas definiciones él mismo, y enseguida sus voceros oficiales –los que van a los medios, debates y entrevistas– afirman otra cosa. Sus rivales, detractores o simpatizantes se ven enfrascados en una estéril discusión sobre “lo que quiso decir Andrés Manuel”. El esquema funciona bien, salvo cuando, como le espetó Anaya en el debate, se le juntan los públicos y no puede decir ya nada porque de modo inevitable ahuyentaría a algunos de ellos.

Lo que no hemos detectado con la misma claridad es que junto con este estratagema, el candidato de Morena despliega otro, igual de sofisticado, pero más peligroso. AMLO no sólo tiene voceros: tiene seguidores o adeptos de varias estirpes ideológicas. Unos son los Poncho Romos, Gerardo Esquiveles, Javier Jiménez Esprius, Rogelio Ramírez de la O, etc, que defienden, en el cuarto de deliberaciones del candidato y en público, posiciones moderadas, tanto de fondo como de tono. Ni detener el aeropuerto como tal, ni revertir la reforma energética en si misma, ni aliarse con la CNTE contra la reforma educativa, ni denunciar el TLC. Lo hacen además con formulaciones prudentes, corteses, en una palabra, moderadas.

Los otros, desde Taibo hasta los pejezombis en las redes sociales, pasando por los antisemitas, los homófobos, los incendiarios, la Coordinadora, y adláteres, hacen exactamente lo contrario. Insultan, atacan, amenazan, obstruyen, censuran y sostienen posturas de sustancia radicales. Son antediluvianas, ciertamente, pero consistentes: no a todo, sí al pueblo y a la revolución. ¿Cuál? La que haya, desde la mexicana o la cardenista, hasta el socialismo del siglo XXI de Chávez, e incluyendo desde luego la cubana.

López Obrador juega con estas dos alas de su movimiento a través una táctica semejante a aquella que utiliza con sus voceros. Un día le da la razón a Taibo, otro a Ebrard. Un día aprueba, o incluso promueve, la censura de la serie sobre el populismo en América Latina, otro se deslinda de las expropiaciones y de los fusilamientos. Pero nunca se separa de su gente en las redes, ni en las calles, ni en los medios alternativos, ni en otros países.

¿Qué tiene de grave todo esto, se preguntarán algunos lectores? Nada, mientras entendamos una diferencia fundamental entre los dos conjuntos de partidarios de Andrés Manuel. Es la intensidad, “stupid”, como la economía de Clinton. No dudo que Romo o Clouthier sean absolutamente sinceros en su moderación. Pero no se les va la vida en ello. Tampoco dudo del fervor de las convicciones de Taibo, pero a la “ultra” de “El Peje”, sí se le va la vida en su apoyo a la revolución. Ellos sí salen a la calle a defender sus creencias; los moderados, no. Ellos sí luchan por sus tesis; los moderados sólo las abanderan. Ellos sí dicen lo que piensan de sus correligionarios; estos últimos son cautelosos. ¿Quién va a ganar la batalla? Vean la hipotética serie sobre la izquierda en América Latina desde 1954. Allí yace la respuesta.
27 Abril 2018 04:00:00
¿Nicaragua en la campaña?
Los asuntos de política exterior nunca apasionan a los votantes. Muy esporádicamente, quizás en Estados Unidos en 2008 o en 2016; tal vez en Francia el año pasado; desde luego cuando se trata de un referéndum sobre un tema vinculado con el exterior, como en el caso del Brexit en el Reino Unido; y en ocasiones cuando un candidato o gobernante logra transformar la elección en un plebiscito sobre la relación con Estados Unidos, por ejemplo: Braden o Perón, en la Argentina, en 1946; o Chávez, repetidamente durante los primeros 10 años de este siglo. Pero son la excepción, la regla es más bien la indiferencia ante lo que sucede en el mundo.

Esta elección en México no es muy distinta. A pesar de la enorme importancia que reviste la relación con Estados Unidos para el país, y en particular bajo la Presidencia de Donald Trump, hasta ahora el tema exterior no ha cobrado mayor relevancia en la campaña. Posiblemente con el debate en Tijuana el 20 de mayo esto cambie, pero parece improbable. Por eso, insistir en un tema como el que quisiera comentar hoy puede parecer superfluo, o incluso aberrante. No lo creo; para el universo total de los votantes no, pero sí para el llamado círculo rojo.

En Nicaragua, desde hace un mes ya, ha surgido un movimiento estudiantil y popular contra el presidente Daniel Ortega que no habíamos atestiguado en años. Comenzó como una protesta contra las reformas al seguro social que propuso Ortega; pero se ha mantenido incluso después de la reculada sandinista, en un movimiento contestatario dirigido contra el propio Ortega, su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo y ahora, sobre todo, contra la represión que ha dejado más de 30 muertos.

Nicaragua, como muchos saben, es un país que siempre ha despertado un cierto interés en México. Calles lo tuvo ante la gesta de César Augusto Sandino a finales de los años 20; López Portillo y De la Madrid lo manifestaron ante la revolución sandinista de 1979 y la reacción norteamericana de Ronald Reagan a partir de 1982. Hoy en día podría parecer absurdo tratar de insertar el tema de Nicaragua en la campaña electoral, pero…

¿Qué piensan los candidatos, y en particular Andrés Manuel López Obrador y su equipo, a propósito de la represión que, insisto, lleva ya 30 muertos en Nicaragua? En términos per cápita, se trataría de una represión de 750 muertos en México, nada que ver con los 43 de Ayotzinapa. ¿Piensa López Obrador y su gente que este es un asunto interno de Nicaragua, en el cual México o ningún otro país deben inmiscuirse? ¿Es un tema legítimo que debe empezar a ser objeto de debate y de resoluciones en la OEA? ¿Estaría en condiciones López Obrador de condenar la represión en Nicaragua para mostrar que no posee afinidades ideológicas naturales con gobernantes como Daniel Ortega, Nicolás Maduro, Miguel Díaz Canel o Evo Morales?

Incluso para el PRI el tema es incómodo. Meade, durante sus dos años y medio como canciller, fue extraordinariamente cuidadoso en evitar cualquier contacto con la oposición venezolana, y en mantener una olímpica indiferencia ante la represión y el estrechamiento de la democracia en Venezuela. Su sucesora, Claudia Ruiz Massieu, transformó esa postura y comenzó a reunirse con la esposa de Leopoldo López, por ejemplo, y otros opositores. Y desde luego, Luis Videgaray, en el año y cuatro meses que lleva en la Cancillería, ha transformado por completo y para bien la postura de México frente a Venezuela. ¿Con cuál de estas tres posiciones se identifica Meade hoy? ¿Tanto a propósito de Venezuela como ahora de Nicaragua? ¿Está dispuesto a condenar la represión en Nicaragua, o prefiere permanecer callado, invocando, como López Obrador, el principio de No Intervención? Es difícil mantener un compromiso serio con el respeto a los derechos humanos en el país propio, cuando no se afirma en los demás. El candidato del Frente ha sido muy explícito al respecto, al resaltar la prioridad de los derechos humanos. ¿Qué piensan López Obrador y Meade al respecto?
25 Abril 2018 04:00:00
Ya empezó la segunda vuelta
En México, desde varios años, se discuten las virtudes y los inconvenientes de la segunda vuelta en la elección presidencial, por lo menos. En San Luis Potosí, de 1996 a 2005, se puso en práctica para comicios estatales, aparentemente sin gran éxito, ya que se abandonó el esfuerzo al poco tiempo. Aunque parece ir surgiendo un consenso entre especialistas, comentócratas y empresarios sobre el carácter deseable de este mecanismo, no fue posible establecerlo para esta elección presidencial. Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador se opusieron de manera tajante, por razones similares.

No obstante, en México, desde 1994, la segunda vuelta opera, como todo el mundo sabe, a través de las encuestas, los chismes, los desayunos y los conciliábulos. Se acaba por imponer una dinámica de dos finalistas, con varios más que se quedaron en el camino. Ese año, la segunda vuelta se dio después del debate entre Ernesto Zedillo y Diego Fernández de Cevallos; en el año 2000 participaron en ella Francisco Labastida y Vicente Fox, en parte a raíz del primer debate, en parte a raíz de la estrategia de Fox de atraer el voto de izquierda, útil, o de izquierda azul; en el 2006 entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador; y en el 2012 entre Enrique Peña Nieto y nuevamente AMLO. Todo esto es muy sabido, y más allá de las consideraciones aprobatorias o reprobatorias que cada quien pueda tener ante este sistema, creo que es difícil negar su existencia.

La primera vuelta de la elección de 2018 tuvo lugar el domingo del debate. Desde antes, la gran mayoría de las encuestas indicaban que los finalistas en estos comicios eran López Obrador, nuevamente, y Ricardo Anaya. Pero, en parte porque al PRI le gusta inventar encuestas patito en medios patito, en parte porque la esperanza es lo último que muere; y en parte porque algunos poderes fácticos llegaron a creerse el cuento de la potencia del aparato estatal en manos de un avezado experto electoral como Peña Nieto, algunos sectores aún creían que el candidato del PRI podía pasar a la final. Después del debate del domingo es evidente que no. La campaña de la segunda vuelta comenzó el lunes en la mañana y está ya en plena marcha. El problema con este sistema muy mexicano es que no obliga a los que se quedaron rezagados en la primera vuelta a desaparecer formalmente de la segunda, ni a definirse ante los finalistas. Ahí yace una de las incógnitas de la segunda vuelta.

La otra gran incógnita es si la victoria de Anaya en el debate se traducirá rápida y significativamente en intenciones de voto de acuerdo con las encuestas. Lo iremos comprobando en los próximos días, pero mi corazonada es que el desempeño de Anaya, tan superior al de los demás, sí surtirá efecto en las preferencias electorales, y veremos, tal y como ya sucedió con Massive Caller, que la brecha entre él y López Obrador se irá cerrando. Ya si esa brecha es muy grande, mediana o pequeña, dependiendo de la encuesta en la que uno quiera creer, es harina de otro costal. Lo importante, por ahora –obviamente no a finales de junio– es la tendencia, no los absolutos.

Es un sistema muy peculiar el que hemos inventado, pero es el que hay. Y en ese sistema concluyó la primera parte de la campaña electoral el domingo, y el lunes empezó la segunda etapa. Estamos en plena segunda vuelta y en esa todo puede suceder.
23 Abril 2018 04:06:00
Más muertos que nunca
Al no poder compartir con los lectores mis impresiones del debate de anoche debido a los horarios y compromisos adquiridos con los medios, me limito a recordar el día de mi santo hoy, con el nuevo récord del gobierno de Peña Nieto: más muertos que nunca.

Ayer se publicaron las cifras de homicidios dolosos para el primer trimestre de 2018. Crecieron 15% en relación con el año pasado. Pasaron de 3 mil 654 en el año 2015, uno de los años más bajos desde que arrancó la guerra de Calderón en 2007, a 4 mil 363 en 2016, 5 mil 673 en 2017, y 6 mil 553 este año. A este ritmo, llegaremos a más de 26 mil homicidios dolosos para todo 2018, un nivel de casi 25 por cada 100 mil habitantes. Cada veinticuatro horas, 85 personas son asesinadas en México.

Estas cifras provienen del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cuando se publiquen las del INEGI, dentro de casi un año, resultará que esos datos, más confiables, arrojarán un total más o menos 10% más elevado: una cantidad estratosférica. Cuando los políticos afirman que Peña Nieto y su predecesor convirtieron al país en un cementerio, tienen razón.

Comprobamos entonces que este sexenio resultará ser más sangriento que el anterior, que el anterior echó a andar una de las guerras más innecesarias e inútiles de la historia reciente, y que las cosas empeoran en lugar de componerse. La gran pregunta que debemos plantearnos todos –todos los candidatos a la Presidencia, todos los partidos, toda la comentocracia– es ¿qué hubo a cambio de esta hecatombe?

Hoy en día, según cifras del Gobierno de Estados Unidos y de la Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen en Viena, México cultiva y exporta más amapola y heroína que nunca. Tenemos un segmento del mercado de la heroína en Estados Unidos más grande que ninguna fecha desde los años 70. Los precios de la heroína en Estados Unidos siguen subiendo, al mayoreo o en la calle. La presión norteamericana para que nos ocupemos de los cultivos de amapola en Guerrero y en la sierra de Sinaloa y de Chihuahua, son también mayores que nunca. Y nuestra capacidad de respuesta es la misma de siempre, si no es que menor que nunca.

Este fin de semana, The New York Times publicó un editorial sobre la crisis de los opioides en EU, e insinúa que es un grave error tratar de impedirle el acceso a la heroína, la morfina o sus sucedáneos anti adictivos como la metadona o la buprenorfina. Al contrario, sugiere el rotativo: la mejor manera de combatir la adicción a los opioides es reduciéndola con sustancias naturales o químicas menos dañinas. Eso implica una mayor producción de heroína o morfina en el mundo, y por lo tanto en México. No parece un planteamiento absurdo, aunque implique revisar nuestra relación con las tres Convenciones antiestupefacientes en el mundo, y en particular con la Junta Internacional de Control de Narcóticos de Viena.
20 Abril 2018 04:00:00
Oportunidades y peligros del debate
Mucho se ha comentado en estos días sobre la importancia de los debates en las elecciones presidenciales en México y en otros países, ahora y en otros momentos. Como alguien cuyo primer recuerdo electoral fue el debate entre Richard Nixon y John F. Kennedy en octubre de 1960 y que desde entonces ha presenciado, directa o indirectamente, una treintena de debates semejantes, quisiera compartir mis reflexiones y expectativas para este domingo con los lectores.

Primero: los debates sí mueven la aguja, pero no necesariamente por el conjunto de intervenciones o el desempeño general de un candidato u otro, sino por un gesto, una réplica, un error, un gran acierto. El caso de Nixon, en 1960, es icónico. Entre quienes escucharon el debate por radio, ganó de calle; entre los televidentes, perdió de manera aplastante. Por dos razones: el sudor en la frente, y la llamada “five o’clock shadow”, o “barba de tres días” es decir, la barba cerrada de un varón a quien la rasurada de la mañana le dura poco.

François Mitterand perdió su debate con Valéry Giscard d’Estaing antes de la segunda vuelta en la elección de 1974, en parte porque los colmillos afilados –identificables con su reputación de político desalmado– presentaban una cara poco amable ante la juventud de su rival; pero ganó en 1981 con el mismo adversario, en parte por lo aprendido entre una elección y otra, en parte por limarse los dientes.

Reagan desarmó a Carter en 1980 con su famoso “There you go again, Mr. President”, y George Bush padre perdió su debate con Bill Clinton en 1992 en parte por ver su reloj, como si se aburriera y quisiera largarse.

En México, muchos recordamos el memorable desempeño de Diego Fernández de Ceballos en 1994, con Cuauhtémoc Cárdenas y Ernesto Zedillo. De acuerdo con las confesiones de los principales colaboradores de Zedillo años después, la victoria de Diego fue tan arrolladora que prácticamente los rebasó en las encuestas internas levantadas después del debate.

Asimismo, las frases memorables de Fox en el 2000 –se me podrá quitar lo mal hablado, pero a ustedes nunca se les quitará lo corrupto– dirigidas a Francisco Labastida, y los errores de Labastida (“me dijo mariquita”) le permitieron llevarse la noche y acelerar su subida en las encuestas. La ausencia de López Obrador en el primer debate de 2006 le hizo perder varios puntos en las encuestas.

El debate del domingo difícilmente encerrará el impacto del de 1994, ya que en lugar de tres participantes, habrá 5. Pero, incluso con 6 en 2000, Fox pudo destacar. El meollo de la gesta reside en la retención del público, y en la capacidad de los equipos de cada candidato en redes sociales (algo nuevo), y en los post-debates o “spin-rooms”.

Resaltar los errores de los demás, y amplificar los aciertos del candidato propio es lo obvio, y lo central. Muchos mexicanos recuerdan como Ricardo Anaya, un joven desconocido en ese momento, abrumó a Manlio Fabio Beltrones, un viejo lobo de mar y uno de los políticos tradicionales más modernos y hábiles de México. Nadie se acuerda del tercero presente (el inteligente y experimentado Agustín Basave), ni de la ausencia de AMLO.

He allí las oportunidades y los peligros de los debates. El domingo en la noche sabremos quiénes aprovecharon al máximo las primeras, y tropezaron con los segundos.
18 Abril 2018 04:08:00
¿Volver a 1917?
En varias mesas de discusión de radio y televisión se repite el mismo intercambio con los representantes de Andrés Manuel López Obrador. Alguien cita una declaración del candidato de Morena a propósito del aeropuerto, la reforma energética de Peña Nieto, la autosuficiencia alimentaria –que cada vez más se parece a la autarquía– o el salario mínimo, y sus voceros responden, casi al unísono: “No dijo eso”, o “Lo que quiso decir fue...” o “Nuestra verdadera posición es…”. Se entiende que en campaña, tanto AMLO como sus voceros en ocasiones descuidan sus tomas de posición, y por eso puede ser interesante citar pronunciamientos del candidato realizados antes de entrar de lleno en la contienda (aunque en su caso, lleva 12 años en la brega).

Esta es de 2015: “Al triunfo de nuestro movimiento, vamos dejar la Constitución como estaba, como la escribieron los constituyentes en 1917, se va a volver al Artículo Tercero como estaba originalmente, al Artículo 27, al Artículo 123.

Y para que se entienda mejor, vamos a cancelar las llamadas reformas estructurales, vamos a cancelar la llamada reforma laboral porque perjudica a los trabajadores, vamos a cancelar la llamada reforma educativa porque perjudica al magisterio, vamos a cancelar la llamada reforma fiscal porque perjudica a comerciantes y a pequeños empresarios, a consumidores y desde luego vamos a cancelar la llamada reforma energética porque el petróleo no es del Gobierno, ni de Peña, mucho menos de los extranjeros, el petróleo es del pueblo y es de la Nación y lo vamos a recuperar”.

Más categórico parece difícil, y no muy diferente de lo que dice él ahora, aunque quizás con mayor énfasis. Lo notable de esta declaración yace en su referencia a la Constitución de 1917, y su deseo de volver al texto original de la misma, anulando las más de 700 modificaciones (muchas de ellas en efecto absurdas), que se le han agregado. Por dos razones.

La primera es obvia, aunque no para Andrés Manuel: la ausencia del derecho de votar y ser votadas para las mujeres. Volver al texto original de 1917 significa arrebatarle esos dos derechos a las mujeres, ya que no fue sino hasta 1953 cuando se incluyeron en la Constitución y las leyes secundarias. No sé qué piensen sus partidarias de 2018 sobre este “Back to the Future”.

Segunda implicación: derechos humanos. Siempre he dudado del compromiso al respecto de Andrés Manuel. Nunca le he detectado una insistencia particular en el tema. Pero en todo caso, debe saber que en 2011 se llevó a cabo una profunda reforma del artículo primero de la mentada Constitución, para incluir como prioridad absoluta el respeto a los derechos humanos, por encima de otras consideraciones. De esa reforma constitucional se han derivado un sinnúmero de leyes secundarias y de sentencias de la Suprema Corte, todas en el sentido “garantista” o “pro persona” (aunque no como lo entiende el Tribunal Electoral, es decir, pro personal que labora en Los Pinos). Volver a 1917 significa derogar todo eso.

Incluso implica suprimir algo que yo repruebo –por considerarlo inútil y anacrónico– pero que seguramente a AMLO le provoca gran entusiasmo y nostalgia: las reformas de 1988 al artículo 89 mediante las cuales se insertaron los llamados principios de política exterior en la Carta Magna. AMLO se quedaría sin su sacrosanto principio de no-intervención, en caso de volver a 1917. ¿De veras eso quiere?
16 Abril 2018 04:00:00
Cantinflas en Bucareli
La semana pasada la Secretaría de Gobernación emitió un boletín inusual. A varios amigos y colegas interesados en los asuntos internacionales nos pareció a tal grado inverosímil, que opté por revisar la página web de la Segob para cerciorarme que en efecto, se trataba de un auténtico documento de Bucareli. No está en el sitio, pero sí en múltiples publicaciones. Se trata del boletín número 142 de Segob.

La nota de prensa dice así: “Cancillería analiza suspender cooperación migratoria con Estados Unidos: El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, reveló que la Cancillería analiza la propuesta del Senado para suspender la cooperación migratoria y de seguridad con Estados Unidos, y que se llamó a consulta a la embajadora Roberta Jacobson. Además, recordó que con Estados Unidos hay acuerdos de seguridad fronteriza que incluyen evitar el tráfico de armas hacia México. El Senado nos ha hecho una propuesta concreta por unanimidad, que está analizando la Cancillería; y desde luego frente a otras expresiones, la Cancillería el día de ayer llamó a consulta a la embajadora, que es un mecanismo diplomático que se tiene, para que exprese casos concretos donde haya, supuestamente ha habido, violaciones a personas hondureñas, como es parte del discurso agresivo, y señalar con mucha claridad el rechazo”. En conferencia de prensa en Coahuila, Navarrete Prida aseguró que las “actitudes verbales” del Presidente de ese país “no se han traducido por parte del Gobierno norteamericano en un hecho concreto, como no sea el anuncio de la Guardia Nacional que ya ha ocurrido en otros años”.

Digno de Cantinflas cuando hablaba bien. Para empezar –y no es lo más importante– a los embajadores los suele llamar a consulta su propio Gobierno. Si se quería llamar a consulta a alguien, era más bien a Gerónimo Gutiérrez, nuestro excelente embajador en Washington. A Roberta Jacobson, embajadora de Estados Unidos en México hasta el 5 de mayo –y excelente emisaria también– se le entrega, en su caso, una nota formal de protesta –escrita o verbal, así se dice– o se le convoca a la Cancillería para pedirle explicaciones sobre la conducta de su Gobierno.

En segundo término, no entiendo que hace Gobernación explicando a quien llama –o no llama– la Cancillería. Los diferendos entre la SRE y la Segob (o Hacienda) son seculares desde luego, pero es incomprensible la lógica según la cual el canciller más poderoso en años informe de las actividades de sus colaboradores a través de Bucareli. Se trata de una explicación inexplicable.

Pero sobre todo, el contenido es incomprensible. ¿Cuáles son “las violaciones a personas hondureñas”? ¿Violaciones físicas a las mujeres, como dijo Trump? ¿Violaciones de los derechos humanos de los migrantes hondureños en México, como decimos muchos mexicanos? ¿Cómo es una “actitud verbal” del Presidente de Estados Unidos? ¿Acaso no es un hecho concreto el envío de 4 mil efectivos militares estadunidenses armados (Sorry, Luis) a la frontera con México?

Por último, lo más importante. Es obvio que la supuesta evaluación de los esquemas de cooperación de México con Estados Unidos, en materia migratoria, de narcotráfico, de seguridad e inteligencia no es más que una cortina de humo. Ricardo Anaya y el Senado exigieron “condicionar” la cooperación con Washington al desistimiento de una serie de acciones de Trump contra México. No pidieron una evaluación. No plantearon una “evaluación” que concluyera, como ya la que hizo la SRE, sin aún anunciarla públicamente, que los acuerdos son más importantes para México que para nuestro vecino, y que por lo tanto, van a persistir. ¿En verdad los superperros de la PGR buscando cocaína en el aeropuerto, los decomisos de mariguana en la frontera norte, el fichaje de centroamericanos detenidos en México, el detectar posibles terroristas intentando entrar a Estados Unidos a través de nuestro país, es para beneficio nuestro? ¿Queremos seguir con la estupidez que perseguimos a los narcos para que la droga no llegue a tus hijos?

13 Abril 2018 04:06:00
Las dos Florencias
Hace un par de días, altos magistrados de la Corte de Casación de Italia, que lleva el caso de extradición de Tomás Yarrington a México, negaron esta misma. Habiendo sido ya otorgada la extradición a Estados Unidos, no se trata desde luego de una negativa que tenga que ver con la presunción de culpa o la solidez del expediente, sino de otra cosa. Es una vergüenza.

Los magistrados señalaron que las condiciones penitenciarias en México eran inaceptables para Italia y por lo tanto no se sentían capaces de enviar a Yarrington a lo que podríamos llamar el “infierno mexicano”. Declararon que “no subsisten las adecuadas condiciones para una extradición del exgobernador de Tamaulipas a México por la existencia de una situación de crónica, constante y sistemática violación de los derechos humanos en las cárceles del país”.

Dichas condiciones son bien conocidas en México. No necesitamos a un juzgador florentino que nos venga a decir lo que todos sabemos. Sobrepoblación, hacinamiento, corrupción, violencia, tortura: no hay prácticamente nada que sirva en las cárceles mexicanas, como en la mayor parte de los países de América Latina, por cierto. Sólo que duele más cuando ya lo dice el poder judicial de un país que tampoco es conocido por la pulcritud de su sistema carcelario. No estamos hablando de Noruega, sino del país que fue de la mafia, y aunque se trata de la Toscana y no de Sicilia, de todas maneras no es un ejemplo de reclusión carcelaria.

No sé qué debe darnos más pena la decisión del juez de Florencia, o la non fiction novel de Jorge Volpi sobre el caso Cassez: Una Novela Criminal. Ganadora del Premio Alfaguara y muy en el estilo de los textos anteriores de Volpi, el que le dedica al caso Vallarta-Cassez, como él le llama, es también un análisis y juicio devastador sobre el espeluznante sistema de justicia en México.

Desde la policía, los agentes del Ministerio Público, los jueces y los secretarios de juzgado, los celadores de las cárceles, hasta el Presidente de la República, el procurador y el secretario de Seguridad Pública, no hay nadie que se salve en la historia de horror que cuenta Volpi, se basa esencialmente en los documentos del juicio de Cassez y de los procesos de Israel Vallarta que, al término de 12 años de cárcel, aún no ha sido juzgado ni por supuesto sentenciado.

Volpi dice que no se pronuncia sobre la culpabilidad o la inocencia de Florence Cassez y de Israel Vallarta, ni sobre la de la familia de este último. Sí se pronuncia sobre el espanto de procuración y administración de justicia en México. Cualquier lector mínimamente objetivo no puede más que llegar a la conclusión a la que llegamos muchos mexicanos que nos acercamos al caso por distintos motivos. Sobre Cassez, no sólo se trató de un montaje de televisión, sino de un montaje entero: cada día crece más la duda si hubo secuestro, secuestradores y secuestrados, ya sin hablar de todas las demás ficciones inventadas por García Luna y Cárdenas Palomino. En lo tocante a Vallarta, el propio Volpi confiesa su escepticismo ante el carácter impenetrable, insondable, de quien fuera durante un tiempo novio de la francesa. Pero independientemente de esa naturaleza inescrutable del preso, no cabe en la mirada o en la cabeza de Volpi que lo que no se ha hecho en el caso Vallarta es justicia.

Vale la pena leer la novela de Volpi sobre Florence y, además, enterarse del caso Yarrington en Florencia. Este es el desastre que vivimos en esta materia en México. No comenzó con Peña Nieto ni con Calderón ni con Fox, pero desde luego empeoró con Calderón y con Peña Nieto. Es el costo del pacto de impunidad, de la incapacidad de atender los problemas de fondo, y de una complicidad con la inercia y los usos y costumbres de México, que debieran ser a estas alturas insoportables para todos los mexicanos.

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